Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04158-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04158-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04158-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
14 de agosto de 2025
Demandantes: Johana Chacón Corzo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04158-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Paipa (Boyacá), catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado 11001-03-15-000-2025-04158-00
Demandante: JOHANA CHACÓN CORZO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Temas: Tutela contra providencia judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Resuelve la Sala la acción de tutela presentada por Johana Chacón Corzo, Verónica
Chamorro Chacón y Ricardo Estiven Chamorro Chacón contra el Tribunal
Administrativo de Nariño.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Con escrito radicado el 4 de julio de 2025, los actores solicitaron el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia.
Las anteriores garantías constitucionales las consideraron vulneradas con ocasión de
la sentencia de 21 de octubre de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
de Nariño revocó el fallo de 19 de diciembre de 2019 proferido por el Juzgado 1. °
Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 52001-33-33-001-2017-
00328-00/01.
1.2. Peticiones de amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
1. Declarar que el honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, en
sentencia de segunda instancia proferida el 21 de octubre de 2024 notificada por
estado el 20 de marzo de 2025, dentro del expediente
52001333300120170032800 incurrió vía de hecho por defecto material o
sustantivo.
2. En consecuencia, tutelar nuestro derechos fundamentales al debido proceso, la
igualdad, acceso efectivo a la administración de justicia, entre otros derechos
vulnerados con el actuar del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO a través
de la sentencia del 21 de octubre de 2024.
3. Ordenar revocar la decisión proferida el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NARIÑO, en sentencia de segunda instancia proferida el 21 de octubre de 2024
notificada por estado el 20 de marzo de 2025, dentro del expediente
52001333300120170032800. 4. Ordenar TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
1
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Demandantes: Johana Chacón Corzo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04158-00
NARIÑO, proferir una nueva sentencia dentro del expediente
52001333300120170032800, teniendo en cuenta las normas y la jurisprudencia
que regula el régimen especial pensional de la fuerza pública.1
1.3. Hechos
De la narración realizada en el escrito inicial y lo evidenciado en el expediente, se
resaltan las siguientes premisas fácticas:
El señor Raúl Antonio Chamorro prestó sus servicios en el Ejército Nacional desde el
12 de noviembre de 1992 hasta el 30 de agosto de 2006 y fue beneficiado con una
pensión de invalidez.
Tras el fallecimiento del señor Chamorro, el Ministerio de Defensa Nacional reconoció
pensión de sobrevivientes a sus hijos Ricardo Estiven Chamorro Chacón y Verónica
Chamorro Chacón en un 50%; el otro 50% fue concedido a su compañera permanente
Jhoana Chacón Corzo.
Los mencionados familiares iniciaron un proceso a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de lograr la reliquidación de la
mencionada prestación con el aumento porcentual de que trata el inciso 2 del artículo
1. ° del Decreto 1794 de 2000 2 y la correcta inclusión de la prima de antigüedad.
En primera instancia, el Juzgado 1. ° Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, con
sentencia de 19 de diciembre de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda. En
consecuencia, la parte demandada interpuso recurso de apelación.
La alzada fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Nariño, autoridad que, con
sentencia de 21 de octubre de 2024, resolvió que para el caso había operado la
caducidad, esto con fundamento en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 3, por cuanto
habían pasado más de 5 años desde que la pensión fue reconocida.
1
Texto transcrito del original con posibles errores. Por otra parte, en el escrito inicial se incluyó en el
acápite de pretensiones 10 numerales; no obstante, se suprime de esta cita aquellos que corresponden
a enunciaciones probatorias.
2
Artículo 1. Asignación salarial mensual. Los soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas
Militares devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado
en un cuarenta por ciento (40%) del mismo salario.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre del año
2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley 131 de 1985, devengarán un salario mínimo
legal vigente incrementado en un sesenta por ciento (60%).
3
ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no Podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a
partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción
y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o
contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso,
se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y
respecto a las cuales ya se haya decidido, Podrán ser susceptibles del recurso extraordinario de
revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.
2
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1.4. Fundamentos de la solicitud
Para la parte actora, la providencia cuestionada incurrió en los siguientes defectos:
• Defectos sustantivo y procedimental
A juicio de los accionantes, la Ley 2381 de 2024 aplica para el régimen general de
seguridad social; no obstante, los miembros de la Fuerza Pública tienen un sistema
exceptuado al que no le son aplicables sus postulados normativos, de acuerdo con la
Ley 923 de 2004, el Decreto 4433 de 2004, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y los
artículos 48 y 217 de la Constitución Política.
Estimaron que «al aplicar de manera indiscriminada normas del régimen general a
sujetos que, por mandato legal y constitucional, se encuentran sometidos a un régimen
jurídico diferenciado se vulnera el principio de igualdad».
Manifestaron que la norma reglamentaria principal para los miembros de la Fuerza
Pública es el Decreto 4433 de 2004, la cual contiene las disposiciones relativas a
requisitos para el reconocimiento de asignaciones de retiro, pensiones de invalidez y
sustituciones pensionales, por lo que no puede acudirse a la Ley 2381 de 2004 para
definir aspectos sobre la materia.
Resaltaron que la propia Ley 2381 de 2024 excluye su aplicación en los regímenes
exceptuados, como lo establece en el parágrafo 2 del artículo 3, así:
PARÁGRAFO 2: La presente ley no aplicará en el Pilar Contributivo ni
Semicontributivo a las personas que hayan obtenido una pensión de vejez y de
invalidez o prestación en el Sistema General de Pensiones o en los regímenes
especiales o exceptuados.
Concluyeron que la citada premisa fue desconocida por el Tribunal Administrativo de
Nariño con lo cual omitió «expresamente el carácter exceptuado de dicho régimen
frente al sistema general de pensiones».
Aunado a lo expuesto, acusaron a la autoridad accionada de dar una aplicación
retroactiva a la Ley 2381 de 2024, esto por cuanto la demanda fue radicada en el 2017,
es decir, cuando esa norma aún no había sido proferida, lo que implica que «sin
soporte normativo alguno, compromete además el principio de confianza legítima, toda
vez que los actores actuaron con base en un marco jurídico vigente, razonable y
previsible al momento de reclamar sus derechos, confiando en que dicho marco no
sería alterado de manera sorpresiva o arbitraria en su perjuicio».
Con apoyo en lo resuelto en la sentencia de 2 de octubre de 2024, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado 4, esgrimieron que las
disposiciones de la reforma pensional solo entran a regir a partir del 1. ° de julio de
2025, es decir, que no era aplicable, por temporalidad, a su caso.
• Defecto por desconocimiento del precedente
4
Proceso: 25000-23-42-000-2015-05734-01
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Este cargo fue sustentado de la siguiente forma:
En efecto, el Consejo de Estado, mediante Sentencia de Unificación del 25 de
agosto de 2016 (expediente 3420-2015, ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez),
definió reglas claras sobre el reconocimiento del reajuste salarial del 20% para
aquellos soldados que se desempeñaron como voluntarios al 31 de diciembre del
2000 y que posteriormente adquirieron la condición de soldados profesionales, en
virtud del régimen de transición previsto en el Decreto 1794 de 2000. Esta sentencia
tiene carácter vinculante y constituye precedente judicial obligatorio para todas las
autoridades judiciales del país, en los términos del artículo 230 de la Constitución y
del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011.
Asimismo, en la Sentencia de Unificación del 25 de abril de 2019 (expediente 1701-
16), el Consejo de Estado estableció que, para efectos de la liquidación de la
asignación de retiro de los soldados profesionales, la prima de antigüedad debe
calcularse con base en el 100% de la asignación básica, criterio que resulta
aplicable a casos de pensión de invalidez en la Sentencia del 4 de julio de 2019
(expediente 66001233300020160043301), al considerar que el régimen especial
contempla las mismas partidas salariales para el reconocimiento de las distintas
prestaciones pensionales.
1.5. Trámite de la acción
Mediante proveído de 9 de julio de 2025, el magistrado ponente admitió la acción de
tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Nariño como autoridad
accionada, adicionalmente, vinculó, en calidad de terceros interesados, a la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y al Juzgado 1. ° Administrativo del Circuito
Judicial de Pasto.
1.6. Intervención
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentó la
siguiente respuesta:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Nariño
El magistrado ponente de la decisión atacada manifestó que acataría lo que se
resolviera en esta acción de tutela; no obstante, consideró que su sentencia está
debidamente fundada en derecho.
Resaltó que el criterio de caducidad adoptado está respaldado por las siguientes
providencias del Consejo de Estado:
i) Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 52001-23-33-000-2021-00134-02
(7367-2023), demandante: UGPP, demandado: Ana Lidia Dávila de Sánchez,
providencia de fecha 27 de marzo de 2025; ii) Nulidad y Restablecimiento del
Derecho No. 08001-23-33-000-2013-00161-01 (1132-2015), demandante: UGPP,
demandado: Julio César Blanco Carbonell, providencia de fecha 27 de marzo de
2025 y iii) Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 19001-23-33-000-2021-
00090-01 (4185-2024), demandante: UGPP, demandado: Rubén Darío Rengifo
Beltrán, providencia de fecha 23 de octubre de 2024.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por Johana Chacón Corzo, Verónica Chamorro Chacón y Ricardo Estiven
Chamorro Chacón contra el Tribunal Administrativo de Nariño de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, con ocasión de la providencia de 21 de
octubre de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Nariño revocó lo
resuelto en primera instancia para, en su lugar, declarar la caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, con fundamento en lo estipulado en
el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos de procedibilidad
adjetiva, y, de superarse, (iii) el caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 5 unificó
la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 6.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 7.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Sobre la relevancia constitucional debe tenerse en cuenta que en la sentencia
SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que las finalidades de este requisito
son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal9
(Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico10; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”11
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”12 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”13
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto14, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
9
Sentencia SU-573 de 2019.
10
Sentencia SU-103 de 2022.
11
Sentencia SU-103 de 2022.
12
Sentencia SU-103 de 2022.
13
Sentencia SU-128 de 2021.
14
Sentencia SU-573 de 2019.
6
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debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal15. (Resaltado de la Sala)
Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la argumentación
de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el Consejo de Estado
ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C – 590 de 2005, en la cual se
explica que los accionantes deben exponer los defectos 16 en los que incurrió la
decisión atacada.
Para esta Sala, en este caso se cumple parcialmente con este requisito, como pasa a
explicarse.
De acuerdo con los argumentos del escrito inicial, las censuras propuestas contra la
sentencia atacada se pueden identificar de la siguiente forma: (i) defecto sustantivo
por aplicar una norma del régimen general de la seguridad social a una pensión
reconocida en un régimen exceptuado; (ii) defecto sustantivo por aplicar
retroactivamente una ley posterior a la que se encontraba vigente al momento de iniciar
el proceso ordinario, y (iii) defecto por desconocimiento del precedente.
Ahora bien, respecto del primer cargo, para esta Sala es un asunto que no se queda
en un mero debate legal, por cuanto, de ser cierto que la autoridad accionada está
aplicando normas que están expresamente excluidas para un régimen especial de
pensiones, entonces podría configurarse una actuación arbitraria o irracional que
implique la afectación a un principio básico del debido proceso, como lo es el de
legalidad.
Ciertamente, en la argumentación del escrito de tutela se logra generar una duda sobre
el actuar del Tribunal Administrativo de Nariño cuando expone que, de acuerdo con el
parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 2381 de 2024, los postulados de esa norma no son
aplicables a las pensiones reconocidas en los regímenes exceptuados, como ocurre
con la prestación que devengaba el señor Raúl Antonio Chamorro, como miembro de
la Fuerza Pública, y que fue entregada posteriormente a sus sobrevivientes.
Aunado a lo anterior, al margen del fondo de lo solicitado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo cierto es que lo presentado por los accionantes es que
el Tribunal Administrativo de Nariño, aparentemente, está desconociendo la naturaleza
especial que tiene la pensión reconocida al señor Raúl Antonio Chamorro, figura que
tiene fundamento constitucional 17.
En ese orden de ideas, al existir una argumentación concordante con la figura del
defecto sustantivo por la presunta aplicación indebida de una norma, se evidencia
superado este requisito para dicho señalamiento.
No obstante, los demás cargos carecen de la relevancia constitucional exigida para un
estudio de fondo.
15
Ibid.
16
Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error
inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.
17
Esto de acuerdo con la modificación del Acto Legislativo 01 de 2005 al artículo 48 de la Constitución
Política.
7
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En primer lugar, sobre la aplicación retroactiva de la Ley 2381 de 2024, la parte actora
no logra generar un cuestionamiento frente a un actuar arbitrario o irracional del
Tribunal Administrativo de Nariño.
En tanto que se limitó a esgrimir sus consideraciones respecto del momento y la forma
en que debe entrar a regir dicha norma, pero esto se queda en meras apreciaciones
subjetivas que no pueden llevar a que el juez de tutela imponga un criterio sobre el de
la autoridad que resolvió la controversia.
A su vez, debe tenerse en cuenta que los argumentos que trae la parte actora, sobre
antecedentes del Consejo de Estado se limitan a una decisión en la que no se
estableció una regla, es decir, la aplicación del término de caducidad de que trata la
Ley 2381 de 2024 no se encuentra unificado y por lo tanto está abierto al criterio
jurídico autónomo de cada juez.
Así las cosas, no es posible que el juez de tutela entre a resolver controversias sobre
la interpretación de normas legales en donde el fallador natural ha hecho uso de su
autonomía judicial, escogiendo una tesis que no puede calificarse de irracional solo
por el hecho de no estar de acuerdo con lo pretendido por la parte actora. Tal actuar
convertiría el medio constitucional en una instancia adicional, para lo cual no fue
creado.
Siendo así, lo pretendido por la parte accionante es que esta vía de amparo se
convierta en una instancia adicional en la que se le imponga al Tribunal Administrativo
de Nariño un análisis normativo que sea favorable a los demandantes, lo que denota
la falta de relevancia constitucional.
En segundo lugar, sobre el desconocimiento del precedente, se advierte que con esto
los actores pretenden que se apliquen unas sentencias en las que se reconocieron los
ajustes pensionales que pretendieron en el proceso ordinario.
Sobre este punto, es claro que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
el Tribunal Administrativo de Nariño no se pronunció de fondo sobre la reliquidación
pensional, por cuanto su análisis se quedó en el punto de la caducidad. En ese sentido,
debe decirse que esta acción de amparo no puede desbordar el alcance de la
sentencia de 21 de octubre de 2024 y hacer un análisis sobre algo respecto de lo que
no se ha manifestado el juez natural.
En todo caso, si en gracia de discusión de superara este requisito para el cargo de
desconocimiento del precedente, es evidente que no lograría pasar del filtro del
agotamiento de los medios de defensa judicial, puesto que al tratarse de sentencias
de unificación, la parte actora tendría a su disposición el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia.
En consecuencia, solo se continuará con el estudio del defecto sustantivo en la
variante ya expuesta y se declarará la improcedencia de la acción de tutela respecto
de lo demás.
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2.4.2. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se tiene
cumplido el requisito por cuanto la providencia atacada corresponde a una sentencia
de segunda instancia respecto de la cual no proceden recursos.
2.4.3. Por otra parte, esta Sala de Decisión evidencia que en el presente asunto se
cumple el requisito de inmediatez, en tanto que la sentencia atacada, si bien data del
21 de octubre de 2024, solo se registró y notificó casi 5 meses después, esto es, el 19
y 20 de marzo de 2025, respectivamente. Luego, al margen del momento de la
ejecutoria de dicho fallo, la acción constitucional fue oportuna.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 18, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200519, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y,
reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.4.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Por todo lo anterior, la Sala procederá a realizar el análisis del cargo planteado.
2.5. De las generalidades del defecto alegado
Referente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional 20, ha explicado
que este se presenta cuando «la autoridad judicial aplica una norma claramente
inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una
interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica» 21.
Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela, importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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«c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos».
20 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
21 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime Córdoba
Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio, T-792 del 1.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
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a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente22 o porque ha sido derogada23, es inexistente24,
inexequible25 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador26.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma27.
c) La disposición aplicada es regresiva28 o contraria a la Constitución29.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la
disposición30.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma31 .
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un
defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.
2.6. Caso concreto
En el presente asunto se tiene que al señor Raúl Antonio Chamorro se le reconoció
una pensión de invalidez como miembro del Ejército Nacional, prestación que luego
pasó a titularidad de sus sobrevivientes, quienes solicitaron por vía judicial la
reliquidación. Esta pretensión se resolvió desfavorablemente por parte del Tribunal
Administrativo de Nariño, autoridad que estimó que, de acuerdo con el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024, el medio de control se encontraba caducado.
El cargo que propone la parte actora, se sustenta en lo dispuesto en el parágrafo 2 del
artículo 3 de la Ley 2381 de 2024, que dispone:
PARÁGRAFO 2: La presente ley no aplicará en el Pilar Contributivo ni
Semicontributivo a las personas que hayan obtenido una pensión de vejez y de
invalidez o prestación en el Sistema General de Pensiones o en los regímenes
especiales o exceptuados. (Resaltado fuera de texto)
Ahora bien, de la lectura de la sentencia de 21 de octubre de 2024, se tiene que el
Tribunal Administrativo de Nariño, luego de exponer los antecedentes del caso, entró
de plano con el estudio de la caducidad y resolvió que, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, al pasar más de 5 años desde que se reconoció
la pensión ya no era posible demandar su reliquidación; no obstante, no se observa
22
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
23
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
24
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
25
Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
26
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
27
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101
del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
28
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
29
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
30
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
31
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.
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una sola consideración relativa al hecho de que la prestación cuya reliquidación se
estaba pretendiendo había sido reconocida inicialmente a un miembro de la Fuerza
Pública.
Sobre el particular, debe recordarse que tras la expedición del Acto Legislativo 01 de
2005, el artículo 48 de la Constitución Política tiene la siguiente previsión:
A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes
especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al
Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo.
Nótese que la existencia del régimen pensional especial de los miembros de la Fuerza
Pública tiene raigambre constitucional y, de la lectura del parágrafo 2 del artículo 3 de
la Ley 2381 de 2024 se desprende que la intención del legislador es excluir de su
aplicación a las pensiones reconocidas en dichos regímenes especiales.
En este punto, conviene recordar que, al resolver sobre un reconocimiento o una
reliquidación pensional, es deber del fallador establecer el régimen aplicable, esto a fin
de poder identificar la normatividad bajo la cual debe desatarse la controversia.
Por el contrario, en la sentencia del 21 de octubre de 2024 el Tribunal Administrativo
de Nariño analizó el caso directamente a la luz de la Ley 2381 de 2024, sin detenerse
a hacer el más mínimo estudio sobre la idoneidad de esta norma para resolver la
discusión.
Con todo, esta Sala no puede decir que, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2 del
artículo 3 de la Ley 2381 de 2024, esa norma sea de plano inaplicable para el caso
concreto de la señora Johana Chacón Corzo y demás actores, aunque en efecto, su
texto así lo sugiere, es necesario que el juez natural emita un pronunciamiento sobre
el particular.
Es decir, en esta oportunidad está comprobado que el parágrafo 2 del artículo 3 de la
Ley 2381 de 2024 era una norma aplicable en el caso concreto y que el Tribunal
Administrativo de Nariño dejó de lado en su sentencia; no obstante, el hecho que el
juez de instancia acuda a dicha norma, no quiere decir que su interpretación deba ser
necesariamente la que pretende la parte actora.
Lo anterior, porque aplicar el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 2381 de 2024 no
implica que, de entrada, las pretensiones de los actores estén excluidas de dicha
norma, sino que existía, en cabeza del Tribunal Administrativo de Nariño, el deber de
valorar si, a la luz de dicha previsión normativa, la reliquidación pensional debía
resolverse con la Ley 2381 de 2024 o solo con los postulados especiales para el
régimen de la Fuerza Pública.
En este caso, la Sala, como juez de tutela, lo que debe garantizar es que el Tribunal
Administrativo de Nariño estudie de nuevo la apelación, pero esta vez incluyendo un
análisis del referido parágrafo de la Ley 2381 de 2024, sin imponer un criterio de
decisión.
En consecuencia, se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, se dejará sin valor ni efecto la sentencia de 21
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de octubre de 2024 y se ordenará al Tribunal Administrativo de Nariño que, dentro de
un término de 30 días, profiera una nueva providencia en la que analice la aplicabilidad
de la Ley 2381 de 2024 al caso concreto, a la luz de lo dispuesto en el parágrafo 2 del
artículo 3 de la misma norma.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto del cargo
sustantivo relativo a la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho y el de desconocimiento del precedente.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia de Johana Chacón Corzo, Verónica Chamorro Chacón
y Ricardo Estiven Chamorro Chacón. En consecuencia, DEJAR sin valor ni efecto la
sentencia de 21 de octubre de 2024 proferida en el proceso 52001-33-33-001-2017-
00328-01.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Nariño que, dentro de un
término de 30 días, profiera una nueva providencia en la que analice la aplicabilidad
de la Ley 2381 de 2024 al caso concreto, a la luz de lo dispuesto en el parágrafo 2 del
artículo 3 de la misma norma.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(ausente con permiso)
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación
en el siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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