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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04107-00

Fecha
15 de agosto de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04107-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela del señor Marcial Ríos Salas contra el Tribunal Administrativo de Bolívar-Sala Primera de Decisión-. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04107-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

15 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., quince (15) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04107-00

Accionante: MARCIAL RÍOS SALAS

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Marcial Ríos Salas contra
el Tribunal Administrativo de Bolívar-Sala Primera de Decisión.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

El 2 de julio de 2025, Marcial Ríos Salas, actuando por intermedio de apoderado
judicial, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo
digno, seguridad social, confianza legítima e igualdad, que consideró vulnerados por
el Tribunal Administrativo de Bolívar-Sala Primera de Decisión-, al haber proferido la
sentencia del 12 de abril de 2024, por medio de la cual se confirmó la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho1, instaurada contra el Municipio de San Martín de Loba,
pese a que demostró la existencia de una relación laboral encubierta mediante
contratos sucesivos de prestación de servicios.

1 Proceso identificado con número de radicado: 13001-33-33-008-2022-00327-00.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04107-00
Accionante Marcial Ríos Salas
Acción de tutela – Primera instancia

En virtud de la acción de tutela, la parte accionante solicitó que se protejan los
derechos invocados y, en consecuencia, se dejara sin efectos la providencia
reprochada. Además, pidió que se ordenara a la autoridad judicial accionada a
proferir una nueva decisión conforme a la jurisprudencia vigente sobre el contrato
realidad y la protección del trabajo misional:

«PRIMERA: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, confianza legitima, seguridad jurídica del señor
Marcial Ríos Salas, los cuales fueron vulnerados por la sentencia No. 38/2024 de
doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024), notificada el día 20 de enero de
2025 proferida por la sala de decisión no. 001 tribunal administrativo de bolívar dentro
de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con la
radicación número: 13001-33-33-008-2022-00327-00.

SEGUNDA: Dejar sin efectos integralmente la sentencia de SENTENCIA No. 38/2024
SALA DE DECISIÓN No. 001 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado: con la
radicación número: 13001-33-33-008-2022-00327-00 y en su lugar,

TERCERA: se ordene a la sala de decisión no. 001 tribunal administrativo de bolívar
dictar una nueva sentencia, valorando integralmente el material probatorio, aplicando
la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y los
principios constitucionales laborales.

CUARTA: Que se adopten las medidas necesarias para garantizar el
restablecimiento efectivo de los derechos fundamentales vulnerados.

QUINTA: En el evento de que se estime que existe otro recurso o acción para atacar
la decisión proferida, rogamos se acceda a las pretensiones como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable para el señor Marcial Ríos Salas,
ordenando suspender los efectos de la sentencia doce (12) de abril de dos mil
veinticuatro (2024), notificada el día 20 de enero de 2025, proferida dentro del medio
de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado: 13001-33-33-008-
2022-00327-00».

2. Hechos relevantes

El señor Marcial Ríos Salas prestó sus servicios personales al Municipio de San
Martín de Loba de forma continua entre el 1° de agosto de 2014 y el 15 de enero de
2020, en la unidad de servicios públicos domiciliarios. Durante ese período ejecutó
funciones misionales de carácter permanente como fontanero, operador de planta
del acueducto y vigilante de la barcaza. Las labores se llevaron a cabo en

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04107-00
Accionante Marcial Ríos Salas
Acción de tutela – Primera instancia

instalaciones del ente territorial, con herramientas suministradas por la
administración y bajo la supervisión directa de los coordinadores de la unidad,
quienes impartían órdenes de manera habitual en horarios determinados, incluidos
domingos y festivos.

Durante todo ese tiempo, el actor fue vinculado mediante múltiples contratos de
prestación de servicios, a pesar de que las funciones desempeñadas correspondían
a tareas estructurales del Estado, lo cual contravenía el artículo 122 de la
Constitución Política y el inciso cuarto del artículo 2 del Decreto 2400 de 1968.

El 21 de septiembre de 2023, el Juzgado Primero Administrativo de Magangué
profirió sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el actor contra el Municipio de San Martín de Loba, mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda. Dicha providencia fue confirmada por el
Tribunal Administrativo de Bolívar-Sala Primera de Decisión del 12 de abril de 2024.
De acuerdo con los expuesto en la acción de tutela, en ambas providencias se
desconoció el valor probatorio de certificaciones expedidas por la entidad pública
sobre la prestación de servicios en jornadas dominicales y festivos, así como los
testimonios que daban cuenta de la subordinación y continuidad en las funciones,
sin que se hubiera valorado de manera integral el acervo probatorio ni aplicado el
precedente vinculante en materia de contrato realidad.

3. Fundamentos de la acción

El accionante estructuró su solicitud de amparo sobre la base de tres defectos
judiciales que, a su juicio, configuraron una vía de hecho y comprometieron
gravemente sus derechos fundamentales invocados.

En primer lugar, alegó la existencia de un defecto por desconocimiento del
precedente, al considerar que el Tribunal Administrativo de Bolívar omitió aplicar
jurisprudencia vinculante del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Citó
expresamente la Sentencia de Unificación 2013-01143 de 2021 del Consejo de
Estado, en la cual se reiteró que los contratos de prestación de servicios no pueden
emplearse para cubrir funciones permanentes, y se estableció la obligación judicial
de verificar si existieron elementos estructurales de una relación laboral. Igualmente,

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04107-00
Accionante Marcial Ríos Salas
Acción de tutela – Primera instancia

se refirió a las sentencias SU-1184 de 2001, T-040 de 2016 y T-253 de 2015 de la
Corte Constitucional, en las que se reconoció el contrato realidad como garantía de
los derechos laborales de quienes desempeñan tareas misionales bajo condiciones
de subordinación y continuidad.

En segundo lugar, planteó un defecto fáctico en su modalidad negativa, por omisión
en la valoración probatoria. Afirmó que las autoridades judiciales accionadas
desconocieron pruebas relevantes, como certificaciones oficiales que acreditaban el
trabajo en domingos y festivos, y múltiples contratos sucesivos de prestación de
servicios que evidenciaban continuidad funcional. También señaló que se desestimó
sin justificación razonable el testimonio de un usuario del servicio público, quien
brindó información detallada y corroborada sobre las actividades desempeñadas por
el actor.

En tercer lugar, invocó un defecto sustantivo, al considerar que las autoridades
judiciales efectuaron una interpretación restrictiva del principio de primacía de la
realidad sobre las formas, exigieron prueba directa de subordinación en un contexto
de contratación encubierta, y omitieron aplicar las normas constitucionales y legales
que consagran el derecho a la igualdad y la protección laboral. A juicio del actor, la
negativa de las pretensiones desconoció el artículo 13 de la Constitución y el artículo
53, al generar un trato desigual frente a empleados de planta que cumplían funciones
idénticas, pero con garantías laborales.

4. Trámite procesal

El 7 de julio de 2025 se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar al accionante,
a los Honorables Magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar-Sala Primera de
Decisión que profirieron la providencia del 12 de abril de 2024, y al Municipio de San
Martín de Loba, en calidad de tercero con interés. Asimismo, se dispuso a notificar a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
Adicionalmente, se solicitó al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Magangué remitir copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho, y se suspendió el término para decidir mientras se practicaban las pruebas
ordenadas. También se reconoció personería al abogado Les Ospino González
como apoderado del accionante.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04107-00
Accionante Marcial Ríos Salas
Acción de tutela – Primera instancia

En el escrito de contestación, el Tribunal Administrativo de Bolívar solicitó negar el
amparo constitucional promovido contra la sentencia proferida el 12 de abril de 2024,
al considerar que no se configuró ninguna de las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Precisó que, en
primer lugar, no se incurrió en defecto sustancial, toda vez que la sentencia
cuestionada valoró de manera razonada e integral el conjunto probatorio obrante en
el expediente. A partir de dicho análisis, concluyó que no se acreditaban los
elementos jurídicos exigidos para sustentar las pretensiones, especialmente en lo
relativo a la existencia de subordinación o dirección efectiva.

En segundo lugar, descartó la existencia de un desconocimiento del precedente
judicial. Señaló que la providencia objeto de reproche tuvo en cuenta los criterios
establecidos por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación 2013-01143 de
2021, así como otras decisiones invocadas por la parte actora, entre ellas las
sentencias C-614 de 2009 y T-040 de 2016. No obstante, indicó que el accionante
se limitó a enunciar estas providencias sin demostrar en qué consistió el supuesto
desconocimiento del precedente ni su aplicabilidad directa al caso.

En tercer lugar, afirmó que no se incurrió en defecto procedimental, pues el trámite
del proceso ordinario se adelantó conforme a las normas procesales vigentes y con
respeto pleno por las garantías del debido proceso. No se identificó ninguna
actuación irregular o arbitraria que afectara el derecho de defensa de las partes.

Finalmente, concluyó que la acción de tutela fue utilizada como una tercera instancia
impropia, orientada exclusivamente a cuestionar una decisión desfavorable a los
intereses del actor.

El Juzgado Primero Administrativo de Magangué remitió el expediente digital
solicitado.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04107-00
Accionante Marcial Ríos Salas
Acción de tutela – Primera instancia

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia
del 12 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar-Sala
Primera de Decisión, mediante la cual se confirmó el fallo que negó las pretensiones
formuladas en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2, instaurado por
el accionante.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción de tutela con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental3. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; y vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela4.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del

2 Proceso identificado con número de radiado: 13001-33-33-008-2022-00327-01.
3 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
4 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04107-00
Accionante Marcial Ríos Salas
Acción de tutela – Primera instancia

precedente constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional5: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada; y (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04107-00
Accionante Marcial Ríos Salas
Acción de tutela – Primera instancia

El señor Marcial Ríos Salas sostuvo que el Tribunal Administrativo de Bolívar-Sala
Primera de Decisión vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, al trabajo digno, a la seguridad social, a la
igualdad y a la seguridad jurídica, al haber confirmado la sentencia que negó las
pretensiones formuladas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
promovido con el objeto de obtener el reconocimiento de una relación laboral
encubierta con el Municipio de San Martín de Loba. Indicó que entre agosto de 2014
y enero de 2020 prestó servicios permanentes en la unidad de servicios públicos
domiciliarios de dicha entidad territorial, mediante contratos sucesivos de prestación
de servicios, en condiciones que, a su juicio, configuraban un vínculo laboral.

No obstante, en la sentencia del 12 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de
Bolívar-Sala Primera de decisión confirmó la decisión adoptada en primera instancia
por el Juzgado Primero Administrativo de Magangué, al concluir que no se
acreditaron con suficiencia los elementos estructurales de una relación laboral.
Señaló que, si bien el actor había celebrado múltiples contratos con la entidad
territorial, no se demostraron de manera concluyente los requisitos de subordinación
y dependencia propios del contrato realidad, por lo que no era procedente declarar
la nulidad de los actos ni el restablecimiento solicitado. En la sentencia sostuvo:

«(…) Con el objetivo de resolver el problema jurídico demarcado, la Sala de
Decisión abordará cada uno de los elementos que deben comprobarse para
acreditar la existencia de una relación laboral, a saber: (i) prestación personal del
servicio, contraprestación, y (ii) subordinación (…).

5.5.2.1. Prestación personal del servicio y contraprestación.

El servicio personal implica que el trabajador que ejecuta la labor asignada la
desarrolle por sí mismo, es decir, que no sean delegadas sus funciones.

Este elemento se tiene por acreditado dado que se desprende de los contratos de
prestación de servicios8 celebrados entre el actor y el Municipio de San Martín de
Loba que el señor Marcial Ríos Salas era quien desempeñaba las actividades
designadas en la contratación, quien además devengaba una contraprestación
consensuada con el ente territorial.

5.5.2.2. Subordinación.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04107-00
Accionante Marcial Ríos Salas
Acción de tutela – Primera instancia

La subordinación es la piedra angular de toda relación laboral. Es la facultad que
tiene el empleador para impartir órdenes con el fin de dirigir la actividad laboral,
por lo que el trabajador está en la obligación de acatar los mandatos de sus jefes
inmediatos. La relación laboral no se presume, por lo que le corresponde a la parte
demandante demostrar que la entidad pública impartió órdenes y horarios en la
ejecución del contrato.

(…)

En consecuencia, el Tribunal Administrativo procederá a analizar la existencia del
elemento de subordinación en el sub lite en los términos que se exponen a
continuación:

(i) El señor Marcial Ríos Salas no probó que su vinculación contractual
estuviera sometida a la dirección y control efectivo del municipio de San
Martín de Loba.

Si bien el actor aduce en la demanda que las actividades que realizaba con
ocasión de los contratos de prestación de servicios estaban sometidas al mando
del ente territorial, esto es, que las ejercía sin plena autonomía, dentro del acervo
probatorio no se aprecian probanzas que corroboren su dicho.

En aras de acreditar la subordinación, la parte demandante aportó como prueba
el testimonio del señor Paulson Adelfo González Ospino, quien declaró sobre los
servicios que prestó el actor en el ente territorial (…)

Ahora, la declaración del señor Paulson Adelfo González Ospino no fue clara y
determinante para comprobar la forma en que el actor prestaba sus servicios en
la entidad, dado que este se limitó a señalar que el señor Marcial Ríos Salas se
desempeñó como “fontanero, era la persona a veces encargada de repartir los
recibos, cortar el agua, ir a la boca toma a prender la máquina para el bombeo,
etcétera, etcétera y oficios que le encomendaba el director de la empresa”».

En ese sentido, la jurisdicción contenciosa consideró que la contratación efectuada
se ajustó a las formas legales, sin que se demostrara desviación funcional o uso
indebido de la figura de la contratación por prestación de servicios.

La Sala advierte que el Tribunal accionado valoró el acervo probatorio en su
integridad y dio aplicación a la jurisprudencia vigente sobre el contrato realidad,
particularmente a lo dispuesto en la Sentencia de Unificación 05001-23-33-000-
2013-01143 de 2021 del Consejo de Estado. En dicha providencia se reiteró que,
para declarar la existencia de una relación laboral encubierta, el juez debe verificar
que concurran los elementos de permanencia, subordinación y remuneración fija,
conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En el caso concreto, al no

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04107-00
Accionante Marcial Ríos Salas
Acción de tutela – Primera instancia

haberse acreditado tales elementos de forma plena, las autoridades judiciales
decidieron negar las pretensiones, sin que ello implique, por sí mismo, la vulneración
de derechos fundamentales.

La Sala también constató que el Tribunal aplicó el precedente de manera razonada
y expuso las razones por las cuales consideró que no era procedente trasladar las
reglas del contrato realidad al caso del señor Ríos Salas, por no cumplirse con el
estándar probatorio exigido.

En efecto, aunque el actor allegó certificaciones sobre el pago de domingos y
festivos, así como testimonios de usuarios del servicio, dichas pruebas fueron
analizadas por los jueces naturales, quienes concluyeron que no tenían la entidad
suficiente para desvirtuar el carácter civil de la contratación, ni para demostrar
subordinación.

Revisados los argumentos expuestos en la tutela, se observa que estos no
acreditaron una vulneración autónoma de derechos fundamentales, sino una
discrepancia con la valoración jurídica y probatoria realizada por las autoridades
judiciales competentes. Las decisiones cuestionadas se dictaron con fundamento en
el expediente, con aplicación del marco normativo y jurisprudencial vigente, sin que
se evidencie arbitrariedad, irracionalidad o actuaciones contrarias a los postulados
constitucionales. . Se resalta que el trasfondo de la acción de tutela tiene una
pretensión legal como es el reconocimiento de un contrato laboral, circunstancia
ajena al juez constitucional de tutela. La jurisprudencia constitucional ha señalado
que ese tipo de pretensiones "deben ser resueltas mediante los mecanismos
ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que le está prohibido al juez de tutela
inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o reglamentario que han de ser
definidos por las jurisdicciones correspondientes6"

En tal sentido, no resulta procedente que el juez constitucional intervenga para
reemplazar el juicio adoptado por los jueces del proceso ordinario, pues ello
desnaturalizaría la función excepcional del amparo y desconocería los principios de
autonomía judicial y cosa juzgada. La acción de tutela no puede ser utilizada como

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Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021

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Accionante Marcial Ríos Salas
Acción de tutela – Primera instancia

una tercera instancia, ni como un medio alternativo para obtener una decisión distinta
frente a un litigio ya resuelto mediante los cauces ordinarios.

La acción de tutela no es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista
para desconocer la autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones
judiciales. Por las razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela del señor Marcial Ríos
Salas contra el Tribunal Administrativo de Bolívar-Sala Primera de Decisión-.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
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