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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04197-00

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
María Adriana Marín

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04197-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Ericsson Ernesto Mena Garzón. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-04197-00

Consejero ponente: María Adriana Marín

11 de agosto de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04197-00
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04197-00
Demandante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
POR AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Los reparos del demandante no
satisfacen la carga argumentativa necesaria para calificar el asunto como
constitucionalmente relevante / IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA
DE SUBSIDIARIEDAD – El accionante tenía a su disposición la solicitud de adición.

La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por Ericsson Ernesto Mena Garzón contra
la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 7 de julio de 20252, el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón instauró acción de tutela
contra la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de acceso a
la administración de justicia, al debido proceso, a la vida digna y a la salud 3 . En
consecuencia, solicitó lo siguiente:

(i) Que se revoque el auto del 21 de enero de 2025, por el cual se inadmitió su demanda
de protección de los derechos e intereses colectivos, así como los autos del 8 y del 11

1
Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 28 de julio de 2025, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Samai, índice 2.
3 También solicitó el amparo de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la salubridad

pública, e invocó la especial protección constitucional de la cual son titulares los adultos mayores y los
niños, niñas y adolescentes.

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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

de junio de 2025, mediante los cuales se rechazó dicha demanda y se resolvió
desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto contra ese rechazo.

(ii) Que se ordene a la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca admitir la mencionada demanda, decretar las medidas cautelares
solicitadas en ella y conceder amparo de pobreza en favor de la parte demandante.

(iii) Que se exhorte a dicha subsección a analizar la demanda aludida de conformidad
con el Acuerdo de Escazú y con el principio de precaución.

2. De la demanda de tutela, se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente
relevantes:

3. El 5 de diciembre de 2024, el señor Mena Garzón presentó demanda contra la
Presidencia de la República y otras autoridades4, con el propósito de obtener la
protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad
pública, a la existencia del equilibrio ecológico y a la moralidad administrativa, los cuales
consideró vulnerados «por el modelo de gestión de residuos [de] los 1102 municipios, 32
departamentos y 12 distritos de Colombia», y para cuyo amparo inmediato solicitó el
decreto de medidas cautelares.

4. Mediante auto del 21 de enero de 2025, el magistrado Moisés Rodrigo Mazabel
Pinzón, integrante de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, inadmitió la mencionada demanda por incumplimiento de requisitos

4 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Departamento Nacional de Planeación, Superintendencia

de Servicios Públicos Domiciliarios, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Unidad Administrativa
Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente, Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Corporación Autónoma Regional del Canal
del Dique, Corporación Autónoma Regional de Sucre, Corporación Autónoma Regional de Santander,
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico,
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Corporación Autónoma
Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena, Corporación Autónoma Regional de las Cuencas
de los Ríos Negro y Nare, Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonía, Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corporación Autónoma
Regional de Caldas, Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corporación Autónoma Regional de
Chivor, Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corporación Autónoma Regional del Guavio,
Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y el San Jorge, Corporación Autónoma Regional
de Nariño, Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Corporación Autónoma Regional
de La Orinoquía, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, Corporación Autónoma Regional
del Tolima, Corporación Autónoma Regional del Atlántico, Corporación Autónoma Regional del Cauca,
Corporación Autónoma Regional del Quindío, Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar,
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Corporación Autónoma Regional de los Valles del
Sinú y del San Jorge, Establecimiento Público Ambiental de Barranquilla, Establecimiento Público
Ambiental de Cartagena, Departamento Administrativo Distrital para la Sostenibilidad Ambiental,
Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos y Secretaría Distrital de Ambiente.

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formales y de procedibilidad. En consecuencia, otorgó un término de tres días para la
subsanación correspondiente.

5. El 27 de enero siguiente, el señor Mena Garzón presentó medios de prueba
adicionales y aportó un escrito en el cual, a su juicio, detalló las omisiones de las
autoridades demandadas. Sin embargo, mediante auto del 8 de junio de 2025, la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
rechazó la demanda por considerar que no fue subsanada.

6. El señor Mena Garzón interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión,
invocando el Acuerdo de Escazú. No obstante, mediante auto del 3 de julio de 2025, la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca la
confirmó.

7. Según el accionante, dicha subsección rechazó su demanda tras desestimar los
medios probatorios aportados con la subsanación respectiva, desconociendo así la
«flexibilidad procesal» y el Acuerdo de Escazú, lo cual, a su vez, implicó una vulneración
del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

8. Adicionalmente, sostuvo que la sala de decisión demandada incurrió en una «vía de
hecho por defecto procedimental», debido a que no valoró varios medios de prueba y a
que no motivó suficientemente su decisión, pues no explicó por qué no se demostró un
posible perjuicio irremediable que exceptuara la exigibilidad «del requisito de
procedibilidad». Agregó que, en consecuencia, aquella vulneró su derecho fundamental
al debido proceso.

9. Aparte, señaló que la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca confirmó el rechazo de su demanda tras desestimar los medios de
prueba «sin motivación adecuada», y sin tener en cuenta el Acuerdo de Escazú. Por esto
último, afirmó que dicha subsección incurrió en un defecto sustantivo.

10. Finalmente, expuso que la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no decretó las medidas cautelares solicitadas en su
demanda, agravando así la afectación de los derechos colectivos cuya protección
pretendía.

B. Trámite impartido e intervenciones

11. Mediante auto del 16 de julio de 20255, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela y ordenó notificar, como parte demandada, a los magistrados de la Subsección
B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

5
Samai, índice 5.

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12. El magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, integrante de la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , calificó la acción de tutela
como improcedente por incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad y de
relevancia constitucional. Argumentó que el señor Mena Garzón, no sólo incumplió el
deber de subsanar la demanda de protección de derechos e intereses colectivos, sino
que utilizó la acción de tutela para reabrir el debate planteado en el recurso de reposición
interpuesto contra el auto por el cual se rechazó dicha demanda.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

13. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991,
en armonía con los artículos 13 y 17 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).

D. Problema jurídico

14. La Sala determinará si la solicitud de amparo del señor Mena Garzón es procedente.
Solo en caso afirmativo, también establecerá si la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en los defectos alegados por aquel
y, de paso, vulneró sus derechos fundamentales.

E. Análisis de la Sala

Improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento de los requisitos de
relevancia constitucional y de subsidiariedad

15. En síntesis, el señor Mena Garzón sostuvo que la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, primero, desestimó los medios
probatorios aportados con la subsanación de su demanda «sin motivación adecuada»,
desconociendo la «flexibilidad procesal» y el Acuerdo de Escazú; segundo, agravó la
afectación de los derechos colectivos cuya protección se pretendía al no decretar las
medidas cautelares solicitadas en dicha demanda; y tercero, omitió valorar varios
medios de prueba y motivar suficientemente su decisión, en tanto no explicó por qué no
se demostró un posible perjuicio irremediable que exceptuara la exigibilidad «del
requisito de procedibilidad»6.

6 Los argumentos del demandante se reordenaron para favorecer la coherencia de la exposición.

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16. Para abordar los dos primeros argumentos, es necesario indicar que, mediante
sentencia del 5 de agosto de 20147, la Sala Plena de esta Corporación estableció que el
requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e
independencia judicial, y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos cuya
resolución corresponde a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una
solicitud de amparo cumple dicho requisito, sea necesario examinar dos elementos:

17. Primero, que el actor cumpla una carga argumentativa mínima y justifique con
suficiencia la vulneración de los derechos fundamentales. Es decir, no basta
simplemente con invocar los derechos, sino que es necesario que se ofrezcan serias y
amplias razones en clave constitucional que le permitan al juez de tutela adentrarse en
el estudio de las causales específicas de procedibilidad que han sido invocadas y
debidamente sustentadas.

18. Segundo, que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional del proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, pues ese valioso mecanismo
de estirpe constitucional —la acción de tutela— fue creado para proteger derechos
fundamentales, no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias
con las providencias que allí se dicten.

19. En resumen, el requisito de relevancia constitucional no se agota con señalar los
derechos fundamentales vulnerados e identificar los defectos de la providencia. Por el
contrario, se requiere que la solicitud de amparo (i) contenga una carga argumentativa
mínima y (ii) no sea utilizada como una instancia adicional a las establecidas por el
legislador.

20. La tesis expuesta se ajusta al precedente reiterado de la Corte Constitucional, la cual,
de manera consistente y consolidada, ha sostenido que la acción de tutela no puede
convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para
discutir aspectos de mera legalidad o de índole patrimonial, o la interpretación propia de
los jueces naturales. Por consiguiente, aquella es inidónea si lo pretendido es que el juez
constitucional se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación
propios de las especialidades de cada jurisdicción.

21. Ahora, como se indicó anteriormente, el señor Mena Garzón acusó a la sala de
decisión demandada de desestimar los medios probatorios aportados con la subsanación
de su demanda «sin motivación adecuada», desconociendo la «flexibilidad procesal» y
el Acuerdo de Escazú.

22. Lo anterior, lejos de evidenciar una contravención de preceptos constitucionales por
parte de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, únicamente constituye una suma de afirmaciones genéricas, carente de

7 Proceso identificado con el radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) (MP: Jorge Octavio Ramírez

Ramírez).

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argumentos sólidos. En efecto, no contiene una exposición de las razones por las que la
valoración probatoria de dicha subsección se sustentó inadecuadamente ni, mucho
menos, una explicación sobre la necesidad de flexibilizar las exigencias para admitir la
demanda del señor Mena Garzón, o frente a la relación entre la admisibilidad de esta y
lo dispuesto en el Acuerdo de Escazú.

23. En este punto, es importante señalar que, en el auto del 5 de junio de 2025, mediante
el cual se rechazó la demanda aludida, la sala de decisión demandada expuso lo
siguiente8:

(…) [L]a subsanación no cumple a cabalidad con los aspectos ilustrados en el auto
inadmisorio, pues dentro de los asuntos que la parte accionante debía subsanar,
correspondía al requisito de procedibilidad en cada una de las entidades de las cuales el
accionante manifiesta se está llevando a cabo de manera inadecuada el tratamiento de
los rellenos sanitarios y botaderos en el territorio nacional, lo cual no cumplió.

Al respecto, la parte demandante señaló que (…) presentó ante las entidades
demandadas varias solicitudes encaminadas a tomar las medidas preventivas requeridas
como requisito de procedibilidad. Sin embargo, es importante señalar que el documento
presentado como prueba del requisito no puede ser considerado como tal, toda vez que
la solicitud presentada no cumpliría con el inciso tercero del artículo 144 de la Ley
1437 de 2011 (…).

(…) [L]a petición realizada a la autoridad debe estar ajustada a las funciones
administrativa de esta, de no hacerlo, imposibilitaría tomar cualquier medida
preventiva que se pueda considerar necesaria. Ahora bien, realizar una solicitud de
manera general, sin considerar las funciones y facultades de cada entidad, provocaría
indudablemente una posición de imposibilidad de acción y generando confusión a las
entidades requeridas. No está de más recordar que, la solicitud en cuestión no responde
a un capricho por parte del legislador, por lo que el accionante no puede pretender cumplir
el requisito con el simple hecho de hacer envío de una petición de manera general
(énfasis añadido).

24. Además, en el auto del 25 de junio de 2025, por el cual se confirmó el rechazo de la
demanda del señor Mena Garzón, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca explicó lo siguiente9:

(…) [S]e requirió [acreditar] el cumplimiento del requisito de procedibilidad respecto de
cada una de las entidades que [se] pretende vincular como parte pasiva en el presente
asunto, lo cual no [se] cumplió.

(…) [E]l artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 —Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo— establece expresamente que el cumplimiento del
requisito de procedibilidad es un presupuesto procesal obligatorio para la admisibilidad

8 Samai, expediente 25000-23-41-000-2024-02135-00, índice 10.
9 Samai, expediente 25000-23-41-000-2024-02135-00, índice 16.

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de la acción popular, cuando esta se dirija contra entidades públicas. Así, exigir el
cumplimiento de dicho requisito no constituye una barrera al acceso a la justicia,
sino una condición legal prevista por el legislador para garantizar un adecuado
ejercicio del derecho de acción, en armonía con el principio de subsidiariedad que rige
esta clase de mecanismos (énfasis añadido).

25. Lo expuesto, en síntesis, evidencia que la sala de decisión demandada estudió la
subsanación de la demanda del señor Mena Garzón con fundamento en el artículo 144
del CPACA e, incluso, explicó la finalidad del requisito de procedibilidad estipulado en
este. Así, no es posible considerar que la motivación de dicha sala haya sido caprichosa
o irrazonable ni, por ende, que la intervención del juez de tutela se halle justificada, pese
a la deficiencia argumentativa del accionante.

26. De otra parte, el señor Mena Garzón señaló que, al no decretar las medidas
cautelares solicitadas en su demanda, la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca agravó la afectación de los derechos colectivos
cuya protección pretendía. Esto, claramente, comporta una simple afirmación
desprovista de toda motivación, por lo que, de ninguna manera, da cuenta del
desconocimiento de algún precepto constitucional por parte de dicha subsección.

27. Así las cosas, el primero y el segundo de los reparos expuestos en la demanda de
tutela no satisfacen la carga argumentativa necesaria para considerar cumplido el
requisito de procedencia de relevancia constitucional.

28. Antes de abordar el tercer reparo, es necesario recordar que la acción de tutela tiene
un carácter subsidiario, motivo por el cual, de conformidad con el numeral 1° del artículo
6° del Decreto Ley 2591 de 1991, resulta improcedente ante la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial, salvo que estos no sean eficaces o idóneos, o que sea
necesario evitar la concreción de un perjuicio irremediable10.

29. Ahora, el señor Mena Garzón sostuvo que la sala de decisión demandada omitió
valorar varios medios de prueba y motivar suficientemente su decisión, en tanto no
explicó por qué no se demostró un posible perjuicio irremediable que exceptuara la
exigibilidad «del requisito de procedibilidad».

30. Sobre el particular, es importante señalar que, en el recurso de reposición contra el
auto por el cual se rechazó la demanda de protección de derechos e intereses colectivos,
el aquí accionante se refirió a la posibilidad de prescindir del requisito de procedibilidad

10 En la sentencia T-1190 de 2004, reiterada en las sentencias T-828 de 2014 y T-545 de 2017, la Corte

Constitucional explicó que, para concluir que un perjuicio es irremediable, debe verificarse lo siguiente:
«(i)[Q]ue sea inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) que
sea grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de
gran intensidad; (iii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean
urgentes; y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad (énfasis añadido)».

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establecido en el artículo 144 del CPACA, y afirmó que «Colombia se enfrenta a una
crisis ambiental sin precedentes [por] la gestión deficiente de residuos sólidos» y que
«esta situación genera un peligro inminente de perjuicio irremediable a los derechos
colectivos»11.

31. Según el actor, ese alegato no fue abordado en el auto del 25 de junio de 2025, por
el cual se resolvió el mencionado recurso, supuesta falencia que podía ser superada
mediante una solicitud de adición, la cual procede cuando se omite «resolver sobre
cualquiera de los extremos de la litis», según el artículo 287 del Código General del
Proceso.

32. De esa manera, es claro que el señor Mena Garzón contaba con un mecanismo de
defensa judicial distinto a la acción de tutela para, conforme a lo que aquí plantea,
reclamar una explicación por parte de la sala de decisión demandada para considerar
que no se demostró un posible perjuicio irremediable que exceptuara la exigibilidad «del
requisito de procedibilidad». Empero, en el expediente no obra prueba alguna de que se
haya acudido a tal mecanismo.

33. A lo anterior se suma el hecho de que el señor Mena Garzón no expuso ningún motivo
para considerar que la solicitud de adición fuera inidónea o ineficaz, o que la acción de
tutela fuera necesaria para evitar un perjuicio irremediable derivado del rechazo de su
demanda de protección de los derechos e intereses colectivos.

34. Así las cosas, el tercero de los reparos expuestos en la solicitud de amparo del señor
Mena Garzón evidencia la falta de subsidiariedad de esta.

35. En suma, la acción de tutela objeto de decisión, de un lado, carece de la carga
argumentativa necesaria para el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional;
y, de otro, incumple la exigencia de subsidiariedad. En consecuencia, resulta
improcedente.

36. En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Ericsson Ernesto
Mena Garzón.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

11 Samai, expediente 25000-23-41-000-2024-02135-00, índice 14.

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TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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