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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04160-01

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04160-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 21 de agosto de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera que negó el amparo, para en su lugar, DECLARAR improcedente la acción constitucional promovida por el señor Luis Alberto Solano Paipa contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por no superar el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04160-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

16 de octubre de 2025

Demandante: Luis Alberto Solano Paipa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04160-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04160-01
Demandante: LUIS ALBERTO SOLANO PAIPA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D

Tema: Tutela contra providencia judicial. Revoca sentencia de
primera instancia. Declara improcedente por falta de
relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la providencia del 21 de agosto de 2025, en virtud de la cual, el Consejo de Estado,
Sección Primera, negó el amparo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Luis Alberto Solano Paipa, actuando a través de apoderado judicial1,
promovió acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D3, en la que solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva. Así como también, la aplicación de los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima.

En criterio de la parte actora, la vulneración de sus garantías constitucionales se
materializó con ocasión de la providencia del 10 de abril de 2025 mediante la cual,
la autoridad judicial accionada revocó el proveído de primera instancia del 29 de
julio de 2024, proferido por el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, en el que se habían negado las pretensiones de la demanda

1 Índice 002 de Samai primera instancia.
2 La tutela se radicó el 4 de julio de 2025, a la que se le asignó la secuencia interna número 6477.
3 La sala está integrada por los magistrados, Israel Soler Pedroza, Alba Lucía Becerra Avella y

Cerveleón Padilla Linares.

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Demandante: Luis Alberto Solano Paipa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04160-01

para en su lugar, declarar configurada la caducidad del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-047-2021-00116-00/02.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

2. Que se deje sin valor ni efecto, la providencia de segunda instancia adiada el
10 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -
Sección Segunda –Subsección “D”, por medio de la cual se decretó
oficiosamente la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, dentro del proceso con radicado # 11001-33-42-047-2021-00116-
02.

3. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Segunda – Subsección “D”, dar curso en debida forma al recurso de apelación
interpuesto contra la decisión proferida por el Juzgado 47 Administrativo de
Bogotá, al medio de control referido con radicado # 11001-33-42-047-2021-
00116-00.

4. Que, en consecuencia de lo anterior, se ordene proferir una nueva sentencia
en la que se realice un pronunciamiento de fondo en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia4.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El señor Luis Alberto Solano Paipa demandó en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad del Acta No. 005- ADEHU-
GRUAS 2.25 del 25 de agosto de 2020 expedida por la Junta de Evaluación y
Clasificación para Suboficiales, Personal Nivel Ejecutivo y Agentes de la Dirección
de Talento Humano de la Policía Nacional, por medio del cual se resolvió́ no
proponer al actor para el ascenso al grado de Subintendente5.

4 Transcripción original del texto con posibles errores.
5 A través del Acta se dispuso: «[…] la Junta de Evaluación y Clasificación de Suboficiales, Nivel

Ejecutivo y Agentes, NO PROPONE SU INGRESO AL GRADO DE SUBTENIENTE, ante el señor
Director General de la Policía Nacional, en atención que no reúne los requisitos establecidos en el
artículo 21 Numeral (es) 5 del Decreto Ley 1791 de 200, al ser reportado por:
La Secretaría General: lo reporta mediante comunicación oficial No. S-2020-034494-SEGEN de
fecha 04/08/2020 que tiene una […] SITUACIÓN ADMINISTRATIVA FECHA DISPOSICIÓN;
AUTPRIDAD: JUZ 1 PROMISCUO DE INIRIDA, DELITO: ACCESO CANAL VIOLENTO
AGRAVADO, ULTIMA ACTUACIÓN EN ASUNTOS PENALES: libertad provisional».

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Demandante: Luis Alberto Solano Paipa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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En primera instancia el proceso se asignó al Juzgado Cuarenta y Siete
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá con el radicado No. 11001-33-42-047-
2021-00116-00, que mediante sentencia del 29 de julio de 2024 negó las
pretensiones de la demanda.

Como fundamento indicó que el demandante no cumplía a cabalidad con los
requisitos del artículo 13A6 del Decreto 1791 de 2000 para el ascenso del patrullero
al grado de subteniente e intendente de la Policía Nacional, porque

[…] el señor Solano Paina no demostró haber sido absuelto por el delito de acceso
carnal agravado por el cual tiene imputación de cargos ante el Juzgado Promiscuo
del Circuito de Inírida Guainía dentro del proceso No. 940013189001-2013-80184-
00, pues si bien se dictó sentencia absolutoria de primera instancia el 26 de
septiembre de 2014, lo cierto es que no se demostró la ejecutoria de esta decisión,
por lo cual, y como lo acepta el accionante en la demanda, aún sigue en vilo la
decisión de segunda instancia, lo que no permite aseverar que cuente con
absolución por este delito y por lo tanto, no cumple con los requisitos para el
ascenso.

La parte demandada interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante
providencia del 10 de abril de 2025 en la que revocó el proveído de primera
instancia, y en su lugar, declaró de oficio la excepción de caducidad.

Lo anterior, dado que, a su juicio, el Acta No. 005-ADEHU-GRUAS 2.25 del 25 de
agosto de 2020 se notificó por correo electrónico al actor en esta misma fecha,
puesto que así lo reconoció en el hecho décimo de lo demanda y lo constató con
las capturas de pantalla aportadas por la entidad demandada.

Para la contabilización de los términos de caducidad señaló que, término de 4
meses empezó a correr el 26 de agosto de 2020 y fenecía el 12 de enero de 2021

6
ARTÍCULO 13A. REQUISITOS PARA EL INGRESO DEL PATRULLERO DE POLICÍA AL GRADO
DE SUBINTENDENTE. <Artículo adicionado por el artículo 106 de la Ley 2179 de 2021. El nuevo
texto es el siguiente:> Superado el proceso de convocatoria dispuesto para el cambio de categoría
de los Patrulleros de Policía al Nivel Ejecutivo, estos podrán ingresar al grado de Subintendente,
previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Adelantar y aprobar el curso de capacitación de nivel tecnológico que para el efecto establezca la
Policía Nacional, cuya duración no será inferior a seis (6) meses.
b) Aprobar la validación de competencias policiales realizada por el Centro de Estándares de la
Policía Nacional al superar el curso de capacitación.
c) Tener aptitud psicofísica de acuerdo con las normas vigentes.
d) No encontrarse detenido, no tener pendiente resolución acusatoria o formulación de acusación
dictada por autoridad judicial competente ni tener pliego de cargos o su equivalente, ejecutoriado por
conductas constitutivas de faltas gravísimas en materia disciplinaria.
e) Contar con concepto favorable de la Junta de Evaluación y Clasificación respectiva.
PARÁGRAFO. El Patrullero de Policía en servicio activo que se encontrare detenido, con resolución
acusatoria, formulación de acusación o pliego de cargos o su equivalente, ejecutoriado por conductas
constitutivas de faltas gravísimas en materia disciplinaria y resultare absuelto, se le dictare preclusión
de la investigación, cesación de procedimiento o archivo, podrá ingresar al grado de Subintendente
con la antigüedad que le correspondería de no haberse presentado dicha situación, previo el
cumplimiento de los demás requisitos.

3
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dado el periodo de vacancia judicial7. Por otro lado, indicó que, al no haberse
aportado prueba de la solicitud de conciliación prejudicial, supuso que esta «se
hubiese presentado el 12 de enero de 2021, último día que tenía para la
presentación de la demanda», lo que interrumpía los términos para demandar por 3
meses hasta el 13 de abril del mismo año, sin embargo, la demanda se radicó el 28
de abril de 2021, por tanto, fuera del término legal.

El proveído que resolvió el recurso de alzada se notificó a las partes por correo
electrónico el día 21 de abril de 20258.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte accionante señaló que en la providencia cuestionada incurrió en los
siguientes defectos:

(i) Violación directa de la Constitución Política porque se transgredieron sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la tutela judicial efectiva, pues, en su sentir, el juzgador colegiado declaró
oficiosamente y de manera irregular la caducidad9.

Señaló que, los términos para demandar no podían correr desde el 26 de agosto de
2020 porque pese a que recibió un correo en el que supuestamente se le
comunicada el acto de no ascenso, no se le adjuntó ningún archivo, por lo que elevó
una petición pidiendo copia del Acta No. 005-ADEHU-GRUAS 2.25 del 25 de agosto
de 2020, la que le fue entregada el 20 de octubre del mismo año, por tanto, desde
esta fecha empieza a correr el término de 4 meses para demandar en nulidad y
restablecimiento del derecho. Para explicar la forma en que considera que corrió el
plazo de caducidad aportó el siguiente cuadro explicativo:

En lo concerniente al agotamiento de la conciliación prejudicial manifestó que, esta
se presentó el 23 de diciembre de 2020 ante la Procuraduría 4 Judicial II para
Asuntos Administrativos de Bogotá, la que culminó con la expedición de la

7 Periodo que transcurrió entre el 19 de diciembre de 2020 y el 12 de enero de 2021.
8 Índice 020 de Samai del proceso 11001334204720210011602.
9 Citó como sustento de estas garantías, las providencias: (i) del 5 de agosto de 2014 del Consejo

de Estado, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 sobre la tutela judicial efectiva, el debido
proceso y la notificación de las actuaciones judiciales; (ii) C-980 de 2010 de la Corte Constitucional,
referente a que la notificación al correo electrónico se entiende surtida cuando el destinatario recibe
la comunicación que la contiene, y; (iii) T-404 de 2014 de la misma Corporación, sobre el debido
proceso en la notificación de los actos administrativo de carácter particular y concreto.

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constancia de no acuerdo de fecha 13 de abril de 2021, que no se tuvo en cuenta
por el tribunal, porque afirmó que estos documentos no reposaban en el expediente,
pese a que se radicaron con la demanda y se verificaron por el juez de primera
instancia.

Agregó que, de no existir prueba de la fecha en que se radicó la conciliación
prejudicial, el ad quem debía aplicar el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 que indica
que los términos de caducidad se suspenden por 3 meses desde que se radica la
solicitud de conciliación.

(ii) Fáctico: señaló que este se configura porque el tribunal carecía de pruebas para
concluir que el acto demandado se notificó al actor el 26 de agosto de 2020 sin tener
en cuenta que no se adjuntó el acto a notificar.

(iii) Sustantivo: por aplicar indebidamente el artículo 67 del CPACA que fija las
reglas para la debida notificación de los actos administrativos definitivos, lo que llevó
a que el ad quem contabilizara de forma errada los términos de caducidad.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 11 de julio de 202510, el Magistrado ponente del Consejo de Estado,
Sección Primera, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación a la parte
accionante11 y como accionados, a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D12. Asimismo, ordenó vincular al
Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá13 y al
director de la Policía Nacional14.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D15

El magistrado ponente de la decisión enjuiciada hizo un recuento de las actuaciones
surtidas en el proceso ordinario y reiteró que en el presente caso sí se configura la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho porque el

10 Índice 005 de Samai de primera instancia.
11Índice 008 de Samai. La notificación fue realizada a: diegocarmona.p1985@gmail.com.
12 Índice 008 de Samai. La notificación fue realizada a:
scs02sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co, scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co
rmemorialessec02tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co.
13 Índice 008 de Samai. La notificación fue realizada a: jadmin47bta@notificacionesrj.gov.co

jadmin47bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
14 Índice 008 de Samai. La notificación fue realizada a: segen.consejo@policia.gov.co,

notificacion.tutelas@policia.gov.co
15 Índice 009 de Samai.

5
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actor conoció del acto administrativo demandado el 25 de agosto de 2020, pues fue
reconocida expresamente por el propio demandante en el hecho décimo de la
demanda.

Por otro lado, señaló que, pese a que el tutelante afirmó haber aportado la
constancia de conciliación prejudicial, la única prueba que obra en el proceso es
una captura de pantalla en la que consta que «acredita el envío de la copia de la
solicitud de conciliación extrajudicial a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado». No obstante, aplicó la suspensión de términos de caducidad de 3 meses
que señala el Decreto 1069 de 2015 -vigente para ese momento- suponiendo que
la solicitud se hubiera presentado el 12 de enero de 2021, sin embargo, aún
aplicando un plazo favorable la demanda se presentó fuera del plazo legal.

En consecuencia, pidió que se niegue el amparo porque no existe ninguna
vulneración de las garantías invocadas.

1.6.2. Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá16

Aportó el enlace del expediente electrónico, sin embargo, no hizo ningún
pronunciamiento frente a las pretensiones de la tutela.

1.6.3. El director de la Policía Nacional guardó silencio frente las pretensiones de
este mecanismo pese a que fue debidamente notificado.

1.7. Sentencia de primera instancia17

El Consejo de Estado, Sección Primera dictó sentencia el 21 de julio de 2025 en la
que negó el amparo por no advertir ninguna vulneración de los derechos invocados.

Estudio que, en el correo remitido al actor el 25 de agosto de 2020 por la Policía
Nacional se le informó que en el Acta No. 005 del 25 de agosto de 2020 se resolvió
no proponer el ingreso al grado de subteniente del señor Luis Alberto Solano Paipa,
debido que no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 21 numeral 5
del Decreto Ley 1791 de 2000, porque estaba siendo procesado por el delito de
acceso carnal violento agravado en un proceso tramitado en el Juzgado Primero
Promiscuo de Inírida.

Por lo tanto, consideró que, si bien en el correo electrónico referido no se aportó el
acta 005 del 25 de agosto de 2020, se le puso de presente el contenido de la misma,
pues se explicaron de manera clara y concreta las razones por la que no se había
recomendado su ascenso, esto es, las justificaciones de la decisión del no ascenso,
garantizando así su derecho de defensa y contradicción.

16 Índice 011 y 013 de Samai.
17 Índice 016 de Samai.

6
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Sección Segunda, Subsección D
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Por otro lado, indicó que, tal como lo afirmó el ad quem, el accionante no aportó la
prueba del agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial
en el proceso ordinario, sino que la radicó junto al escrito de tutela, cuyo escenario
no es el idóneo para complementar las actuaciones y cargas que no cumplió en la
contienda judicial.

Concluyó que, el análisis de la autoridad judicial demandada no se enmarca en una
indebida valoración probatoria ni en un defecto sustantivo, por cuanto no se separó
de los hechos debidamente probados en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho ni se trata de una decisión que vaya en contravía de la evidencia
probatoria. Además, no se aplicaron de forma indebida las normas sobre la
caducidad.

El proveído de primera instancia se notificó a las partes e intervinientes el 29 de
agosto 202518 mediante correo electrónico.

1.8. Impugnación19

El actor impugnó la decisión del a quo y solicitó que se revoque y se ampare su
derecho fundamental al debido proceso, porque consideró que el juez de primera
instancia se limitó a avalar los argumentos de la declaratoria oficiosa de caducidad
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin tener en cuenta
los argumentos presentados, en los que explica la forma en que deben realizarse
las notificaciones de los actos administrativos que resuelven de fondo una situación
jurídica particular.

Iteró que, el contenido del Acta No. 005 del 25 de agosto de 2020 no se le puso en
conocimiento siguiendo las pautas del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 porque
en el correo por el que se le informó sobre la decisión de no ascenso no se le entregó
copia del acto administrativo referido, por lo que desconocía los verdaderos motivos
de hecho y de derecho por lo que no fue promovido, de ahí que considera que no
puede tenerse por como fecha de comunicación la del envío del correo del 25 de
agosto de 2020.

Para fundamentar lo expuesto citó las sentencias C-980 de 2010 y T-404 de 2014
de la Corte Constitucional, en las que, a su juicio, se dispone que las notificaciones
por correo son admisibles cuando se entrega la copia del acto administrativo dado
que ello permite que pueda ser controvertido.

Señaló que, su caso es similar al de uno de sus compañeros, al que no se le notificó
debidamente el acta en la que sé que decidió no promover su ascenso, motivo por

18 Índice 021 de Samai de primera instancia.
19 Índice 024 de Samai. La sentencia se notificó el 29 de agosto de 2025 a través de correo
electrónico y el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el día 3 de septiembre del mismo
año, por lo que fue oportuna su interposición. El recurso se concedió en auto del 12 de septiembre
de 2025.

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el cual, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito Judicial de Medellín decidió amparar
su derecho fundamental al debido proceso, al advertir que la vulneración de este
tenía sustento en que el actor no pudo conocer el contenido del acto administrativo,
lo que le impidió ejercer los recursos de ley.

Por otra parte, insistió en que sí aportó la constancia de conciliación prejudicial al
proceso ordinario, la que allegó con el escrito de la demanda, pues de otro modo el
a quo hubiera inadmitido el medio de control, sin embargo, este la admitió y trabó la
litis. No obstante, para que no quedara duda le pidió al juez constitucional que
exhortara a la oficina de apoyo de los juzgados administrativos de Bogotá, con el fin
de que constataran los documentos aportados, pero esta prueba se negó por
impertinente e inútil.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver la impugnación formulada por la
parte accionante, conforme con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el
numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la providencia del
21 de agosto de 2025 dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, para lo
cual, se deben resolver los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, vulneró las garantías invocadas por la parte accionante al proferir la
sentencia del 10 de abril de 2025, que revocó el proveído de primera
instancia proferido por el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-047-2021-00116-
00/02?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) las
generalidades de los defectos alegados y, (iv) el caso concreto.

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2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 20
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 21 y declaró su
procedencia.22

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1 Relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202223 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
21 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
22 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
23 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal24 (Énfasis de la
Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico25; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional26.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

24 Sentencia SU-573 de 2019.
25 Sentencia SU-103 de 2022.
26 Sentencia SU-103 de 2022.

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Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal27”. En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales28”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto29, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal30.
(Resaltado de la Sala)

2.5. Caso Concreto

La parte actora cuestiona la providencia del 10 de abril de 2025 en la que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, revocó el
proveído de primera instancia del 29 de julio de 2024 en el que el Juzgado Cuarenta
y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá había negado las pretensiones
de la demanda nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-
047-2021-00116-00/02, para en su lugar, declarar configurada la caducidad del
referido medio de control.

En primera instancia, el a quo constitucional negó el amparo porque no advirtió
vulneración de los derechos invocados por el tutelante. Contrario a ello, consideró
que en la sentencia proferida por el tribunal accionado no se configuran los defectos
alegados por el accionante, porque, a su juicio, el ad quem no se apartó de los
hechos y el material probatorio aportado al plenario para decidir de fondo sobre el
asunto puesto a su conocimiento. Además, concluyó que no se aplicaron de forma
errada las normas sobre la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Sin embargo, el actor en el escrito de impugnación, pese a que no señaló
concretamente los defectos contra la decisión enjuiciada, reiteró los argumentos de
inconformidad frente a la forma en que se le puso en conocimiento el Acta No. 005

27 Sentencia SU-103 de 2022.
28 Sentencia SU-128 de 2021.
29 Sentencia SU-573 de 2019.
30 Ibid.

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del 25 de agosto de 2020, lo que, en su sentir, llevó a que el ad quem del proceso
ordinario y el a quo constitucional realizaran una contabilización errada de los
términos de caducidad de la demanda.

No obstante, la Sala advierte que la argumentación del actor, en realidad, denota
una inconformidad con la decisión del tribunal, el cual resolvió declarar de oficio que,
en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el tutelante,
había operado el fenómeno de la caducidad. Por lo anterior, considera la Sección
que el accionante pretende reabrir el debate ya zanjado por el juez natural y usar
esta acción como una instancia adicional, razón por la cual no se supera el requisito
de relevancia constitucional.

Por otro lado, el accionante señaló que, a uno de sus compañeros, -quién tampoco
fue promovido para el ascenso- sí se le amparó el derecho fundamental al debido
proceso por parte del Juzgado Séptimo Laboral del Circuito Judicial de Medellín,
debido a que no se le había notificado en debida forma el acta mediante el cual, la
Policía Nacional resolvió no proponerlo para el cargo de subteniente.

Este argumento pretende plantear la presunta vulneración de su derecho a la
igualdad; sin embargo, se trata de un argumento nuevo que no se expuso en el
escrito de la tutela, por lo que no puede ser analizado de fondo, en garantía de los
derechos de defensa y contradicción de la parte accionada.

En consecuencia, desde el ámbito argumentativo, los reparos expuestos, pese a
hacer una enunciación de garantías y usar un lenguaje de carácter constitucional,
no exponen con suficiencia razones de peso que justifiquen la intromisión del juez
de tutela, cuando, además, no se evidencia prima facie, la vulneración de los
derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada.

Por su parte, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el
debate planteado busca mutar el amparo constitucional en una instancia adicional
y reabrir un debate ya zanjado por el juez contencioso, conforme las etapas que
para tal efecto estableció el legislador.

Conforme lo expuesto, se revocará el proveído del 21 de agosto de 2025 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Primera, que negó el amparo, y en su lugar, se
declara improcedente el mecanismo por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.

III. DECISIÓN

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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 21 de agosto de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera que negó el amparo, para en su lugar,
DECLARAR improcedente la acción constitucional promovida por el señor Luis
Alberto Solano Paipa contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, por no superar el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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