Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04186-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04186-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04186-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04186-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA UNO ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Demandante: HENRY DEVIA PRADO
Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: REVISIÓN AUTOMÁTICA E INTEGRAL DE LAS
SANCIONES DISCIPLINARIAS
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala realiza la revisión automática e integral de las sanciones disciplinarias
impuestas por la Procuraduría General de la Nación al señor Henry Devia Prado,
por conductas cometidas mientras se desempeñó como servidor público de
elección popular.
I. ANTECEDENTES
A. EL PROCESO DISCIPLINARIO
1. Apertura de la investigación. La Procuraduría Primera Delegada para la
Contratación Estatal, en auto de 28 de marzo de 2022, inició investigación
disciplinaria contra los señores Henry Devia Prado1 y Justino Sinisterra Sinisterra,
quienes ocuparon el cargo de alcalde de municipio de Pradera, Valle del Cauca, en
los períodos 2016-2019 y 2020-2023, por la celebración del contrato 110-14-03-05
de 17 de mayo de 2018, para «la construcción del servicio de urgencias del Hospital
San Roque del municipio de Pradera, Valle del Cauca», sin contar con el concepto
técnico de viabilidad de inversión en infraestructura física del Ministerio de Salud y
Protección Social. A la investigación le correspondió el radicado IUS-E-2021-
051341/IUC-D-2021-1739340.
2. Pliego de cargos2. En proveído de 31 de julio de 2023, la Procuraduría
Delegada Disciplinaria de Instrucción 6, Primera para la Contratación Estatal, entre
otros, formuló cargos disciplinarios a los señores Henry Devia Prado y Justino
1 En el proceso disciplinario se investigaron conductas de otros servidores públicos; sin embargo,
este mecanismo de revisión se limitará al estudio de la actuación y la sanción impuesta al señor
Henry Devia Prado Devia Prado, por la naturaleza de las sanciones y el cargo de elección popular
que ejercía cuando cometió la falta disciplinaria.
2 Pág. 2 a 175, c. 3.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
Sinisterra Sinisterra3. Se les endilgó la falta gravísima establecida en el numeral 31
del artículo 48 de la Ley 734 de 20024, al primero, a título de dolo, y al segundo, de
culpa grave, por el desconocimiento del principio de responsabilidad de la
contratación estatal consagrado en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993.
3. Al señor Henry Devia Prado se le formuló el siguiente cargo único:
El disciplinado puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria por
participar en la actividad contractual con desconocimiento del principio de
responsabilidad, que rige la contratación estatal, al suscribir, en su calidad de
representante legal del municipio, el contrato de obra No. 110-14-03-05 del 17
de mayo del 2018 celebrado con el arquitecto DANILO ARZAYUS AYORA,
cuyo objeto consistió en la CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL
CAUCA, sin haber verificado la preexistencia del concepto técnico de viabilidad
de inversión en infraestructura física que para esa época debía expedir el
Ministerio de Salud y Protección Social, y por haber suscrito los otrosíes No. 01
del 1 de octubre del 2018 y No. 3 del 1 de noviembre del 2019 al contrato de
obra, sin exigir que se hicieran las gestiones necesarias y efectivas para poder
obtener el aludido concepto.
4. Terminación parcial del proceso disciplinario5. Mediante auto de 22 de
febrero de 2024 se declaró la extinción parcial de la acción disciplinaria. La
Procuraduría explicó que operó el fenómeno de la prescripción respecto de algunos
disciplinados, debido a la entrada en vigencia del artículo 33 de la Ley 1952 de
2019, modificado por el artículo 7º de la Ley 2094 de 2021, que estableció un
término de prescripción de 5 años desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta
la notificación del fallo de primera instancia.
5. Mencionó que el único cargo que se le atribuyó al señor Henry Devia Prado
se derivó de tres conductas: la suscripción del Contrato de obra n.º 110-14-03-05
el 17 de mayo de 2018 y de los Otrosí n.º 1 de 1º de octubre de 2018 y 3 de 1º de
noviembre de 2019, en los que no se exigió u ordenaron las gestiones para obtener
el concepto técnico de viabilidad de inversión en infraestructura física del Ministerio
de Salud y Protección Social.
6. Bajo ese entendido consideró que prescribió la acción disciplinaria respecto a
los hechos relacionados con la suscripción del contrato y el otrosí n.º 1 de 1º de
octubre de 2018, y así lo declaró. El proceso continuó ceñido a la tercera conducta
investigada, es decir, la relacionada con la suscripción del Otrosí n.º 3 sin exigir que
se hicieran las gestiones necesarias y efectivas para obtener el concepto técnico
de viabilidad de inversión en infraestructura física del Ministerio de Salud y
Protección Social.
3 En la misma decisión se formularon cargos disciplinarios a otros investigados y se ordenó el archivo
y terminación de la actuación seguida contra ciertos servidores.
4 «31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio
público o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función
administrativa contemplados en la Constitución y en la ley».
5 Pág. 53 a 78, c. 4.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
Fallo de primera instancia6. El 26 de julio de 2024, la Procuraduría Delegada
Disciplinaria de Juzgamiento 2, entre otros, declaró la responsabilidad disciplinaria
de los señores Henry Devia Prado y Justino Sinisterra Sinisterra, por la comisión
de las faltas imputadas en el pliego de cargos. Al señor Henry Devia Prado se le
impuso sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas
durante 9 años, y al señor Justino Sinisterra Sinisterra se le impuso sanción de
suspensión por 10 meses7.
7. Como sustento, indicó que el señor Henry Devia Prado, en calidad de alcalde
de Pradera, Valle del Cauca suscribió el contrato de obra n.º 110-14-03-05 de 17
de mayo de 2018 con el señor Danilo Arzayus Ayora y se comprometió a llevar a
buen término el objeto contractual, «por lo cual su rol no se agotaba en la
suscripción del contrato sino en realizar todas las acciones necesarias para que el
contrato fuera debidamente ejecutado y para que pudiera satisfacerse la necesidad
que motivó la suscripción de dicho negocio jurídico».
8. Hizo relación de las pruebas aportadas al proceso y advirtió que se dio inicio
a la ejecución del contrato y se realizaron pagos por concepto de anticipo sin contar
con la viabilidad técnica de la secretaría de salud departamental o del Ministerio de
Salud, pese a que esa primera dependencia informó en el año 2018 las condiciones
que debía cumplir el servicio de urgencias. Señaló que aunque se radicaron
documentos con el fin de obtener el concepto de viabilidad técnica, estos fueron
devueltos por la autoridad de salud y, en todo caso, el contrato inició antes de tener
la autorización, con lo cual se pusieron en riesgo los recursos públicos.
9. Sobre el otrosí n.º 3 indicó que fue suscrito el 1º de noviembre de 2019 por el
señor Henry Devia Prado y el contratista Danilo Arzayus Ayora con el fin de
adicionar el tiempo del contrato de obra, y agregó que «puede censurarse que ni el
contratista ni el supervisor del contrato ni la firma interventora mencionaron o
tuvieron en cuenta la falta del concepto de viabilidad técnica de las obras a ejecutar
y/o de la viabilización que del proyecto debía extender la autoridad de salud y, por
el contrario, se seguían priorizando otros aspectos que, se reitera, no deberían
estar ocurriendo, pues no debió iniciarse o continuarse la construcción sin contar
con el aval del diseño arquitectónico del servicio de urgencias del Hospital San
Roque del municipio de Pradera, Valle».
10. Refirió que el 4 de octubre de 2017 fue suscrito el contrato de consultoría 110-
1-01-03, entre los señores Henry Devia Prado Devia Prado y Danilo Arzayus Ayora,
con el objeto de elaborar los estudios, diseños arquitectónicos, diseños técnicos y
presupuesto para la construcción del servicio de urgencias del municipio de
Pradera, por valor de $149.999.500 y un plazo de ejecución de 40 días, y destacó
los defectos de los diseños y la inactividad de la administración para ajustarlos y
lograr su aprobación, lo que conllevó a la suspensión de la obra.
6 Pág. 2 a 182, c. 5.
7 En la primera y en la segunda instancia del proceso disciplinario se impuso al señor Justino
Sinisterra Sinisterra la sanción de suspensión del cargo, la que no es pasible del mecanismo
automático de revisión que se realiza en esta providencia, por cuanto el sancionado no ostentaba
un cargo de elección popular al momento de la imposición de la sanción y la sanción no comporta
inhabilidad para ocupar cargos. Por esa razón, la Sala en adelante solo se referirá al señor Henry
Devia Prado.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
11. También aludió al contrato de interventoría 110-14-02-03, a los estudios
previos para la construcción del servicio de urgencias, al Acta del 7 de marzo de
2023 y al informe técnico científico rendido por la Dirección Nacional de
Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, en los que
participaron funcionarios diferentes al señor Henry Devia Prado, de lo que coligió
que el proyecto «tuvo deficiencias en la fase de preinversión o maduración
(conducta prescrita) y, en lo que respecta a las conductas disciplinarias vigentes, la
suscripción de otrosíes no solucionaba las causas que llevaron a que la obra
continuara suspendida por el incumplimiento de requisitos que se debieron reunir
antes de suscribir e iniciar su ejecución y, en dicho sentido, lo que se recrimina es
la falta de acciones efectivas del investigado que condujeran a obtener concepto
de viabilidad técnica de las obras a ejecutar con dicho contrato».
12. Señaló que de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 4445 de 1996 del
Ministerio de Salud, adicionada por la Resolución 5042 de 26 de diciembre de 1996,
para la construcción, ampliación o remodelación de instituciones prestadoras de
servicios de salud era requisito contar con el concepto técnico del Ministerio de
Salud, por la cuantía de la inversión (superior a los 1000 s.m.l.m.v.), de modo que
cuando se justificó y suscribió el contrato de obra, el 17 de mayo del 2018, ya existía
esa obligación.
13. Agregó que el 31 de julio de 2019, el Ministerio de Salud y Protección Social
expidió la Resolución 2053 de 2019, por medio de la cual definió las reglas y los
requisitos de los conceptos técnicos de viabilidad de proyectos de inversión, la cual
era aplicable a las secretarías de salud del orden departamental y distrital o a la
entidad que tuviera a cargo dichas competencias y a las empresas sociales del
Estado de nivel territorial y nacional.
14. Frente al elemento de tipicidad explicó que los artículos 6 y 209 de la
Constitución Política disponen que los servidores públicos son responsables ante
las autoridades por infringir la Constitución, las leyes y por omisión o extralimitación
en el ejercicio de sus funciones. En concordancia con la imputación, sostuvo que la
conducta del investigado Henry Devia Prado infringió el numeral 31 del artículo 48
de la Ley 734 de 2002 (prevista con idéntico tenor en el numeral 3º del artículo 54
de la Ley 1952 de 2019), porque suscribió el contrato de obra y los otrosíes sin el
concepto de viabilidad técnica de las obras y tampoco realizó las actuaciones
necesarias para conseguirlo.
15. Adujo que el investigado desconoció el principio de responsabilidad de la
contratación estatal previsto en los numerales 1º, 2º, 4º y 5º del artículo 26 8 de la
8 «Artículo 26. EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio:
1.- Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación,
a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
2.- Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán
indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.
(…)
4.- Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración
de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética
y a la justicia.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
Ley 80 de 1993, por la conducta omisiva endilgada y, en especial, porque en la
ejecución de las obras «no hizo lo posible» para obtener el concepto necesario para
continuar y culminar la construcción de la sala de urgencias, «impidiendo así que
se alcanzaran los fines de la contratación», sin justificación.
16. Añadió que «no existe constancia que hubiese realizado gestiones para lograr
la reactivación y construcción de la sala de urgencias del Hospital San Roque de
Pradera, Valle y, en dicho sentido, permitió que un proyecto en el que se previó una
inversión por valor de $2.237.660.250,00 no fuera ejecutada en el plazo previsto
inicialmente ni en el adicional correspondiente a sus suspensiones y adiciones en
tiempo, al punto que culminado el período constitucional como alcalde municipal,
no se había terminado la obra, estaba prácticamente abandonada, y no se obtuvo
el concepto de viabilidad técnica exigido por la autoridad de salud, asumiendo una
actitud irresponsable y de total descuido de los intereses de la comunidad y de los
recursos públicos a él confiados en razón de su cargo como máximo director de la
actividad contractual municipal». Esto demuestra el incumplimiento de las funciones
1 y 5 del Manual Específico de funciones del Alcalde Municipal de Pradera, Valle9.
17. En cuanto al elemento de ilicitud sustancial expuso que «en consideración a
que el investigado no fue diligente frente a la parálisis y/o inejecución de las obras
del contrato 110-14-03-05 debido a la ausencia del concepto técnico de viabilidad
que previamente debía emitir el Ministerio de Salud y/o la Secretaría de Salud
Departamental, se considera que el señor DEVIA PRADO no observó el principio
de responsabilidad ni el de eficacia de la función pública, pues, su condición de
alcalde del municipio de Pradera, Valle, omitió sus deberes y, con dichas omisiones,
permitió que la obra que él mismo había pactado para ser ejecutada en 180 días
no se ejecutara dentro de su período constitucional, pese a que se pagó al
contratista como anticipo la suma de $1.070.039.386,00 para una obra que no ha
podido culminar y, por ende, la comunidad no ha recibido el beneficio esperado».
18. En el análisis de culpabilidad estimó que el comportamiento no fue cometido
a título de dolo como se plasmó en el pliego de cargos, sino de culpa gravísima por
desatención elemental, porque no obraba prueba sobre el conocimiento y la
intención del investigado de desconocer exigencias normativas; sin embargo, sí
conocía o debía conocer las condiciones que rigen la contratación estatal, así como
los elementos estructurales del tipo disciplinario por su condición de alcalde, en el
que asumió el catálogo de deberes y prohibiciones que tiene todo servidor público.
19. Finalmente, aclaró que el señor Henry Devia Prado es destinatario de la ley
disciplinaria aunque ya no ostente la calidad de servidor público, de acuerdo con el
artículo 53 de la Ley 734 de 2002 (ahora artículo 25 del Código General
Disciplinario). Manifestó, además, que aun cuando la construcción iba a beneficiar
5.- La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de
selección será del jefe o representante de la entidad estatal quien no podrá trasladarla a las juntas
o consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de elección popular, a los comités
asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la misma».
9 «1. Dirigir la actuación administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones de
prestación de servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente.
5.- Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de
desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables».
5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
al Hospital San Roque, los recursos para la obra eran públicos y el contrato fue
celebrado por la administración municipal, luego era el ente territorial el llamado a
conseguir el concepto técnico de viabilidad.
20. Para graduar y dosificar la sanción hizo un cuadro comparativo entre las
disposiciones de la Ley 734 de 2002 y de la Ley 1952 de 2019, y advirtió que la
sanción a imponer al señor Henry Devia Prado era la de destitución e inhabilidad
general, entre 8 a 10 años, según la última normativa, que establecía un régimen
más favorable. Consideró que concurría una causal de atenuación, por la falta de
antecedentes disciplinarios, y tres agravantes, debido al conocimiento de la ilicitud,
la condición de servidor público del nivel directivo y el grave daño social de la
conducta para la población del municipio de Pradera. Con base en lo anterior,
estableció la sanción de destitución e inhabilidad general de nueve años.
21. La decisión se le notificó al señor Henry Devia Prado el 30 de julio de 2024, a
través de su dirección de correo electrónico10.
22. Recurso de apelación. El señor Henry Devia Prado impugnó la decisión
adoptada en primera instancia. Afirmó que según la sentencia C-030 de 2023 de la
Corte Constitucional, la Procuraduría no puede sancionar a los servidores públicos
de elección popular en ejercicio de sus cargos o retirados.
23. Precisó que en virtud de lo dispuesto en el literal a) del numeral 7.1.3 del
artículo 7º de la Resolución 2053 de 2019 del Ministerio de Salud, el concepto
técnico de viabilidad podía ser solicitado antes o durante la ejecución del contrato.
Además, en su concepto, era el interventor quien debía constatar que existía el
concepto técnico para iniciar las obras, según se pactó en el numeral 3º de la
cláusula novena del contrato, de suerte que el investigado tuvo la convicción de que
no se requerían requisitos adicionales11.
24. Fallo de segunda instancia12. El 8 de mayo de 2025, la Sala Disciplinaria de
Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría
General de la Nación, entre otros, confirmó las sanciones impuestas en primera
instancia al señor Henry Devia Prado.
25. Empezó por ratificar la competencia de la Procuraduría General de la Nación
para imponer sanciones como destitución, inhabilidad o suspensión a servidores
públicos de elección popular que ya no se encuentran en ejercicio del cargo, en
ejercicio de la función administrativa, conforme a lo dispuesto en el numeral 6º del
artículo 277 de la Constitución Política y el Código General Disciplinario, con las
modificaciones de la Ley 2094 de 2021. Explicó que según la sentencia C-030 de
2023 en el caso de los servidores públicos de elección popular esas sanciones no
quedan ejecutoriadas ni son ejecutables hasta que se realice el control judicial por
parte del Consejo de Estado.
10 Pág. 202 y 203, c. 5.
11 Pág. 210 a 217, c. 5.
12 Pág. 252 a 294, c. 5.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
26. Frente a la tipicidad, señaló que en los estudios previos elaborados en febrero
de 2018 se evidenció que no se contaba con el concepto técnico de viabilidad de
inversión en infraestructura física del Ministerio de Salud, el cual era requisito para
la ejecución del proyecto, de modo que los disciplinados sí tenían conocimiento
acerca de la necesidad de obtener dicho concepto. Adicionalmente, el 21 de
septiembre de 2018, cuando ya se había suscrito el contrato, la secretaría de salud
departamental informó las condiciones que debía cumplir el servicio de urgencias e
indicó que los documentos radicados no cumplían las exigencias normativas y que
el proyecto debía ser corregido antes de su presentación formal. El 18 de marzo de
2019, la autoridad departamental en salud devolvió la solicitud presentada por el
contratista, por múltiples deficiencias en la documentación, por inconsistencias en
el programa arquitectónico, la tabla y el plano, y porque era necesario ajustar el
número de consultorios médicos.
27. Precisó que en los otrosíes 1 y 3 suscritos para ampliar el plazo de ejecución
de la obra no se mencionó nada en relación con la falta del concepto técnico. Así
mismo, en el informe técnico científico de la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales de la Procuraduría General de la Nación de 3 de agosto de 2022, en
visita técnica a la secretaría de infraestructura de Pradera se observó que la obra
estaba suspendida desde el 27 de marzo de 2020 debido a la pandemia del Covid-
19, pero también por la falta de aprobación de los diseños, por parte del Ministerio
de Salud, y por ausencia de viabilidad de la secretaría de salud departamental, lo
que debió cumplirse antes del inicio de la obra.
28. Estimó que la obtención oportuna del concepto técnico de viabilidad era una
obligación exclusiva de la administración municipal en la fase precontractual y no
era delegable al contratista.
29. Indicó que para el momento en el que se celebró el contrato estaba vigente la
Resolución 4445 de 1996, adicionada por la Resolución 5042 de 1996; sin
embargo, durante el desarrollo del objeto contractual y para cuando se suscribió el
último Otrosí No. 3 no se había cumplido con la exigencia del concepto técnico de
viabilidad, además entró en vigencia la Resolución 2053 de 31 de julio de 2019 que
adecuó los requisitos para la expedición del citado concepto técnico. Mencionó que,
según ese último acto administrativo, la participación de las secretarías de salud
departamental o distrital en este tipo de proyectos es instrumental, limitada a la
expedición de un concepto técnico que sustente la conveniencia del proyecto, pero
no constituye una competencia propia en la materia, la que está asignada al
Ministerio de Salud, autoridad que tiene facultades de supervisión e intervención y
asume la evaluación y decisión de viabilidad de estos proyectos de obra.
30. Sostuvo que según lo dispuesto en la Resolución 5042 de 1996 que adicionó
la Resolución 4445 de 1996, para desarrollar proyectos de construcción, ampliación
o remodelación de instituciones prestadoras de servicios de salud con inversión
pública superior a 1000 salarios mínimos legales mensuales -como en este caso,
se debía contar previamente con el concepto técnico del Ministerio de Salud. Esa
obligación fue reiterada en la Resolución 2053 de 2019. A partir de lo anterior,
concluyó que la exigencia debió suplirse en la fase de planeación y estructuración
del contrato e incluso no podía ejecutarse la obra sin éste, contrario a lo señalado
7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
por el investigado, sobre la posibilidad de solicitar el concepto durante la obra o en
su finalización. Recalcó que «el concepto técnico de viabilidad se otorga sobre un
proyecto, no sobre una obra ya ejecutada».
31. Aclaró que el contrato celebrado consistía en la construcción de
infraestructura física y el hecho de que la obra no se hubiera realizado en el término
inicialmente previsto o que no se hubiera obtenido el concepto técnico de viabilidad
no cambiaba su naturaleza. Esto para establecer que el objeto contractual no
correspondía a un proyecto para «terminación de obras de inversión», al que alude
el artículo 7 de la Resolución 2053 de 2019, el que, en todo caso, también exige el
concepto previo de viabilidad. Agregó que las Resoluciones 1653 de 2023 y 400 de
2024 establecieron requisitos adicionales para la expedición de los conceptos
técnicos de viabilidad, pero no alteraron el carácter previo para obtenerlos.
32. Manifestó que «en el presente asunto no resulta procedente la aplicación del
principio de favorabilidad, en la medida en que, conforme al artículo 8 de la Ley
1952 de 2019, opera exclusivamente respecto de disposiciones sustanciales o
procesales que incidan en los efectos jurídicos de la conducta disciplinaria y que
resulten más beneficiosas para el investigado, lo cual no se presenta en este caso.
Considera la Sala que la defensa sustentó su pretensión en una interpretación
errónea de la evolución normativa relacionada con la expedición del concepto
técnico de viabilidad de inversión en infraestructura física, desconociendo que las
modificaciones normativas introducidas no alteran la naturaleza precontractual de
dicho requisito para poder ejecutar el objeto contractual».
33. En cuanto al elemento de ilicitud sustancial expuso que el argumento de
defensa que atribuyó al interventor la responsabilidad por la omisión investigada
encuadraba en una causal de exclusión de responsabilidad (error invencible).
Refirió que en el contrato de interventoría se acordó que las labores del interventor
estarían ceñidas al programa de trabajo elaborado conjuntamente con la Secretaría
de Obras e Infraestructura del municipio, por tanto, «las condiciones de modo,
tiempo y lugar para la ejecución de la obra recaía en la entidad contratante, mientras
que la interventoría tenía un rol subordinado en la supervisión del desarrollo de la
obra, no en la verificación de los requisitos previos para la suscripción del contrato».
Además, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la interventoría se
limita al seguimiento técnico del contrato y, en este caso, cuando el interventor
asumió sus funciones, en septiembre de 2018, la omisión de contar con el concepto
técnico de viabilidad ya se había dado y su rol no incluía la obtención de ese
permiso.
34. Con base en lo expuesto arribó a la siguiente conclusión:
Esta Sala concluye que se corrobora con grado de certeza conforme a la
decisión de primera instancia, que HENRY DEVIA PRADO (2016-2019), en su
condición de alcalde para este período incurrió en una falta gravísima del
numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 a título de culpa gravísima
por desatención elemental de los deberes de su cargo, al suscribir el otrosí No.
3 del 1 de noviembre de 2019 al contrato de obra No. 110-14-03-05 del 17 de
mayo de 2018, sin exigir las gestiones necesarias y efectivas para obtener el
concepto técnico de viabilidad de inversión en infraestructura física, para la
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
construcción del servicio de urgencias del Hospital San Roque de Pradera,
Valle del Cauca. En consecuencia, la Sala confirmará el fallo disciplinario
apelado que le impuso como sanción la destitución e inhabilidad general para
desempeñar funciones públicas durante el término de nueve (9) años.
35. Por último, adujo que la sanción impuesta al señor Henry Devia Prado no
cobraría ejecutoria y su ejecución quedaría suspendida hasta que se profiriera
sentencia, por parte de esta Corporación. En la decisión se corrió traslado al
sancionado durante el término de 30 días, en atención a lo establecido en el artículo
238D del CGD.
36. La decisión le fue notificada al señor Henry Devia Prado el 16 de mayo de
2025.
B. EL PROCESO DE REVISIÓN
37. En el fallo de 8 de mayo de 2025, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación
corrió traslado a los sujetos procesales para que ejercieran su derecho de defensa.
38. Defensa. El 20 de junio de 202513, de forma oportuna, el señor Henry Devia
Prado radicó escrito de defensa. Adujo que la Resolución 5042 de 1996, que
adicionó la Resolución 4445 de 1996, fue derogada por la Resolución 2053 de 2019
antes de que se profiriera el fallo de primera instancia, de modo que al haber
desaparecido del ordenamiento jurídico, las decisiones emanadas de la
Procuraduría están incursas en falsa motivación, lo que genera su nulidad.
39. Reiteró que de acuerdo con el artículo 7º de la Resolución 2053 de 2019, el
concepto técnico de viabilidad para la terminación de obras de inversión en
infraestructura física puede solicitarse antes, durante y después de iniciada la obra,
por ende, debe aplicarse el principio de favorabilidad para absolverlo.
40. Indicó que la sanción es desproporcional porque no se valoraron las pruebas
con las cuales pretendía probar que estuvo en la «imposibilidad de realizar las
gestiones necesarias», pues la Secretaría de Salud del Departamento del Valle del
Cauca, en oficio 1.220.01.152-461465 de 18 de marzo de 2019, informó que «la
única entidad que podía solicitar ese concepto era el Hospital, no la alcaldía,
escenario que no fue tenido en cuenta por la Procuraduría» y, en esa medida, no
estaba obligado a lo imposible.
41. Agregó que fue sancionado por obligaciones que le correspondían al
interventor, según el contrato de interventoría 110-14-02-03 de 21 de septiembre
de 2018, en el que se pactó que éste «no autorizaría el inicio de la ejecución
contractual antes de que se encuentren satisfechos los requisitos legal o
contractualmente previstos para el efecto (artículo 41 Ley 80 de 1993 y artículo 23
Ley 1150 de 2007)», asimismo, que debía diligenciar el acta de inicio «una vez
satisfechos todos los requisitos legales».
13 Pág. 301, c. 5.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
42. De otra parte, afirmó que no existe prueba en la investigación que acredite
que cometió la falta disciplinaria a título de culpa gravísima. Por lo anterior, solicitó
declarar la nulidad de las sanciones disciplinarias que le fueron impuestas.
43. El 4 de julio de 2025, la Procuraduría General de la Nación remitió el asunto
a esta Corporación con el fin de que se surtiera el mecanismo de revisión
automática e integral de la decisión que impuso sanción disciplinaria. El asunto se
sometió a reparto el 7 de julio siguiente.
44. En auto de 22 de agosto de 2025, este Despacho avocó el conocimiento del
asunto y ordenó notificar la decisión al señor Henry Devia Prado y a la Procuraduría
General de la Nación.
45. Dentro del término legal, la Procuraduría General de la Nación manifestó
que las actuaciones surtidas en el proceso disciplinario estuvieron ajustadas al
ordenamiento jurídico y a las facultades legales concedidas a esa autoridad
administrativa. Señaló que el disciplinado no hizo alusión a ninguna de las causales
contempladas en el artículo 238C del Código General Disciplinario ni a
circunstancias que configuraran alguna de esas hipótesis, por lo que debía
desestimarse el recurso. Por lo demás, hizo una amplia exposición sobre el soporte
legal y jurisprudencial en el que se fundamenta la potestad disciplinaria que ejerce
contra servidores públicos.
II. CONSIDERACIONES
C. COMPETENCIA
46. La Sala Especial es competente para realizar la revisión automática e
integral de las decisiones de 26 de julio de 2024 y 8 de mayo de 2025, proferidas
por la Procuraduría General de la Nación, mediante las cuales se impuso la sanción
de destitución e inhabilidad por el término de 9 años a un servidor público de
elección popular. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238B14
de la Ley 1952 de 2019, adicionado por el artículo 55 de la Ley 2094 de 2021.
47. El estudio se limitará a las actuaciones y decisiones adoptadas frente al
señor Henry Devia Prado, por el tipo de sanción impuesta con ocasión de hechos
ocurridos cuando se desempeñaba como alcalde municipal de Pradera, Valle del
Cauca.
48. Adicionalmente, la revisión es procedente aun cuando no se invocaron las
causales del artículo 238C de la Ley 1952 de 2019, de acuerdo con lo dispuesto
por la Corte Constitucional en sentencia C-030 de 2023.
14 Artículo 238B. Competencia. «Las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado
conocerán de los recursos extraordinarios de revisión contra las decisiones de segunda instancia o
de doble conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación, las Salas de Juzgamiento y
los Procuradores Delegados. Igualmente, contra las decisiones producto de la doble conformidad
dictadas por el Procurador General de la Nación. (…)».
10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
D. MECANISMO JUDICIAL DE REVISIÓN DE LAS SANCIONES
DISCIPLINARIAS DE DESTITUCIÓN, SUSPENSIÓN E INHABILIDAD
IMPUESTAS A SERVIDORES PÚBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR
49. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso «Petro
Urrego vs. Colombia»15, interpretó el artículo 23.2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (CADH) y determinó que no le está permitido a ningún
órgano administrativo imponer sanciones de inhabilitación y destitución contra un
servidor público elegido popularmente, pues esa atribución está reservada al juez
competente, mediante sentencia penal condenatoria. Por consiguiente, se le
ordenó al Estado colombiano adecuar el ordenamiento interno, según las
exigencias de dicho instrumento internacional.
50. En cumplimiento de lo anterior, se expidió la Ley 2094 de 2021, por medio
de la cual se reformó la Ley 1952 de 2019 -Código General Disciplinario-. El artículo
54 de aquella ley estableció:
Artículo 54. Adiciónese el artículo 238A de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará
así:
Artículo 238A. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede
contra las decisiones sancionatorias ejecutoriadas dictadas por la Procuraduría
General de la Nación en ejercicio de la potestad disciplinaria jurisdiccional.
Igualmente, contra los fallos absolutorios y los archivos, cuando se trate de
violaciones a los derechos humanos o el derecho internacional humanitario.
Igualmente, contra las decisiones producto de la doble conformidad dictadas
por el Procurador General de la Nación.
51. Con respecto a la disposición transcrita, la Corte Constitucional, en sentencia
C-030 de 2023, no solamente declaró inexequibles las expresiones «ejecutoriadas»
y «jurisdiccional», sino que condicionó su exequibilidad, así:
En el entendido de que el recurso extraordinario de revisión operará
solamente cuando se impongan sanciones de destitución, suspensión e
inhabilidad a servidores públicos de elección popular, por ministerio de
la ley, de manera automática e inmediata. En todo caso el disciplinado podrá
ejercer todas las actividades procesales que estime pertinentes a su defensa
propias del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Las
sanciones impuestas a los funcionarios de elección popular se
suspenderán en su ejecución durante el trámite judicial de revisión, el
cual finiquitará con una sentencia que determinará de manera definitiva
la sanción aplicable. (Énfasis del Despacho).
52. Adicionalmente, moduló los efectos normativos de la revisión judicial de las
decisiones disciplinarias, en el siguiente sentido:
a) El estándar de garantía constitucional exige que la intervención de juez en
la determinación e imposición de las sanciones analizadas a los servidores de
elección popular sea obligatoria y no rogada. También, debe ser ordinario y
siempre estar presente en la imposición de dichas sanciones, para que estas
se concreten en una sentencia judicial. Por lo tanto, el trámite del recurso de
15 Decisión de 8 de julio de 2020.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
revisión operará de manera automática e inmediata y no está supeditado
a las causales taxativas de procedencia, permitiéndosele al ciudadano
disciplinado el ejercicio de todas las actividades procesales que estime
pertinentes a su defensa, tales como presentar argumentos a su favor, solicitar
pruebas y permitir su contradicción, lo cual podrá hacer dentro de los 30 días
siguientes a la notificación de la providencia disciplinaria proferida por la
PGN, tal como lo establece el artículo 57 de la Ley 2094 de 2021, el cual creó
el artículo 238 D de la Ley 1952 de 2019. Vencido este término, en el que el
disciplinado puede ejercer de manera efectiva su derecho de defensa y todas
sus garantías procesales, la PGN deberá enviar, inmediatamente, el proceso
ante el juez de lo contencioso administrativo, quien deberá hacer un
examen integral de la actuación disciplinaria adelantada por la PGN, no
solo de corrección de legalidad.
b) Las decisiones de la PGN que se refieran a la destitución, suspensión e
inhabilidad de funcionarios de elección popular, no podrán, en ningún caso, ser
impuestas de manera definitiva sin la intervención del juez de lo contencioso
administrativo.
c) Contra la sentencia del juez de lo contencioso administrativo procederán los
recursos de ley consagrados en el CPACA. El sistema de investigación y
juzgamiento disciplinario de servidores de elección popular se complementará
con las normas que se enuncian en el artículo 22 de la Ley 1952 de 2019, entre
las que está el artículo 179 y siguientes del CPACA y las reglas supletivas del
Código General del Proceso.
53. Finalmente, la Corte aclaró que los efectos de esa decisión eran temporales,
hasta tanto el legislador expida el respectivo estatuto aplicable a los servidores
públicos de elección popular, que incluya un régimen disciplinario especial.
54. La Sala Plena del Consejo de Estado, a su turno, en auto de unificación de
3 de diciembre de 202416, estableció las siguientes reglas en torno a la procedencia
y trámite del recurso de revisión al que se refiere la Ley 2094 de 2021:
Primera regla:
Procedencia:
El recurso de revisión solo procede contra las decisiones de segunda instancia
o de doble conformidad emitidas por la Procuraduría General de la Nación que
impongan sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores
públicos de elección popular, siempre y cuando el disciplinado esté en ejercicio
de un cargo de elección popular al momento de la imposición de la sanción.
Igualmente, procede contra estas mismas decisiones, respecto de las faltas
cometidas durante el mandato popular y la sanción disciplinaria se imponga con
posterioridad, en tanto dicha sanción comporte inhabilidad para ocupar cargos
o ejercer funciones públicas.
Segunda regla:
Suspensión de la sanción:
La ejecución de la sanción quedará suspendida hasta que termine el trámite de
revisión, esto es, hasta la ejecutoria de la sentencia mediante la cual se
resuelve definitivamente el recurso de revisión.
16 Rad. 11001-03-15-000-2023-00871-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
Tercera regla:
Intervención directa del sancionado:
El servidor público de elección popular, dentro de los treinta días siguientes a
la notificación de la decisión sancionatoria por parte de la Procuraduría General
de la Nación, tendrá derecho a formular cargos, presentar argumentos a su
favor, solicitar pruebas y permitir la contradicción de las practicadas en el
procedimiento administrativo. En tal caso, puede intervenir directamente o a
través de apoderado para el ejercicio de sus derechos, sin mayores exigencias
formales distintas a la legitimidad, oportunidad y sustentación de los motivos
de inconformidad.
Cuarta regla:
Auto que avoca conocimiento del trámite de revisión
El trámite judicial del recurso de revisión inicia con el auto que avoca
conocimiento, el cual debe notificarse a la Procuraduría General de la Nación
y al disciplinado. El órgano de disciplina, dentro de los cinco (5) días siguientes,
podrá oponerse a los cargos presentados por el servidor público de elección
popular, en su escrito de intervención, en los términos del artículo 59 de la Ley
2094 de 2021.
Quinta regla:
Procedencia, oportunidad y trámite del recurso de doble conformidad
En el evento de que se profiera una sentencia confirmatoria de la sanción
disciplinaria impuesta por la procuraduría, procederá el recurso de doble
conformidad y su trámite será el previsto en el artículo 247 del CPACA.
Sexta regla:
Competencia para resolver el recurso de doble conformidad
El recurso de doble conformidad contra las sentencias de revisión emitidas por
las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado, se resolverá por la
Sala Especial de Decisión que siga en orden numérico.
Séptima regla:
Control integral:
El juez contencioso administrativo ejercerá un examen integral sobre la
constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de la actuación administrativa
de la procuraduría y de sus decisiones sancionatorias de destitución,
suspensión e inhabilidad de servidores públicos de elección popular.
55. En vista de lo expuesto, es procedente la revisión automática, inmediata e
integral de las actuaciones administrativas y decisiones sancionatorias proferidas
por la Procuraduría General de la Nación, a través de las cuales imponga sanciones
de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular.
La revisión procede incluso cuando el disciplinado no esté en ejercicio del cargo
público, siempre que la sanción contemple la inhabilidad para ocupar cargos o
ejercer funciones públicas.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
56. Como las sanciones disciplinarias de destitución, suspensión e inhabilidad
impuestas a representantes elegidos mediante voto popular sólo pueden ser
adoptadas por una autoridad judicial, la ejecución de la sanción que se revisa queda
suspendida hasta que se profiera la respectiva sentencia.
E. REVISIÓN DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
57. La Sala constata que la actuación disciplinaria que se adelantó contra el
señor Henry Devia Prado inició en vigencia de la Ley 734 de 2002, pero durante su
curso se adoptó el procedimiento previsto en la Ley 1952 de 2019, por cuanto para
el momento en el que empezó a regir aún no se había proferido ni notificado pliego
de cargos.
58. Cabe aclarar que el actual Código General Disciplinario -CGD-, contenido en
la Ley 1952 de 2019, entró a regir el 29 de marzo de 202217, según lo dispuesto en
el artículo 265, modificado por el artículo 7318 de la Ley 2094 de 29 de junio de
2021. El artículo 263, modificado por el artículo 7119 de la Ley 2094 de 2021, a su
vez, estableció que el nuevo procedimiento se aplicaría a los procesos en los que
no se hubiera surtido la notificación del pliego de cargos, como en este caso.
59. Ahora bien, el artículo 202 del CGD contempla las causales de nulidad de la
actuación disciplinaria, así:
Artículo 202. Causales de nulidad. Son causales de nulidad las siguientes:
1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.
17 Inicialmente, la Ley 1952 de 2019 previó que entraría en vigor el 28 de mayo de 2019; sin embargo,
ese plazo se prorrogó, primero hasta el 1º de julio de 2021, por disposición del artículo 140 de la
Ley 1955 de 2019, y luego hasta el 29 de marzo de 2022, según lo dispuesto en el artículo 73 de la
Ley 2094 de 2021, fecha en la que efectivamente entró a regir, salvo los artículos 2º y 33 que
consagraron plazos independientes. El artículo 2º entró en vigencia el 29 de junio de 2021 y el
artículo 33 el 29 de diciembre de 2023.
18 Artículo 73. Modifícase el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así:
Artículo 265. Vigencia y derogatoria. Las disposiciones previstas en la presente ley, y las
contenidas en la Ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma, entrarán a regir nueve (9) meses
después de su promulgación. Durante este período conservará su vigencia plena la Ley 734 de
2002, con sus reformas.
Deróguese el artículo 248 de la Ley 1952 de 2019 y deróguese la referencia a las palabras “y la
consulta” que está prevista en el numeral 1 del artículo 59 de la ley 1123 de 2007.
Los regímenes especiales en materia disciplinaria y las normas relacionadas con la Comisión de
Ética del Congreso conservarán su vigencia.
Parágrafo 1o. El artículo 1º de la presente Ley, relativo a las funciones jurisdiccionales entrará a
regir a partir de su promulgación.
Parágrafo 2o. El artículo 7º de la presente ley entrará a regir treinta meses (30) después de su
promulgación. Mientras tanto, mantendrá su vigencia el artículo 30 de la ley 734 de 2002, modificado
por el artículo 132 de la ley 1474 de 2011.
La Corte Constitucional declaró inexequible la expresión «jurisdiccionales», en sentencia C-030 de
2023.
19 Artículo 71. Modifícase el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019; el cual quedará así:
Artículo 263. Artículo transitorio. A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales
se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal,
continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás
eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley.
Parágrafo. La designación de la primera sala disciplinaria de juzgamiento a que alude el parágrafo
2 del artículo 15 de esta ley, deberá ser integrada de forma tal que, a su entrada en vigencia, asuma
inmediatamente sus competencias. El período de esta primera sala se extenderá· hasta el 17 de
marzo de 2025, sin perjuicio de su eventual prórroga.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
2. La violación del derecho de defensa del investigado.
3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.
60. Al revisar la actuación administrativa que ocupa la atención de la Sala no se
advierte ninguna situación que constituya nulidad.
61. En efecto, la Procuraduría General de la Nación tenía competencia para
investigar disciplinariamente al señor Henry Devia Prado e imponerle las sanciones
de destitución e inhabilidad, conforme al entendimiento expuesto por la Corte
Constitucional en sentencia C-030 de 202320 y por esta Corporación en auto de
unificación de 3 de diciembre de 202421.
62. La investigación inició en la Procuraduría Provincial de Cali; luego fue
remitida a la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, por
disposición de la Resolución 069 de 10 de marzo de 2022, y después a la
Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, para que adelantara la fase
de juzgamiento. Se fijó, como procedimiento a seguir, el del juicio ordinario por
cuanto no se daban los presupuestos para adelantar el proceso verbal, según lo
señalado en el artículo 255A22 de la Ley 1952 de 2019, adicionado por el artículo
40 de la Ley 2094 de 2021.
63. La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 profirió la decisión
de mérito de primera instancia, con fundamento en lo establecido en los artículos
12 y 13 del Decreto 1851 de 2021, en concordancia con los artículos 1º y 3º de la
Ley 2094 de 2021 y la Resolución 150 de 2022 de la Procuraduría General de la
Nación, modificada por la Resolución 377 de 2022.
64. En segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores
Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación actuó
amparada en el parágrafo del artículo 171 y en el inciso 2º del artículo 234 del CGD.
65. Clara la competencia del ente disciplinario, se observa, además, que los
operadores de primera y segunda instancia tramitaron el asunto bajo el
procedimiento correspondiente, inicialmente con sujeción a la Ley 734 de 2002 y,
posteriormente, bajo la cuerda procesal del CGD, como correspondía. Se
20 La Corte Constitucional declaró exequible el artículo 1 de la Ley 2094 de 2021, que atribuyó a la
Procuraduría General de la Nación funciones «para la vigilancia superior de la conducta oficial de
quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular y adelantar las
investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las
demás establecidas en la ley. (…)».
21 En esta decisión, la Sala Plena del Consejo de Estado fijó reglas para el trámite del mecanismo
de revisión de las decisiones que imponen sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a
servidores públicos de elección popular y reafirmó la competencia de la Procuraduría General de la
Nación para expedir dichas decisiones en materia disciplinaria.
22 Artículo 255A. «(…)
El juicio ordinario o por el verbal. Contra esta decisión no procede recurso alguno.
El juicio verbal se adelantará cuando el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la
comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la
conducta.
También se seguirá este juicio por las faltas leves, así como por las gravísimas
contempladas en los artículos 54, numerales 4 y 5; 55, numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10; 56,
numerales 1, 2, 3, 5; 57, numerales 1, 2, 3, 5 y 11; 58, 60, 61 y 62, numeral 6. (…)».
15
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
observaron durante la actuación las etapas de indagación previa, investigación
disciplinaria, cierre de la investigación y evaluación, y juzgamiento.
66. Se aprecia que todas las decisiones le fueron notificadas al señor Henry
Devia Prado, quien estuvo asistido por un abogado durante todo el proceso, y
ejerció su derecho de defensa, mediante escrito de descargos con solicitud de
pruebas, seguidamente alegatos de conclusión y, por último, recurso de apelación
contra el fallo de primera instancia.
67. De otra parte, la Sala no observa que se hubiera configurado alguna de las
causales de revisión previstas en el artículo 238C de la Ley 1952 de 2019,
adicionado por el artículo 56 de la Ley 2094 de 2021, o que la actuación disciplinaria
se encuentre inmersa en al menos una de las causales de nulidad previstas de
manera general para los actos administrativos, en el artículo 137 del CPACA.
68. Se colige de lo anterior que el procedimiento que se le imprimió al proceso
disciplinario se encuentra ajustado a derecho; así mismo, se preservaron los
derechos de defensa y audiencia del disciplinado, y no se advierte ninguna
irregularidad que vicie la actuación administrativa.
69. Los fallos disciplinarios respetaron, así mismo, la ley sustancial, se fundaron
en las pruebas aportadas en debida forma a la actuación y sus conclusiones
aparecen motivadas, son congruentes y razonables, como se verá en los acápites
siguientes.
F. REVISIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA.
70. La Sala se ocupará de analizar el contenido de los fallos de primera y
segunda instancia con el fin de revisar los elementos de: (i) caducidad y
prescripción de la acción disciplinaria; (ii) tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad
de la conducta, y (iii) correspondencia entre el pliego de cargos y el fallo, y entre la
falta y la sanción impuesta. El estudio se limitará a la falta relacionada con la
suscripción del otrosí n.º 3.
71. Caducidad y prescripción de la acción disciplinaria. Cuando se cometió
la conducta investigada e inició la actuación disciplinaria se encontraba vigente la
Ley 734 de 2002 que contemplaba los siguientes términos de caducidad y
prescripción:
Artículo 30. Modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011. Términos
de prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria caducará si
transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido
auto de apertura de investigación disciplinaria. Este término empezará a
contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las
de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o
acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar.
La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto
de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas
juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente
para cada una de ellas.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique.
72. Esa disposición perdió vigencia el 29 de diciembre de 202323, cuando entró
a regir el artículo 33 del Código General Disciplinario -CGD-, contenido en la Ley
1952 de 2019, modificado por el artículo 7º de la Ley 2094 de 2021. Lo anterior, por
disposición del artículo 7324 de la Ley 2094 de 2021. La nueva regla de prescripción
contempló los siguientes plazos:
Artículo 33. Modificado por el artículo 7º de la Ley 2094 de 2021. La acción
disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados para las faltas instantáneas
desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o
continuado, desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas,
cuando haya cesado el deber de actuar.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la
prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas.
La prescripción se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia.
Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos dos (2) años
desde la notificación del fallo de primera instancia no se notifica la decisión de
segunda instancia. Para las faltas señaladas en el artículo 5225 de este Código,
el término de prescripción será de doce (12) años. La prescripción, en estos
casos, se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia.
Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos tres (3) años
desde la notificación del fallo de primera instancia no se ha notificado la
decisión de segunda instancia.
PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique.
73. El CGD estableció, además, que le sería aplicable a los procesos en los que
no se hubiera notificado pliego de cargos, como en este caso.
74. Ahora bien, debido a la modificación del término de prescripción, el ente
disciplinable profirió auto el 22 de febrero de 2024 -cuando aún no se había decidido
el asunto en primera instancia-, a través del cual ordenó la terminación parcial de
la actuación disciplinaria por prescripción, entre otros, frente al señor Henry Devia
Prado, en los siguientes términos:
3. PRESCRIPCIÓN PARCIAL que impide continuar la acción disciplinaria
respecto de la primera y segunda conducta objeto del cargo único formulado a
HENRY DEVIA PRADO, por suscribir, en su calidad de representante legal del
municipio, el contrato de obra N° 110-14-03-05 del 17 de mayo de 2018 cuyo
objeto consistió en la CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL
HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL
23 La Ley 1952 de 2019 empezó a regir el 29 de marzo de 2022, salvo los artículos 2º y 33 que
contemplaron plazos independientes para su entrada en vigencia.
24 Artículo 73. «Modifícase el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así:
Artículo 265. Vigencia y derogatoria. (…)
Parágrafo 2o. El artículo 7 de la presente ley entrará a regir treinta meses (30) después de su
promulgación. Mientras tanto, mantendrá su vigencia el artículo 30 de la ley 734 de 2002, modificado
por el artículo 132 de la ley 1474 de 2011».
25 Faltas relacionadas con la infracción al derecho internacional de Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario.
17
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
CAUCA, y el otro sí número 01 del 1 de octubre de 2018, sin haber verificado
la preexistencia del concepto técnico de viabilidad de inversión en
infraestructura física que para esa época debía expedir el Ministerio de Salud
y Protección Social.
3.1. En cuanto al reproche disciplinario relacionado con la suscripción del otrosí
número 03 del 1 de noviembre de 2019 al contrato de obra N° 110-14-03-05,
sin exigir que se hicieran las gestiones necesarias y efectivas para poder
obtener el concepto técnico de viabilidad de inversión en infraestructura física
que para esa época debía expedir el Ministerio de Salud y Protección Social.,
referido en la tercera conducta del cargo único, la acción disciplinaria sigue
vigente.
75. Explicó que en la investigación seguida contra el exservidor, aunque se
formuló un único cargo, se averiguaron tres conductas diferenciables en el tiempo:
(i) la suscripción del contrato de obra 110-14-03-05, el 17 de mayo de 2018; (ii) la
suscripción del otrosí n.º 1, el 1º de octubre de 2018, y (iii) la suscripción del otrosí
n.º 3, el 1º de noviembre de 2019.
76. Añadió que «como el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificado por el
artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, que establecía un término de prescripción de
5 años contados a partir de la apertura de investigación disciplinaria, estuvo vigente
hasta el 28 de diciembre de 2023, para dicha fecha debía haberse proferido fallo
de primera instancia debidamente notificado o decisión de fondo equivalente para
considerarse interrumpida la extinción de la acción disciplinaria, situación que no
ocurrió en el asunto examinado respecto de algunas conductas e investigados».
77. Con base en lo anterior, determinó que había operado el fenómeno de la
prescripción sobre las conductas relacionadas con la suscripción del contrato y del
otrosí n.º 1; no así respecto otrosí n.º 3, frente al cual continuaba vigente la acción
disciplinaria.
78. La Sala concuerda en que no se produjo la prescripción de la acción
disciplinaria en lo que atañe a la suscripción del otrosí n.º 3, toda vez que el plazo
para notificar el fallo de primera instancia, por esa conducta, vencía el 1º de
noviembre de 2024 y como esa actuación se surtió el 30 de julio de esa anualidad,
se interrumpió oportunamente dicho término de prescripción. Adicionalmente, entre
la notificación del fallo de primera instancia y la notificación del fallo de segunda
instancia, realizada el 16 de mayo de 2025, no alcanzaron a transcurrir dos años,
por lo que tampoco se configuró la prescripción en el trámite de la segunda
instancia.
79. Por el contrario, las conductas relacionadas con la suscripción del contrato
de 17 de mayo de 2018 y del otrosí n.º 1 de 1º de octubre de 2018 para el momento
en el que entró a regir el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019 -29 de diciembre de
2023-, se encontraban prescritas con los nuevos plazos establecidos para que
operara ese fenómeno, de modo que resultaba forzoso declarar la terminación de
la actuación disciplinaria en lo que a estas concernía, como en efecto se hizo, pues
para ese momento aún no se había proferido el fallo de primera instancia, luego no
alcanzó a interrumpirse el plazo de prescripción.
18
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
80. Tipicidad. En el ámbito disciplinario, la tipicidad implica que la conducta
atribuida al servidor público debe estar previamente definida y descrita en el
ordenamiento legal o reglamentario. Al respecto, la jurisprudencia26 ha explicado
que:
La tipicidad como categoría dogmática del derecho disciplinario encuentra su
razón de ser en el principio de legalidad como expresión del debido proceso
que implica que nadie puede ser juzgado si no por una infracción, falta o delito
descrito previamente por la ley. En efecto, el artículo 29 de la Constitución
Política impone que «nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio». En términos
de la Corte Constitucional27 este principio «cumple con la función de garantizar,
por un lado, la libertad y seguridad individuales al establecer en forma
anticipada, clara e inequívoca qué comportamientos son sancionados, y de otro
proteger la seguridad jurídica».
Así las cosas, le corresponde exclusivamente al legislador definir, de forma
abstracta y objetiva, qué conductas desplegadas por quienes tienen a su cargo
el ejercicio de funciones públicas deben ser objeto de sanción por afectar el
correcto desarrollo del servicio que le ha sido encomendado o por el abuso en
su ejercicio28.
El proceso de adecuación típica supone la comprobación lógica y razonada de
la relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta disciplinable
y la efectivamente desplegada por el sujeto activo, de lo cual surge a su vez,
una relación de contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo
el ejercicio de funciones públicas y el deber presuntamente incumplido.
El análisis de la tipicidad es un apartado fundamental en la motivación del acto
administrativo que impone una sanción disciplinaria, acto en el que la autoridad
cuenta con un margen de interpretación más amplio que el que se encuentra
en el derecho penal, pues la precisión con la cual deben estar descritos los
comportamientos disciplinariamente reprochables tiene una mayor flexibilidad
al concebido en materia criminal, ante la dificultad de que la ley haga un listado
detallado de absolutamente todas las conductas constitutivas de falta29; como
consecuencia de ello se ha avalado, desde un punto de vista constitucional30,
la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados y la formulación de los tipos
abiertos y en blanco que están redactados con una amplitud tal que hace
necesario remitirse a otras normas en las que se encuentren consagrados los
deberes, las funciones o las prohibiciones que se imponen en el ejercicio del
cargo, y que exigen un proceso de hermenéutica sistemática lógica que
demuestre en forma congruente cómo la conducta investigada se subsume en
la descrita por la ley.
Conviene aclarar que los conceptos jurídicos indeterminados, entendidos como
«aquellos conceptos de valor o de experiencia utilizados por el legislador, que
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 17 de octubre de 2018, rad.
11001-03-25-000-2013-00234-00(0530-13), M.P. William Hernández Gómez.
27 «Sentencia C-769 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell».
28 «El artículo 6 de la Constitución Política prevé: Los particulares sólo son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma
causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones».
29 «Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2001 indicó «la naturaleza de las
conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades
sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la
comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad»,
posición reiterada en sentencias C-818 de 2005 y C030 de 2012».
30 «Frente a este punto se pueden ver varias sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas, la
C-393 de 2006».
19
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
limitan o restringen el alcance de los derechos y de las obligaciones que
asumen los particulares o las autoridades públicas»31, son admisibles en la
forma de consagrar infracciones administrativas siempre que las remisiones a
otras normas o a otros criterios permitan determinar los comportamientos
censurables, pues de permitirse que el operador sea quien defina la conducta
sancionable de manera discrecional sin referentes normativos precisos se
desconocería el principio de legalidad.
81. En cuanto a los tipos abiertos o tipos en blanco, la Corte Constitucional en
sentencia C-818 de 200532 sostuvo que son «aquellas infracciones disciplinarias
que ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de
comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un complemento
normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se consagren deberes,
mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los servidores públicos. Así, la
tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina por la lectura sistemática de
la norma que establece la función, la orden o la prohibición y aquella otra que de
manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o
prohibiciones constituye una infracción disciplinaria».
82. En el asunto analizado, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción
6, Primera para la Contratación Estatal, en auto de 31 de julio de 2023, le formuló
al señor Henry Devia Prado el cargo previsto en el numeral 31 del artículo 48 de la
Ley 734 de 2002 que rezaba:
Artículo 48. Son faltas gravísimas las siguientes:
(…)
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en
detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios
que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados
en la Constitución y en la ley.
83. En sentencia C-818 de 2005, la Corte Constitucional declaró
condicionalmente exequible esa disposición, «en el entendido que la conducta
constitutiva de la falta gravísima debe ser siempre de carácter concreto y estar
descrita en normas constitucionales de aplicación directa o en normas legales que
desarrollen esos principios».
84. El pliego de cargos señaló que el señor Henry Devia Prado, el 1º de
noviembre de 2019, suscribió el otrosí n.º 3 al contrato de obra 110-14-03-05 «sin
exigir que se hicieran las gestiones necesarias y efectivas» para obtener concepto
técnico de viabilidad de inversión en infraestructura física, a fin de «hacer efectiva
la realización del proyecto», como indicaba el procedimiento para la aprobación de
proyectos de inversión en salud, establecido en la Resolución 4445 de 1996,
adicionada por la Resolución 5042 de 1996, y en la Resolución 2053 de 2019.
85. En primera instancia, la Procuraduría afirmó que la conducta del señor Henry
Devia Prado infringió el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, falta que
fue prevista con igual contenido en el numeral 3º del artículo 54 del CGD, «pues no
31 «Véanse las sentencias C-818 de 2005, C-762 de 2009, C-343 de 2006, C-030 de 2012, entre
otras».
32 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
20
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
solo participó en la suscripción del contrato de obra No. 110-14-03-5 (conducta
prescrita) sino que, además, suscribió otrosíes que no tuvieron en cuenta o
consideraron que dicho contrato estaba suspendido y no podía continuarse si no se
obtenía el concepto de viabilidad técnica de las obras a ejecutar con dicho contrato
y, con una conducta totalmente negligente, su administración no realizó actividades
efectivas para posibilitar que las obras pudieran ajustarse a los requisitos exigidos
por la autoridad de salud y, en consecuencia, ejecutarse y culminarse cabalmente».
86. Adujo que el disciplinado desconoció el principio de responsabilidad de la
contratación estatal previsto en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y era
responsable porque en su condición de servidor público debió ceñirse «a las reglas
sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que
gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia».
87. Recalcó que «en ejecución de las mismas no hizo lo posible para que en
ejecución del contrato de obra No. 110-14-03-5 obtuviera el concepto de
viabilización técnica de las obras que se pretendían ejecutar para la sala de
urgencias del Hospital San Roque del municipio de Pradera, Valle, impidiendo así
que se alcanzaran los fines de la contratación, conducta que no es entendible ni
justificable si se tiene en cuenta que el señor DEVIA PRADO era el máximo director
de la actividad contractual en el municipio y superior jerárquico de los funcionarios
responsables de esta contratación que pudieran tener participación o injerencia en
la preparación, suscripción y ejecución del citado contrato».
88. Sostuvo que no existía prueba acerca de gestiones realizadas para lograr la
reactivación y construcción de la sala de urgencias, al punto que cuando el señor
Henry Devia Prado terminó su período constitucional, la obra estaba abandonada
y no se obtuvo el concepto técnico de viabilidad. Manifestó que en su condición de
máximo responsable de la actividad contractual en el municipio debía adoptar u
ordenar los correctivos necesarios, según lo establecido en los numerales 1º y 5º
del Manual Específico de Funciones del alcalde municipal de Pradera.
89. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección
Popular de la Procuraduría General de la Nación, en el fallo de segunda instancia,
para absolver los cuestionamientos de los disciplinados frente a la tipicidad, refirió
que la obtención del concepto técnico de viabilidad era una obligación exclusiva de
la administración municipal en la fase precontractual y no era delegable al
contratista, pues desde la revisión de los estudios previos, aprobados por el
secretario de obras públicas del municipio, se evidenció la falta del concepto, el cual
era necesario para la ejecución del proyecto. Además, la secretaría de salud del
Valle del Cauca, en septiembre de 2018, indicó puntualmente los requisitos para el
diseño del servicio de urgencias y expresó que los documentos presentados no
cumplían los requisitos normativos, por lo que debía ser corregido el proyecto.
Aunado a esto, la misma secretaría de salud devolvió la siguiente solicitud que
presentó el contratista, porque los planos arquitectónicos presentaban
inconsistencias.
90. Mencionó que, tal como anotó el a-quo, se suscribieron los otrosíes 1 y 3 al
contrato, sin hacer mención a la falta del concepto técnico y, de acuerdo con el
21
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
informe técnico científico rendido el 3 de agosto de 2022 por la Dirección Nacional
de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, la
suspensión de la obra obedeció, en parte33, a la ausencia del concepto técnico.
91. Aclaró que el cargo formulado no especificó que la expedición del concepto
técnico recaía exclusivamente en el Ministerio de Salud y Protección Social, pues
el fallo de primera instancia también hizo alusión a las secretarías de salud y, en
efecto, esas dependencias del orden departamental o distrital tienen competencia
para expedir el respectivo concepto, en ciertos eventos, conforme establece la
Resolución 2053 de 2019, sin perjuicio de la facultad de supervisión e intervención
que ostenta el Ministerio de Salud cuando las entidades territoriales demoran la
expedición del citado concepto. Precisó que «en punto del reproche disciplinario,
se reitera que el mismo versa sobre la omisión en la obtención de este requisito de
viabilidad, y no de irregularidad en el trámite por error en la autoridad competente
ante quien se surtió el mismo».
92. Sobre el argumento de defensa según el cual el concepto técnico de
viabilidad podía solicitarse antes o durante la ejecución de las obras, de modo que
debía darse aplicación al principio de favorabilidad para absolver al disciplinado, el
ad-quem sostuvo que no hubo cambio normativo entre las exigencias de las
Resoluciones 4445, 5042 de 1996 y 2053 de 2019, en particular, sobre «la
naturaleza o eliminación del concepto técnico de viabilidad como requisito previo
para la ejecución del proyecto, ya sea en cabeza del Ministerio de Salud y
Protección Social o en la de las secretarías de salud departamentales o distritales».
Manifestó que según lo dispuesto en la Resolución 4445, adicionada por la
Resolución 5042 de 1996, «cuando el municipio de Pradera justificó y suscribió el
contrato de obra el 17 de mayo de 2018 por un valor de $2.237.660.250, tenía la
obligación de contar con el concepto técnico de viabilidad antes de la suscripción
del contrato, lo que no ocurrió, incluso ello ocasionó la suspensión en su ejecución».
93. Adicionó que, «la Resolución 2053 de 2019 reiteró la exigencia de este
concepto técnico para proyectos de inversión en infraestructura de salud,
ratificando que la expedición del concepto es un requisito previo para la ejecución
del proyecto. Es decir, que debía haberse gestionado en la fase de planeación y
estructuración del contrato, e inclusive no se había podido ejecutar al 2023 porque
no se había obtenido». Coligió que en virtud de lo señalado en los artículos 6º y 7º
de la Resolución 2053 de 2019, «la exigencia de un concepto técnico previo, la
necesidad de cumplir con planes territoriales, los requisitos de financiación
asegurada y la solicitud de estudios de ingeniería antes de la ejecución demuestran
que el concepto de viabilidad debía otorgarse en la fase precontractual y no durante
la ejecución de la obra. La normativa está diseñada para garantizar que el proyecto
sea viable desde el inicio y evitar problemas o modificaciones en la fase de
ejecución. Si el concepto de viabilidad se emitiera durante la ejecución, se correría
el riesgo de que se inicien obras sin cumplimiento de normas técnicas, sin asegurar
la financiación o sin validación por parte de las autoridades competentes».
33 También se indicó que la suspensión, inicialmente, se dio por la pandemia del Covid-19.
22
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
94. Indicó que la Resolución 1653 de 10 de octubre de 2023 modificó el artículo
7º de la Resolución 2053 de 2019, pero no introdujo ninguna variación frente a la
expedición del concepto técnico de viabilidad como requisito previo para la
ejecución de proyectos de infraestructura en salud y tampoco previó que pudiera
ser presentado durante la ejecución de la obra, «lo que sugiere que su
obligatoriedad se mantiene en la fase de planeación y estructuración del contrato».
95. Agregó que el caso estudiado no correspondía al supuesto del numeral 7.1.3
del artículo 7º de la Resolución 2053 de 2019 referido a los proyectos para la
terminación de obras de inversión, sino al que contempló la construcción de obras
de inversión en infraestructura física, tal como se corrobora al examinar el objeto
contractual. Señaló que, en cualquier caso, no existía la posibilidad de presentar el
concepto técnico de viabilidad después de ejecutado el contrato.
96. Mencionó, también, que la Resolución 400 de 2024, a través de la cual se
modificó el artículo 7º de la Resolución 1653 de 2023, se centró en establecer
requisitos adicionales para la expedición de los conceptos técnicos de viabilidad en
proyectos de inversión; sin embargo, no alteró la naturaleza de ese concepto ni
habilitó su presentación durante la ejecución de la obra.
97. El señor Henry Devia Prado, en el escrito de defensa que presentó y que
hace parte integral de este mecanismo de revisión, cuestionó el elemento de
tipicidad al sostener que la sanción disciplinaria tuvo en cuenta las Resoluciones
4445 y 5042 de 1996, a pesar de que fueron derogadas por la Resolución 2053 de
2019 antes de que se profiriera el fallo de primera instancia, lo que configuraba una
falsa motivación de la decisión. Adicionalmente, criticó que no se hubiera
considerado la habilitación que introdujo el artículo 7º de la Resolución 2053 de
2019 para solicitar el concepto técnico de viabilidad antes, durante y después de
iniciada la obra, con lo que era viable aplicar el principio de favorabilidad.
98. Pues bien, una vez revisado el asunto, la Sala considera satisfecho el
elemento de la tipicidad, por las siguientes razones:
99. La falta endilgada es la prevista en el artículo 48, numeral 31 de la Ley 734
de 2002, que alude a la participación en la etapa precontractual o en la actividad
contractual, en detrimento del patrimonio público o con desconocimiento de los
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa.
100. La autoridad disciplinaria debía remitirse a la Ley 734 de 200234, por cuanto
la falta se cometió en vigencia de esa normativa. Con todo, la Ley 1952 de 2019
contempló la misma falta en el numeral 3º del artículo 54; luego, el supuesto fáctico,
aún con el cambio legislativo, siguió siendo constitutivo de falta disciplinaria.
101. El hecho que dio lugar a la falta, en lo que interesa a esta decisión, fue la
suscripción del otrosí n.º 3 al contrato de obra 110-14-03-0535 de 17 de mayo de
34 Esto por cuanto el otrosí n.º 3 fue suscrito el 1º de noviembre de 2019 y la Ley 1952 de 2019 entró
en vigencia el 29 de marzo de 2022, salvo los artículos 2º y 33.
35 El contrato se pactó en la suma de $2.237.660.250, que equivalía a 2.864 salarios mínimos legales
mensuales vigentes en el año 2018.
23
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
2018 sin exigir que se hicieran las gestiones necesarias y efectivas para lograr la
consecución del concepto técnico de viabilidad de inversión en infraestructura física
que se requería para desarrollar el objeto contractual, el cual consistía en la
construcción de la sala de urgencias del Hospital San Roque de Pradera, Valle del
Cauca.
102. La Sala constata que el deber de contar con el concepto técnico de viabilidad
encuentra sustento en las previsiones de la Resolución 2053 de 2019 del Ministerio
de Salud y Protección Social, que definió las reglas y requisitos para su expedición
e hizo cuatro diferenciaciones: (i) los proyectos de control especial36; (ii) los
proyectos financiados o cofinanciados con el Presupuesto General de la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social; (iii) los proyectos financiados con recursos
diferentes a los del Presupuesto General de la Nación, y (iv) los proyectos de
inversión aprobados en los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud .
103. A la tercera categoría, que sería la aplicable al caso, le resultan vinculantes
los siguientes mandatos contenidos en el acto reglamentario:
Artículo 6. Reglas para la expedición de conceptos técnicos de viabilidad
a proyectos de inversión financiados con recursos diferentes a los del
Presupuesto General de la Nación. Para la expedición de conceptos técnicos
de viabilidad de los proyectos de inversión en infraestructura física,
equipamiento fijo y dotación biomédica, individuales o mixtos, cuya fuente no
corresponda al Presupuesto General de la Nación, se aplicarán las siguientes
reglas:
6.1. Proyectos de inversión cuya financiación sea únicamente con recursos del
orden territorial: departamento, distrito, municipio, Empresa Social del Estado
u otras entidades que apoyen la financiación de los proyectos, deberán contar
con el concepto técnico de viabilidad, emitido de acuerdo con los siguientes
parámetros:
6.1.1. Salvo para lo previsto en el numeral 6.1.4., si el proyecto de inversión es
de control especial de oferta en los términos del artículo 4 de la presente
resolución, deberá contar con concepto técnico de viabilidad del Ministerio de
Salud y Protección Social, para lo cual deberá acreditar los requisitos previstos
en la presente resolución.
6.1.2. Si el proyecto de inversión no es de aquellos de control especial de oferta,
de acuerdo a lo previsto en el artículo 4 de la presente resolución, deberá contar
únicamente con concepto técnico de viabilidad de la respectiva secretaría de
salud departamental o distrital, o la entidad que tengan a cargo dichas
competencias, para lo cual deberá presentar los documentos que determinen
dichas entidades.
36 El artículo 4 definió los proyectos de control especial de oferta, así: (i) La dotación de equipos
biomédicos para la prestación de servicios de salud, cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, relacionados con los siguientes servicios: 1. Servicios
de Nefrología - Diálisis Renal. 2. Servicios de Oncología, Radioterapia y Oncología clínica. 3.
Servicios de medicina nuclear. 4. Servicios de Radiología e Imágenes Diagnósticas de Mediana y
Alta Complejidad, de acuerdo con lo establecido por el Sistema Único de Habilitación. 5. Unidades
de Cuidados Intermedios e Intensivos Neonatal, Pediátrico у Adultos. 6. Servicios de Obstetricia de
Mediana y Alta Complejidad, 7. Cirugía Cardiovascular. 8. Cirugía Neurológica. 9. Cirugía
Ortopédica. 10. Cirugía de Trasplante e Implante; y (ii) Proyectos de inversión en equipamiento fijo
o en infraestructura física, cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
24
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
6.1.3. Los proyectos de inversión presentados por Empresas Sociales del
Estado del orden departamental o por departamentos, para ser ejecutados en
los distritos de que trata el numeral siguiente, requerirán concepto del
departamento o de este Ministerio, de acuerdo con lo definido en el presente
artículo.
6.1.4. Si el proyecto de inversión es de control especial de oferta en los términos
del artículo 4 de la presente resolución y se presenta por las Empresas Sociales
del Estado del orden distrital y/o por los distritos con población mayor a
1.000.000 de habitantes, según el Censo DANE vigente al momento de
presentar el proyecto, solo deberá contar con el concepto técnico de viabilidad
del distrito correspondiente, para lo cual deberá presentar los documentos que
determine la respectiva secretaría de salud distrital.
6.2. Los proyectos de inversión de Empresas Sociales del Estado del orden
Nacional, cuya fuente de financiación o cofinanciación no sea el Presupuesto
General de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Ministerio de
Salud y Protección Social, considerados de control especial de oferta en los
términos del artículo 4 de la presente resolución, deberán contar con concepto
técnico de viabilidad de este Ministerio, para lo cual deberán presentar los
documentos que le sean aplicables, en los términos de la presente resolución.
Parágrafo 1. Los proyectos de inversión, objeto de la presente resolución,
deberán estar incluidos y aprobados en los Planes Bienales de Inversiones
Públicas en Salud, cuando aplique, y para su ejecución requerirán contar con
el concepto técnico de viabilidad de la respectiva secretaría de salud
departamental o distrital, o la entidad que tengan a cargo dichas competencias,
o de este Ministerio, de acuerdo con las reglas previstas en la presente
resolución.
Parágrafo 2. Este Ministerio, podrá en cualquier momento, revisar el
cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, y, de considerarlo
pertinente a partir de la expedición del acto administrativo que así lo determine,
retomará la actividad de expedición del concepto técnico de viabilidad, en los
términos que allí se defina.
Artículo 7. Requisitos para la expedición del concepto técnico de
viabilidad. Para solicitar el concepto técnico de viabilidad a este Ministerio, la
entidad respectiva deberá presentar, de acuerdo con la clase de proyecto,
como mínimo, los siguientes documentos:
7.1. Proyectos que deban ser presentados al Ministerio de Salud y
Protección Social
7.1.1. Requisitos generales para todo proyecto
1. Carta de presentación suscrita por la secretaría de salud departamental
distrital, o la entidad que tengan a cargo dichas competencias, y por la gerencia
de la Empresa Social del Estado, dirigida al Ministerio de Salud y Protección
Social, especificando nombre del proyecto, valor total, entidad (es) que
participan en su financiación, fuentes de financiación, montos respectivos e
instancia que ejecutará el proyecto.
2. Proyecto debidamente diligenciado en el formato Metodología General
Ajustada - MGA versión web.
3. Concepto técnico emitido por la respectiva secretaria de salud departamental
o distrital, o la entidad que tengan a cargo dichas competencias, en el que se
indique la conveniencia del proyecto. Cuando se trate de Empresas Sociales
del Estado, dicho concepto técnico deberá emitirse en el marco de lo
25
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
determinado en el Programa Territorial de Reorganización, Re4diseño y
Modernización de redes de Empresas Sociales del Estado o el que haga sus
veces, viabilizado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
4. Cuando se trate de proyectos de inversión en infraestructura física, de
equipamiento fijo y de dotación biomédica considerados como de control
especial de oferta y conforme con lo previsto en el artículo 4 de la presente
resolución, se deberá demostrar que el proyecto esté incluido y aprobado en el
Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud.
5. Cuando el proyecto cuente con cofinanciación de fuentes diferentes al
Presupuesto General de la Nación, deberá aportar el documento que soporte
la respectiva financiación.
7.1.2. Requisitos para proyectos de inversión en infraestructura física.
1. Certificado de tradición y libertad, con fecha de expedición menor a tres (3)
meses, contados a partir de la fecha de presentación del proyecto a este
Ministerio.
2. Certificado expedido por la oficina de planeación municipal o su equivalente
según corresponda, en el que conste que el proyecto cumple con el plan de
ordenamiento territorial, plan básico de ordenamiento territorial o esquema de
ordenamiento territorial, según corresponda, en lo atinente a uso de suelo y que
el predio en el cual se va a desarrollar el proyecto no cuenta con ningún riesgo.
3. Certificación emitida por la autoridad competente en la cual se indique que
el predio cuenta con disponibilidad de servicios públicos.
4. Comparativo de la capacidad física actual de la entidad con la nueva
capacidad física propuesta, cuando aplique.
5. Programa médico arquitectónico en el que se incluyan áreas para cada
ambiente, servicios y de circulaciones.
6. Diseños arquitectónicos (localización, plantas arquitectónicas, cubiertas,
cortes y fachadas) a escala (1:100 - 1:125 - 1:75 dependiendo el área u otras
convenciones usadas en arquitectura), acotados, amoblados y firmados por el
profesional responsable, indicando el nombre y el número de matrícula
profesional. El diseño deberá cumplir con los criterios y aspectos normativos
contemplados en la normatividad vigente para el sector salud.
7. Para los proyectos de remodelación se debe incluir el componente de
reforzamiento sísmico estructural con los requisitos establecidos para este tipo
de proyectos en el numeral 7.1.4 del presente artículo.
8. Levantamiento topográfico del lote con curvas de nivel y debidamente
acotado.
9. Estudios de ingeniería estructurales, de suelos, hidro-sanitario,
contraincendios, eléctrico, redes lógica (voz y datos), mecánicos (redes de
gases medicinales, ventilación, entre otras, cuando aplique) firmados por cada
especialista, con el nombre y número de matrícula profesional.
10. Presupuesto detallado de obra, firmado por el profesional responsable,
indicando nombre y número de matrícula profesional.
7.1.3 Requisitos proyectos para terminación de obras de inversión en
infraestructura física
26
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
Adicional a los requisitos establecidos en los numerales 7.1.1 у 7.1.2., se deben
presentar los siguientes:
a. Requisitos para proyectos donde la obra ya está iniciada
1. Documento que dé cuenta del análisis y viabilidad del balance de ejecución
física y financiera de las inversiones realizadas, que permita determinar los
costos finales del proyecto. El mismo deberá estar suscrito por el secretario de
salud departamental o distrital, o de la entidad que tengan a cargo dichas
competencias.
2. Certificación suscrita por el secretario departamental o distrital de salud, o
de la entidad que tengan a cargo dichas competencias, en la cual conste que:
2.1 Estudió y verificó que la obra ya ejecutada está conforme al proyecto.
2.2 Las cantidades de obra corresponden a lo establecido en el proyecto y a lo
contratado.
2.3 Los recursos invertidos están acordes a los avances de la obra.
2.4 Los informes de interventoría establecen que la obra se ha desarrollado de
conformidad con lo contratado.
2.5 La obra ejecutada cumple con las normas vigentes que regulan materia.
2.6 Aprueba el proyecto en lo que falta por ejecutar con sus respectivos
soportes.
b. Requisitos para proyectos de obra por ejecutar
1. Concepto del secretario de salud departamental o distrital, o de la entidad
que tengan a cargo dichas competencias, en el que se indique la
conveniencia de la terminación de las obras en el marco de lo determinado
en el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de
redes de Empresas Sociales del Estado o el que haga sus veces, viabilizado
por el Ministerio de Salud y Protección Social.
2. Comparativo de la capacidad física actual de la entidad con la nueva
capacidad física propuesta para la terminación de la obra, cuando aplique.
3. Diseños arquitectónicos en los que se indique las etapas del proyecto
(Localización, plantas arquitectónicas, cubiertas, cortes y fachadas) a escala
(1:100 -1:125 - 1:75 dependiendo el área u otras convenciones usadas en
arquitectura), acotados, amoblados y firmados por el profesional responsable,
indicando el nombre y el número de matrícula profesional. El diseño deberá
cumplir con los criterios y aspectos normativos contemplados en la
normatividad vigente para el sector salud.
4. Estudios de ingeniería de la fase de terminación.
5. Certificado de recibo a satisfacción de los estudios de ingeniería elaborado
por la ESE o la entidad departamental o distrital cuando aplique, en el que
indique que los diseños cumplen con las normas vigentes según la
especialidad.
6. Presupuesto detallado de obra de la etapa de terminación, firmado por el
profesional responsable, indicando nombre y número de matrícula profesional.
7.1.4 Proyectos de reforzamiento sísmico estructural
Adicional a los requisitos establecidos en el numeral 7.1.1. se deben presentar
los siguientes:
1. Plantas arquitectónicas, de localización, cubiertas, cortes y fachadas, en la
que se incluya la propuesta de reforzamiento estructural, firmadas por el
profesional responsable, indicando nombre y número de matrícula profesional.
27
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
Los proyectos de reforzamiento estructural deben incluir dentro de su alcance
el componente de adecuación arquitectónica.
2. Estudio de vulnerabilidad sísmica estructural en medio magnético, conforme
a lo dispuesto en la normativa de sismo resistencia, que incluya memorias de
cálculo, planos estructurales de la propuesta de reforzamiento, estudio de
patología estructural y estudio de suelos.
3. Diseño estructural que incluya planos estructurales del reforzamiento,
firmados por el profesional responsable, indicando nombre y número de
matrícula profesional.
4. Certificado o memorial de responsabilidad expedido por el diseñador
estructural, en el que indique que el diseño cumple con las normas de sismo
resistencia vigente, firmado por el especialista, con el nombre y número de
matrícula profesional.
5. Certificado de recibo a satisfacción del estudio de vulnerabilidad sísmica y
del diseño del reforzamiento estructural, elaborado por el revisor técnico del
mismo, en el que se indique que el diseño cumple con las normas vigentes,
firmado con nombre y número de matrícula profesional.
6. Plan de contingencia a implementar en el que se garantice que al momento
de la intervención se minimizan los impactos de la misma en la prestación de
los servicios de salud elaborado por la instancia que realizará el proyecto y
viabilizado por la entidad departamental o distrital de salud en donde se
encuentre ubicada la infraestructura.
7. Estudio económico de costo-beneficio y de contingencia con el objeto de
establecer la conveniencia de la intervención o abandono del procedimiento y
re-categorización de la edificación.
8. Presupuesto detallado de obra del reforzamiento sísmico estructural, firmado
por el profesional responsable, indicando nombre y el número de matrícula
profesional.
9. Cuando además del reforzamiento sísmico estructural, el proyecto incluya
remodelación o adecuación de la infraestructura, se deberá presentar lo
enunciado en el literal b del numeral 7.1.3 del presente artículo.
7.1.5 Proyectos de equipamiento fijo
Adicional a los requisitos establecidos en el numeral 7.1.1., se deben presentar
los siguientes documentos:
1. Listado con la relación del equipamiento fijo objeto del proyecto, que incluya
nombre del equipo, especificaciones técnicas mínimas obligatorias, cantidad,
precio unitario, valor (precio unitario por la cantidad), valor total del proyecto, y
su justificación de si se trata de reposición por obsolescencia, renovación
tecnológica, innovación tecnológica, dotación de equipamiento fijo para nuevos
servicios o incremento de la capacidad instalada de los servicios actuales.
2. Planos arquitectónicos con la ubicación del equipo o equipos objeto del
proyecto.
3. Certificación de garantía de disponibilidad de infraestructura física (área e
instalaciones) y del personal necesario para su puesta en funcionamiento del
equipamiento fijo, emitida por el representante legal de la entidad beneficiaria.
4. Mínimo dos (2) cotizaciones que permitan comparar dos (2) marcas
diferentes.
28
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
5. Cuadro comparativo de precios ofertados, soportado en las cotizaciones del
estudio de mercado, donde se seleccione el valor menor cotizado.
7.1.6 Requisitos para proyectos de inversión en dotación biomédica
Adicional a los requisitos establecidos en el numeral 7.1.1, se deben presentar
los siguientes documentos:
1. Listado de la dotación biomédica que contenga la siguiente información:
nombre de la dotación, especificaciones técnicas mínimas obligatorias,
cantidad, precio unitario, valor (precio unitario por la cantidad), valor total del
proyecto, y su justificación de si se trata de reposición por obsolescencia,
renovación tecnológica, innovación tecnológica, dotación biomédica para
nuevos servicios o incremento de la capacidad instalada de los servicios
actuales.
2. Certificación de garantía de disponibilidad de infraestructura física (área e
instalaciones) y del personal necesario para su puesta en funcionamiento de la
dotación biomédica, emitida por el representante legal de la entidad
beneficiaria.
3. Mínimo dos (2) cotizaciones que permitan comparar dos (2) marcas
diferentes.
4. Cuadro comparativo de precios ofertados, soportado en las cotizaciones del
estudio de mercado, donde se seleccione el valor menor cotizado.
7.2 Proyectos que deben ser presentados y evaluados por la secretaría de
salud departamental o distrital, o la entidad que tenga a cargo dichas
competencias
La secretaría de salud departamental o distrital, o la entidad que tenga a cargo
dichas competencias, determinará, de acuerdo con lo previsto en el presente
acto administrativo, los documentos y demás requisitos que considere
necesarios, para la emisión de los conceptos técnicos de viabilidad a su cargo.
Parágrafo 1. En los proyectos de equipamiento fijo y de dotación biomédica en
los que deba conceptuar este Ministerio, se podrá referenciar los precios de los
equipos presentados en los proyectos, con los precios de referencia
actualizados del mercado en el momento de la evaluación del proyecto.
Parágrafo 2. En los proyectos mixtos se deberán atender las exigencias
contenidas en este artículo, de acuerdo con la combinación de los proyectos
que se soliciten.
Artículo 8. Proyectos en trámite ante el Ministerio. Este Ministerio revisará
los proyectos de inversión que, a la fecha de expedición de la presente
resolución, no cuenten con el concepto técnico de viabilidad y determinará si
cumplen o no con las reglas y requisitos aquí establecidos. Los proyectos que
no cumplan serán devueltos a la secretaría de salud departamental o distrital,
o la entidad que tengan a cargo dichas competencias, o a la Empresa Social
del Estado del orden nacional, según el caso, para que se adelante el trámite
que dichas entidades determinen.
104. De lo expuesto se extrae que la conducta omisiva señalada de constituir falta
disciplinaria sí le era reprochable al disciplinado en la etapa contractual investigada,
esto es, cuando suscribió el Otrosí n.º 3, pues por disposición de la Resolución
29
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
2053 de 2019 era necesario contar con el concepto técnico para decidir sobre la
ejecución de la obra, especialmente para continuar su desarrollo.
105. No puede perderse de vista que la finalidad del otrosí n.º 3 fue adicionar el
plazo de ejecución del contrato 110-14-03-5 y que ese acto pactado, el de la
ejecución de la obra, no era posible sin antes contar con el concepto técnico de
viabilidad emitido por la autoridad competente.
106. No es cierto, entonces, como sostuvo el disciplinado, que el concepto técnico
de viabilidad pudiera solicitarse en cualquier etapa de la ejecución del contrato. En
verdad, este requisito era necesario para adoptar cualquier determinación
relacionada con la ejecución del contrato. En esa medida, es claro que el otrosí n.º
3 no podía suscribirse para disponer sobre aspectos relacionados con el contrato,
cuando no estaban reunidos los requisitos para desarrollar la obra de construcción
sobre la que recaía y sin siquiera emitir órdenes concretas para remediar ese yerro.
107. En ese entendido, la petición del disciplinado de aplicar en su favor el
principio de favorabilidad carece de sustento fáctico y jurídico, ya que la Resolución
2053 de 2019 no eliminó el deber de solicitar el concepto técnico de viabilidad ni
introdujo la posibilidad de ejecutar proyectos de inversión en infraestructura en
salud sin contar con dicho aval, como parece entender la sancionado. Por el
contrario, recalcó la necesidad de que los proyectos de inversión en cuestión
cumplieran ese requisito, independientemente de la fase en la que se encontraran.
108. Ahora, en lo que respecta al otro argumento de defensa, acerca de un
supuesto vicio en la motivación del fallo sancionatorio por cuanto aludió a las
Resoluciones 4445 y 5042 de 1996, pese a que perdieron vigencia antes de que se
profiriera el fallo de primera instancia, debe señalarse lo siguiente:
109. Es cierto que la Procuraduría hizo alusión a la Resolución 4445 de 1996 del
Ministerio de Salud, por la cual se establecieron requisitos para la construcción y
ubicación de instituciones prestadoras de servicios de salud, así como a la
Resolución 5042 de 1996 que adicionó el artículo 9º de aquel acto, en relación con
las exigencias para la aprobación de proyectos arquitectónicos y de estudios
técnicos. La disposición que se tuvo en cuenta es del siguiente tenor:
Artículo 1. Adiciónese el artículo 9o. de la Resolución 04445 del 2 de diciembre
de 1996, en el sentido de anexarle los siguientes parágrafos así:
Parágrafo primero. Los proyectos para obras de construcción, ampliación o
remodelación para las instituciones prestadoras de servicios de salud, donde
se trate de inversión pública con valor superior a los mil (1.000) salarios
mínimos legales mensuales deberán contar con el concepto técnico del
Ministerio de Salud; cuando dicho valor sea inferior, el concepto lo emitirán las
Direcciones Seccionales o Distritales de Salud, correspondiente al área de su
influencia.
Parágrafo Segundo. Los proyectos para obras de construcción, ampliación o
remodelación para las instituciones prestadoras de servicios de salud, del
orden nacional deberán contar con el concepto técnico del Ministerio de Salud.
30
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
110. La alusión a estas disposiciones; sin embargo, no edificó el fundamento para
establecer la responsabilidad disciplinaria, como afirmó el sancionado, sino que se
efectuó para dar contexto a la exigencia del concepto técnico, incluso desde la fase
precontractual. Como se desprende de los fallos de primera y segunda instancia, el
ente disciplinario, consciente de la prescripción que recayó sobre las conductas
relacionadas con la suscripción del contrato y del otrosí n.º 1, se centró en analizar
la conducta relacionada con la firma del otrosí n.º 3 y explicó que para el momento
en el que fue adoptado, ya se había expedido la Resolución 2053 de 2019, que
reiteró la exigencia del concepto técnico. Se consideró, así, que como la obligación
se había mantenido, no había lugar a aplicar el principio de favorabilidad.
111. La lectura de las disposiciones citadas permite a la Sala advertir, además,
que el requisito del concepto técnico de viabilidad para desarrollar proyectos de
inversión en infraestructura en salud se mantuvo pese a la modificación
reglamentaria, con algunas variaciones. Se distribuyó la competencia para expedir
dicho concepto, que inicialmente estaba en cabeza del Ministerio de Salud, para
incluir a las secretarías de salud departamentales y distritales, en ciertos eventos,
y se concibieron requisitos para la terminación de obras de inversión ya iniciadas y
por ejecutar. Adicionalmente se entregó a las secretarías de salud la facultad de
solicitar los requisitos que considerara necesarios para la emisión de los conceptos
técnicos a su cargo.
112. De esa manera, el concepto técnico de viabilidad que era exigible desde la
concepción del proyecto para la construcción de la sala de urgencias no se agotó
con la suscripción del contrato de obra, pues continuó siendo imperativo a la luz de
la Resolución 2053 de 2019 para proseguir con obras ya iniciadas o por ejecutar,
como sucedía en el caso analizado. Es así como, en el asunto bajo examen, el ente
disciplinario reprobó que el investigado hubiera participado en la actividad
contractual a través de la adopción del otrosí n.º 3, pasando por alto uno de los
requisitos indispensables para el desarrollo y ejecución del proyecto de obra.
113. Como se aprecia, la excusa del investigado sobre la posibilidad de solicitar
el concepto antes, durante y después de iniciada la obra no desvirtúa el hecho de
que su conducta fue constitutiva de falta disciplinaria. En efecto, al margen de que
el contrato se hubiera suscrito e incluso la obra hubiera iniciado a ejecutarse sin
ese requisito, lo cierto es que para el momento en que se firmó el otrosí n.º 3 existía
un deber normativo consagrado en la Resolución 2053 de 2019 que imponía contar
con el citado concepto técnico para continuar con la ejecución del proyecto de obra
contratado.
114. Cabe destacar, en este punto, que la actuación disciplinaria seguida contra
el señor Henry Devia Prado se circunscribió a la suscripción del otrosí n.º 3 de 1º
de noviembre de 2019 sin exigir que se hicieran las gestiones necesarias y efectivas
para obtener el concepto técnico de viabilidad de inversión en infraestructura física.
115. Con base en lo expuesto, la Sala concuerda en que la conducta atribuida al
señor Henry Devia Prado se subsume en lo previsto en el numeral 31 del artículo
48 de la Ley 734 de 2002, replicado en el numeral 3º del artículo 52 del CGD,
concretamente, en el enunciado que refiere a la participación en la actividad
31
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
contractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación
estatal. Lo anterior, por cuanto se atribuyó al investigado el haber desconocido la
exigencia reglamentaria contenida en la Resolución 2053 de 2019 que imponía la
obligación de contar con un concepto técnico de viabilidad para ejecutar proyectos
de inversión en infraestructura en salud; esto con desconocimiento del principio de
responsabilidad en la contratación estatal.
116. El ente disciplinario corroboró la comisión de la falta, luego de verificar que
el señor Henry Devia Prado, de manera previa, concomitante y posterior a la
suscripción del otrosí n.º 3, y mientras estuvo en posesión del cargo de alcalde del
municipio de Pradera, no adelantó ninguna actuación para conseguir directamente
el concepto técnico de viabilidad o corregir las falencias de la solicitud que presentó
el contratista, hecho que no tiene discusión, en la medida en la que no se aportó
prueba tendiente a demostrar lo contrario.
117. Lo que sí se conoce es que el noticiero CM&, en nota periodística del 1º de
febrero de 2021, denunció el hecho como otro «elefante blanco», y fue a raíz de
esa noticia que la Procuraduría inició la respectiva indagación que dio lugar a la
actuación administrativa que ahora se revisa. Adicionalmente, la secretaria de
infraestructura de Pradera hizo constar, en certificación del 30 de junio de 2022,
que el contrato se encontraba suspendido desde el 27 de marzo de 2020 y que se
reanudaría solo si se obtenía el respectivo permiso de la autoridad en salud, de lo
cual no se tiene evidencia.
118. Ahora, el hecho de que se hubiera desconocido la pauta reglamentaria
establecida en la Resolución 2053 de 2019, efectivamente transgredió el principio
de responsabilidad de la contratación estatal, como establecieron los fallos de
primera y segunda instancia.
119. El principio de responsabilidad se encuentra consagrado en el artículo 26 de
la Ley 80 de 1993, que rige los contratos celebrados por las entidades estatales, y
prevé ciertos deberes en cabeza de las entidades y servidores públicos. En el caso
concreto, la Procuraduría afirmó que la conducta desplegada por el disciplinado,
por la cual fue investigado, desconoció los numerales 1º, 2º, 4º y 5º de la norma en
cita:
Artículo 26. Principio de responsabilidad. En virtud de este principio:
1. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a
proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan
verse afectados por la ejecución del contrato.
2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.
(…)
4. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas
sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que
gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.
32
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
5. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la
de los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal,
quien no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a
las corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los
organismos de control y vigilancia de la misma.
120. La Sala coincide en que la desatención en la que incurrió el señor Henry
Devia Prado contrarió el principio de responsabilidad de la contratación estatal, bajo
el entendido de que dicho principio implica la obligación de actuar conforme a la
Constitución, la ley, los reglamentos y los principios de la función administrativa. La
conducta reprochada se alejó de la exigencia reglamentaria establecida por el
Ministerio de Salud y Protección Social de contar con un concepto técnico de
viabilidad para el desarrollo de la obra de infraestructura y, en realidad impidió el
cumplimiento de los fines estatales, pues tal omisión imposibilitó que se llevara a
buen término la construcción, con la consecuente afectación que ello acarreó para
el interés general y, en particular, para los potenciales beneficiarios del servicio
esencial de salud de esa población. La falta, además, denotó la ausencia de
vigilancia por parte del investigado para la correcta ejecución del objeto contratado,
como le era exigible en su condición de alcalde municipal y contratante de la obra
y sus modificaciones.
121. El cargo de alcalde del municipio de Pradera que ejercía el señor Henry
Devia Prado para la época de los hechos lo convertía en el principal administrador
de los recursos del ente territorial, de ahí su deber de evaluar y constatar el lleno
de los requisitos para la correcta ejecución del objeto contratado.
122. Los numerales 2º y 5º del artículo 26, más que deberes, permiten establecer
que el señor Henry Devia Prado era el encargado del manejo de la actividad
contractual, por cuanto era el jefe de la administración local y actuó como
representante legal del municipio de Pradera en la suscripción del otrosí n.° 3. Esa
calidad lo hacía responsable de la falta disciplinaria atribuida, en la medida en la
que no adoptó las acciones necesarias y concretas para obtener el concepto
técnico de viabilidad, necesario para continuar la construcción de la obra
contratada.
123. En lo que respecta al Manual de Funciones del alcalde municipal de Pradera,
al que aludió la Procuraduría, se tiene que en dicho compendio se establecieron los
deberes de «dirigir la actuación administrativa del municipio, asegurar el
cumplimiento de las funciones de prestación de servicios a su cargo; representarlo
judicial y extrajudicialmente» y «ordenar los gastos y celebrar los contratos y
convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y
con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables». Aunque las
previsiones obligacionales no se subsumen, en estricto sentido, en la conducta
reprochada, en este punto del análisis es claro para la Sala que el disciplinado, al
haber celebrado un otrosí al contrato de obra, con desconocimiento de un requisito
necesario para la ejecución del objeto contratado, sin emitir ninguna orden o
efectuar acciones para corregir el yerro, faltó a sus deberes como alcalde, que le
exigían asegurar el cumplimiento de las funciones que tenía a cargo y vigilar el
correcto desarrollo y ejecución del contrato celebrado.
33
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
124. De acuerdo con lo expuesto, en criterio de esta Sala, los fallos disciplinarios
justificaron acertadamente la configuración del elemento de tipicidad, en tanto
especificaron con claridad la falta endilgada y se remitieron a la norma del
ordenamiento legal que consagra los principios y deberes de obligatoria
observancia por parte de los servidores públicos. El razonamiento que concluyó la
adecuación de la conducta a la falta disciplinaria tipificada en el numeral 31 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002 se muestra, además, lógico, objetivo y acorde
con el material probatorio arrimado a la investigación, que demostró la infracción
de lo dispuesto en la Resolución 2053 de 2019 y, con ello, el desconocimiento del
principio de responsabilidad de la contratación estatal previsto en el artículo 26 de
la Ley 80 de 1993.
125. Ilicitud sustancial. El artículo 9º de la Ley 1952 de 2019 consagra que «la
conducta del disciplinable será ilícita cuando afecte sustancialmente el deber
funcional sin justificación alguna».
126. En el derecho disciplinario, la antijuridicidad se entiende como una conducta
del servidor público que contraviene un deber o infringe una prohibición, sin que
exista una justificación válida conforme a las causales de exclusión de
responsabilidad previstas en el artículo 31 del CGD o en otras normas aplicables
del ordenamiento jurídico.
127. A diferencia del derecho penal, donde se exige que haya un daño real al bien
jurídico protegido para considerar una conducta antijurídica (es decir, antijuridicidad
material), en el ámbito disciplinario basta con que el servidor incumpla sus deberes
funcionales. Sin embargo, no se trata sólo de una infracción formal, sino que la
omisión o actuación debe ser sustancial, es decir, suficientemente grave como para
afectar el buen funcionamiento del Estado y el cumplimiento de sus fines.
128. En esta línea, tanto la Corte Constitucional37 como el Consejo de Estado38
han señalado que la falta disciplinaria no se configura únicamente por el mero
desconocimiento del deber, sino por una transgresión significativa que atente contra
los intereses del Estado. Por tanto, no es admisible sancionar disciplinariamente
conductas que no tengan un impacto real y relevante en el servicio público.
129. Este criterio, conocido como ilicitud o antijuridicidad sustancial, implica que
sólo son sancionables aquellas conductas que, además de ser contrarias a
derecho, perjudiquen de manera seria y esencial la función pública o el interés
general. Así se evita que faltas meramente formales, sin trascendencia práctica,
sean objeto de sanción.
37 Ver, por ejemplo, sentencia C-1161 de 2000.
38 Consultar, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias de 29 de enero de
2015, rad. 11001-03-25-000-2013-00190-00 (0449-13) y 24 de agosto de 2018, rad. 05001-23-33-
000-2013-01909-01 (3169-16), y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias
de 17 de mayo de 2018, rad. 11001-03-25-000-2013-01092-00 (2552-13) y 31 de enero de 2019,
rad. 11001-03-25-000-2011-00611-00 (2364-11), entre muchas más.
34
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
130. Adicionalmente, debe verificarse que no se configure una causal de
exclusión de responsabilidad, pues si existe una causa que exonere al servidor (por
ejemplo, fuerza mayor, error invencible o cumplimiento de un deber legal), no podrá
ser sancionado, aun cuando su conducta encaje formalmente dentro de un tipo
disciplinario.
131. En conclusión, la antijuridicidad en el derecho disciplinario requiere dos
elementos clave: (i) una infracción sustancial del deber funcional, que afecte el
servicio público o el interés general, y (ii) la ausencia de una causa legal que
justifique esa conducta.
132. En el caso que se analiza, la Sala está de acuerdo en que la omisión en la
obtención del concepto técnico de viabilidad para la construcción de infraestructura
en salud llevó a que se suspendiera la ejecución de la obra39, cuando aún no había
culminado, con lo cual se privó a los habitantes de Pradera de contar con una sala
de urgencias en el Hospital San Roque de ese municipio, en el plazo previsto para
la ejecución del contrato.
133. El escrito de defensa que hace parte de este recurso de revisión planteó que
se sancionó al señor Henry Devia Prado por obligaciones que le correspondían al
interventor según el contrato de interventoría 110-14-02-03 de 21 de septiembre de
2018. Además, señaló que la secretaría de salud departamental, en oficio
1.220.01.152-461465 de 18 de marzo de 2019, informó que «la única entidad que
podía solicitar ese concepto era el Hospital, no la alcaldía, escenario que no fue
tenido en cuenta por la Procuraduría» y, en esa medida, no estaba obligado a lo
imposible.
134. El argumento relacionado con la responsabilidad del interventor también fue
propuesto en el recurso de apelación que interpuso el sancionado contra el fallo
disciplinario de primera instancia. Al respecto, el ad-quem, con un razonamiento
que respalda esta Sala, indicó que el contrato de interventoría se refirió a los
requisitos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 23 de la Ley 1150 de
2007, no al requisito del concepto técnico de viabilidad; además, en ese mismo acto
jurídico se dejó consignado que el inicio de la labor de interventoría dependía de la
entidad contratante, por lo que las decisiones sobre la viabilidad y continuidad del
contrato de obra no eran del resorte del interventor, sino de la administración
municipal. Se añadió que, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, la
interventoría se limita al seguimiento técnico del contrato y no tiene la función de
corregir irregularidades surgidas en la etapa de planeación y contratación.
135. A lo anterior debe agregarse que la responsabilidad que le pudiera asistir al
interventor del contrato por la infracción de las previsiones contenidas en la
39 La Secretaria de Infraestructura del Municipio de Pradera certificó, el 30 de junio de 2022, que el
contrato de obra 110-14-03-05 de 2018 se encuentra suspendido desde el 27 de marzo de 2020
«inicialmente por la pandemia por COVID-19 y revisado el archivo contractual no se encontró la
aprobación del Ministerio de Salud ni la viabilidad por parte de secretaría de salud departamental
para este proyecto y su posterior funcionamiento, lo que debió cumplirse antes del inicio del proceso
de contratación de obra, por lo cual esta administración municipal, con el Hospital San Roque y
secretaría de salud departamental adelanta las acciones necesarias con el fin de conseguir esta
viabilidad y en cuanto no se cumpla con estos, no se dará reinicio a las actividades de obra».
35
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
Resolución 2053 de 2019 es ajena al estudio que se adelanta en esta actuación
judicial y, en todo caso, el alegato de defensa no desvirtúa la antijuridicidad de la
conducta por la cual resultó sancionado el señor Henry Devia Prado.
136. Ciertamente, el disciplinado conocía o al menos debía conocer la obligación
de contar con la aprobación del Ministerio de Salud o de la respectiva secretaría de
salud para llevar a cabo el proyecto de infraestructura, pues el secretario de obras
públicas del municipio lo advirtió en la revisión de los estudios previos y, además,
la secretaría de salud departamental, en septiembre de 2018, informó los requisitos
para elaborar correctamente el diseño arquitectónico del servicio de urgencias.
Pese a ello, aunque el contratista presentó prospectos ante esa autoridad en salud,
estos fueron devueltos por múltiples inconsistencias y, finalmente, no se
emprendieron acciones adicionales para subsanar la falencia que afectó el contrato
desde su origen y que persistía cuando se firmó el otrosí n.° 3.
137. Las exigencias de la Resolución 2053 de 2019, que venían desde la
Resolución 5042 de 1996, debían, entonces, ser conocidas por la administración
municipal; luego, no es de recibo que se achaque la inobservancia de las
disposiciones reglamentarias al interventor, cuando es evidente que el disciplinado
sabía de la necesidad de contar con el concepto técnico de viabilidad y no demostró
la ocurrencia de alguna causa objetiva que le hubiera impedido solicitarlo, previo a
la suscripción el otrosí n.º 3, que fue la conducta investigada, en la que valga
resaltar, no participó el interventor.
138. De otro lado, el oficio 1.220.01.152-461465 de 18 de marzo de 2019 que
mencionó el señor Henry Devia Prado, en verdad proviene de la secretaría
departamental de salud y señaló que el proyecto debía ser presentado por el
Hospital San Roque. Además, devolvió el proyecto y los planos radicados por el
contratista para la construcción de la sala de urgencias e informó los aspectos que
debían ser subsanados. Finalmente indicó que debía radicarse nuevamente el
proyecto con sus anexos, para que la secretaría de salud departamental expidiera
el respectivo «concepto técnico sectorial» y remitiera el proyecto al Ministerio de
Salud, con el fin de que efectuara el análisis y evaluación técnica de viabilidad.
139. El documento en comento no tiene la fuerza para acreditar la configuración
de alguna de las causales de exclusión de que trata el artículo 3140 del CGD, como
40 Artículo 31. Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. «No habrá lugar a
responsabilidad disciplinaria cuando la conducta se realice:
1. Por fuerza mayor.
2. En caso fortuito.
3. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el
sacrificado.
4. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.
5. Para salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de
la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad.
6. Por insuperable coacción ajena.
7. Por miedo insuperable.
8. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria. Si el
error fuere de hecho vencible, se sancionará la conducta a título de culpa, siempre que la falta admita
tal modalidad. De ser vencible el error de derecho, se impondrá, cuando sea procedente, la sanción
de destitución y las demás sanciones graduables se reducirán en la mitad. En los eventos de error
acerca de los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad disciplinaria, se
36
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
pretende la defensa, por la simple razón de que el concepto técnico era necesario
para desarrollar el proyecto de construcción pretendido y/o continuar con su
ejecución; así mismo, quien participó en la actividad contractual investigada fue el
alcalde, como representante legal del municipio. El Hospital San Roque,
independientemente de que hubiera o no radicado los documentos para obtener la
aludida aprobación técnica, no tenía a su cargo la contratación que se reprocha. Lo
realmente determinante en este caso era la efectiva anuencia de la autoridad
competente para realizar la obra de infraestructura y, como el alcalde de Pradera
era el director de la actividad contractual, a él le era exigible el deber de realizar
todas las acciones necesarias para obtener el respectivo concepto, antes de
adoptar cualquier decisión relacionada con la ejecución de la obra, como lo hizo al
suscribir el otrosí n.º 3.
140. Para la Sala, la infracción disciplinaria es sustancial, en la medida en la que
afectó el buen funcionamiento del Estado y el cumplimiento de sus fines. Cabe
recalcar que la función administrativa está «al servicio de los intereses generales»,
por mandato del artículo 209 constitucional, y ese postulado, como se vio, no fue
cumplido por el disciplinado, sin justificación válida.
141. Finalmente, se tiene que la falta pudo ser evitada si se hubieran observado
los requerimientos exigidos por la Resolución 2053 de 2019, sobre la expedición
del concepto técnico de viabilidad. Por lo anterior, aparece satisfecho el elemento
de ilicitud sustancial.
142. Culpabilidad. En los términos del artículo 10 del CGD, «en materia
disciplinaria solo se podrá imponer sanción por conductas realizadas con
culpabilidad. Las conductas solo son sancionables a título de dolo o culpa. Queda
proscrita toda forma de responsabilidad objetiva». Esta Corporación ha explicado,
al respecto:
[A]clara la Sala que las faltas disciplinarias pueden ser cometidas a título de dolo
o culpa, dentro del título de la culpa, encontramos otras subcategorías, así: Culpa
gravísima, que se presenta cuando el servidor público actúa con ignorancia
supina, desatención elemental, desconocimiento de reglas de obligatorio
cumplimiento; Culpa grave, cuando incurre en falta disciplinaria por inobservancia
del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus
actuaciones; Culpa leve, no está contemplada en el derecho disciplinario41.
143. En el pliego de cargos se atribuyó al disciplinado la comisión de la falta a
título de dolo; sin embargo, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento
2 determinó que no existían elementos para colegir que el disciplinado tenía la
intención de incumplir sus deberes legales y reglamentarios; más bien, se demostró
que desatendió sin razón jurídica los deberes a su cargo, pues no «realizó gestión
aplicarán, según el caso, los mismos efectos del error de hecho. Para estimar cumplida la conciencia
de la ilicitud basta que el disciplinable haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de
actualizar el conocimiento de lo ilícito de su conducta.
9. En situación de inimputabilidad. En tales eventos se informará a la dependencia administrativa
correspondiente.
No habrá lugar al reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto disciplinable hubiere
preordenado su comportamiento».
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 17 de junio de 2021, rad.
54001-23-33-000-2015-00054-14 (3321-17), M.P. César Palomino Cortés.
37
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
alguna destinada a que el contratista ajustara sus diseños para que se pudiera
cumplir con los requerimientos de la autoridad de salud respecto de las obras para
la construcción del servicio de urgencias en el Hospital San Roque».
144. Consideró, así, que la conducta fue realizada con culpa gravísima por
desatención elemental. Para ello explicó:
Culpa gravísima por desatención elemental, en la cual se incurre, por
ejemplo, cuando se prescinde de la previsión más elemental y de buen juicio;
por dejar de hacer o ejecutar aquello que le era evidente atender; por no tomar
las precauciones más elementales; o por actuar de manera ligera e irreflexiva,
entre otros elementos, tal como ocurrió en el presente asunto en el que,
pasando por alto el olvido en la etapa precontractual, en ejecución del contrato
110-14-03-05 de 2018 no se adoptaron acciones efectivas para que el
contratista ajustara sus diseños para que se pudiera cumplir con los
requerimientos de la autoridad de salud respecto de las obras para la
construcción del servicio de urgencias en el Hospital San Roque.
145. Ese aspecto no fue cuestionado en el recurso de apelación que se interpuso
contra el fallo de primera instancia, por lo que el ad-quem lo confirmó sin adentrarse
en análisis adicionales.
146. Pues bien, esta Sala coincide en que están dados los presupuestos de la
culpabilidad, en la medida en la que no se comprobó en el proceso disciplinario que
la conducta cometida por el señor Henry Devia Prado hubiera sido accidental,
involuntaria o justificada.
147. Así mismo, resulta acertado considerar el grado de culpa gravísima, porque
lo sucedido es resultado de una manifiesta violación de reglas de obligatorio
cumplimiento y de una nítida desatención elemental.
148. Al respecto, el artículo 29 del CGD, modificado por el artículo 4º de la Ley
2094 de 2021 establece:
La conducta es culposa cuando el sujeto disciplinable incurre en los hechos
constitutivos de falta disciplinaria, por la infracción al deber objetivo de cuidado
funcionalmente exigible y debió haberla previsto por ser previsible o habiéndola
previsto confió en poder evitarla.
La culpa sancionable podrá ser gravísima o grave.
La culpa leve no será sancionable en materia disciplinaria.
Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia
supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio
cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por
inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime
a sus actuaciones.
149. Sobre la culpa gravísima, esta Corporación42 ha señalado:
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 30 de septiembre de 2021,
rad. 27001-23-33-000-2013-00307-01(2118-15), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
38
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
Según la doctrina, los comportamientos de la culpa gravísima, se presentan
cuando «la primer de ellas (…) cuando quien debiendo conocer ignora y no
hace nada para salir de dicha ignorancia, implica que quien incurre en culpa
gravísima por ignorancia supina debe demostrar que su ignorancia proviene no
de la falta de actualización en su conocimiento, sino realmente en la
imposibilidad de salir de esta. La desatención elemental es la violación al
deber objetivo de cuidado por la negligencia absoluta respecto a los deberes,
es decir, cuando el servidor no hace lo que cualquier otra persona con su mismo
conocimiento y posición hiciese frente a esa misma situación. Es un supuesto
bajo el cual por total negligencia se deja conocer y con ello se ignoran los
supuestos que debían regir su comportamiento y se incurre en el
quebrantamiento que constituye falta. Finalmente, la violación a las reglas de
obligatorio cumplimiento se hace presente cuando el servidor tiene un deber
que se encuentra regulado por una norma imperativa, que puede ser de orden
legal, reglamentario e inclusive deontológico, y cuyo cumplimiento obvia»43.
150. La inobservancia del deber establecido en la Resolución 2053 de 2019, de
contar con un concepto técnico de viabilidad antes de adoptar cualquier decisión
relacionada con el desarrollo de la obra de infraestructura que es materia de
análisis, puede catalogarse como una desatención elemental, en el sentido en que
el señor Henry Devia Prado, a pesar de conocer esa exigencia, pactó el otrosí n.º
3 para ampliar el plazo del contrato de obra, que no debió iniciar por carecer del
respectivo concepto, e incluso en esa etapa de la ejecución obvió adoptar alguna
determinación o acción para subsanar la falencia, antes de proseguir con la
construcción.
151. El comportamiento negligente del disciplinado es la prueba, en sí misma, de
la culpa gravísima en la que incurrió, de modo que no se requería de otros
elementos para llegar a tal conclusión, como insinuó la defensa. Tal proceder, en
concepto de la Sala, igualmente puede catalogarse en el supuesto de violación
manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento, en la medida en la que se dejó de
acatar una exigencia reglamentaria que resultaba imperativa, y esa omisión
también se califica como una culpa gravísima en materia disciplinaria.
152. Correspondencia entre el pliego de cargos y los fallos disciplinarios.
En la actuación que se adelantó contra el señor Henry Devia Prado, la Procuraduría
le endilgó la falta gravísima contemplada en el artículo 48, numeral 31 de la Ley
734 de 2002 a título de culpa gravísima, con indicación clara de las normas
aplicables al asunto, los conceptos jurídicos pertinentes, la clase de falta cometida
y el análisis de culpabilidad. El órgano disciplinario acogió el estudio de imputación
formulado en el pliego de cargos y declaró la responsabilidad disciplinaria por la
falta atribuida. Si bien se efectuó una variación en el grado de culpabilidad
endilgado, este favoreció al sancionado y respondió a los hechos probados durante
la investigación.
153. Dosificación de la sanción. El artículo 44 de la Ley 734 de 2002
contemplaba, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima,
43 La falta disciplinaria: generalidades: modalidades de la conducta, tipicidad, ilicitud sustancial y
culpabilidad. Tipos en particular: las faltas gravísimas, graves y leves, 1ª Edición. Autor: Manuel
Eduardo Marín Santoyo.
39
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
la sanción de destitución e inhabilidad general. El artículo 46, por su parte, disponía
que la inhabilidad general sería de diez a veinte años y permanente cuando afectara
el patrimonio económico del Estado.
154. Como la Ley 1952 de 2019 entró a regir durante la actuación disciplinaria, el
órgano de primera instancia realizó un cuadro comparativo entre las sanciones de
la nueva y de la antigua ley disciplinaria, y advirtió que la posterior resultaba más
beneficiosa, por lo que debía aplicarse en virtud del principio de favorabilidad.
Consideró que coexistían tres criterios agravantes (el conocimiento de la ilicitud, la
pertenencia del servidor al nivel ejecutivo de la entidad y el grave daño social de la
conducta) y uno atenuante (ausencia de antecedentes disciplinarios), con base en
lo cual resolvió imponer la sanción de destitución e inhabilidad general de 9 años.
Aclaró que «para este despacho priman como agravantes el conocimiento de la
ilicitud de la conducta, el nivel jerárquico que el funcionario ostentaba al interior de
la entidad, y el grave daño social de la conducta, por tanto, bajo los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad el término inhabilidad general que acompaña a la
destitución es el descrito en precedencia». El operador de segunda instancia
confirmó la sanción y su dosificación.
155. La falta que se le atribuyó al señor Henry Devia Prado es gravísima, en el
grado de culpa gravísima como se explicó en acápite anterior; luego, la sanción de
destitución e inhabilidad que se impuso es correcta, a la luz de lo dispuesto en el
numeral 2º del artículo 48 del CGD, según el cual el disciplinado está sometido a la
sanción de «destitución e inhabilidad general de ocho (8) a diez (10) años para las
faltas gravísimas realizadas con culpa gravísima».
156. La Sala encuentra ajustado a derecho el tratamiento que se otorgó para la
dosificación de la sanción. En ese aspecto resultaba aplicable la Ley 1952 de 2019,
modificada por la Ley 2094 de 2021, porque entró a regir durante la actuación
disciplinaria, se aplicó desde la primera instancia y, en verdad, contempló un nuevo
régimen más favorable para el tipo y grado de falta cometido, de manera que su
observancia resultaba obligatoria.
157. Adicionalmente, la sanción se encuentra en el rango previsto por el artículo
48 del CGD y responde a los principios de proporcionalidad y razonabilidad,
conforme a lo establecido en el artículo 6º44 de ese mismo ordenamiento legal.
Además, tuvo en cuenta los criterios de agravación y de atenuación que resultaban
aplicables.
158. Por lo expuesto, la Sala encuentra que la pena de destitución e inhabilidad
general por 9 años se sujetó al ordenamiento jurídico.
159. Para la ejecución de la sanción deberá tenerse en cuenta lo establecido en
el parágrafo del artículo 48 del CGD, modificado por el artículo 9º de la Ley 2094
de 2021, en virtud del cual:
44Artículo 6. Proporcionalidad y razonabilidad de la sanción disciplinaria. «La imposición de la
sanción disciplinaria deberá responder a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. La
sanción disciplinaria debe corresponder a la clasificación de la falta y a su graduación de acuerdo
con los criterios que fija esta ley».
40
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
En el evento que el disciplinado haya cesado en sus funciones para el
momento de la ejecutoria del fallo o durante su ejecución, cuando no fuere
posible ejecutar la sanción, se convertirá el término de suspensión o el que
faltare, según el caso, en salarios básicos devengados para el momento de
la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad.
160. Adicionalmente, la Procuraduría deberá verificar si el señor Henry Devia
Prado se encuentra en ejercicio de un cargo público, con el fin de constatar si se
puede cumplir la sanción de destitución o, para efectos de la conversión de la
sanción impuesta, si a ello hubiere lugar.
161. Motivación y congruencia. Los fallos de primera y segunda instancia
aparecen debidamente motivados. Las conclusiones a las que arribaron, como se
pudo comprobar a lo largo de esta sentencia, se encuentran ajustadas a derecho,
y, además, son consonantes con las pruebas que se aportaron al proceso, así como
con la falta imputada. También se tuvieron en cuenta los argumentos de
justificación de la conducta que presentó el señor Henry Devia Prado, y los medios
acreditativos en los que soportó su defensa.
162. Los operadores de primera y segunda instancia estudiaron cada uno de los
argumentos presentados por el disciplinado. Explicaron el fundamento legal que
ampara la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y
sancionar a servidores públicos de elección popular; además, especificaron que el
deber de obtener el concepto técnico de viabilidad no podía ser trasladado al
interventor, al consultor externo o al Hospital San Roque, sino que le era exigible al
investigado como director de la actividad contractual, y aclararon que dicha
autorización no podía ser solicitada en cualquier tiempo.
163. Por lo demás, debe decirse que los fallos disciplinarios se fundaron en las
pruebas que se allegaron al plenario, en debida forma. Los medios probatorios que
resultaron determinantes para arribar a la decisión sancionatoria fueron: (i) los
estudios previos para la construcción del servicio de urgencias del Hospital San
Roque de febrero de 2018; (ii) el contrato de obra 110-14-03-05 de 17 de mayo de
2018; (iii) el oficio de 21 de septiembre de 2018, mediante el cual la Secretaría de
Salud del Valle del Cauca le informó al Hospital San Roque las condiciones que
debía reunir el servicio de urgencias que se proyectaba construir; (iv) el acta de
inicio de obra, de 19 de noviembre de 2018; (v) el primer proyecto con planos
arquitectónicos que radicó el contratista en diciembre de 2018, en la secretaría de
salud departamental; (vi) la devolución a ese proyecto, mediante oficio
1.220.01.152.461465 de 18 de marzo de 2019, en el que se indicaron los aspectos
que debían ser subsanados; (vii) el acta de justificación y el otrosí n.º 3 de 1º de
noviembre de 2019, a través del cual se amplió el plazo de ejecución del contrato;
(viii) el contrato de consultoría 110-14-01-03 de 4 de octubre de 2017; (ix) el
contrato de interventoría 110-14-02-03 de 21 de septiembre de 2018, y (x) el
informe técnico científico rendido por la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales de la Procuraduría General de la Nación, el 3 de agosto de 2022.
164. Como quedó establecido en el estudio de revisión, las pruebas que tuvo en
cuenta el ente disciplinario llevaron a concluir que no se gestionó en debida forma
41
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
ni se obtuvo el concepto técnico de viabilidad de parte de la autoridad en salud
respectiva; sin embargo, se inició la construcción de la obra de infraestructura y se
adoptaron decisiones para continuar con su ejecución. La Sala no encuentra que a
partir de los elementos probatorios pueda arribarse a una decisión diferente, en
beneficio del sancionado, por lo que respalda el estudio valorativo efectuado.
F. CONCLUSIONES
165. La revisión integral del proceso disciplinario que adelantó la Procuraduría
General de la Nación reveló que tanto la actuación procesal como las decisiones
adoptadas se encuentran ajustadas a la Constitución y al ordenamiento legal y
reglamentario.
166. Las etapas de la investigación se llevaron a cabo con respeto de las
garantías procesales del investigado, en la medida en la que se impartió el trámite
previsto en el régimen jurídico aplicable, los operadores tenían competencia para
adelantar la actuación y adoptar decisión de mérito, y se garantizaron los derechos
de defensa y contradicción.
167. Sumado a lo anterior, los fallos de primera y segunda instancia se muestran
razonables respecto a la identificación de la falta, el grado de culpabilidad y la
dosificación de la sanción, conforme a las normas que rigen esas materias,
además, están debidamente motivados y son congruentes con el análisis probatorio
y el debate jurídico que se suscitó.
168. Adicionalmente, no se observan irregularidades que den cuenta de la
configuración de nulidades durante la actuación disciplinaria o en las decisiones
adoptadas; más bien, se aprecia que se observaron las garantías constitucionales
y legales para que el disciplinado interviniera en el proceso y ejerciera sus derechos
con el fin de justificar su actuación y defenderse del cargo que le fue imputado.
169. Con base en lo expuesto, se confirmará la sanción disciplinaria de
destitución e inhabilidad general por el término de 9 años, impuesta al señor Henry
Devia Prado. Se ordenará comunicar esta decisión a la Procuraduría General de la
Nación, para que proceda a registrar la sanción, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 23845 de la Ley 1952 de 2019.
45 Artículo 238. Registro de sanciones. «Las sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades
que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal,
de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas en ejercicio de la acción
de repetición o llamamiento en garantía con fines de repetición y de las provenientes del ejercicio
de profesiones liberales, deberán ser registradas en la División de Registro y Control y
Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, para efectos de la expedición del
certificado de antecedentes.
El funcionario competente para adoptar la decisión a que se refiere el inciso anterior o para levantar
la inhabilidad de que trata el parágrafo 1 del artículo 42 de este código, deberá comunicar su
contenido al Procurador General de la Nación en el formato diseñado para el efecto, una vez quede
en firme la providencia o acto administrativo correspondiente.
La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades
que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia
de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro».
42
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04186-00 (6511)
Recurrente: Henry Devia Prado
170. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Uno Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR ajustados al ordenamiento jurídico los fallos de 26 de julio
de 2024, proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, y
de 8 de mayo de 2025, proferido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación,
en el proceso disciplinario con radicado IUS-E-2021-051341/IUC-D-2021-1739340,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría General de la Nación,
para efectos del registro de que trata el artículo 238 de la Ley 1952 de 2019.
TERCERO. Por Secretaría General de esta Corporación, INFORMAR al señor
Henry Devia Prado que contra la presente decisión procede el recurso de doble
conformidad, que deberá interponerse y sustentarse dentro de los diez días
siguientes a la notificación de la providencia, según lo dispuesto en el artículo 247
del CPACA.
Se deja constancia de que esta providencia se suscribe en forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el
enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
Notifíquese y cúmplase
Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILSON RAMOS GIRÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Salvamento de voto
VF
43
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.