Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04173-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04173-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04173-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04173-00
Demandante: Sociedad Invertrac SA
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Caducidad / Defecto sustantivo
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud de tutela formulada por la sociedad Invertrac SA en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. La sociedad Invertrac SA promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
providencia proferida el 20 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 76001-3333-007-2024-00266-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. El 24 de junio de 2024, presentó demanda en uso del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra del Distrito Especial de Santiago de Cali,
en la que solicitó que se declarara la nulidad de las resoluciones 4131.041.21.1 del
8 de marzo de 2023 y 4131.040.21.1.0045 del 15 de febrero de 2024, a través de
las cuales se expidió la liquidación oficial de revisión y se resolvió su
correspondiente reconsideración, respectivamente.
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04173-00
Demandante: Sociedad Invertrac SA
2.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en auto interlocutorio 240 del 24
de julio de 2024 inadmitió la demanda y concedió a la parte demandante el término
de 10 días para que realizara la estimación razonada de la cuantía, aportara los
actos demandados y su constancia de notificación, entre otros.
2.3. Si bien la demanda fue subsanada, en auto interlocutorio 350 del 24 de octubre
de 2024 dispuso declarar su falta de competencia, en razón de la cuantía, por lo
que ordenó remitirla a los juzgados administrativos de Cali.
2.4. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali, en auto del 22 de enero
de 2025 rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad, al
considerar que la Resolución 4131.040.21.1.0045 del 15 de febrero de 2024 fue
notificada en igual fecha a la de su expedición, por lo que el término para ejercer el
medio de control venció el 17 de junio de 2024, el cual solo se radicó el día 21
siguiente. Decisión contra la cual interpuso recurso de apelación.
2.5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en providencia del 20 de junio de
2025 confirmó lo resuelto por el a quo con similares argumentos.
2.6. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en defecto sustantivo, por inaplicar «normas especiales (como el artículo 566-1 E.T.) o
regímenes excepcionales (como el previsto en la Ley 2213 de 2022 y el Decreto 806 de
2020) […]». (sic)
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1. Que se ampare el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la justicia
de INVERTRAC S.A.
2. Que se deje sin efectos el Auto Interlocutorio No. 264 del 20 de junio de 2025 proferido
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
3. Que se ordene al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Cali admitir y
tramitar la demanda presentada por INVERTRAC S.A. […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. Las partes y demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron
silencio2.
2. Consideraciones
5. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
2 Mediante auto del 31 de julio de 2025, se admitió la tutela en contra del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y se ordenó vincular al Juzgado Séptimo Administrativo de Cali y al Distrito Especial
de Santiago de Cali.
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Demandante: Sociedad Invertrac SA
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia.
6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, esta Sala es competente para
conocer de la presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
7. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado3 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 4. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».
8. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
9. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado 5 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04173-00
Demandante: Sociedad Invertrac SA
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
10. Ahora bien, la Corte Constitucional6 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
11. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 7, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los
requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de
tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales8.
12. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
13. La Sala deberá definir: ¿si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró
los derechos fundamentales de la sociedad Invertrac SA con ocasión de la
providencia del 20 de junio de 2025, que confirmó la decisión de rechazar el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso, por haber
operado el fenómeno de la caducidad, con la que incurrió, presuntamente, en
defecto sustantivo?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
14. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
6 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04173-00
Demandante: Sociedad Invertrac SA
2.4.2. Defecto sustantivo o material
15. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una
decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto9. En su jurisprudencia, la corporación
ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los
jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar
normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta10, para lo cual precisó que los
límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
16. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de
razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y (vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.
17. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales11.
2.4.3. Caso en concreto
18. La sociedad Invertrac SA acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
providencia proferida el 20 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, en cuanto confirmó la decisión de rechazar la demanda por haber
19. Lo anterior, al considerar que la demanda se presentó de manera oportuna, en
la medida en que:
«[…] 1. El artículo 566-1 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 2010 de 2019,
establece expresamente que los términos para los contribuyentes comienzan a contarse
cinco (5) días hábiles después de la entrega del correo electrónico. […] 3. El Tribunal
hace una aplicación literal del artículo 164 del CPACA, pero desconecta el concepto de
"notificación" de la regulación especial tributaria, lo cual genera un defecto sustantivo por
9 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
10 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
11 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04173-00
Demandante: Sociedad Invertrac SA
inaplicación del bloque normativo aplicable. 4. El derecho de acceso a la justicia incluye
el acceso a la justicia tributaria, conforme a lo establecido por la Corte Constitucional en
la Sentencia C-103 de 2015. 5. Al computar el término desde el 16 de febrero de 2024,
el Tribunal omite aplicar cinco días hábiles, que correspondían al 16, 19, 20, 21 y 22 de
febrero, por lo que el acto solo podía entenderse firme desde el 23 de febrero de 2024.
6. La demanda fue presentada el 21 de junio de 2024, dentro del plazo de cuatro meses,
el cual vencía el lunes 24 de junio de 2024 por haberse cumplido el vencimiento real un
domingo (23 de junio). […]». (sic)
20. En razón a la controversia a decidir, se recuerda que, en cuanto a la oportunidad
para presentar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
literal c), numeral 2º del artículo 164 del CPACA reglamentó que:
[…] La demanda deberá ser presentada:
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…)
c) Cuando se pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho de los actos
previos a la celebración del contrato, el término será de cuatro (4) meses contados a
partir del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el
caso; […]
21. Por su parte, el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 incorporó el requisito previo
de la conciliación extrajudicial para demandar ante la jurisdicción de lo contencioso-
a administrativo en los siguientes términos:
ARTÍCULO 161. REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR. La presentación de la
demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:
1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial
constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones
relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias
contractuales.
En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando
no se encuentre expresamente prohibida.
Cuando la Administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios
ilegales o fraudulentos, no será necesario el procedimiento previo de conciliación. […]
22. Ahora, respecto a la suspensión del término de caducidad del medio control, la
Ley 2220 de 202212 dispuso:
ARTÍCULO 96. SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE
CONTROL. La presentación de la petición de convocatoria de conciliación extrajudicial
ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de caducidad del medio de
control contencioso administrativo, según el caso, hasta:
1. La ejecutoria de la providencia que imprueba del acuerdo conciliatorio por el juez de
lo contencioso administrativo.
2. La expedición de las constancias a que se refiere la presente ley; o
12 Por medio de la cual se expide el estatuto de conciliación y se dictan otras disposiciones.
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3. El vencimiento del término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de
la solicitud.
Lo primero que ocurra.
PARÁGRAFO. Las partes por mutuo acuerdo podrán prorrogar el término de tres (3)
meses consagrado para el trámite conciliatorio extrajudicial, pero en dicho lapso no
operará la suspensión del término de caducidad o prescripción. […]
23. Como se observa, la solicitud de conciliación extrajudicial interrumpe el término
de caducidad hasta que: i) se llegue a un acuerdo conciliatorio; ii) se expidan las
constancias de que trata el artículo 2.º de la Ley 640 de 2001; o iii) transcurran tres
(3) meses a partir de la presentación de la solicitud, lo que ocurra primero, de
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 3° del Decreto 1716 de 20091319.
24.Ahora bien, al descender a la situación particular planteada por la parte
demandante, la Sala encuentra razonable la conclusión a la que arribó la
corporación judicial demandada, pues, luego de estudiar la normatividad aplicable,
concluyó que:
«[…] Ahora bien, en este caso, conforme a lo estipulado en el artículo 164, numeral 2,
literal d) del CPACA, se entiende que el plazo para hacer uso del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, corre a partir del día siguiente al de la notificación
del acto demandado - Resolución nro. 4131.040.21.1.0045 del 15 de febrero de 2024.
Luego, la oportunidad para demandar en el sub examine venció el 17 de junio de 2025
(El 16 de junio de 2025 fue día inhábil), por lo que la demanda fue extemporánea al
haberse radicado el 24 de junio de 2024.
La parte demandante alega que la demanda fue presentada oportunamente. Arguye que,
de acuerdo a lo estipulado en el artículo 566-1 del Estatuto Tributario10 la notificación
electrónica se surte cinco días después de recibido el correo electrónico, por lo que a su
juicio el plazo para presentar la demanda venció el 24 de junio de 2024.
Sin embargo, el término al que hace alusión el artículo 566-1 del Estatuto Tributario
aplica para que el contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante o su
apoderado puedan actuar en sede administrativa, más no en sede judicial, por lo que no
incide en la contabilización de la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Así las cosas, hay lugar a confirmar la decisión de rechazar la demanda, por haber
operado el fenómeno jurídico de la caducidad, toda vez que esta fue presentada
extemporáneamente el 24 de junio de 2024. Esto teniendo en cuenta que la Resolución
nro. 4131.040.21.1.0045 fue notificada al demandante el 15 de febrero de 2024 y, en
consecuencia, el plazo para hacer uso del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho venció el 17 de junio de 2025. […]». (sic)
25. De tal manera, se evidencia que, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
efectuó una interpretación razonable de los supuestos acreditados frente a la
normativa que establece el término para ejercer el derecho de acción ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, respecto del cual, precisó que difiere
de aquel descrito en el artículo 566-1 del Estatuto Tributario aplicable «para actuar
13 Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de
1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001.
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en sede administrativa, más no en sede judicial».
26. Es decir, es el literal d) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el que determina
el plazo para hacer uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, el cual corre a partir del día siguiente al de la notificación del acto
demandado. Razón por la que, no resultaba aplicable el artículo 566-1 del Estatuto
Tributario, el cual reglamenta el término para que los actores tributarios actúen en
sede administrativa, más no judicial. Se resalta que las normas procesales son de
orden público y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento.
27. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
28. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en defecto
sustantivo, debido a que fue proferida de conformidad con las normas que regulan
la materia y el material probatorio aportado al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho cuestionado.
29. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
3. Conclusión
30. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales de la sociedad Invertrac SA, en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de la sociedad Invertrac
SA, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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Demandante: Sociedad Invertrac SA
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JAVD/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
9
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