Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-04214-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-04214-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04214-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
9 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04214-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: CONEXIA S.A.S.
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE, NO SE CUMPLE
CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, LOS
ARGUMENTOS DE LA TUTELA FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR
PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 19 de agosto de 2025, mediante la cual la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró
improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
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En adelante Sección Tercera.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04214-01
Actora: CONEXIA S.A.S.
I.1.- La Solicitud
La sociedad CONEXIA S.A.S., actuando a través de apoderado
judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN CUARTA DEL
CONSEJO DE ESTADO2 al haber proferido la providencia de 30 de
enero de 2025 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2019-00444-01.
I.2.- Hechos
Afirmó que es una sociedad que presta el servicio de tecnología
informática, sistemas de información, validación, autorización y
auditoria en el sector salud.
Mencionó que suscribió un contrato de prestación de servicios con la
E.P.S. SALUDCOOP con el fin de proveerle un sistema informático
de software para conectar todos sus proveedores médicos.
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En adelante Sección Cuarta.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04214-01
Actora: CONEXIA S.A.S.
Señaló que el 16 de septiembre de 2014 presentó la declaración del
impuesto a las ventas y, que con posterioridad, la E.P.S.
SALUDCOOP solicitó que a partir del 18 de febrero de 2015, no se
liquidara el aludido impuesto en la adquisición de elementos o
servicios de la E.P.S.
Adujo que debido a dicha circunstancia, solicitó a la DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)3 la corrección de
la liquidación aplicando la exclusión del IVA de los servicios
vinculados a la seguridad social.
Sostuvo que la DIAN inició la investigación administrativa por
concepto de las ventas efectuadas para el cuarto bimestre de 2014
y, profirió dos actos administrativos, a saber: i) el requerimiento
especial núm. 322402017000203 por medio del cual propuso
modificar los renglones 283, 374, 575 y 836 de la liquidación oficial
impuesto sobre las ventas - corrección núm. 322412015000820,
estableciendo un saldo a pagar por concepto de impuesto generado
a la tarifa general y una sanción por inexactitud con sustento en el
artículo 647 del Estatuto Tributario y, ii) la liquidación oficial de
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En adelante DIAN.
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Actora: CONEXIA S.A.S.
revisión núm. 322412018000043 de 26 de febrero de 2018,
modificando la liquidación privada presentada determinando un saldo
total a pagar de $569.518.000.oo.
Señaló que contra la liquidación oficial de revisión presentó ante la
DIAN recurso de reconsideración, el cual fue resuelto de manera
desfavorablemente.
Aseguró que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la DIAN, con el fin de que se declarara la nulidad de
los actos administrativos que resolvieron la liquidación oficial de
revisión y el recurso de reconsideración.
Aseveró que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2019-00444-00 y le correspondió por reparto a la
SECCIÓN CUARTA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA4 que, en sentencia de 16 de junio de 2023,
denegó las pretensiones de la demanda.
Indicó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación
ante la SECCIÓN CUARTA que, mediante sentencia de 30 de enero
de 2025, confirmó la decisión del a quo.
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En adelante Tribunal.
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Actora: CONEXIA S.A.S.
I.3. Fundamentos de derecho
Manifestó que la decisión judicial cuestionada incurrió en defecto
material o sustantivo, al interpretar de manera irrazonable y
arbitraria los numerales 3º y 8º del artículo 476 del Estatuto
Tributario y el artículo 1º del Decreto núm. 841 de 19985, comoquiera
que las exigencias establecidas por el legislador para determinar que
un servicio vinculado a la salud está excluido del IVA, son plausibles,
pues no imponen al responsable del impuesto la carga de probar el
impacto del servicio prestado, sino que basta con demostrar la
naturaleza del servicio y su vinculación con el sistema.
Recalcó que la providencia cuestionada erradamente consideró que
el responsable del impuesto debía demostrar la vinculación del
servicio con las prestaciones propias del sistema de seguridad social,
además del impacto puntual y concreto que sus servicios causaron
en los afiliados, exigencia que, a su juicio, no está contemplada en
el ordenamiento jurídico.
Adujo que “[…] exigir del proveedor de servicios informáticos […],
que allegue al proceso información de la que no tendría cómo
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“Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario y la Ley 100 de 1993 en los aspectos
tributarios relacionados con el Sistema General de Seguridad Social y se dictan otras disposiciones.”
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Actora: CONEXIA S.A.S.
disponer, ni a la que tendría cómo acceder, sin que el derecho
sustantivo vigente lo exija de manera expresa, denota la
irrazonabilidad de la interpretación y aplicación normativa efectuadas
por la Sección Cuarta. Esto, por ende, amerita la evaluación de la
validez de la sentencia a la luz de los postulados constitucionales que
se han comentado a lo largo de este escrito […]”.
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y/o cualquier otro
amenazado o afectado a CONEXIA S.A.S., vulnerados por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Cuarta, con la sentencia de segunda instancia de fecha 30 de enero
de 2025, proferida en el marco del proceso No. 25000-23-37-000-
2019-00444- 01 (28102) adelantado por CONEXIA S.A.S. en
contra de la Unidad Administrativa Especial de Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, al ser constitutiva de defecto
sustantivo.
SEGUNDA: En desarrollo del juicio de validez que caracteriza la
tutela contra providencias judiciales, DEJAR SIN VALOR NI
EFECTO la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta,
fechada el 30 de enero de 2025, proferida en el marco del proceso
No. 25000-23-37-000-2019-00444-01 (28102) adelantado por
CONEXIA S.A.S. en contra de la Unidad Administrativa Especial de
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
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Actora: CONEXIA S.A.S.
TERCERA: ORDENAR al Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Cuarta adoptar una decisión
conforme a los mandatos constitucionales de la Carta Política de
1991 y la normativa aplicable al caso concreto, esto es, a los
numerales 3° y 8° (hoy 2° y 3°) del artículo 476 del Estatuto
Tributario y al artículo 1 literal A del Decreto 841 de 1998 […]”.
(Destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN CUARTA manifestó que los argumentos que
sustentan el defecto invocado carecen de relevancia constitucional,
ya que lo cuestionado desconoce los efectos de la cosa juzgada y no
acredita el cumplimiento de las causales generales de procedencia de
la acción de tutela.
Indicó que la presente solicitud de amparo se está implementando
como una tercera instancia a fin que se revise la posición jurídica del
juez natural del asunto, pretendiendo reabrir el debate para que se
acoja su tesis interpretativa respecto de la procedencia de la
exclusión del IVA.
I.5.1.- El TRIBUNAL, vinculado en calidad de tercero con interés
directo en las resultas del proceso, señaló que la solicitud de amparo
es improcedente, comoquiera que la actora pretende utilizar el
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mecanismo constitucional como una tercera instancia o medio
alternativo para resolver la situación jurídica planteada en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado.
Indicó que la parte actora no demostró, ni argumentó en debida
forma las razones por las cuales considera que sus garantías
fundamentales fueron trasgredidas con la decisión censurada.
I.5.3.- La DIAN, vinculada en calidad de tercera con interés directo
en las resultas del proceso, advirtió que la solicitud no cumple con
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, en la medida que no cumple con la carga mínima
argumentativa para acreditar la configuración del defecto alegado.
Aseguró que las pretensiones están encaminadas a promover una
tercera instancia y reabrir una discusión que ya fue dirimida en sede
ordinaria, por lo que el mecanismo constitucional no fue previsto para
configurarse como un recurso adicional, pues de ser así se afectaría
el principio de seguridad jurídica.
I.5.4.- La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN manifestó
que carece de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que
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no se evidencia omisión o acción que pueda ser considerada como
una amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados
por la actora, razón por la que solicitó su desvinculación del presente
trámite constitucional.
I.5.5.- La AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL
ESTADO, adujó que carece de legitimación en la causa por pasiva
para intervenir en la acción de tutela, ya que no se evidencia en los
hechos de la demanda la existencia de acción u omisión que le sea
atribuible.
Mencionó que la función de intervención de la entidad es facultativa,
por lo que no está obligada a participar en todos los procesos en los
que una entidad pública sea parte.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 19 de agosto de
2025, aceptó las solicitudes de desvinculación de la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y de la AGENCIA
NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, comoquiera
que no constituyeron ninguno de los extremos de la controversia del
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medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuestionado.
De otra parte, declaró improcedente el amparo al considerar que no
se encontró satisfecho el requisito general de relevancia
constitucional, al evidenciar que la actora pretende revivir un debate
propio del juez natural, sobre una situación definida y consolidada.
Señaló que “[…] no se evidenció la necesidad de intervención del juez
de tutela en un asunto que ya fue resuelto por el juez natural, quien
puso de presente las razones por las cuales consideró que no existían
fundamentos para acceder a la exclusión del IVA solicitada y, en
consecuencia, declarar la nulidad del acto administrativo demandado
[…]”.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN
TERCERA, manifestando su desacuerdo con la motivación de la
decisión, pues, a su juicio, la presente acción de tutela si cumple a
plenitud la carga argumentativa exigida para colegir que, el conflicto
que se sometió a consideración del juez constitucional si corresponde
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a una vulneración de sus garantías constitucionales.
Asimismo, señaló que la solicitud de amparo no pretende revivir un
debate propio del juez natural, pues, a su juicio, el defecto sustantivo
se produjo con ocasión a una exigencia probatoria que no tiene
origen en la normatividad aplicable al asunto.
Recalcó que “[…] así la acción de tutela tenga por objeto una
providencia judicial proveniente de una Alta Corte del Estado
colombiano, el juez constitucional tiene el deber de hacer un análisis
de fondo de lo planteado, rehuyéndole a las interpretaciones
excesivamente formalistas del amparo que se somete a su
conocimiento […]”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
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establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
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especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
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deje sin efecto la sentencia de 30 de enero de 2025, proferida por
la SECCIÓN CUARTA, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2019-00444-01.
A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, habida cuenta que, a su juicio, incurrió en
defecto material o sustantivo.
Los disensos de la actora, radican en que la autoridad judicial
accionada incurrió en el defecto material o sustantivo, al
interpretar de manera irrazonable y arbitraria los numerales 3º y 8º
del artículo 476 del Estatuto Tributario y el artículo 1º del Decreto
núm. 841 de 1998, comoquiera que las exigencias establecidas por
el legislador para determinar que un servicio vinculado a la salud está
excluido del IVA, son plausibles, pues no imponen al responsable del
impuesto la carga de probar el impacto del servicio prestado, sino
que basta con demostrar la naturaleza del servicio y su vinculación
con el sistema.
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Recalcó que la providencia cuestionada erradamente consideró que
el responsable del impuesto debía demostrar la vinculación del
servicio con las prestaciones propias del sistema de seguridad social,
además, del impacto puntual y concreto que sus servicios causaron
en los afiliados, exigencia que, a su juicio, no está contemplada en
el ordenamiento jurídico .
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 19 de agosto de
2025, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no
se acreditó el requisito de relevancia constitucional.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la
motivación de la decisión, pues, a su juicio, la presente acción de
tutela si cumple a plenitud la carga argumentativa exigida para
colegir que, el conflicto que se sometió a consideración del juez
constitucional si corresponde a una vulneración de sus garantías
constitucionales.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
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confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se
establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
deprecados e incurrió en el defecto alegado.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
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esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».7
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
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jurisdicciones” [10].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
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requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia
constitucional, en la medida en que lo pretendido por la parte actora
es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración
del juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de
una instancia adicional al proceso ordinario.
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En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,
porque los motivos que fundamentan la inconformidad de la actora
se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial interpretó
indebidamente las normas aplicables al asunto, determinando una
carga probatoria que no fue contemplada por el legislador.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del
asunto, el cual fue resuelto por la SECCIÓN CUARTA de forma
admisible, así:
“[…] Análisis del caso concreto
3- Frente a los problemas jurídicos anteriormente planteados,
la Sala advierte que los estudiará de manera conjunta por
guardar identidad. A juicio de la apelante, fue equívoco el
análisis del tribunal acerca de la realidad jurídica, en tanto el
servicio informático (soporte informático, administración de
bases de datos, control y custodia de información) que prestó
a la EPS Saludcoop estaba excluido del Iva según los artículos
48 de la Constitución, 476 del ET y los pronunciamientos
doctrinarios de la demandada, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y de esta corporación. En particular, enfatizó que
los recursos que percibían las EPS por concepto de las UPC
formaban parte del SGSSS, los cuales tenían una destinación
específica como el POS, por lo que estos dineros no podían ser
alterados con otros gravámenes conforme el Oficio 100221330-
0000004, del 3 de marzo de 2015, con base en el cual tramitó
en su momento la corrección a su declaración para excluir del
impuesto lo percibido con motivo de ese servicio. Finalmente,
consideró que cumplió lo dispuesto en la letra a. del ordinal del
artículo 1.3.1.13.13. del DURT para la procedencia de la
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exclusión, para lo cual mencionó el certificado suscrito por el
revisor fiscal de Saludcoop EPS, prueba que no fue
debidamente valorada por el a quo. […]
3.1- Para decidir lo debatido, la Sala partirá de advertir que, en
un juicio análogo entre las mismas partes, esta corporación13
fijó el alcance de los supuestos de exclusión del Iva
establecidos por el legislador en los ordinales 3 y 8 del artículo
476 del ET14 (vigentes para la época de los hechos), en
concordancia con s reglamentación contenida en los artículos 1
a 5 del Decreto 841 de 1998. De conformidad con el aludido
precedente, la exclusión del Iva en la prestación de «3. (…) los
servicios vinculados con la seguridad social de acuerdo con lo
previsto en la Ley 100 de 1993» y «8. Los planes obligatorios
de salud del sistema de seguridad social en salud expedidos por
entidades autorizadas por la Superintendencia Nacional de
Salud (…)» exigen una aplicación objetiva del precepto. En
sentido, indicó esta Sala en la sentencia del 16 de noviembre
de 2023 (exp. 27036, CP: Wilson Ramos Girón): […]
4.1- Según los anteriores hechos, las labores implementadas
con el software adquirido estuvieron enfocadas a gestiones
administrativas que no estarían beneficiadas con la
desgravación del Iva como se puntualizó en los citados
precedentes (04 de agosto de 2022, exp. 26340, CP: Myriam
Stella Gutiérrez Argüello), como tampoco demostrarían «el
elemento objetivo de la exclusión, consistente en que tal
provisión haya recaído efectivamente en los cubrimientos
médicos recibidos por los usuarios finales del sistema de
seguridad social en salud» (sentencia del 16 de noviembre de
2023, exp. 27036, CP: Wilson Ramos Girón).
Respecto de la certificación emitida por la revisoría fiscal de la
EPS, que para la actora fue valorada de manera indebida y
mencionaba que el pago del servicio se efectuó con cargo a los
recursos parafiscales administrados por la contratante, la Sala
reitera lo ya indicado en otras oportunidades, pues «lo
relevante no es el pago del servicio mediante las Unidades de
Pago por Capitación -UPC-, sino la relación directa y objetiva
del servicio con las prestaciones propias del Plan Obligatorio de
Salud a las personas afiliadas al sistema de seguridad social en
salud, pues esto es lo que corresponde a la exigencia normativa
para la exclusión del IVA». Además, el servicio contratado fue
una solución a una labor administrativa no desgravada del Iva.
Lo propio se deduce de la certificación emitida por la
representante legal y la revisoría fiscal de Conexia SAS, así
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como de la certificación de su agente especial liquidadora, del
revisor fiscal de Saludcoop EPS y del jefe de tecnología de dicha
entidad, elementos probatorios que reafirman que se trató de
una solución informática administrativa en la prestación de los
servicios del POS. Por lo tanto, en aplicación de las directrices
jurisprudenciales desarrolladas por esta Sección, se concluye
que los servicios prestados por la actora no estaban directa y
efectivamente vinculados con el cumplimiento de las
prestaciones del POS para los usuarios del SGSSS afiliados a
Saludcoop EPS y, en consecuencia, no estaban excluidos del
Iva. No prospera el cargo de apelación. […]
Conclusión
5- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como
contenido interpretativo para este caso que: (i) los
presupuestos de exclusión del IVA previsto en los ordinales 3 y
8 del artículo 476 del ET exigen una aplicación objetiva, lo que
impone demostrar que los servicios tienen una efectiva y
directa vinculación con las prestaciones del POS y no con
gestiones administrativas del contratante, no siendo suficiente
por sí solo que los servicios sean remunerados con cargo a
recursos de la UPC. […]”. (Destacado pertenece al texto).
De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que
la SECCIÓN CUARTA realizó un análisis de la situación fáctica y
jurídica del asunto y, de conformidad con las pruebas recaudadas,
coligió que, las labores implementadas con el software que
proporcionó la actora estaban enfocadas en meras gestiones
administrativas que no demostraron el elemento objetivo de
exclusión del IVA, pues no se logró probar que la provisión de dicho
programa hubiere impactado en los servicios médicos recibidos por
los usuarios finales del sistema de salud.
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Igualmente, la autoridad judicial accionada consideró que los
presupuestos de exclusión del IVA previsto en el Estatuto Tributario,
exigen una aplicación objetiva, por ende, impone la necesidad de
comprobar una efectiva y directa vinculación con las prestaciones del
plan obligatorio de salud.
En ese sentido, concluyó que en el asunto no se logró probar el
elemento de la exclusión del impuesto, por lo tanto resolvió confirmar
la decisión del a quo.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la SECCIÓN CUARTA se
pronunció frente a los aspectos que el actor alude como
desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma
abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la
autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito
general de la relevancia constitucional.
Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí dispuesta,
lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de
conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, la SECCIÓN CUARTA decidió el asunto sometido a su
consideración.
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En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión
judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma
admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no
puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de
tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo que declaró
improcedente la solicitud de amparo presentada por el actor, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
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Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de octubre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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