RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04177-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04177-00

Fecha
6 de octubre de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04177-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Diego Andrés Calderón Brunal por falta de subsidiariedad en relación con la solicitud de reliquidación de la asignación de retiro realizada por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, de conformidad con los motivos expresados en esta providencia. 17 de 18 Radicación: 11001-03-15-000-2025-04177-00 Demandante: Diego Andrés Calderón Brunal Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente y niega ______________________________________________________________________________________________________________ SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Diego Andrés Calderón Brunal por falta de relevancia constitucional respecto de los argumentos encaminados a justificar la configuración de los defectos fáctico, sustantivo y de violación directa de la Constitución, de conformidad con los motivos expresados en esta providencia. TERCERO: NEGAR en todo lo demás el amparo solicitado por Diego Andrés Calderón Brunal, de conformidad con los motivos expresados en esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 14. QUINTO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04177-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

6 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C, 6 de octubre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04177-00
Demandante: Diego Andrés Calderón Brunal
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto fáctico | Defecto
sustantivo I Decisión sin motivación I Desconocimiento de precedente I Violación directa de
la Constitución – Improcedente y niega| ACCIÓN CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA -
Subsidiariedad

Síntesis del caso: La parte actora enjuició las sentencias de primera y segunda instancia,
mediante las cuales se negaron las pretensiones de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Diego Andrés
Calderón Brunal contra el Juzgado 46 Administrativo de Bogotá y la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 7 de julio de 2025, Diego Andrés Calderón Brunal presentó, por
medio de apoderado judicial, una acción de tutela contra el Juzgado 46
Administrativo de Bogotá y la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, acceso a la
administración de justicia e igualdad, así como a los principios de presunción
de inocencia y favorabilidad, con ocasión de las Sentencias de 3 de febrero
de 2023 y 26 de febrero de 2025, proferidas, respectivamente, por las
autoridades judiciales accionadas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 11001-33-42-046-2021-00246-00/01.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04177-00
Demandante: Diego Andrés Calderón Brunal
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“Primero. Conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso en virtud del principio de presunción de inocencia (Artículo 29 C.P.),
del señor Diego Andrés Calderón Brunal.

Segundo. En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia proferida el tres (3) de
febrero de dos mil veintitrés (2023) por el Juzgado Cuarenta y Seis (46)
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá D.C., Sección Segunda, y la
sentencia proferida el veintiséis (26) de febrero de dos mil veinticinco (2025) por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección "C",
dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con
radicado No. 2021–00246-01, en cuanto negaron el cómputo del periodo
comprendido entre el 16 de mayo de 2012 y el 1 de noviembre de 2013 como
tiempo de servicio para efectos de la asignación de retiro del accionante.

Tercero. Ordenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, y/o a la
entidad competente, que en el término perentorio de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de la sentencia de tutela, proceda a: 1.
Reliquidar la asignación de retiro del señor Diego Andrés Calderón Brunal,
incluyendo el periodo de 1 año, 5 meses y 24 días (comprendido entre el 16 de
mayo de 2012 y el 1 de noviembre de 2013) como tiempo computable para
efectos de la asignación de retiro. 2. Reconocer y pagar los valores adeudados
por concepto de las diferencias resultantes de la reliquidación de la asignación
de retiro, incluyendo los intereses moratorios a que haya lugar, desde la fecha
en que debieron ser reconocidos y hasta su pago efectivo.

Cuarto. En caso de que la presente acción sea impugnada, solicito a la
Honorable Corte Constitucional su eventual revisión para unificar la
jurisprudencia en la materia y proteger los derechos fundamentales vulnerados.

Quinto. Sírvase ordenar la notificación de la presente decisión a todas las partes
e intervinientes en el proceso.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) Diego Andrés Calderón Brunal prestó sus servicios personales desde
el 6 de enero de 2001 en el Ejército Nacional.

5. 2) Durante el tiempo de vinculación se adelantó una investigación
disciplinaria por parte de la justicia penal militar, hecho que desembocó en
la apertura de una investigación penal ante la Fiscalía 54 Especializada de
Derechos Humanos de Barranquilla, en el 2010, por el homicidio de persona
protegida durante la “Misión táctica desafío”, que se llevó a cabo el 13 de
diciembre de 2004.

6. 3) En mayo de 2012, le fue impuesta una medida de aseguramiento
con restricción de libertad, la cual cumplió en el CRM de la Décima Primera
Brigada del Ejército Nacional, en Montería, desde el 16 de mayo de 2012
hasta el 1 de noviembre de 2013, por lo que tuvo que trabajar como auxiliar
de control interno de esa brigada.

2 de 18

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04177-00
Demandante: Diego Andrés Calderón Brunal
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________

7. 4) Posteriormente, fue ascendido al grado de capitán y desarrolló sus
labores en 4 batallones diferentes sin poder ascender al grado de mayor
dada la investigación penal ya referida.

8. 5) Mediante Resolución No. 2568 de 18 de septiembre de 2020 del
Ministerio de Defensa Nacional, notificada el día siguiente, fue retirado de la
institución castrense, por llamamiento a calificar servicios.

9. 6) La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, por medio de la
Resolución No. 326 de 26 de enero de 2021, reconoció al señor Calderón
Brunal la asignación de retiro, a partir del 19 de diciembre de 2020 y en
cuantía de 58% de sueldo de actividad correspondiente a su grado con
base en 17 años, 9 meses y 22 días de servicio, junto con la liquidación de
las partidas computables de acuerdo con la ley.

10. 7) El 10 de febrero de 2021, el accionante presentó recurso de
reposición anterior. Alegó que no se le había reconocido como tiempo de
servicios 1 año, 5 meses y 24 días en los que, pese a estar privado de su
libertad, trabajó y percibió todas sus prestaciones, con lo cual veía
transgredidos principios y derechos constitucionales.

11. 8) A través de la Resolución No. 3684 de 4 de marzo de 2021, CREMIL
resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la decisión,
puesto que, en el caso concreto, reconoció la asignación de retiro al señor
Calderón Brunal, con base en el tiempo de servicios acreditado en la hoja
de vida No. 3.10768613 de 26 de noviembre de 2020, aprobada mediante
Resolución No. 6130 de 4 de diciembre de 2020, en la que se acreditó como
tiempo de servicios, 17 años, 9 meses y 42 días, y se le dedujo un tiempo por
inasistencia correspondiente a 1 año, 6 meses y 24 días, es decir, un total de
634 días.

12. 9) El 26 de agosto de 2021, Diego Andrés Calderón Brunal presentó,
por medio de apoderado judicial, una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Defensa -
CREMIL, con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones No. 326
de 26 de enero de 2021; y No. 3684 de 4 de marzo de 2021, con la que se
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el primer acto
administrativo aludido.

13. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que el Ejército
Nacional modificara la hoja de servicios No. 3-10768813 de 26 de noviembre
de 2020, aprobada en Resolución No. 6130 de 4 de diciembre de 2020, en
el sentido de computar al actor el tiempo deducido de 1 año, 5 meses y 24
días para efectos de liquidar la asignación de retiro y que, en consecuencia,

3 de 18

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04177-00
Demandante: Diego Andrés Calderón Brunal
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________

CREMIL reliquidara su asignación de retiro con base en un nuevo porcentaje
resultante del reconocimiento de tiempo de servicios en un 66%.

14. Pidió que se reajustara la asignación de retiro año por año, a partir del
reconocimiento de la fecha con los nuevos valores, que realizara el pago
indexado del dinero resultante de la diferencia entre los reajustes solicitados
y las sumas efectivamente canceladas por concepto de asignación de
retiro desde el año de su reconocimiento, y que se dispusiera el pago de
intereses moratorios e indexación de todos los valores conforme con el IPC.

15. 10) El Juzgado 46 Administrativo de Bogotá, mediante Sentencia de 3
de febrero de 2023, negó las pretensiones de la demanda, tras establecer
que Diego Andrés Calderón Brunal prestó sus servicios personales en el
Ejército, desde el 6 de enero de 2001 y hasta cuando fue retirado mediante
la Resolución No. 2568 de 18 de septiembre de 2020 del Ministerio de
Defensa, por llamamiento a calificar servicios, y que, posteriormente, por
medio de la Resolución No. 326 de 26 de enero de 2021 de CREMIL, se le
reconoció como tiempo de servicios el periodo de 17 años, 9 meses de 22
días, dado que, según la hoja de servicios No. 3-10768313 de 26 de
noviembre de 2020, el demandante estuvo privado de su libertad por 1 año,
5 meses y 24 días.

16. Enfatizó que, tanto el artículo 172 del Decreto 1211 de 1990, como el
parágrafo del artículo 7 del Decreto 4433 de 2004, eran claros en advertir
que el tiempo de condena privativa de la libertad personal, ya fuera por la
justicia penal militar o por la justicia ordinaria, no podía computarse al
tiempo efectivo de servicio. De esa forma, resaltó que el señor Calderón
Brunal se encontraba vinculado al proceso penal No.
44.650.3189.000.2013.00005.00 adelantado ante el Juzgado Penal de
Circuito de San Juan del Cesar, La Guajira y que se derivó de la investigación
adelantada ante la Fiscalía 54 Especializada de Derechos Humanos de
Barranquilla (hoy Fiscalía 84-ECV-DH), que emitió resolución de acusación el
19 de septiembre de 2012 por el delito de homicidio en persona protegida y
falsedad ideológica en documento público. De manera que, desde el 16
de mayo de 2012 hasta el 1 de noviembre de 2013, estuvo privado de su
libertad en la Décima Primera Brigada, donde laboró en la Sección de
Control Interno y ejerció labores distintas a sus funciones normales.

17. 11) El 22 de febrero de 2023, Diego Andrés Calderón Brunal presentó
recurso de apelación en el que pidió que se revocara esa providencia, en
razón a que se tuvo por probada, sin estarla, la separación temporal del
servicio del demandante y se omitió tener en cuenta sus aportes a seguridad
social. Señaló que el artículo 98 del Decreto 1790 de 2000 no establecía que
el tiempo laborado debía descontarse en la liquidación de la asignación de

4 de 18

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04177-00
Demandante: Diego Andrés Calderón Brunal
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________

retiro y que, por tanto, se vulneraba su derecho a la seguridad social por no
contabilizar el tiempo efectivamente cotizado para efectos de la
liquidación de la asignación de retiro.

18. Manifestó que el tiempo durante el cual cumplió la medida de
aseguramiento estuvo dentro de las instalaciones de la Décima Primera
Brigada del Ejército y trabajó como auxiliar de control interno, por lo que
durante ese periodo continuó percibiendo salario y prestaciones sociales, y
en ese lapso también cotizó a salud y pensión.

19. 12) La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, a través de Sentencia de 26 de febrero de 2025, confirmó
la decisión apelada, luego de establecer que a pesar de que el
demandante no fue privado de su libertad en un centro carcelario, lo hizo
en un centro de reclusión militar, y en el lapso comprendido entre el 16 de
mayo de 2012 y el 1 de noviembre de 2013, prestó sus servicios en el Batallón
de Movilidad y Maniobra de Aviación No. 1 como auxiliar de control interno,
cargo que de acuerdo con el artículo 98 del Decreto 1790 de 2000 podía
desempeñar el actor y para el cual fue expresamente habilitado por el juez
de conocimiento en el proceso penal.

20. Precisó que quedó acreditado que el señor Calderón Brunal, desde
mayo de 2012 hasta 1 de noviembre de 2013, fue incluido en nómina del
personal activo del Ejército Nacional y devengó los haberes
correspondientes a su cargo y unidad de servicio en un 100%, lo que
contrarió el tenor literal de la norma en virtud de la cual el oficial suspendido
solo podía percibir las primas, subsidios y sueldo básico en un 50%. Por lo
tanto, el hecho de que el Ejército Nacional hubiera cancelado una suma de
dinero erróneamente al demandante no daba lugar a que la parte
demandada procediera con un reajuste de su hoja de servicios, en el
sentido de adicionarle un tiempo que, de acuerdo con la ley, estuvo
suspendido.

21. Como fundamento de la vulneración, la parte actora argumentó que
las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos fáctico,
sustantivo, de decisión sin motivación, desconocimiento de precedente y
violación directa de la Constitución, al negar las pretensiones de la
demanda.

22. En lo atinente al defecto fáctico, sostuvo que las autoridades
judiciales accionadas realizaron una valoración distorsionada, incompleta y
arbitraria del material probatorio que daba cuenta que el señor Calderón
Brunal prestó servicios al Ejército Nacional en calidad de auxiliar de control
interno durante el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2012 y el 1

5 de 18

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04177-00
Demandante: Diego Andrés Calderón Brunal
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________

de noviembre de 2013, a pesar de haber sido destinatario de la medida de
aseguramiento. Agregó que estaba probado que en ese tiempo percibió el
100% de su salario y demás prestaciones sociales, sin reducción alguna de
haberes, porque no había una condena penal ni un acto administrativo que
lo hubiera suspendido del servicio.

23. Manifestó que se configuró un defecto sustantivo porque se realizó
una interpretación errónea del artículo 98 del Decreto 1790 de 2000 o el
artículo 172 del Decreto 1211 de 1990, ya que en esas disposiciones se hacía
alusión al tiempo correspondiente a una condena, es decir, a una decisión
judicial definitiva y ejecutoriada que impusiera una sanción penal. En el caso
del señor Calderón Brunal, no existía una condena penal y la única limitación
de su libertad fue producto de una medida de aseguramiento preventiva
dictada por la Fiscalía en el marco de un proceso penal aún no resuelto.
Indicó que, pese a ello, el tribunal aplicó indebidamente el artículo 172
mencionado como si existiera condena en firme y, en consecuencia,
excluyó el tiempo comprendido entre el 16 de mayo de 2012 y el 1 de
noviembre de 2013 del cómputo del tiempo de servicio, bajo la errónea
premisa de que dicho periodo no podía ser considerado como actividad
oficial.

24. Señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el
defecto de decisión sin motivación porque omitieron tener en cuenta
hechos determinantes que habrían modificado el sentido del fallo de
manera considerable, puntualmente, que Diego Andrés Calderón Brunal no
contó con un acto administrativo que lo separara legalmente de sus
funciones, sino que, por el contrario, continúo prestando sus servicios en el
CRM de Montería y cotizando de esta manera sobre el 100% del salario
percibido al sistema de seguridad social. Además, a la fecha en que se
presentó la solicitud de amparo no se contaba aun con una decisión de la
justicia penal que justificara la omisión de las accionadas.

25. Añadió que se configuró el defecto de desconocimiento de
precedente porque en las sentencias enjuiciadas se ignoró la jurisprudencia
del Consejo de Estado en virtud de la cual no es posible descontar del
tiempo de servicio el periodo en que un militar estuvo privado de la libertad,
siempre que haya prestado funciones autorizadas por la autoridad
competente y no exista acto administrativo formal de suspensión ni condena
penal. Específicamente, señaló que las autoridades judiciales accionadas
ignoraron lo dispuesto por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en la Sentencia de 11 de febrero de 2021, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-42-000-
2014-04099-01, que estableció que no era posible descontarle al
demandante para efectos prestacionales el periodo durante el cual

6 de 18

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04177-00
Demandante: Diego Andrés Calderón Brunal
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________

cumplió una medida de aseguramiento preventiva como auxiliar
administrativo en el Ejército Nacional.

26. Por último, argumentó que, con las providencias tuteladas, se incurrió
en una violación directa de la Constitución porque, al no computar el
tiempo durante el cual Diego Andrés Calderón Brunal estuvo privado de la
libertad como tiempo de servicio para efectos de la asignación de retiro, vio
gravemente menoscabado su derecho al debido proceso y la presunción
de inocencia.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2

27. El Juzgado 46 Administrativo de Bogotá3 remitió un informe donde
señaló que las providencias enjuiciadas no incurrieron en vicio alguno que
ameritara la procedencia de la acción de tutela, en consideración a que,
contrario a lo afirmado por el accionante, para fallar se tuvieron en cuenta
todos los medios de prueba allegados al expediente y su valoración se hizo
de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

28. Manifestó que tampoco se ignoró el precedente judicial, bajo el
entendido que la sentencia emitida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 25000-23-42-000- 2014-04099-01 no era de
unificación y, por tanto, podía ser, o no, acogida por los juzgados y
tribunales. Además, a fin de resolver el problema jurídico planteado en el
proceso ordinario, acogió la tesis expuesta por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la Sentencia de 14 de agosto de 2020,
proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
25000-23-42-000- 2013-05972-01.

29. Agregó que la acción de tutela era improcedente porque se
fundamentó en argumentos jurídicos que fueron ampliamente debatidos en
el curso del proceso ordinario, particularmente en la sentencia de segunda
instancia, por lo que la verdadera intención del accionante era utilizar ese
mecanismo constitucional como una tercera instancia.

30. CREMIL4 solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de
tutela porque las decisiones judiciales enjuiciadas no se adoptaron de

2 Mediante Auto de 9 de julio de 2025, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia,

(2) tener como demandados a la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Sección Segunda del Juzgado 46 Administrativo de Bogotá, y (3) vincular a la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, como terceros interesados
en el asunto.
3 Índice 11 de SAMAI.
4 Índice 10 de SAMAI.

7 de 18

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04177-00
Demandante: Diego Andrés Calderón Brunal
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________

manera caprichosa o arbitraria, sino que se basaron en una aplicación
adecuada de la normativa aplicable.

31. Enfatizó que no podía entrar a apoyar a alguno de los extremos de la
litis, toda vez que con ello se violarían derechos fundamentales de las partes
en conflicto, puesto que su objeto era el de reconocer y pagar la asignación
de retiro al cuerpo de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares que
acreditaran tal derecho, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 08
de 2016.

32. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a
pesar de haber sido notificados en debida forma5, guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Cuestión previa. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra autoridad
pública. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Fijación
de la controversia. 2.5. Verificación de defectos y/o afectación a derechos fundamentales.
2.6. Conclusión.

2.1. Cuestión previa

33. La Sala advierte que la acción de tutela contiene dos pretensiones:
una orientada a que se deje sin efectos las Sentencias de 3 de febrero de
2023 y 26 de febrero de 2025, proferidas, respectivamente, por el Juzgado
46 Administrativo de Bogotá y la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y otra, que apunta a que se
ordene a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares reliquidar la asignación de
retiro del señor Diego Andrés Calderón Brunal, de modo que se incluya el
periodo de 1 año, 5 meses y 24 días (comprendido entre el 16 de mayo de
2012 y el 1 de noviembre de 2013) como tiempo computable para efectos
de la asignación de retiro.

34. En ese sentido, primero se estudiará la procedencia de la tutela contra
autoridad pública, por la pretensión relacionada con la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares y, luego, es preciso indicar que se analizará la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial,
concretamente, la Sentencia de 26 de febrero de 2025, comoquiera que, si
bien la parte accionante también cuestionó la providencia de primera
instancia, fue la decisión del Tribunal la que resolvió de manera definitiva la
controversia. Además, en caso de un eventual fallo favorable, sería dicho
Tribunal el competente para cumplir la orden de tutela.

5 Índice 9 de SAMAI.

8 de 18

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04177-00
Demandante: Diego Andrés Calderón Brunal
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra autoridad pública

35. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela en lo
atinente a la solicitud realizada por el accionante respecto de la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.

36. El accionante pide que se ordene a la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares que reliquide la asignación de retiro correspondiente al tiempo en
el que prestó sus servicios personalmente al Ejército Nacional y que en esa
reliquidación incluya el tiempo en el cual cumplió la medida de
aseguramiento que le fue impuesta por orden de la Fiscalía 54 Especializada
de Derechos Humanos de Barranquilla, es decir, desde 16 de mayo de 2012
hasta el 1 de noviembre de 2013.

37. En concordancia con lo anterior, resulta preciso recordar que el
artículo 66 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86
Constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan
otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

38. Adicional a lo anterior, la Corte Constitucional ha reiterado que la
acción de tutela es improcedente cuando con ella se pretenda sustituir
mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria
de quien solicitó el amparo constitucional, no fueron utilizados en su debido
tiempo.

39. En ese orden de ideas, para la Sala el reparo sobre la forma en que la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares liquidó la asignación de retiro no
cumple con el requisito de subsidiariedad, ya que es un aspecto que se
debe ser debatido ante el juez natural de la causa, como, efectivamente,
ocurrió en este caso en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho No. 2021-00246-00/01. De ahí que, no puede el juez de tutela
reabrir dicha controversia.

40. Se recuerda que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado
para invocar asuntos que deben ser ventilados en el curso del proceso
contencioso administrativo, salvo que ese medio de defensa judicial no
fuera idóneo o eficaz para proteger los derechos fundamentales
controvertidos o cuando se recurre a la tutela como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable, situación que tampoco quedó
acreditada en el caso bajo examen.

6 “Artículo 6. Causales de improcedencia de la acción de tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.”

9 de 18

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04177-00
Demandante: Diego Andrés Calderón Brunal
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________

41. Por lo anterior, la acción de tutela es improcedente por no cumplir con
el requisito de subsidiariedad respecto de la pretensión formulada por el
accionante en relación con CREMIL.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial7

42. En lo que corresponde a la relevancia constitucional, la Sala declarará
la improcedencia de la acción de tutela puntualmente respecto de los
argumentos alegados para justificar la configuración de los defectos
fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución, puesto que ya
fueron expuestos y debatidos en el curso del proceso ordinario.

43. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional8.

44. Igualmente, en Sentencia SU-295 de 20239, estableció que la
relevancia constitucional se acredita a partir de tres criterios: (1) no tratarse
de asuntos legales o meramente económicos, (2) perseguir la protección de
derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos.

45. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto10; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia

7 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia

T-66 de 2019.
8 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
9 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
10 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”

10 de 18

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04177-00
Demandante: Diego Andrés Calderón Brunal
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________

adicional al proceso ordinario11 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad12.

46. Con base en lo anterior, se precisa que la parte actora alegó que la
cuestión discutida tenía trascendencia constitucional porque su solicitud se
orientó a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, dignidad humana, acceso a la administración de justicia e
igualdad, los cuales consideró trasgredidos con la decisión de la autoridad
judicial accionada de confirmar la sentencia que negó las pretensiones de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en el proceso No.
No. 11001-33-42-046-2021-00246-00/01. Esto, porque no se valoró
debidamente el material probatorio allegado al proceso que daba cuenta
que el accionante, mientras cumplió con la medida de aseguramiento,
siguió prestando sus servicios al Ejército Nacional y realizó aportes con
normalidad al sistema de seguridad social; se aplicó de manera errónea el
artículo 98 del Decreto 1790 de 2000 y se vulneró de manera directa la
Constitución al trasgredir su derecho a la seguridad social.

47. Sin embargo, la Sala observa que tal argumento no resulta suficiente
para explicar por qué era necesaria la intervención del juez de tutela frente
a la providencia proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la supuesta configuración de
los defectos fáctico, sustantivo y de violación directa de la Constitución,
puesto que esos reparos se presentaron como simples diferencias o
discrepancias interpretativas respecto de lo definido por el juez natural de la
causa.

48. Adicionalmente, el accionante de la parte accionante planteó la
interpretación que el juez natural debía hacer de la disposición, aspecto que
desborda la competencia del juez de tutela, cuyo objeto no es corregir
decisiones judiciales sino verificar su validez constitucional.

49. Lo que se evidencia es que la parte actora pretendió que se
analizaran argumentos que ya fueron expuestos en el proceso ordinario,
particularmente en el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia
de 3 de febrero de 2023, proferida por el Juzgado 46 Administrativo de
Bogotá, el cual fue resuelto por la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tal como pasa a analizarse.

11 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
12 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”

11 de 18

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04177-00
Demandante: Diego Andrés Calderón Brunal
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________

50. En el recurso de apelación, la parte actora sostuvo lo siguiente (se
trascribe):

“1.Probatorio: Dar por probada, sin estarlo, la suspensión de las funciones o
separación temporal del servicio del demandante
(…)
La unidad probatoria indica claramente que el demandante continuó
prestando sus servicios al Ejército Nacional, lo cual, de acuerdo a las leyes de la
lógica (principios de identidad y de no contradicción) y, por ende, a la sana
crítica: no es dable aseverar que hubo una suspensión de las funciones o
separación material. Así, la unidad probatoria indica que:
➢ Durante el tiempo de la medida de aseguramiento: el demandante estuvo
dentro de las instalaciones del Ejército, a saber: Décima Primera Brigada del
Ejército.
➢ Durante el tiempo de la medida de aseguramiento: el demandante trabajó
como auxiliar de control interno de tal Brigada
➢ Por lo anterior, durante el tiempo de la medida de aseguramiento: el
demandante continuó percibiendo su salario y prestaciones sociales
➢ En el mismo sentido, durante el tiempo de la medida de aseguramiento: el
demandante siguió cotizando a salud y pensión (asignación de retiro), tal como
se probó en el plenario.
(…)
2.Probatorio: Pretermitir los aportes a seguridad social (pensión/asignación de
retiro) que realizó el demandante Como se demostró en el plenario, durante el
tiempo de la medida de aseguramiento, el demandante percibió su salario y se
le hicieron sus respectivos descuentos a pensión.
(…)
3.Sustancial: En todo caso, el artículo 98 del Decreto 1790 de 2000 no establece
que el tiempo laborado se descuente en la liquidación de la asignación de
retiro.
(…)
Esta norma no prevé que el tiempo laborado sea descontado en la liquidación
de la asignación de retiro. Por otra parte, no es posible interpretarla en
concordancia con el parágrafo del artículo 7 del Decreto 4433 de 2004, como
quiera que trata un supuesto de hecho diferente: La posibilidad de que el
suspendido de sus servicios pueda trabajar. La norma no señala nada atinente
a la asignación de retiro, no obstante, desde una perspectiva constitucional
(art. 53, C.P.) no es dable interpretar que la persona trabaje renunciando a su
derecho a la pensión (garantía mínima irrenunciable en los trabajadores). En el
presente caso, el demandante prestó sus servicios, mas -en efecto- no lo hizo
suponiendo que se vieran afectadas sus garantías mínimas irrenunciables, como
lo es su derecho a la pensión (art. 48 y 53, C.P.), descontando de su liquidación
el tiempo privado de la libertad de su liquidación.
4. Constitucional: Vulneración del derecho fundamental a la seguridad social
por no contabilizar tiempo de servicios efectivamente cotizado para efectos de
la liquidación de la pensión/asignación de retiro Como se dijo, resulta
inconstitucional que al momento de la liquidación de la asignación de retiro se
descuente, sin justificación alguna (porque no se está en el supuesto del
parágrafo del artículo 7 del Dto. 4433 de 2004), el tiempo de servicios que
efectivamente prestó el demandante y que efectivamente cotizó el
demandante.”

51. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en la Sentencia de 26 de febrero de 2025, mediante la cual
resolvió el recurso de apelación, determinó lo siguiente (se trascribe):

“En cuanto a la suspensión del ejercicio de funciones y atribuciones de los
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, el Decreto 1790 de 2000, señala:

12 de 18

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04177-00
Demandante: Diego Andrés Calderón Brunal
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________

“(…) ARTÍCULO 95. SUSPENSION. (…)
ARTÍCULO 96. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. (…)
ARTÍCULO 98. UTILIZACIÓN DEL PERSONAL SUSPENDIDO. (…)
En primer lugar, se observa que la suspensión de funciones y atribuciones de los
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, es rogada, puesto que debe ser
solicitada en forma expresa por la autoridad penal o disciplinaria competente,
es decir, la autoridad administrativa empleadora no está facultada para
decretarla de oficio. En segundo lugar, esta situación administrativa se solicita y decreta mientras el
proceso penal o disciplinario está en trámite, esto es, antes de proferirse
sentencia o fallo definitivo, dado que se trata de una medida preventiva en
aras de garantizar el correcto ejercicio de la función pública. En tercer lugar,
durante el tiempo de la suspensión el Oficial o Suboficial tiene derecho a
percibir las primas y subsidios, y el cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico
correspondiente. Ahora bien, si es absuelto o favorecido dentro del proceso
penal o disciplinario, la autoridad administrativa debe reconocerle y pagarle las
sumas correspondientes al porcentaje del sueldo básico retenido (50%), pero si
es condenado o sancionado, dichas sumas pasan a formar parte de los recursos
propios de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. En cuarto lugar, el personal suspendido previo permiso del Juez de
conocimiento o autoridad competente, puede ser utilizado para el desarrollo
de labores auxiliares de carácter técnico o administrativo, siempre y cuando
tales labores no impliquen ni manejo de bienes o dineros distintos a los usados
para el desarrollo de la tarea asignada. Ello indica, sin dubitación alguna que el
tiempo de suspensión puede ser computado como tiempo de servicio para
acceder a la asignación de retiro.
(…)
En la hoja de servicios No. 3-10768313 del 26-11-2020 generada a nombre del
demandante en el cuadro que relaciona el tiempo para pensión y/o asignación
de retiro, aparece un ítem “Tiempo deducido por Justicia” correspondiente a 1
año, 5 meses y 24 días un total de 534 días y en la relación detallada de tiempos
se consigna: “SUSPENSIÓN PENAL” OFI-LLEG 24218920131101 en el lapso
comprendido entre el 16/05/2012 y el 01/11/2013. No obstante, de las pruebas documentales aportadas y decretadas por el a
quo, se confirma que el aquí demandante en virtud de la orden de captura
proferida por la Fiscalía 54 Especializada UNDH-DIH de Barranquilla, por Auto de
Referencia No. 7832 del 29 de marzo de 2012, si bien no cumplió privación de la
libertad en Centro Carcelario, lo fue en el CRM (Centro de Reclusión Militar), y
de las piezas aducidas en el acápite de hechos probados se demuestra que en
el lapso comprendido entre el 16/05/2012 y el 01/11/2013 (señalado como
tiempo de suspensión en la hoja de servicios), aquel continuó prestando sus
servicios en el Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No. 1 como auxiliar
de control interno de esa Brigada, cargo que de acuerdo con el artículo 98 del
Decreto 1790 de 2000 podía desempeñar el actor, pero solo para efectos de la
redención de la pena. Se aportaron al proceso, certificaciones y constancia de haberes históricos -
nómina expedida por la Coordinadora de Talento Humano del Ministerio de
Defensa Nacional-Ejército Nacional, que dan cuenta de que el señor CT Diego
Andrés Calderón Brunal en el mes de mayo de 2012 y siguientes y hasta el
primero (1) de noviembre de 2013 (en que se dijo fue suspendido) y fue incluido
en nómina del personal activo del Ejército Nacional y devengó los haberes
correspondientes a su cargo y puesto (unidad de servicio) en un 100%, lo que
contraría el tenor literal de la norma que dispone que el oficial suspendido
percibirá las primas, subsidios y el cincuenta (50%) del sueldo básico, según se
vio.

Así del panorama probatorio, se establece que pese a existir comunicación de
medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía 54, el demandante cumplió
funciones como Auxiliar de Control Interno, debiendo devengar el sueldo en un
50% y no en un 100% como le fue cancelado, sin que esta omisión por parte del
Ejercito Nacional, conlleve a la modificación de la hoja de vida y las
consecuencias prestacionales que pretende la parte actora.”

13 de 18

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04177-00
Demandante: Diego Andrés Calderón Brunal
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________

52. De lo trascrito, se evidencia que la autoridad judicial accionada
determinó que, de conformidad con el material probatorio arrimado al
proceso, quedó demostrado que, en el lapso comprendido entre el 16 de
mayo de 2012 y el 1 de noviembre de 2013 (señalado como tiempo de
suspensión en la hoja de servicios), aquel continuó prestando sus servicios en
el Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No. 1, como auxiliar de
control interno de esa Brigada, cargo que de acuerdo con el artículo 98 del
Decreto 1790 de 2000 podía desempeñar el actor, pero solo para efectos
de la redención de la pena.

53. En la providencia enjuiciada, la Subsección C de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló que, a pesar de que el
Ejército Nacional realizó el pago del 100% de los haberes prestacionales,
cuando debió pagarle solamente el 50% de lo normalmente devengado, la
suma correspondiente al periodo durante el cual cumplió la medida de
aseguramiento solo podrá serle pagada si es absuelto en el proceso penal
(en el cual aún no se ha proferido sentencia), pero si es condenado o
sancionado, dichas sumas pasarían a formar parte de los recursos propios
de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

54. De esta forma, es claro que la autoridad judicial accionada sí valoró
los medios de prueba allegados al proceso, estudió e indicó como debía
aplicarse el Decreto 1790 de 2000 en el caso del accionante y, por tanto, no
trasgredió de manera grosera y arbitraria el derecho a la seguridad social
del accionante.

55. En los demás aspectos alegados, concretamente, el
desconocimiento del precedente y decisión sin motivación, se cumple el
requisito de relevancia constitucional por tratarse de la presunta afectación
de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana,
acceso a la administración de justicia e igualdad, por haber desconocido
abiertamente el precedente establecido por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la Sentencia de 11 de febrero de 2021,
proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
25000-23-42-000-2014-04099-01 y por no haber motivado con suficiencia la
decisión de confirmar la sentencia de primer grado. Asimismo, en lo que
corresponde a esos reparos, no se advierte que se trate de una reiteración
de los argumentos planteados en el proceso ordinario y la controversia no
versa sobre un aspecto de simple legalidad ni denota un interés
eminentemente económico por parte de la parte actora.

56. Igualmente, se cumplen los demás requisitos generales, comoquiera
que no existe recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte
actora alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los

14 de 18

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04177-00
Demandante: Diego Andrés Calderón Brunal
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________

derechos presuntamente vulnerados. Hubo un plazo razonable entre la
fecha de notificación de la providencia enjuiciada (3/3/2025)13 y la de
interposición de la presente acción de tutela (7/7/2025). No se enjuició un
fallo de tutela, pues la controversia se relacionó con la sentencia de
segunda instancia proferida en un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho. Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los
hechos y la presunta vulneración derivada de ellos.

2.4. Fijación de la controversia

57. Corresponde a la Sala determinar si la Sentencia de 26 de febrero de
2025, proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, incurrió en los defectos de
desconocimiento de precedente, por ignorar lo establecido en la Sentencia
de 11 de febrero de 2021 de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 25000-23-42-000-2014-04099-01, y/o de decisión sin motivación
respecto de la confirmación de la sentencia de primer grado.

2.5. Verificación de defectos y/o afectación a derechos fundamentales

58. La Sala negará el amparo solicitado, tras advertir que no se configuró
un desconocimiento del precedente y la decisión enjuiciada estuvo
debidamente motivada, de conformidad con las razones que pasan a
explicarse:

59. 1) En lo que corresponde al desconocimiento del precedente, la parte
actora alegó que se configuraba porque la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al haber confirmado
la decisión de primer grado que negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, ignoró el precedente establecido
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
Sentencia de 11 de febrero de 2021, proferida dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho No. 25000-23-42-000-2014-04099-01, en la que
se computó el tiempo en que el demandante estuvo suspendido en el
ejercicio de sus funciones al interior del Ejército para la asignación de retiro.

60. Al respecto, la autoridad judicial accionada precisó que no había
lugar a acceder a las pretensiones del demandante porque en su caso aún
no había una sentencia condenatoria o absolutoria en el marco del proceso
penal, por lo que si llegaba a ser absuelto tenía derecho a una reliquidación
de la asignación de retiro en la que se incluyera el tiempo en el que cumplió

13 De acuerdo con la información que obra en el índice 35 del expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 11001-33-42-046-2021-00246-01.

15 de 18

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04177-00
Demandante: Diego Andrés Calderón Brunal
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________

la medida de aseguramiento como auxiliar administrativo, pero con base en
el 50% de lo normalmente devengado, y que, de ser condenado, esas sumas
dichas sumas pasaban a formar parte de los recursos propios de la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares.

61. En la sentencia de 11 de febrero de 2021, que, según la parte actora,
se desconoció, también se hizo ese estudio y se ordenó reliquidar la
asignación de retiro del demandante con base en el 50% de los devengado
mientras cumplió una medida cautelar como auxiliar administrativo porque
en la sentencia que puso fin al proceso penal fue absuelto, mientras que, en
este caso, aun no se ha proferido sentencia penal. Por lo tanto, es claro que
la sentencia cuyo desconocimiento se alegó, en este escenario, no resulta
aplicable, ya que en el caso del señor Calderón Brunal no medió sentencia
penal, a diferencia del caso de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en el que hubo sentencia absolutoria.

62. 2) Por otra parte, el accionante manifestó que la decisión enjuiciada
no se motivó con suficiencia porque no analizó los hechos y argumentos
alegados por las partes del proceso y se limitó a hacer conjeturas carentes
de sustento probatorio y jurídico.

63. La Sala advierte que, contrario a lo sostenido por la parte actora, la
autoridad judicial accionada sí motivó adecuadamente su decisión, tras
manifestar que, de acuerdo con el material probatorio allegado al proceso,
estudiar la normatividad aplicable y analizar la circunstancia particular por
la que atravesó el señor Calderón Brunal, no era posible ordenar que la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares hiciera una reliquidación de su asignación
de retiro, máxime cuando aún no se contaba con sentencia penal.

64. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, en la Sentencia de 26 de febrero de 2025, indicó que,
durante el tiempo en el que un oficial o suboficial está suspendido, tiene
derecho a percibir las primas y subsidios, y el 50% del sueldo básico
correspondiente; no obstante, en el caso concreto, evidenció que devengó
el 100%. Ahora bien, si es absuelto o favorecido dentro del proceso penal o
disciplinario, la autoridad administrativa debe reconocerle y pagarle las
sumas correspondientes al porcentaje del sueldo básico retenido (50%),
pero si es condenado o sancionado, dichas sumas pasan a formar parte de
los recursos propios de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

65. Además, precisó que el personal suspendido, previo permiso del juez
de conocimiento o autoridad competente, podía ser utilizado para el
desarrollo de labores auxiliares de carácter técnico o administrativo, siempre
y cuando tales labores no implicaran ni manejo de bienes o dineros distintos
a los usados para el desarrollo de la tarea asignada.

16 de 18

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04177-00
Demandante: Diego Andrés Calderón Brunal
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________

66. Señaló que, por tanto, el tiempo de suspensión podía ser computado
como tiempo de servicio para acceder a la asignación de retiro y que, si ya
se había hecho la asignación de retiro, como en el caso del señor Calderón
Brunal, tenía la posibilidad de reclamar las sumas correspondientes al 50%
de lo normalmente devengado, de acuerdo con el artículo 95 del Decreto
1790 de 2000, si resultaba ser absuelto en el proceso penal.

67. Por lo visto, la autoridad judicial accionada explicó razonadamente
los motivos que la llevaron a confirmar la decisión de primera instancia e
incluso puso de presente que, si el accionante no era condenado en el
proceso penal, podía hacer las reclamaciones pertinentes a la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares por el periodo durante el cual estuvo
suspendido.

2.6. Conclusión

68. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela en lo
atinente a la pretensión relacionada con la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, luego de establecer que no cumplió con el requisito de
subsidiariedad.

69. Adicionalmente, declarará la improcedencia de la acción de tutela
respecto de los reparos tendientes a justificar la configuración de los
defectos fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución en los que
supuestamente incurrió la autoridad judicial accionada, por no satisfacer el
requisito de relevancia constitucional.

70. Por último, negará el amparo respecto de todo lo demás, al advertir
que no se configuró la vulneración de derechos fundamentales alegada.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Diego Andrés Calderón Brunal por falta de subsidiariedad en relación con la
solicitud de reliquidación de la asignación de retiro realizada por la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares, de conformidad con los motivos expresados
en esta providencia.

17 de 18

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04177-00
Demandante: Diego Andrés Calderón Brunal
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Diego Andrés Calderón Brunal por falta de relevancia constitucional
respecto de los argumentos encaminados a justificar la configuración de los
defectos fáctico, sustantivo y de violación directa de la Constitución, de
conformidad con los motivos expresados en esta providencia.

TERCERO: NEGAR en todo lo demás el amparo solicitado por Diego Andrés
Calderón Brunal, de conformidad con los motivos expresados en esta
providencia.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 14.

QUINTO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

14 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

18 de 18

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.