RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04191-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04191-00

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04191-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación propuesta por el Congreso de la República. SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Fabio Augusto Estupiñán Pantaleón. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04191-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

31 de julio de 2025

Demandante: Fabio Augusto Estupiñán Pantaleón
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04191-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04191-00
Demandante: FABIO AUGUSTO ESTUPIÑÁN PANTALEÓN
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Tutela contra la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional).
Requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en ejercicio de
la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Fabio Augusto Estupiñán Pantaleón, en nombre propio, presentó acción
de tutela1 contra la Presidencia de la República, el Congreso de la República, el
Ministerio del Trabajo y la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías
Protección S.A.2, al considerar vulnerados sus garantías fundamentales a la
seguridad social, al mínimo vital y móvil, al libre desarrollo del proyecto de vida, «a
los derechos adquiridos», a la dignidad de la vejez y al debido proceso, con
ocasión a la expedición de la Ley 2381 de 20243, por cuanto no le brinda
condiciones dignas para obtener su pensión, ni le permite el retiro total de sus
ahorros acumulados.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el actor elevó las siguientes súplicas:

PRIMERO: Que se disponga TUTELAR a favor del suscrito FABIO AUGUSTO
ESTUPIÑAN PANTALEON, los Garantías Fundamentales vulneradas por los
accionados, NACION- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, representada
legalmente por el Dr. GUSTAVO PETRO URREGO, Palacio de Nariño, Bogotá D.
C., la NACION- CONGRESO DE LA REPUBLICA representada legalmente por el

1
El 7 de julio de 2025.
2
En adelante, se identificará como el Fondo de Pensiones Protección S.A.
3
«Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez
y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones».
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fabio Augusto Estupiñán Pantaleón
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04191-00

Honorable Dr. JAIME RAUL SALAMANCA TORRES - NACION-MINISTERIO DEL
TRABAJO, representada legalmente por el Dr. ANTONIO SANGUINO PAEZ, Y
FONDO DE PENSIONES PROTECCION S.A., representada legalmente por el Dr.
JUAN DAVID CORREA SOLORZANO, que se señaló a continuación:

1.- Capitulo II Derechos Civiles y políticos Artículo 3º, de las Garantías Judiciales –
Artículo 8º-1., Artículo 9º Principio de legalidad y de Retroactividad, Artículo 11º,
Protección a la Dignidad, Artículo 17º - 1. Protección a la Familia, Artículo 24º
Igualdad ante la ley, Artículo 25º -1. y 2. Protección Judicial. Capitulo III Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 26º Desarrollo progresivo, Capitulo IV
Suspensión de Garantías, Interpretación y Aplicación, Artículo 29º, Normas de
Interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 que
justifica una protección internacional de naturaleza convencional coadyuvante o
complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos.

2.- De la Constitución Política: Preámbulo, Artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 13º, 14º, 16º,
23º, 25º, 29º, 53º, y 209º de la Constitución Política.
3.- Derecho a la remuneración mínima vital y móvil – artículo 53 C. P. concordante
artículo 25 C. P.
4.- Derecho a la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales – artículo 53 C. P. concordante artículo 25 C. P.
5.- Derecho a la aplicación e interpretación de la norma más favorable al trabajador
en caso de duda. Artículo 53 C. P. concordante artículo 25 C. P. 6.- Artículos 44, 47,
48, 50 y 59 del Código Contencioso Administrativo.
7.- Artículo 143 de la ley 100 de 1993;
8.- Artículo 42 del decreto 692 de 1994.

SEGUNDO: Que en consecuencia se ORDENE a la NACION -PRESIDENCIA DE
LA REPUBLICA, representada legalmente por el Dr. GUSTAVO PETRO URREGO,
Palacio de Nariño, Bogotá- D.C., NACION - CONGRESO DE LA REPUBLICA
representada legalmente por el Honorable Dr. JAIME RAUL SALAMANCA TORRES
ubicado en la Carrera 7 No. 8- 68 de Bogotá- D. C.- NACION-MINISTERIO DEL
TRABAJO, representada legalmente por el Dr. ANTONIO SANGUINO PAEZ,
ubicado en la Carrera 7 N° 32-63 de Bogotá, D.C., Y FONDO DE PENSIONES
PROTECCION S.A., representada legalmente por el Dr. JUAN DAVID CORREA
SOLORZANO, ubicado en la Calle 13 No. 65- 21 de Bogotá, D. E., en un término de
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la decisión, cese o
se ordene la suspensión de los efectos de la Ley 2381 de 2024 en tal caso o en
virtud de su vigencia de la reforma pensional, atentatorios de mis derechos
fundamentales por ser contrarios a los preceptos fundamentales constitucionales y
al principio irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales artículo 53 C. P. concordante artículo 25 C. P. a la remuneración mínima
vital y móvil – artículo 53 C. P. concordante artículo 25 C. P., garantizando el
respeto a mis derechos adquiridos fundamentados en las Sentencias T-426/92,
T032/99, T-1036/06, C-258 de 2013, y fundamentado en el artículo 4 de la
Constitución Política que establece. “La Constitución es norma de normas. En todo
caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones Constitucionales”.

TERCERO: Que igualmente se ORDENE a la NACION -PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA, representada legalmente por el Dr. GUSTAVO PETRO URREGO,
Palacio de Nariño, Bogotá- D.C., NACION-CONGRESO DE LA REPUBLICA
CAMARA DE REPRESENTANTES representada legalmente por el Honorable Dr.
JAIME RAUL SALAMANCA TORRES ubicado en la Carrera 7 No. 8- 68 de Bogotá-
D. C.- NACION-MINISTERIO DEL TRABAJO, representada legalmente por el Dr.
ANTONIO SANGUINO PAEZ, ubicado en la Carrera 7 N° 32-63 de Bogotá, D.C., Y
FONDO DE PENSIONES PROTECCION S.A., representada legalmente por el Dr.
JUAN DAVID CORREA SOLORZANO, ubicado en la Calle 13 No. 65- 21 de Bogotá,
D. E., de abstenerse de modificar la naturaleza de mi ahorro, y se garantice la
opción de retiro total (Devolución de saldo) en cumplimiento de edad bajo los
términos del régimen vigente.4

4
Trascripción literal del original con posibles errores.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fabio Augusto Estupiñán Pantaleón
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04191-00

1.3. Hechos

En el escrito de la tutela se hizo mención a los siguientes supuestos fácticos:

El señor Estupiñán Pantaleón puso de presente que está afiliado al fondo privado
de pensiones conocido como Protección S.A., en el régimen de ahorro individual
con solidaridad (RAIS), donde acumuló 812 semanas de cotización producto de
aportes efectuados durante su vida.

Relató que el 15 de junio de 2025 cumplió 61 años, razón por la cual aún no
cumple los requisitos legales para acceder a una pensión de vejez bajo el régimen
actual administrado por el fondo privado antes mencionado, dado que el umbral
mínimo exigido es de 62 años.

Indicó que el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República el
proyecto de ley de reforma pensional, lo que dio lugar a la expedición de la Ley
2381 de 2024, la cual fue reglamentada por el Decreto 0514 de 20245, norma cuyo
control de constitucionalidad se encuentra actualmente en curso ante la Corte
Constitucional.

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio del actor, la reforma pensional regulada en la Ley 2381 de 2024 atenta
contra sus derechos fundamentales invocados, en especial el del mínimo vital y
aquellas prerrogativas previstas en el artículo 53 de la Constitución, toda vez que
los afiliados al régimen de ahorro individual que no cumplan los requisitos
exigidos para adquirir la pensión antes de la entrada en vigencia de dicha norma
serán trasladados automáticamente a Colpensiones6, lo que sucederá en su caso
debido a que pertenece a la modalidad semicontributiva dentro del sistema
pensional y le impedirá el retiro total de sus ahorros.

En ese sentido, señaló que la modificación estructural implicaría una transgresión
directa, concreta y cierta a sus garantías constitucionales, por cuanto transforma
el destino de sus aportes sin que haya tenido la oportunidad de solicitarlos bajo el
régimen anterior, es decir que establece condiciones regresivas y discriminatorias
que afectan su expectativa legítima de recibir una pensión o la devolución de las
cotizaciones para su jubilación.

El accionante hizo referencia a que se encuentra en condición de vulnerabilidad
económica y, ante la imposibilidad de acceder libremente al dinero que tiene en el
fondo pensional, se configura un perjuicio irremediable que justifica la intervención
del juez constitucional, así como que se acceda a sus pretensiones de manera
transitoria, sin que sea acertado exigirle que agote otros medios de defensa
judicial.

5
En este decreto se reglamenta y compilan las normas del Sistema de Protección Social Integral
para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, contemplado en la Ley 2381 de 2024 y se
dictan otras disposiciones.
6
La Administradora Colombiana de Pensiones.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fabio Augusto Estupiñán Pantaleón
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04191-00

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 10 de julio de 2025, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar esta decisión al actor y como demandados al presidente de la República y
al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia, al
presidente del Congreso de la República, al ministro del Trabajo y al representante
legal del Fondo de Pensiones Protección S.A.

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Congreso de la República

• En el informe rendido por la jefe de la División Jurídica del Senado se hizo
mención a que la acción de tutela es improcedente para inaplicar disposiciones de
carácter general, abstracto y obligatorio expedidas según los procedimientos
democráticos previstos en la Constitución, máxime si se tiene en cuenta que el
control de constitucionalidad de las leyes corresponde exclusivamente a la Corte
Constitucional.

Además, destacó que no es posible atribuir a esa corporación una conducta
susceptible de ser reprochada, toda vez que la expedición de una ley en ejercicio
legítimo de la función legislativa no constituye, per se, la transgresión de los
derechos fundamentales del accionante, pues su participación se limitó a cumplir
las competencias que le fueron asignadas, razón por la cual solicitó su
desvinculación del presente asunto por carecer de legitimación en la causa por
pasiva.

• Luego, intervino el secretario general del Senado, quien trajo a colación que la
Ley 2381 de 2024 se encuentra actualmente bajo revisión por parte de la Corte
Constitucional, trámite en el que se emitió el Comunicado 27 de 17 de junio de
2025, por medio del cual se devolvió a la Presidencia de la Cámara de
Representantes esta norma para que se subsanara el vicio de procedimiento
identificado, lo que ya se realizó, por lo que se remitió nuevamente el texto
normativo a dicha alta Corte para que continúe con el trámite correspondiente.

1.5.2. Ministerio del Trabajo

En la contestación presentada por el asesor de la Oficina Asesora Jurídica de la
cartera ministerial se puso de presente que este mecanismo no constituye un
instrumento para involucrarse en asuntos que le corresponden definir a otras
jurisdicciones, en la medida que la vía para atacar un acto de contenido general,
como lo es la Ley 2381 de 2024, es el control abstracto de constitucionalidad en
ejercicio de la acción pública de inexequibilidad, la cual es tramitada por la Corte
Constitucional.

1.5.3. Fondo de Pensiones Protección S.A.

El representante legal de esta sociedad consideró que la solicitud de tutela no
cumple el presupuesto de la subsidiariedad, por cuanto el demandante no acreditó
la configuración de un perjuicio irremediable que permita inferir que esta acción es
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fabio Augusto Estupiñán Pantaleón
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04191-00

procedente como mecanismo transitorio para conceder el amparo de los derechos
fundamentales invocados.

En lo concerniente a la Ley 2381 de 2024 puntualizó que, si bien ya se surtió el
trámite en el Congreso de la Republica para que pueda ser aplicada y cuenta con
la firma presidencial, la Corte Constitucional actualmente se encuentra validando
la constitucionalidad de la misma y suspendió su entrada en vigencia mediante el
auto 841 de 2025. De modo que, hoy en día la norma que rige es la Ley 100 de
1993.

1.5.4. Presidencia de la República

La apoderada judicial de esta entidad solicitó declarar improcedente la acción de
tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad, en atención a que el señor
Estupiñán Pantaleón cuenta con un medio idóneo y eficaz para controvertir la Ley
2381 de 2024, como lo es la acción pública de inconstitucionalidad prevista en el
artículo 241 de la Constitución, sin que sea procedente recurrir este mecanismo
para dejar sin efectos una norma de carácter general.

Mencionó que ante la Corte Constitucional se presentaron dos demandas de
inconstitucionalidad tramitadas en los expedientes D-16137 y D-16142, las cuales
se dirigen a cuestionar la validez de la Ley 2381 de 2024, con sustento en
presuntos vicios materiales y procedimentales ocurridos durante su trámite
legislativo. Además, por este mismo tema se adelanta el proceso con radicado D-
15.989, en el cual ya se presentó un proyecto de fallo.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 20157, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

El Congreso de la República solicitó su desvinculación del presente trámite al
considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva. No obstante, tal
petición será denegada por cuanto su vinculación obedeció a que fue identificado
dentro de las entidades demandadas en la acción de tutela, así que más allá de la
responsabilidad o no que le asista era necesario que pudiera ejercer su derecho
de defensa y contradicción.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la acción de tutela es procedente para
controvertir la Ley 2381 de 2024, por medio de la cual se estructura el nuevo
Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen
común y, de superarse lo anterior, deberá verificar si se vulneraron los derechos

7
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fabio Augusto Estupiñán Pantaleón
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04191-00

fundamentales invocados por el señor Estupiñán Pantaleón con la expedición de
esta norma.

Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela y el ii) caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución prevé el precepto constitucional, según el cual,
toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6º ibidem., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.

2.5. Caso concreto

El señor Estupiñán Pantaleón le atribuyó la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales invocados a la expedición de la Ley 2381 de 20248, por cuanto la
reforma pensional transforma el destino de los aportes que realizó en el régimen
de ahorro individual bajo unas condiciones regresivas y discriminatorias que
afectan su expectativa legítima a recibir una pensión de vejez o la devolución de
las cotizaciones que realizó en el Fondo de Pensiones Protección S.A, y, por lo
tanto, solicitó que se ordene su suspensión.

De entrada, la Sala advierte que no es posible inmiscuirse en el debate planteado
por el actor, dado que la tutela no es el mecanismo establecido para ventilar las
controversias que se originen en contra de las leyes –normas de carácter general
y abstracto–, pues para ello se creó la acción pública de inconstitucionalidad, cuyo
trámite está a cargo de la Corte Constitucional, según lo previsto en el numeral 4º
del artículo 2419 de la Constitución y el Decreto 2067 de 1991.10 Al respecto, la
aludida corporación señaló:

El sistema constitucional colombiano consagra como principal mecanismo para el
ejercicio del control de constitucionalidad abstracto la acción de inconstitucionalidad,
que otorga a todo ciudadano en ejercicio la facultad de acusar ante el máximo
órgano de la jurisdicción constitucional, normas de inferior jerarquía que se estiman

8
«Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez
y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones».
9
«ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía
de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las
siguientes funciones:
(...) 4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las
leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación».
10
«Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse
ante la [C]orte [C]onstitucional».
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fabio Augusto Estupiñán Pantaleón
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04191-00

contrarias al ordenamiento superior, a fin de que sean declarados inexequibles
mediante una providencia que hace tránsito a cosa juzgada constitucional.11

En ese orden de ideas, en el asunto que ocupa a la Sala no se cumple el requisito
de subsidiariedad12, según el cual, «[e]sta acción sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable», precepto
reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.13

La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de
manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas
no son idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible acudir a esta acción constitucional. En cuanto a este tema, la Corte
Constitucional precisó:

(...) [L]a acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a
objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del
ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias
en que, por carencia de previsiones normativas específicas, el afectado queda
sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u omisiones
de quien lesiona su derecho fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86
de la Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial
apto para la defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable entendido
éste último como aquél que tan sólo puede resarcirse en su integridad mediante el
pago de una indemnización (artículo 6º del Decreto 2591 de 1991).

Así, pues, la tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es
un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado,
para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la
excepción dicha- la acción ordinaria.14

De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe
hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos
legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.

En otras palabras, este mecanismo constitucional no es procedente para acceder
a las pretensiones elevadas por el señor Estupiñán Pantaleón, pues existe un
trámite propio para cuestionar la validez de una ley cuando se considera que
puede vulnerar la Constitución, como lo es la acción pública de

11
Corte Constitucional, sentencia C-932 de 2004.
12
Presupuesto de procedibilidad previsto en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución.
13
«ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante».
14
Corte Constitucional, sentencia C-132 de 2018. Destacado del texto original.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fabio Augusto Estupiñán Pantaleón
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04191-00

inconstitucionalidad, el cual es el escenario idóneo con el que cuenta el
accionante para que se analicen sus planteamientos y, de este modo, se estudie
la posibilidad de suspender la norma controvertida del ordenamiento jurídico.

Lo mismo sucede con la pretensión formulada por el señor Estupiñán Pantaleón
relativa a que se ordene a las entidades accionadas «(...) abstenerse de modificar
la naturaleza de [su] ahorro, y se garantice la opción de retiro total (Devolución de
saldo) en cumplimiento de edad bajo los términos del régimen vigente (...)»15,
pues esta solicitud escapa de la órbita funcional del juez de tutela e, incluso,
puede transgredir el derecho fundamental a la igualdad de los demás ciudadanos
que estén en una situación semejante a la del accionante.

Ahora bien, el actor hizo alusión a que procedía la acción de tutela como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable,
debido a que en el momento atraviesa una difícil situación económica y la reforma
pensional prevé condiciones que afectan principalmente su derecho fundamental
al mínimo vital, pues con la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024 se le
impide retirar sus ahorros en caso de no cumplir los requisitos exigidos para
adquirir el derecho a la pensión de vejez.

En lo concerniente a la existencia de un perjuicio irremediable es oportuno indicar
que la Corte Constitucional lo definió como «el riesgo de consumación de un daño
o afectación cierta, negativa, jurídica o fáctica, a los derechos fundamentales, que
debe ser invocada por el juez constitucional, dada la alta probabilidad de su
ocurrencia»16 y, en ese sentido, señaló lo siguiente para determinar su existencia:

(i) [E]l perjuicio debe ser inminente, es decir, no basta con que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que
se cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidad
sobre la persona afectada; (iii) las medidas que se requieran para evitar la
configuración sean urgentes; y (iv) la acción es impostergable, es decir, en caso de
aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna.17

Bajo esta óptica, la Sala advierte que en el asunto analizado no se evidencia la
necesidad de prevenir algún daño real y actual que amerite flexibilizar el requisito
de la subsidiariedad, teniendo en cuenta que aun cuando la Ley 2381 de 2024 fue
sancionada el 16 de julio de 2024 y su entrada en vigencia estaba prevista para el
1º de julio de 2025, la Corte Constitucional ordenó suspender provisionalmente su
aplicación mientras se resuelve si el trámite legislativo cumplió con los requisitos
constitucionales.

Esto quiere decir que, hoy en día, no se pueden aplicar la mayoría de los
artículos18 contenidos en la ley objeto de reproche por el tutelante hasta que la
mencionada alta Corte profiera un fallo definitivo y, por lo tanto, el Sistema
General de Pensiones continúa regulado por la norma anterior, es decir, la Ley

15
Trascripción literal del original con posibles errores.
16
Corte Constitucional, sentencia T-190 de 2020, postura reiterada en la sentencia T-003 de 2022,
la cual se trae a colación como un criterio auxiliar de interpretación.
17
Corte Constitucional, sentencias SU-508 de 2020, T-190 de 2020 y T-235 de 2018.
18
Cabe aclarar que los únicos artículos que no se suspendieron fueron el 12 (parágrafo transitorio)
y 76, los cuales tratan sobre la selección de administradoras del componente complementario de
ahorro individual y la ventana de oportunidad para traslados entre regímenes pensionales,
respectivamente.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Fabio Augusto Estupiñán Pantaleón
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04191-00

100 de 1993.19

Así que, en este momento, no se tiene certeza de si la Ley 2381 de 2024 entrará
a regir en Colombia, toda vez que puede ser declarada inexequible por la Corte
Constitucional o tener modificaciones determinadas por esa corporación, razón
por la que el presunto perjuicio irremediable aludido por el señor Estupiñán
Pantaleón se sustenta en un hecho incierto. En consecuencia, se declarará la
improcedencia de la solicitud de tutela por no cumplir el requisito de
subsidiariedad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación propuesta por el Congreso de
la República.

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Fabio Augusto Estupiñán Pantaleón.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

19
« Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.