Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-04141-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-04141-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04141-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
2 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04141-01
Accionante: Wilson Gabriel Pineda Peñaranda
Accionados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y otro
Tema: Acción de tutela contra acto administrativo de trámite
Decisión: Confirma la decisión de declarar improcedente, pero por otras
razones
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia proferida el 6 de
agosto de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de
subsidiariedad.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El señor Wilson Gabriel Pineda Peñaranda se desempeña como oficial mayor en
propiedad en el Juzgado Doce Civil Municipal de Cúcuta. Sin embargo, mediante
Acta de Seguimiento Trimestral de Desempeño para Empleados Judiciales, se le
calificó con dos puntos sobre cinco en el ítem de eficiencia o rendimiento,
argumentando lo siguiente:
«La productividad en la proyección de autos y sentencia es baja, pues al día
proyecta alrededor de 5 máximo 6 autos o sentencias; cuando la meta propuesta
por el Despacho es 10 autos por día. Valga resaltar, que tal meta al día puede
variar dependiendo de la complejidad del expediente, esto es, revisar
excepciones, fijar fecha y hora y practica de pruebas, nulidades y recursos.
Cuando se trata de tales asuntos la producción puede ser menor si la mayoría de
autos se trata de aquellos, lo cual no es cumplido por el empleado; en tanto que
revisada la carpeta diaria de autos en civiles por el empleado no supera tal menta.
Se precisa que cuando el empleado fija fecha y hora, resuelve un recurso o
nulidad, estos no superan la proyección de 3 o 4 autos sobre tales tópicos, es decir
la meta ve afectada en tanto que esta sería mínima de 6 actuaciones, en gracia
de discusión». (Sic en toda la cita)
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Accionante: Wilson Gabriel Pineda Peñaranda
3. En virtud de lo anterior, el señor Pineda Peñaranda interpuso recurso de
reposición, en subsidio de apelación, al considerar que la exigencia de proyectar 10
autos por día constituía una carga desproporcionada que no se encontraba
contemplada en el manual de funciones.
4. En consecuencia, el juzgado, a través de la Resolución 015 del 13 de mayo de
2025, señaló que la carga exigida no resultaba desproporcionada, en la medida en
que en el año anterior se logró un índice de gestión del 99% bajo los mismos
parámetros. En consecuencia, resolvió no reponer el puntaje en cuestión y concedió
el recurso de apelación.
5. Al respecto, el Tribunal Superior de Cúcuta, mediante la Resolución 28 del 5 de
junio de 2025 consideró que el Acta de Seguimiento Trimestral de Desempeño es un
acto de trámite, previo a la calificación integral de servicios, frente al cual no procede
recurso alguno. Por lo tanto, declaró improcedente la interposición del mismo.
2.2. Fundamento jurídico
6. La parte accionante afirmó que, en el ítem de «eficacia o rendimiento» del acta
de seguimiento trimestral fue calificado con una nota insuficiente frente a una meta
desproporcionada y humanamente inalcanzable que no se encuentra contemplada
en el manual de funciones. Además, sostuvo que dicha acta puede incidir
desfavorablemente en la evaluación integral de servicios, causando un perjuicio
irremediable y, en consecuencia, la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso y el trabajo en condiciones dignas y justas.
2.3. Pretensiones
7. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«Que se ordene al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta - Sala Plena y
al Juzgado Doce Civil Municipal de Cúcuta, que se me evalúe bajo criterios de
seguimiento de desempeño que sean reales, objetivos y proporcionales a mis
funciones.
Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura (Sala Administrativa, si es la
competente según la nueva estructura de dicha rama), la expedición y aplicación
de manuales de funciones técnicos y actualizados para el cargo de Oficial Mayor
en propiedad del Juzgado Doce Civil Municipal de Cúcuta, conforme a lo
establecido en el artículo 85 literal h) de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia y el artículo 122 de la Constitución Política.
Que se ordene al Juzgado Doce Civil Municipal de Cúcuta que realice una nueva
evaluación del primer trimestre de 2025, teniendo en cuenta los manuales de
funciones actualizados y los criterios de evaluación que respeten la realidad de
las funciones desempeñadas, la complejidad de las mismas y la carga laboral
efectivamente asumida, y bajo formatos de calificación que estén en consonancia
con la normatividad vigente, incluyendo la Ley 2430 de 2024.
Que se garantice mi derecho a la doble instancia y contradicción en todas las
etapas del proceso de evaluación del desempeño, dado que los seguimientos
trimestrales son insumos directos y determinantes para la calificación integral de
servicios». (Sic en toda la cita)
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2.4. Intervenciones
8. La acción de tutela objeto de estudio fue admitida mediante auto del 9 de julio de
2025, a través del cual se ordenó notificar al Juzgado Doce Civil Municipal de
Cúcuta y al Tribunal Superior de Cúcuta como accionados.
9. El Juzgado Doce Civil Municipal de Cúcuta afirmó que la meta fijada ha
permanecido invariable para el cargo de oficial mayor y sustanciador en
descongestión, independientemente de quien lo ocupa, y, en efecto, se ha cumplido.
Además, destacó que dicha exigencia no es desproporcionada, sino que
corresponde a la necesidad del despacho y que, aunque no se encuentra
explícitamente consignada en el manual de funciones, allí se establece que deben
desarrollarse las funciones que por razón y necesidad del servicio sean asignadas
por el juez.
10. En ese orden de ideas, sostuvo que el acto censurado no constituye una
actuación irrazonable o desproporcionada, pues se encuentra debidamente
motivada, e incluso, afirmó que el Acta no determina de manera sustancial la
calificación anual de servicios del empleado, por el contrario, pretende orientarlo a
través del plan de mejoramiento para que esta sea satisfactoria. En consecuencia,
solicitó que se denieguen las pretensiones de la acción de tutela, pues, a su juicio,
no se vulneró ningún derecho fundamental.
11. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta indicó que únicamente
proceden recursos contra el acto administrativo definitivo que contenga la
evaluación y calificación final, más no contra la primera Acta de Seguimiento
Trimestral del 2025, pues este se constituye como un simple acto administrativo de
trámite no susceptible de ningún medio de impugnación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 75 de la Ley 1435 de 2011. Por lo tanto, adujo que no
adoptó ninguna decisión arbitraria o caprichosa que imponga la intervención del juez
constitucional y solicitó que se nieguen el amparo de la acción de tutela.
2.5. Sentencia impugnada
12. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 6 de agosto
de 2025, consideró que el acta de seguimiento trimestral de desempeño es un acto
administrativo de trámite, debido a que solo contiene una calificación trimestral de
las funciones desempeñadas por el servidor judicial, sin crear, modificar o extinguir
situaciones jurídicas ni afectar los derechos fundamentales del mismo, motivo por
el cual, no proceden recursos en su contra.
13. Por el contrario, indicó que la calificación integral sí es susceptible de recursos,
pues, a través de esta, se emite una decisión definitiva sobre el desempeño del
servidor judicial. En ese orden de ideas, sostuvo que la actuación administrativa
controvertida no ha concluido, pues no se ha expedido la calificación integral de
servicios anual, el cual constituye un acto administrativo definitivo.
14. Adicionalmente, le informó al accionante que en el evento en que se expida una
evaluación integral de servicios desfavorable, puede interponer recursos contra esa
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decisión o, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Por ende,
declaró improcedente la acción de tutela al estimar que incumple el requisito de
subsidiariedad.
15. En relación con la pretensión dirigida a que de ordene la expedición de un
manual de funciones por parte del Consejo Superior de la Judicatura, la autoridad
judicial señaló que no se cumplen los requisitos para la procedencia excepcional de
la acción de tutela.
2.6. Impugnación
16. La parte accionante señaló que la autoridad judicial desconoció la relevancia del
acta de seguimiento trimestral de desempeño, en la medida en que dicho
documento condiciona el resultado de la evaluación final, circunstancia que podría
ocasionar un perjuicio irremediable, consistente en la pérdida de su cargo de carrera
judicial.
17. Al respecto, adujo que las sentencias SU 077 de 2018, SU 067 de 2022 y T-084
de 2023 indicaron que, de manera excepcional, procede la acción de tutela contra
actos de trámite cuando tienen la potencialidad de definir una situación sustancial y
cuando su expedición ha sido irrazonable o desproporcionada, condición que estima
aplicable al caso concreto.
18. De igual forma, señaló que la calificación de servicios del periodo comprendido
entre el 9 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre del mismo año cuenta con
diversas irregularidades, como inconsistencias aritméticas, calificación de funciones
que no se desarrollan, metas que desbordan las establecidas por el Consejo
Superior de la Judicatura para cargos de descongestión, entre otras.
19. En virtud de las inconformidades expuestas, el señor Pineda Peñaranda
interpuso una queja por acoso laboral contra el juez Henry Leonardo Sarmiento
Villa.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
20. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
21. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar, inicialmente, la procedencia de la acción de tutela en contra de las actas
de seguimiento trimestral de desempeño laboral.
22. En el evento en que se acredite su procedencia, se deberá establecer si el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta vulneró los derechos fundamentales
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al debido proceso, trabajo, igualdad y al principio de legalidad al expedir la
Resolución 28 del 5 de junio de 2025.
3.3. La acción de tutela
23. El mecanismo constitucional consagrado en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollado por los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015 fue creado para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial
para hacer valer tales derechos.
24. Así las cosas, se tiene que la acción de tutela cuenta con un carácter residual o
subsidiario, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional
vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material
de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados.
3.3.1. Caso concreto
25. Esta Sala de Subsección anticipa que confirmará la decisión judicial proferida el
6 de agosto de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró la
improcedencia del amparo, aunque por las razones que se exponen a continuación:
26. La parte accionante afirmó que, en el ítem de «eficacia o rendimiento» del acta
de seguimiento trimestral fue calificado con una nota insuficiente frente a una meta
desproporcionada e inexistente en el manual de funciones que podría incidir en la
evaluación integral de servicios, causando un perjuicio irremediable y con ello, la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y el trabajo en
condiciones dignas y justas.
27. En ese orden de ideas, se deberá determinar cuál es la naturaleza del acta de
seguimiento trimestral de empleados judiciales.
28. En relación con la normatividad que rige el asunto objeto de análisis , el artículo
98 del Acuerdo PSAA14-10281 del 24 de diciembre de 2024 1 establece que el
superior jerárquico debe registrar trimestralmente las tareas asignadas al empleado
de carrera y calificarlas con base en los factores de calidad, eficiencia, rendimiento,
organización del trabajo y publicaciones, reflejando tanto los aspectos en los que se
alcanzó un desempeño óptimo, como aquellos en donde se evidencien deficiencias.
29. Seguido a ello, el artículo 99 ibidem señala que el superior jerárquico debe
comunicar al empleado el formulario diligenciado y, de ser necesario, el respectivo
plan de mejoramiento, con el propósito de fortalecer las áreas en las que se
1«Por medio del cual se reglamenta el sistema de evaluación de servicios de funcionarios y empleados de la
Rama Judicial»
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evidencien falencias y brindarle la oportunidad de optimizar su desempeño en las
siguientes calificaciones que forman parte de la evaluación integral de servicios.
30. Por consiguiente, el acta de seguimiento trimestral constituye un acto
administrativo de trámite, en la medida en que no crea, modifica o extingue
situaciones jurídicas per se, sino que integra solo uno de los cuatro componentes
que contribuyen en la elaboración de la evaluación anual de empleados judiciales,
acto administrativo definitivo que sí puede generar el retiro del empleado ante una
calificación insatisfactoria de las funciones desarrolladas y contra el que proceden
recursos, de conformidad con el artículo 171 de la Ley 270 de 1996.
31. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela no
procede contra actos administrativos de trámite, salvo que concurran de manera
simultánea los siguientes requisitos «(i) que la actuación administrativa de la cual
hace parte el acto no haya concluido; (ii) que el acto acusado defina una situación
especial y sustancial que se proyecte en la decisión final; y (iii) que ocasione la
vulneración o amenaza real de un derecho constitucional fundamental 2».
32. Por lo tanto, le corresponde a esta Subsección establecer si se cumplen los
requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de
trámite, de conformidad con el criterio fijado por la Corte Constitucional.
33. Teniendo en cuenta que, aún no han transcurrido los cuatro trimestres
necesarios para la elaboración de las actas de seguimiento en las que se
fundamenta la evaluación integral de servicios, se encuentra acreditado el primer
requisito.
34. Adicionalmente, esta Subsección considera que el acta de seguimiento trimestral
no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas del señor Pineda Peñaranda, por
el contrario, pretende darle a conocer falencias, con el objetivo de optimizar su
desempeño antes de que se lleve a cabo la evaluación integral de servicios. Por
ende, el segundo requisito no se encuentra satisfecho.
35. Por último, el acto administrativo cuestionado no cuenta con la posibilidad de
modificar la situación jurídica del accionante o transgredir sus derechos
fundamentales, salvo que se demuestre que su superior jerárquico lo expidió al
margen del procedimiento establecido en la normatividad aplicable. Sin embargo,
dicha situación no aconteció. Por lo tanto, no se demostró la configuración del tercer
requisito.
36. Así las cosas, se tiene que la acción de tutela objeto de análisis no cumple los
requisitos de procedencia contra actos administrativos de trámite, máxime cuando
no se acreditó la existencia de un perjuicio inminente o próximo a suceder que
imponga la intervención del juez constitucional en el presente asunto.
37. De otra parte, se observa que el señor Pineda Peñaranda pretende que se
ordene al Consejo Superior de la Judicatura la expedición y aplicación de manuales
técnicos y actualizados para el cargo de oficial mayor en propiedad del Juzgado
2 Sentencia SU 077 de 2018 de la Corte Constitucional.
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Doce Civil Municipal de Cúcuta. Sin embargo, dicha facultad corresponde
directamente a esa Corporación, de conformidad con el artículo 85 de la Ley 270
de 1996. Por lo tanto, el juez constitucional carece de competencia para sustituir
competencias asignadas a otras autoridades, razón por la cual su solicitud deviene
en improcedente, tal como se indicó en primera instancia.
38. Así las cosas, para la Subsección es evidente que en el presente asunto no se
satisfacen las exigencias previstas por la jurisprudencia constitucional para que la
acción de tutela proceda contra actos administrativos de trámite. Sin embargo, no
es posible confirmar la decisión de declarar improcedente la acción de tutela bajo el
argumento de que no se cumpla el requisito de subsidiariedad, en la medida en que
el accionante no cuenta con otros medios o mecanismos idóneos de defensa en la
actualidad que le permitan salvaguardar sus intereses.
39. En vista de lo anterior, se confirmará la decisión judicial proferida el 6 de agosto
de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró
la improcedencia de la acción de tutela, pero por no cumplir los requisitos exigidos
por la jurisprudencia Constitucional para controvertir actos administrativos de
trámite.
40. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión judicial proferida el 6 de agosto de 2025 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente
la acción de tutela, pero por las razones expuestas en el presente proveído.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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