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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04137-00

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04137-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA del abogado Luis Gabriel Arenas Ortiz, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, de acuerdo con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04137-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

11 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04137-00
Accionante: I.P.S. CONFIANSALUD LLANOS
Accionado: SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO DE ESTADO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – Abogados
deben aportar poder especial que los faculte para presentar una solicitud de amparo
constitucional; el poder, además de ser especial, debe ser específico / CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO – Ya se asignó un radicado y
reparto de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la acción de tutela instaurada por el
abogado Luis Gabriel Arenas Ortiz como apoderado del señor Víctor Alfonso Salinas
Ibagón, quien a su vez alegó ser el representante legal de la I.P.S. Confiansalud
Llanos, contra la Secretaría General del Consejo de Estado, de conformidad con lo
consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en los artículos 29 y 37 del
Decreto 2591 de 1991 y en el Decreto 333 de 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 3 de julio de 2025, el abogado Luis Gabriel Arenas Ortiz, en calidad de
apoderado del señor Víctor Alfonso Salinas Ibagón, quien a su vez manifestó ser el
representante legal de la I.P.S. Confiansalud Llanos, presentó acción de tutela
contra la Secretaría General del Consejo de Estado. Esa solicitud se presentó con
el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia.

Hechos relevantes

2. El 4 de abril de 2025, el abogado Luis Gabriel Arenas Ortiz, en calidad de
apoderado del señor Víctor Alfonso Salinas Ibagón, quien manifestó actuar como
representante legal de la I.P.S. Confiansalud Llanos, presentó demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho. Este medio de control se originó en el
cuestionamiento de la Resolución No. 61 del 5 de diciembre de 2024, expedida por
el Agente Especial liquidador de Medimas EPS S.A.S. en liquidación.

1 Que ingresó para fallo el 1°. de agosto de 2025.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04137-00
Accionante: I.P.S. Confiansalud Llanos
Accionado: Secretaría General del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

3. La demanda se radicó en el portal web de la Rama Judicial. A su vez, se recibió
una notificación de la Secretaría General a través del correo institucional
cegral02@notificacionesrj.gov.co con el número de solicitud 16226. Allí se realizó
un acuse recibido y se confirmó la recepción del escrito de la demanda y los anexos
exigidos. Es decir, el poder, los certificados de existencia, copia de la resolución de
la demandada y las pruebas documentales.

4. Sin embargo, a la radicación de la acción de tutela no se había asignado un
número de radicación relacionado con la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Pretensiones

5. La parte accionante solicitó lo siguiente:

“1. Que se tutelen los derechos fundamentales al acceso a la justicia y al debido
proceso de IPS CONFIANSALUD LLANOS.

2. Que se ordene a la Secretaría General de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o al órgano judicial competente, que en el término de 48 horas,
proceda a la asignación de radicado, reparto y apertura del trámite procesal
correspondiente a la solicitud No. 16226, presentada el 4 de abril de 2025.

3.Que se adopten las medidas necesarias para garantizar que no vuelva a
presentarse esta omisión frente a demandas debidamente radicadas por
medios oficiales”. (Negrita dentro del texto).

Fundamentos de la demanda de tutela

6. El accionante alegó que habían transcurrido más de 80 días sin que se asignara
un radicado a su demanda, lo cual vulnera el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia. Además, expresó que se afectaron los derechos
patrimoniales de la IPS, pues se esperaba la decisión de fondo sobre una acreencia
omitida por la entidad liquidada Medimas EPS. A su juicio, esta omisión perjudicó
su flujo financiero y el funcionamiento dentro del sistema de salud.

7. A su vez, dijo que, ante la falta del trámite formal, no existía otro mecanismo
judicial eficaz que permitiera activar el estudio del caso.

8. Por último, como fundamentos de derecho, el demandante mencionó los artículos
229 y 86 de la Constitución Política, los artículos 10, 15 y 23 del Decreto 2591 de
1991 y las sentencias T-007 de 1992, T-522 del 2001 y T-310 del 2021.

Trámite en primera instancia

9. A través de auto del 7 de julio de 20252, el despacho requirió al abogado Luis
Gabriel Arenas Ortiz para que allegara el poder que le permite ejercer la
representación judicial de la I.P.S. Confiansalud Llanos. Dado que el documento de

2 Obra en certificado 85A018CF88DA705B D6DB074C5996EFF9 A9994CD7880334CD
C24270C6A073B583, índice 4 de samai.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04137-00
Accionante: I.P.S. Confiansalud Llanos
Accionado: Secretaría General del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

representación allegado carecía de un objeto específico y determinado de
representación de los intereses del accionante en relación con los derechos
fundamentales que se alegaban en esa ocasión. Tampoco identificó la autoridad o
persona demandada ni contenía la enunciación clara de los hechos que sustentaban
las pretensiones formuladas. Sumado a que en el poder se encontró que se había
otorgado 7 meses antes de la presentación de la acción de tutela.

10. El 9 de julio de 2025, la Secretaría de esta Corporación notificó el auto precitado
a la IPS Confiansalud Llanos Representante Luis Gabriel Arenas Ortíz a los correos
electrónicos lugarortiz54@gmail.com y confiansaludllanos@hotmail.com.

11. El 14 de julio de 20253, el abogado Luis Gabriel Arenas Ortiz allegó el mismo
poder que fue adjuntado con la solicitud de tutela. A su vez, envió un memorial en
el cual expresaba que indicaba con las exigencias señaladas por la Corte
Constitucional4 por su especificidad, claridad del objeto y legitimación.

12. Mediante auto del 22 de julio de 2025, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Secretaría General del
Consejo de Estado como accionado, para que ejercieran su derecho de defensa;
requirió al señor Víctor Alfonso Salinas Ibagón para que en el término de 3 días
contados a partir de la comunicación allegara la certificación mediante la cual se
acreditara su condición de representante legal de la IPS Confiansalud Llanos y tuvo
como pruebas las allegadas con la solicitud de amparo.

Intervenciones

13. La Secretaria General del Consejo de Estado explicó que luego de efectuar
las verificaciones correspondientes en los registros de control y seguimiento de las
demandas de conocimiento de esa Secretaría, se encontró que el 4 de abril de 2025
la I.P.S. Confiansalud Llanos presentó la demanda No. 16226.

14. En el mismo sentido, explicó que el asunto se trasladó a la Secretaría de la
Sección Primera mediante la ventanilla de atención virtual del Sistema para la
Gestión Judicial Samai. Lo anterior debido a que le correspondía a esa dependencia
de acuerdo con la distribución y criterio de especialización que estableció el artículo
13 del Acuerdo 080 de 20195.

15. Adujo que se utilizó la funcionalidad de la mencionada ventanilla de “enviar a
otra Secretaría”. Asimismo, solicitó a la Oficina de Tecnología del Consejo de
Estado CETIC el soporte de traslado a la Secretaría de la Sección Primera. A lo cual
respondieron “[e]n atención a su correo y con el fin de dar alcance a su solicitud,
nos permitimos informarle que la demanda No. 16226 se encuentra tramitada en la

3 Ver índice 8 de samai.
4 Mencionó las sentencias T-679 de 2007, T-024 de 2019 y T-105 de 2023.
5 Reglamento interno de la Corporación.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04137-00
Accionante: I.P.S. Confiansalud Llanos
Accionado: Secretaría General del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Secretaría Online de la Sección Primera. Compartimos imagen en la que, a través
de la bitácora, se puede evidenciar el trámite realizado”6.

16. De otra parte, indicó que, tras verificar el Sistema para la Gestión Judicial
Samai, encontró que, el 8 de abril de 2025, la Secretaría de la Sección Primera
asignó el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho al radicado 11001-03-
24-000-2025-00121-00, el cual le correspondió al magistrado Hernando Sánchez
Sánchez.

17. Con base en esa situación, concluyó que no había vulnerado derecho
fundamental alguno, puesto que remitió en la respectiva oportunidad a la
dependencia correspondiente. Además, solicitó que se vinculara a la Secretaría de
la Sección Primera, quien era la adecuada para responder por la situación objeto de
debate.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

18. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problema jurídico y metodología de la decisión

19. La Secretaría General del Consejo de Estado informó que a la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el abogado Luis Gabriel
Arenas Ortiz le fue asignado el radicado 11001-03-24-000-2025-00121-00. Además,
que le correspondió al despacho del consejero Hernando Sánchez Sánchez 7. En
consecuencia, corresponde a la Sala analizar la legitimación en la causa por activa
del abogado Luis Gabriel Arenas Ortiz como apoderado del representante legal de
la I.P.S. Confiansalud Llanos. De otra parte, resulta relevante establecer si en la
presente acción de tutela se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado.

20. Para abordar y resolver el problema jurídico planteado, esta Subsección
desarrollará una metodología que incluye i) reiteración de la jurisprudencia
constitucional sobre la legitimación en la causa por activa, (ii) el análisis del caso
concreto, con base en los hechos probados dentro del expediente y (iii) estudio de
la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.

6 Obra en certificado 234408AA897B98C8 EE6513899E160B57 67AAF743BA6730DA
7F99758881F83603, índice 14, documento “02RespuestaCETICSoporteEnvío”
7 Dicho consejero terminó su periodo constitucional.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04137-00
Accionante: I.P.S. Confiansalud Llanos
Accionado: Secretaría General del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

De la legitimación en la causa por activa

21. El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela es un
mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para reclamar
la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública y, excepcionalmente de los particulares, en los casos específicamente
previstos por la ley.

22. En consonancia con dicho mandato superior, el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991 establece que:

“ARTÍCULO 10. LEGITIMIDAD E INTERÉS. La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma
o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

23. Asimismo, el Decreto 2591 de 1991, señala que los titulares de la acción de
tutela podrán solicitar el amparo constitucional (i) bien sea en forma directa, (ii) por
intermedio de un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial
(abogado titulado con poder judicial o mandato expreso), (iv) así como a través de
agente oficioso (cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover
su propia defensa). De igual manera, según se dispone en la ley, se encuentran
legitimados para ejercer esta acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi) los
personeros municipales (facultados para intervenir en representación de terceras
personas, siempre que el titular de los derechos haya autorizado).

24. De las anteriores normas se desprende que uno de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela es que quien la instaure se encuentre legitimado
en la causa por activa para buscar la protección de sus derechos fundamentales.
Es decir, este presupuesto exige que los derechos objeto de protección estén en
cabeza del accionante y no, en principio, de otra persona.

25. Del mismo modo, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, indica que la acción
de tutela podrá ser ejercida por cualquier persona que le sean afectados sus
derechos fundamentales. Esto lo puede realizar por sí misma, o a través de
representante legal. Pero, tal como lo ha mencionado la Corte Constitucional,
“cuando la acción de tutela se ejerce a título de otro, es necesario contar con poder
especial para legitimar su interposición. La carencia de la citada personería para
iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la presentación del
apoderamiento otorgado para un asunto diferente”8. Por tanto, cuando la solicitud

8 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 1997.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04137-00
Accionante: I.P.S. Confiansalud Llanos
Accionado: Secretaría General del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

de amparo se presenta por intermedio de apoderado judicial, para que se
perfeccione la legitimación en la causa por activa, se requiere de un mandato
jurídico específico.

26. Asimismo, dicha alta Corporación ha explicado que para adelantar el asunto
constitucional a través de un poder en materia de tutela tiene las siguientes
características: i) se trata de un acto jurídico formal que se concreta en un escrito,
llamado poder, el cual se presume auténtico; ii) cuando se trata de un poder
especial, tiene que ser específico, de modo que aquel conferido para la promoción
o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende
otorgado para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le den
fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial; iii) el destinatario del acto
de apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho y se encuentre
habilitado con la tarjeta profesional. Es decir, que la legitimación por activa se
configura si quien presenta la demanda de tutela acredita ser abogado titulado y se
anexa el poder especial respectivo, por tal motivo no se puede hacer valer un poder
otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional9.

27. Pues bien, de conformidad con lo anteriormente mencionado, la legitimación por
activa se configura si quien presenta la demanda de tutela acredita ser abogado
titulado y anexa el correspondiente poder especial, es decir que no se puede
pretender hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el
amparo constitucional, porque este se confiere para un fin específico y determinado
con la finalidad de representar los intereses del accionante en punto de los derechos
fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos
hechos concretos que dan lugar a unas pretensiones10. Incluso la Corte
Constitucional ha sostenido de manera expresa, que “cuando la acción de tutela se
ejerce a título de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su
interposición. La carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo
constitucional, no se suple con la presentación del apoderamiento otorgado para un
asunto diferente”11.

Análisis del caso concreto

28. En el caso bajo estudio, el abogado Luis Gabriel Arenas Ortiz interpuso acción
de tutela, en representación del señor Víctor Alfonso Salinas Ibagón, quien, a su
vez, alegó ser el representante legal de la I.P.S. Confiansalud Llanos. Lo anterior,
por la supuesta vulneración al debido proceso y el acceso a la administración de
justicia, con ocasión de la presentación de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en la que no se ha generado un radicado. El actor
consideró que tampoco se había iniciado el trámite correspondiente por parte de la
Secretaría General del Consejo de Estado.

9 Algunas de las sentencias de la Corte Constitucional en las que se precisa estos argumentos son
la T-020 de 2016, T-417 de 2013, T-531 de 2002, entre otras.
10 Sentencia T-001 de 1997.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 1997. M.P: Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04137-00
Accionante: I.P.S. Confiansalud Llanos
Accionado: Secretaría General del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

29. Ahora bien, el poder allegado por el abogado no cumple con los requisitos
establecidos por la Corte Constitucional. Pues a pesar de que a través de auto del
7 de julio de 2025, el despacho sustanciador requirió al abogado Luis Gabriel Arenas
Ortiz con el fin de que allegara el poder para ejercer la representación judicial de la
I.P.S. Confiansalud Llanos. Lo anterior debido a que (i) el documento que suministró
carecía de un objeto específico y determinado para la representación de los
intereses del accionante con los derechos fundamentales. (ii) Así como tampoco se
identificó la autoridad o persona demandada ni contenía una enunciación clara de
los hechos que sustentan las pretensiones formuladas. (iii) Además el mandato se
otorgó 7 meses antes de la presentación de la acción de tutela

30. No obstante, pese al requerimiento anteriormente mencionado, el abogado Luis
Gabriel Arenas Ortiz el 11 de julio de 2025 allegó el mismo poder, tal como se puede
ver a continuación:

31. Con base a lo anterior, es preciso colegir que en el mandato no se precisó el
objeto específico y determinado de representación de los intereses del accionante
sobre los derechos fundamentales que se alegan en esta ocasión. Sumado a que,
no se identifica la autoridad o persona demandada ni contiene una enunciación clara
de los hechos que sustentan las pretensiones formuladas. Además, el mandado se
otorgó 7 meses antes de la presentación de la acción de tutela tal como aparece en
el poder y en la presentación personal allegada. A saber:

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04137-00
Accionante: I.P.S. Confiansalud Llanos
Accionado: Secretaría General del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

32. Así las cosas, no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada la
representación de otra persona. La informalidad propia de este mecanismo de
protección constitucional no implica la ausencia de requisitos mínimos de
procedibilidad, como la legitimación en la causa por activa12. Esta exigencia cobra
mayor relevancia cuando quien presenta la solicitud es un abogado, lo que resulta
inexcusable, pues la Ley y jurisprudencia han facilitado el otorgamiento de un poder
a estos profesionales del derecho. Es claro que el poder no se puede entender
conferido sin mandato expreso ni sin el cumplimiento de los requisitos legales y
jurisprudenciales para un proceso determinado, con mayor razón si se trata de una
acción de tutela.

33. Por tal motivo, se declarará la falta de legitimación en la causa por activa del
abogado Luis Gabriel Arenas Ortiz.

34. Además, resulta relevante mencionar que, a través de auto admisorio del 22 de
julio de 2025, se requirió al señor Víctor Alfonso Salinas Ibagón para que allegara
la certificación a través de la cual acreditara su condición de representante legal de
la I.P.S. Confiansalud Llanos. Pero, no fue posible cotejar si quien otorgó poder para
actuar en el proceso es quien representa legalmente a la I.P.S.

35. Sin perjuicio de lo anterior, aún y si se considerara satisfecho el requisito de
legitimación en la causa por activa. Una vez analizada la contestación allegada por
la parte accionada, la Sala constató que la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho referenciada en esta tutela se le asignó el radicado 11001-03-24-000-
2025-00121-00. En virtud de la garantía del acceso a la administración de justicia
de la parte accionante, se estudiará la figura de carencia de objeto por hecho
superado y si es aplicable al presente caso, tal como se explicará a continuación.

De la carencia de objeto por hecho superado

36. La Corte Constitucional ha identificado como «carencia actual de objeto»
cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no hay forma de
resarcir el daño ya producido. En estas situaciones, la tutela pierde su razón de ser
y, por tanto, cualquier orden del juez respecto de lo solicitado en la demanda no
surtiría ningún efecto.

37. Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la carencia actual
de objeto se puede configurar por tres situaciones: i) hecho superado, ii) daño
consumado o iii) acaecimiento de una situación sobreviniente. Debido a las
particularidades del caso, esta Subsección se referirá a la hipótesis número i).

12 Corte Constitucional, sentencia T-417 de 2013.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04137-00
Accionante: I.P.S. Confiansalud Llanos
Accionado: Secretaría General del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

38. El hecho superado ocurre cuando la satisfacción del derecho parte de “una
decisión voluntaria y jurídicamente consciente del demandado”13, por razones
ajenas a la intervención del juez constitucional. Al respecto, ha señalado el Tribunal
Constitucional:

“20. La carencia actual de objeto es el fenómeno procesal que se presenta
cuando la acción de tutela pierde su razón de ser, debido a la “alteración o
el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la presunta
vulneración de los derechos”. Ello implica que cualquier orden del juez
caería en el vacío. Al respecto, esta Corporación ha señalado que el juez
constitucional no es “no es un órgano consultivo que emite conceptos o
decisiones inocuas una vez ha dejado de existir el objeto jurídico, sobre
escenarios hipotéticos, consumados o ya superados”. De ello se infiere que
la intervención del juez de tutela solo procederá cuando sea necesario
desde un punto de vista constitucional.

21. Bajo ese entendido, la doctrina constitucional ha desarrollado el
concepto de la carencia actual de objeto para identificar este tipo de
eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el
juez para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses
jurídicos cuya garantía le ha sido reclamada. Así las cosas, ha establecido
que dicha figura se puede materializarse a través de los siguientes
fenómenos: (i) hecho superado; (ii) daño consumado o (iii) situación
sobreviniente.

22. El hecho superado ocurre cuando “(i) efectivamente se ha satisfecho
por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela; (iii) y que la
entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu
proprio, es decir, voluntariamente”14.

39. En el presente asunto, el abogado Luis Gabriel Arenas Ortiz solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia presuntamente vulnerados por la Secretaría General del
Consejo de Estado, con ocasión de la presentación de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, la cual no se había asignado un radicado ni realizado
los trámites correspondientes de apertura.

40. No obstante, de conformidad con lo indicado por la Secretaría General de esta
Corporación y, una vez revisado el aplicativo de samai, se advierte que, el 25 de
abril de 2025, se repartió el proceso al consejero Hernando Sánchez Sánchez y se
asignó el radicado No. 11001-03-24-000-2025-00121-00:

13 Corte Constitucional, sentencia T-104 de 2020.
14 Corte Constitucional, sentencia T-070 de 2023.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04137-00
Accionante: I.P.S. Confiansalud Llanos
Accionado: Secretaría General del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

41. Asimismo, al revisar la demanda del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho es la misma que se allegó como prueba en la acción de tutela.

Demanda de nulidad y restablecimiento del Anexo de la acción de tutela 11001-03-15-
derecho con radicado 11001-03-24-000- 000-2025-04137-00
2025-00121-0015

42. Así las cosas, estamos en presencia de un evento en el cual la acción de
amparo carece de objeto por existir una circunstancia que hace inocua la orden de
satisfacer la pretensión de la tutela, puesto que los hechos que originaron la
supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante ya
cesaron. Esto hace imposible cualquier orden contra la Secretaría General de la
Corporación.

43. En ese sentido, es importante indicar que un hecho superado puede
presentarse cuando la circunstancia que reporta la conculcación del derecho
desaparece, frente a lo cual, cualquier decisión emitida carece de efecto, pues nada
contrariaría más la lógica que proferir una decisión sobre un supuesto que en la
actualidad se torna en inexistente.

44. Señalado lo anterior, esta Subsección considera que, dado que los supuestos
fácticos que originaron la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
cuya protección solicita la parte accionante, ya se han superado y se ha satisfecho
por completo lo que se pretendía mediante la demanda de la referencia, también
resulta procedente declarar la carencia de objeto por hecho superado.

15 Obra en certificado 6977C134C9057ECC 66273A6A6649271E DCBA2CC4355E7033
F81A5FED8C3D6F71 índice 2 de samai.

10

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04137-00
Accionante: I.P.S. Confiansalud Llanos
Accionado: Secretaría General del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA del abogado Luis Gabriel Arenas Ortiz, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO, de acuerdo con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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