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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04163-00

Fecha
1 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04163-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR el amparo el derecho fundamental a los derechos fundamentales invocados por Mauricio Salazar Peláez, por las razones expuestas en la parte considerativa de la providencia. SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta providencia a las partes por el medio más expedito. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04163-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

1 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., primero (1.°) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04163-00
Accionante: MAURICIO SALAZAR PELÁEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra auto que impuso sanción de desacato dentro de
proceso de acción popular contra alcaldía de Pereira.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

ANTECEDENTES
Escrito de tutela

1. A través de apoderado judicial, Mauricio Salazar Peláez, alcalde municipal de
Pereira para el periodo 2024-2027, acudió al juez de tutela con el fin de cuestionar
una decisión judicial de imposición de sanción por desacato, dentro del proceso
de acción popular radicada con No. 66001-33-33-002-2023-00283-00. A
continuación, se precisan los antecedentes procesales de la acción popular, y
posteriormente, los fundamentos del escrito de tutela.

Trámite del proceso de acción popular impugnado en la demanda de tutela

2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira adelanta una acción
popular contra varias autoridades, entre ellas la alcaldía de la ciudad. En
providencia de 26 de enero de 2024, al resolver una petición de medida cautelar,
dicha autoridad judicial ordenó:

“Al municipio de Pereira: dentro del mes siguiente a conocerse el resultado de
las pruebas y en caso de que determinen que la responsabilidad del agua que
fluye no es de la ESP, iniciará de manera perentoria la exploración del
subsuelo tanto del sector como de los sectores de los barrios Gualanday y
Primero de Mayo, para lo cual, acatando la recomendación de la Diger,
diseñará e implementará líneas de tomografía que pueda identificar tanto
acumulaciones de aguas (bolsas de aguas) como de posibles vacíos por
subsidencia que existan en la zona. Una vez obtenidos los resultados de las
anteriores acciones, diseñará, dentro de los 15 días siguientes, las
intervenciones correctivas pertinentes identificando los costos de su
implementación y un cronograma de actividades para su ejecución.”

3. A petición del municipio de Pereira, en auto de 20 de febrero de 2024, el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira modificó los plazos
indicados en el auto de medida cautelar, para ampliar el margen de tiempo. El 21
de marzo de 2025, dentro del trámite de la acción se requirió al alcalde municipal

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04163-00
Accionante: Mauricio Salazar Peláez
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Primera Instancia de tutela

para que cumpliera la orden prescrita en el auto de medida cautelar, dentro de los
plazos fijados en la providencia de 20 de febrero. Frente a esta providencia, el
alcalde guardó silencio.

4. El 24 de abril de 2025, el Juzgado Segundo inició el incidente de desacato, al
conceder un término para que la autoridad ofreciera razones respecto al
incumplimiento de la orden judicial. La autoridad requerida, en esta ocasión
contestó que no se ha presentado desacato pues se ha avanzado en la ejecución
de la planificación para satisfacer la orden. Si no se ha logrado el pleno
cumplimiento se debe a dificultades logísticas o técnicas, pero no a desinterés,
dolo o culpa.

5. En providencia de 27 de mayo de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo de
Pereira sancionó al alcalde del Municipio de Pereira, Mauricio Salazar Peláez por
desacatar la medida cautelar de 26 de enero de 2024. Se impuso como sanción
una multa de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes. En providencia
de 4 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de
Decisión, confirmó el auto objeto de consulta.

La demanda de tutela

6. El tutelante sostuvo que la providencia que confirmó la multa de cinco salarios
mínimos mensuales legales vigentes incurrió en vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso, al derecho a la defensa, a la presunción de
inocencia, a la buena fe y a la dignidad humana. En criterio del tutelante, cuando
le fue notificada la decisión de 26 de enero de 2024 delegó en la secretaría de
Infraestructura del Municipio el cumplimiento de la orden judicial. Además, fueron
remitidos informes al expediente de la acción popular que explican las razones por
las cuales se ha avanzado en la ejecución de la orden judicial, y si no se ha logrado
el cumplimiento total de la prescripción se debe a dificultades logísticas, pero no
a dolo o culpa del alcalde municipal, pues este desplegó múltiples gestiones para
dar cumplimiento a la medida cautelar.

7. Indicó que se han realizado estudios técnicos preliminares, se elaboró un plan
de trabajo y cronograma detallado, se han remitido informes periódicos al juzgado
y se ha consolidado la coordinación interinstitucional con la empresa de acueducto
y alcantarillado de Pereira, razón por la cual no se puede afirmar que haya habido
inacción o negligencia. Sostuvo que hubo ausencia de culpa o dolo por parte del
alcalde, razón por la cual no era procedente el desacato. Adicionalmente
consideró que las decisiones impusieron multas desde una perspectiva de la
responsabilidad objetiva.

8. Otro aspecto jurídico relevante es el menoscabo del derecho de defensa y la
deficiente motivación de las decisiones judiciales cuestionadas, toda vez que, la
motivación de la sanción de desacato fue insuficiente y no analizó en detalle las
explicaciones y pruebas aportadas. La providencia de sanción y la que resolvió el
grado jurisdiccional de consulta se limitó a afirmar que no se había cumplido la
orden en el término fijado y, por ende, declaraba el desacato, en su criterio, “sin
refutar punto por punto lo expuesto por la defensa”.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04163-00
Accionante: Mauricio Salazar Peláez
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Primera Instancia de tutela

9. Solicitó que ampararan los derechos constitucionales invocados y que en
consecuencia se deje sin efecto la sanción por desacato impuesta a Mauricio
Salazar Peláez.

Trámite de la tutela

10. En providencia de ponente se negó el decreto de la medida provisional y se
admitió la acción de tutela. Se vinculó como partes al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Pereira y al Tribunal Administrativo de Risaralda.
Además se vinculó a la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda, al Municipio de
Pereira, a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., a la
Junta de Acción Comunal Barrio Enrique Millán Rubio, a la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda, al ministerio público y a José Elidier Largo y los demás
intervinientes dentro de la acción de grupo e incidente de desacato dentro del
radicado 66001-33-33-002-2023-00283-00/01, todos ellos en calidad de terceros
con interés en las resultas del proceso.

11. En índice samai No. 18 se recibió intervención del apoderado judicial del
municipio de Pereira en la que sostuvo que, si bien les consta que la sanción fue
impuesta personalmente contra el señor Mauricio Salazar Peláez, no le
corresponde al Municipio calificar como vulneración de derechos fundamentales
las consecuencias subjetivas que dicha medida pueda tener en su esfera
individual, máxime cuando la decisión fue adoptada por autoridad judicial
competente en el marco de sus atribuciones legales. Agregó que, no se ha
generado responsabilidad directa para el Municipio como persona jurídica de
derecho público, ni se ha impuesto medida económica o correctiva contra la
entidad territorial. En todo caso, argumento que respalda los hechos que
motivaron la acción de tutela en relación con que, la alcaldía ha desarrollado
gestiones administrativas, técnicas y contractuales para el cumplimiento
progresivo de la medida cautelar, razón por la cual “desde la óptica institucional,
no se evidencia dolo, negligencia ni desobediencia” por parte del alcalde.

12. En índice samai 20, intervino José Elidier Largo, interviniente en el proceso
de la acción popular. Solicitó negar el amparo pues el incumplimiento de las
órdenes judiciales dentro del trámite de la acción popular sí se debe a negligencia
de la entidad. Afirmó que, en otras acciones populares el alcalde también fue
sancionado, motivo por el cual, las providencias solo tienen un efecto simbólico.
Adjuntó con su intervención el incidente de desacato dentro del radicado
66001333100-1-2008-00493-01, en la que, en auto de 4 de abril de 2025, también
se sancionó con desacato al alcalde municipal de Pereira dentro de un incidente
de una acción popular.

13. En índice samai 23 intervino el apoderado de la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda y solicitó desvincular a la entidad pues sus competencias
legales no se relacionan con la providencia atacada. Recordó que también fue
vinculada dentro del trámite ordinario de la acción popular identificada con Número
2023-00283-00 iniciada por la defensoría del pueblo de Risaralda y referida a “una
problemática de infiltración de aguas que afloran en los barrios, Enrique Millán
Rubio, Primero de mayo y Gualanday de la ciudad de Pereira”. En esa acción

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04163-00
Accionante: Mauricio Salazar Peláez
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Primera Instancia de tutela

popular dejó claro que no tiene competencias legales para participar en la solución
de los hechos que motivan la acción popular y por ello, tampoco cuenta con
legitimación por pasiva, respecto de la petición del alcalde municipal de Pereira
para que se deje sin efecto la providencia que le impuso multa.

14. En índice Samai 25, intervino el Juez Segundo Administrativo de Pereira y
se opuso a la petición de amparo, pues en su criterio la acción de tutela es
improcedente al no cumplir el requisito de subsidiariedad “pues el alcalde del
municipio de Pereira guardó silencio en el término de las 48 horas que se le otorgó
para el cumplimiento de la medida cautelar”, y aunque contestó el requerimiento
dentro el término de 3 días que se le concedió una vez se abrió el incidente de
desacato, no realizó reparo alguno “sobre la responsabilidad que tiene en el
cumplimiento de la medida cautelar impuesta por este juzgado (y que es el
reproche principal de la solicitud de tutela)”.

15. En índice samai 26 intervino la apoderada judicial de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P. y sostuvo que el alcalde
Municipal ha cumplido la orden judicial proferida como medida cautelar. En criterio
de la empresa de servicios públicos se han ejecutado obras y actividades en las
calles necesarias para atender el mandato judicial. Además, se han realizado
intervenciones y pruebas requeridas para identificar el origen de las humedades,
como son la prueba de cloro, la revisión con geófono y la revisión técnica de
cámara de video. Se ejecutó contrato No. 161 de 2024 para realizar reparaciones
que permitan mejorar la prestación del servicio. En índice Samai 27 se observa
correo electrónico de Mario Restrepo, interviniente dentro del proceso de acción
popular y solicitó negar el amparo invocado, pues en su criterio el alcalde
Municipal no ha cumplido la orden dada por el Juez popular.

CONSIDERACIONES
Competencia

16. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de
2019.

Problemas jurídicos

17. En el escrito de amparo el actor cuestiona la decisión de desacato proferida el
27 de mayo de 2025 por el Juzgado Segundo Administrativo del circuito de
Risaralda, dentro del trámite de acción popular con radicado 66001-33-33-002-
2023-00283-00 y en la que se le impuso multa de cinco salarios mínimos
mensuales vigentes, confirmado en grado jurisdiccional de consulta por el Tribunal
Administrativo de Risaralda el pasado 4 de junio de 2025. El actor argumenta que
delegó el cumplimiento de la orden judicial en la secretaría de infraestructura del
municipio y en todo caso ha desplegado gestiones para el cumplimiento de la
providencia, razón por la cual el incumplimiento no se debe a la negligencia, culpa
o dolo, sino a razones técnicas y logísticas. En el escrito de amparo, el actor

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04163-00
Accionante: Mauricio Salazar Peláez
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Referencia: Primera Instancia de tutela

sostiene que la decisión de declararlo en desacato e imponer la sanción de multa
vulneró sus derechos al debido proceso y a la responsabilidad subjetiva. Por lo
anterior, la Sala debe resolver dos problemas jurídicos. En primer lugar,
determinar si la acción es formalmente procedente, puesto que se trata de un auto
de un proceso que aún se encuentra en curso. En segundo lugar, debe establecer
si la decisión cuestionada incurrió en una vulneración al debido proceso.

18. Con el fin de resolver el problema jurídico, se reiterará el precedente judicial
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Posteriormente se reiterará el precedente sobre la imposición de sanciones en
procedimientos de desacato y finalmente se resolverá el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

19. Conforme el precedente fijado en la C-590 de 20051, reiterado de manera
consistente, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es
excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa
dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de procedencia, y al
menos una específica.

20. Se ha indicado que en el análisis de las causales generales de procedencia
en contra de providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar2; (i) que se
acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13, Decreto-Ley 2591 de
1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela3, ni una
decisión proferida con ocasión del control abstracto de constitucionalidad por parte
de la Corte Constitucional, como tampoco la que resuelva el medio de control de
nulidad por inconstitucionalidad por parte del Consejo de Estado, ni de una
sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz4; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir
que la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma
clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido
alegados en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de
subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de
defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un
perjuicio irremediable5 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos
o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia
constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango
constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una
irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial
cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión
hubiese sido sustancialmente distinto.

1 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
2 Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de

2022.
3 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el

principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012
y T-373 de 2014.
4 Corte Constitucional, Sentencias SU-478 de 2014 y SU-388 de 2023.
5 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04163-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Primera Instancia de tutela

21. La misma providencia precisó que la tutela se concederá si se presenta al
menos uno de los siguientes defectos. A continuación, se enuncian los defectos
específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y se
profundiza en el defecto del desconocimiento del precedente judicial, puesto que
es la tesis central de la acción de amparo.

i. Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es
expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia;

ii. Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad
judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;

iii. Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización indebida
y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;

iv. Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias a la
garantía de los derechos fundamentales.

v. Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido inducido
por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir en la toma
de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada en el caso;

vi. Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber
de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;

vii. Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso
con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos
establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados
por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar de
forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente.

viii. Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una
providencia judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le
atribuye un alcance insuficiente o lo contradice.

22. Respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencias
proferidas por el juez popular dentro del trámite de desacato, en Sentencia T-055
de 20216, la Corte resolvió una petición de amparo promovida contra un auto
expedido en sede del juez popular dentro del trámite de desacato. En aquella
oportunidad, se explicó que el artículo 41 de la ley 472 de 1998 prescribe que la
persona que incumpliere una orden judicial proferida dentro de un proceso de
acción popular, incurrirá en multa de hasta cincuenta salarios mínimos mensuales

6
En el mismo sentido T-254 de 2014.

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Accionante: Mauricio Salazar Peláez
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
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con destino al Fondo para la Defensa de los derechos e intereses colectivos. La
norma prescribe que, la sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió
la orden judicial, y será consultada al superior jerárquico.

23. En la sentencia se precisó que la decisión que impone una sanción por
desacato dentro de un proceso de acción popular, tiene el grado jurisdiccional de
consulta como mecanismo ordinario de control judicial, razón por la cual, en
general, aquel es el medio judicial para cuestionar la juridicidad de la providencia.
Sin embargo, puesto que se trata de una providencia judicial que impone una
sanción dentro de un incidente, la decisión que profiera el superior jerárquico al
resolver el grado jurisdiccional de consulta, sí es pasible de acción de tutela. En
la sentencia T-055 de 2021, reiterando el precedente de la providencia SU 034 de
2018, se explicó que las decisiones del juez popular dentro de un incidente de
desacato deben examinarse desde una perspectiva de la responsabilidad
subjetiva, y en todo caso, al ser una providencia de carácter sancionatorio debe
garantizarse el pleno de las garantías que conforman el debido proceso. En
sentido armónico, esta Corporación7 ha señalado que:

“el Juez encargado de hacer cumplir el fallo tiene también la facultad de
sancionar por desacato del mismo, sin que sea dable confundir una actuación
(cumplimiento del fallo) con la otra (el trámite del desacato). En efecto, el
desacato consiste en una conducta que, mirada objetivamente por el juez,
implica que el fallo no ha sido cumplido y, desde el punto de vista subjetivo,
la negligencia comprobada de la persona para el cumplimiento de la decisión;
no pudiendo por tanto presumirse la responsabilidad por el sólo hecho del
incumplimiento”

24. Por lo anterior, se concluye que la acción de tutela, de manera general, resulta
procedente para cuestionar providencias proferidas en grado jurisdiccional de
consulta, en la que el superior jerárquico de un juez popular impone una multa por
desacato. En este incidente se examina la responsabilidad subjetiva de la persona
a quien se le abrió el incidente, y debe examinarse si se incurrió en negligencia en
el cumplimiento de la orden judicial. En sí mismo, el objetivo no es la sanción de
la persona, sino garantizar el restablecimiento del derecho protegido.

25. Con base en las anteriores consideraciones se resuelve el caso concreto.

Caso concreto

26. Con el fin de resolver los problemas jurídicos formulados, en primer lugar, se
verificará si la acción de tutela es formalmente procedente. En caso de concluir
que se satisfacen las causales genéricas de procedencia se examinará la
providencia judicial atacada.

27. Frente a la procedencia formal, esta Sala considera que se satisfacen todos
los requisitos jurisprudenciales para su procedencia. En efecto, en relación con la
legitimación en la causa por activa, la acción fue promovida por la persona a quien

7
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-05113-01 del 18 de
junio de 2020. Consejo de Estado. Sección Tercera. Expediente 15001-23-31-000-2004-00966-
02(AP) del 15 de diciembre de 2011.

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Accionante: Mauricio Salazar Peláez
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se le impuso la decisión de sanción de multa, esto es, el alcalde municipal de la
ciudad de Pereira, Mauricio Salazar Peláez. El medio de amparo se ejerció a
través de apoderado judicial mediante poder especial conferido a profesional del
derecho. De igual medida, la petición de protección constitucional se ejerció contra
las dos autoridades judiciales que profirieron las decisiones de multa, el juzgado
segundo administrativo de Pereira, y el Tribunal Administrativo de Risaralda.

28. Respecto al requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, pues la decisión
que confirmó la decisión de imposición de multa fue proferida el 4 de junio de
2025, y la solicitud constitucional fue radicada el 4 de julio dentro del plazo
razonable fijado por la jurisprudencia constitucional. En relación con el requisito
de subsidiariedad, la sala determina que el actor no cuenta con ningún medio
judicial ordinario y extraordinario pendiente de agotar y que le permita cuestionar
la decisión judicial de la sanción de multa. Si bien el proceso de la acción
constitucional de protección de derechos colectivos continúa abierto, las etapas
judiciales pendientes de agotar no tienen como finalidad cuestionar la imposición
de la sanción. En esa medida, el actor satisface el requisito de subsidiariedad.

29. De igual manera el actor identificó los hechos que estima vulneradores de sus
derechos fundamentales. Concretamente indicó que las decisiones disciplinarias
no tuvieron en cuenta las dificultades técnicas y presupuestales para el
cumplimiento de la orden judicial y se produjeron, en su criterio, como un examen
estrictamente objetivo, sin atender a que el servidor delegó el cumplimiento de la
orden en el secretario de infraestructura, ni que ha desplegado acciones dirigidas
al cumplimiento de la orden.

30. Ahora bien, el asunto reviste relevancia constitucional, pues como adujo el
actor, está comprometida la responsabilidad disciplinaria de un servidor público
de elección popular respecto de quien, el incumplimiento de una orden judicial
puede acarrear sanciones disciplinarias o penales. En esa medida, el actor busca
la protección de derechos constitucionales de índole fundamental. Por otro lado,
es evidente que el escrito de tutela no invoca causales específicas de procedencia
de tutela contra providencia, sin embargo, señala que, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales del alcalde municipal, pues en su
criterio se presenta una sanción objetiva que no atendió a que, el desacato es un
juicio principalmente subjetivo. Por lo anterior, si bien el escrito de amparo no
presenta técnicamente un ataque contra la providencia judicial ordinaria, si señala
una violación concreta a un derecho fundamental.

31. La acción de tutela no se dirige contra una sentencia de tutela, ni contra una
providencia proferida en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad
proferida por la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, o una sentencia
interpretativa proferida por la sección de apelación de la jurisdicción especial para
la paz.

32. Por lo anterior, se concluye que la acción de tutela satisface los requisitos de
procedencia formal y se examina si las decisiones cuestionadas incurren en una
violación al derecho fundamental al debido proceso.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
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De la decisión atacada y su estudio

33. Según respuesta del Tribunal Administrativo de Risaralda (Índice Samai 16) y
conforme el expediente digital allegado al trámite de tutela, la Defensoría Regional
del Pueblo de Risaralda inició acción popular contra la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira, en atención a que, el barrio Milla Rubio de la capital
risaraldense, por la topografía de sus calles y construcciones, generalmente en
laderas que presentan alta inclinación, las redes de acueducto y alcantarillado
permiten la formación subterránea de bolsas de agua que afectan las viviendas
de núcleos familiares.

34. La acción popular solicitó al juez proteger los derechos colectivos y ordenar a
la empresa de acueducto y alcantarillado que realice las gestiones para impedir la
vulneración de los derechos colectivos de los vecinos de los barrios en los que se
forman las bolsas subterráneas de agua. La demanda fue repartida al juzgado
Segundo Administrativo de Pereira con radicado 2023-00283-00. En auto de 4 de
agosto de 2023 fue admitida y se vinculó al alcalde municipal, a la agencia
nacional de defensa jurídica del Estado y al ministerio público.

35. En desarrollo del proceso de acción popular, en auto de 26 de enero de 2024,
el Juzgado expidió varias órdenes a título de medidas cautelares. La primera,
ordenó a la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira, SAS. E.S.P. que
realizara estudios para determinar el origen de las filtraciones de aguas que crean
las bolsas subterráneas del líquido8. Además, ordenó al municipio de Pereira:

“Al municipio de Pereira: dentro del mes siguiente a conocerse el resultado de las
pruebas y en caso de que determinen que la responsabilidad del agua que fluye no
es de la ESP, iniciará de manera perentoria la exploración del subsuelo tanto del
sector como de los sectores de los barrios Gualanday y Primero de Mayo, para lo cual,
acatando la recomendación de la Diger, diseñará e implementará líneas de tomografía
que pueda identificar tanto acumulaciones de aguas (bolsas de aguas) como de
posibles vacíos por subsidencia que existan en la zona. Una vez obtenidos los
resultados de las anteriores acciones, diseñará, dentro de los 15 días siguientes, las
intervenciones correctivas pertinentes identificando los costos de su implementación
y un cronograma de actividades para su ejecución.

“(…)

El municipio de Pereira y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira
SAS ESP deberán presentar un informe semanal de avance de las acciones
aquí decretadas, hasta tanto se hayan ejecutado en su totalidad”.

8
Ordenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SAS ESP que, dentro de los dos
días siguientes a la notificación de este auto, realice las pruebas al agua que brota de la casa del
señor Querubín Calle, ubicada en la calle 27 No. 1a 772 del Barrio Millán Rubio, para determinar
su procedencia u origen, los resultados deberán tenerse dentro de los dos días siguientes a su
realización. En caso de que nuevamente las pruebas no arrojen algún resultado, deberá diseñar
con su grupo de expertos alguna otra prueba o estrategia técnica que permita determinar su origen,
o, en caso de no ser posible, indicará al despacho mediante un informe técnico porqué considera
que el agua que brota no corresponde a su sistema de acueducto. Para esta última acción tendrá
un plazo de 10 días luego de descartar que las pruebas de agua hayan cumplido su finalidad.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04163-00
Accionante: Mauricio Salazar Peláez
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Primera Instancia de tutela

36. El 28 de febrero de 2024, la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Pereira
remitió informe técnico al juez administrativo en el que se concluyó que no era
posible determinar la fuente de la humedad. Agregó que:

“Desde el conocimiento y la experticia de la Empresa y de acuerdo a los
informes técnicos y visitas realizadas por la accionada se puede señalar que
posiblemente se trata de aguas de escorrentía o de infiltración generadas
probablemente por el drenaje de aguas lluvias pues al tratarse de un terreno
inclinado las mismas bajan por el terreno y buscan la salida por gravedad
hacia la parte más baja de las viviendas, generando en ese recorrido
infiltraciones las cuales no provienen del sistema de acueducto que surte la
ciudad sino de las precipitaciones que se presentan o de la acumulación de
las aguas en las denominadas “bolsas de agua”, resaltando que el manejo,
canalización e intervención de las aguas lluvias no recaen sobre la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P.”

37. En auto de 8 de marzo de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo puso en
conocimiento de la Alcaldía de Pereira, los informes de la Empresa de acueducto
y alcantarillado, con el fin de que se “sirviera dar cumplimiento a lo establecido en
providencia de 26-01-2024. El auto reprochó que la Alcaldía no había rendido el
informe que ordenó la providencia de 26 de enero de 2024.

38. Por ello, en providencia de 9 de mayo de 2024, el Juzgado requirió: “al alcalde
del municipio de Pereira, Mauricio Salazar Peláez y, a la gerente de la empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, Mónica Paola Saldarriaga Escobar, para
que den cumplimiento a la orden judicial y/o brinden las explicaciones del caso”.
En el memorial de 15 de mayo de 2025, la Alcaldía cuestionó el informe de la
empresa de acueducto y alcantarillado, pues señaló que se trató de un estudio
parcial. Sugirió ampliar el alcance del diagnóstico para incluir las redes de
alcantarillado. Manifestó: “Es fundamental realizar un diagnóstico de las redes de
alcantarillado para identificar posibles puntos de fuga o fallos en la infraestructura
que puedan estar contribuyendo a la acumulación de agua en la zona afectada.
Esta evaluación permitirá descartar cualquier influencia de aguas residuales o
mezclas de aguas que puedan estar exacerbando la situación de humedad en el
área”. Adicionalmente solicitó que se completara el estudio de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado con otras técnicas como la tomografía, un estudio
geotécnico, la necesidad de realizar mesas técnicas entre las dos instituciones
(alcaldía y empresa de acueducto) y la revisión de la evaluación de aguas lluvias.

39. Argumentó que, el Municipio de Pereira está desarrollando las labores
pertinentes para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar decretada por
el Despacho, pero se requiere de un tiempo significativo para adelantar cada una
de sus etapas previstas. Indicó que determinar las razones de los filtrados de
aguas y la formación de bolsas subterráneas del líquido es un trabajo conjunto y
armónico entre las dos instituciones. Por lo anterior solicitó que se archivara el
incidente de desacato y que se ordenara completar el informe que presentó la
Empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira, puntualmente la necesidad de
hacer estudios de tomografía y geotécnica.

40. Posterior a ello, en auto de 11 de julio de 2024, el Juzgado segundo
Administrativo de Pereira consideró que la empresa de Acueducto y Alcantarillado

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04163-00
Accionante: Mauricio Salazar Peláez
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Primera Instancia de tutela

de Pereira había solicitado ampliación del plazo otorgado para el cumplimiento del
requerimiento y aportó un cronograma para el inicio de las obras necesarias para
la ejecución del mandato proferido por el Juez Popular. El 26 de junio de 2024, el
municipio explicó que se habían realizado reuniones de trabajo entre las
autoridades públicas comprometidas, y que estaba pendiente que se allegaran al
expediente varios informes de actividades que estaban pendientes de
consolidarse. En aquella providencia de 11 de julio determinó:

“Así las cosas, como se advierten acciones tendientes a dar cumplimiento a
las órdenes impartidas en la medida cautelar, no se iniciará incidente de
desacato en contra de los funcionarios.

Sin embargo, se insta a la gerente de la empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira para que dé cumplimiento de manera diligente al
cronograma establecido para el trámite contractual y para la ejecución de las
obras.

De otro lado, llama la atención que en las actas de las mesas de trabajo
realizadas por el municipio de Pereira se limitan a allegar fotos de la reunión,
lista de asistencia y programaciones de nuevas fechas, pero no aclaran las
acciones a implementar para dar cumplimiento a la medida, ni el cronograma
estipulado, por lo tanto, se exhorta al alcalde del Municipio de Pereira, para
que allegue toda la información de cumplimiento requerida, sin dilaciones
injustificadas.

Se ordene a ambos funcionarios que presenten informes semanales sobre
los trámites del cumplimiento de la medida, so pena de iniciarse nuevo
incidente de desacato.”.

41. En auto del 1 de agosto de 2024, el juzgado reiteró la orden dirigida a que las
autoridades accionadas emitieran informes mensuales. Esto pues verificó que
dicho requerimiento no había sido satisfecho. El 8 de agosto de 2024, la Alcaldía
remitió informe respecto al avance del cumplimiento de la orden dando cuenta de
un diálogo entre el personal técnico de la dirección de gestión del riesgo de Pereira
y la alcaldía. Manifestó que se realizó reunión entre la dirección de prevención del
riesgo, la alcaldía y la empresa de acueducto y alcantarillado. El 16 de agosto de
dicha anualidad, se realizó visita al lugar de las filtraciones “con el fin de obtener
insumos y trazar una ruta de trabajo”. En informe de 12 de agosto de 2024
también contestó la empresa de acueducto y alcantarillado. Indicó que, el 9 de
agosto de 2024 se había suscrito el contrato de obra 161 cuyo objeto era: “OBRAS
CIVILES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL
RIESGO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA
CARRERA 25 ENTRE CALLES 72 BIS A 73 EN EL BARRIO URIBE 1 Y ZONAS
CONEXAS, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 27 A ENTRE CARRERA 1a Y AV. DEL RIO
EN EL BARRIO MILLAN RUBIO Y ZONAS CONEXAS. ADEMÁS,
OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA
CALLE 76 ENTRE CARRERAS 26 B A CALLE 75 B, EN EL BARRIO LAURELES
I Y ZONAS CONEXAS, INCLUYE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE PEREIRA. REF- 2024.”

42. En auto de 10 de octubre de 2024, el Juzgado requirió a la alcaldía de Pereira
para que dentro de los siguientes 5 días presentara informe “sobre el cumplimiento

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04163-00
Accionante: Mauricio Salazar Peláez
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Primera Instancia de tutela

de la medida del numeral 1.3; así como a la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado para que presente el acta de inicio del contrato de obra número
161/2024, así como un informe sobre el avance de la ejecución de las obras con
registro fotográfico o fílmico.” Además, adicionó el decreto de medidas cautelares
en el sentido de ordenar la demolición de una construcción que amenazaba ruina
y ponía en riesgo otras edificaciones. Resultado del anterior requerimiento, la
empresa de acueducto y alcantarillado allegó el avance de la ejecución del
contrato 161 de 2024. La alcaldía respondió el requerimiento informando el
cumplimiento de la orden de demolición el 14 de noviembre de 2024. Solicitó el
cierre del incidente de desacato contra el alcalde del municipio de Pereira.

43. En informe de 6 de diciembre de 2024, la alcaldía indicó que el ingeniero civil
de esa entidad recomendó: “ Contratar una consultoría que permite identificar las
siguientes condiciones en el sector: Una de los componentes fundamentales
como insumo para el desarrollo de la propuesta de diseños es determinar la
estratigrafía del terreno, tanto en la parte superior como en la parte inferior, en
procura de identificar la conformación estratigráfica de los terrenos sobre los
cuales se soporta la manzana F del barrio Enrique Millán Rubio, las actividades
corresponden a exploraciones de campo las cuales podrán ser indirectas
(tomografías, Sondeos Eléctricos Verticales SEV, líneas de refracción sísmica,
entre otras alternativas).” Entre otras medidas. Por lo anterior, la alcaldía solicitó
que para el cumplimiento de la orden de la medida cautelar se aprobara un
cronograma de cuatro pasos que dividía el avance de la ejecución de la orden en:
“Elaboración de términos de referencia para la contratación de una consultoría”
con un plazo de 20 días, el desarrollo del proceso contractual para la elección de
consultor, con un plazo de 2 meses, la ejecución de la consultoría con un plazo de
4 meses, y la socialización de los resultados de la consultoría con un plazo de 1
mes.

44. Ante esta propuesta de la alcaldía, en auto de 2 de febrero de 2025, el juzgado
segundo Administrativo de Pereira adoptó el cronograma de actividades
presentado por el municipio de Pereira para el cumplimiento de la medida cautelar.
Puesto que no se cumplieron los plazos fijados en el cronograma, en auto de 20
de febrero de 2025, el juzgado requirió informe a la alcaldía, el cual no fue
atendido. Por lo anterior, en auto de 2 de marzo de 2025 se requirió al alcalde
para que satisfaga la orden de la medida cautelar, en caso de no cumplir el
mandato se oficiará a la procuraduría general de la nación para que inicie
investigación. El alcalde guardó silencio.

45. El 24 de marzo de 2025, se inició incidente de desacato en contra del alcalde
de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, y se le concedió el término de tres días para
presentar argumentos de defensa.

46. En respuesta a esta determinación, el apoderado del alcalde indicó que, el
auto de 21 de marzo no fue adecuadamente notificado al servidor público, pues
en la plataforma samai, esa misma fecha se publicó un auto, en que el juez
segundo administrativo de Pereira se abstuvo de sancionar al alcalde. En su
respuesta, el apoderado del alcalde manifestó:

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04163-00
Accionante: Mauricio Salazar Peláez
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Primera Instancia de tutela

“(…) esta dualidad de providencias en una misma fecha, sumada a la falta de
notificación del auto sustancial, generó confusión procesal, pues el despacho
reabrió el incidente el 24 de abril de 2025 bajo la premisa errada de un
incumplimiento no sustentado en providencia conocida o ejecutoriada.”

47. Adicionalmente, el 30 de abril de 2025, el apoderado de la alcaldía remitió un
segundo memorial en el que allegó informe de la Secretaría de Infraestructura del
Municipio de Pereira relacionado con el cumplimiento de la medida cautelar
impartida dentro del trámite de la Acción Popular radicada bajo el No. 66001-33-
33-002-2023-00283-00. En dicho escrito, se detallan las gestiones adelantadas
por la entidad, incluyendo las dificultades administrativas para la ejecución del
cronograma aprobado, así como la necesidad de articulación con la Empresa
Aguas y Aguas de Pereira. Se anota además la programación de una prueba
hidráulica especializada (prueba de tintas) como medida preliminar mientras se
definen competencias y se adelanta la contratación respectiva. Adicionalmente se
señaló sobre un hecho sobreviniente referido a nuevas filtraciones de agua
residuales dentro de la zona afectada. Precisó que, la prueba necesaria es
especializada de ingeniería hidráulica, y que la misma no puede realizarse con el
personal de la alcaldía, sino que debe contratarse con un tercero de acuerdo con
los procedimientos correspondientes y según la cuantía que arroje el estudio de
mercado.

48. En auto de 27 de mayo de 2025, el Juzgado examinó si se había presentado
el elemento objetivo referido al incumplimiento de la orden judicial. Verificó que se
estaban incumpliendo los términos o plazos otorgados para el cumplimiento de la
medida cautelar fijados en el auto de 20 de febrero de 2025. Se recordó que, el
propio municipio propuso un cronograma, el cual fue asumido por el juzgado
administrativo, pero aun si se produjo un incumplimiento de las fechas fijadas. El
juzgado señaló:

“Así las cosas, se tiene que, de haberse sujetado el municipio al cronograma
que él mismo planteó, deberían estarse ejecutando los trabajos de la
consultoría, pero a la fecha no se han elaborado, siquiera, los términos de
referencia para su contratación, esto es, hay un incumplimiento total de la
cautela”.

49. El juzgado verificó el incumplimiento de los plazos fijados en la providencia de
20 de febrero de 2025. Pero adicionalmente, examinó si ello se produjo por la
negligencia, la renuencia o el capricho del funcionario encargado de materializar
la orden judicial. Sobre este aspecto consideró la autoridad judicial:

Se estima demostrada la negligencia del alcalde de Pereira para cumplir la
medida cautelar: Fue impuesta en auto del 26-01-2024. Sin embargo, el inicio
de la parte que correspondía al municipio estaba sujeta que la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA ESP realizara previamente unas
pruebas técnicas.

Posteriormente, en providencia del 10-10-2024 se declaró que la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado cumplió con las medidas cautelares de los
numerales 1.1 y 1.2 y que, ante los resultados obtenidos, se requirió informe
al municipio de Pereira sobre el cumplimiento de la medida 1.3.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04163-00
Accionante: Mauricio Salazar Peláez
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Primera Instancia de tutela

El municipio no contestó el requerimiento, omisión por la cual en auto del 07-
11-2024 se inició proceso sancionatorio en contra del alcalde del municipio de
Pereira; que terminó en decisión de no sanción en el auto del 16-01-2025,
como quiera que en el archivo 29 del cuaderno de incidentes se rindió el
informe extrañado.

Con base en ese informe, en el que el municipio de Pereira solicitó una
ampliación del término para cumplir la medida, se profirió el auto del 20-02-
2025, en el que se accede a tal petición, y se requirió al municipio para que
informara sobre el avance de las actividades del cronograma.

El municipio nuevamente guarda silencio frente al requerimiento, motivo por
el cual se inicia otro proceso sancionatorio en auto del 05-03-2025, que
termina en decisión absolutoria del 21-03-2025 porque el municipio en el
archivo 3 del cuaderno de incidentes presentó la información extrañada.

El apoderado del municipio de Pereira confunde el auto anterior con una
decisión favorable en sede de desacato, pero no lo es: una revisión juiciosa
del auto que inició el proceso sancionatorio, y el que lo resuelve, revela que
se trató de un incidente iniciado con base en los numerales 3° y 4° del artículo
60A de la Ley 270 de 1996, y el numeral 3° del artículo 44 de la Ley 1564 de
2012 por la no presentación del informe pedido sobre el cumplimiento de la
medida cautelar, pero no se trató de un desacato por el incumplimiento mismo
de esa medida.

Por lo anterior, visto que el municipio no demostraba avances en el
cumplimiento de la medida, se inició (ahora sí) incidente de desacato.

50. Concluyó que el alcalde municipal ha sido negligente, pues a pesar del tiempo
transcurrido entre la decisión de medida cautelar, y los avances en la
determinación de la causa de las filtraciones de agua. Recordó que había sido
necesario iniciar dos trámites sancionatorios para lograr el pronunciamiento sobre
el cumplimiento de la medida, y en todo caso, no se ha logrado ningún avance.
La providencia señala que la orden cautelar es una orden compleja que exige la
concurrencia de varias entidades públicas, pero en todo caso no se evidencia
materialización de la voluntad para el cumplimiento de la orden. Afirmó que han
transcurrido 7 meses desde que se informó al municipio la necesidad de realizar
los estudios para la determinación de la causa de las filtraciones “sin que se
presente ningún avance”.

51. El juzgado descartó los argumentos defensivos del alcalde municipal respecto
a la supuesta confusión y duplicidad de dos autos de la misma fecha y con
resolutivas opuestas. Esto pues una de las providencias se profirió en ejercicio de
los poderes correctivos que el artículo 60 A de la Ley 270 de 1996 concede a los
jueces para garantizar la comparecencia de las partes, mientras que el auto de
apertura se profirió exclusivamente para iniciar el incidente de desacato entre
tramite de acción popular. Adicionalmente reiteró que el alcalde aduce dificultades
técnicas y administrativas para cumplir la mencionada orden judicial, pero en
criterio de la autoridad ello no justifica el incumplimiento pues han transcurrido
más de 7 meses sin avances concretos y no ha demostrado ninguna imposibilidad
fáctica o jurídica. Por lo anterior se impuso la sanción de multa de cinco salarios
mínimos mensuales legales vigentes. La decisión fue remitida al superior
jerárquico y en todo caso, el alcalde presentó argumentos contra la providencia
de primera instancia. Señaló que existe voluntad para el cumplimiento de la orden

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Accionante: Mauricio Salazar Peláez
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judicial, que su imposibilidad no se debe a la negligencia o culpa de la entidad o
el alcalde, sino a dificultades técnicas y presupuestales.

52. En auto de 4 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Cuarta de Decisión, confirmó la decisión de imponer sanción de multa, pues
consideró que se verificaban los requisitos legales de la misma, concretamente se
evidenció “a responsabilidad subjetiva de los funcionarios por la negligencia y
persistencia en el incumplimiento de la orden judicial, desconociendo los
diferentes requerimientos llevados a cabo por el a quo para que se allanara a
acatar la medida cautelar; conducta evasiva que se enmarca dentro de una
voluntad dirigida a desatender las decisiones judiciales, pues muy a pesar de
haberse hecho una modificación de los plazos por solicitud de dicha entidad, lo
cierto es que a la fecha ni siquiera han ejecutado la primera parte del cronograma.”

53. Examinadas las providencias judiciales cuestionadas, se verifica que todo el
procedimiento que llevó a su adopción de la sanción de multa, se tramitó en
permanente requerimiento a la entidad accionante (alcaldía), para que remitiera la
información necesaria para el avance del proceso judicial. El proceso de adopción
de la medida cautelar y la posterior apertura del incidente de desacato tuvo como
finalidad conminar a la entidad para que remitiera sus argumentos y criterios
técnicos. En criterio de esta Sala, las autoridades judiciales accionadas no
vulneraron el derecho de defensa del alcalde sancionado, debido a que se respetó
las garantías de contradicción y notificación. Incluso, la autoridad judicial
demandada asumió un enfoque de diálogo con el actor para facilitar el
cumplimiento de la medida cautelar.

54. De igual forma, las razones defensivas que ofreció el alcalde fueron atendidas
y despachadas negativamente por el juez de primera instancia y en sede de grado
jurisdiccional de consulta. El actor en tutela manifestó que las dificultades
financieras y técnicas le impidieron cumplir la orden judicial de medida cautelar.
Estas razones fueron examinadas por los falladores ordinarios y estimaron que,
en todo caso, el lapso transcurrido entre la orden judicial proferida en enero de
2024 y el incumplimiento hasta junio de 2025, no se justifica por los supuestos
obstáculos administrativos, técnicos o financieros. La autoridad judicial accionada
se interrogó sobre si se presentaron obstáculos de imposible superación, y verificó
que ello no se produjo, y por el contrario, el juzgado segundo utilizó como
calendario para verificar el avance de la orden judicial, el que realizó y propuso la
alcaldía municipal.

55. Cobra especial relevancia que, el calendario que se incumplió fue el propuesto
por la propia alcaldía, autoridad administrativa que asumió el compromiso de
gestionar avances en la materialización de la orden judicial, y sin embargo, por su
propia situación administrativa incumplió sus compromisos auto impuestos.

56. Para esta sala reviste especial importancia que, la propia administración
municipal remitió un cronograma para el cumplimiento de la orden judicial y la
administración lo incumplió. Además, los argumentos defensivos de la entidad,
tanto en sede del incidente de desacato como del escrito de tutela resultan
genéricos, vagos y sin concreción, respecto de la supuesta gestión realizada por

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04163-00
Accionante: Mauricio Salazar Peláez
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la alcaldía. Se indicó que la entidad territorial ha organizado reuniones con otras
instancias comprometidas con el cumplimiento de la prescripción judicial, sin
embargo, más allá de fotos de reuniones no mostró actividades concretas dirigidas
a la materialización de la determinación del Juez Segundo Administrativo de la
ciudad de Pereira. Se trató de justificaciones globales que interpelan a una
realidad sustantiva (la responsabilidad disciplinaria es subjetiva), pero que en el
caso concreto no logra evidenciar actividades concretas y precisas dirigidas al
acatamiento del mandato precautelar. En efecto, el incumplimiento de la medida
cautelar mencionada mantiene el riesgo identificado por el juez popular y
evidencia la renuencia de la administración.

57. El juez del desacato en materia de acción popular tuvo en cuenta que el
incidente no tiene como finalidad principal la sanción a un servidor público sino la
materialización de la orden judicial, y por esa vía la garantía de los derechos
colectivos. El juez, se insiste, requirió en reiteradas ocasiones al alcalde municipal
para que mostrara informes de avance en el cumplimiento judicial. Por lo anterior,
no se puede compartir la tesis del tutelante respecto a que se vulneró el derecho
de defensa, el derecho a la presunción de inocencia o el derecho de defensa, o
en general el amplio abanico de garantías que constituye el debido proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo el derecho fundamental a los derechos
fundamentales invocados por Mauricio Salazar Peláez, por las razones expuestas
en la parte considerativa de la providencia.

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta providencia a las partes por el
medio más expedito.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

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Accionante: Mauricio Salazar Peláez
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Primera Instancia de tutela

Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
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Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
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VF

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