Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04198-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04198-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04198-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
8 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04198-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: HENRY VALETA LÓPEZ
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR EL ACTORES ES
REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO
DISCIPLINARIO. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR
LAS COMISIONES DE DISCIPLINA ACCIONADAS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: TRABAJO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE
SUCRE1 y la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL2.
I – ANTECEDENTES
1
En adelante el COMISIÓN SECCIONAL.
2
En adelante la COMISIÓN NACIONAL.
2
Número único de radicación: 11001- 03-15-000-2025-04198-00
Actor: HENRY VALETA LÓPEZ
I.1. La Solicitud
El señor HENRY VALETA LÓPEZ actuando en nombre propio, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de su derecho fundamental
al trabajo, el cual estima vulnerado por las COMISIONES
SECCIONAL y NACIONAL al haber proferido las sentencias de 25
de marzo y de 28 de mayo de 2025, respectivamente, dentro del
proceso disciplinario identificado con el número único de radicación
2022-00023-01.
I.2. Hechos
Indicó que en calidad de apoderado de la FUNDACIÓN FCV, solicitó
acumulación de las demandas ejecutivas promovidas contra el
DEPARTAMENTO DE SUCRE3 al expediente principal identificado
con el número de radicación 2013-00136-00, tramitado ante el
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CIRCUITO CON FUNCIONES
LABORALES DE COROZAL (SUCRE)4.
Señaló que el DEPARTAMENTO se encuentra en acuerdo de
reestructuración de pasivos conforme lo establece la Ley 550 de 30
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En adelante el DEPARTAMENTO.
4
En adelante el JUZGADO.
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Actor: HENRY VALETA LÓPEZ
de diciembre de 19995 desde el año 2010.
Aseguró que las obligaciones reclamadas en la demanda ejecutiva
acumulada fueron posteriores a la firma del mencionado acuerdo de
reestructuración.
Adujo que el auto de mandamiento de pago fue debidamente
notificado al DEPARTAMENTO, sin que este presentara recursos,
excepciones ni objeciones a la liquidación del crédito.
Sostuvo que el crédito fue cedido a la empresa HVL COLOMBIA
S.A.S., que recibió del JUZGADO, algunos depósitos judiciales
producto de las medidas de embargo, conforme con la liquidación del
crédito aprobado por el despacho judicial.
Aseveró que, como consecuencia de lo anterior, en 2022 el
DEPARTAMENTO DE SUCRE formuló en su contra, una queja
disciplinaria ante la COMISIÓN SECCIONAL, al considerar que fue
determinador de los delitos de peculado por acción, tentativa de
peculado por apropiación y peculado por apropiación a favor de
terceros.
5
“[…]Reglamentado parcialmente por el Decreto 257 de 2001, Reglamentado parcialmente por el
Decreto 419 de 2000, Reglamentado parcialmente por el Decreto 2249 de 2000 […]”.
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Manifestó que la COMISIÓN SECCIONAL en sentencia de 25 de
marzo de 2025, resolvió sancionarlo con 5 años de suspensión y
multa de 10 SMMLV, al considerar que su actuación fue contraria a
derecho por haber violado la sentencia C-061 de 2010 proferida por
la Corte Constitucional, que prohíbe adelantar ejecuciones de
pasivos, sin importar que las obligaciones reclamadas hubiesen
surgido con posterioridad a la firma del acuerdo; “[...] por haber sido
hallado autor a título de DOLO de la falta consagrada en el artículo
33 numeral 2 de la Ley 1123 de 2007 al incumplir el deber del artículo
28 numeral 6 ibidem [...]”.
Manifestó que a la fecha de la presentación de la tutela no se le había
indicado la fecha en que iniciará la sanción impuesta.
I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la COMISIÓN SECCIONAL desconoció la
jurisprudencia del Consejo de Estado6 y de la Corte Suprema de
Justicia7, relativas a promover procesos ejecutivos contra una
entidad territorial que este inmersa en un acuerdo de
reestructuración de pasivos para que pague las obligaciones surgidas
6 Consejo de Estado rad. 2014-00413-02 de 9 de mayo de 2018; rad 2018-00408-01 de 14 de julio de
2023.
7 Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Civil, 17 de agosto de2016. M.P.: Ariel Salazar Ramírez
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con posterioridad a la firma del acuerdo.
Indicó que incurrió en defecto sustantivo por inaplicación del
artículo 7 de la Ley 1123 de 2007, porque habiendo posturas
contradictorias entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado,
al momento de imponerle sanción, desconoció el principio de
favorabilidad, pues le fue aplicada la menos favorable y restrictiva de
tales posiciones.
Sostuvo que se le impuso la sanción disciplinaria sin tener en cuenta
que la conducta por la cual se le investigó, no se encuadraba a lo
dispuesto en el numeral 2 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007,
que exige que la actuación contraria a derecho sea manifiesta.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia, solicitó:
“[…] 1.- se me tutele mi derecho fundamental al trabajo en
condiciones dignas, vulnerado por LA COMISION NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL Y LA COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL DE SUCRE.
Que como consecuencia de lo anterior, (i) se deje sin efectos las
sentencias sancionatorias de fecha de 25 de marzo de 2025
proferida por LA COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
DE SUCRE y de 28 de mayo de 2025 proferida por LA COMISION
NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL dictadas en el marco del
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proceso disciplinario radicado bajo el No. 70001-11-02-000-2022-
00023-00 y (ii) se le ordene el Registro Nacional de Abogados
excluir al suscrito abogado del registro de abogados sancionados,
si a la fecha de decisión de la presente tutela el suscrito abogado
ha sido informado por parte del Registro Nacional de Abogados
acerca del registro de la sanción […]”.
I.5. Defensa
I.5.1. La COMISIÓN SECCIONAL señaló que en las decisiones de
primera y segunda instancia se tuvo en cuenta el marco de la
juridicidad y la hermenéutica jurídica.
Indicó que no desconoció los principios de favorabilidad y de
tipicidad, porque al confrontar la actuación del señor VALETA
LÓPEZ, este de manera abierta orientó su voluntad y persistió en
adelantar la ejecución contra el DEPARTAMENTO, el cual se
encuentra en proceso de reestructuración de pasivos.
I.5.2. La COMISIÓN NACIONAL envió el enlace relativo al proceso
disciplinario identificado con el número de radicación 2022-00023-
01.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El DEPARTAMENTO DE SUCRE señaló que debe
reconocerse la prevalencia y obligatoriedad del precedente
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constitucional establecido en la sentencia C-061 de 2010, que es de
observancia ineludible para jueces y abogados litigantes.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
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tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
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sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
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En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
dejen sin efecto las providencias de 25 de marzo y 28 de mayo de
2025, proferidas por las COMISIONES SECCIONAL y NACIONAL
respectivamente, dentro del proceso disciplinario identificado con el
número único de radicación 2022-00023-01.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración del derecho
fundamental al trabajo, habida cuenta que, a juicio de la parte
actora, las COMISIONES accionadas incurrieron en defecto
sustantivo por inaplicación de los artículos 3º y 7º de la Ley 1123
de 2007, porque, a su juicio, la conducta por la que se le sancionó,
no se adecúa al tipo disciplinario contenido en el numeral 2º del
artículo 33 ibidem, que exige que la actuación contraria a derecho
sea manifiesta.
Es del caso advertir que, si bien en la acción de tutela se solicita dejar
sin efecto tanto la providencia de 25 de marzo de 2025 proferida
por la COMISIÓN SECCIONAL, como la dictada el 28 de mayo de
este año por la COMISIÓN NACIONAL, la Sala realizará
únicamente el análisis de la presunta vulneración del derecho
fundamental invocado frente a la sentencia de segunda instancia,
toda vez que fue esta la que dio por terminado el proceso para la
parte actora.
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De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional8, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».9
8
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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Actor: HENRY VALETA LÓPEZ
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación10, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [12].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [13].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [14].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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Actor: HENRY VALETA LÓPEZ
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [17]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
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como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la
controversia que propone el actor implica la reapertura de un asunto
que ya fue resuelto por la COMISIÓN NACIONAL mediante la
sentencia de 28 de mayo de 2025, que confirmó la decisión
proferida por la COMISIÓN SECCIONAL el 25 de marzo de este año
y de la cual se pretende constituir una instancia adicional,
comoquiera que los argumentos expuestos en el escrito de tutela
están dirigidos a demostrar que la jurisprudencia proferida por el
Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia son contradictorias
frente a la sentencia C-061 de 2010, dictada por la Corte
Constitucional, que prohíbe adelantar ejecuciones contra de
entidades territoriales que se encuentren en proceso de
reestructuración de pasivos, sin importar que las obligaciones
reclamadas hubiesen surgido con posterioridad a la firma del
acuerdo.
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En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las
inconformidades que ahora trae el actor a esta sede constitucional
ya fueron resueltas de forma admisible por la COMISIÓN
NACIONAL, al realizar un análisis del asunto así:
“[…] A partir del anterior recuento procesal, debe señalarse que
el abogado Henry Valeta López fue llamado a juicio disciplinario
por promover una actuación manifiestamente contraria a
derecho, ya que la sentencia C-061 de 2010 prohíbe de manera
expresa el embargo de las entidades territoriales que se
encuentran en proceso de reestructuración de pasivos,
independiente de que la obligación haya surgido antes o después
del acuerdo, con lo cual, al promover el embargo de los recursos
del departamento y cobrar los títulos judiciales, desconoció el
precedente jurisprudencial que era de forzoso acatamiento.
Pues bien, revisado el contenido de la sentencia C-061 de 2010,
que abordó el estudio de constitucionalidad del numeral 13 del
artículo 58 de la Ley 550 de 1999, “por la cual se establece un
régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la
reestructuración de los entes territoriales para asegurar la
función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de
las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen
legal vigente con las normas de esta ley”, la Corte Constitucional
resolvió estarse a lo resuelto en la sentencia C-493 de 2002, que
declaró exequible la norma demandada, […]”.
[…]
“[…] Es así, que en acatamiento a lo dispuesto por el Máximo
Tribunal Constitucional, no podía iniciarse proceso de ejecución
por vía judicial en contra de un ente territorial sometido a un
acuerdo de reestructuración de pasivos, sin que importara que
el crédito hubiese nacido con anterioridad o posterioridad a la
negociación, celebración o desarrollo del acuerdo.
Como guardiana de la Constitución Política, la Corte ha sostenido
de forma reiterada que las decisiones adoptadas en ejercicio del
control constitucional “hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional” 35 y tienen efectos generales que obligan a todos
los ciudadanos y autoridades a su cumplimiento. Sobre el
particular, se pronunció en sentencia C-634 de 2011. […]”.
[…]
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“[…] A partir de las anteriores consideraciones, encuentra esta
Corporación que el abogado Valeta López adelantó una actuación
manifiestamente contraria a derecho, pues desconoció el
precedente constitucional que prohibía de forma clara y expresa
solicitar el embargo de los recursos del departamento, y a pesar
de los ingentes esfuerzos del apoderado de la Gobernación que
advirtió sobre la ilegalidad de la medida, y allegó la decisión del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo y la respuesta
del Ministerio de Salud, que advertían sobre la inembargabilidad
de los recursos a partir de lo dispuesto en la sentencia C-061 de
2010, solicitó al juzgado continuar con la ejecución y cobró los
títulos judiciales, en abierto atropello a la legalidad y al
ordenamiento jurídico, como destacó la segunda instancia al
decretar la nulidad de
todo lo actuado. […]”.
[…]
“[…] No puede dejarse de mencionar, que de igual manera
fueron allegados al proceso ejecutivo, copias de las actuaciones
disciplinarias adelantadas por la Procuraduría General de la
Nación en contra de autoridades del departamento de Sucre, por
el manejo fraudulento de recursos destinados para atender los
servicios de salud, específicamente en el tratamiento de
enfermedades de alto costo como enfermedades mentales,
síndrome de Down, VIH y Hemofilia, que si bien no involucraban
a la Fundación Camino a la Virtud, daban cuenta de posibles
irregularidades en esta clase de cobros, ante lo cual el
disciplinado desoyó las advertencias, y continuó con la
ejecución, a pesar de encontrarse proscrita.
En ese orden de ideas, las exculpaciones del apelante no son de
recibo para esta Corporación, toda vez que el error soportado en
las decisiones del Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia
y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo queda
desestimado, ya que si en gracia de discusión se aceptara que
el letrado desconocía del pronunciamiento de la Corte
Constitucional, una vez fue puesto en conocimiento por el
apoderado del departamento de Sucre, era su obligación desistir
de la ejecución, en acatamiento del precedente jurisprudencial,
contrario sensu, insistió en continuar con la ejecución, actuando
de forma manifiestamente contraria a derecho.
Por otra parte, el ejercicio de la abogacía exige de los
profesionales altos estándares éticos, encaminados a buscar la
conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, de
allí que resulte desacertado por parte del censor afirmar que de
acuerdo con la Ley 1123 de 2007, no estaba obligado a desistir
de las pretensiones al advertir su ilegalidad, pues precisamente
en cumplimiento del deber de colaborar leal y legalmente en la
recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado,
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le estaba vedado continuar con un cobro que desconoció
abiertamente el citado precedente, en detrimento de los
recursos del sector salud del departamento de Sucre.
En referencia con la supuesta vulneración al derecho de
igualdad, corresponde aclarar que el inicio de la actuación
disciplinaria está condicionada a la presentación de una queja,
informe de servidor público o de otro medio que dé cuenta de la
posible ocurrencia de una conducta susceptible de tacha, y en
esa medida, el hecho de dirigir la investigación en contra del
letrado Valeta López, y no en contra de los demás profesionales
que actuaron en el precitado proceso ejecutivo, obedeció a la
denuncia presentada en su contra por el apoderado del
departamento de Sucre, y en medida alguna configura la
violación alegada.
Para finalizar, esta instancia comparte los criterios analizados
por el a quo para determinar el quantum sancionatorio,
determinados por la trascendencia social de la conducta al
promover una actuación que afectó los recursos públicos del
departamento de Sucre, la modalidad dolosa en razón al
conocimiento del abogado de que su proceder contrariaba el
precedente constitucional y la voluntad de continuar con la
ejecución de la obligación, los perjuicios causados a la
administración de justicia y a la credibilidad en el sistema
judicial. Así mismo, se considera procedente la aplicación del
parágrafo del artículo 43 de la Ley 1123 de 2007, por haberse
desempeñado como contraparte de una entidad pública38; no
obstante, los antecedentes disciplinarios registrados por el
letrado datan del 06 de marzo de 2024, con lo cual no se
cumple la exigencia del numeral 6º del literal C) del artículo 45
– haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los cinco
(5) años anteriores a la comisión de la conducta que se
investiga.
Con todo, la sanción de suspensión de cinco años y multa de diez
(10) s.m.m.l.v. se mantendrá en razón a que persisten los
restantes criterios que dan cuenta del actuar manifiestamente
contrario a derecho del profesional, y de los graves perjuicios
causados al erario de la entidad territorial. […].
De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que
las inconformidades expuestas en el escrito de tutela de la referencia,
además de que carecen de una perspectiva constitucional en la
medida en que su solución se deriva de la interpretación que la parte
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actora pretende que se dé a la jurisprudencia proferida por la Corte
Constitucional al tener en cuenta la sentencia C-061 de 2010 y que
considera contraria a la línea jurisprudencial del Consejo de Estado,
circunstancia que no coincide con lo referido en la solicitud, pues tal
como se evidencia en la decisión cuestionada de segundo grado,
fueron abordadas en el estudio frente al numeral 13 del artículo 58
de la Ley 550 de 199018.
Significa lo precedente que lo pretendido por el actor es que el juez
de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos
expuestos dentro del proceso disciplinario y tenga en cuenta otras
sentencias que considera aplicables a su caso, con la finalidad de que
se haga una corrección al análisis que hizo la COMISIÓN
NACIONAL y se acoja la interpretación que propone, como si el
mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso adicional a los
previstos en el trámite ordinario.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada
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“por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la
reestructuración delos entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el
desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente
con las normas de esta ley”.
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por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso, en
el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a
la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el
amparo solicitado, por carencia del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
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F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de agosto de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN (E2) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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