Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04108-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04108-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04108-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04108-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
14 de agosto de 2025
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Paipa [Boyacá] catorce [14] de agosto de dos mil veinticinco [2025]
Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04108-00
Demandantes: EMERSON CORTES MONTERROZA Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, SALA CUARTA
DE DECISIÓN Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial - ampara - reparación directa
por desplazamiento forzado - flexibilización probatoria en el
marco del análisis de la responsabilidad administrativa y
extracontractual de la Nación por la consumación de un delito de
lesa humanidad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la sala a resolver la acción de tutela de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021
y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 2 de julio de 2025, el señor Jader Enrique Cueto Vergara1 y otros2 por intermedio
de abogado, presentaron acción de tutela con el fin de que se les ampare su derecho
fundamental al debido proceso.
La mencionada garantía la estimaron vulnerada por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena y el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala Cuarta de Decisión al proferir las providencias de 14 de diciembre de
2021 y 27 de septiembre de 20243, por medio de las cuales se negó, en las
respectivas instancias, la demanda de reparación directa identificada con el
radicado 13001-33-33-005-2015-00387-00/01.
1.2. Pretensiones
Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:
1 Según el material probatorio aportado al expediente, se destaca que el señor Cueto Vergara es el
representante legal del gremio denominado «Grupo Los Galleteros».
2 Ver anexo n. º 1. de esta providencia.
3 Notificada el 28 de abril de 2025.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
PRIMERA: solicit[o] a esta Honorable Corporación, con el debido respeto, la
revocatoria de las decisiones proferidas por las autoridades accionadas, que negaron
las pretensiones de los demandantes v[í]ctimas del desplazamiento forzado por lo
expuesto en su providencia, juzgado quinto administrativo del circuito de Cartagena y
confirmada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOL[Í]VAR – SALA CUARTA
DE DECISI[Ó]N.
SEGUNDA: Se protejan, amparen los derechos fundamentales de los demandantes,
accionantes, debido proceso y se dicte una nueva providencia de remplazo, de mejor
proveer; donde se valoren las pruebas aportadas en conjunto, al expediente, como
prueba de la suficiencia para demostrar la OMISI[Ó]N U ACCI[Ó]N de las entidades
demandadas dentro del proceso. Con ocasión a la vulneración al debido proceso y
acceso a la justicia, reparación integral, de víctimas de grave[s] violaciones de
derechos humanos, en el caso de estudio.
TERCERA: Solicitar con el respeto acostumbrado, se sirva ordenar readecuar el
procedimiento para permitir que las víctimas demandantes que gozan de protección
especial constitucional, se les proteja sus derechos constitucionales; lo que
condiciona la actividad del juez, particularmente el control oficioso, la función
probatoria, la cual no fue ejercida, por las autoridades accionadas, entre otros4.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes presupuestos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
• El señor Jader Enrique Cueto Vergara y otros 5 presentaron el medio de control
de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y otros6 por
el desplazamiento forzado que padecieron con ocasión de «la masacre de los
galleteros del Carmen de Bolívar7», ocurrida en el municipio del Carmen de Bolívar8.
• El 14 de diciembre de 2021, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial
de Cartagena negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se acreditó
que las autoridades demandadas tuvieran conocimiento de que el colectivo
accionante era objetivo militar y que, por tanto, era merecedor de protección.
• La juez destacó que si bien la Fiscalía de Justicia y Paz documentó el caso bajo
el esquema de macro criminalidad9, en el expediente no se probó que: (i) la
Defensoría del Pueblo relacionara la situación de los vendedores de galletas como
4 Trascrito del texto original con posibles errores ortográficos.
5 Ver anexo n. º 1. de esta providencia.
6 Armada Nacional, Policía Nacional, municipio de El Carmen de Bolívar y departamento de Bolívar.
7 «La masacre de los galleteros del Carmen de Bolívar se da desde el 6 de septiembre de 1999 y 23
de junio de 2000, […]. Desde la fecha en que murieron Cástulo López Romero y Teresa Contreras;
de ahí se presentaron las muertes de varios vendedores galletas como Edgardo Rafael Arias Pérez,
Manuel Segundo Arroyo Santos, Jaime Alberto Medina Rodríguez, Jose David Quintana Medina,
Edinson Manuel Leiva Correa, Manuel Segundo Herrera, German Cervando González Pérez,
Amaury Rafael Murillo Fontalvo, Giovanny Miguel Beltrán Ricardo, Yorlis Manuel Luna Blanco,
Tomas Alfredo Pérez Arrieta, Francisco Javier Yepes Fernández, Miller Luis Sierra Jiménez y 120
muertes más».
8 Particularmente en los sectores de Gambote y Gambotico que pertenecen al municipio del Carmen
de Bolívar, en la subregión de los Montes de María -departamento de Bolívar-.
9 Macro criminalidad en atención a que las muertes que originaron el desplazamiento se produjeron
porque los paramilitares de la zona consideraban al gremio accionante como objetivo militar, al
catalogarlos como colaboradores de la guerrilla.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
colectivo merecedor de protección en la zona de Montes de María; (ii) los
demandantes atribuyeran responsabilidad a un agente del Estado en las diferentes
denuncias penales que se adelantaron contra los exintegrantes de las autodefensas
postulados a la justicia transicional; (iii) existiera un vínculo, relación u apoyo entre
las entidades estatales y las AUC10, y (iv) que se presentara una falta de vigilancia
en la zona donde sucedieron los hechos.
• El juzgado enfatizó que la sola la inclusión en el RUV11 de los demandantes, por
razones de desplazamiento, no era suficiente para encontrar acreditada la
responsabilidad de las demandadas.
• Contra la anterior decisión la parte desfavorecida interpuso recurso de apelación,
oportunidad en la que insistió en la responsabilidad de la Nación porque las
entidades competentes no garantizaron la protección y respeto por los derechos
humanos de los habitantes del territorio bajo su jurisdicción, «pues a pesar de que
dichas autoridades tuvieron oportuno conocimiento de los actos violentos (conflicto
armado) que se presentaron, omitieron el cumplimiento de sus funciones […]».
• El 31 de octubre de 2022, el extremo demandante aportó12 la prueba sobreviniente
consistente en la resolución 2022-59335 de 4 de agosto de 2022, expedida por la
Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, en la cual se incluyó en el registro
único de víctimas al grupo denominado «Los Galleteros» y lo determinó como un
sujeto de reparación colectiva a la luz de la ley 1448 de 2011, por los daños
colectivos padecidos.
• El 21 de septiembre de 2023 el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la alzada,
sin emitir algún pronunciamiento frente a la prueba sobreviniente.
• El 27 de septiembre de 2024, el ad quem confirmó la providencia recurrida. Para
llegar a esa conclusión precisó que no había certeza de que la fuerza pública tuviera
conocimiento de los hechos que suscitaron el desplazamiento.
• Resaltó que el daño antijurídico no podía atribuirse a la administración, máxime
cuando de las pruebas aportadas tampoco obraba requerimiento, petición o solicitud
realizada a las demandadas, en donde se pusiera de presente los hechos de
violencia del que eran víctimas.
• Precisó que «contrario a lo sostenido por el apelante, el desplazamiento de los
vendedores de galletas no puede considerarse de lesa humanidad, [porque]
muchos retornaron el mismo año según testigos, otros en un tiempo corto, y otros
por razones no expresadas, retornaron mucho después de haberse normalizado el
orden p[ú]blico en el municipio de El Carmen de Bolívar».
10 Autodefensas unidas de Colombia.
11 Registro único de víctimas.
12 Documento digital titulado «07PruebaSobreviniente».
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
• Destacó que si bien «los hechos ocurridos en[-]torno a la violencia en los Montes
de María, son ciertos, no son discutidos por esta Sala, [por lo que] no puede tomarse
ese contexto general […] como suficiente para demostrar el hecho de que la
actividad de vendedor de galletas en el municipio de El Carmen de Bolívar en el año
2000, se convirtió en una amenaza contra los grupos denominados “paramilitares”,
[…], por ser informantes de la guerrilla y por ello se convirtieron en objetivo […]13».
• La providencia de segunda instancia fue notificada mediante correo electrónico
enviado el 28 de abril de 2025 y la acción de tutela de la referencia radicada el 2 de
julio de 2025.
1.4. Fundamentos de la solicitud
Los accionantes, luego de destacar que el caso analizado por la jurisdicción
contenciosa versó acerca de graves violaciones a los derechos humanos en el
marco de violencia sistemática y generalizada que padeció la población civil del
departamento de Bolívar durante los años 1999 a 2004, expusieron que las
autoridades judiciales accionadas trasgredieron su garantía constitucional al debido
proceso al configurarse los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del
precedente.
En lo que respecta al yerro de índole probatorio, señalaron que las demandadas
omitieron valorar los oficios de marzo14, mayo15 y octubre16 de 1999 de la
Gobernación de Bolívar, dirigidos a diferentes dependencias17, en donde se
informaron los hechos de orden público que sucedían en el departamento, tales
como las explosiones y homicidios que ocurrieron en la zona, con el fin de solicitar
acciones efectivas y protección a la población de Córdoba, Zambrano, San Jacinto
y el Carmen de Bolívar, por el accionar de grupos armados al margen de la ley.
Particularmente destacaron como indebidamente valorados los oficios de:
• 27 de octubre de 199918, de la Gobernación de Bolívar, en donde se informó
al comandante de la Fuerza Naval del Atlántico, que «varios habitantes de la
Subregión de los Montes de María» han manifestado su preocupación por
una versión que circula en su territorio referida a una posible escalada de las
autodefensas ante la existencia de amenazas contra la población civil a
quienes acusan de ser colaboradores de la subversión;
13 Trascrito del texto original con posibles errores ortográficos.
14 El material probatorio en mención se encuentra en el documento digitalizado titulado
«04_13001333300520150038700 Cuaderno 4», que pertenece al expediente contencioso 13001-
33-33-005-2015-00387-00/01, folios 954 a 956.
15 Folios 957 a 958, 960 a 961, 963 a 964, 965 a 966.
16 Folios 968 a 973.
17 Ministro en funciones Presidenciales, ministros del Interior y de Defensa Nacional, comandante
del departamento de Policía de Bolívar, comandante 1 Brigada de Infantería de Marina, director
general de la Policía Nacional, Fiscal General, y comandante de la Fuerza Naval del Atlántico.
18 Folio 968.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
• 25 de octubre de 199919, proveniente del Ministerio de Defensa Nacional al
Ministerio del Interior, en donde se acusa el recibido del informe del orden
público en el municipio de El Carmen de Bolívar, debido a la presencia de
grupos al margen de la ley;
• 11 de octubre de 199920, suscrito por el ministro del interior y dirigidos al
ministro de defensa y al director de la Policía Nacional, en donde manifestó
que el secretario del interior del departamento de Bolívar dio a conocer la
situación de orden público en el municipio de Carmen de Bolívar al
comandante del departamento de Bolívar, a la Brigada de Infantería de
Marina y a la Fuerza Naval del Atlántico, ya que el pasado 21 de septiembre
de 1999 un grupo de hombres armados secuestró unas personas y asesinó
a tres en el sector de Gambotico,
• y, oficio de 20 de octubre de 199921, en donde se le informó al Fiscal General
de la Nación los hechos sucedidos el 21 de septiembre de 1999.
Enfatizaron que se valoraron indebidamente los testimonios de la señora Nancy del
Rosario Manjarrez Martínez y del señor Jorge Issac Barrios González, que
informaron la pasividad de las autoridades frente a la presencia de grupos
insurgentes en la zona y declararon acerca del perfilamiento que padecieron los
vendedores de galletas para el año 2000 por parte de los grupos paramilitares.
Agregaron que el tribunal no se refirió acerca de la prueba sobreviniente consistente
en la resolución 2022-59335, de 4 de agosto de 2022, expedida por la Unidad de
Atención y Reparación a las Víctimas, que reconoce al grupo de «Los Galleteros»
como un sujeto de reparación colectiva a la luz de la ley 1448 de 2011, por los daños
colectivos padecidos.
Aludieron que nada se dijo frente al oficio de 17 de febrero de 2015, en donde el
secretario del interior de la Gobernación de Bolívar le informó a la oficina de
asesoría jurídica del departamento las órdenes impartidas en materia de seguridad
y orden público, por los hechos que motivaron la demanda contenciosa desde el
año 1999 a 2000.
Advirtieron que del material probatorio aportado22 era posible concluir que, aunque
la Gobernación de Bolívar23 puso en conocimiento de las autoridades competentes
la situación de orden público de la región, la fuerza pública no realizó, en el periodo
comprendido del año 1999 a 200524, una sola operación que demostrara su accionar
19 Folio 970.
20 Folios 971 y 972.
21 Folio 969.
22 Oficio No. 20180043450223821 del Ministerio de Defensa Nacional [folios 1333-1334], del cual, la
parte accionante advierte que se puede evidenciar que los diferentes operativos que se realizaron
no se dieron en la zona de los hechos objeto de la demanda ordinaria.
23 Oficios de marzo, mayo y octubre de 1999.
24 Se puso de presente que según el informe de riesgo No. 034-05 AI de la Defensoría Delegada
para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado –
Sistema de Alertas Tempranas-, en donde se señaló que para entre los años 1997 y 2004 se marcó
una escalada en el conflicto en la región habida cuenta de la incursión de grupos de autodefensas
en la zona [Folio 1.750].
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
contra el grupo paramilitar que asesinó a los vendedores de galletas en el municipio
del Carmen de Bolívar, lo que consecuencialmente ocasionó el desplazamiento.
Al respecto, destacaron que la jurisprudencia de la Corte Constitucional25 y Consejo
de Estado, Sección Tercera26 no exigen una denuncia previa como prepuesto o
condición para acceder a la protección o a la reparación, máxime cuando se debe
tener en cuenta que las víctimas pueden tener dificultades para acceder a los
canales formales de denuncia.
Enfatizaron que la SU-254 de 2013 establece un criterio de flexibilización probatoria
respecto a los sujetos de especial protección constitucional, como lo son las
personas desplazadas, quienes padecieron graves violaciones a los derechos
humanos.
Alegaron que el desplazamiento es un hecho notorio cuyo daño se refiere a una
vulneración masiva, sistemática y continua de los derechos fundamentales de las
personas víctimas, y la decisión de las autoridades judiciales accionadas revictimiza
a los demandantes.
Indicaron que no existe prueba en el plenario que acredite que las autoridades
demandadas atendieron las solicitudes que elevó la Gobernación de Bolívar en las
que requirió acciones efectivas de protección a la población de los municipios de
Córdoba, Zambrano, San Jacinto y el Carmen de Bolívar, por el accionar de grupos
al margen de la ley.
Señalaron que, como la pruebas se encontraban en cabeza de las demandadas, el
tribunal debió implementar la carga dinámica de la prueba contenida en el artículo
167 del CGP, ya que, de no hacerlo, se desatendería el criterio de flexibilización
probatoria de la SU enunciada, que establece un trato preferencial a la población
desplazada, dada su situación anómala y excepcional que permite al juez interpretar
la cláusula social de nuestro Estado Social de Derecho con el fin de proteger su
situación de indefensión.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 7 de julio de 2025 se admitió la acción de tutela y se dispuso
notificar a los demandantes27, así como al Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Cartagena y al Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta
de Decisión, como autoridades judiciales accionadas.
25 Se hizo alusión de la SU-254 de 2013, T-025 de 2004, y T-117 de 2022.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección «Cuarta», sentencia de 28 de
agosto de 2014, expediente 2012-00011-01
27 El despacho reconoció al abogado Oscar Fernández Chagin como apoderado de los demandantes
Jader Enrique Cueto Vergara, Héctor Manuel Arrieta Olivera, Elina Del Socorro Arrieta Olivera, María
Alejandra Arrieta Arrieta y Eduardo Rafael Arrieta Arrieta.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
Como terceros con interés se vinculó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Armada Nacional, Policía Nacional, municipio de El Carmen de Bolívar y
departamento de Bolívar, así como las demás partes, personas y/o entidades que
hayan participado en el proceso ordinario con radicado 13001-33-33-005-2015-
00387-00/01.
Además, se dispuso la notificación por aviso de todas las personas incluidas en el
anexo del auto admisorio, así como del gremio de vendedores de galletas de El
Carmen de Bolívar, con el fin tenerlos también como terceros con interés en las
resultas del proceso.
Por su parte, el despacho sustanciador requirió al abogado Oscar Fernández
Chagin con el fin de que aportara los poderes del resto de las personas que
pretendía representar. Quien aportó los mandatos a él conferidos por 7028 personas
más29. Asimismo, pidió vincular como terceros a los demás individuos que habían
sido enunciados en la solicitud de tutela.
De igual forma, se ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que
realizara una publicación en la página web de la Corporación, con la información de
la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los sujetos interesados.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:
1.6.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión, solicitó
declarar improcedente el mecanismo porque no se cumple con el requisito de la
relevancia constitucional, porque el extremo accionante «no planteó cargos
iusfundamentales en estricto sentido», lo que significa que se pretende usar la tutela
como una tercera instancia.
Precisó que en la providencia controvertida se estudiaron cada una de las pruebas
identificadas por el extremo accionante.
Recordó lo expuesto en la sentencia de segunda instancia frente al material
probatorio señalado como desconocido. Particularmente expuso que, si bien las
misivas de marzo, mayo y octubre de 1999 «tratan de oficios remitidos por el
Gobernador de Bolívar, sobre padecimientos sufridos en el año 2000 por
enfrentamientos entre autodefensas, [no] se señale que se tratan de los hechos
ocurridos que se señalan en [la] demanda, […]».
Respecto a la omisión del estudio de las pruebas entregadas por las entidades
demandadas recordó que en la providencia de segundo grado se indicó que:
28 Qu corresponden a 37 núcleos familiares.
29 Remitidos a través de 17 correos electrónicos
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
no obra requerimiento, petición o solicitud realizada a la Fuerza Pública donde se
pusiera de presente los hechos de violencia del que eran victimas “los galleteros”,
para la fecha que se relata en la demanda, más allá de los testimonios antes
relacionados. En ese orden de ideas, no se allegaron pruebas contundentes y
fidedignas que permitan a esta Sala concluir que en el municipio de El Carmen de
Bolívar, se perpetuaron los homicidios y el desplazamiento forzado que se relatan,
más allá de que efectivamente haya existido un conflicto en la zona30.
Referente al estudio de los testimonios de la señora Nancy Manjares Martínez y el
señor Jorge Barrios González, el tribunal se limitó a citar unos apartes del proveído
de 27 de septiembre de 2024, en donde se resume lo expuesto por los testigos y se
hace alusión al valor probatorio que tienen los testigos de oídas.
En lo que respecta al desconocimiento del precedente de la SU-254 de 2013, la
accionada resaltó que en esa sentencia no se establece que en procesos de
responsabilidad extracontractuales no se deba probar y realizar la valoración de las
pruebas, «al contrario, unifica; (i) la procedencia de la tutela; (ii) la prueba de la
condición de desplazado; (iii) la ayuda humanitaria y la asistencia por parte del
Gobierno; (iv) la contabilización del término de caducidad para población
desplazada».
Finalmente destacó que la tutela es improcedente porque el «debate jurídico es
eminentemente legal, por cuanto se pretende discutir la decisión desfavorable a los
intereses de la accionante, sin que se traiga a colación cu[á]l es la norma violada,
fundamentándose solo en interpretaciones que a su juicio debieron hacerse; sin que
se desprenda de las pretensiones, el carácter iusfundamental de la controversia».
1.6.2. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena
pidió negar el mecanismo, porque al interior del trámite del proceso contencioso se
respetaron todas las garantías procesales.
Resaltó que en la sentencia de primera instancia se negaron las pretensiones luego
de una valoración de las pruebas con base en la sana crítica y lo establecido en la
ley y la jurisprudencia. Precisó que la negativa obedeció a que los accionantes no
acreditaron que hubieran informado sobre el riesgo que los afectó.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la Jader Enrique Cueto Vergara y otros, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
30 Trascrito del texto original con posibles errores ortográficos.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
2.2. Cuestión Previa
La Sala reconocerá personería al abogado Oscar Fernández Chagin para actuar
como apoderado del grupo de personas identificada en el anexo n. º 2 de esta
providencia, en atención a que aportó los mandatos31 a él conferidos por 70
personas32.
2.3. Problema jurídico
En primer lugar, esta colegiatura advierte que el estudio de esta acción se limitará
a la providencia que puso fin al proceso, por lo que corresponde determinar si, en
el caso concreto, se presenta una vulneración al derecho fundamental advertido en
la solicitud de amparo por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta
de Decisión con ocasión de la sentencia proferida en segunda instancia el 27 de
septiembre de 2024.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades
de los defectos alegados; (iv) desplazados como sujetos de especial protección
constitucional; (v) carga dinámica de la prueba cuando se advierta el estado de
indefensión, vulnerabilidad o de incapacidad de alguna de las partes; (vi) hecho
notorio de macro criminalidad y violaciones a los derechos humanos en la subregión
de los Montes de María, y (vii) el caso en concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 33
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, ya que las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema34.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales35.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
31 Qu corresponden a 37 núcleos familiares.
32 Remitidos a través de 17 correos electrónicos
33 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. acción de tutela
de importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
34 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
35 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201436, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta
pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de
2022, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de frente a este
requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante
constitucionalmente puesto que, conforme con los argumentos esgrimidos en el
escrito de tutela, se trata de la presunta lesión al derecho fundamental al debido
proceso, ante la posible configuración de los defectos fáctico, sustantivo y por
desconocimiento del precedente contenidos en la providencia que decidió un
proceso judicial que a su vez involucró el estudio de la responsabilidad del Estado
cimentada en una afectación grave a los derechos humanos, por tratarse de un
delito de lesa humanidad como lo es el desplazamiento forzado.
En este orden de ideas, resulta pertinente destacar que la parte actora expone las
razones por las cuales considera que la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Bolívar incurrió en un vicio judicial, al valorar indebidamente el
material probatorio aportado al expediente contencioso según los estándares de
flexibilización probatoria que ha determinado la Corte Constitucional, lo que a su
juicio tiene la virtualidad de modificar la decisión controvertida.
Además, si bien esta Sección entiende que ser desplazado es una situación fáctica
y no una calidad jurídica que se adquiera con la inscripción en una lista oficial37, no
36 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
37 Sentencia SI 00213-01 DE 2006 S3. Enero veintiséis (26) de dos mil seis (2006). Caso del
desplazamiento de la Gabarra.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
se puede pasar por alto las diferentes resoluciones de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas que incluyen a los tutelantes en el registro de
víctimas del conflicto armado [RUV] y reconoce el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, lo que es un aspecto que, se itera, ratifica una connotación
de índole constitucional de este asunto.
Al respecto esta colegiatura destaca lo que ha dicho la máxima autoridad en la
jurisdicción constitucional en casos similares38:
En virtud de lo expuesto, se observa que el presente caso compromete derechos
de gran trascendencia constitucional respecto de una población que se
encuentra en situación de vulnerabilidad39, como los son el acceso efectivo a la
administración de justicia, a la reparación integral y al debido proceso. Y los principios
constitucionales de seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima. Ello, si como se
afirma, se tiene en cuenta que los jueces optaron por aplicar disposiciones
legales y reglas jurisprudenciales que llevaron a la imposibilidad del ejercicio
de acción, sumado a que no integraron a su análisis la calidad de víctimas de los
accionantes; lo cual podría estructurar los defectos específicos: procedimental
absoluto o por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del precedente (judicial y
constitucional). [Énfasis de la Sala]
De igual manera, resulta pertinente resaltar que el alto tribunal constitucional ha
estudiado acciones de tutela contra providencia judicial cuando esta fue dictada en
procesos en los cuales se debatió sobre la comisión de delitos de lesa humanidad
ante la evidencia de que estos asuntos se enmarcan en posibles violaciones a los
derechos humanos por parte del Estado40.
Por todo lo anterior se concluye que se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia Constitucional, en atención a que se está en presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales de los tutelantes, cuya controversia no
se enfocó en un debate de orden de contenido legal o económico, sino que se
justificó en una notoria tensión entre la garantía invocada y la decisión judicial objeto
de reproche, por lo que la sala superará esta causal referente a los yerros en
mención.
2.5.2. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se tiene
que la parte accionante no cuenta con otro mecanismo distinto a la tutela para
conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarles a su
derecho fundamental, toda vez que, contra la providencia proferida y ejecutoriada
del Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión que puso fin al
proceso, no procede algún recurso ordinario, y los cargos alegados por los defectos
enunciados no se encuadran en las causales de procedencia de los recursos
extraordinarios.
38 Sentencia T-374 de 2023.
39 Ver, entre otras, las sentencias SU-254 y 915 de 2013, T-037 de 2015, T-352 de 2016, T-237 de
2017, T-044 de 2022, y T-117 de 2022.
40 Sobre la materia se puede consultar las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: SU- 035
y 062 de 2018 y SU-060 de 2021.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
2.5.3. De igual manera, en el caso en estudio se cumple el requisito de inmediatez,
pues la decisión en cuestión fue notificada mediante correo electrónico enviado el
28 de abril de 2025, mientras que la acción de tutela fue radicada el 2 de julio de
2025, es decir que, sin hacer alusión a la fecha de la ejecutoria, la acción de tutela
se presentó dentro de los seis meses que esta sección considera como plazo
prudencial para acudir a esta instancia constitucional.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 41, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200542, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales
y reiteró que seis [6] meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo
de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.5.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro del proceso de
reparación directa identificado con el radicado 13001-33-33-005-2015-00387-00/01.
Por todo lo anterior, la Sala procederá a realizar el análisis de los defectos
manifestados.
2.6. De las generalidades de los defectos alegados
2.6.1. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201543 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia del defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente
decisión así:
2.6.1.1. Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el
asunto
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez
el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a
consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario
de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e
idoneidad.
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
42 «c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos».
43 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de
pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que este procederá
cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada
oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.
Requisitos para su configuración:
• Identificar el elemento probatorio que solicitó.
• Demostrar que lo solicitó en oportunidad legal.
• Exponer las razones por la cuales la prueba solicitada era conducente,
pertinente o idónea.
• Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la
prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
2.6.1.2. Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar
la veracidad de los hechos alegados por las partes
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y
estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no
son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de
forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles pruebas, aportadas
oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
Presupuestos para su configuración:
• Identificar los elementos de prueba no valorados por el juez.
• Demostrar que estos fueron aportados en forma legal y oportunamente al
proceso.
• Señalar las razones por las cuales eran relevantes para la decisión.
• Precisar, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido
del fallo.
2.6.1.3. Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación
efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por
ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Exigencias para su configuración:
• La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida
valoración por el juez.
• La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración del
operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana
crítica.
• Incidencia de la prueba en el fallo atacado.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
2.6.1.4. Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación
del debido proceso
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con base en
pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o introducción
al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico
que le fue planteado, al ser esta una prueba que desconoce el debido proceso de
las partes.
Obligaciones para su configuración:
• Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con violación al
artículo 29 constitucional.
• Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
• Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de la
decisión.
Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su
escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto,
sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1. º, 2. º, 4. º, 5. º y 6. º de la Constitución
Política.
Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en
que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal
manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como
suele ocurrir, pues es desacertado.
2.6.2. Referente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional44 ha
explicado que este se presenta cuando «la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta
por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica»45.
Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
44 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
45 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
• El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente46 o porque ha sido derogada47, es
inexistente48, inexequible49 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados
por el Legislador50.
• No se hace una interpretación razonable de la norma51.
• La disposición aplicada es regresiva52 o contraria a la Constitución53.
• El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición54.
• La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma55 .
• Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
2.6.3. Frente al desconocimiento del precedente, resulta importante precisar la
posición de la Sala sobre el concepto de precedente, el cual se sintetiza en los
siguientes términos:
[…] es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez
que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una
similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la
ratio decidendi constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en
determinado sentido […]56.
Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos57 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o subregla de derecho para que aquella sea
considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente
las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la
Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.
Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las Altas Cortes cuando actúan como órganos de cierre en determinada
materia, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a sus funciones
asignadas por la norma superior y a la garantía de los principios de igualdad y
seguridad jurídica, así como, en la coherencia del ordenamiento jurídico.
46 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
47 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
48 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
49 Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
50 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
51 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-
1101 del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
52 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
53 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
54 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
55 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.
56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de
febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
57 Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
2.7. Las víctimas del desplazamiento forzado con ocasión del conflicto armado
como sujetos de especial protección constitucional
En primer lugar, resulta relevante precisar que nuestro ordenamiento jurídico58, el
Consejo de Estado59 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos60 determinan
que una persona desplazada es aquella que:
[Se vio] forzada a migrar dentro del territorio nacional […], porque su vida, su
integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se
encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las
siguientes situaciones: Conflicto armado interno, […], violencia generalizada,
violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho
Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones
anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.
Simultáneamente el Consejo de Estado ha dispuesto que la condición de
desplazado es una circunstancia anómala, ajena a la voluntad de la persona y que
genera una situación fáctica de calamidad sobre la víctima, ya que la persona se
ve despojada de sus propiedades, arraigo y otros aspectos fundamentales para el
desarrollo de su vida y subsistencia, a partir de una situación de riesgo61.
Por su parte, la Corte Constitucional ha establecido que las víctimas de
desplazamiento forzado son personas que «quedan expuestas a un nivel mucho
mayor de vulnerabilidad, que implica una violación grave, masiva y sistemática de
sus derechos fundamentales y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una
especial atención por las autoridades62».
Al respecto, la Corte Constitucional en la SU-254 de 2013 expuso que:
[L]a jurisprudencia constitucional ha reconocido el drama humanitario que causa el
desplazamiento forzado como un hecho notorio, así como la dimensión
desproporcionada del daño antijurídico que causa este grave delito, el cual ha
calificado como (i) una vulneración múltiple, masiva, sistemática y continua de los
derechos fundamentales de las víctimas de desplazamiento; (iii) una pérdida o
afectación grave de todos los derechos fundamentales y de los bienes jurídicos y
materiales de esta población, que produce desarraigo, pérdida de la pertenencia, de
la autonomía personal, y por tanto dependencia, marginalidad, exclusión social y
discriminación de esta población; y (iv) por consiguiente como una situación de
extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta, de inusual y gravísima desprotección e
indefensión de las víctimas de este delito.
De conformidad con lo expuesto, resulta diáfano concluir que las víctimas de
desplazamiento forzado pertenecen a una población en extremo grado de
58 Artículo 1º de la Ley 387 de 1997.
59 Consejo de Estado, Sentencia de 22 de marzo de 2001, expediente 4279 AC. Citado en Consejo
de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 21 de febrero dos 2011, radicación número 50001-23-31-
000-2001 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de mayo de 2013, radicación
número 50 001 23-31-002-199-2000-392-00.
60 Caso de la «Masacre de Mapiripán» contra el estado Colombiano.
61 Ídem referencia 59.
62 Ver sentencia T-025 de 2005, que declaró un «estado de cosas inconstitucional» en relación con
el desplazamiento forzado interno en el país.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
vulnerabilidad y de debilidad manifiesta, y, por tanto, se les debe un trato
preferencial y de acciones afirmativas63, con el fin de proteger su situación anómala
y excepcional de la indefensión a la que se ven sometidas por motivos ajenos a su
querer64.
En resumen, no existe duda de que las personas que padecieron desplazamiento
forzado en Colombia son sujetos de especial protección constitucional, que
requieren un trato preferencial, con el fin de lograr garantizar los derechos a la
verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
2.8. Carga dinámica de la prueba cuando se advierta el estado de indefensión,
vulnerabilidad o de incapacidad de alguna de las partes
Si bien los estatutos procesales en Colombia imponen a las partes el deber de
probar65 todos los supuestos de hecho que fundamentan sus pretensiones, la Corte
Constitucional ha establecido que el juez puede distribuir la carga de la prueba en
procesos donde se debata la responsabilidad administrativa y extracontractual por
graves violaciones a los derechos humanos, imponiendo al extremo que le sea más
favorable aportar las evidencias en búsqueda de la verdad material.
El anterior criterio resume la teoría procesal de la carga dinámica de la prueba66 que
pretende garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal,
identificando la eventual incapacidad o vulnerabilidad en la que pueda estar alguna
de las partes, al punto que el máximo órgano de la jurisdicción constitucional ha
dispuesto que «no puede exigírseles a las mismas víctimas allegar un material
probatorio rígido que no deje en duda los hechos en los cuales soportan sus
pretensiones y que dieron lugar a la vulneración que alegan»67.
2.9. Flexibilización probatoria en casos donde son parte personas víctimas de
graves violaciones de derechos humanos
La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado estableció los
parámetros de la flexibilización probatoria en casos de lesa humanidad así:
En la gran mayoría de casos, las graves violaciones de derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, cometidas en el
marco del conflicto armado interno, han acaecido en zonas alejadas de los
grandes centros urbanos y en contextos de impunidad. Lo anterior ha producido
que las víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta, queden en muchos casos
en la imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a su dignidad humana. Más
aun, cuando no se ha llevado una investigación seria por parte de las autoridades
competentes, como en este caso, lo cual se traduce en una expresa denegación de
justicia. Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa inexorable realidad,
deberá acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba
indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a
63 SU-254 de 2013.
64 Sentencia 279-01 AC de 2001 S3. Sentencia del veintidós (22) de marzo de dos mil uno (2.001).
65 Artículo 167 de la Ley 1564 de 2012 -CGP-.
66 Ver sentencia C-086 de 2016.
67 Ver sentencia T-014 de 2025.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los
derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas
afectadas. Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones
de derechos humamos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se
rompe el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las
partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos
eventos las víctimas quedan en una relación diametralmente asimétrica de cara a la
prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de ponderar la
situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios.
En otras palabras, cuando se trate de casos en donde se debatan graves
violaciones a los derechos humanos, el instructor del proceso debe partir de la
premisa de que las víctimas de esas violaciones pueden enfrentar dificultades para
aportar un material probatorio rígido, al punto que inclusive se deben tener en
cuenta las circunstancias u obstáculos del territorio en donde se cometieron las
infracciones al derecho internacional humanitario, ya sean físicas o tecnológicas68».
Al respecto, es posible concluir que la anterior regla jurisprudencial se encuentra en
consonancia con el criterio de la carga dinámica de la prueba y el principio pro
víctima, que buscan establecer la verdad material al interior del proceso ordinario y
combatir la «desigualdad que puede existir entre la víctima y el dañador de la que
trae origen el hecho victimizante sea por acción o por omisión»69.
2.10. Hecho notorio de macro criminalidad y violaciones a los derechos
humanos en la subregión de los Montes de María
Al respecto de la victimización de los pobladores de esa subregión, la Jurisdicción
Especial para la Paz [en adelante JEP] expuso:
Esta masividad de hechos en la región de Montes de María arrojada por el UPH se
confirma con la información que contienen las bases de datos oficiales (SIJUF, SPOA
y RUV, entre otras). Conforme la distribución de las cifras registradas, la conducta
que más concentró en el territorio fue la de desplazamiento forzado con un total de
71.302 personas que habrían sido víctimas de este comportamiento. Esta cifra
representa, el 7,61% del total de víctimas de desplazamiento forzado a nivel nacional;
siendo esta región, del total de las 5 que fueron priorizadas, la tercera que concentra
el mayor número de víctimas de este delito».
Por su parte, la Corte Constitucional resaltó, frente a las graves violaciones a los
derechos humanos en la subregión de los Montes de María, lo siguiente70:
177. Si bien desde antes de los años ochenta del siglo pasado ya existían conflictos
por la distribución de la tierra y el establecimiento de un modelo de economía
productiva en la zona de los Montes de María, esos conflictos se agravaron a
comienzos de los años noventa del Siglo XX con la llegada de grupos guerrilleros,
quienes, según informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
68 Ver sentencia T-014 de 2025: «[una persona] forzada a desplazarse […] tiene como norte proteger
su vida y la de sus allegados, por lo que está lejos de considerar o tener presente que, al tiempo que
huye de manera forzosa, debe recaudar elementos probatorios que le permitan buscar el
resarcimiento del daño padecido.
69 Ver SU-279 de 2024.
70 Ver sentencia T-014 de 2025.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
realizaron acciones violentas en contra de la población civil tales como el hurto de
ganado y el secuestro de ganaderos, una de sus principales fuentes de ingreso.71 El
conflicto armado se asentó en ese territorio y ocasionó que la región fuera
protagonista de masacres, desplazamiento forzado, narcotráfico, y, más tarde,
también de incursiones de grupos paramilitares.72 Durante dicha época, el fenómeno
del paramilitarismo inició su incursión en la región.73 Así lo destaca un informe del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:74
“Por la acción de estos grupos, a partir de 1996 la violencia se incrementó
vertiginosamente en la región. Las masacres, los asesinatos selectivos, los
homicidios indiscriminados, el desplazamiento forzado y las amenazas llenaron
de terror los campos y poblados de Los Montes de María. Entre 1997 y 2003,
los paramilitares de la región desplazaron a unas 100.000 personas y mataron
al menos 115 en masacres como la de Las Palmas, Bajo Grande, La Sierrita, El
Salado, El Chengue y Macayepo, según información de organizaciones
defensoras de derechos humanos.”
178. Así, los mecanismos utilizados por los grupos paramilitares para obtener control
sobre el territorio de los Montes de María fueron, principalmente, el desplazamiento
forzado, el control sobre la población, amenazas y masacres.75 Entre 1997 y 2007,
fueron desplazadas forzosamente del Departamento de Sucre 197.459 personas,
convirtiéndolo en el segundo departamento con mayor número de desplazados
después de Antioquia, con 311.214 personas en el mismo término.76 A su turno, el
informe final de la Comisión de la Verdad señaló que, entre 1996 y 2003, se
produjeron 42 masacres en la región de Montes de María.77 Según ese informe, las
masacres más conocidas fueron la del Salado en el año 2000 y la de Chengue en
2001. Las mencionadas masacres causaron, en conjunto, un desplazamiento masivo
entre 1995 y el 2000 de 30.677 personas.78
179. Asimismo, en la región de Montes de María ocurrieron múltiples ataques y
expresiones de violencia contra la población civil. La Comisión de la Verdad relató
cómo a determinadas poblaciones se les tildó de colaboradores de la guerrilla para
luego ser asesinados por parte de grupos paramilitares tras la estigmatización a la
que fueron expuestos.79 Con todo, el informe final de la Comisión de la Verdad
evidenció un déficit de justicia histórico, generalizado y permanente respecto a las
violaciones producidas en el marco del conflicto armado colombiano.80
180. Ese mismo informe también destacó que durante los años noventa del Siglo XX,
en Colombia, “las violencias se entrecruzaron con la guerra irregular, en un escenario
de fragmentación política, militar y territorial. El narcotráfico se convirtió en el principal
ordenador del escenario de esas guerras con relaciones promiscuas (…) Durante
estos años, la población civil fue la principal víctima no solo de homicidios, masacres
y desapariciones forzadas, sino de desplazamiento, despojo, reclutamiento de
71 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los Montes de María: Análisis de la
conflictividad. 2010.
72 Ibidem.
73 Ibidem.
74 Ibidem. P. 19.
75 Ibidem. Págs. 20-22.
76 Duica Amaya, L. (2010). Despojo y abandono de Tierras en los Montes de María: El impacto de
los grupos armados en la reconfiguración del territorio. Universidad de Los Andes, Facultad de
Ciencias Sociales.
77 Informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
“Hay futuro si hay verdad: No matarás, relato histórico del conflicto armado interno en Colombia.”
78 Ibidem.
79 Ibidem.
80 Ibidem.
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
menores, violencia sexual, detenciones arbitrarias, señalamiento y destrucción de
pueblos, comunidades y proyectos de vida.”81
De lo expuesto es posible concluir que la Subregión de los Montes de María82 fue
un territorio en donde la JEP83, la Fiscalía General de la Nación84, autoridades
nacionales e internacionales85, y organismos independientes86 han documentado
diversas violaciones a los derechos humanos.
2.11. Caso concreto
En este asunto los accionantes controvierten la sentencia de 21 de septiembre de
2023 del Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión dentro del
proceso de reparación directa identificado con el radicado 13001-33-33-005-2015-
00387-00/01, que confirmó la decisión de 18 de mayo de 2020, del Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, que había negado las
pretensiones del medio de control.
En efecto, los demandantes advirtieron que la autoridad judicial accionada incurrió
en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente porque omitió
implementar los criterios de flexibilización probatoria aplicables a casos de lesa
humanidad.
Aclarado lo anterior, a esta Sala le resulta viable estudiar los cargos de forma
conjunta, comoquiera que estos buscan poner en evidencia una falta de valoración
sin el debido contraste del criterio jurisprudencial de la flexibilización probatoria en
casos en donde se debata la responsabilidad de la Nación en asuntos derivados por
delitos de lesa humanidad, lo que denota una indebida implementación del
precedente del máximo órgano de la jurisdicción constitucional.
81 Ibidem. P. 239.
82 Compuesta por 15 municipios en total: 8 del departamento de Sucre [Ovejas, Chalán, Colosó, Los
Palmitos, Morroa y Tolúviejo] y 7 del departamento de Bolívar [El Carmen de Bolívar, Córdoba, El
Guamo, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano].
83 Auto SRVR No. 104 de 30 de agosto de 2022.
84 Fiscalía General de la Nación. Informes n.º 13 [folio 86], y 15. Muertes grupales cometidas por
Agentes del Estado. 2019, [folio 111].
85 «Ver, Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Una Nación Desplazada. Informe Nacional
del Desplazamiento Forzado en Colombia. 2014. p. 341; Mesa de Interlocución y Concertación de
los Montes de María. Informe para la Jurisdicción Especial para la Paz: Sembrar verdad y justicia
para cosechar paz y reconciliación en los Montes de María-Responsabilidad penal internacional de
terceros, 2020; Corte Suprema de Justicia, Sentencia 3285, 23 de febrero de 2010 contra Álvaro
García Romero). Citado en CODHES, et al. Los Montes de María bajo fuego, voces de las víctimas
de la violencia. Bogotá, 2020. P. […]»; Informe para la Jurisdicción Especial para la Paz: Sembrar
verdad y justicia para cosechar paz y reconciliación en los Montes de María-Responsabilidad penal
internacional de terceros” DEJUSTICIA. 2021; Conflicto armado y desarraigo en Los Montes de
María. Informe para la Jurisdicción Especial para la Paz.”; Fundación Comité de Solidaridad con los
Presos Políticos. “Solo preguntaron por mi nombre. Detenciones arbitrarias y masivas en los Montes
de María”. Informe entregado a la JEP. 2020; Fucude, Codhes y OPDS, 2020, “Los Montes de María
bajo fuego, voces de las víctimas de la violencia”, p. 83 y 84, así como bases de datos tales como
SIJUF, SPOA y RUV, entre otras.
86 EL SILENCIO DE LAS GAITAS: Papel de la Fuerza Pública en masacres de Montes de María
2000-2001, 2019.
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
Ahora bien, con el fin de resolver este asunto, resulta pertinente recordar las
consideraciones del ad quem para llegar a la conclusión de que se debía negar las
pretensiones de la demanda:
Sin embargo, si bien los hechos ocurridos en[-]torno a la violencia en los Montes de
María, son ciertos, no son discutidos por esta Sala, no puede tomarse ese contexto
general, bien elaborado por el apelante, como suficiente para demostrar el hecho de
que la actividad de vendedor de galletas en el municipio de El Carmen de Bolívar en
el año 2000, se convirtió en una amenaza contra los grupos denominados
“paramilitares”, concretamente para el bloque Héroes de los Montes de María, por ser
informantes de la guerrilla y por ello se convirtieron en objetivo de los mismos.
Así como tampoco es suficiente con flexibilizar la carga de la prueba en aplicación a
la teoría dinámica de la misma, ya que aun así no hay la imputación directa a que la
Fuerza Pública omitió y abandonó sus deberes constitucionales y con esa actitud se
convirtieron en colaborares de la muerte de las personas que aquí se dice que, eran
vendedores de galletas y lo cual produjo el desplazamiento de los demandantes.
Aclara esta Sala, que contrario a lo sostenido por el apelante, el desplazamiento de
los vendedores de galletas no puede considerarse de lesa humanidad, muchos
retornaron el mismo año según testigos, otros en un tiempo corto, y otros por razones
no expresadas, retornaron mucho después de haberse normalizado el orden publico
en el municipio de El Carmen de Bolívar.
No existe certeza para esta Sala que, la Fuerza Pública tuviera conocimiento de los
hechos, por lo que, el resultado (daño antijurídico), no puede ser atribuible a la
Administración Pública, concretamente, al no haberse demostrado la omisión en el
deber de protección y cuidado establecido en el plurimencionado inciso segundo del
artículo 2º de la Constitución Política.
Así las cosas, al no demostrarse los primeros elementos establecidos por la
jurisprudencia para que proceda la declaratoria de responsabilidad administrativa por
omisión como son la existencia de una obligación normativamente atribuida a una
entidad pública; y ii) la falta de atención o la atención irregular o inoportuna de dicha
obligación por parte de la Administración en el caso concreto; no es posible proceder
con el estudio del tercer elemento como es la relación causal entre la omisión y el
daño que se endilga.
En conclusión, por no haberse acreditado los hechos que permitan imputar el daño a
las demandadas, hay lugar a concluir que no concurren los elementos estructurantes
exigidos para comprometer la responsabilidad patrimonial de los entes llamados a
responder, por lo que se procederá a confirmar la sentencia de primera instancia, pero
por las razones aquí expuestas87.
En este orden de ideas, se tiene que el tribunal concluyó que no se acreditó la
responsabilidad de las entidades demandadas, porque (i) el caso no se podía
considerar de lesa humanidad, ya que los afectados regresaron al territorio, (ii) no
había certeza de que la fuerza pública tuviera conocimiento de los hechos que
suscitaron el desplazamiento, y (iii) si bien los hechos de violencia en el territorio de
los Montes de María son ciertos, no podía tomarse ese contexto para demostrar el
hecho de que los grupos al margen de la ley perseguían a los vendedores de
galletas en el municipio de El Carmen de Bolívar.
87 Trascrito del texto original con posibles errores ortográficos.
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
Por su parte, los accionantes argumentaron que el tribunal omitió valorar los oficios
de marzo88, mayo89 y octubre90 de 1999, de la Gobernación de Bolívar, dirigidos a
diferentes dependencias91, en donde se informaron los hechos de orden público que
sucedían en el departamento, tales como las explosiones y homicidios que
ocurrieron en la zona, con el fin de solicitar acciones efectivas y protección a la
población de Córdoba, Zambrano, San Jacinto y el Carmen de Bolívar, por el
accionar de grupos armados al margen de la ley.
Particularmente se destacaron los oficios de:
• 27 de octubre de 199992, de la Gobernación de Bolívar, en donde se informó
al comandante de la Fuerza Naval del Atlántico, que «varios habitantes de la
Subregión de los Montes de María» han manifestado su preocupación por
una versión que circula en su territorio referida a una posible escalada de las
autodefensas ante la existencia de amenazas contra la población civil a
quienes acusan de ser colaboradores de la subversión;
• 25 de octubre de 199993, proveniente del Ministerio de Defensa Nacional al
Ministerio del Interior, en donde se acusa el recibido del informe del orden
público en el municipio de El Carmen de Bolívar, debido a la presencia de
grupos al margen de la ley;
• 11 de octubre de 199994, suscrito por el ministro del interior y dirigidos al
ministro de defensa y al director de la Policía Nacional, en donde manifestó
que el secretario del interior del departamento de Bolívar dio a conocer la
situación de orden público en el municipio de Carmen de Bolívar al
comandante del departamento de Bolívar, a la Brigada de Infantería de
Marina y a la Fuerza Naval del Atlántico, ya que el pasado 21 de septiembre
de 1999 un grupo de hombres armados secuestró unas personas y asesinó
a tres en el sector de Gambotico,
• y, oficio de 20 de octubre de 199995, en donde se le informó al Fiscal General
los hechos sucedidos el 21 de septiembre de 1999.
Enfatizaron que se valoraron indebidamente los testimonios de la señora Nancy del
Rosario Manjarrez Martínez y del señor Jorge Issac Barrios González, que
informaron acerca de la pasividad de las autoridades frente a la presencia de grupos
insurgentes en la zona y declararon acerca del perfilamiento que padecieron los
vendedores de galletas para el año 2000 por parte de los grupos paramilitares.
88 El material probatorio en mención se encuentra en el documento digitalizado titulado
«04_13001333300520150038700 Cuaderno 4», que pertenece al expediente contencioso 13001-
33-33-005-2015-00387-00/01, folios 954 a 956.
89 Folios 957 a 958, 960 a 961, 963 a 964, 965 a 966.
90 Folios 968 a 973.
91 Ministro en funciones Presidenciales, ministros del Interior y de Defensa Nacional, comandante
del departamento de Policía de Bolívar, comandante 1 Brigada de Infantería de Marina, director
general de la Policía Nacional, Fiscal General, y comandante de la Fuerza Naval del Atlántico.
92 Folio 968.
93 Folio 970.
94 Folios 971 y 972.
95 Folio 969.
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
Agregaron que el tribunal no se refirió acerca de la prueba sobreviniente consistente
en la resolución 2022-59335, de 4 de agosto de 2022, expedida por la Unidad de
Atención y Reparación a las Víctimas, que reconoce al grupo de «Los Galleteros»
como un sujeto de reparación colectiva a la luz de la ley 1448 de 2011, por los daños
colectivos padecidos.
Aseguraron que, si el tribunal hubiera analizado las pruebas en mención, bajo los
criterios de flexibilización probatoria que han adoptado la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado en casos de lesa humanidad, así como los estándares de la
carga dinámica de la prueba, era diáfano concluir la responsabilidad por la falla en
el servicio endilgada.
Ahora bien, en este punto resulta pertinente y útil recordar lo dispuesto por la Corte
Constitucional en las SU-035 de 2018, SU-062 de 2018 y SU-060 de 2021, respecto
al criterio de flexibilización probatoria cuando versen asuntos que impliquen
presuntas trasgresiones graves a los derechos humanos o delitos de lesa
humanidad así:
Jurisprudencia constitucional en relación con la flexibilización de los
estándares de valoración probatoria en materia de graves violaciones a los
derechos humanos
76. Inicialmente, en sentencia T-926 de 2014, este Tribunal advirtió que por
tratarse de casos en los cuales se analizan graves violaciones a los derechos
humanos, la valoración probatoria que realiza el juez debe flexibilizarse,
admitiendo la posibilidad de acudir a los indicios como pruebas determinantes
de la responsabilidad estatal. […].
79. Con posterioridad, la sentencia SU-035 de 2018 concluyó que, con ocasión del
principio de equidad, procede la flexibilización de la valoración probatoria en los
casos que comprometen violaciones a los derechos humanos, puesto que en
ellos se presenta “una ruptura deliberada e injusta de la correlación entre la
prueba del daño y la prueba del perjuicio”. Lo anterior, debido a
manifestaciones de poder irregular, desequilibrios de fuerzas o estructuras de
delincuencia institucional y organizada.
La Corte unificó su jurisprudencia y enfatizó la necesidad de que los jueces aligeren
o dinamicen la carga probatoria en casos en los que se discute la reparación
integral a las víctimas de los daños materiales causados en forma antijurídica
por el Estado colombiano, para lo cual se ha admitido, por ejemplo, demostrar
el perjuicio mediante medios de prueba alternos o también a través de indicios.
80. Aunado a lo expuesto, la sentencia SU-062 de 2018 reiteró la jurisprudencia
unificada en la materia, según la cual “existe un imperativo de flexibilizar los
estándares probatorios y de fortalecer el deber de los jueces de ejercer las
potestades que les han sido conferidas en aras de garantizar la justicia material
con pleno respeto de los derechos fundamentales de todas las partes
involucradas. Lo anterior trae como consecuencia, entre otras cosas, el uso
de las inferencias judiciales razonables”. […]: […]
De tal forma, la Corte coligió que los jueces deben reconocer la relevancia especial
de la prueba indiciaria al momento de valorar la totalidad del acervo probatorio en los
asuntos donde se juzgan graves infracciones a los derechos humanos.
[…]
23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
117. En ese contexto, para la Corte en el asunto bajo estudio, el Consejo de Estado
incurrió en un defecto sustantivo por un error en la interpretación de los
principios pro homine y de equidad, al no haber aplicado la ya
mencionada flexibilización de los estándares probatorios a efecto de privilegiar
la justicia material, utilizando medios de prueba indirectos como los indicios o
morigerando la carga de la prueba para demostrar el perjuicio material objeto
de la reclamación. Por el contrario, al denegar las pretensiones de la demanda indicó
que la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le impone la ley.
De acuerdo con lo expuesto en la parte general de esta providencia ante
presuntas violaciones graves a los derechos humanos, a los jueces valorar les
corresponde los elementos probatorios con un tamiz flexible, a la luz de los
principios de equidad y pro homine, por tratarse de asuntos que encierran una
asimetría de poder y, por tal razón, gran dificultad probatoria. Además, de
encontrarse de por medio los intereses de las víctimas, quienes generalmente
son población vulnerable, por lo que una exigencia rigurosa en la dinámica
probatoria no solo resulta excesiva sino revictimizante [Énfasis de la Sala].
De lo anterior, resulta diáfano concluir que el juez contencioso debe, al momento de
estudiar los elementos de la responsabilidad del Estado en asuntos de lesa
humanidad, flexibilizar los estándares probatorios a efecto de privilegiar la justicia
material, utilizando todos los medios de prueba a su alcance, inclusive indirectos,
como lo son los indicios, al punto que se encuentra habilitado para morigerar la
carga probatoria para demostrar los daños padecidos.
Aclarado lo anterior, esta sección considera que el tribunal accionado incurrió en los
defectos alegados, como se pasará a explicar.
En primer lugar, y según las consideraciones expuestas en esta providencia, se
estima infundada la afirmación del tribunal consistente en que no podía considerarse
el caso de desplazamiento del gremio de los galleteros del Carmen de Bolívar como
de lesa humanidad por el hecho de advertirse el retorno de los afectados al lugar de
los hechos, ya que tal argumento no tiene sustento normativo o jurisprudencial.
En efecto, como se dejó ampliamente determinado en este proveído, ser
desplazado es una situación fáctica que se adquiere por una circunstancia anómala,
ajena a la voluntad de la persona, consistente en la necesidad de migrar dentro del
territorio nacional porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con
ocasión de, entre otros aspectos, el conflicto armado interno.
En este orden de ideas, no podría afirmarse, bajo los parámetros normativos y
jurisprudenciales en cita, que una víctima del desplazamiento forzoso no tiene la
calidad de afectado de infracciones al Derecho Internacional Humanitario por el solo
hecho de retornar a su territorio, ya que, si bien el retorno o reubicación tienen como
finalidad la superación de la situación de vulnerabilidad, ello hace parte de una de
las medidas para la reparación integral de esta población, pero no la única.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con los yerros alegados, se tiene que el tribunal
accionado desconoció el criterio definido por la Corte Constitucional frente a la
flexibilización probatoria porque, además de valorar indebidamente los medios
24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
probatorios que detalló la parte accionante en la presente tutela, aplicó una tesis
rigurosa frente a la acreditación del nexo entre el daño antijurídico y el presunto
indebido actuar de la administración.
En efecto, aunque el ad quem concluyó que no era viable acceder a las pretensiones
por el hecho de que las víctimas no acreditaron poner en conocimiento de las
autoridades los hechos de violencia de que eran víctimas, esta consideración no es
coherente con los criterios de flexibilización probatoria que han determinado las
máximas autoridades de la jurisdicción contenciosa y constitucional frente a los
sujetos de especial protección constitucional, ya que crea un presupuesto en exceso
estricto frente a las personas desplazadas forzosamente, quienes «[…] tiene como
norte proteger su vida y la de sus allegados, por lo que está lejos de considerar o
tener presente que, al tiempo que huye de manera forzosa, debe recaudar
elementos probatorios que le permitan buscar el resarcimiento del daño
padecido96».
Ahora, lo anterior no quiere decir que en estos casos no sea obligatorio probar el
supuesto de hecho de las pretensiones, pero sí es necesario que el juez contencioso
aplique cargas probatorias más tolerantes en cuanto a la acreditación de la
imputación.
Al respecto, se resalta que también se debe tener en cuenta la realidad de las
víctimas, quienes en la demanda contenciosa parten de la premisa de que eran
acusados de ser colaborares del grupo ilegal contrincante del colectivo criminal
denominado autodefensas. Luego sería lógico entender que, para el ciudadano
promedio de las zonas apartadas de las grandes capitales, una denuncia personal
los puede poner en mayor riesgo, máxime cuando estas personas no cuentan con
las facilidades tecnológicas que pueden existir en otros territorios de nuestra Nación.
En este orden de ideas, se considera que el tribunal analizó de manera indebida el
material probatorio aportado al expediente, ya que la finalidad del mismo era
identificar si las autoridades tenían conocimiento previo de la posible consumación
del daño, no la constatación de que cada una de las víctimas habían puesto en
conocimiento de la administración su situación de riesgo, sobre todo cuando
estamos en presencia del hecho notorio de macro criminalidad y violaciones a los
derechos humanos en la subregión de los Montes de María.
No obstante, esta sala considera relevante la documental a la que hace alusión el
extremo activo, la cual no fue analizada dentro de los parámetros jurisprudenciales
enunciados, sobre todo cuando en esta se puede apreciar que el gobernador de
Bolívar sí puso en conocimiento de diversas autoridades los hechos de violencia
que padecieron los diferentes territorios que hacen parte de su circunscripción,
dentro de ellos, el municipio de El Carmen de Bolívar para la época de los hechos,
particularmente las amenazas contra la población civil de la subregión de los Montes
de María a quienes acusaban de ser colaboradores de la subversión.
96
Ver sentencia T-014 de 2025.
25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
En este punto, esta colegiatura destaca que la prueba testimonial de la señora
Nancy Manjares Martínez y el señor Jorge Barrios González, por sí sola, podría no
ser suficiente para lograr el convencimiento del juez contencioso acerca de la
responsabilidad de las demandadas, sin embargo, esta adquiere mayor importancia
si se estudia en conjunto con el resto del material probatorio y sobre todo bajo
criterios de valoración flexibles.
Ahora, con el fin de exaltar el deber que tiene el juez constitucional en el análisis
minucioso en estos asuntos, es importante destacar que el daño que se ocasiona
por el desplazamiento forzado es un «hecho notorio», comoquiera que estamos en
presencia de una afectación «masiva, sistemática y continua de los derechos
fundamentales de las personas víctimas del delito de desplazamiento, [y esta
vulneración] […] les ocasiona la pérdida de derechos fundamentales y de bienes
jurídicos y materiales, lo que a su vez los convierte en una población en extrema
situación de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta, y por tanto los sitúa en
una condición de desigualdad que da lugar a discriminación97». [énfasis de la Sala]
Ahora bien, la sala no puede pasar por alto la resolución 2022-59335, de 4 de agosto
de 2022, expedida por la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, que
reconoce al grupo de «Los Galleteros» como un sujeto de reparación colectiva a la
luz de la ley 1448 de 2011, por los daños colectivos padecidos, documento que el
tribunal alegó, en su informe, que no fue aportado al proceso.
Con relación a dicho acto administrativo, esta sección encuentra que, aunque no
fue decretada como prueba al interior del trámite procesal, no es cierto que no se
aportara al expediente contencioso, ya que se puede evidenciar que esta fue
allegada por el apoderado de los demandantes al compendio el 31 de octubre de
2022, pero el tribunal no se refirió a ella en la providencia de 21 de septiembre de
2023, cuando admitió la apelación.
El anterior recuento de los hechos podría ocasionar que, frente al cargo fundado en
omisión de valoración de esta documental, el mecanismo constitucional sería
improcedente, por no agotarse el requisito de agotamiento de todos los medios de
defensa judicial, ya que el extremo activo pudo recurrir el auto admisorio, sin
embargo, y si bien se evidencia una omisión tanto del tribunal, por no referirse a
ella, y del extremo activo, al no recurrir la actuación procesal subsiguiente al aporte
de la prueba, se considera que dicho medio de prueba resulta pertinente,
conducente y útil para llegar a la verdad material de los hechos que suscitaron la
demanda contenciosa, razón por la cual se instará al tribunal accionado a decretarla
de oficio.
En este orden de ideas, se destaca que uno de los derechos que tienen las víctimas
del conflicto armado, resaltado tanto por la Corte Interamericana de Derechos
97 Ver sentencias C-715 de 2012, SU-1150 de 2000, T-098 de 2002, T-419 de 2003, T-602 de 2003,
T-025 de 2004 y T-821 de 2007.
26
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
Humanos98 como por la Corte Constitucional99, es «la garantía de acceso a un
recurso judicial sencillo y eficaz por parte de las víctimas, lo cual supone a su
vez, la obligación de los Estados partes de investigar y esclarecer los hechos
ocurridos».
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] ha insistido
que todas estas obligaciones se dirigen a cumplir con el deber de los Estados de
prevenir y combatir la impunidad, la cual es definida por la Corte como la falta de
investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables
de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana.
En consecuencia, se considera que se encuentra acreditada la trasgresión de la
garantía constitucional de los accionantes, comoquiera que el tribunal accionado, al
aplicar indebidamente los criterios ya relacionados, impidió un análisis de fondo con
miras a garantizar una justicia material en el marco de una controversia que conlleva
la vulneración de derechos de unas personas que hacen parte de un grupo de
ciudadanos que no se encuentra en igualdad de condiciones frente a su contraparte,
de lo cual se predica un índice alto de estado de vulnerabilidad, lo que los convierte
en sujetos de especial protección constitucional.
Ahora, si bien se señaló que el estudio se realizaría de forma conjunta, resulta
pertinente destacar que la configuración de los defectos fáctico y por
desconocimiento del precedente constitucional en los términos señalados es
suficiente para amparar los derechos fundamentales de los accionantes. En este
sentido, no es necesario desarrollar si la autoridad judicial accionada incurrió en otro
yerro.
2.12. Conclusión
En este orden de ideas, la Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso
del señor Jader Enrique Cueto Vergara y otros, dejará sin efectos la sentencia de
21 de septiembre de 2023 el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de
Decisión, y ordenará proferir una decisión de reemplazo en la que se debe tener en
cuenta las reglas jurisprudenciales señaladas en la parte motiva de esta
providencia, en particular el criterio de flexibilidad probatoria que reviste estos
asuntos.
Finalmente, resulta pertinente precisar que:
i. El amparo concedido no implica automáticamente una decisión favorable a
las demandantes del proceso ordinario, luego la autoridad judicial accionada
en el marco de su autonomía e independencia, podrá concluir
motivadamente que no se satisfacen los presupuestos necesarios para
acceder a las pretensiones de la demanda.
98 En cuanto a la obligatoriedad y vinculatoriedad de las decisiones de las decisiones de la CIDH,
consultar las Sentencia: C-370 de 2006, C-406 de 1996, C-010 de 2000, entre otras.
99 Corte Constitucional SU-254 de 2013.
27
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
ii. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión, previo a
proferir una decisión de remplazo, podrá decretar las pruebas de oficio que
estime útiles, pertinentes y conducentes, a efectos de garantizar la justicia
material con pleno respeto de los derechos fundamentales de todas las
partes involucradas.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA
PRIMERO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado Oscar Fernández Chagin
para actuar como apoderado del grupo de personas identificadas en el anexo n. º 2
de esta providencia.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho constitucional al debido proceso del señor Jader
Enrique Cueto Vergara y otros.
TERCERO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTO la providencia de 27 de septiembre
de 2024 proferida al interior del proceso de reparación directa identificado bajo el
radicado 13001-33-33-005-2015-00387-00/01, y ORDENAR al el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión que dicte una providencia de
reemplazo, teniendo en cuenta el análisis efectuado por la Sala en esta oportunidad,
para lo cual se le concederá el término de treinta [30] días hábiles contados a partir
de la notificación de la presente sentencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
[Ausente con permiso]
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
28
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
Anexo n. º 1.
Los accionantes que se anuncian en el escrito de tutela son:
EMERSON JOSE CORTES MONTERROSA (Victima) actuando en nombre
propio y en representación de sus menores hijos: EVA MARIA CORTES
MONTERROSA, LUIS ALBERTO CORTES MONTERROSA CORTES y
EMERSON JOSE CORTES MONTERROSA(victimas e hijos de la víctima);
ROSIRIS MARIA MONTERROSA MARTINEZ (esposa de la
víctima);ALBERTO JOSE MEZA CONTRERAS(victima) actuando en nombre
propio y en representación de mis menores hijos: CECILIA ESTHER MEZA
OCHOA y ALBERTO JOSE MEZA OCHA (victimas e hijos de la víctima) y
CLAUDIA PATRICIA OCHOA MARTINEZ(víctima y compañera de la víctima);
ARNOLD JOSE BUELVAS RIVERA(victima); PEDRO MANUEL RIVERA
CABRERA(victima); MARCOS TULIO VILLAFAÑE
FERNANDEZ(victima);PEDRO MANUEL RIVERA MONTERO(victima); JASID
ANTONIO ALVAREZ CHIMA(Victima) y MARIA LUISA HERRERA
SALAZAR(Compañera de la víctima); RAFAEL DAVID GUZMAN
LUNA(Victima) actuando en nombre propio y en representación de sus
menores hijos RAFAEL DAVID GUZMAN TERAN y BRANDON RAFAEL
GUZMAN TERAN(victimas e hijos de las victimas), EMILCE DEL CARMEN
TERAN ROMERO(Victima y compañera de la víctima), MARGARITA
GUZMAN TERAN(Victima e hijo de la victimas); HUMBERTO RAFAEL
FERRER SALAZAR(Victima), JULIETH PAOLA FERRER RIOS, BETY
JUDITH FERRER RIOS, JESICA PATRICIA FERRER RIOS, HUMBERTO
RAFAEL FERRER RIOS(victimas e hijos de la víctima) y EURIS MANRIQUE
RIOS(Victima y compañera de la víctima); PEDRO MIGUEL MADRID
TERAN(victima) actuando en nombre propio y en representación de sus
menores hijos: EVA SANDRITH MADRID PRIMERA, MOISES DAVID
MADRID PRIMERA, MARIA DEL CARMEN MADRID PRIMERA, ANGIE
PAOLA MADRID PRIMERA y JHOENIS SANDRITH MADRID
PRIMERA(victimas e hijos de las victimas) AIDETH PRIMERA
CASTRO(compañera de la víctima); VICTOR ANTONIO ARROYO
MARTINEZ(Victima) actuando en nombre propio y en representación de sus
menores hijos: LAURA VANESA ARROYO TERAN y CRISTIAN ANDRES
ARROYO TERAN(hijos de la víctima) y ILIN RAFAEL LUNA IBAÑEZ(victima)
actuando en nombre propio y en representación de mi menor hijo: YULIAN
PAOLA LUNA DIAZ(Victima e hijo de la víctima); JOSE ENRIQUE MONTERO
DIAZ(victima) actuando en nombre propio y en representación de sus menores
hijos: BRENDA LUZ MONTERO ROMERO y BREICY PAOLA MONTERO
ROMERO(victimas e hijos de la víctima) y LELIS ORTENCIA ROMERO
MARTINEZ(víctima y compañera de la víctima) actuando en nombre propio y
en representación de su menor hijo: LEONARDO RAFAEL ROMERO(victima
e hijo de la víctima); NARDI EDUARDO VELANDIA GAMARRA(victima) y
ERIKA PATRICIA JULIO ARIAS(víctima y compañera de la víctima); GUAN
TEYKIS GUERRERO OCHOA(victima); EDUARD MIGUEL PONCE
ANGULO(victima), FARID EDUARDO PONCE RAMIREZ(victima e hijo de la
víctima); WALBER MANUEL DIAZ ARROYO(victima) y SANDRA DE JESUS
SALCEDO AVILES(víctima y compañera de la víctima) actuando en nombre
propio y en representación de sus menores hijos: NAIREDTH PAOLA
CHARRY SALCEDO y OSNAIDER DE JESUS CHARRY SALCEDO(victimas
e hijos de la víctima); JOSE CARDENIO DIAZ ARROYO(victima), ERIKA
YESMITH DIAZ CAMARGO, MARIA MARGARITA DIAZ CAMARGO y
DARWIN JOSE DIAZ CAMARGO (victimas e hijos de la víctima); RAFAEL
29
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
ENRIQUE VIDES HERRERA(victima) actuando en nombre propio y en
representación de su menor hijo: RAFAEL ENRIQUE VIDES
FONTALVO(victima e hijo de la víctima), ARAJADIS FONTALVO
GRACIA(Victima y compañera de la víctima), YENIFER VIDES FONTALVO y
EDWIN RAFAEL VIDES FONTALVO(victima e hijos de la victimas); LUIS
CARLOS VILLAFAÑE FERNANDEZ(victima) actuando en nombre propio y en
representación de sus menores hijos: WENDY PAOLA VILLAFAÑE CASERES
y LUIS ANDRES VILLAFAÑE CASERES(victima e hijos de la víctima), KELLY
JOHANA VILLAFAÑE CASERES(victima e hija de la víctima) y DIANA LUZ
CASERES CASTILLO(víctima y compañera de la víctima); EUSTAQUIO DEL
CRISTO ARIAS(Victima), LUIS ARMANDO LUNA IBAÑEZ, YULEIDIS ELENA
LUNA IBAÑEZ(victimas); MANUEL JOSE ANGULO PERTUZ(victima),
actuando en nombre propio y en representación de su menor hija: MAYERLIS
ANGULO PAREDES(victima e hija de la víctima) y YANERIS PATRICIA
PAREDES ROMER(víctima y compañera de la víctima); CARLOS RAFAEL
ARIAS VALDEZ(victima) actuando en nombre propio y en representación de
sus menores hijos: CAROL ANDREA ARIAS GUZMAN, JEAN CARLOS
ARIAS GUZMAN y YEILIS ENITH ARIAS GUZMAN(victima e hijos de la
víctima); ASTOLFO GENOR QUESADA PABON(victima) actuando en nombre
propio y en representación de su menores hijos:, ESTHER DANIELA
QUEZADA BARRIOS, SNAIDER ANDRES QUESADA BARRIOS y ANDRES
FELIPE QUESADA BARRIOS(victima e hijos de las victimas), ROSA
ANGELICA QUEZADA BARRIOS(victima e hija de la víctima) y ARELIS
MARIA BARRIOS MIRANDA(víctima y compañera de la víctima);
ALEXANDER SIERRA OCHOA(victima) actuando en nombre propio y en
representación de mis menores hijos: KAROLAY SIERRA MARTINEZ, MARIA
ALEJANDRA SIERRA MARTINEZ y ALEXANDER SIERRA
MARTINEZ(victimas e hijos de la víctima); JORGE LUIS BUELVAS
BARRIOS(victima) actuando en nombre propio y en representación de su
menor hija: ESTHER SARAY BUELVAS CARDENAS(victima e hija de la
víctima), ROCIO DEL CARMEN CARDENAS DE ORO(víctima y compañera
de la víctima); MARIA CAMILA BUELVAS CARDENAS(victima e hija de las
victimas) y MAIRA ALEJANDRA BUELVAS CARDENAS (victima) actuando en
nombre propio y en representación de su menor hija: MARIA JULIANA MEZA
BUELVAS(victima e hija de la víctima); RAFAEL ENRIQUE MADRID
TERAN(victima) actuando en nombre propio y en representación de sus
menores hijos: ALDAIR MADRID PAREDES, DAYANA MADRID PAREDES y
JHARISET MADRID PAREDES(victimas e hijos de la víctima) y AMIRA
ISABEL PAREDES ROMERO (víctima y compañera de la víctima); DAIRO
MANUEL DIAZ VERGARA(victima), LUZ ELENA FONSECA
CARVAJAL(Victima) actuando en nombre propio y en representación de sus
menores hijos: MELISA PAOLA FONSECA CARVAJAL, NAYERLIS PAOLA
FONSECA CARVAJAL y JEILIN PAOLA FONSECA CARVAJAL(victimas e
hijas de las victimas), VANESA PAOLA FONSECA CARVAJAL(victima e hija
de la víctima); ANGEL MIGUEL RIVERA MONTERO(victima), MARLENE DEL
SOCORRO MONTERO ACOSTA(víctima y compañera de la víctima) y
SANDRA PATRICIA CANOLE DE AVILA(victima); JAIR ALFONSO NARVAEZ
MARQUEZ(Víctima) actuando en nombre propio y en representación de sus
menores hijos: MAYERLY SOFIA NARVAEZ MEZA y NAILYN SOFIA
NARVAEZ MEZA(víctima e hijo de la víctima), CLAUDIA PATRICA MEZA
ANILLO(víctima y compañera de la víctima); SAMUEL JOSE DIAZ
VERGARA(Victima) actuando en nombre propio y en representación de sus
menores hijas: MARIA CAMILA DIAZ SARMIENTO y GINA PATRICIA DIAZ
SARMIENTO(victimas e hijas de la víctima); DALMIRO ENRIQUE DIAZ
30
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
VERGARA(Victima) actuando en nombre propio y en representación de su
menor hijo: JUAN DAVID DIAZ TEJEDA(Victima e hijo de la víctima); FRED
CORONADO SANCHEZ(victima) y YADIRA ANGULO PATERNINA(víctima y
esposa de la víctima); RAFAEL SEGUNDO SANCHEZ ALVAREZ(Victima) y
MARLIN MARTINEZ ALVIS(víctima y esposa de la víctima); YAIR ALFONSO
BUELVAS RIVERA(victima); ALBERTO RAFAEL MEZA ANILLO (victima);
SEGUNDO RAFAEL RIVERA MONTERO(victima)actuando en nombre propio
y en representación de sus menores hijos: ISAAAC RAFAEL RIVERA
OLIVERA(victima e hijo de la víctima), KELIS PAOLA OLIVERA
TORRES(víctima y esposa de la víctima); FLORENTINO JOSE OLIVERA
PARDO(victima) actuando en nombre propio y en representación de sus
menores hijos: OSCAR DAVID OLIVERA MORALES, DANIEL ANDRES
OLIVERA MORALES e IVAN DARIO OLIVERA MORALES(victimas e hijos de
la víctima), EDILMA ISABEL MORALES FLOREZ(víctima y esposa de la
víctima), PABLO ANDRES OLIVERA MORALES, LIONEGAS OLIVERA
MORALES(victimas e hijos de la víctima); LUIS DARIO FERNANDEZ
BONILLA(Victima), actuando en nombre propio y en representación de su
menor hijo: ISIDRO JUNIOR FERNANDEZ FONTALVO(victimas e hijos de la
víctima), DUBIS ESTER FONTALVO CANTILLO(Victima y esposa de la
víctima), LUIS DARIO FERNANDEZ FONTALVO, CRISTIAN DAMIAN
FERNANDEZ FONTALVO, ORLANDO JUNIOR FERNANDEZ
FONTALVO(victima e hijo de la víctima); SEBASTIAN SEGUNDO IBAÑEZ
MOLINA(victima) actuando en nombre propio y en representación de su menor
hijo: JHIANSTIAN FELIPE IBAÑEZ ARAGON(victima e hijo de la víctima),
LUIS ALFREDO IBAÑEZ ARAGON y KAREN MARGARITA IBAÑEZ ARAGON
(victima e hijos de la víctima), ENALFIS JUDITH ARAGON DE AVILA(Victima
y compañera de la víctima); […] MARWIN ANDRES CUETO PEREZ y
KAROLAYN ANDREA CUETO PEREZ (victimas e hijos de la víctima);
ARISTIDES JOSE RIVERO OLIVERA(victima);OSVALDO SEGUNDO
MENDOZA GUZMAN (victima), CARMEN EMPERATRIZ SALGADO
MERCADO (víctima y compañera de la víctima), BRAUDYS GUILLERMO
MENDOZA SALGADO (victima e hijo de la víctima) e INDELSON JAVIER
MENDOZA SALGADO(victima e hijo de la víctima); EDWIN JAVIER MEDINA
VILLEGA(victima) y LEIDIS ISABEL SANCHEZ RIVERA( víctima y compañera
de la víctima); WISTON MANUEL ESTAN DOMINGUEZ(victima) actuando en
nombre propio y en representación de sus menores hijos: CAMILO ANDRES
ESTAN MORENO y OMAR LUIS ESTAN MORENO(victimas e hijos de la
víctima), ANA MARIA MORENO CARMONA(víctima y compañera de la
víctima), MARCOS ANTONIO ESTAN MORENO(victima e hijo de la víctima)
y WILSON ALEJANDRO ESTAN MORENO(victima e hijo de la víctima); EBER
EDUARDO TORRES MONTES(victima) actuando en nombre propio y en
representación de su menor hijo: DAYLER DAVID TORRES
NAVARRO(victima e hijo de la víctima), MAGALI ISABEL NAVARRO
NAVARRO (víctima y compañera de la víctima),HEINER JOSE TORRES
NAVARRO(victima e hijo de la víctima);JOSE ANTONIO VASQUEZ
RUIZ(victima) actuando en nombre propio y en representación de su menor
hijo: ELIANA JUDITH VASQUEZ HERRERA(victima e hijo de la
víctima),DIANA JUDITH HERRERA PARRA(Victima y compañera de la
víctima), JOSE ANTONIO VASQUEZ HERRERA y DIANA MARGARITA
VASQUEZ HERRERA(víctimas e hijos de la víctima); LORENZA MARIA
SOLANO DEL CASTILLO(victima); JULIO HUMBERTO TORRES
MERCADO(victima); JAVIER ENRIQUE SALCEDO MONTES(victima);».
31
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Emerson Cortes Monterroza y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Cuarta de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04108-00
Anexo n. º 2.
«1. ALBERTO JOSE MEZA CONTRERAS. 2. CLAUDIA PATRICIA OCHOA
MARTINEZ. 3. ARNOLD JOSE BUELVAS RIVERA. 4. MARCOS TULIO
VILLAFAÑE FERNANDEZ. 5. PEDRO MANUEL RIVERA MONTERO. 6. RAFAEL
DAVID GUZMAN LUNA. 7. EMILCE DEL CARMEN TERAN ROMERO. 8.
MARGARITA ROSA GUZMAN TERAN. 9. HUMBERTO RAFAEL FERRER
SALAZAR. 10. JULIETH PAOLA FERRER RIOS. 11. BETY JUDITH FERRER RIOS
12. YESICA PATRICIA FERRER RIOS. 13. HUMBERTO RAFAEL FERRER RIOS
14. EURIS MANRIQUE RIOS. 15. VICTOR ANTONIO ARROYO MARTINEZ. 16.
NARDI EDUARDO VELANDIA GAMARRA. 17. ERIKA PATRICIA JULIO ARIAS. 18.
EDUARDO MIGUEL PONCE ANGULO. 19. FARID EDUARDO PONCE RAMIREZ
20. WALBER MANUEL DIAZ ARROYO. 21. SANDRA DE JESUS SALCEDO
AVILES. 22. OSNAIDER DE JESUS CHARRY SALCEDO. 23. JOSE CARDENIO
DIAZ ARROYO. 24. ERICA YESMITH DIAZ CAMARGO. 25. MARIA MARGARITA
DIAZ CAMARGO. 26. DARWIN JOSE DIAZ CAMARGO. 27. LUIS CARLOS
VILLAFAÑE FERNANDEZ. 28. KELLYS JOHANA VILLAFAÑE CASERES. 29.
DIANA LUZ CASERES CASTILLO. 30. EUSTAQUIO DEL CRISTO ARIAS. 31. LUIS
ARMANDO LUNA IBAÑEZ. 32. YULEDIS ELENA LUNA IBAÑEZ. 33. MANUEL
JOSE ANGULO PERTUZ. 34. YANERIS PATRICIA PAREDES ROMERO. 35.
ALEXANDER SIERRA OCHOA. 36. RAFAEL ENRIQUE MADRID TERAN. 37.
AMIRA ISABEL PAREDES ROMERO. 38. DAIRO MANUEL DIAZ VERGARA. 39.
LUZ ELENA FONSECA CARVAJAL. 40. ANGEL MIGUEL RIVERA MONTERO. 41.
MARLENE DEL SOCORRO MONTERO ACOSTA. 42. SANDRA PATRICIA
CANOLE DE AVILA. 43. CLAUDIA PATRICA MEZA ANILLO. 44. RAFAEL
SEGUNDO SANCHEZ ALVAREZ. 45. MARLIS JUDITH MARTINEZ ALVIS. 46.
YAIR ALFONSO BUELVAS RIVERA. 47. ALBERTO RAFAEL MEZA ANILLO. 48.
LUIS DARIO FERNANDEZ BONILLA. 49. DUBIS ESTER FONTALVO CANTILLO.
50. ORLANDO JUNIOR FERNANDEZ FONTALVO. 51. SEBASTIAN SEGUNDO
IBAÑEZ MOLINA. 52. LUIS ALFREDO IBAÑEZ ARAGON. 53. KAREN
MARGARITA IBAÑEZ ARAGON. 54. ENALFIS JUDITH ARAGON DE AVILA. 55.
HECTOR MANUEL ARRIETA OLIVERA. 56. ELINA DEL SOCORRO ARRIETA
OLIVERA. 57. MARIA ALEJANDRA ARRIETA ARRIETA. 58. EDUARDO RAFAEL
ARRIETA ARRIETA. 59. JADER ENRIQUE CUETO VERGARA. 60. ARISTIDES
JOSE RIVERO OLIVERA. 61. OSVALDO SEGUNDO MENDOZA GUZMAN. 62.
CARMEN EMPERATRIZ SALGADO MERCADO. 63. BRAUDYS GUILLERMO
MENDOZA SALGADO. 64. INDELSON JAVIER MENDOZA SALGADO. 65. EDWIN
JAVIER MEDINA VILLEGA. 66. LEIDIS ISABEL SANCHEZ RIVERA. 67. EBER
EDUARDO TORRES MONTES. 68. MAGALI ISABEL NAVARRO NAVARRO. 69.
HEINER JOSE TORRES NAVARRO. 70. JAVIER ENRIQUE SALCEDO MONTES».
32
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.