Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04082-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04082-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04082-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
31 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04082-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: RUBÉN DARÍO ORREGO ZAPATA Y OTRAS
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA PARTE
ACTORA NO CUMPLIÓ CON LA CARGA MÍNIMA ARGUMENTATIVA, ADEMÁS, SE
EVIDENCIA QUE LO PRETENDIDO ES CREAR UNA INSTANCIA ADICIONAL
DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL Y
DIGNIDAD HUMANA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte
actora contra la SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN “A” DEL
CONSEJO DE ESTADO1.
I – ANTECEDENTES
1
En adelante la Sección Segunda.
2
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Actores: RUBÉN DARÍO ORREGO ZAPATA Y OTRAS
I.1. La Solicitud
Los señores RUBÉN DARÍO ORREGO ZAPATA, CLAUDIA YAMILE
BUSTAMANTE RAMÍREZ y STEFANY AGUAS BUSTAMANTE,
actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la seguridad social, al mínimo
vital, a la dignidad humana y a los principios de legalidad y
favorabilidad, los cuales estiman vulnerados por la SECCIÓN
SEGUNDA al haber proferido la providencia de 20 de febrero de
2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 2016-00003-
01.
I.2. Hechos
Manifestaron que el señor RUBÉN DARÍO ORREGO ZAPATA laboró
como patrullero al servicio de la NACIÓN- MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL2.
2
En adelante Policía Nacional.
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Señalaron que la OFICINA DE CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DEL
CAUCA, inició en contra del señor RUBÉN DARÍO ORREGO
ZAPATA una investigación disciplinaria con ocasión a la presunta
perdida o sustracción de un material que sería destinado para la
construcción de una obra civil del comando de policía ubicado en la
ciudad de Popayán.
Indicaron que como consecuencia del proceso disciplinario la
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO mediante
sentencia de 4 de noviembre de 2014, le impuso al señor RUBÉN
DARÍO ORREGO ZAPATA la sanción de destitución e inhabilidad
general por término de diez (10) años para ejercer la función pública
en cualquier cargo.
Arguyeron que contra esa decisión se formuló recurso de apelación
ante el INSPECTOR DELEGADO REGIÓN CUATRO DE POLICÍA
que, mediante providencia de 20 de enero de 2015 confirmó la
sanción impuesta.
Aseveraron que como consecuencia de lo anterior, promovieron
demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
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del derecho contra la POLÍCIA NACIONAL, con el fin de obtener la
nulidad de las decisiones proferidas dentro de la actuación
disciplinaria.
Manifestaron que el proceso aludido fue identificado con el número
único de radicación 2016-00003-00 y atribuido para su trámite en
primera instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA3
que, mediante sentencia de 18 de enero de 2019, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad de
los actos administrativos acusados y ordenó el reintegro del señor
ORREGO ZAPATA al cargo que venía desempeñando o a otro de
igual categoría, sin solución de continuidad, con el pago de los
salarios y demás prestaciones dejadas de percibir desde el 10 de abril
de 2015.
Mencionaron que, inconformes con lo anterior junto con la POLÍCIA
NACIONAL, formularon recurso de apelación el cual le correspondió
a la SECCIÓN SEGUNDA que, en providencia de 20 de febrero de
2025, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las
pretensiones de la demanda.
3
En adelante el Tribunal.
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I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio de los actores, la autoridad judicial accionada incurrió en vía
de hecho al revocar la decisión de primera instancia, pues, a su juicio,
vulneró de manera flagrante las normas en las que se debió
fundamentar la sentencia de fondo.
Aseguraron que la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en violación del
debido proceso, del principio de legalidad y del indubio pro reo, al no
valorar debidamente las irregularidades y las manifiestas
contradicciones en el desarrollo del proceso disciplinario.
Recalcaron que “[…] se transgredieron las disposiciones
constitucionales, legales y jurisprudenciales que se citaran en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto se
desconocieron las obligaciones y mandatos en ellas contenidas, que
más que dar protección a una tutela judicial efectiva, que constituye
la unidad rectora del debido proceso, que por su omisión o violación
constituye una nulidad constitucional absoluta además de las ya
consagrada en el C.P.C. y C.C.A., a efectos de blindar de cualquier
abuso del derecho y del poder a quienes son parte en un proceso
[…]”.
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I.4. Pretensiones
Los actores solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] Primera: Que con fundamento en el artículo 86 de la
Constitución Nacional se tutelen los derechos, al debido proceso
(principios de congruencia, consonancia, favorabilidad y Legalidad,
la obligatoriedad del precedente judicial, la facultad oficiosa del
Juez, tutela judicial efectiva, que las decisiones deben estar
debidamente sustentadas y soportadas, a la imparcialidad,
igualdad, a la dignidad huma, la seguridad social y el mínimo vital,
y por tratarse de un perjuicio irremediable.
Primera consecuencial: Por ser violatoria del debido proceso,
solicito se ordene dejar sin efectos la sentencia proferida por el
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LA CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A,
sentencia de fecha 20 de febrero del 2025, Magistrados JORGE
IVAN DUQUE GUTIERREZ, LUIS EDUARDO MESA NIEVES y JUAN
CAMILO MORALES TRUJILLO, que resolvió la litis en segunda
instancia.
Segunda consecuencial: Que se ordene dictar un nuevo fallo que
consulte el deber ser del operador jurídico, el deber de sustentar y
de acatar el precedente judicial como fuente material del derecho
y los principios superiores que rigen en la materia […]”.
(Destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente digital del
proceso objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente
al fondo del asunto.
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I.5.2.- La POLICÍA NACIONAL señaló que la acción de tutela es
improcedente, por cuanto la parte actora no demostró la existencia
de un perjuicio irremediable derivado de las decisiones adoptadas
por las autoridades judiciales cuestionadas.
Aseguró que en el asunto no se observa una amenaza inminente e
injustificada que amerite el estudio del mecanismo constitucional
para acceder a las pretensiones, máxime cuando el problema jurídico
fue ventilado a través de otras vías jurídicas idóneas.
I.5.3.- La señora MELANY ORREGO BUSTAMANTE vinculada en
calidad de tercera con interés directo en las resultas del proceso,
manifestó solicitó que se acceda al amparo solicitado.
I.5.3.- La SECCIÓN SEGUNDA pese a ser notificada del presente
trámite, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
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abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, Actor : Nery Germania Álvarez Bello,
consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
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sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efecto la providencia de 20 de febrero de 2025
proferida por la SECCIÓN SEGUNDA dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 2016-00003-01.
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A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad social, al mínimo vital, a la
dignidad humana y a los principios de legalidad y favorabilidad.
Los disensos de los actores radican en que la autoridad judicial
accionada incurrió en vía de hecho al revocar la decisión de primera
instancia, pues, a su juicio, vulneró de manera flagrante las normas
en las que se debió fundamentar la sentencia de fondo.
Aseguraron que la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en violación del
debido proceso, del principio de legalidad y del indubio pro reo, al no
valorar debidamente las irregularidades y las manifiestas
contradicciones en el desarrollo del proceso disciplinario.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados.
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De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela»5.
4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU- 215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito general de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]” (Destacado fuera de texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
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procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
En el caso bajo examen, la solicitud de tutela se fundamentó de la
siguiente forma:
“[…] DE LA VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO – EL
INDUVIO (sic) PRO REO
En el proceso disciplinario, contrario a lo manifestado por los
honorables magistrados del Consejo de Estado, en providencia
claramente contraevidente que se ataca por esta vía, se
transgredieron las disposiciones constitucionales, legales y
jurisprudenciales que se citaran en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, por cuanto se desconocieron las
obligaciones y mandatos en ellas contenidas, que más que dar
protección a una tutela judicial efectiva, que constituye la unidad
rectora del debido proceso, que por su omisión o violación constituye
una nulidad constitucional absoluta además de las ya consagrada en
el C.P.C. y C.C.A., a efectos de blindar de cualquier abuso del derecho
y del poder a quienes son parte en un proceso.
Para dicha investigación disciplinaria totalmente viciada y llena de
irregularidades procesales, se partió de la premisa no establecida
y corroborada, que la DIAN donó al Comando de Policía Cauca unos
tubos para construcción (puntales) en un total de 1980, y se afirma
de esta manera pues no hay constancia fehaciente en el proceso
siquiera sumariamente, que algún efectivo de la policía encargado
de su transporte y custodia los hubiese contado.
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En el trámite de proceso disciplinario se trasgredió además el
principio de la legalidad – indubio pro disciplinado, al no valorarse
probatoriamente las irregularidades manifiestas y contradicciones
pues en desarrollo del también principio de ubiquidad mi mandante
no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, es imposible que
sin la inmediación el juez pudiera constatar las características
fisiológicas y morfológicas de mi mandante, de verificar el lugar de
los hechos, y así constatar la bodega donde supuestamente se
guardaban los tubos, así como la bodega donde descansaban los
auxiliares bachilleres y el punto exacto donde supuestamente
observaron los hechos, las características de la estructura de la
bodegas para determinar la posible posición de un camión en el
que se vaya a cargar objetos pesados.
Se violentó el debido proceso bajo las siguientes consideraciones:
A- No hay prueba siquiera sumaria (documental) que indique con
meridiana precisión que la tubería que fue donada al Comando de
Policía Cauca, hubiese sido contada y constatada por el personal
encargado o responsable de la misma, como tampoco por las
personas encargadas de su transporte.
B- Hay serias contradicciones entre el personal encargado de la
bodega de Servicios Generales y la de la intendencia. Al declarar
sobre el recibo, entrega y disposición de los tubos, dejan constancia
en sus declaraciones rendidas que la tubería en mención fue
trasladada del hangar a la bodega de Servicios Generales, por el
Agente James Sánchez, el Patrullero Edgar Marino Muñoz, y el
Patrullero Fernández Molano, pero que ninguno CONTÓ o –
CONSTATÓ LA CANTIDAD DE TUBOS, contrario a lo manifestado
por la jefe de intendencia la Intendente Rivera Murcillo, quien
manifestara que la tubería fue entrega y recibida personalmente
por ella en su dependencia, y contada por el patrullero Ropero
Pacheco.
Manifiestan igualmente los declarantes Agente James Sánchez, el
Patrullero Edgar Marino Muñoz, y el Patrullero Fernández Molano
que ellos jamás conocieron actas en las que se especificara el
conteo de la cantidad de tubos, y menos que los hayan contado
personalmente. Que no conocieron actas de préstamo te tubos a
terceras personas.
C- Existe acta en la que se evidencia que el Capitán Perdomo,
prestó a terceras personas cantidad de tubos – supuestamente
trescientos (300). Ello evidencia que no se conoció por parte del
personal de intendencia la cantidad exacta de tubos, y tan es así
que antes de entregar los tobos al patrullero Fernández Molano, y
exactamente el día 23 de noviembre del 2013, el capital Perdomo
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presta supuestamente 300 tubos, sin informar al encargado
responsable delos mismos como lo era para esa fecha la intendente
Rivera Murcillo. Es decir, el capitán Perdono, abusando del poder,
sin contar con la autorización previa, sin observar los conductos
regulares presta cantidad de tubos, pero esta circunstancia no es
novedosa extrañamente, pese el cumulo de irregularidades
previas.
Luego para el día 9 de diciembre del 2013, Intendencia por orden
del Capitán Perdomo, entrega los tubos al patrullero Fernández
Molano, a quien tampoco se le informó de la cantidad exacta de
tubos.
El mayor José Adolfo Tamayo, al parecer el único informado sobre
cantidad exacta de tobos, su ubicación y directos responsables, si
conoció del préstamo de los supuestamente 300 tubos, para
donde fueron, pero no sabe si ya regresaron al lote de tubos.
Manifiesta que se conoce que hay 300 tubos prestados, 700
perdidos y que el resto está en el Comando.
D- Extraño y grave resultan las declaraciones rendidas por los
auxiliares Bachilleres Nilson Rodrigo Miranda y John Alejandro
Viveros, quienes manifiestan, no se sabe si libre y voluntaria, en
comunicado enviado al Mayor José Adolfo Tamayo de fecha 20 de
enero del 2014, que el día 9 de enero del 2014, a eso de las “12:00
y 13:45… escucharon la llegada de un camión que se parqueó en
la bodega del área de logística… cuando empezaron a sacar unos
tubos… eran dos uniformados en el grado de patrullero, pero en el
momento no alcanzamos a distinguir porque se nos dificultaba
mirar bien debido a que no había ventana sino una rendija en la
puerta donde nos encontrábamos, en esa actividad duraron unos
45 minutos o más, a eso de las 13:45… y salieron en el camión
cargado que se encontraba asignado al área de logística,
alcanzamos a ver que estaba siendo conducido por el Patrullero
Murcia y en compañía del Patrullero Urrego”.
Fue prudente en aquel momento haberse cuestionarse primero,
porque era novedoso o extraño que de una bodega se sacaran unos
tubos, acaso no es lo rutinario, la regla que de dichas bodegas se
saquen y guarden cosas, que uniformados encargados de manejo
de bodegas y lo en ellas guardado lo muevan, transporten o
cuenten; segundo, porque si los auxiliares les precio tan extraño
u novedoso que de dicha bodega se sacaran unos tubos, no lo
informaron de inmediato a su suprior, al encargado de la bodega,
porque esperaron once (11) días para informar directamente al
mayor, Tercero, porque señalan categóricamente en ese
informe que el vehículo asignado al área de logística, estaba siendo
conducido a esa hora y fecha por el Patrullero Murcia y acompañado
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por el Patrullero Urrego. Esta parece una declaración inducida y
premeditada con el fin de dañar la honra y buen nombre de
servidores públicos.
Habrá de cuestionarse igualmente porque razón, a lo manifestado
tan categóricamente en el primer informe y ratificado en el
segundo, de fecha 27 de febrero del 2014, el auxiliar Viveros al
ponérsele de presente el primer informe, pero indica que “estaba
dormido y sólo escucho que un tubo callo sobre el piso iban a ser
las 2:00 de la tarde, faltaban 20 minutos para las dos cuando
escuche eso y me desperté y escuche una voz como ronca y al
ratico escuche que salió un camión y se fueron, ESO FUE TODO LO
QUE ESCUCHE, de ver yo no vi nada…”
De donde sale la información entonces que era un camión asignado
a logística y conducido por Murcia en compañía de Urrego?????....
Manifiesta igualmente el supuesto testigo el auxiliar Viveros que
“en la bodega sólo habían tubos…, después al tiempo dijeron que
se habían perdido los tubos, por eso el informe se pasó días
después porque nosotros no sabíamos que se esteban llevando los
tubos ni nada…”.
Se cuestiona el suscrito al respecto y se pregunta, acaso no fue el
informe rendido por estos auxiliares bachilleres que se conoció la
novedad del faltante de los tubos. Se pregunta el suscrito quien y
cuando le contó al auxiliar que los tubos se estaban perdiendo,
pues como reza en las declaraciones rendidas, sólo hasta recibir el
informe de estos auxiliares se dieron a la tarea de contar los tubos.
DUDAS RAZONABLES SOBRE MARCADAS CONTRADICCIONES.
Por su parte, el auxiliar bachiller Nilson Miranda Urrutia, en la
ratificación del día 5 de mayo del 2014, manifestó que “ingresamos
al comando como a las 12:45 aproximadamente, y dormíamos en
la bodega ubicada en la parte de movilidad del comando, cuando
llego un camión en ese momento seguimos durmiendo cuando de
repente se escuchó una bulla como de unos tubos que se cayeron,
yo escuche que uno de ellos dijo empezó a llegar mucha gente y lo
que fue – fue, yo mire por un hueco que es un huequito muy
mínimo, alcance a ver que eran dos patrulleros porque les veía la
heráldica y cuando arrancaron en el camión ahí fue cuando alcance
a distinguir fue al patrullero Urrego, él se subió por la parte del
copiloto y el otro iba manejando…”
Como es posible que el auxiliar diferencie entre los similares y
múltiples camiones que están a disposición del Comando De Policía
Cauca, como es posible que diga que el patrullero Urrego sea bajito
y calvito, cundo dice el auxiliar tenia puesta un pava el día de los
supuestos hechos; cómo es posible que en el primer in forme diga
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categóricamente que el conductor del camión era el patrullero
Murcia, y luego dice no haberlo visto. Serias y flagrantes
contradicciones.
E- No manifestaron ni se les preguntó a los declarantes auxiliares
bachilleres, que a la hora y fecha de los hechos hubiesen visto que
dentro del supuesto camión se estuvieran cargando o montando
unos tubos, NO, lo que manifiestan y se ratifican, es que
escucharon (faltando 20 para las dos o como a las dos de la tarde)
la caída de un tubo al piso, que alguien dijo lo que fue - fue, se
montaron y se fueron. No aparece en ninguna de sus declaraciones
que hubiesen visto dentro del camión cantidad de tubos
embarcados. NO. De donde resulta la conclusión del fallador para
condenar al suscrito, cuál es su fundamento, su sustento
probatorio, donde queda el imperio de la ley. no obstante se me
pone en el escarnio público, se me daña en mi buen nombre, en mi
honra, honorabilidad, en mi calidad de servidor público.
F- Hay prueba legal y oportunamente allegada al plenario que
indica de manera inequívoca que para la hora y fecha de los
supuestos hechos, en el libro de registro y control de ingreso y de
salida al Comando De Policía Cauca, y ratificado por el patrullero
John Jairo Buitrago, que el patrullero Orrego salió el día 9 de enero
del 2014 salió Comando De Policía Cauca a eso de las 12:35
meridiano conduciendo un camión de cabina banca con carpa negra
tipo NKR, con sigla 28 – 0034, es decir, una hora antes a la
supuesta hora de ocurrencia de los hechos, y se deja constancia
que el camión iba vacío, y según aquel, regreso entre las 2:00 y
2:30 pm.,
Es necesario cuestionarse cómo es posible que una persona esté
en dos lugares al mismo tiempo, como es posible que unos
auxiliares conozcan en detalle las funciones de unos policiales
ajenos a sus funciones y jefes inmediatos.
Habrá de preguntarse cómo es posible, si como lo indica el
patrullero Muños, encargado de la bodega de servicios generales,
que él y tres personas más demoraron dos (2) días en trasladar la
tubería del hangar a la bodega de servicios generales, y esperan
que se crea que dos hombre en un lapso de media hora monten
setecientos (700) tubos que pesan en promedio 20kg., es decir
pesaban algo más de 14.000 kilos, en un camión con capacidad de
2.5 toneladas o 2.500 kilos. Es ilógico, antinatural e irracional tan
absurda afirmación.
G- Hay pues suficientes elementos que apuntan a demostrar que
no se conocía con certeza la cantidad de tubos al interior del
Comando De Policía Cauca, que nadie los conto hasta el día del
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informe rendido por auxiliares bachilleres, por lo que no es posible
determinar con meridiana precisión la cantidad de tubos que
pudieron haber desaparecido del comando, si es que ello realmente
ocurrió.
Hay certeza que cantidad de tubos fueron prestados a terceros por
parte del capitán Perdono, y que ello no informo a los responsables
encargados de los mismos, lo que indica un abuso de poder, de
funciones, no haber respetado los protocolos entre otros.
Pese conocer el préstamo de tubos, sin tener certeza de que
cantidad en total saco del comando bien en calidad de préstamo u
otra modalidad sin informar a nadie, el capitán Perdomo, pese no
haber contado antes la cantidad de tubo que llegaron al Comando
De Policía Cauca, manifiesta que existe una novedad de 700 tubos,
ello constituye ocultamiento de información y desviación de la
investigación.
H- Dudas razonables que aunadas a que mi mandante no estuvo a
la hora de ocurrencia de los hechos, que lo hacen acreedor que la
investigación disciplinaria seguida en su contra se caiga por falta
de pruebas, contradicciones y por la imposibilidad que una persona
esté en dos lugares al mismo tiempo (principio de la ubicuidad).I-
No existe prueba siquiera sumaria que primero, al suscrito se lo
citara a descargo, que pese en aras de su buena fe y defensa haber
presentado un escrito contentivo en cierta medida de sus descargo,
no fueran resueltos, tercero, no se le corrió traslado de la prueba
testimonial rendida por los auxiliares bachilleres por lo que se le
violento el derecho de contradicción y defensa, cuarto, no se
decretaron las pruebas oportunamente solicitadas, por lo que
igualmente se le violento el debido proceso […]” (Negrilla
pertenece al texto).
Conforme con lo anterior, la Sala advierte que en el escrito
introductorio la parte actora formuló una serie de inconformidades
contra la sentencia cuestionada y se limitó a afirmar que la SECCIÓN
SEGUNDA incurrió en vías de hecho al no valorar debidamente las
irregularidades y las manifiestas contradicciones en el desarrollo del
proceso disciplinario, cuestionando la valoración del material
probatorio que se recaudó dentro de la actuación disciplinaria.
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La Sala advierte que las inconformidades descritas por la parte actora
pretenden retrotraer asuntos que fueron objeto de análisis por el juez
de lo contencioso administrativo, sin que se evidencie relevancia
constitucional que permita estudiar el fondo del asunto, toda vez que
la fundamentación del escrito introductorio de la acción de tutela está
encaminada a controvertir las conclusiones a las que arribó la
SECCIÓN SEGUNDA respecto de la responsabilidad disciplinaria del
señor RUBÉN DARÍO ORREGO ZAPATA en los hechos que
promovieron la investigación dentro de la Policía Nacional.
En efecto, al revisar la providencia cuestionada, la Sala advierte que
la SECCIÓN SEGUNDA precisamente determinó que las decisiones
disciplinarias se fundamentaron en la configuración de los elementos
de la responsabilidad disciplinaria, de la siguiente manera:
“[…] Análisis del caso concreto […]
Es claro que la valoración probatoria en la actuación
administrativa sancionatoria debe realizarse de manera integral,
debiendo estudiarse por la autoridad tanto los elementos que
acreditan la responsabilidad disciplinaria como aquellos que la
desvirtúan, aplicando las denominadas reglas de la sana crítica:
un concepto jurídico indeterminado en el cual intervienen aquellos
elementos que provienen de la lógica y de la experiencia del
operador administrativo o judicial y que confluyen para que este
analice las pruebas que se le presentan apoyado tanto en la razón
como en el conocimiento experimental de las cosas y que lo deben
llevar a la convicción más allá de toda duda razonable.
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En la motivación de las decisiones cuestionadas se encuentra la
valoración probatoria con los parámetros ya expuestos y, si bien
al señor Rubén Darío Orrego Zapata no le correspondía desvirtuar
el cargo formulado –sostener algo así riñe con la presunción de
inocencia y con el principio in dubio pro disciplinado–, lo cierto es
que contó con las oportunidades procesales para aportar los
elementos que pudieran acreditar la ausencia de responsabilidad
disciplinaria; por el contrario, al término de la actuación, se
encontraron acreditados los presupuestos del artículo 142 de la
Ley 734 de 2002 y, por ello, el demandante fue sancionado.
Ahora bien, el demandante señaló que en la actuación disciplinaria
no fue citado a rendir descargos, que la autoridad no analizó sus
escritos y que no se le corrió traslado de las pruebas testimoniales
practicadas ni se decretó una prueba solicitada por él, lo que,
considera, implica la nulidad de las decisiones sancionatorias, por
violación al debido proceso. Sobre este punto, la Sala destaca:
[…]
De esta forma, el demandante fue notificado de las actuaciones
propias del procedimiento oportunamente y las intervenciones
que realizó por intermedio de su apoderado fueron valoradas en
las diferentes instancias. Presentó los descargos en la audiencia
del 20 de octubre de 2014, previa formulación de cargos, por lo
que no corresponde a la realidad su reproche respecto de este
punto. Se accedió a la práctica de pruebas solicitadas por su
defensa y, en relación con las que fueron negadas, se resolvieron
los recursos procedentes, por lo que sus reparos sobre esta
materia no están llamados a prosperar.
Adicionalmente, el señor Orrego Zapata señaló que en la
actuación disciplinaria no se tuvo certeza en relación con la
cantidad de puntales que fueron donados al Comando, pues estos
no fueron contados; tampoco se explica cómo fue posible que,
pese a que el traslado de estos elementos tomó aproximadamente
dos días, él y otro uniformado presuntamente hubiesen cargado
700 en media hora y llamó la atención en relación con la
declaración juramentada del señor Jhon Jairo Buitrago,
uniformado que se encontraba a cargo del registro de salida e
ingreso vehicular para el 9 de enero de 2014, quien al ser
interrogado por la anotación de salida del vehículo de siglas 28-
0034 indicó que solo recordaba que, al registrarlo, este iba vacío.
Estas manifestaciones, que según la demanda implican que los
actos incurrieron en nulidad por falsa motivación, fueron resueltas
por el operador disciplinario en ambas instancias: […]
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No encuentra, en consecuencia, que la motivación de los actos
demandados sea contraria a la realidad, pues, además de existir
congruencia entre el objeto del pliego de cargos y de las
decisiones disciplinarias, es claro que la responsabilidad del señor
Orrego Zapata no se estructuró sobre la base de una cantidad
determinada de elementos sustraídos, en la medida en que la falta
por la que fue investigado y sancionado no lo requería, bastó para
que se configuraran los elementos de la responsabilidad
disciplinaria, con el análisis integral que permitió concluir que el
9 de enero de 2014 se apropió de elementos pertenecientes a la
entidad (unos puntales de hierro), en compañía de otro
uniformado, a quien no fue posible identificar y que unos
auxiliares bachilleres se percataron de la situación, que
informaron de manera posterior cuando fueron enterados de la
pérdida de estos bienes.
En concusión, para la Sala los actos administrativos mediante los
cuales el señor Rubén Darío Orrego Zapata fue declarado
disciplinariamente responsable y sancionado con destitución e
inhabilidad general por el término de diez (10) años no incurrieron
en ninguna causal de nulidad y, por ello, la sentencia de primera
instancia se revocará para en su lugar negar las pretensiones
[…]”. (Destacado fuera de texto)
Conforme lo anterior, la Sala evidencia que la autoridad judicial
accionada desarrolló un análisis razonado de la actuación disciplinaria
y, a partir de tal estudio determinó que en el asunto se configuraron
los elementos de la responsabilidad disciplinaria, pues del análisis
integral del material probatorio advirtió que el señor ORREGO
ZAPATA se apropió de unos elementos de propiedad de la entidad,
circunstancia que fue verificada por algunos testigos.
Asimismo, concluyó que la motivación de los actos administrativos
se ajustó al ordenamiento jurídico y, además, se constató la
congruencia entre el pliego de cargos y la motivación de las
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sentencias de instancia, razón por la que no había lugar anular las
decisiones disciplinarias cuestionadas.
Así las cosas, la Sala advierte que la SECCIÓN SEGUNDA se
pronunció frente a los aspectos que alude el actor como
desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma
abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la
autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito general
de la relevancia constitucional.
Sumado a lo anterior, es del caso advertir que no basta con que la
actora realice una remisión al tema objeto de debate dentro del
proceso cuestionado, afirmando que la decisión controvertida
desconoció sus derechos fundamentales al no realizar un análisis
debido del asunto, por cuanto dicha afirmación no identifica en qué
forma la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en algún defecto ni de qué
manera tal decisión desfavorable desconoció sus derechos
fundamentales.
Esta Sala en reiteradas oportunidades, entre otras, mediante
sentencia de 28 de febrero de 201914, sostuvo que aun cuando la
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, identificada con número único de radicación 11001-
03-15-000-2018-03615-01.
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acción de tutela se caracteriza por su informalidad, a los
accionantes les corresponde argumentar, al menos, de forma
sucinta, en qué forma la autoridad judicial incurrió en algún
defecto al proferir la providencia con la cual estiman vulnerados sus
derechos fundamentales.
Así las cosas, la Sala encuentra que los argumentos en los cuales la
actora fundamentó la acción de tutela no permiten abordar un
estudio constitucional del asunto, máxime si se tiene en cuenta que
estos ya fueron objeto de pronunciamiento por la SECCIÓN
SEGUNDA dentro del medio de control cuestionado, por lo que
claramente lo pretendido con esta acción constitucional es reabrir un
debate que ya se surtió por el juez natural del asunto.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito general de la relevancia constitucional, no solo porque la
actora no cumplió con el mínimo de carga argumentativa para
explicar la configuración de defecto alguno, sino porque, además,
pretenden que en sede de tutela se estudien las razones y
fundamentos expuestos en la providencia dictada dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que torna la
acción de tutela improcedente, pues este mecanismo no está
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instituido para ser ejercido como una instancia adicional a las
establecidas por el legislador en los procesos ordinarios y
constitucionales.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la
solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de julio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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