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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04208-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04208-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia del 31 de julio de 2025, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección Primera declaró improcedente la acción constitucional de la referencia por no cumplir con la inmediatez. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04208-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

18 de septiembre de 2025

Demandante: Óscar Pinzón Ramírez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04208-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04208-01
Demandante: ÓSCAR PINZÓN RAMÍREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Inmediatez. Confirma
sentencia que declaró la improcedencia de la acción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora
contra la sentencia del 31 de julio de 2025, por medio del cual el Consejo de
Estado, Sección Primera declaró improcedente la acción constitucional de la
referencia por no cumplir con la inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito radicado el 7 de julio de 2025, el señor Óscar Pinzón
Ramírez, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 3 para que se protegieran sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, a la
buena fe, de acceso a la administración de justicia y a los principios de
contradicción y seguridad jurídica.

La parte actora consideró vulneradas tales garantías constitucionales con la
sentencia del 25 de enero de 2024, que confirmó el fallo del 30 de junio de
2017, mediante el cual el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Sogamoso negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación
2015-00326-01, promovida en contra de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (en adelante DIAN).

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Demandante: Óscar Pinzón Ramírez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04208-01

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte accionante elevó las siguientes súplicas:

DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia del 25 de enero de
2024, dictada por el H. Tribunal Administrativo de Boyacá, y, por consiguiente,
todos los efectos jurídicos derivados de esta providencia que avalaron actos
administrativos viciados de nulidad por falta de competencia material de la
DIAN.

4. ORDENAR al H. Tribunal Administrativo de Boyacá que profiera una nueva
sentencia, dentro del mismo proceso judicial, garantizando la protección de
mis derechos fundamentales y observando los principios de legalidad, sana
crítica, verdad material y precedente judicial obligatorio, especialmente en lo
relacionado con:

• El análisis de la validez formal de la declaración de renta
No.1384101093115;
• La correcta valoración del dictamen grafoscópico allegado;
• La admisión y práctica de las pruebas necesarias para
verificar la veracidad de los hechos expuestos…

Como medida provisional solicitó lo siguiente:

…DISPONER, como medida provisional, la suspensión inmediata de los
efectos ejecutivos y coactivos de los actos administrativos contenidos en la
Liquidación Oficial de Revisión No. 262412014000006 y la Resolución No.
0255 de 2015 expedidas por la DIAN, mientras se resuelve de fondo esta
acción constitucional…

1.3. Hechos

La parte accionante sostuvo que promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIAN, con el
fin de que se declarara la nulidad de varios actos administrativos
relacionados con la declaración de renta del año gravable 2011 y, como
consecuencia de ello, se tuviera como no presentada tal declaración y los
complementarios de dicho año gravable, junto con el correspondiente
reconocimiento de los perjuicios causados.

Expuso que desde el auto de requerimiento puso de presente que la
declaración del año gravable 2011 no fue suscrita ni presentada por él como
contribuyente, sino por una contadora, quien suplantó su firma.

Afirmó que al proceso le fue asignado el número único de radicación 2015-
00326-00 y correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Sogamoso, autoridad que, en sentencia del 30 de junio
de 2017, denegó las pretensiones y lo condenó en costas fijando las

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agencias en derecho en una suma igual al 4% del valor de las pretensiones.

Refirió que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación que
fue desatado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 3
en providencia de 25 de enero de 2024 que, confirmó la decisión de primera
instancia y no lo condenó en costas.

Mencionó que frente a tal providencia presentó solicitud de aclaración y
adición, que fueron rechazadas por improcedentes en auto de 21 de agosto
de 2024, decisión contra la cual interpuso recursos de reposición y en
subsidio de apelación, los cuales fueron rechazados por improcedentes en
proveído de 22 de octubre de ese año.

Afirmó que contra este último proveído interpuso recursos de reposición y en
subsidio de queja, los cuales fueron rechazados por improcedente en auto
de 10 de junio de 2025.

1.4. Sustento de la petición

La parte demandante considera que con la providencia acusada se incurrió
en lo siguiente:

1.4.1. Defecto fáctico

Señaló que se incurrió en una indebida valoración del dictamen pericial
grafoscópico que acreditaba que la firma contenida en el formulario de
declaración de renta 2102606154008, no correspondía a su letra y que era
falsa, lo que constituía una prueba idónea, técnica y determinante para
resolver la controversia sobre la validez del acto administrativo sancionatorio
derivado de dicha declaración.

Indicó que dicho dictamen no fue impugnado ni controvertido por la DIAN,
por lo que gozaba de validez y podía ser utilizado como prueba.

1.4.2. Defecto procedimental

Señaló que este se configuró por la negativa e invalidez de la prueba pericial
esencial y la omisión en la práctica de pruebas esenciales ofrecidas
oportunamente, toda vez que desde la etapa administrativa y durante el
proceso ordinario solicitó expresamente la práctica de pruebas conducentes
para acreditar que la firma consignada en la declaración correspondiente al
año gravable 2011 no era de su autoría, entre estas, el interrogatorio de
parte de la señora Astrid Luney Plazas Ruiz, el oficio al Banco BBVA -
sucursal Sogamoso, el dictamen pericial grafoscópico por parte del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el reconocimiento de

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firma.

1.4.3. Defecto sustantivo

Refirió que la indebida valoración del dictamen pericial desconoció el artículo
232 del Código General del Proceso y lo dispuesto en el literal d) del artículo
580 del Estatuto Tributario, que prevé que las declaraciones se tienen por no
presentadas cuando «… no se presente firmada por quien deba cumplir el
deber formal de declarar, o cuando se omita la firma del contador público o
revisor fiscal existiendo la obligación legal …».

1.4.4. Violación directa de la Constitución

Manifestó que se desconoció de forma injustificada el derecho fundamental
al debido proceso, a partir de una conducta contradictoria y violatoria del
principio de legalidad procesal, lo que le impidió el acceso efectivo a un
medio de defensa, como garantía de contradicción probatoria.

1.4.5. Error inducido

Señaló que la DIAN indujo en error al juez que adoptó una decisión contraria
a derecho, mediante una información falsa y sesgada, pues desde el auto de
apertura y la liquidación oficial, se presentó una declaración de renta
inexistente que no fue firmada ni presentada por él como contribuyente.

Afirmó que se cumplen con los requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, especialmente el requisito de la inmediatez,
dado que, si bien la sentencia que considera violatoria fue notificada el 1. º
de febrero de 2024, la providencia que rechazó los últimos recursos de
reposición y queja interpuestos fue notificada el 16 de junio de 2025.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto del 10 de julio de 2025 se admitió la solicitud de tutela y, en
consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados del Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 3.

A su vez, se vinculó a la DIAN y al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Sogamoso.

Adicionalmente, se negó la medida provisional solicitada puesto que era en
la sentencia que debía determinarse si con la providencia demandada se
vulneraron los derechos fundamentales de la parte accionante.

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1.6. Contestaciones e intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Boyacá

Indicó que la solicitud de amparo carece del requisito general de la
relevancia constitucional, puesto que el actor trae a conocimiento del juez
constitucional el mismo juicio de legalidad de los actos administrativos
demandados, con lo cual se pretende reabrir una controversia ya surtida por
el juez natural de la causa.

Agregó que tampoco se cumple con el requisito de la inmediatez en el
asunto, toda vez que, si bien la decisión objeto de tutela fue objeto de
solicitud de adición y aclaración y que por tanto su firmeza se extendió en el
tiempo, ello no tiene la suficiencia para suspender la ejecutoria de la
providencia de 25 de enero de 2024.

Sostuvo que tampoco se incurrió en el defecto fáctico endilgado, por lo que
solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la referencia o, en
su defecto, se deniegue el amparo deprecado.

1.6.2. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sogamoso

Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela puesto que con ella
se pretende un nuevo estudio de las sentencias proferidas dentro del medio
de control origen de la controversia.

Manifestó que, luego de surtir las respectivas etapas procesales, emitió
pronunciamiento de fondo, el cual fue confirmado por el ad quem, por lo que
no es de tal acierto que se hayan vulnerado los derechos fundamentales
invocados.

1.6.3. DIAN

Esta entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela o
en su defecto que se deniegue el amparo solicitado.

Indicó que no cumple con el requisito general de la relevancia constitucional,
comoquiera que los cargos están desprovistos de suficiencia argumentativa
que demuestre que con la sentencia cuestionada se genera una restricción
desproporcionada de los derechos fundamentales, pues contrario a esto, lo
que se demuestra es que lo pretendido por el actor es utilizar la tutela para
discutir asuntos meramente legales.

Adujo que la autoridad judicial accionada no vulneró los derechos
fundamentales invocados, pues el simple hecho de proferir una sentencia

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contraria a sus intereses no materializa por sí solo una vulneración, además,
tampoco se advierte que el tribunal haya actuado de manera caprichosa,
pues fundamentó su decisión en el material probatorio aportado al proceso y
en la normativa aplicable al asunto.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 31 de julio de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Primera declaró improcedente la acción constitucional de la referencia por no
cumplir con la inmediatez.

Precisó que la providencia del 25 de enero de 2024 con la cual se confirmó
la sentencia de primera instancia, fue objeto de solicitud de aclaración y
adición, que fue rechazada por improcedente en auto de 21 de agosto de
2024.

Indicó que, por lo anterior, el término dispuesto por la jurisprudencia
constitucional para hacer uso de la acción de tutela contra providencia
judicial debe empezar a contabilizarse desde la notificación de esta última.

Aclaró que, la providencia de 21 de agosto de 2024, por medio de la cual se
rechazó la solicitud de aclaración y adición, fue notificada a las partes por
correo electrónico el 30 de agosto de ese año, sin embargo, en aplicación
del numeral segundo del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, se entendería
que la notificación de la providencia cuestionada se surtió el 3 de septiembre
de 2024.

Manifestó que la solicitud de tutela se presentó el 7 de julio de 2025, es
decir, transcurridos más de 10 meses, con lo cual se superaba el término de
los 6 meses dispuestos para formularla oportunamente; esto, sin que la parte
actora haya expuesto razón alguna que justifique la inactividad o tardanza en
la presentación de la solicitud de amparo.

Destacó que el actor adujo que la providencia que rechazó los recursos de
reposición y queja contra el auto de 22 de octubre de 2024 fue notificada
hasta el 16 de junio de 2025, por lo que es desde ese momento que debe
empezar a contabilizarse el término para efectos del presupuesto de la
inmediatez.

Mencionó que,el término con el que cuenta el interesado para promover la
solicitud de amparo se determina por la fecha en la que se surte
debidamente la notificación de la decisión cuestionada o de la providencia
que resuelve la solicitud de adición, aclaración y complementación.

Refirió que, en el presente caso, no puede considerarse válido contabilizar el

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término a partir de la notificación del proveído de 10 de junio de 2024, a
través del cual se rechazaron por improcedente los recursos de reposición y
queja, formulados contra la decisión que rechazó los recursos de reposición
y apelación frente el proveído de 21 de agosto de 2024, al no ser pasible de
recursos y ser abiertamente improcedentes.

Hizo referencia a la naturaleza de la acción de tutela, para destacar que
tampoco se encontraba alguna causal que justificara la tardanza.

1.8. Impugnación

La parte impugnó el fallo de primera instancia, el cual se notificó vía
electrónica el 19 de agosto del mismo año.

Sostuvo que el expediente ordinario concluyó con el auto del 10 de junio de
2025, notificado el 16 de junio de 2025, que rechazó definitivamente los
recursos. Mientras que la acción de tutela la presentó el 7 de julio de 2025,
es decir, menos de un mes después de «agotada la vía judicial ordinaria».

Indicó que, el tiempo trascurrido entre el fallo tutelado y la interposición de la
tutela «no fue caprichoso, ni negligente», pues obedeció a la necesidad de
agotar recursos de aclaración, adición, reposición y queja, resueltos solo
hasta junio de 2025, lo que incidió directamente en el tiempo de
presentación.

Expuso que, «si bien hoy se sabe que tales recursos fueron rechazados o
declarados improcedentes», en su momento los interpuso de buena fe, en
ejercicio legítimo de su derecho de defensa y con la confianza razonable en
que podían prosperar.

Manifestó que no se le puede «castigar» por acudir a los medios procesales
que la ley expresamente le permite, pues ello vulneraría el principio de
confianza legítima, la garantía de defensa técnica y el derecho de acceso
efectivo a la administración de justicia.

Recordó que la Corte Constitucional ha admitido que estas circunstancias
justifican lapsos superiores a seis meses para la presentación de la tutela,
siempre que exista una explicación razonable de la tardanza,

Reiteró que su actuar no ha sido negligente, sino que por el contrario ha sido
judicialmente activo. Citó la sentencia T-339 de 2015 de la Corte
Constitucional.

Agregó que la decisión cuestionada continúa produciendo efectos actuales
sobre sus derechos fundamentales. Por tanto, estimó que negar el estudio

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de fondo convierte la tutela en un recurso ilusorio, en contravía del artículo
229 superior, que garantiza el acceso a la justicia derecho fundamental que
prevalece sobre las formalidades.

Hizo referencia a que los derechos humanos hacen parte del bloque de
constitucionalidad, lo cual impone al juez constitucional un deber de control
de convencionalidad y que, por tanto, el análisis del requisito de inmediatez
debe efectuarse bajo el principio pro homine, privilegiando siempre la
interpretación que garantice de manera más amplia la protección de los
derechos fundamentales. Al respecto, indicó:

El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el
artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagran
el derecho a un recurso efectivo y rápido para la protección de los derechos
vulnerados. 4.2. El artículo 8 de la CADH y el artículo 14 del PIDCP reconocen
el derecho al debido proceso y a ser oído por un juez competente, lo cual
exige que, frente a alegaciones de violaciones graves y actuales, el Honorable
Juez constitucional no puede excusarse en criterios meramente formales para
evitar un pronunciamiento de fondo.

Señaló que la providencia impugnada, al imponer un límite temporal rígido y
desproporcionado, configura una suerte de «caducidad de facto» de la
acción de tutela, lo cual desconoce el principio pro persona, vulnera la tutela
judicial efectiva y contradice la obligación de control de convencionalidad.

Recordó que para la Corte Constitucional el acceso a la justicia no puede ser
cercenado por criterios de excesivo formalismo.

Manifestó que existe un test de proporcionalidad aplicado al requisito de
inmediatez, el cual considera que cumple pues se dan los elementos de
idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta. Esto, para referir que el
denominado «término de seis meses» para presentar la acción de tutela
contra providencias judiciales no constituye un límite fatal ni una caducidad,
sino una pauta orientadora fijada por la jurisprudencia del Consejo de Estado
como regla general de referencia.

Destacó que la firmeza de la sentencia de segunda instancia acusada
únicamente se consolidó con el auto que decidió los últimos recursos
interpuestos, notificado el 16 de junio de 2025, lo cual marca el cierre
definitivo del debate en sede ordinaria. Esa fecha, y no otra, es la que debe
considerarse como punto de partida para el cómputo del requisito de
inmediatez.

Indicó que la acción de tutela fue radicada en julio de 2025, es decir, dentro
del mes siguiente a la notificación de dicho auto, muy por debajo del
parámetro orientador de seis meses fijado por la jurisprudencia tanto del
Consejo de Estado como de la Corte Constitucional. Por lo que, la demanda

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de tutela fue presentada en un término plenamente razonable y
proporcionado.

Consideró que no incurrió en negligencia alguna. También citó apartes de
las sentencias T-339 de 2015, T-246 de 2015 y SU 961 de 1999 de la Corte
Constitucional para señalar que el presupuesto de la inmediatez no es
caducidad, tampoco se trata de un plazo fatal y que debe ser razonable.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por
la parte actora contra la providencia dictada por el Consejo de Estado,
Sección Primera, el 31 de julio de 2025, según lo previsto en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 20151, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar
el fallo proferido en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la
acción de tutela cumple con el presupuesto de la inmediatez y de ser así, si
se acreditan los demás requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra decisiones judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de
procedibilidad y, finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el
fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y
concluyó:

…[S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de

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Modificado por el artículo 1. º del Decreto 333 de 2021.

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junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la
decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «… fijados hasta
el momento jurisprudencialmente …». En efecto, sabido es que la tutela es
un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los
cuales dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del
asunto. Por el contrario, acreditados esos parámetros corresponderá
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii)
que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

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Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural..

2.5. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva

2.5.1. Según se tiene, el a quo declaró improcedente la acción de la
referencia tras concluir que no se acreditó el requisito de la inmediatez.

Esto, pues en el fallo impugnado se consideró que dicho presupuesto debía
contabilizarse desde la ejecutoria de la providencia de 21 de agosto de 2024
–notificada el 3 de septiembre de 2024-, por medio de la cual se rechazó la
solicitud de aclaración y adición de la sentencia del 25 de enero de 2024. No
obstante, como la acción de tutela se formuló el 7 de julio de 2025, se había
superado el término de los 6 meses para su presentación oportuna.

De igual manera, el juez constitucional de primera instancia descartó el
argumento según el cual debía contarse desde la la notificación del proveído
de 10 de junio de 2024, a través del cual se rechazaron por improcedente los
recursos de reposición y queja interpuestos contra la decisión que rechazó
los recursos de reposición y apelación contra el proveído de 21 de agosto de
2024, al no ser pasible de recursos y ser abiertamente improcedentes.

Por su parte, la parte accionante con su impugnación señaló que el tiempo
trascurrido entre el fallo tutelado y la interposición de la tutela «no fue
caprichoso, ni negligente», pues obedeció a la necesidad de agotar recursos
de aclaración, adición, reposición y queja, resueltos solo hasta junio de
2025, lo que incidió directamente en el tiempo de presentación.

El impugnante señaló que dichos recursos, aunque improcedentes, los
presentó de buena fe en ejercicio legítimo de su derecho de defensa y con la
confianza razonable en que podían prosperar. Adujo que la providencia
acusada continúa produciendo efectos actuales sobre sus derechos
fundamentales. Por lo que, a su juicio, la firmeza de la sentencia de segunda
instancia acusada únicamente se consolidó con el auto que resolvió los
últimos recursos interpuestos - notificado el 16 de junio de 2025- y es desde
esta fecha que debe contabilizarse la inmediatez.

Al respecto, es oportuno indicar que la acción de tutela fue estatuida por el
constituyente con el objeto de proveer una protección inmediata de los
derechos fundamentales conculcados, lo que supone que el amparo sea
rápido, urgente, actual y eficaz.2

2
El artículo 86 de la Carta prevé que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos...».

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Demandante: Óscar Pinzón Ramírez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04208-01

De ahí que el presupuesto objeto de estudio exija que la tutela se presente
tan pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la
vulneración de los derechos fundamentales o por lo menos dentro de un
término prudencial y consecuencial a su ocurrencia.

En criterio de la Sección, el plazo prudencial es de 6 meses contados desde
la ocurrencia del hecho generador –el cual se calcula desde el día hábil
siguiente a la ejecutoria de la última providencia judicial cuestionada– que da
lugar a la solicitud de protección y la presentación de la misma, y cuando
este es excesivo se declara su improcedencia.

A pesar de lo anterior, en cada caso concreto se estudia si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, para que se flexibilice su consideración
y se pueda entrar al fondo del debate jurídico planteado, tales circunstancias
fueron fijadas por la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya
tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, en los siguientes
términos:

i) [E]xista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo,
el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual.3

Así las cosas, debe precisarse que de conformidad con el artículo 302 del
Código General del Proceso las providencias proferidas fuera de audiencia
adquieren ejecutoria tres días después notificadas, cuando carecen de
recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que
fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que
resuelva los interpuestos.

No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una
providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.

A su vez, se precisa que de conformidad con los artículos 285 y 287 ibidem,
para la aclaración y complementación de sentencia, la providencia que
resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria
podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de
aclaración y, en cuanto a la adición se estalece que dentro del término de
ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá
recurrirse también la providencia principal.
3
Ver sentencias T-016 de 2006, T-1044 de 2007, T-166 de 2010 y T-576 de 2010.

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En el caso en particular, se encuentra que la sentencia del 25 de enero de
2024, con la cual se confirmó la sentencia de primera instancia en el proceso
ordinario, fue objeto de solicitud de aclaración y adición, que fue rechazada
por improcedente en auto de 21 de agosto de 2024. Para la notificación de
esta última, el a quo aclaró que debía entenderse surtida el 3 de septiembre
de 2024, por lo dispuesto en el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011.

De esta manera, la inmediatez no puede contabilizarse desde el auto del 10
de junio de 2025, notificado el 16 de junio de 2025, que rechazó por
improcedentes los recursos de reposición y queja contra el auto de 22 de
octubre de 2024, como lo pretende la parte actora, pues como se señaló
anteriormente y tal como se decidió en el proceso ordinario, estos resultaban
abiertamente improcedentes.

Por lo tanto, desde la ejecutoria de la providencia del 21 de agosto de 2024
que rechazó la solicitud de aclaración y adición, notificada el 3 de septiembre
de 2024 hasta el 7 de julio de 2025, transcurrieron más de los 6 meses para
promover oportunamente la acción de tutela contra la sentencia de segunda
instancia dictada en el proceso ordinario.

Esto quiere decir que no se cumplió el presupuesto de procedibilidad
analizado, pues aquel no es un término que se considere razonable para
acudir al juez constitucional, dado que el paso prolongado del tiempo permite
deducir que se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la
protección deprecada, desvirtuándose así la inminencia de la afectación.

Además, el argumento con el cual la parte actora pretende justificar la
presentación tardía de la acción de tutela no se ajusta a los escenarios que la
Corte Constitucional estableció para que se flexibilice este requisito, pues
gira en torno la presunta «confianza» del actor para promover los recursos
que su juicio se tornaban procedentes, pero que no lo eran y por tanto fueron
rechazados, mas no radica en alguna circunstancia de fuerza mayor o caso
fortuito que le impidiera ejercer la acción en un tiempo razonable.

Adicionalmente, debe indicarse que, en efecto la inmediatez no es una
caducidad, pues aquel presupuesto exige actuar en un plazo razonable cuya
construcción es jurisprudencial, mientras que el segundo es un plazo
determinado por el legislador que extingue la posibilidad de ejercer un
derecho o acción.

Por tanto, si bien se ha dispuesto que esta acción no tiene un término de
caducidad por ser posible interponerla en todo tiempo, tratándose de
decisiones judiciales y administrativas, la acción de tutela debe interponerse
en un lapso razonable y oportuno debido al respeto y la garantía de los

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principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.

De modo que, se coincide con el a quo en que no se cumple el requisito de
inmediatez, el cual es uno de los presupuestos requeridos para que sea
procedente de forma excepcional la presente acción de tutela.

En consecuencia, la Sala confirmará el fallo impugnado que declaró
laimprocedencia de la acción de tutela por no acreditarse el presupuesto de
la inmediatez.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 31 de julio de 2025, por medio del
cual el Consejo de Estado, Sección Primera declaró improcedente la acción
constitucional de la referencia por no cumplir con la inmediatez.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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