Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04170-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04170-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04170-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
4 de agosto de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, cuatro (4) de agosto de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04170-00
Demandante: PEDRO NEL RICO MARTÍNEZ Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
DISCUSIÓN SOBRE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE
CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA EN CASO DE
DESPLAZAMIENTO FORZADO. NIEGA PRETENSIONES.
Síntesis del caso Los accionantes, en su condición de demandantes dentro de un proceso de
reparación directa, cuestionaron la sentencia de segunda instancia que revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, declaró la caducidad del medio de control por ellos promovido
para reclamar la responsabilidad del Estado por hechos de desplazamiento forzado y despojo.
Sin embargo, se accederá al amparo pretendido, tras evidenciar que el análisis del tribunal
demandado no atendió a las reglas jurisprudenciales en materia de valoración probatoria cuando
se trata de graves violaciones a los derechos humanos.
La Sala decide la acción de tutela presentada1 por los señores Pedro Nel Rico Martínez,
Maryori Rico Valle, Pedro Manuel Rico Valle, Carlota Martínez Rojas y Adolfo Rico
Martínez en contra del Tribunal Administrativo del Magdalena, para la protección de sus
derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia,
consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente
vulnerados con ocasión de la sentencia del 6 de noviembre de 2024, mediante la cual se
declaró la caducidad del medio de control de reparación directa que promovieron.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
1
Mediante escrito radiado el 4 de julio de 2025 (índice 01 de Samai).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04170-00
Actor: Pedro Nel Rico Martínez
Acción de tutela
1) En 2001, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) irrumpieron en la finca El
Girasol ubicada en el municipio de Barranco de Loba (Bolívar) y sustrajeron 1.225
semovientes (ganado vacuno), de los cuales 200 eran propiedad del señor Pedro Nel
Rico Martínez.
2) El señor Pedro Nel Rico Mejía fue elegido concejal del municipio de El Banco
(Magdalena) para el periodo 2001 a 2003, por el partido Conservador, sin embargo, por
las amenazas de muerte que recibió de las AUC, se vio obligado a presentar su renuncia
al cargo el 23 de mayo de 2001 y a abandonar junto con su familia su lugar de residencia
en condición de desplazados.
3) En ejercicio del medio de control de reparación directa presentaron demanda en contra
de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional y el Distrito de Santa Marta, para que se declarara la
responsabilidad patrimonial del Estado por el daño antijurídico que padecieron por el
desplazamiento forzado y el hurto de las 200 reses, sin que las autoridades demandadas
hayan ejercido su posición de garantes2.
4) Mediante sentencia del 30 de junio de 2022, el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Santa Marta accedió a las pretensiones por considerar que resultaban
relevantes las circunstancias fácticas descritas en el proceso ordinario, según las cuales
los actos de violencia, desplazamientos y delitos cometidos por las AUC en el municipio
de El Banco, durante los años 2000 y 2001, ocurrieron en un contexto de grave alteración
del orden público frente al cual las autoridades estatales, pese a su cercanía geográfica,
omitieron adoptar medidas efectivas de prevención o contención.
5) Así lo evidenció la declaración del testigo Fernando Hernández Martínez, quien refirió
que tanto la Estación de Policía como el Batallón del Ejército Nacional se encontraban
ubicados a escasos metros del concejo municipal, epicentro de varios de los hechos
denunciados, inacción que resultaba incompatible con los deberes convencionales,
constitucionales y legales de protección a la población civil, lo cual permitía evidenciar
una omisión relevante por parte del Estado que habría facilitado el actuar violento de los
grupos armados al margen de la ley y constituido una falla en el servicio por omisión en
el cumplimiento de su función de garante.
2
47001-33-33-006-2019-00272-01.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04170-00
Actor: Pedro Nel Rico Martínez
Acción de tutela
6) Apelaron esa decisión y su reparo se centró en el ordinal séptimo que negó el
reconocimiento del lucro cesante derivado del hurto de ganado porque, supuestamente,
no se probó dicho perjuicio, no obstante, señalaron que se incurrió en una valoración
inadecuada por restarle valor al dictamen pericial que detalló las ganancias que habría
generado dicho ganado, ya que los semovientes, por su propia naturaleza biológica,
generan rendimientos periódicos (crías, crecimiento, aumento de valor comercial); por
tanto, el referido perjuicio debía presumirse, máxime porque en el expediente reposaba
prueba documental del registro de vacunación emitido por FEDEGÁN, el cual certificaba
la condición de ganadero del afectado y el número de animales que poseía al momento
de los hechos.
7) Por su parte, la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional también apeló la
decisión para solicitar que se revocara en su integridad y, en su lugar, se negaran las
pretensiones de la demanda, por considerar que no existía prueba suficiente que
acreditara los elementos estructurales de la responsabilidad estatal.
8) Sostuvo que los hechos que originaron el daño fueron producto de la acción exclusiva
de terceros –AUC–, lo cual revestía el carácter de imprevisible y rompía el nexo de
causalidad con la actuación de la Administración e indicó que la responsabilidad del
Estado no podía derivarse de todos los hechos dañosos, y que, en este caso, las
circunstancias específicas, como las limitaciones logísticas y humanas existentes para la
época de los hechos, impedían atribuirle a la institución una falla en el servicio.
9) La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional también recurrió y manifestó su
inconformidad frente a los ordinales segundo y quinto, en consideración a que no existía
certeza sobre la configuración de una falla en el servicio por omisión que justificara el
reconocimiento de los perjuicios materiales reclamados, ya que los demandantes no
probaron que los hechos y amenazas hubieran sido puestos en conocimiento de las
Fuerzas Militares.
10) Para el efecto, citó el Oficio no. 1068 del 5 de marzo de 2015, expedido por el Batallón
de Infantería Mecanizado no. 5 General José María Córdova, mediante el cual se informó
que no se hallaron registros de denuncias, quejas o solicitudes de protección
relacionadas con el señor Pedro Nel Rico Martínez, su familia o mucho menos incursiones
paramilitares en el municipio de El Banco durante el año 2001, de ahí que no se tuvo
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04170-00
Actor: Pedro Nel Rico Martínez
Acción de tutela
conocimiento previo del riesgo, requisito indispensable para que surgiera la obligación de
protección por parte del Estado.
11) Adicionalmente, advirtió que el juez de primera instancia debió analizar,
oficiosamente, la configuración del fenómeno jurídico de la caducidad, debido a que el
término para presentar la demanda debía contarse a partir del 12 de mayo de 2010, fecha
en la cual los demandantes conocieron o debieron conocer la autoría del hurto por parte
de las AUC, según lo declarado por el exjefe paramilitar Wilson Carreño Poveda alias “El
Rafa”, en diligencia rendida ante la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal de Distrito
Judicial.
12) En ese sentido, para la fecha en que se celebró la audiencia de conciliación
extrajudicial el 29 de septiembre de 2014 y se expidió la constancia de no conciliación –
3 de octubre de 2014–, ya había operado la caducidad, puesto que había fenecido el
término de dos (2) años desde la fecha en que se consolidó el conocimiento del daño.
13) A través de sentencia 6 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo del
Magdalena revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, declaró la caducidad del
medio de control, con base en que el término debía contarse a partir del 11 de mayo de
2010, esto es, al día siguiente de la diligencia de versión libre rendida por el postulado
Wilson Carreño Poveda, ya que el demandante Pedro Nel Rico Martínez intervino
personalmente en dicha audiencia, le formuló preguntas al mismo y obtuvo respuesta
directa sobre los hechos que motivaron su desplazamiento forzado, circunstancia que
evidenciaba que desde ese momento conocía o podía razonablemente conocer los
elementos fácticos que daban lugar a la acción de reparación.
14) Asimismo, desestimó la tesis del actor, quien sostenía que el conocimiento cierto solo
se consolidó el 16 de agosto de 2012, cuando la Fiscalía le remitió copia del contenido
de la versión libre, pues, esa afirmación desconocía que el propio demandante había
estado presente en la diligencia inicial, de manera que, condicionar el inicio del cómputo
a una confirmación posterior o a la remisión de un documento que simplemente reiteraba
lo ya conocido de manera directa y personal no era de recibo.
15) Por otra parte, el tribunal también descartó que la solicitud de conciliación extrajudicial
presentada el 15 de agosto de 2012 hubiese interrumpido el término de caducidad, por
cuanto fue radicada cuando el plazo legal ya se encontraba vencido.
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Actor: Pedro Nel Rico Martínez
Acción de tutela
Fundamento de la vulneración
La parte accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo del Magdalena, en la
sentencia del 6 de noviembre de 2024, incurrió en un defecto sustantivo por aplicar de
manera retroactiva la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado3, a pesar de que la demanda fue presentada en
el año 2014, cuando regía una línea jurisprudencial consolidada de la Sección Tercera
que excluía la caducidad en casos relacionados con crímenes de lesa humanidad, como
el desplazamiento forzado, pues se trataba de hechos imprescriptibles conforme con el
derecho internacional de los derechos humanos y los principios de protección reforzada
que amparan a las víctimas del conflicto armado.
El tribunal reemplazó una regla más favorable por una interpretación posterior más
restrictiva, sin ofrecer una justificación razonable, en contravía del principio de
favorabilidad judicial y en desconocimiento de la seguridad jurídica y la confianza legítima
de quienes actuaron conforme al precedente vigente.
En segundo término, alegó que se desconoció la línea jurisprudencial vigente al momento
de presentación de la demanda, reiterada, entre otras, en la sentencia del 17 de
septiembre de 2013 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el
proceso con radicación no. 25000-23-26-000-2012-00537-01, en la cual se sostuvo que
en casos relacionados con crímenes de lesa humanidad, como el desplazamiento
forzado, no resultaba procedente aplicar el término de caducidad previsto en el artículo
164 del CPACA, en virtud de la imprescriptibilidad que caracteriza este tipo de conductas
conforme al derecho internacional de los derechos humanos y los estándares de
protección reforzada de las víctimas del conflicto armado.
De igual manera, que se configuró un defecto procedimental, por declarar la caducidad
sin valorar de forma adecuada el momento en que el demandante, Pedro Nel Rico
Martínez, tuvo conocimiento cierto de la participación de agentes estatales en los hechos
que originaron el daño.
Si bien el señor Pedro Nel Rico Martínez participó en la audiencia de versión libre rendida
por el postulado Wilson Poveda Carreño el 12 de mayo de 2010, en esa diligencia no se
3
Exp. 621.033.
6
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Acción de tutela
hizo mención alguna a la participación de agentes del Estado en los hechos victimizantes,
ya que fue únicamente hasta la audiencia posterior, celebrada el 21 de noviembre de
2011 –en la cual no intervino directamente–, cuando el postulado refirió la implicación de
miembros del Ejército Nacional.
Esa información fue incorporada por la Fiscalía en respuesta del 30 de mayo de 2012,
inicialmente dirigida al señor Alberto Suárez Barrientos, y solo fue conocida por el señor
Rico Martínez en el mes de agosto de ese mismo año, cuando dicho ciudadano le
compartió el contenido de la comunicación, situación que fue confirmada con la remisión
oficial que la Fiscalía le hizo en la misma fecha.
En consecuencia, al computarse el término de caducidad desde 2010 y no desde agosto
de 2012, el tribunal desconoció una circunstancia fáctica determinante, omitió un análisis
probatorio integral y aplicó de manera inflexible una regla procesal, con lo cual vulneró el
derecho al debido proceso y frustró el acceso a una decisión de fondo en un contexto de
graves violaciones a los derechos humanos.
También advirtió la omisión del control de convencionalidad y de la excepción de
inconvencionalidad, deberes exigibles a todos los jueces nacionales conforme con el
artículo 93 de la Constitución y a los artículos 1.1, 2, 8, 25 y 63.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
Actuación procesal
Mediante auto del 9 de julio de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del
Magdalena y, como terceros con interés, se dispuso la vinculación al ministro de defensa,
al comandante del Ejército Nacional, al gobernador del Magdalena, al alcalde del
municipio El Banco, al director (a) o quien haga sus veces del Departamento
Administrativo de la Prosperidad Social y de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Victimas y al titular del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
de Santa Marta, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron
el ejercicio de la acción (índice 04 de Samai).
Por auto del 24 de julio de 2024, se vinculó la Policía Nacional (índice 23 de Samai).
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Acción de tutela
Intervenciones de las autoridades demandadas
El apoderado del municipio El Banco (índice 08 de Samai) señaló que desde el mismo día
de la versión libre rendida por el señor Wilson Carreño Poveda, el 10 de mayo de 2010,
el señor Rico Martínez tuvo conocimiento de la participación del Estado, toda vez que en
la audiencia que se realizó en esa fecha, le realizó preguntas al señor Carreño Poveda
frente a su versión, tal como consta en los Oficios 1292 F-34 del 16 de agosto de 2012
0641 D.3 UNJP del 4 de octubre de 2012.
El apoderado del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (índice 12 de
Samai) solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por cuanto evidenció que
la parte actora pretende reabrir el debate respecto de una situación particular que
desfavorece sus intereses, pues, de la lectura de la demanda se demuestra la intención
de utilizarla como un medio alternativo, adicional o complementario al proceso ordinario.
El Ministerio de Defensa Nacional acompañó las razones del tribunal con base en la
cuales declaró la caducidad y manifestó que la acción de tutela no podía convertirse en
una tercera instancia para reabrir el debate judicial ya zanjado en el proceso ordinario y
que los reproches formulados por el actor no superaban los requisitos generales de
procedencia del amparo solicitado, por tanto, debía negarse el amparo (índice 13 de
Samai).
La Gobernación del Magdalena (índice 14) solicitó que se declare la falta de legitimación
por pasiva en lo que a esa autoridad se refiere, toda vez que los hechos atribuidos como
vulneradores se desprenden del actuar del Tribunal Administrativo del Magdalena y que
se amparen los derechos fundamentales de los actores.
El Tribunal Administrativo del Magdalena remitió el expediente digital contentivo del
proceso de reparación directa.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (índice 16) también
solicitó su desvinculación del proceso ya que no es la competente de satisfacer el objeto
de la tutela y que se declare improcedente la acción de tutela, en razón a que existe cosa
juzgada material.
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Acción de tutela
La magistrada ponente del Tribunal Administrativo del Magdalena (índice 21) reiteró que
la parte actora desde la demanda afirmó que tuvo conocimiento de la responsabilidad de
las entidades encausadas de los perjuicios por lo narrado por el señor Wilson Carreño
Poveda alías “El Rafa” en su versión libre; estableciéndose que dicho conocimiento se
tuvo desde el día 10 de mayo de 2010, en tal sentido, el término de caducidad debía ser
contabilizado desde el 11 de mayo de 2010 –día siguiente a la rendición de la versión
libre del señor Carreño Poveda– ; lo que supone que el término oportuno para formular
la demanda de reparación directa vencía el día 11 de mayo de 2012, en los términos del
artículo 164, numeral 2, literal i) del artículo 164 del CPACA.
No obstante, la demanda sólo fue incoada hasta el 06 de octubre de 2014, superando en
demasía el lapso concedido por la ley para tal efecto; lo que aparejaba que el medio de
control de reparación directa para el caso concreto se encontrara caducado.
A su juicio, de la situación fáctica narrada en la solicitud de tutela lo que se observa más
bien es una inconformidad del extremo actor con la sentencia proferida en segunda
instancia por los jueces naturales del proceso, sin que sea posible convertir el trámite del
amparo en una tercera instancia.
La Policía Nacional solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción debido a la
inexistencia de un perjuicio irremediable (índice 28).
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
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Acción de tutela
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Magdalena con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 6 de noviembre de 2024.
Previo al análisis del caso, la Sala advierte que no accederá a las solicitudes de
desvinculación de la UARIV y la Gobernación del Magdalena porque tales autoridades
fueron vinculadas como terceras con interés dada su participación en condición de
demandadas en el proceso ordinario en el que se profirió la providencia cuestionada, por
lo que su vinculación en la acción de tutela era necesaria para garantizar su derecho de
defensa, motivo por el cual se despachará desfavorablemente su solicitud.
2.1 Análisis de los requisitos generales de procedencia
Para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de procedibilidad, por
cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales disponibles al alcance de
la parte afectada, sin que sea procedente algún otro; ii) se cumplió con el requisito de la
inmediatez4; iii) no se atacó una sentencia de tutela y, iv) la parte actora identificó de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que
estimó transgredidos.
Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional,
en tanto lo que se reprocha es que el juez de segunda instancia del proceso de reparación
directa aplicó de manera irrazonable una regla jurisprudencial posterior a los hechos y a
la presentación de la demanda, en contravención de los principios de confianza legítima
y acceso efectivo a la administración de justicia en un contexto de graves violaciones a
4
La providencia se notificó el 4 de febrero de 2025 y la tutela se presentó el 4 de julio 2025, esto es, en el
término de los seis meses.
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los derechos humanos, al tiempo que valoró de manera incorrecta los medios de prueba
que daban cuenta del momento en que los demandantes tuvieron conocimiento cierto de
la participación del Estado, circunstancia que resultaba determinante para establecer la
oportunidad de la acción.
Ambos planteamientos, lejos de constituir meras discrepancias interpretativas,
comprometen el contenido esencial del debido proceso y la garantía efectiva de los
derechos de las víctimas del conflicto armado, por lo que el asunto excede el ámbito de
la mera legalidad y adquiere una dimensión constitucional que impone su examen por la
vía de tutela, máxime que se trata de graves violaciones a los derechos humanos.
2.2 Caracterización del defecto sustantivo
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura cuando
una providencia judicial se sustenta con base en fundamentos jurídicos a todas luces no
subsumibles al caso objeto de la litis o con base en “una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”5.
La Corte Constitucional estableció6 que el defecto sustantivo abarca múltiples causas que
pueden generar un yerro en la aplicación o interpretación del derecho y que, por tal razón,
pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental del debido proceso de
las partes por la errónea elección de fuentes jurídicas o por la omisión de normas
aplicables que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que gobiernen una
determinada materia. Esa misma Corporación señaló que se genera cuando una
determinada autoridad judicial:
“i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto
de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos
del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente
-interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv)
se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación
suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante
5
Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2015, MP Mauricio González Cuervo.
6
Corte Constitucional, sentencia SU-298 de 2015, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Acción de tutela
una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya
sido solicitada por alguna de las partes en el proceso7.”.
2.3 Caracterización del defecto fáctico
El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas
que tiene una incidencia directa en la decisión, al respecto, la Corte Constitucional
reconoce que tiene dos dimensiones: una dimensión negativa y una positiva8.
La dimensión negativa se produce por omisiones del juez i) ignorar o no valorar,
injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso, ii)
decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión o iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que
el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.
Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una valoración por
completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello, ya sea:
iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan
determinantes en el sentido de la decisión o v) por decidir con medios de prueba que, por
disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará el amparo, por
las siguientes razones:
2.4 Análisis del defecto sustantivo en el caso en concreto
1) Previo a estudiar este reparo, conviene exponer las razones de la autoridad judicial
accionada para revocar la sentencia de primer grado que había accedido a las
7
Corte Constitucional, sentencia T- 830 de 2012, MP, Jorge Ignacio Pretelt.
8
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-041 del 16 de febrero de 2018, exp. T-6312452, MP Gloria Stella
Ortiz Delgado.
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pretensiones de la demanda de reparación directa y, en su lugar, declaró la caducidad
del medio de control:
“Conforme a la jurisprudencia en cita, se advierte en relación con la reparación
de los daños antijurídicos ocasionados por delitos de lesa humanidad, el plazo
razonable de dos años para acudir a la jurisdicción no se cuenta
necesariamente desde el momento en que se produce el daño que origina el
perjuicio, sino desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial.
Luego entonces partiendo de esa posición, es dable analizar en el caso de
marras cuando el demandante tuvo conocimiento de la presunta falla por partes
de las entidades demandadas respecto de los perjuicios alegados.
Pues bien, sea lo primero precisar que respecto a la caducidad, el extremo
activo en el libelo genitor señaló: “Como puede observarse en la respuesta
del derecho de petición de fecha agosto 16 de 2012, en el que la Fiscalía
Delegada ante el Tribunal de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz,
transcribe apartes de la versión libre rendida por el ex Jefe de las AUC,
Señor WILSON CARREÑO POVEDA, quien acepta la responsabilidad del
grupo ilegal en los hechos descritos en la presente demanda así como se
pone en conocimiento que el Ejército Nacional recibía dinero de parte de
las AUC, para que les permitieran desplegar sus acciones delictivas,
específicamente las causantes del daño antijurídico a los actores. Quiere
decir lo anterior, que las víctimas solo desde el día 16 de agosto
conocieron que el desmovilizado confesó la participación del Estado a
través de la institución militar y es a partir del día siguiente o sea 17 de
agosto de 2012, en que se comenzarían a contabilizar el término de
caducidad del medio de control”.
En ese entendido, se advierte que la parte actora pretende que se tome calenda
de conocimiento de los hechos el 16 de agosto de 2012 que es cuando recibe
respuesta por parte de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de la Unidad
Nacional para la Justicia y la Paz.
Dicha respuesta obra en el expediente en el folio 38 del cuaderno 1
(digitalizado), Oficio 1292 F- 34 UNJYP del 16 de agosto de 2012.
No obstante, refuta esta tesis el apoderado del Ejercito Nacional, al señalar que
el término para presentar la demanda de reparación directa debió contarse a
partir del día 12 de mayo de 2010, y no desde el día 16 de agosto de 2012, pues
desde esa fecha, los demandantes conocieron o debieron conocer que las
Autodefensas Unidas de Colombia eran los directamente responsables del daño
alegado.
Pues bien con el fin de arribar al aserto en cuanto al conocimiento de los
demandantes de lo declarado en versión libre por el exjefe de las Autodefensas
Unidas de Colombia el señor WILSON CARREÑO POVEDA alías “El Rafa”, es
menester mencionar que no es dable suponer el conocimiento de lo declarado
por el señor Carreño por parte de los demandantes desde el mismo día de la
declaración, pues se debe probar dicho conocimiento en tanto, como se ha
analizado este elemento resulta de potísima relevancia para iniciar el termino
de caducidad, siendo imperante entonces que no se incurra en suposiciones
sino que se demuestre dicho conocimiento.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04170-00
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Acción de tutela
Así las cosas, en aras de advertir la fecha correspondiente en que el
demandante conoció de la declaración en la que señala pudo establecer la
participación de las entidades en los daños que le fueron ocasionados, este
colegiado advierte que, en efecto, desde el mismo día de la versión libre de
WILSON CARREÑO POVEDA el demandante tuvo conocimiento de los narrado
por el mismo, y no como lo afirma que solo hasta el 16 de agosto de 2012 fue
que se enteró.
Lo anterior se afirma, en atención a que, en la audiencia del 10 de mayo de
2010, en la plurimentada versión libre del señor WILSON CARREÑO POVEDA,
el mismo demandante, victima directa de las actuaciones de las AUC, efectuó
preguntas al postulado, tal como queda evidenciado en el mismo oficio que cita
esa parte procesal, Oficio 1292 F- 34 UNJYP del 16 de agosto de 2012, al igual
que en el Oficio 0641 D.3 UNJP 4 de Octubre del 2.012.
Se trascribe el aparte en el que se evidencia la presencia en la versión libre del
señor
PREGUNTA EL FISCAL/ UNICAMENTE FUE AL SEÑOR PEDRO NEL
RICO? SE LE HIZO AL SEÑOR PEDRO NEL RICO POR LA AMISTAD
QUE TENIA CON PABLO ACUÑA. PREGUNTA LA VICTIMA/ SI DEBIDO
A MI RENUNCIA, YO ME VI OBLIGADO A DESPLAZARME
FORZOSAMENTE DE ESTA CIUDAD, SI FUI DESPLAZADO O NO, QUE
TIENE QUE DECIR AL RESPECTO? EL FISCAL/ EL POSTULADO HA
MANIFESTADO QUE EFECTIVAMENTE, A RAIZ DE ESTOS HECHOS
SE DESPLAZARON, Y DE AHÍ LA PREGUNTA DE LA SEÑORA
PROCURADORA QUE SI TENIA LOS NOMBRES DE LOS
DESPLAZADOS EN ESA OPORTUNIDAD. USTED LOS TIENE SEÑOR
POSTULADO? RESPONDE EL POSTULADO/ ALGUNOS QUE SON
LOS HIJOS DEL SEÑOR PABLO ACUÑA, PEDRO NEL RICO CON SUS
FAMILIAS.
Así las cosas, atendiendo a que el extremo activo afirma, desde el libelo genitor
que, tuvo conocimiento de la responsabilidad de las entidades encausadas de
los perjuicios, por lo narrado por el señor WILSON CARREÑO POVEDA alías
“El Rafa” en su versión libre, y establecido que dicho conocimiento se tuvo
desde el mismo 10 de mayo de 2010, no es dable tomar una fecha distinta a
ésta, para contabilizar los términos de caducidad.
Por lo anterior, el término de caducidad debe ser contabilizado desde el 11 de
mayo de 2010 -día siguiente a versión libre - por lo que los 2 años con los que
contaba para formular la demanda de reparación directa vencieron el 11 de
mayo de 2012, de conformidad con lo previsto en el numeral 2o literal i) del
artículo 164 del C.P.A.C.A.
No obstante, la demanda fue incoada el 06 de octubre de 2014, lo cual a claras
veras, supera en demasía el término establecido en la ley para tal efecto, lo que
quiere indicar que el medio de control de reparación directa para el caso
concreto se encuentra caduco.
Es más la solicitud de conciliación del 15 de agosto de 2012 ante la
Procuraduría Judicial No. I No. 204 en Asuntos Administrativos de Santa Marta,
no interrumpió el término de caducidad establecido en el artículo 3º del Decreto
reglamentario 1716 de 2009; por cuanto la misma fue presentada por fuera del
término establecido para tal menester”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04170-00
Actor: Pedro Nel Rico Martínez
Acción de tutela
2) Se recuerda que la parte actora fundamentó este reproche en que el juez de segunda
instancia aplicó de manera retroactiva la sentencia de unificación proferida el 29 de enero
de 2020 por la Sección Tercera del Consejo de Estado.
3) Sin embargo, como se ha dicho en anteriores oportunidades por esta Subsección y lo
ha ratificado la Corte Constitucional recientemente9, para la Sala no le asiste razón a la
parte actora en cuanto a que el tribunal se haya equivocado al aplicar la sentencia de
unificación proferida el 29 de enero de 2020 por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, pues, en realidad, la autoridad judicial aplicó el precedente vigente al momento
de dictar su decisión, esto es, el 6 de noviembre de 2024, teniendo en cuenta la obligación
que tienen los jueces de observar las reglas de unificación adoptadas por esta
Corporación como órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa.
4) La decisión adoptada no se apartó arbitrariamente de una línea consolidada, sino que
acogió expresamente el precedente judicial unificado que rige desde el año 2020, según
el cual los hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, no están exentos de las
reglas procesales, como la de caducidad prevista en el artículo 164 del CPACA para el
medio de control de reparación directa.
5) De acuerdo con esa providencia, el plazo de dos años para presentar el referido medio
de control debe contarse desde el momento en que la víctima conoce o puede conocer
razonablemente no solo el daño, sino también la participación del Estado y la posibilidad
de imputarle responsabilidad patrimonial, regla que no desconoce el derecho de acceso
a la administración de justicia, sino que establece un estándar objetivo para preservar la
seguridad jurídica y evitar el deterioro probatorio que naturalmente ocurre con el paso del
tiempo.
6) Así las cosas, no se está ante una aplicación retroactiva de una norma o una regla
más gravosa, sino ante la adopción justificada de la interpretación vigente al momento de
fallar, razones suficientes para negar la configuración de este defecto.
7) En consecuencia, este defecto no está llamado a prosperar, por cuanto el tribunal
resolvió conforme al precedente vigente y aplicable, sin que ello haya implicado una
9
Sentencias T- 001, SU-241 de 2024 y T-202 de 2025.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04170-00
Actor: Pedro Nel Rico Martínez
Acción de tutela
vulneración al principio de favorabilidad judicial ni una transgresión a la confianza
legítima.
8) Por otra parte, previo a pasar al estudio del siguiente defecto, se advierte que si bien
la parte actora alegó la existencia de un defecto procedimental relacionado con el
cómputo del término de caducidad, lo cierto es que del contenido de su reproche no se
deriva la vulneración de una regla formal del trámite procesal, sino más bien una
discrepancia con la valoración que hizo el tribunal respecto del momento en que se
consolidó el conocimiento cierto del daño y de la posible participación estatal en los
hechos.
9) En ese sentido, el cargo formulado se encauza propiamente en un defecto fáctico, toda
vez que cuestiona el análisis probatorio efectuado por la autoridad judicial y la forma como
se apreciaron los elementos de juicio para establecer la fecha de inicio del término de
caducidad, por tanto, será bajo esa óptica que se analizará el reproche planteado.
2.5 Análisis del defecto fáctico en el caso concreto
1) Adicionalmente, en la acción de tutela se argumentó que el fallo incurrió en un defecto
por declarar la caducidad sin valorar adecuadamente el momento en que el señor Pedro
Nel Rico Martínez tuvo conocimiento cierto de la participación de agentes estatales en
los hechos, ya que dicha información solo fue conocida el 16 de agosto de 2012 y no el
12 de mayo de 2010 como lo consideró el tribunal, por consiguiente, el cómputo del
término se hizo sobre una base fáctica equivocada.
2) Según lo manifestado por los actores, aunque el señor Rico Martínez asistió a la
audiencia de versión libre rendida por Wilson Poveda Carreño el 12 de mayo de 2010, en
esa diligencia no se hizo referencia a la participación de agentes del Estado en los
hechos, pues, tal circunstancia solo fue revelada por el propio postulado en la versión
posterior del 21 de noviembre de 2011, a la cual no asistió y cuya información fue
incorporada en la respuesta emitida por la Fiscalía el 16 de agosto de 2012.
3) A su juicio, dicho conocimiento solo se habría consolidado en agosto de 2012, cuando
recibió una comunicación oficial de la Fiscalía en la que se transcribieron apartes de la
versión libre rendida por el postulado Wilson Carreño Poveda en la cual se hacía alusión
a la complicidad del Ejército Nacional con las Autodefensas Unidas de Colombia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04170-00
Actor: Pedro Nel Rico Martínez
Acción de tutela
4) Antes de resolver el caso concreto, es necesario recordar la normatividad y la
jurisprudencia constitucional sobre la caducidad del medio de control de reparación
directa en eventos relacionados con presuntos delitos de lesa humanidad, genocidio y
crímenes de guerra.
5) El artículo 140 del CPACA prevé esta acción para reclamar la reparación de un daño
antijurídico causado por acción u omisión de agentes estatales, en aplicación de la
cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado consagrada en el artículo 90
de la Constitución Política, posibilidad que está sujeta a la restricción temporal que
establece el legislador mediante el término de caducidad, fijado por el ordinal i) del
numeral 2 del artículo 164 ibidem en dos años, contados desde el día siguiente a la
ocurrencia del hecho o desde que el interesado tuvo o debió tener conocimiento del
mismo, con la salvedad de la desaparición forzada, cuyo cómputo inicia desde la
aparición de la víctima o la ejecutoria de la sentencia penal respectiva.
6) El análisis de la caducidad en la reparación directa por daños derivados de crímenes
internacionales no ha sido pacífico, razón por la cual el Consejo de Estado unificó
jurisprudencia el 29 de enero de 202010 y estableció que i) salvo en la desaparición
forzada, el término legal resulta exigible y se computa desde el momento en que se
conoce o se debió conocer la participación del Estado y la posibilidad de imputarle
responsabilidad; ii) no se aplica cuando se acreditan impedimentos materiales para
ejercer la acción, caso en el cual el término empieza a correr una vez superados; y iii) lo
relevante no radica en la naturaleza del hecho, sino en la situación particular del
demandante.
7) Posteriormente, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-312 de 2020, acogió esta
postura y precisó que, en aplicación del principio pro damnato, la caducidad en tales
eventos no puede imponerse de forma rígida, pues, para el efecto debe flexibilizarse para
garantizar el acceso a la administración de justicia y la reparación integral, en tanto que
resulta determinante el momento en que el interesado pudo identificar la participación
estatal y no la mera ocurrencia del hecho.
8) También advirtió que la sentencia de unificación surte efectos generales e inmediatos,
pero en procesos radicados antes de su expedición el juez debe valorar si su aplicación
10
85001-33-33-002-2014-00144-01(61033) A.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04170-00
Actor: Pedro Nel Rico Martínez
Acción de tutela
compromete derechos fundamentales y otorga una oportunidad procesal para alegar
sobre el cambio de precedente y sus implicaciones.
9) En pronunciamientos recientes, como las sentencias SU-167 de 2023 y T-024 de 2024,
se reiteró que en estos casos se debe brindar dicha oportunidad e incluso readecuar el
trámite, debido a la complejidad probatoria y a la necesidad de un estándar flexible en
favor de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
10) Ahora bien, en el caso concreto, frente a las razones del tribunal demandado para
declarar la caducidad del medio de control es necesario exponer que la Sala no
desconoce que el aquí actor estuvo presente en la diligencia de versión libre rendida por
el postulado Wilson Carreño Poveda el 10 de mayo de 2010, ni que, durante su desarrollo,
le formuló preguntas, frente a las cuales el postulado respondió, en términos muy
generales, que a raíz de los hechos se desplazaron algunas personas, entre ellas los
hijos del señor Pablo Acuña y el señor Pedro Nel Rico con sus familias.
11) Sin embargo, de esa manifestación no podía advertirse con certeza la participación
de agentes estatales en connivencia con las AUC en el municipio de El Banco, pues se
trataba de una referencia a víctimas del desplazamiento sin elementos que determinantes
que permitieran atribuir esos hechos a miembros del Ejército Nacional ni, por ende,
activar desde ese momento la carga de presentar la demanda de reparación directa.
12) Es más, inclusive si en ese momento se hubiese hecho una referencia genérica a los
militares o agentes estatales, tampoco podía exigirse que se contara la caducidad desde
esa fecha, porque se trata de una diligencia de versión libre que no se practica bajo la
gravedad del juramento y, en todo caso, en ella no se descubrieron pruebas ni se
reconoció la participación de terceros que pudieran llevar a los actores a un conocimiento
real, cierto y fundado sobre la injerencia del Estado en el desplazamiento del cual él y su
familia fueron víctimas.
13) Por el contrario, en el presente caso, la certeza necesaria para activar dicha carga
solo se configuró con posterioridad, cuando los actores recibieron información adicional,
seria y certera que les permitió establecer que los hechos de desplazamiento forzado
guardaban relación con actuaciones de miembros del Ejército Nacional en el municipio
de El Banco.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04170-00
Actor: Pedro Nel Rico Martínez
Acción de tutela
14) Este conocimiento provino de dos fuentes concretas que obran en el expediente, de
un lado, el testimonio de un amigo cercano que informó a los demandantes sobre la
presunta participación militar, y principalmente, del Oficio 1292 F-34 UNJYP del 16 de
agosto de 2012 expedido por la Fiscalía General de la Nación y el oficio 0641 D.3 UNJP
del 4 de octubre de 2012, pruebas que sí sugerían un nivel suficiente de veracidad
concreto sobre la posible responsabilidad estatal, a diferencia de la versión libre que, por
su carácter preliminar, general y libre de apremios, no podía ser considerada como
prueba determinante para efectos del conteo.
15) En este punto, resulta relevante recordar que un caso similar, en la sentencia T-001
de 2025, la Corte Constitucional advirtió que las declaraciones rendidas en diligencias de
versión libre pueden ser modificadas o complementadas por el postulado, razón por la
cual no pueden erigirse, por sí solas, en prueba plena de la veracidad de los hechos ni
mucho menos en fuente suficiente de certeza para efectos procesales definitivos.
16) En esa ocasión, en la que dicho sea de paso la sentencia objeto de cuestionamiento
había sido expedida por el mismo tribunal aquí cuestionado y con reproches similares
frente al análisis probatorio, la Corte precisó que en estos casos, además del
conocimiento de la antijuridicidad, los actores deben estar en la posibilidad material de
probarla, lo que solo ocurre precisamente cuando las víctimas se encuentran en la
posibilidad real de demostrar que miembros del Estado participaron en los hechos, lo que
no se puede acreditar con una simple referencia a dicha circunstancia, sino cuando se
cuenta con pruebas y medios de convicción serios y contundentes que permitan vincular
la actuación u omisión de las entidades con los hechos.
17) Este criterio refuerza la conclusión de que, en el caso concreto, no podía exigirse a
los actores que formularan la demanda con base en una versión preliminar, susceptible
de cambios y carente de corroboración independiente, máxime cuando se trataba de
atribuir responsabilidad al Estado en el marco de graves violaciones de derechos
humanos, eventos en los cuales cobra especial relevancia el principio pro damnato o
favor victimae, el cual exige valorar las pruebas con especial cuidado para no incurrir en
revictimizaciones o hacer nugatorio el acceso a la administración de justicia de las
víctimas.
18) En concordancia con lo expuesto, a su vez, en la sentencia SU-439 de 2024 la Corte
Constitucional analizó dos casos en el marco del medio de control de reparación directa
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04170-00
Actor: Pedro Nel Rico Martínez
Acción de tutela
por ejecuciones extrajudiciales en los que se había declarado la caducidad sin considerar
las barreras materiales que impidieron a las víctimas conocer, con certeza, la
participación de agentes estatales.
19) En el caso Durango Vallejo, la Corte señaló que el término no podía contarse desde
el hecho inicial, sino desde que se tuvo claridad sobre la injerencia estatal y enfatizó que
no es constitucionalmente razonable aplicar un criterio rígido cuando el contexto mismo
obstaculiza el acceso a la información y la acción judicial, precedente que resulta
aplicable en esta oportunidad al asunto que ocupa a la Sala, pues reafirma que,
tratándose de violaciones graves a los derechos humanos, el análisis del término de
caducidad debe atender al momento real en que las víctimas estuvieron en condiciones
de ejercer su derecho de acción.
20) En el caso del señor Jorge Armando Guevara Pérez, la Corte Constitucional también
advirtió que el Tribunal Administrativo del Tolima declaró la caducidad del medio de
control de reparación directa tomando como punto de partida el 17 de marzo de 2010,
fecha en la que la compañera permanente de la víctima rindió una entrevista ante la
Fiscalía en la que afirmó que había escuchado de un tercero que la muerte podía tratarse
de un “falso positivo” del Ejército, manifestación que permitía concluir que, desde ese
momento, los demandantes conocían la posible participación de agentes estatales y se
encontraban en condiciones de presentar la demanda.
21) No obstante, el Tribunal Constitucional consideró irrazonable ese cómputo por
tratarse de un testimonio de oídas, emitido en un contexto de incertidumbre y sin respaldo
en pruebas directas que permitieran imputar responsabilidad al Estado; por el contrario,
el análisis integral de las demás pruebas evidenció que, para esa fecha, no existía
claridad sobre las circunstancias del deceso ni sobre la intervención de miembros del
Ejército Nacional.
22) En este punto, la Sala debe insistir en que, si bien en la sentencia de unificación del
29 de enero de 2020 se estableció con absoluta claridad que el término de caducidad
previsto en el artículo 164 del CPACA es aplicable también a casos de violaciones graves
a los derechos humanos, lo cierto es que su aplicación exige un análisis detallado de cara
a las circunstancias concretas del caso.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04170-00
Actor: Pedro Nel Rico Martínez
Acción de tutela
23) En el presente asunto, un conteo automático desde la diligencia del 10 de mayo de
2010 implicaría desconocer que, para esa fecha, los actores no contaban con la certeza
requerida sobre la participación estatal, certeza que solo se adquirió con posterioridad y
mediante pruebas directas y precisas, cuando por iniciativa de los mismos demandantes
la Fiscalía le contestó unas peticiones a través del Oficio 1292 F- 34 UNJYP del 16 de
agosto de 2012, en donde se transcribieron formalmente apartes de unas audiencias en
las que el desmovilizado explica con claridad y en detalle la participación del Estado y en
qué consistió; en este sentido, no era aceptable una aplicación irreflexiva de la regla de
unificación, pues ello implica sacrificar el derecho de acceso a la administración de justicia
de las víctimas.
24) Se reitera, en este punto es necesario aclarar que la Sala de ninguna manera
reconoce que en los supuestos de violaciones graves a los derechos humanos no pueda
aplicarse la regla de caducidad del medio de control de reparación directa, como
erróneamente lo interpretan los actores; por el contrario, como se precisó en la sentencia
de unificación proferida por esta Corporación y analizada en precedencia, esta debe
aplicarse incluso en tales eventos, sin embargo, en casos como el de la referencia, dadas
las circunstancias en que ocurrieron los hechos y las dificultades que afrontaron las
víctimas para conocer con certeza el momento de injerencia del Ejército Nacional, dicho
cómputo solo debe iniciarse cuando las víctimas tengan conocimiento cierto del daño o
de la participación de agentes del Estado.
25) Así, en consonancia con el precedente de la Sentencia T-001 de 2005, la Sala
advierte que la presencia de uno de los actores en dicha diligencia no implica que, per
se, se adquiriera el conocimiento de la participación de agentes del Estado.
26) Como consecuencia de lo anterior, se dejará sin efectos la sentencia de segunda
instancia proferida el 6 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, en el proceso de reparación directa con radicación no. 47001-33-33-006 -
2019-00272-01.
27) En consecuencia, se ordenará a dicha autoridad judicial que, dentro del término de
diez (10) días contados a partir de la notificación del presente fallo, profiera una nueva
providencia que resuelva el fondo del asunto con sujeción a los parámetros fijados en
esta decisión.
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Actor: Pedro Nel Rico Martínez
Acción de tutela
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Ampáranse los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) En consecuencia, déjase sin efecto la sentencia del 6 de noviembre de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, al interior del proceso de reparación directa
con radicación no. 47001-33-33-006 -2019-00272-01.
3º) Ordénase al Tribunal Administrativo del Magdalena que, en el término de diez (10)
días contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, profiera una
decisión en reemplazo en la cual se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en
esta providencia.
4º) Deniégase las solicitudes de desvinculación de la UARIV y la Gobernación del
Magdalena, en los términos expuestos en la parte motiva de esta decisión.
5°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
6°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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