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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04177-01

Fecha
20 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04177-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR los incisos primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 6 de octubre de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante los cuales se declaró improcedente la acción de tutela por incumplir los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional, respectivamente; para en su lugar: SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Diego Andrés Calderón Brunal, de conformidad con los motivos expuestos en el presente proveído. TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la decisión judicial de primera instancia, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04177-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

20 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04177-01
Accionante: Diego Andrés Calderón Brunal
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Revoca y niega por no demostrarse los defectos invocados

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación el 6 de octubre de 2025,
mediante el cual se declaró improcedente la acción de tutela por incumplir los
requisitos de (i) relevancia constitucional frente a los defectos fáctico, sustantivo y
violación directa de la Constitución Política, y (ii) subsidiariedad, en relación con la
solicitud de reliquidación de la asignación de retiro realizada por la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares y, por último, negó las pretensiones de la demanda en lo
que respecta a los defectos de decisión sin motivación y desconocimiento del
precedente judicial.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor Diego Andrés Calderón Brunal, por medio de apoderado judicial y, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso
demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares, a fin de que se declarara la nulidad de las
Resoluciones 326 de 26 de enero de 2021 y 3684 de 4 de marzo de 2021, y a título
de restablecimiento del derecho se ordenara computar el periodo en que cumplió la
medida de aseguramiento consistente en privación de la libertad por la presunta
comisión del delito de homicidio en persona protegida.

3. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo
de Bogotá, autoridad judicial que, mediante sentencia del 3 de febrero de 2023 negó
las pretensiones de la demanda, argumentando que el tiempo privativo de la libertad
no puede computarse como tiempo de servicio, de conformidad con el artículo 172

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del Decreto 1211 de 1990 y el parágrafo del artículo 7 del Decreto 4433 de 2004 y
la jurisprudencia de esta Corporación.

4. En sede de apelación, la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, a través de la sentencia del 26 de febrero de 2025
confirmó la decisión judicial anterior, al considerar que, aunque no se allegó acto
administrativo mediante el cual se suspendiera al señor Calderón Brunal del
ejercicio de sus funciones, el periodo en que permaneció privado de su libertad por
la presunta comisión de los delitos de homicidio y falsedad ideológica en documento
público no resultaba computable como tiempo de servicios.

2.2. Fundamento jurídico

5. La parte accionante indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:

• Fáctico: pues, aunque reconoció que (i) el actor prestó sus servicios en
calidad de auxiliar de control interno durante la privación de su libertad, (ii)
percibió el 100% de su salario y prestaciones sociales, (iii) permaneció
incluido ininterrumpidamente en la nómina activa del Ejército Nacional, y que
(iv) no existió acto administrativo de suspensión, desvinculación o separación
del servicio; confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda.

• Sustantivo: al aplicar el artículo 172 del Decreto 1211 de 1990, el cual
dispone que el tiempo de condena privativa de la libertad personal no se
computa como tiempo de servicio, pese a que solo se le impuso medida de
aseguramiento de privación de la libertad.

Asimismo, estimó desconocido el artículo 98 del Decreto 1790 de 2000, el
cual dispone que las personas suspendidas de sus funciones, con
autorización del juez o autoridad competente, pueden desempeñar labores
auxiliares de carácter técnico o administrativo, y que este trabajo se
contabiliza para la redención de la pena, pues la autoridad judicial accionada
afirmó que la labor realizada por el actor durante la medida de aseguramiento
solo tenía efectos en el ámbito penal y no puede ser tenida en cuenta para
fines prestacionales.

• Violación directa de la Constitución Política al afectar los principios de
presunción de inocencia, no discriminación y los derechos fundamentales a
la igualdad, acceso a la administración de justicia, dignidad y seguridad
social, en la medida en que la decisión judicial ignoró que la medida de
aseguramiento tiene un carácter exclusivamente preventivo y no
sancionatorio. Por lo tanto, adujo que no existe fundamento suficiente para
excluir del cómputo el tiempo en que el señor estuvo privado de la libertad,
máxime cuando aún no se ha proferido sentencia condenatoria. Además,
cuestionó que, pese a que continuó prestando servicio dentro de la institución
militar, percibiendo el 100% de su salario y prestaciones sociales, se negaron
las pretensiones de la demanda.

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• Decisión sin motivación: ya que omitió considerar hechos determinantes
que podrían haber modificado sustancialmente el fallo, dado que el actor
continuó prestando sus servicios en el CRM de Montería y cotizando
normalmente al sistema de seguridad social, sin existir acto administrativo
que lo separara de sus funciones ni condena judicial que lo justificara.

Además, la decisión se fundamentó de manera insuficiente, basada en
conjeturas y afirmaciones retóricas, aplicando erróneamente el artículo 98
del Decreto 1790 de 2000, que solo es pertinente en casos de condena
ejecutoriada o suspensión formal. Por lo tanto, la exclusión del tiempo
efectivamente laborado carece de sustento legal y afecta directamente la
liquidación y reconocimiento de la asignación de retiro del actor.

• Desconocimiento del precedente judicial: en relación con la sentencia
2014-0409 proferida por el Consejo de Estado, con radicado No. 25000-23-
42-000-2014-04099-01, en donde estudió el caso de un militar que, pese a
contar con medida de aseguramiento preventiva, continuó laborando y
percibiendo salario parcial (50 %) como auxiliar administrativo. En este
escenario, decidió no descontar ese periodo para efectos prestacionales, ya
que el actor no había sido condenado, y prestó servicios conforme a lo
permitido por el artículo 98 del Decreto 1790 de 2000.

2.3. Pretensiones

6. Con fundamento en lo anterior, manifestó lo siguiente:

«Primero. Conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso
en virtud del principio de presunción de inocencia (Artículo 29 C.P.), del señor
Diego Andrés Calderón Brunal.

Segundo. En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia proferida el tres (3) de
febrero de dos mil veintitrés (2023) por el Juzgado Cuarenta y Seis (46)
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá D.C., Sección Segunda, y la
sentencia proferida el veintiséis (26) de febrero de dos mil veinticinco (2025) por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección "C",
dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con
radicado No. 2021–00246-01, en cuanto negaron el cómputo del periodo
comprendido entre el 16 de mayo de 2012 y el 1 de noviembre de 2013 como
tiempo de servicio para efectos de la asignación de retiro del accionante.

Tercero. Ordenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, y/o a la
entidad competente, que en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la sentencia de tutela, proceda a:

1. Reliquidar la asignación de retiro del señor Diego Andrés Calderón Brunal,
incluyendo el periodo de 1 año, 5 meses y 24 días (comprendido entre el 16 de
mayo de 2012 y el 1 de noviembre de 2013) como tiempo computable para efectos
de la asignación de retiro.

2. Reconocer y pagar los valores adeudados por concepto de las diferencias
resultantes de la reliquidación de la asignación de retiro, incluyendo los intereses
moratorios a que haya lugar, desde la fecha en que debieron ser reconocidos y
hasta su pago efectivo.

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Cuarto. En caso de que la presente acción sea impugnada, solicito a la Honorable
Corte Constitucional su eventual revisión para unificar la jurisprudencia en la
materia y proteger los derechos fundamentales vulnerados.

Quinto. Sírvase ordenar la notificación de la presente decisión a todas las partes
e intervinientes en el proceso». (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

7. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción
de tutela mediante auto del 9 de julio de 2025, a través del cual ordenó notificar
como accionados a la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Caja de Retiro de las Fuerzas Militares como terceros interesados en el
asunto.

8. El Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá sostuvo que su decisión
judicial no incurrió en ningún defecto, toda vez que valoró cada prueba allegada al
expediente conforme a las reglas de la sana crítica. Asimismo, estimó que el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-
2014-04099-01 no es aplicable al caso concreto, pues no constituye una decisión
judicial de unificación. Por último, afirmó que la acción de tutela es improcedente
debido a que se fundamentó en argumentos ampliamente debatidos en el proceso
ordinario.

9. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, argumentando que las autoridades judiciales
accionadas no incurrieron en los defectos alegados ni vulneraron los derechos
fundamentales invocados por el actor.

10. No se rindieron más informes.

2.5. Sentencia impugnada

11. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 6 de octubre de 2025, concluyó que la autoridad judicial accionada sí
valoró los medios de prueba allegados al proceso y analizó correctamente la forma
de aplicar el Decreto 1790 de 2000, sin transgredir derechos fundamentales. En
consecuencia, se presumió que el actor busca acceder a una instancia adicional y,
por ello, se declaró improcedente la acción de tutela por carecer de relevancia
constitucional respecto de los presuntos defectos fáctico, sustantivo y la supuesta
violación directa de la Constitución Política.

12. Aunado a lo anterior, consideró que la solicitud formulada por el accionante frente
a la reliquidación de la asignación de retiro realizada por la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares resultaba improcedente por incumplir el requisito de
subsidiariedad, en la medida en que el actor no dispuso de mecanismos ordinarios
de defensa antes de acudir a la acción de tutela de referencia.

13. En cuanto al presunto desconocimiento del precedente judicial, la Subsección
indicó que la sentencia proferida el 11 de febrero de 2021 por la Subsección C de

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la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no resultaba
aplicable al caso concreto, dado que abordaba una situación fáctica distinta.
Finalmente, respecto del supuesto defecto de decisión sin motivación, señaló que
la autoridad judicial accionada expuso de manera razonada los fundamentos que la
llevaron a confirmar la decisión de primera instancia. Por lo tanto, se negaron las
pretensiones de la demanda en lo que concierne a los defectos por desconocimiento
del precedente judicial y decisión sin motivación.

2.6. Impugnación

14. Tras insistir en los argumentos expuestos en la acción de tutela, el señor
Calderón Brunal sostuvo que el requisito de subsidiariedad se encuentra cumplido,
pues no cuenta con otro medio de defensa para salvaguardar sus intereses.
Asimismo, consideró que el asunto trasciende la esfera legal y económica porque
la controversia central versa sobre el desconocimiento de sus derechos
fundamentales.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

15. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

16. Teniendo en cuenta que la acción de tutela se dirige a cuestionar las sentencias
proferidas el 3 de febrero de 2023 por el Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de
Bogotá y el 26 de febrero de 2025, esta Subsección considera pertinente advertir
que únicamente analizará está última, por ser la decisión que resolvió de manera
definitiva el asunto objeto de estudio.

17. Ahora bien, aunque la parte accionante manifestó que la autoridad judicial
incurrió en los defectos fáctico, violación directa de la Constitución Política y
decisión sin motivación, desarrolló los mismos argumentos para cada uno de ellos,
motivo por el cual, esta Subsección centrará su análisis en el presunto defecto
fáctico, por ser el que se ajusta de manera más precisa al cuestionamiento relativo
a una valoración arbitraria de las pruebas, y en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, al encontrarse debidamente planteados.

3.3. Problema jurídico

18. El problema jurídico se circunscribe en determinar si la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, al proferir la
sentencia del 26 de febrero de 2025 al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-046-2021-00246-01.
Previamente se verificará el cumplimiento de los requisitos generales de

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procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial el de
relevancia constitucional que no fue hallado satisfecho en primera instancia.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

19. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial
para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el
carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

20. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

21. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

22. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto
ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de

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derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.3.1.2. Aunque la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
declaró improcedente el escrito de referencia al considerar que no se cumple la
subsidiariedad, esta Subsección estima que el señor Calderón Brunal sí agotó los
medios y mecanismos de defensa que tenía a su disposición para solicitar la
liquidación de la asignación de retiro conforme al tiempo completo en que prestó
sus servicios, específicamente, a través del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en cuestión. Por lo tanto, se encuentra cumplido este requisito.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde que se notificó la última providencia cuestionada, esto es, el 3 de
marzo de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 7 de julio de la
presente anualidad.

3.3.1.4. Si bien la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
declaró la improcedencia de la acción de tutela al considerar que carecía de
relevancia constitucional frente a los defectos fáctico, sustantivo y violación directa
de la Constitución Política, esta Subsección considera que sí cumple dicho requisito,
en la medida en que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental
derivada de la negativa de la autoridad judicial accionada en ordenar el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro, causales que se encuentran
debidamente fundamentadas.

23. Sin embargo, como se expuso previamente, los defectos fáctico y violación
directa de la Constitución Política contienen los mismos argumentos, por lo que solo
se estudiará el primero de estos y los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial.

24. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

25. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional 1 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

1 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-

567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.

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a. Una dimensión negativa 2, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa o cuando sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende la indebida
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva 3, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

26. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen
defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos
interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde
determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más
convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»4.

27. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

3.5.1. El presunto defecto fáctico en el caso concreto

28. La parte accionante indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en el
defecto fáctico, pues, aunque reconoció que (i) el actor prestó sus servicios en
calidad de auxiliar de control interno durante la privación de su libertad, (ii) percibió
el 100% de su salario y prestaciones sociales, (iii) permaneció incluido
ininterrumpidamente en la nómina activa del Ejército Nacional, y que (iv) no existió
acto administrativo de suspensión, desvinculación o separación del servicio,
confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda.

29. Al respecto, la autoridad judicial accionada sostuvo lo siguiente:

«En el sub lite, no se encuentra probado que el señor Diego Andrés Calderón
Brunal, haya sido suspendido en el ejercicio de sus funciones y atribuciones con
ocasión a la imposición de medida de aseguramiento consistente en detención
preventiva en su contra por el delito de homicidio en persona protegida y falsedad
ideológica en documento público, en razón a que no se allegó al plenario acto
administrativo que así lo haya dispuesto.

(…)

No obstante, de las pruebas documentales aportadas y decretadas por el a quo,
se confirma que el aquí demandante en virtud de la orden de captura proferida por
la Fiscalía 54 Especializada UNDH-DIH de Barranquilla, por Auto de Referencia

2 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
3 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
4 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.

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No. 7832 del 29 de marzo de 2012, si bien no cumplió privación de la libertad en
Centro Carcelario, lo fue en el CRM (Centro de Reclusión Militar), y de las piezas
aducidas en el acápite de hechos probados se demuestra que en el lapso
comprendido entre el 16/05/2012 y el 01/11/2013 (señalado como tiempo de
suspensión en la hoja de servicios), aquel continuó prestando sus servicios en el
Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No. 1 como auxiliar de control
interno de esa Brigada, cargo que de acuerdo con el artículo 98 del Decreto 1790
de 2000 podía desempeñar el actor, pero solo para efectos de la redención de la
pena.

Se aportaron al proceso, certificaciones y constancia de haberes históricos -
nómina expedida por la Coordinadora de Talento Humano del Ministerio de
Defensa Nacional-Ejército Nacional, que dan cuenta de que el señor CT Diego
Andrés Calderón Brunal en el mes de mayo de 2012 y siguientes y hasta el primero
(1) de noviembre de 2013 (en que se dijo fue suspendido) y fue incluido en nómina
del personal activo del Ejército Nacional y devengó los haberes correspondientes
a su cargo y puesto (unidad de servicio) en un 100%, lo que contraría el tenor
literal de la norma que dispone que el oficial suspendido percibirá las primas,
subsidios y el cincuenta (50%) del sueldo básico, según se vio.

Así del panorama probatorio, se establece que pese a existir comunicación de
medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía 54, el demandante cumplió
funciones como Auxiliar de Control Interno, debiendo devengar el sueldo en un
50% y no en un 100% como le fue cancelado, sin que esta omisión por parte del
Ejercito Nacional, conlleve a la modificación de la hoja de vida y las consecuencias
prestacionales que pretende la parte actora.

Al punto conviene anotar que, el hecho de no haber aplicado al caso del actor lo
contenido en el parágrafo 1° de la norma ibidem, en cuanto a que el oficial
suspendido debía recibir en un 50% el sueldo básico correspondiente y las primas
y subsidios, no desvirtúa la presunción de legalidad del acto demandado para que
se ordene al Ministerio de Defensa-Ejército Nacional el reajuste de la hoja de
servicios del demandante adicionándole un tiempo que conforme a la ley debió
estar suspendido.

Sumado, no existe fallo condenatorio o absolutorio debidamente ejecutoriado en
contra del actor por el delito de homicidio en persona protegida, y el tiempo de
suspensión, pese a que no fue materializado, tiene los efectos de la norma
transcrita con antelación, la cual, señala que, en tal evento, únicamente tiene
derecho al 50% del salario asignado y solo se reintegrará el valor retenido si fuere
absuelto, en caso contrario pasarán los valores a la Caja de retiro respectiva.

Por las razones expuestas, no se acceden a las pretensiones de la demanda, sin
perjuicio de que, al dictarse sentencia absolutoria, el demandante peticione que el
periodo anotado como suspendido, sea tenido en cuenta en la hoja de servicios
para acumular y aumentar el tiempo efectivamente servido, con los efectos a que
considere haya lugar». (Sic en toda la cita)

30. Como se observa, la autoridad judicial accionada advirtió que no se allegó acto
administrativo que acreditara la suspensión del señor Calderón Brunal en el ejercicio
de sus funciones y atribuciones con ocasión de la imposición de medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva por los delitos de homicidio en
persona protegida y falsedad ideológica en documento público.

31. Sin embargo, indicó que la hoja de servicios registra al actor como suspendido
entre el 16 de mayo de 2012 y el 1.º de noviembre de 2013, periodo en el que
cumplió una medida de aseguramiento en un centro de reclusión militar, en donde
desempeñó labores como auxiliar de control interno en el Batallón de Movilidad y
Maniobra de Aviación No. 1, con el propósito de redimir la pena.

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32. Si bien la autoridad judicial accionada reconoció que el señor Calderón Brunal
permaneció en la nómina del personal activo del Ejército Nacional y percibió el 100
% de los haberes correspondientes a su cargo durante el periodo de privación de la
libertad, estimó que tal circunstancia resultaba contraria a lo dispuesto en el
parágrafo 1.º del artículo 95 del Decreto 1790 de 2000.

33. En atención a lo anterior, concluyó que, aunque la suspensión en el ejercicio de
funciones del señor Calderón Brunal no se materializó, sí se debió producir
conforme a la ley, por lo que solo tenía derecho a recibir el 50 % del salario. En
consecuencia, confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda.

34. En ese contexto, se advierte que la ausencia de un acto administrativo que
formalizara la suspensión del señor Calderón Brunal no resultó suficiente para que
la autoridad judicial accionada accediera a las pretensiones de la demanda, pues
ante las circunstancias fácticas develadas, en particular, la privación de su libertad
por los delitos de homicidio en persona protegida y falsedad ideológica en
documento público, se logró inferir que la suspensión en el ejercicio de sus
funciones constituía la consecuencia jurídica que correspondía conforme a la
normatividad aplicable.

35. En consecuencia, esta Subsección considera que la autoridad judicial accionada
no incurrió en un defecto fáctico por valoración arbitraria de las pruebas, por el
contrario, se observa que se efectuó un análisis integral de dichos elementos y de
la ley que rige la materia, garantizando los derechos fundamentales del señor Diego
Andrés Calderón Brunal.

3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

36. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes
términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la
normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida por una sentencia
con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo se configura cuando
la interpretación y aplicación de la normatividad al caso concreto resulta
contraria a los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan
al sistema jurídico»5.

37. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando
la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal
aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su

5Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.

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aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento
del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en
cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable
por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes
(irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto
de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma
sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que, si bien es cierto
que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía
e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha
facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada,
emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra
limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores,
principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de
Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo
que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión
que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le
reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso
concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce
ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente
inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se
adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada,
por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por
el legislador»6.

38. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.

3.6.1. Análisis del presunto defecto sustantivo en el caso concreto

39. El señor Calderón Brunal señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en
el defecto sustantivo al aplicar el artículo 172 del Decreto 1211 de 1990, el cual
dispone que el tiempo de condena privativa de la libertad personal no se computa

6 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub.

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como tiempo de servicio, pese a que solo se le impuso medida de aseguramiento
de privación de la libertad.

40. No obstante, esta Subsección advierte que la autoridad judicial accionada no
sustentó su decisión en la norma invocada por el actor, sino en lo dispuesto en el
artículo 98 del Decreto 1790 de 2000, según el cual los miembros de la Fuerza
Pública suspendidos en el ejercicio de sus funciones y atribuciones pueden
desempeñar labores auxiliares de carácter técnico o administrativo, las cuales
únicamente son computables para efectos de la redención de la pena.

41. En ese sentido, es evidente que la autoridad judicial no confundió los conceptos
de condena y medida de aseguramiento, por el contrario, los distinguió de manera
adecuada, lo que le permitió concluir que, en el evento en que el actor no resulte
condenado, el periodo durante el cual se desempeñó como auxiliar de control
interno podrá ser tenido en cuenta para redimir su pena, conforme al marco
normativo aplicable.

42. Asimismo, la parte accionante estimó desconocido el artículo 98 del Decreto
1790 de 2000, el cual dispone que las personas suspendidas de sus funciones, con
autorización del juez o autoridad competente, pueden desempeñar labores
auxiliares de carácter técnico o administrativo, y que este trabajo se contabiliza para
la redención de la pena, pues la autoridad judicial accionada afirmó que la labor
realizada por el actor durante la medida de aseguramiento solo tenía efectos en el
ámbito penal y no puede ser tenida en cuenta para fines prestacionales.

43. Como se advierte, el planteamiento de la parte accionante resulta contradictorio,
pues, aunque reconoce que las labores auxiliares o técnicas desempeñadas por los
miembros de la Fuerza Pública suspendidos en el ejercicio de sus funciones
únicamente pueden ser consideradas para efectos de redención de pena, cuestiona
que la autoridad judicial accionada haya concluido precisamente que el tiempo en
que el actor se desempeñó como auxiliar de control interno solo producía efectos
para dicho fin. Así, el reparo formulado carece de consistencia.

44. Así las cosas, esta Subsección concluye que la autoridad judicial accionada no
incurrió en el defecto sustantivo, toda vez que efectuó una interpretación razonable
y conforme a las reglas de la sana crítica frente a la normatividad aplicable al caso
concreto, en especial, el artículo 98 del Decreto 1790 de 2000.

3.7. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

45. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad
respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 1896 7, precisó que de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de
la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho
en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los
fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

7 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.

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46. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del
juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

47. Respecto del precedente vertical 8, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

48. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso9.

49. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación 10.

50. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.

3.7.1. Análisis del presunto desconocimiento del precedente judicial en el
caso concreto

51. La parte accionante adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en el
desconocimiento del precedente judicial en relación con la sentencia proferida por
el Consejo de Estado, con radicado No. 25000-23-42-000-2014-04099-01, en donde
estudió el caso de un militar que, pese a contar con medida de aseguramiento
preventiva, continuó laborando y percibiendo salario parcial como auxiliar
administrativo y, decidió no descontar ese periodo para efectos prestacionales, ya
que el actor no había sido condenado, y prestó servicios conforme a lo permitido
por el artículo 98 del Decreto 1790 de 2000.

52. Sin embargo, como lo advirtió la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, la situación fáctica analizada en la decisión judicial aludida por el
accionante difiere de manera sustancial del caso objeto de análisis, en la medida en
que el entonces accionante, Rubén Darío Gómez Mejía fue absuelto por el Tribunal
Superior Militar en el proceso penal adelantado en su contra por los delitos de
desobediencia y homicidio. Por lo tanto, se confirmará la decisión de negar la acción

8 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
9 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
10 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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de tutela al no encontrarse configurado el desconocimiento del precedente judicial
en el caso concreto.

53. En conclusión, esta Subsección anticipa que revocará los incisos primero y
segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 6 de octubre de 2025 por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante los cuales
se declaró improcedente la acción de tutela por incumplir los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional, respectivamente; para en su lugar negar
las pretensiones de la demanda. Asimismo, se confirmará en lo demás la decisión
impugnada.

54. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR los incisos primero y segundo de la parte resolutiva de la
sentencia proferida el 6 de octubre de 2025 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante los cuales se declaró improcedente la
acción de tutela por incumplir los requisitos de subsidiariedad y relevancia
constitucional, respectivamente; para en su lugar:

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor
Diego Andrés Calderón Brunal, de conformidad con los motivos expuestos en el
presente proveído.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la decisión judicial de primera instancia, por
las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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