Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04128-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04128-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04128-00
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
15 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04128-00
Demandante: Anderson Gil Castro
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia
– Temeridad.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 3 de julio de 2025, Anderson Gil Castro, en su calidad de Juez Segundo de
Reconsideración de Bogotá, presentó acción de tutela contra el Juzgado Cincuenta
y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá y el Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá,
con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, debido proceso, igualdad, buen nombre y defensa.
2. Solicitó que se declare la nulidad de las sentencias del 27 de enero y 7 de marzo
de 2025, emitidas dentro de la acción de tutela2 que promovió la Cooperativa
Multiactiva de Almacenes Unidos San Andresito (Coomaunidos) en contra del
Juzgado Segundo de Reconsideración de Bogotá y el Juzgado Veinticuatro de Paz
de Bogotá. Con dicha demanda se pretendió dejar sin efectos la diligencia de entrega
de un inmueble de propiedad de la demandante, sin que fuera notificada ni hubiera
podido participar en debida forma en dicho procedimiento, así como tampoco, en el
proceso conciliatorio previo, en virtud del cual se dispuso sobre el dominio y tenencia
del bien.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Rad. 11001-40-03-005-2024-01354-00/02.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04128-00
Demandante: Anderson Gil Castro
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cuatro
Civil del Circuito de Bogotá y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
3. Mediante la providencia de 7 de marzo de 2025, el Juzgado accionado modificó la
decisión adoptada por el a quo3, al conceder el amparo solicitado por la Cooperativa
y declarar la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de restitución de bien
inmueble promovido en el Juzgado Veinticuatro de Paz de Bogotá, inclusive desde
su admisión. Encontró acreditado que los juzgados de paz y reconsideración no
tuvieron en cuenta que en los folios de matrícula aportados para su conocimiento, en
varias anotaciones aparece como propietaria del predio Coomaunidos, obviaron la
solicitud de vinculación presentada por dicha corporación y pareciera que asumieron
conocimiento del asunto sin competencia para ello, al no cumplirse con los
presupuestos establecidos en el artículo 9 de la Ley 497 de 1999.
4. En virtud de estas falencias y el actuar negligente adoptado por ambos despachos
judiciales durante el trámite de la acción de tutela, al no haber aportado la totalidad
del expediente ordinario aun cuando fueron requeridas para ello, se adicionó el fallo
de primera instancia y se compulsaron copias en contra de ambos despachos
judiciales a la “Sala Disciplinaria del Concejo Seccional de la Judicatura”.
5. Mediante oficio 25-1168 del 26 de junio de 2025, se le informó al accionante que
se dio apertura a un incidente de desacato en su contra, por no haber declarado la
nulidad de todo lo actuado, ante lo cual afirmó que no puede acatar la orden dada
por el juez de tutela hasta que no se resuelva esta y otra solicitud de amparo cuyo
conocimiento correspondió a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia.
6. La parte actora alegó que los jueces de tutela incurrieron en desconocimiento del
principio de la non reformatio in pejus y de lo dispuesto en el artículo 31 de la
Constitución porque, aun cuando fue apelante único, se profirió fallo de segunda
instancia sobre aspectos que no fueron objeto de impugnación, como la anulación
de todo lo actuado y la compulsa de copias en su contra.
7. Además, alegó que los fallos objeto de debate se profirieron en desconocimiento
de que existe un documento en el que reposan las firmas de representantes de
Coomaunidos reconociendo que voluntariamente hacen entrega del inmueble. Sobre
el particular, afirmó que no le fue posible aportarlo al contestar la tutela ni presentar
la impugnación, pues no tenía esa prueba en su poder, la pudo obtener con
posterioridad gracias a que uno de los miembros de la junta de dicha corporación le
entregó copia. Solicitó valorar en este proceso esta prueba y, conforme a su
contenido, declarar la nulidad de los fallos de tutela enjuiciados, al ser contrarios a la
verdad probatoria.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
3 Solo declaró la nulidad de la diligencia de entrega del bien inmueble, ordenando vincular debidamente a la
Cooperativa propietaria.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04128-00
Demandante: Anderson Gil Castro
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cuatro
Civil del Circuito de Bogotá y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
8. Por auto del 10 de julio de 2025, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela; (ii)
notificar de su presentación a las autoridades judiciales accionadas; (iii) vincular a
Coomaunidos, al Juzgado 24 de Paz de Bogotá, al Juzgado 43 de Pequeñas Causas
y Competencia Múltiple de Bogotá, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la sociedad
Parking Colon S.A.S., así como a los señores Miguel Antonio Salazar Duque, Jesús
Bertulio Sánchez Sierra y Jorge Enrique Murcia Hurtado; (iv) comunicar la decisión
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y; (v) requerir al Juzgado
Quinto Civil Municipal de Bogotá para que remita copia digital del expediente con
radicado número 11001-40-03-005-2024-01354-00/02.
(i) Juzgado 43 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá4
9. Informó que el 23 de septiembre de 2024 decidió la acción de tutela que promovió
Miguel Antonio Salazar contra el Juzgado Segundo de Reconsideración de Bogotá,
en la que se concedió el amparo solicitado y se ordenó a dicho despacho adelantar
la diligencia de entrega del inmueble por haber una demora injustificada de año y
medio5. Allegó copia digital del expediente con radicado 11001-41-89-043-2024-
01338-00, e informó que el fallo no fue impugnado, por lo que ya había sido remitido
a la Corte Constitucional.
(ii) Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá6
10. Respecto a la presunta violación del principio de la non reformatio in pejus alegó
que, el 12 de marzo de 2025, el demandante allegó solicitud de nulidad del fallo de
tutela de segunda instancia que se reprocha, sustentada en ese mismo yerro judicial,
la cual fue rechazada de plano en auto del 17 de marzo siguiente, por no ser una de
las causales enlistadas en el artículo 133 del CGP.
11. Pidió tener en cuenta que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha
indicado que la viabilidad del principio cuyo desconocimiento se alega, en materia de
tutela se restringe a aquel tipo de condenas que son realmente adicionales y que
comportan un aspecto eminentemente económico, pues fuera de tales eventos, el
juez de segunda instancia es libre de modificar el fallo objeto de impugnación.
12. Finalmente, alegó que el accionante actuó con temeridad al estar acreditado que
inició otra acción de tutela por los mismos hechos y pretensiones ante la Corte
Suprema de Justicia, con el radicado 11001-02-03-000-2025-02068-00.
(iii) Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá7
4 Intervención digital contenida en 1 folios.
5 Esta decisión es previa a la que se cuestiona en esta oportunidad.
6 Intervención digital contenida en 4 folios.
7 Intervención digital contenida en 1 folio.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04128-00
Demandante: Anderson Gil Castro
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cuatro
Civil del Circuito de Bogotá y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
13. Pidió negar el amparo remitiéndose a las razones expuestas en el fallo de tutela
cuestionado.
(iv) Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría Distrital de Gobierno8
14. Solicitósu desvinculación del trámite de tutela al estimar que carece de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no es competente para atender las
pretensiones de la demanda, al versar sobre decisiones judiciales que no tienen
relación con su ámbito de competencia. Además, alegó que la solicitud de amparo
debe declararse improcedente porque el accionante tiene otros mecanismos
judiciales para la defensa de sus derechos fundamentales, como la insistencia ante
la Corte Constitucional para que su caso fuera seleccionado.
(v) Parking Colón S.A.S.9
15. Afirmó que en el presente caso debe declararse que el accionante actuó con
temeridad y mala fe, pues previamente presentó acción de tutela con partes, hechos
y causa idénticas, bajo el radicado 11001020300020250206800. Señaló que la única
diferencia entre ambas solicitudes de amparo es que en este proceso, se aduce
como argumento adicional a la violación al principio de la non reformatio in pejus, la
presunta existencia de un documento en el que los representantes de Coomaunidos
entregan libremente el inmueble, que no fue valorado por los jueces constitucionales.
Diferencia que, según lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia T-146 de
2023, no tiene la entidad para desvirtuar la cosa juzgada.
16. Adicionalmente puso de presente diversos hechos que denotan que el actuar del
accionante siempre ha sido por fuera del marco legal.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Cuestión previa
17.
Esta Subsección negará la solicitud de desvinculación propuesta por la Alcaldía
Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Gobierno, toda vez que le asiste un interés
legítimo para intervenir en el presente asunto, en la medida que ostentó la calidad
de tercera interesada dentro del proceso en el que se profirió la sentencia que se
pretende dejar sin efectos.
D. Análisis del caso concreto
8 Intervención digital contenida en 14 folios.
9 Intervención digital contenida en 4 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04128-00
Demandante: Anderson Gil Castro
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cuatro
Civil del Circuito de Bogotá y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
18.
Esta Subsección declarará improcedente el amparo tras encontrar acreditado que
la parte accionante presentó otra acción de tutela con fundamento en los mismos
hechos que fueron puestos a consideración del juez constitucional en esta
oportunidad, sin justificación alguna.
19.
La Sala pudo constatar que el señor Anderson Gil Castro ya acudió al juez
constitucional, solicitando el amparo de sus derechos fundamentales, con ocasión
de la sentencia proferida el 7 de marzo de 2025 por el Juzgado Cincuenta y Cuatro
Civil del Circuito de Bogotá, respectivamente, en el expediente de tutela con radicado
número 11001-40-03-005-2024-01354-00/02.
20.
Dicha acción de tutela y la que se estudia en esta ocasión guardan identidad en
las partes que conforman tanto el extremo pasivo como el activo, se fundamentan en
supuestos fácticos idénticos y persiguen el mismo objeto.
21.
En efecto, aquella fue promovida por el señor Gil Castro en busca de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración atribuyó al Juzgado Cincuenta y Cuatro
Civil del Circuito de Bogotá al proferir el fallo de tutela del 7 de marzo de 2025 dentro
del expediente con radicado 11001-40-03-005-2024-01354-02. Las pretensiones se
orientaron a que se decretara la nulidad de dicha sentencia y se profiera nuevo fallo
ciñéndose exclusivamente a lo debatido en el escrito de impugnación presentado por
el actor.
22.
A ese asunto se le asignó el radicado 11001-02-03-000-2025-02068-00/01 y le
correspondió, en segunda instancia, a la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, la cual, mediante sentencia del 18 de junio de 2025, confirmó
la decisión adoptada por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la misma
Corporación, que declaró improcedente la solicitud de amparo tras determinar que
se atacaba una decisión de igual naturaleza, sumado a que tampoco se cumplía con
la subsidiariedad, en la medida en que todavía contaba con la posibilidad de que el
asunto fuera seleccionado en revisión y, eventualmente, podría presentar solicitud
de insistencia.
23.
Aunque en esa ocasión el actor no planteó expresamente la supuesta violación
del principio de la non reformatio in pejus, la falta de valoración de una prueba que
no pudo aportar durante el trámite de tutela como en el presente asunto, lo cierto es
que en ambos asuntos, se cuestionó la misma decisión judicial y por idéntica razón,
esto es, el desmejoramiento de su condición aunque fue apelante único, por
estudiarse asuntos que no fueron alegados en la impugnación presentada contra la
decisión adoptada por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04128-00
Demandante: Anderson Gil Castro
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cuatro
Civil del Circuito de Bogotá y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
24.
Dicho expediente fue enviado para revisión por la Corte Constitucional, sin que a
la fecha se haya decidido si será seleccionado o no por dicha alta corte10.
25.
En las condiciones anotadas, resulta claro que desde ese entonces la jurisdicción
constitucional ya había emitido un pronunciamiento de fondo acerca de la discusión
relativa a la supuesta vulneración de los derechos fundamentales del actor con
ocasión de la providencia del 7 de marzo de 2025.
26.
Bajo ese escenario, no queda duda de que el señor Anderson Gil Castro ha
sometido a consideración del juez de tutela los mismos hechos y pretensiones, sin
exponer alguna razón válida que justifique su proceder. Aun cuando la Corte
Suprema de Justicia declaró improcedente la primera tutela por la falta de
acreditación de uno de los presupuestos generales de procedencia, ello no puede
confundirse con la inexistencia de un fallo de fondo, ni puede equipararse a una
providencia inhibitoria, pues esa declaración implicó necesariamente el examen del
asunto a la luz de los requisitos generales de procedibilidad, que se concretó en la
adopción de una decisión respecto a las pretensiones, que ya se encuentra
debidamente ejecutoriada y reviste el carácter de cosa juzgada.
27.
Si bien el demandante incluye en la acción de tutela que analiza esta Subsección,
la no valoración de un documento en el que supuestamente los representantes y
miembros de la junta directiva de Cooomaunidos aceptaron libremente entregar el
inmueble, como un hecho y argumento nuevo, a juicio de la Sala, dicho alegato no
tiene la entidad de desvirtuar la temeridad porque además de no revestir ese
carácter, en realidad tienen por objeto crear una situación aparentemente
diferenciadora para lograr un pronunciamiento judicial favorable a sus intereses, sin
importar cuantas veces deba activar el aparato jurisdiccional.
28.
Dicho actuar no solo revela una actuación irregular del accionante, sino también
un ejercicio abusivo y desproporcionado del derecho, pues además se cuestiona
otro fallo constitucional sin hacer un mínimo esfuerzo por acreditar los presupuestos
de procedencia de la acción de tutela contra este tipo de providencias. Cabe resaltar
que el ejercicio de la acción de tutela debe responder a los principios de lealtad
procesal, buena fe y prohibición de abuso del derecho, en aras de evitar el desgaste
injustificado del aparato judicial ante la reiteración de solicitudes improcedentes y
frente a las cuales ya se ha adoptado una decisión judicial que goza de fuerza
vinculante.
29.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud
de amparo tras advertir que el accionante incurrió en temeridad.
10 Consta en la página de consulta de la Secretaría General de la Corte Constitucional que el 13 de agosto de
2025, el asunto pasó a radicación y se le asignó el número de expediente T-11397127, sin que se haya surtido
Sala de Selección en la que se incluyera dicha tutela.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04128-00
Demandante: Anderson Gil Castro
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cuatro
Civil del Circuito de Bogotá y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
30.
Finalmente, en atención a que existe un claro abuso de la acción de tutela, en la
parte resolutiva de esta decisión la Sala reiterará las órdenes emitidas en el reciente
pronunciamiento de esta Subsección el 4 de abril de 202511.
31.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado por el
señor Anderson Gil Castro de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al accionante Anderson Gil Castro que se abstenga de
presentar más acciones de tutela con identidad de partes, objeto y causa a la que se
estudió en esta providencia; valiéndose de artificios y de formalidades para denotar
la existencia de hechos nuevos inexistentes -como se indicó en la parte
considerativa-. El mencionado señor debe tener en cuenta que el incumplimiento de
esta orden habilitará a cualquier autoridad judicial, que conozca de otro asunto
similar a futuro, no sólo a declarar la temeridad, sino a -si lo estima- compulsar copias
a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión del delito
de fraude a resolución judicial. Lo anterior, sin perjuicio de las demás consecuencias
legales que puedan derivar de futuras actuaciones temerarias.
TERCERO: REMITIR copia de esta decisión a los despachos que integran la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, para que ante acciones
de tutela futuras con identidad de partes, objeto y causa, valoren la posibilidad de
rechazar de plano, en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991. A su
vez, ORDENAR a la Secretaría General de esta corporación que, a futuro, en todas
las acciones de tutela que presente el señor Anderson Gil Castro, en las que advierta
identidad de partes, objeto y causa con el caso aquí estudiado, prevenga al despacho
que deba conocer de su admisión, sobre lo dispuesto en esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
11 En el marco de la acción de tutela con radicado número 11001-03-15-000-2024-07030-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04128-00
Demandante: Anderson Gil Castro
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cuatro
Civil del Circuito de Bogotá y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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