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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04141-00

Fecha
6 de agosto de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04141-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Wilson Gabriel Pineda Peñaranda, dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-04141-00 Demandante: Wilson Gabriel Pineda Peñaranda

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04141-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

6 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-04141-00
Demandante WILSON GABRIEL PINEDA PEÑARANDA
Demandada TRIBUNAL SUPERIOR DE CÚCUTA Y OTRO
Temas Acción de tutela contra acto de trámite. Requisito de procedencia
de la acción de tutela. La subsidiariedad. Acta de seguimiento
trimestral de desempeño. Empleado de carrera en juzgado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Wilson Gabriel Pineda Peñaranda, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 2 de julio de 20251, el señor Wilson Gabriel Pineda Peñaranda instauró acción de
tutela, en nombre propio, contra el Tribunal Superior de Cúcuta y el Juzgado Doce
Civil Municipal de Cúcuta por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad y trabajo, así como el principio de legalidad.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«* Que se ordene al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta - Sala Plena y al
Juzgado Doce Civil Municipal de Cúcuta, que se me evalúe bajo criterios de seguimiento
de desempeño que sean reales, objetivos y proporcionales a mis funciones.
• Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura (Sala Administrativa, si es la
competente según la nueva estructura de dicha rama), la expedición y aplicación de
manuales de funciones técnicos y actualizados para el cargo de Oficial Mayor en
propiedad del Juzgado Doce Civil Municipal de Cúcuta, conforme a lo establecido en el
artículo 85 literal h) de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y el artículo 122
de la Constitución Política.
• Que se ordene al Juzgado Doce Civil Municipal de Cúcuta que realice una nueva
evaluación del primer trimestre de 2025, teniendo en cuenta los manuales de funciones
actualizados y los criterios de evaluación que respeten la realidad de las funciones
desempeñadas, la complejidad de las mismas y la carga laboral efectivamente asumida,
y bajo formatos de calificación que estén en consonancia con la normatividad vigente,
incluyendo la Ley 2430 de 2024.
• Que se garantice mi derecho a la doble instancia y contradicción en todas las etapas del
proceso de evaluación del desempeño, dado que los seguimientos trimestrales son
insumos directos y determinantes para la calificación integral de servicios».

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Wilson Gabriel Pineda Peñaranda se desempeña como oficial mayor
en propiedad en el Juzgado Doce Civil Municipal de Cúcuta.

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Índice 2 en Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04141-00
Demandante: Wilson Gabriel Pineda Peñaranda

2.2. El juez que preside el Juzgado Doce Civil Municipal de Cúcuta diligenció acta
de seguimiento trimestral de desempeño correspondiente al primer trimestre
de 2025. En el ítem eficiencia o rendimiento el señor Wilson Gabriel Pineda
Peñaranda obtuvo una calificación de 2 sobre 5, debido a que «La productividad
en la proyección de autos y sentencia es baja, pues al día proyecta alrededor de 5 máximo 6
autos o sentencias; cuando la meta propuesta por el Despacho es 10 autos por día».

2.3. El señor Wilson Gabriel Pineda Peñaranda interpuso recurso de reposición y
en subsidio de apelación contra el acta de seguimiento trimestral. Mediante
resolución 015 del 13 de mayo de 2025, el Juzgado Doce Civil Municipal de
Cúcuta dispuso no reponer el puntaje otorgado en el acta de desempeño, y
concedió el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Cúcuta.

2.4. Mediante resolución 28 de 5 de junio de 2025, el Tribunal Superior de Cúcuta
declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto, por considerar que
el acta de seguimiento trimestral de desempeño es un acto de trámite, previo
a la calificación integral de servicios, frente al cual no procede recurso alguno.

3. Fundamentos de la acción

El accionante aseguró que, si bien el seguimiento trimestral no es la calificación
final, es un insumo directo para esta. Por lo tanto, consideró que el seguimiento
trimestral no puede ser un acto inmodificable, más aún si este se basa en criterios
de evaluación subjetivos e irrealizables y si las funciones asignadas no se
corresponden con el manual de funciones oficial. A su juicio, la imposibilidad de
controvertir de fondo los criterios y la carga de trabajo desproporcionada en una
etapa crucial del proceso de evaluación del desempeño vulnera el debido proceso,
la contradicción y la posibilidad de que la calificación final sea justa y acorde a la
realidad laboral.

Sostuvo que la calificación del desempeño debe estar precedida de una definición
clara de las funciones y metas y que debe garantizarse la posibilidad de controvertir
la calificación, incluso en sus etapas previas que son determinantes para la
calificación final. La declaración de improcedencia del recurso de apelación de un
acto que, aunque de trámite, tiene un impacto directo en la calificación integral, limita
el derecho a la defensa y al debido proceso.

Asimismo, indicó que la ausencia de un manual de funciones actualizado y
técnicamente expedido por la autoridad competente, es decir por el Consejo
Superior de la Judicatura, conlleva a que las valoraciones de desempeño se basen
en criterios arbitrarios o desproporcionados, como la meta de 10 autos diarios
impuesta sin un respaldo técnico o legal. Esto genera una vulneración al derecho
fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas y al principio de legalidad.

Finalmente, solicitó como medida provisional lo siguiente:
«ordene al Juzgado Doce Civil Municipal de Cúcuta que se abstenga de utilizar la calificación del
factor de eficiencia o rendimiento del Acta de Seguimiento Trimestral de Desempeño del primer
trimestre de 2025 para cualquier efecto que pueda perjudicar al accionante, hasta tanto se resuelva
de fondo la presente acción de tutela y/o se realice una nueva evaluación bajo criterios justos y
conforme a la normativa vigente. Lo anterior, con el fin de evitar un perjuicio irremediable, en tanto
que dicha calificación, si bien es un acto de trámite, incide directamente en la evaluación final y en
la estabilidad laboral, promoción y desarrollo profesional del accionante».

4. Trámite e intervenciones

4.1. Mediante auto de 9 de julio de 2025, se admitió la acción de tutela interpuesta
por el señor Wilson Gabriel Pineda Peñaranda contra el Tribunal Superior de
Cúcuta y el Juzgado Doce Civil Municipal de Cúcuta; se negó la medida
provisional solicitada; y se ordenó efectuar las correspondientes
notificaciones.

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4.2. El Juzgado Doce Civil Municipal de Cúcuta explicó que la calificación que
el tutelante obtuvo en el ítem de eficiencia obedeció a que se dispuso como
meta la proyección de 10 autos diarios, sujeta a variaciones cuando se deban
proyectar asuntos que por su extensión o complejidad requieran mayor
dedicación de tiempo. Aseguró que el actor no cumple con tal meta, pese a
que las temáticas no implican un elevado nivel de complejidad, como sí sucede
tratándose de recursos, nulidades o proyecciones de mayor extensión y
análisis jurídico.

Explicó que la meta fijada ha permanecido invariable para el cargo
independiente de quien lo ocupa y se aplica también para el cargo de
sustanciador de descongestión. Esta ha sido cumplida por los demás
empleados del despacho que de manera transitoria o provisional se han
desempeñado como sustanciadores.

A su vez, informó que el accionante presentó recurso de reposición en subsidio
de apelación contra la calificación proferida, el cual fue resuelto mediante
resolución 015 de 13 de mayo de 2025, en la que no se accedió a la reposición,
debido a que las metas de proyección se ajustan al inventario del despacho,
los ingresos y salidas, necesarios para mantener el índice de gestión. Por
ende, se consideró que la meta fijada no resulta arbitraria ni desproporcionada,
ya que esta obedece a las necesidades del despacho.

Precisó que, si bien en el manual de funciones del cargo no se fijan metas
numéricas de proyecciones, allí se dispuso la proyección de asuntos civiles y
constitucionales y las demás tareas que por razón y necesidad del servicio le
sean asignadas por el juez. Por lo tanto, aseguró que las metas pueden ser
establecidas por el nominador conforme la necesidad del servicio.

Frente al recurso de apelación, sostuvo que optó por concederlo conforme al
artículo 74 del numeral segundo de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta
que la calificación proferida en el acta de seguimiento trimestral tiene
incidencia en la calificación anual del empleado. De hecho, si esta última
resulta insatisfactoria, se genera la exclusión de la carrera judicial. Agregó que
contra la mencionada calificación anual procede el recurso de apelación,
Conforme lo establece el artículo 10 del Acuerdo PCSJA19-11393 del 19 de
septiembre de 2019. En consecuencia, sostuvo que concedió el recurso en
virtud de una interpretación garantista.

Indicó que a diferencia de lo anterior el tribunal prefirió una lectura de corte
exegética al declarar improcedente el recurso de apelación propuesto por el
accionante por considerar que la calificación realizada en el acta de
seguimiento trimestral corresponde a un acto de trámite. Bajo esta
interpretación, este último no es objeto de recurso de apelación y tan solo
procedería la acción de tutela, siempre y cuando se acredite que la decisión
contentiva en el acto de trámite tiene la potencialidad de definir una situación
especial y sustancial dentro de la actuación y que ha sido fruto de una
actuación abiertamente irrazonable o desproporcionada por parte del
funcionario que lo expide.

Finalmente, consideró que el acta de seguimiento trimestral de desempeño
para empleados judiciales correspondiente al primer trimestre de 2025 no
constituye una actuación abiertamente irrazonable o desproporcionada, pues
se encuentra debidamente motivada y busca que la productividad del
despacho no sea afectada. Además, esta no determina de manera sustancial
la calificación anual de servicios del empleado, más aún si se considera que
su finalidad es que la calificación sea satisfactoria, tras el plan de
mejoramiento.

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Por ende, sostuvo que en el caso no existe vulneración de derechos
fundamentales y que no hay lugar a otorgar amparo alguno.

4.3. El Tribunal Superior de Cúcuta se refirió a las normas que regulan la
evaluación de servicios. Sostuvo que esta se encuentra contemplada en el
artículo 169 de la Ley 270 de 1996, el cual dispone que su finalidad es verificar
que los servidores de la Rama Judicial conserven los niveles de idoneidad,
calidad y eficiencia que justifican su permanencia en el cargo. A su vez, el
artículo 170 de tal ley establece como factores de evaluación la calidad, la
eficiencia o rendimiento, la organización del trabajo y las publicaciones, e
impone la obligación de informar al funcionario los resultados de la evaluación,
así como de notificarle el acto administrativo definitivo.

Manifestó que el artículo 171 dispone que los empleados de carrera deben ser
evaluados anualmente por sus superiores jerárquicos y que una calificación
insatisfactoria puede dar lugar al retiro del servicio, sin perjuicio de los recursos
administrativos que procedan contra dicha decisión. Asimismo, el numeral 2º
del artículo 175 atribuye a los jueces la competencia para llevar a cabo la
evaluación de servicios de los empleados de su despacho.

Seguido, indicó que el interesado podrá interponer los recursos de ley contra
el acto administrativo definitivo que contenga la evaluación y calificación final,
así como presentar las pruebas que estime pertinentes para respaldar su
defensa. En cambio, precisó que las actas de seguimiento constituyen un acto
intermedio o preparatorio de la decisión final de calificación, en las que el
funcionario que las expide debe proporcionar información clara y precisa
respecto al nivel de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas
durante el trimestre, a fin de garantizar una adecuada retroalimentación .

Por consiguiente, sostuvo que el recurso de alzada interpuesto por el
accionante es improcedente, dado que busca controvertir el acta de
seguimiento trimestral del primer trimestre de 2025 que, insistió, es un acto de
trámite. De ahí que este no es susceptible de ningún medio de impugnación,
según lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Al margen de que el juez doce civil municipal de Cúcuta haya concedido el
recurso ante el superior, lo cierto es que tal recurso es improcedente. Por ende,
sostuvo que de su parte no ha existido ninguna decisión arbitraria o
caprichosa.

Finalmente, frente a la pretensión del actor consistente en que la evaluación
sea efectuada por el tribunal, indicó que carece de competencia para dicha
labor, pues esta tarea le compete exclusivamente a la autoridad nominadora.
Solicitó negar el amparo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

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2. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala establecer si
se cumple con el requisito de subsidiariedad, en consideración a que lo pretendido,
con base en lo expuesto en el escrito de tutela y en las pretensiones, es dejar sin
efectos o anular el acta de seguimiento trimestral de desempeño
correspondiente al primer trimestre de 2025 y que se «realice una nueva evaluación del
primer trimestre de 2025, teniendo en cuenta los manuales de funciones actualizados y los criterios
de evaluación que respeten la realidad de las funciones desempeñadas, la complejidad de las
mismas y la carga laboral efectivamente asumida».

En caso de superar tal análisis, la Sala determinará si las autoridades accionadas
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y trabajo del señor Wilson
Gabriel Pineda Peñaranda, por la decisión contenida en acta de seguimiento
trimestral de desempeño correspondiente al primer trimestre de 2025.

3. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela

3.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. Esa norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable». A su turno, el artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando
existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Según esas normas, la subsidiariedad hace referencia a que la acción de tutela
solo procede cuando no existen otros medios de defensa idóneos para
amparar los derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea
necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual
procederá como mecanismo transitorio de protección. De esta forma, se busca
que los mecanismos ordinarios de defensa para la protección de los derechos
no sean desplazados o suplantados por la acción de tutela.

Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción
de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se
definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las
que se encuentra el solicitante. También debe analizarse la existencia o no de
un perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos
fundamentales del actor.

Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha manifestado:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección
del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción
de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para
alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin

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de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales (…)»2.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe
probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.

3.2. Ahora bien, con fundamento en el requisito de la subsidiariedad, la
jurisprudencia de las altas cortes ha concluido que, por regla general, esta
acción es improcedente cuando se pretende controvertir actos administrativos,
puesto que el interesado puede o pudo discutir su contenido a través de los
distintos medios de control consagrados en el ordenamiento jurídico,
dependiendo de la naturaleza del acto, sea general o particular.

Por regla general, los actos demandables ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo son los definitivos, es decir aquellos que, en los términos del
artículo 43 de la Ley 1437 de 2011, «decidan directa o indirectamente el fondo del
asunto o hagan imposible continuar la actuación».

A diferencia de estos últimos, los actos de trámite se encargan de dar impulso
a la actuación o de preparar los elementos de juicio necesarios que se
requieran para que la administración pueda adoptar la decisión de fondo. Estos
no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas y no son susceptibles de
control jurisdiccional de forma independiente, pues solo pueden ser
controvertidos en el evento en que se demande el acto definitivo.

Contra los actos de trámite no proceden los medios de control de lo
contencioso administrativo ni los recursos administrativos3 y, por lo tanto, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido la posibilidad de que la tutela
proceda como mecanismo definitivo para controvertirlos. Por consiguiente, en
varios asuntos la Sección ha estudiado de fondo las tutelas en las que se
discuten decisiones de trámite. Sin embargo, la Corte Constitucional ha
establecido que tal posibilidad es excepcional, a fin de lograr la protección de
los derechos fundamentales.

Al respecto, en sentencia de unificación SU-067 de 2022 la Corte
Constitucional explicó que la posibilidad de controvertir actos de trámite a
través de la acción de tutela no puede significar la obstrucción del avance y
finalización de las actuaciones administrativas. La Corte sostuvo que «de
ninguna manera se trata de extender la tutela a los actos de trámite o preparatorios, hasta el
extremo que se haga un uso abusivo de ella, con el propósito de impedir que la Administración
cumpla con la obligación legal que tiene de adelantar los trámites y actuaciones
administrativas»4.

En criterio de dicha autoridad judicial la procedencia indiscriminada de la
acción de tutela contra los actos de trámite comprometería gravemente el
desarrollo y la culminación oportuna de las actuaciones administrativas, lo cual
resulta contrario a los principios constitucionales que orientan la función
administrativa, particularmente los de eficiencia y celeridad, dispuestos en el
artículo 209 constitucional5.

Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional aseveró que era
«razonable la interpretación planteada por el Consejo de Estado, según la cual el control
judicial de los actos preparatorios y de trámite se efectúa, normalmente, con la revisión del
acto que concluye la actuación administrativa. (…) De tal suerte, el juez de amparo solo
podrá conocer acciones interpuestas contra actos de trámite en casos verdaderamente
excepcionales» (Negrillas propias).

2
Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.
3
Ley 1437 de 2011. Artículo 75.
4
Corte Constitucional. Sentencia SU-201 de 1994.
5
Corte Constitucional. Sentencia SU-067 de 2022.

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Con todo, aunque la tutela no puede emplearse como un mecanismo
indiscriminado para controvertir actos de trámite a fin de evitar la paralización
de la administración, la Corte Constitucional ha admitido que «algunos actos de
trámite o preparatorios, pueden conculcar o amenazar los derechos fundamentales de una
persona, en cuyo caso, sería procedente la acción de tutela como mecanismo definitivo. Lo
anterior, teniendo que en cuenta que una vulneración de derechos fundamentales ocasionada
con un acto de impulso o trámite no podría ser corregida sino hasta concluir la actuación de la
cual hace parte, lo cual podría ocasionar, según el caso, afectaciones graves e injustificadas
a los derechos fundamentales»6.

En consecuencia, a fin de conciliar el hecho que la tutela no puede entorpecer
la actividad administrativa con la existencia de situaciones en las que los actos
de trámite transgreden derechos fundamentales que no dan espera a que se
expida el acto administrativo definitivo, en la sentencia SU-077 de 2018 la
Corte Constitucional indicó que excepcionalmente la tutela procede contra
actos de trámite como mecanismo definitivo, siempre y cuando se cumplan los
siguientes supuestos:
«(i) que la actuación administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; (ii) que el
acto acusado defina una situación especial y sustancial que se proyecte en la decisión final; y
(iii) que ocasione la vulneración o amenaza real de un derecho constitucional fundamental. En
el mismo sentido, de forma reciente la Corte ha considerado que contra los actos de trámite
procede excepcionalmente la acción de tutela cuando el respectivo acto tiene la potencialidad
de definir una situación sustancial dentro de la actuación administrativa y ha sido fruto de una
actuación “abiertamente irrazonable o desproporcionada del funcionario, con lo cual vulnera las
garantías establecidas en la Constitución”».

En ese orden de ideas, es al juez constitucional a quien le corresponde
determinar caso a caso si se satisfacen los presupuestos dispuestos en la
jurisprudencia constitucional, conforme a las particularidades del asunto para
determinar la procedencia o no de la acción de tutela contra actos de trámite.

4. Análisis en el caso

4.1. El señor Wilson Gabriel Pineda Peñaranda cuestionó el acta de seguimiento
trimestral de desempeño correspondiente al primer trimestre de 2025, en la
cual su nominador le asignó una calificación de 2 sobre 5 en el ítem eficiencia
o rendimiento. El actor está en desacuerdo con tal puntaje, pues considera que
la meta de 10 autos diarios es desproporcionada y no está en armonía con el
manual de funciones.

Para determinar la naturaleza del acto controvertido resulta necesario
comprender cómo funciona la calificación integral de servicios de empleados
judiciales en carrera. Según los artículos 169, 170 y 171 de la Ley 270 de 1996,
la evaluación de servicios tiene como objetivo verificar que los servidores de
la Rama Judicial mantengan en el desempeño de sus funciones con idoneidad,
calidad y eficiencia. Esta calificación debe ser motivada y es el resultado de
un control permanente del desempeño del funcionario o empleado, con base
en los siguientes factores de evaluación: calidad, eficiencia o rendimiento y
organización del trabajo y publicaciones.

Los empleados de carrera son evaluados por sus superiores jerárquicos
anualmente y la calificación insatisfactoria de servicios da lugar al retiro del
empleado. Sin embargo, el artículo 171 de la mencionada ley dispone que
contra esa decisión proceden los recursos de ley.

Asimismo, el Acuerdo PSAA14-10281 de 24 de diciembre de 2014, proferido por
el Consejo Superior de la Judicatura, dispone que los superiores jerárquicos
de los empleados son responsables del correcto diligenciamiento de los

6
Corte Constitucional. Sentencia T-084 de 2023.

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formularios de calificación integral de servicios y de los instrumentos de
seguimiento de las labores y soportes de la evaluación de los empleados a su
cargo (artículo 12).

Asimismo, tal acuerdo establece que es responsabilidad del nominador
diligenciar tanto el formulario de calificación como los de seguimiento, los
cuales deberán reposar en cada una de las hojas de vida (artículo 21). Los
resultados de la evaluación son producto del seguimiento permanente del
desempeño y serán notificados oportunamente al respectivo servidor (artículo
23).

Específicamente, los artículos 98, 99 y 100 del Acuerdo PSAA14-10281 de 24 de
diciembre de 2014 se refieren al seguimiento trimestral que debe efectuar el
nominador respecto de sus empleados. En estas normas se establece que la
calificación integral de servicios de empleados corresponderá al control
permanente del desempeño que deberá realizar el superior jerárquico, quien
deberá llevar el registro trimestral de las tareas asignadas al empleado y
evaluarlas conforme a los factores calidad, eficiencia o rendimiento y
organización del trabajo y publicaciones. El nominador debe indicar su nivel
de cumplimiento y la valoración cualitativa asignada a los trabajos que le
fueron encomendados en el trimestre (artículo 98).

El acuerdo mencionado dispone que «trimestralmente el calificador realizará un
seguimiento al desempeño del empleado, en el cual se establecerán aquellos aspectos en los
que presenta déficit y que pueden ser objeto de mejoramiento, así como de los factores y
aspectos en los cuales presentó un adecuado y óptimo desempeño. El control trimestral
descrito se consignará en los formularios diseñados y suministrados al efecto, y se considerará
parte integral de la actuación de calificación. La calificación integral de servicios,
corresponderá a la ponderación de cada factor de los cuatro trimestres» (artículo 98).

El superior jerárquico da a conocer al empleado el formulario diligenciado
sobre el seguimiento trimestral y precisa los aspectos en los que se considere
existen falencias, con base en los factores de evaluación, lo cual se registrará
en el formulario de seguimiento. En el evento de que sea necesario un plan de
mejoramiento, será el empleado el responsable de su elaboración y
corresponderá al evaluador revisarlo, ajustarlo y aprobarlo. Los informes de
seguimiento y cumplimiento se surtirán ante el evaluador (artículo 99).

Asimismo, tal norma dispone que en la motivación de la calificación integral de
servicios el superior jerárquico deberá dejar constancia expresa de los
aspectos del seguimiento, la puntuación respectiva, guardando coherencia
entre la motivación y el puntaje asignado (artículo 100).

Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que el acta de seguimiento
trimestral de desempeño, que es la decisión controvertida por el tutelante,
constituye un acto de trámite, en tanto que apenas contiene una calificación
trimestral de las funciones desempeñadas. Tal seguimiento realizado cada tres
meses es el insumo para elaborar la calificación integral y anual de servicios
de los empleados judiciales.

De manera que el acto que contiene la decisión final respecto al desempeño
del empleado es la calificación integral, pues el formulario de seguimiento
trimestral tan solo prepara los elementos de juicio necesarios para adoptar la
decisión de fondo.

Se advierte, además, que el acto de seguimiento trimestral no contiene
ninguna decisión que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas frente al
tutelante. En tal formulario únicamente se plasma una evaluación de la forma

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Demandante: Wilson Gabriel Pineda Peñaranda

como el empleado ha desempeñado sus funciones durante tres meses y se
dispone la necesidad de un plan de mejoramiento, en caso de requerirse.

Veamos el acta controvertida:

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Con fundamento en lo expuesto, se considera que el acta trimestral atacada
constituye un acto de trámite no susceptible de control ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, por no contener una decisión de fondo y final
respecto de las labores desempeñadas por el empleado que,
consecuentemente, no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas
específicas en cabeza del tutelante.

4.2. Ahora bien, como se explicó la acción de tutela no procede contra todo acto
de trámite. De ahí que le corresponde al juez de tutela efectuar un análisis
caso a caso, a fin de verificar el cumplimiento de los supuestos establecidos
por la Corte Constitucional para la procedencia excepcional de la acción en
estos asuntos.

Como se explicó previamente, para la procedencia de la acción de tutela
contra actos de trámite se deben cumplir las siguientes condiciones:
«(i) que la actuación administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; (ii) que el
acto acusado defina una situación especial y sustancial que se proyecte en la decisión final; y
(iii) que ocasione la vulneración o amenaza real de un derecho constitucional
fundamental. En el mismo sentido, de forma reciente la Corte ha considerado que contra
los actos de trámite procede excepcionalmente la acción de tutela cuando el respectivo
acto tiene la potencialidad de definir una situación sustancial dentro de la actuación
administrativa y ha sido fruto de una actuación “abiertamente irrazonable o
desproporcionada del funcionario, con lo cual vulnera las garantías establecidas en la
Constitución”»7 (Negrillas propias).

Al respecto, se encuentra que en el caso la actuación administrativa de la cual
hace parte el acto no ha concluido, pues aún no se ha expedido la calificación
integral de servicios anual, que es el acto definitivo que finaliza la evaluación.
Si bien la calificación trimestral solamente hace parte de uno de los
componentes de la evaluación anual de servicios, lo cierto es que el
seguimiento realizado cada tres meses incidirá, en mayor o menor medida, en
el resultado del acto definitivo.

No obstante lo anterior, se considera que el acta de seguimiento trimestral
atacada aún no tiene la potencialidad de vulnerar derechos fundamentales del
tutelante, puesto que allí tan solo se hizo alusión a un factor de calificación que
en criterio del nominador no ha sido satisfactorio, esto es el de eficiencia o
rendimiento, y se propuso un plan de mejoramiento.

Adicionalmente, no se encuentra que en el caso el acto de trámite
controvertido haya sido resultado de una «actuación abiertamente arbitraria o
irracional» como lo exige la jurisprudencia constitucional para la procedencia de
la acción de tutela contra un acto de trámite, pues el nominador justificó la
meta diaria establecida en la carga laboral asignada al despacho judicial e
indicó que esta puede disminuir cuando se trate de asuntos de mayor
complejidad jurídica.

Y no puede hablarse de la vulneración o amenaza real del derecho al debido
proceso, como lo alega el tutelante, considerando que: (i) el puntaje obtenido
en el trimestre se computará para soportar la calificación de servicios de todo
el año; (ii) la calificación trimestral solamente hace parte de uno de los
componentes de la evaluación anual de servicios (la cual no se ha producido);
(iii) la juez nominadora resolvió el recurso de reposición interpuesto contra
dicha acta y concedió el de apelación pese a que tales medios de impugnación
no están previstos para los actos de trámite como el que ocupa la atención de
la Sala (artículo 75, Ley 1437 de 2011).

7
Corte Constitucional. Sentencia SU-077 de 2018.

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Con todo, el juicio de legalidad del acto administrativo contentivo de la
calificación anual de servicios, corresponderá efectuarlo al juez de lo
contencioso administrativo, en el evento de que el tutelante decida demandar
el acto definitivo de resultarle desfavorable.

Sobre esto, en sentencia SU-067 de 2022 la Corte Constitucional explicó que
al juez de tutela no le corresponde realizar el estudio de legalidad del acto de
trámite:
«En casos como el que aquí se analiza, en el que se impugna un acto administrativo de trámite
por haber desconocido, pretendidamente, principios constitucionales y por haber violado
derechos fundamentales, el juez de tutela se encuentra llamado a realizar, en exclusiva, un
control de carácter constitucional. No le corresponde llevar a cabo un análisis de legalidad, en
el que se contrasten las razones argüidas por la Administración para corregir una actuación
administrativa con otras que pudieran conducir a una actuación diferente. De ser esta la tarea
del juez de amparo, la posibilidad de emplear la facultad conferida por el artículo 41 de la Ley
1437 de 2011, tal como se encuentra estructurada por el legislador —valga decir, de manera
ágil, oportuna y eficaz—, se tornaría nugatoria. Esta dificultad asomaría en tanto la corrección
de irregularidades se encontraría siempre con un control de legalidad como el que reclaman
en esta oportunidad los accionantes, el cual, dada la condición de acto de trámite de la
Resolución CJR20-0202, no tendría por qué realizarse, hasta tanto concluyera la actuación
mediante la expedición de un acto administrativo definitivo».

Así las cosas, se cumplen algunas de las condiciones jurisprudenciales para
la procedencia de la acción, pues se controvierte un acto de trámite no
susceptible de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la
actuación administrativa no ha culminado y el acto de trámite sí tiene la
potencialidad de definir un aspecto sustancial en el acto definitivo.

4.3. Finalmente, en cuanto a la pretensión segunda de la demanda de tutela,
consistente en la expedición de un manual de funciones por parte del Consejo
Superior de la Judicatura, se precisa que tal solicitud desborda el objeto de la
acción de tutela, cuyo propósito se circunscribe a la protección de derechos
fundamentales.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala concluye que no se satisface el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela, pues no se cumplen los requisitos para la
procedencia excepcional de la tutela contra actos de trámite.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor
Wilson Gabriel Pineda Peñaranda, dadas las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

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Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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