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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-04214-01

Fecha
9 de octubre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-04214-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-04214-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

9 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04214-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: CONEXIA S.A.S.

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE, NO SE CUMPLE
CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, LOS
ARGUMENTOS DE LA TUTELA FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR
PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 19 de agosto de 2025, mediante la cual la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró

improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1
En adelante Sección Tercera.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04214-01
Actora: CONEXIA S.A.S.

I.1.- La Solicitud

La sociedad CONEXIA S.A.S., actuando a través de apoderado

judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN CUARTA DEL

CONSEJO DE ESTADO2 al haber proferido la providencia de 30 de

enero de 2025 dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2019-00444-01.

I.2.- Hechos

Afirmó que es una sociedad que presta el servicio de tecnología

informática, sistemas de información, validación, autorización y

auditoria en el sector salud.

Mencionó que suscribió un contrato de prestación de servicios con la

E.P.S. SALUDCOOP con el fin de proveerle un sistema informático

de software para conectar todos sus proveedores médicos.

2
En adelante Sección Cuarta.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04214-01
Actora: CONEXIA S.A.S.

Señaló que el 16 de septiembre de 2014 presentó la declaración del

impuesto a las ventas y, que con posterioridad, la E.P.S.

SALUDCOOP solicitó que a partir del 18 de febrero de 2015, no se

liquidara el aludido impuesto en la adquisición de elementos o

servicios de la E.P.S.

Adujo que debido a dicha circunstancia, solicitó a la DIRECCIÓN DE

IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)3 la corrección de

la liquidación aplicando la exclusión del IVA de los servicios

vinculados a la seguridad social.

Sostuvo que la DIAN inició la investigación administrativa por

concepto de las ventas efectuadas para el cuarto bimestre de 2014

y, profirió dos actos administrativos, a saber: i) el requerimiento

especial núm. 322402017000203 por medio del cual propuso

modificar los renglones 283, 374, 575 y 836 de la liquidación oficial

impuesto sobre las ventas - corrección núm. 322412015000820,

estableciendo un saldo a pagar por concepto de impuesto generado

a la tarifa general y una sanción por inexactitud con sustento en el

artículo 647 del Estatuto Tributario y, ii) la liquidación oficial de

3
En adelante DIAN.

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Actora: CONEXIA S.A.S.

revisión núm. 322412018000043 de 26 de febrero de 2018,

modificando la liquidación privada presentada determinando un saldo

total a pagar de $569.518.000.oo.

Señaló que contra la liquidación oficial de revisión presentó ante la

DIAN recurso de reconsideración, el cual fue resuelto de manera

desfavorablemente.

Aseguró que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del

derecho contra la DIAN, con el fin de que se declarara la nulidad de

los actos administrativos que resolvieron la liquidación oficial de

revisión y el recurso de reconsideración.

Aseveró que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 2019-00444-00 y le correspondió por reparto a la

SECCIÓN CUARTA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA4 que, en sentencia de 16 de junio de 2023,

denegó las pretensiones de la demanda.

Indicó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación

ante la SECCIÓN CUARTA que, mediante sentencia de 30 de enero

de 2025, confirmó la decisión del a quo.

4
En adelante Tribunal.

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Actora: CONEXIA S.A.S.

I.3. Fundamentos de derecho

Manifestó que la decisión judicial cuestionada incurrió en defecto

material o sustantivo, al interpretar de manera irrazonable y

arbitraria los numerales 3º y 8º del artículo 476 del Estatuto

Tributario y el artículo 1º del Decreto núm. 841 de 19985, comoquiera

que las exigencias establecidas por el legislador para determinar que

un servicio vinculado a la salud está excluido del IVA, son plausibles,

pues no imponen al responsable del impuesto la carga de probar el

impacto del servicio prestado, sino que basta con demostrar la

naturaleza del servicio y su vinculación con el sistema.

Recalcó que la providencia cuestionada erradamente consideró que

el responsable del impuesto debía demostrar la vinculación del

servicio con las prestaciones propias del sistema de seguridad social,

además del impacto puntual y concreto que sus servicios causaron

en los afiliados, exigencia que, a su juicio, no está contemplada en

el ordenamiento jurídico.

Adujo que “[…] exigir del proveedor de servicios informáticos […],

que allegue al proceso información de la que no tendría cómo

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“Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario y la Ley 100 de 1993 en los aspectos
tributarios relacionados con el Sistema General de Seguridad Social y se dictan otras disposiciones.”

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Actora: CONEXIA S.A.S.

disponer, ni a la que tendría cómo acceder, sin que el derecho

sustantivo vigente lo exija de manera expresa, denota la

irrazonabilidad de la interpretación y aplicación normativa efectuadas

por la Sección Cuarta. Esto, por ende, amerita la evaluación de la

validez de la sentencia a la luz de los postulados constitucionales que

se han comentado a lo largo de este escrito […]”.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y/o cualquier otro
amenazado o afectado a CONEXIA S.A.S., vulnerados por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Cuarta, con la sentencia de segunda instancia de fecha 30 de enero
de 2025, proferida en el marco del proceso No. 25000-23-37-000-
2019-00444- 01 (28102) adelantado por CONEXIA S.A.S. en
contra de la Unidad Administrativa Especial de Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, al ser constitutiva de defecto
sustantivo.

SEGUNDA: En desarrollo del juicio de validez que caracteriza la
tutela contra providencias judiciales, DEJAR SIN VALOR NI
EFECTO la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta,
fechada el 30 de enero de 2025, proferida en el marco del proceso
No. 25000-23-37-000-2019-00444-01 (28102) adelantado por
CONEXIA S.A.S. en contra de la Unidad Administrativa Especial de
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

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Actora: CONEXIA S.A.S.

TERCERA: ORDENAR al Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Cuarta adoptar una decisión
conforme a los mandatos constitucionales de la Carta Política de
1991 y la normativa aplicable al caso concreto, esto es, a los
numerales 3° y 8° (hoy 2° y 3°) del artículo 476 del Estatuto
Tributario y al artículo 1 literal A del Decreto 841 de 1998 […]”.
(Destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN CUARTA manifestó que los argumentos que

sustentan el defecto invocado carecen de relevancia constitucional,

ya que lo cuestionado desconoce los efectos de la cosa juzgada y no

acredita el cumplimiento de las causales generales de procedencia de

la acción de tutela.

Indicó que la presente solicitud de amparo se está implementando

como una tercera instancia a fin que se revise la posición jurídica del

juez natural del asunto, pretendiendo reabrir el debate para que se

acoja su tesis interpretativa respecto de la procedencia de la

exclusión del IVA.

I.5.1.- El TRIBUNAL, vinculado en calidad de tercero con interés

directo en las resultas del proceso, señaló que la solicitud de amparo

es improcedente, comoquiera que la actora pretende utilizar el

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mecanismo constitucional como una tercera instancia o medio

alternativo para resolver la situación jurídica planteada en el medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado.

Indicó que la parte actora no demostró, ni argumentó en debida

forma las razones por las cuales considera que sus garantías

fundamentales fueron trasgredidas con la decisión censurada.

I.5.3.- La DIAN, vinculada en calidad de tercera con interés directo

en las resultas del proceso, advirtió que la solicitud no cumple con

los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencia judicial, en la medida que no cumple con la carga mínima

argumentativa para acreditar la configuración del defecto alegado.

Aseguró que las pretensiones están encaminadas a promover una

tercera instancia y reabrir una discusión que ya fue dirimida en sede

ordinaria, por lo que el mecanismo constitucional no fue previsto para

configurarse como un recurso adicional, pues de ser así se afectaría

el principio de seguridad jurídica.

I.5.4.- La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN manifestó

que carece de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que

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no se evidencia omisión o acción que pueda ser considerada como

una amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados

por la actora, razón por la que solicitó su desvinculación del presente

trámite constitucional.

I.5.5.- La AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL

ESTADO, adujó que carece de legitimación en la causa por pasiva

para intervenir en la acción de tutela, ya que no se evidencia en los

hechos de la demanda la existencia de acción u omisión que le sea

atribuible.

Mencionó que la función de intervención de la entidad es facultativa,

por lo que no está obligada a participar en todos los procesos en los

que una entidad pública sea parte.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 19 de agosto de

2025, aceptó las solicitudes de desvinculación de la

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y de la AGENCIA

NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, comoquiera

que no constituyeron ninguno de los extremos de la controversia del

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medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

cuestionado.

De otra parte, declaró improcedente el amparo al considerar que no

se encontró satisfecho el requisito general de relevancia

constitucional, al evidenciar que la actora pretende revivir un debate

propio del juez natural, sobre una situación definida y consolidada.

Señaló que “[…] no se evidenció la necesidad de intervención del juez

de tutela en un asunto que ya fue resuelto por el juez natural, quien

puso de presente las razones por las cuales consideró que no existían

fundamentos para acceder a la exclusión del IVA solicitada y, en

consecuencia, declarar la nulidad del acto administrativo demandado

[…]”.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN

TERCERA, manifestando su desacuerdo con la motivación de la

decisión, pues, a su juicio, la presente acción de tutela si cumple a

plenitud la carga argumentativa exigida para colegir que, el conflicto

que se sometió a consideración del juez constitucional si corresponde

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a una vulneración de sus garantías constitucionales.

Asimismo, señaló que la solicitud de amparo no pretende revivir un

debate propio del juez natural, pues, a su juicio, el defecto sustantivo

se produjo con ocasión a una exigencia probatoria que no tiene

origen en la normatividad aplicable al asunto.

Recalcó que “[…] así la acción de tutela tenga por objeto una

providencia judicial proveniente de una Alta Corte del Estado

colombiano, el juez constitucional tiene el deber de hacer un análisis

de fondo de lo planteado, rehuyéndole a las interpretaciones

excesivamente formalistas del amparo que se somete a su

conocimiento […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

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establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales

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especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

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deje sin efecto la sentencia de 30 de enero de 2025, proferida por

la SECCIÓN CUARTA, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2019-00444-01.

A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de

sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, habida cuenta que, a su juicio, incurrió en

defecto material o sustantivo.

Los disensos de la actora, radican en que la autoridad judicial

accionada incurrió en el defecto material o sustantivo, al

interpretar de manera irrazonable y arbitraria los numerales 3º y 8º

del artículo 476 del Estatuto Tributario y el artículo 1º del Decreto

núm. 841 de 1998, comoquiera que las exigencias establecidas por

el legislador para determinar que un servicio vinculado a la salud está

excluido del IVA, son plausibles, pues no imponen al responsable del

impuesto la carga de probar el impacto del servicio prestado, sino

que basta con demostrar la naturaleza del servicio y su vinculación

con el sistema.

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Recalcó que la providencia cuestionada erradamente consideró que

el responsable del impuesto debía demostrar la vinculación del

servicio con las prestaciones propias del sistema de seguridad social,

además, del impacto puntual y concreto que sus servicios causaron

en los afiliados, exigencia que, a su juicio, no está contemplada en

el ordenamiento jurídico .

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 19 de agosto de

2025, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no

se acreditó el requisito de relevancia constitucional.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la

motivación de la decisión, pues, a su juicio, la presente acción de

tutela si cumple a plenitud la carga argumentativa exigida para

colegir que, el conflicto que se sometió a consideración del juez

constitucional si corresponde a una vulneración de sus garantías

constitucionales.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

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confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

deprecados e incurrió en el defecto alegado.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

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esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras

6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”

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jurisdicciones” [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de

[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos

[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

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requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de

tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente

acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que lo pretendido por la parte actora

es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración

del juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de

una instancia adicional al proceso ordinario.

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En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,

porque los motivos que fundamentan la inconformidad de la actora

se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial interpretó

indebidamente las normas aplicables al asunto, determinando una

carga probatoria que no fue contemplada por el legislador.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la

inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del

asunto, el cual fue resuelto por la SECCIÓN CUARTA de forma

admisible, así:

“[…] Análisis del caso concreto

3- Frente a los problemas jurídicos anteriormente planteados,
la Sala advierte que los estudiará de manera conjunta por
guardar identidad. A juicio de la apelante, fue equívoco el
análisis del tribunal acerca de la realidad jurídica, en tanto el
servicio informático (soporte informático, administración de
bases de datos, control y custodia de información) que prestó
a la EPS Saludcoop estaba excluido del Iva según los artículos
48 de la Constitución, 476 del ET y los pronunciamientos
doctrinarios de la demandada, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y de esta corporación. En particular, enfatizó que
los recursos que percibían las EPS por concepto de las UPC
formaban parte del SGSSS, los cuales tenían una destinación
específica como el POS, por lo que estos dineros no podían ser
alterados con otros gravámenes conforme el Oficio 100221330-
0000004, del 3 de marzo de 2015, con base en el cual tramitó
en su momento la corrección a su declaración para excluir del
impuesto lo percibido con motivo de ese servicio. Finalmente,
consideró que cumplió lo dispuesto en la letra a. del ordinal del
artículo 1.3.1.13.13. del DURT para la procedencia de la

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exclusión, para lo cual mencionó el certificado suscrito por el
revisor fiscal de Saludcoop EPS, prueba que no fue
debidamente valorada por el a quo. […]

3.1- Para decidir lo debatido, la Sala partirá de advertir que, en
un juicio análogo entre las mismas partes, esta corporación13
fijó el alcance de los supuestos de exclusión del Iva
establecidos por el legislador en los ordinales 3 y 8 del artículo
476 del ET14 (vigentes para la época de los hechos), en
concordancia con s reglamentación contenida en los artículos 1
a 5 del Decreto 841 de 1998. De conformidad con el aludido
precedente, la exclusión del Iva en la prestación de «3. (…) los
servicios vinculados con la seguridad social de acuerdo con lo
previsto en la Ley 100 de 1993» y «8. Los planes obligatorios
de salud del sistema de seguridad social en salud expedidos por
entidades autorizadas por la Superintendencia Nacional de
Salud (…)» exigen una aplicación objetiva del precepto. En
sentido, indicó esta Sala en la sentencia del 16 de noviembre
de 2023 (exp. 27036, CP: Wilson Ramos Girón): […]

4.1- Según los anteriores hechos, las labores implementadas
con el software adquirido estuvieron enfocadas a gestiones
administrativas que no estarían beneficiadas con la
desgravación del Iva como se puntualizó en los citados
precedentes (04 de agosto de 2022, exp. 26340, CP: Myriam
Stella Gutiérrez Argüello), como tampoco demostrarían «el
elemento objetivo de la exclusión, consistente en que tal
provisión haya recaído efectivamente en los cubrimientos
médicos recibidos por los usuarios finales del sistema de
seguridad social en salud» (sentencia del 16 de noviembre de
2023, exp. 27036, CP: Wilson Ramos Girón).

Respecto de la certificación emitida por la revisoría fiscal de la
EPS, que para la actora fue valorada de manera indebida y
mencionaba que el pago del servicio se efectuó con cargo a los
recursos parafiscales administrados por la contratante, la Sala
reitera lo ya indicado en otras oportunidades, pues «lo
relevante no es el pago del servicio mediante las Unidades de
Pago por Capitación -UPC-, sino la relación directa y objetiva
del servicio con las prestaciones propias del Plan Obligatorio de
Salud a las personas afiliadas al sistema de seguridad social en
salud, pues esto es lo que corresponde a la exigencia normativa
para la exclusión del IVA». Además, el servicio contratado fue
una solución a una labor administrativa no desgravada del Iva.

Lo propio se deduce de la certificación emitida por la
representante legal y la revisoría fiscal de Conexia SAS, así

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como de la certificación de su agente especial liquidadora, del
revisor fiscal de Saludcoop EPS y del jefe de tecnología de dicha
entidad, elementos probatorios que reafirman que se trató de
una solución informática administrativa en la prestación de los
servicios del POS. Por lo tanto, en aplicación de las directrices
jurisprudenciales desarrolladas por esta Sección, se concluye
que los servicios prestados por la actora no estaban directa y
efectivamente vinculados con el cumplimiento de las
prestaciones del POS para los usuarios del SGSSS afiliados a
Saludcoop EPS y, en consecuencia, no estaban excluidos del
Iva. No prospera el cargo de apelación. […]

Conclusión

5- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como
contenido interpretativo para este caso que: (i) los
presupuestos de exclusión del IVA previsto en los ordinales 3 y
8 del artículo 476 del ET exigen una aplicación objetiva, lo que
impone demostrar que los servicios tienen una efectiva y
directa vinculación con las prestaciones del POS y no con
gestiones administrativas del contratante, no siendo suficiente
por sí solo que los servicios sean remunerados con cargo a
recursos de la UPC. […]”. (Destacado pertenece al texto).

De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que

la SECCIÓN CUARTA realizó un análisis de la situación fáctica y

jurídica del asunto y, de conformidad con las pruebas recaudadas,

coligió que, las labores implementadas con el software que

proporcionó la actora estaban enfocadas en meras gestiones

administrativas que no demostraron el elemento objetivo de

exclusión del IVA, pues no se logró probar que la provisión de dicho

programa hubiere impactado en los servicios médicos recibidos por

los usuarios finales del sistema de salud.

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Igualmente, la autoridad judicial accionada consideró que los

presupuestos de exclusión del IVA previsto en el Estatuto Tributario,

exigen una aplicación objetiva, por ende, impone la necesidad de

comprobar una efectiva y directa vinculación con las prestaciones del

plan obligatorio de salud.

En ese sentido, concluyó que en el asunto no se logró probar el

elemento de la exclusión del impuesto, por lo tanto resolvió confirmar

la decisión del a quo.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la SECCIÓN CUARTA se

pronunció frente a los aspectos que el actor alude como

desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma

abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la

autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito

general de la relevancia constitucional.

Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí dispuesta,

lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de

conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, la SECCIÓN CUARTA decidió el asunto sometido a su

consideración.

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En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión

judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia

adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma

admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no

puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de

tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso

invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo que declaró

improcedente la solicitud de amparo presentada por el actor, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

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Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad

con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de octubre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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