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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04196-00

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04196-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 16 La presente acción de tutela fue radicada el 8 de julio de 2025. Ver índice 001 del expediente Samai. 9 Radicación: 11001-03-15-000-2025-04196-00 Accionantes: María Elena Zuluaga Gómez y otro SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela frente al señor Andrés Felipe Yepes Zuluaga, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04196-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

8 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04196-00
Accionantes: MARÍA ELENA ZULUAGA GÓMEZ Y OTRO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN A
Temas: Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir
con el requisito general de legitimación en la causa por activa. Se declara
la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la mora judicial
alegada por la parte accionante.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la parte accionante contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora María Elena Zuluaga Gómez, quien actúa en nombre propio y en
representación de su hijo Andrés Felipe Yepes Zuluaga, solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad y al debido proceso,
cuya vulneración le atribuyó a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, por la presunta mora judicial en la resolución del recurso de apelación
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación núm. 05001-23-33-000-2016-00103-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que interpuso la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
núm. 05001-23-33-000-2016-00103-00/01 contra la Administradora Colombiana
de Pensiones - COLPENSIONES y la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN, para que se declarara la nulidad de las Resoluciones núms.
339795 de 4 de diciembre de 2013, GNR 301189 de 28 de agosto de 2014, GNR
3869 de 8 de enero de 2015, GNR 146424 de 19 de mayo de 2015 y VPB 56486
de 12 de agosto de 2015.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04196-00
Accionantes: María Elena Zuluaga Gómez y otro

2.2. Expuso que el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 10 de
agosto de 2022, resolvió negar las pretensiones de la demanda.

2.3. Refirió
que contra dicha decisión se interpuso recurso de apelación,
correspondiéndole su conocimiento a la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

2.4. Señaló que “[…] Al recurso de alzada se le asignó el radicado 05001-23-33-
000-2016-00103-01, y fue repartido al accionado desde el 7 de febrero de 2023,
sin que se haya realizado actuación alguna desde esa fecha […]”.

2.5. Indicó que “[…] Soy una persona de la tercera edad (76 años), que debido a mi
avanzada edad, actualmente padezco las siguientes enfermedades […] debo
velar y suplir todas las necesidades básicas y personales de mi hijo discapacitado
ANDRES FELIPE YEPES ZULUAGA, quien nació con hidrocefalia con derivación
ventriculoperitoneal, con inconsistencia fecal y urinaria desde los 12 años, quien
depende única y exclusivamente de la suscrita […] El único ingreso del cual
subsiste mi núcleo familiar, es mi pensión de vejez […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Solicito Honorables Magistrados, que una vez corroborados los hechos
anteriores y establecida la violación de nuestros derechos fundamentales a la
dignidad humana, igualdad, debido proceso, persona de la tercera edad y
personas con discapacidad física, se dicten las siguientes declaraciones:

1.- Se declare que el CONSEJO DE ESTADO SECCION SEGUNDA
BOGOTÁ D.C. (sic), M.P. LUIS EDUARDO MESA NIEVES, por omisión están
vulnerando a la suscrita MARIA ELENA ZULUAGA GOMEZ y a mi hijo
discapacitado ANDRES FELIPE YEPES ZULUAGA, nuestros derechos
fundamentales a la dignidad humana, igualdad, debido proceso, persona de
la tercera edad y personas con discapacidad física.

2.- Como consecuencia de lo anterior, dentro del término perentorio que Usted
determine, le ordene al accionado, ingresar el proceso con radicado 05001-
23-33-000-2016-00103-01 a despacho para fallo, y establecer el término
prudencial para dictar sentencia de segunda instancia, para lo cual solicitar al
accionado, aplicar la norma más beneficiosa para la demandante, que sería
la ley 71 de 1988 y su decreto reglamentario 1160 de 1989, y como
consecuencia, ordenar la reliquidación de la pensión de la demandante con el
último año que ella devengó […]”. [Mayúscula original del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 14 de julio de 2025, el Despacho sustanciador admitió la
presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de tercero con
interés directo en el resultado del proceso a la Administradora Colombiana de
Pensiones - COLPENSIONES, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04196-00
Accionantes: María Elena Zuluaga Gómez y otro

• DIAN, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Tribunal
Administrativo de Antioquia.
V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas, se
allegaron los siguientes informes:

5.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó
declarar la improcedencia de la solicitud de tutela o, en su defecto, negarla, por
considerar que “[…] si bien no se desconoce el tiempo transcurrido, ello se encuentra
justificado, no solo por la congestión judicial que no es ajena al despacho, sino por
cuanto existe un orden de estudio de los procesos que puede obedecer al criterio de
antigüedad -según la fecha de ingreso al Despacho- o al criterio temático, según se
disponga como medida de gestión judicial efectiva. Aunado a lo anterior, se reitera
que ya fue radicada ponencia de segunda instancia para discusión en próxima sala
de fecha 24 de julio de 2025 […]”.

5.2. La Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES solicitó
negar la acción de tutela, toda vez que no ha vulnerado los derechos
fundamentales de la parte accionante.

5.3. La
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN solicitó su
desvinculación por considerar que “[…] la Entidad no motivo (sic) ni decidió los actos
administrativos demandados proferidas (sic) por COLPENSIONES - autoridad
competente en materia pensional […]”.

5.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitó su
desvinculación, por cuanto “[…] las pretensiones de la demanda tutelar son ajenas
a la entidad y se relacionan con un proceso en el cual esta entidad, en ejercicio de
su facultad discrecional, no ha intervenido […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04196-00
Accionantes: María Elena Zuluaga Gómez y otro

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20065, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

9. En el caso objeto de estudio, se observa que la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales - DIAN integró la parte demandada dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación núm. 05001-23-
33-000-2016-00103-00/01 y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
intervino en dicho proceso. Por lo tanto, la Sala considera que les asiste el interés
jurídico para ser vinculadas a esta acción constitucional.

10. Por lo anterior, se negarán las solicitudes de desvinculación elevadas, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá determinar:

b) Si se configuró una carencia actual de objeto por hecho superado.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) los presupuestos para que se configure la mora judicial

5
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04196-00
Accionantes: María Elena Zuluaga Gómez y otro

en el interior de los procesos judiciales; para posteriormente (ii) resolver el caso
concreto.

VI.4. El caso concreto

13. La señora María Elena Zuluaga Gómez, quien actúa en nombre propio y en
representación de su hijo Andrés Felipe Yepes Zuluaga, solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad y al debido proceso,
cuya vulneración le atribuyó a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, por la presunta mora judicial en la resolución del recurso de apelación
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación núm. 05001-23-33-000-2016-00103-00/01.

14. La Sala estudiará el cumplimiento del requisito de legitimación en la causa por
activa frente al señor Andrés Felipe Yepes Zuluaga y la configuración de una
carencia actual de objeto por hecho superado.

VI.4.1. La falta de legitimación en la causa por activa del señor Andrés Felipe
Yepes Zuluaga

15. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su
disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares
encargados de la prestación de un servicio público.

16. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 1991, que se refiere a la
legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:

“[…] LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno
de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.

17. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i) cuando
la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es
promovida por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de
amparo es interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa
en calidad de agente oficio del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del
agenciado de actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida
por el Defensor del Pueblo o los personeros municipales.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04196-00
Accionantes: María Elena Zuluaga Gómez y otro

18. También ha precisado la Corte Constitucional el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:

“[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad
subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha
calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe
entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona.
Adicionalmente, la legitimación en la causa como requisito de
procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre la
vulneración de los derechos del demandante, y la acción u omisión de
la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se
torna improcedente […]”6. [Negrilla fuera del texto]

19. En la presente oportunidad, la señora María Elena Zuluaga Gómez manifiesta
actuar en nombre propio y en representación de su hijo Andrés Felipe Yepes
Zuluaga.

20. Revisado el expediente del medio de control cuestionado, se observa que los
sujetos procesales son (i) la señora María Elena Zuluaga Gómez [demandante], y
(ii) la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES; y (iii) la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN [demandada]; por lo que,
en principio, los legitimados para interponer esta acción serían los mencionados
sujetos procesales.

21. Esta Sección ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que, en principio, sólo
los sujetos procesales se encuentran legitimados para controvertir, a través de la
acción de tutela, las decisiones o actuaciones que se realizan en el curso de un
proceso judicial78.

22. De lo anterior, se puede concluir que el señor Andrés Felipe Yepes Zuluaga al
no tener la calidad de parte dentro del medio de control no tendría la legitimación
para interponer esta acción constitucional contra la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

6
Corte Constitucional. Sentencia T – 568 de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo
7
Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-04321-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 7 de
septiembre de 2023.
8
Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-05226-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 2 de
noviembre de 2023.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04196-00
Accionantes: María Elena Zuluaga Gómez y otro

VI.4.2. De la carencia actual de objeto por hecho superado en el sub examine

23. La Corte Constitucional, en sentencia T-054 de 14 de febrero de 20209, sostuvo
que “[…] la carencia actual de objeto por hecho superado tiene lugar cuando, entre
la interposición de la acción de tutela y la decisión del juez constitucional10,
desaparece la afectación al derecho fundamental alegada y se satisfacen las
pretensiones del accionante11, debido a “una conducta desplegada por el agente
transgresor”12 […]”.

24. Lo anterior, en razón a que el fin último de la acción de tutela, conforme con el
artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley 2591 de 1991
y la doctrina constitucional, es lograr la protección efectiva y cierta de los derechos
fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una
autoridad pública o privada. Sin embargo, en el evento que la situación que origina
la violación o amenaza sea superada la tutela pierde su objeto y razón de ser13.

25. En ese sentido, cuando se encuentra demostrada tal situación, el juez de tutela
no está obligado a pronunciarse de fondo14, sino que en esos casos le
corresponde declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez
que de realizar lo contrario sus decisiones y/u órdenes carecerían de sentido, ante
“[…] la superación de los hechos que dieron lugar al recurso de amparo o ante la
satisfacción de las pretensiones del actor […]”15.

26. Descendiendo al caso concreto, se tiene que la parte accionante solicitó la
protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad y
al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por la presunta mora judicial en la resolución del
recurso de apelación dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación núm. 05001-23-33-000-2016-00103-00/01.

27. Como fundamento de la solicitud de amparo, la señora María Elena Zuluaga
Gómez manifestó que “[…] Al recurso de alzada se le asignó el radicado 05001-
23-33-000-2016-00103-01, y fue repartido al accionado desde el 7 de febrero de
2023, sin que se haya realizado actuación alguna desde esa fecha […]”.

9
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Sentencia T-054 de 14 de febrero de 2020, Exp. T-7629444, M.P. Carlos
Bernal Pulido.
10
Corte Constitucional, sentencias T-238 de 2017 y T-047 de 2016. Asimismo, ver, Corte Constitucional, Sentencia T-358
de 2014.
11
Corte Constitucional. Sentencia SU-540 de 2007: “el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según
sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que ‘carece’ de objeto el
pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio
de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela”.
12
Corte Constitucional, sentencias T-238 de 2017 y T-011 de 2016.
13
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia de unificación 771 de 16 de octubre de 2014. Exp. T-2894421, M. P. Martha
Victoria Sáchica Méndez.
14
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-011 de 22 de enero de 2016, M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
15
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de unificación 771 de 16 de octubre de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica
Méndez.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04196-00
Accionantes: María Elena Zuluaga Gómez y otro

28. De lo anterior, se destaca que la presunta vulneración de los derechos de la
accionante se origina en la aparente mora judicial en la resolución del recurso de
apelación dentro del respectivo medio de control.

29. La Sala observa que en el trámite16 de la presente acción constitucional la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado informó que “[…] El
18 de julio de 2025 se incluyó en el registro de la Sala de Decisión de la Sección
Segunda, Subsección A del 24 de julio cursante, el proyecto de fallo dentro del
proceso 05001-23-33-000-2016-00103-01 (0651-2023) con ponencia del suscrito
[…]”.

30. En ese mismo sentido, al consultar el expediente en mención, se evidencia que
el 24 de julio de 2025 se profirió sentencia en segunda instancia dentro del
proceso mencionado anteriormente.

31. Así las cosas y comoquiera que en el caso sub examine la petición de la parte
actora estaba encaminada a que se ordenara a la autoridad judicial accionada:
“[…] ingresar el proceso con radicado 05001-23-33-000-2016-00103-01 a
despacho para fallo, y establecer el término prudencial para dictar sentencia de
segunda instancia […]”, esta autoridad judicial estima que se ha satisfecho el
objeto de la presente acción de amparo, toda vez que ya se profirió la sentencia
en segunda instancia.

32. En ese orden de ideas se pone de presente que la Corte Constitucional ha
entendido el concepto de la carencia actual de objeto por hecho superado como
“[…] el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la
demanda de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar de la
entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del
actor […]”.

33. Por todo lo anterior la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

16
La presente acción de tutela fue radicada el 8 de julio de 2025. Ver índice 001 del expediente Samai.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04196-00
Accionantes: María Elena Zuluaga Gómez y otro

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela frente al
señor Andrés Felipe Yepes Zuluaga, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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