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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04238-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04238-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de agosto de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 21 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022. 22 Ibid. 16 Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-01 Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-04238-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04238-01
Accionante: JAIME ALONSO CANO MARTÍNEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN QUINTA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado que declaró improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
6 de agosto de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Elseñor Jaime Alonso Cano Martínez solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a elegir y ser elegido, cuya
vulneración le atribuyó a la providencia de 27 de marzo de 2025 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad
electoral identificado con número de radicación 05001-23-33-000-2023-01215-
00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que fue elegido diputado de la Asamblea del departamento de Antioquia
para el periodo 2024-2027, con el aval del partido Conservador Colombiano.

2.2. Manifestó que la señora Natalia Vargas Núñez promovió la demanda de nulidad
electoral núm. 05001-23-33-000-2023-01215-00/01, para que se declarara la nulidad
del formulario E26ASA del 10 de noviembre de 2023, que contiene el acto de elección
del señor Jaime Alonso Cano Martínez como diputado del departamento de Antioquia
para el período constitucional 2024-2027.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-01
Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez

2.3. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió a la Sala Sexta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, autoridad judicial que, mediante
providencia de 17 de abril de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda.

2.4. Refirió que se interpuso el recurso de apelación contra la anterior decisión y que la
Sección Quinta del Consejo de Estado, a través sentencia de 27 de marzo de 2025,
confirmó la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones de la
demanda electoral.

2.5. Consideró que la sentencia de segunda instancia vulneró sus derechos
fundamentales indicados supra por haber incurrido en los defectos fáctico y
sustantivo y en desconocimiento del precedente judicial.

2.6. Como fundamento del defecto fáctico señaló que “[…] afirma la sección quinta
que la prueba definitiva para adoptar la decisión se refiere al denominado “post” […]”
sin tener en cuenta que “[…] la manifestación efectuada por el accionado no se dio en
el marco de una tarima pública, sino, del proceso consciente de publicar en sus redes
sociales el contenido descrito, por lo que, se puede concluir que ello correspondió a
la decisión consciente de hacer visible ante sus seguidores, las condiciones de una
aspiración política determinada […].

2.7. Adujo que las “[…] interpretaciones extensivas de la única prueba que sirvió para
declarar la nulidad, configuran el defecto factico (sic) por indebida valoración de la
prueba y un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial al
desconocer sentencias de la Corte Constitucional sobre la interpretación restrictiva y
la primacía del principio pro homine, además como veremos en adelante el trato
desigual frente a otro caso de similares características […]”.

2.8. Sobre el defecto sustantivo indicó “[…] La autoridad judicial desconoció principios
de interpretación de rango constitucional y legal que eran de obligatoria aplicación
[…]” para lo cual citó el principio de interpretación restrictiva, principio pro homine y de
favorabilidad.

2.9. Frente al defecto por desconocimiento del precedente judicial, aseguró que la
Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 3 de diciembre de
20201, en un proceso con identidad fáctica, dio correcta aplicación al principio pro
homine, negó las pretensiones de nulidad contra el acto de elección del gobernador
de Córdoba, ya que las múltiples pruebas que se aportaron al proceso (similares a las
del caso que se analiza), no tenían la entidad suficiente para configurar la causal de
doble militancia.

2.10. Finalmente solicitó se tenga como prueba la sentencia de la Corte Constitucional
SU – 175 de 13 de mayo de 2025, a través de la cual se dejó sin efecto la sentencia
del 9 de mayo de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el

1 Expediente núm. 11001-03-28-000-2020-00016-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-01
Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez

proceso con radicado núm. 11001-03-28-000-2023-00038-00 y ordenó proferir
decisión de reemplazo.

2.11. Manifestó que la sentencia referida constituye un precedente unificador aplicable
a su caso, por cuanto se dirige contra la misma autoridad judicial y el fondo del asunto
“[…] se centró en la presunta vulneración de derechos políticos y el debido proceso
como resultado de una interpretación judicial que la Corte Constitucional calificó como
restrictiva y contraria a los principios democráticos y de participación pluralista […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y a elegir y ser elegido de mi representado, el señor JAIME
ALONSO CANO MARTÍNEZ, los cuales fueron vulnerados por la Sección
Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS
JURÍDICOS la sentencia proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 27 de marzo de 2025,
dentro del proceso con radicado No. 05001-23-33-000-2023-01215-01,
mediante la cual se confirmó la decisión que anuló la elección de mi
poderdante como Diputado a la Asamblea de Antioquia.

TERCERO: En su lugar, ORDENAR a la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que, en el término
perentorio que Su Despacho determine, profiera una sentencia de
reemplazo que resuelva el recurso de apelación de manera consistente con
las consideraciones y la protección de derechos ordenada en el fallo de tutela.

CUARTO: Adoptar cualquier otra medida que Su Despacho estime
conducente y necesaria para el restablecimiento y la protección efectiva de
los derechos fundamentales de mi representado […]”. [Mayúscula y negrilla
del texto original].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 16 de julio de 2025, el Despacho de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente
acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés
directo en el resultado del proceso al Tribunal Administrativo de Antioquia, a la
Asamblea Departamental de Antioquia, al Consejo Nacional Electoral y a los
señores Natalia Vargas Núñez y Carlos Mario Arango de la Pava.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegó el siguiente informe:

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-01
Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez

5.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado a través de la magistrada ponente
de la decisión controvertida, manifestó que no se evidencian motivos para concluir
la relevancia constitucional de la presente acción por cuanto el accionante se limita
a exponer su inconformidad con la sentencia sin referir una verdadera trasgresión
a sus garantías fundamentales.

5.2. Agregó que no se configura el desconocimiento del precedente alegado por
cuanto las condiciones específicas de cada caso, sobre todo en asuntos de doble
militancia, no permiten que las decisiones de otros sean extensivas y destacó que
en el proceso controvertido se realizó una valoración conjunta ponderada y
razonable de los elementos aportados.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 6 de agosto de 2025, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional.

7. Al respecto consideró “[…] la parte actora propone la misma discusión jurídica
que se presentó en el proceso de nulidad electoral que se cuestiona, porque insiste
en que se interpretó de manera errónea la causal de doble militancia y en la
indebida valoración probatoria, con base en las cual se determinó el apoyo a la
candidata Zapata Bernal. […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. El accionante impugnó la sentencia proferida en primera instancia argumentando
lo siguiente:

“[…] El juez de tutela confundió la identidad de los hechos del proceso ordinario
con la naturaleza de los defectos alegados en sede constitucional, incurriendo
así en una evasión del análisis de fondo que le competía.

[…]

la sentencia impugnada afirma que el debate probatorio ya fue zanjado por el
juez natural. Sin embargo, la tutela no cuestionó la legalidad de la prueba, sino
la arbitrariedad de su valoración. La Sección Quinta fundamentó la nulidad
de la elección de más de 65.000 ciudadanos en una única publicación en la red
social "X". Como se demostró en la tutela, el juez electoral:

● Tergiversó el contenido del mensaje: Afirmó que mi cliente "promovió las
características que [...] la hacían una candidata viable", cuando el texto original
se limita a un elogio personal ("Luisa Zapata es una mujer preparada").

● Llegó a una conclusión dubitativa: La propia sentencia de nulidad
reconoce que "es posible señalar que [...] se trató de un acto de apoyo". Una
"posibilidad" es la antítesis de la certeza más allá de toda duda razonable que
la misma Sección Quinta ha exigido para anular una elección, precisamente
por la gravedad que implica suprimir la voluntad popular.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-01
Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez

Vaciar el mandato de un elegido popularmente con base en una inferencia
subjetiva y una conclusión dubitativa no es una "mera discrepancia
interpretativa". Es una actuación judicial arbitraria que rompe el nexo entre
la prueba y la decisión, configurando un claro defecto fáctico con relevancia
constitucional. El juez de tutela tenía el deber de examinar si esa forma de
razonar era compatible con el derecho a un debido proceso probatorio (Art. 29
C.P.), pero optó por no hacerlo […]”. [Negrilla original del texto]

9. Refirió
que el juez de tutela se apartó de “[…] su propio precedente,
establecido en la Sentencia del 3 de diciembre de 2020 (Rad. 11001-03-28-
000-2020-00016- 00) […]” a través del cual se concluyó “[…] se califica como
una “imprudencia” pero NO configura apoyo. Se protege la cordialidad y se
valora en el contexto de un agradecimiento […]”, lo que conlleva a la
vulneración de su derecho a la igualdad.

10. Por lo anterior, solicitó se revoque la decisión de primera instancia y en su
lugar se conceda el amparo de los derechos fundamentales solicitados en el
escrito de tutela.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.

VIII.2. Problemas jurídicos

12. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan

los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-01
Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez

13. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

14. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

15. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-01
Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez

18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.

19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

20. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

21. El señor Jaime Alonso Cano Martínez solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a elegir y ser elegido, cuya
vulneración le atribuyó a la providencia de 27 de marzo de 2025 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad
electoral identificada con número de radicación 05001-23-33-000-2023-01215-
00/01.

22. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

23. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido
cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental12 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter
meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras
jurisdicciones13.

11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-01
Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez

24. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales14, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.

25. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

26. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-01
Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

27. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.

28. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera

18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-01
Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez

legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.

29. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la Sección Quinta del Consejo de Estado
vulneró sus derechos fundamentales indicados supra, por haber incurrido,
presuntamente, en los defectos fáctico y sustantivo y en desconocimiento del
precedente judicial.

30. Como fundamento del defecto fáctico señaló que “[…] afirma la sección quinta
que la prueba definitiva para adoptar la decisión se refiere al denominado “post” […]”
sin tener en cuenta que “[…] la manifestación efectuada por el accionado no se dio en
el marco de una tarima pública, sino, del proceso consciente de publicar en sus redes
sociales el contenido descrito, por lo que, se puede concluir que ello correspondió a
la decisión consciente de hacer visible ante sus seguidores, las condiciones de una
aspiración política determinada […].

31. Adujo que las “[…] interpretaciones extensivas de la única prueba que sirvió para
declarar la nulidad, configuran el defecto factico por indebida valoración de la prueba
y un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial al desconocer
sentencias de la Corte6 Constitucional sobre la interpretación restrictiva y la primacía
del principio pro homine, además como veremos en adelante el trato desigual frente
a otro caso de similares características […]”.

32. Sobre el defecto sustantivo indicó “[…] La autoridad judicial desconoció principios
de interpretación de rango constitucional y legal que eran de obligatoria aplicación
[…]” para lo cual citó el principio de interpretación restrictiva, principio pro homine y de
favorabilidad.

33. Frente al defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, aseguró que
la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 3 de diciembre de
202020, en un proceso con identidad fáctica, dio correcta aplicación al principio pro
homine, negó las pretensiones de nulidad contra el acto de elección del gobernador
de Córdoba, ya que las múltiples pruebas que se aportaron al proceso (similares a las
del caso que se analiza), no tenían la entidad suficiente para configurar la causal de
doble militancia.

34. Finalmente solicitó se tenga como prueba la sentencia de la Corte Constitucional
SU – 175 de 13 de mayo de 2025, a través de la cual se dejó sin efecto la sentencia
del 9 de mayo de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el

19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
20 Expediente núm. 11001-03-28-000-2020-00016-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-01
Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez

proceso con radicado núm. 11001-03-28-000-2023-00038-00 y ordenó proferir
decisión de reemplazo.

35. Manifestó que la sentencia referida constituye un precedente unificador aplicable a
su caso, por cuanto se dirige contra la misma autoridad judicial y el fondo del asunto
“[…] se centró en la presunta vulneración de derechos políticos y el debido proceso
como resultado de una interpretación judicial que la Corte Constitucional calificó como
restrictiva y contraria a los principios democráticos y de participación pluralista […]”.

36. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y, ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto.

37. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

38. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce
que le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que el
accionante no está poniendo de presente que la providencia controvertida haya
incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su inconformidad se
fundamenta en que el juez de segunda instancia confirmó la sentencia de primera
instancia.

39. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Sección Quinta del Consejo de Estado así:

“[…] se tiene que tanto las fotografías como videos aportados por la parte
demandante al proceso, no fueron arrimados en un formato que pueda ser
considerado como un mensaje de datos de los que regula la Ley 527 de 1999,
esto es, por ejemplo, una publicación en una red social o información contenida
en un correo electrónico, sino que por el contrario, se aportaron en archivos
con formato «.mp4» y «.jpg», respecto de los cuales se puede acceder de forma
directa, sin la necesidad de contar con enlaces particulares para su consulta.

[…] 126. Bajo esta óptica, el apelante pretende derivar algunas exigencias que
solo se predican de los mensajes de datos, respecto de pruebas que son
consideradas como documentos en el sentido tradicional de la expresión, y, por
lo tanto, sus razones de inconformidad no son de recibo.

127. En conclusión, de lo dicho hasta el momento, la Sala no evidencia reparo
alguno en punto de la autenticidad de las pruebas aportadas por el
demandante, razón por la cual, aquellas serán estudiadas desde los motivos
de inconformidad expuestos en la apelación respecto de la configuración de la
doble militancia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-01
Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez

[…] 141. Así las cosas, en aplicación de los raseros jurisprudenciales antes
descritos, se puede señalar que, en el presente caso, si bien, se tiene una
expresión de favorecimiento por parte del señor Cano Martínez respecto de un
candidato sobre el cual la norma electoral le prohibía manifestar su apoyo, lo
cierto es que no está demostrado que ese mensaje hubiere sido (i) difundido
en las redes sociales del demandado o en cualquier instancia de la cual tuviera
control directo o indirecto (ii) o dado a conocer a través de algún medio de
comunicación o forma de difusión masiva de terceros, como lo serían, por
ejemplo, perfiles o servicios de mensajería instantánea de otros aspirantes, por
citar solo algunas circunstancias.

142. En esa medida, no se probó que se hubiere presentado de forma efectiva
un acto positivo de apoyo por parte del demandado, tendiente a promover ante
el electorado la aspiración del señor Óscar Guillermo Grisales Ortiz, por lo que
esta Sección concluye que, por esta circunstancia, no es posible acceder a las
pretensiones de la demanda.

[…]

147. En igual sentido, la señora Daniela Taborda Marín, quien fue citada como
testigo y en su dicho refirió haber sido la persona encargada del
direccionamiento de comunicaciones de la campaña del entonces candidato a
la Asamblea Departamental de Antioquia, señor Jaime Alonso Cano Martínez,
señaló que se utilizaron medios impresos y digitales para promover la
mencionada aspiración, precisando respecto de estos últimos lo siguiente:

«[…] las redes sociales del diputado que se manejaron fue una cuenta en
X, una cuenta en Instagram, un perfil de Facebook y una FanPage.

Magistrada: ¿Cuáles cuentas en cada una de esas redes?

Respondió: En X, JAIME CANO DIPUTADO […]»

148. De lo dicho, se tiene entonces que el post que se estudia responde a la
actividad desplegada desde el perfil del demandado y que en aquel se registra
su asistencia a una actividad proselitista de la señora Luisa María Zapata
Bernal. Debe señalarse que, particularmente, una de las fotos que acompaña
la publicación permite identificar la presencia del accionado, en medio de un
grupo de personas y de distintas formas publicitarias que refieren al «T9», que
la Sala entiende como el número que se asignó a la mencionada como
candidata al Concejo de Itagüí por el grupo significativo de ciudadanos «Itagüí
Somos Todos»:

[…] 156. Descendiendo al contenido de la publicación, se tiene que la misma
responde a una expresión del demandado, en la cual, reconoce las virtudes de
la entonces aspirante al Concejo Municipal de Itagüí, señalando su experiencia
y preparación, por lo que considera que accederá al cargo de elección popular
al cual fue postulada.

157. Es de resaltar que la manifestación efectuada por el accionado no se dio
en el marco de una tarima pública, sino, del proceso consciente de publicar en
sus redes sociales el contenido descrito, por lo que, se puede concluir que ello
correspondió a la decisión consciente de hacer visible ante sus seguidores, las
condiciones de una aspiración política determinada.

158. Adicionalmente, el contexto en que se presenta la prueba que se analiza
permite a la Sala concluir que el señor Jaime Alonso Cano Martínez promovió

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-01
Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez

la aspiración de la señora Luisa María Zapata Bernal, como pasa a explicarse
a continuación:

159. En principio, la Sala resalta algunos aspectos que considera importantes
en punto de las publicaciones que hacen los candidatos a cargos de elección
popular en redes sociales, que se consideran importantes a efectos de tomar
la determinación en el presente caso.

160. Por un lado, la jurisprudencia de esta Corporación ha referido que, una
vez identificada la persona a la que se refiere un perfil determinado, se entiende
que aquella es la responsable directa del contenido que allí se publica, por lo
que, para esta judicatura, se encuentra acreditado que la manifestación
contenida, tanto en texto como en imágenes, responde a la conducta
desplegada por el señor Jaime Alonso Cano Martínez.

161. A su vez, se considera importante indicar, que el perfil «JAIME CANO
DIPUTADO» tuvo una clara finalidad proselitista, dado que la señora Daniela
Taborda Marín, encargada del proceso de comunicaciones de la campaña del
aquí demandado, reconoció en su testimonio que la actividad de promoción
política de esa aspiración se llevó a cabo por medio digitales, entre ellos, la red
social «X» (antes Twitter) del señor Cano Martínez.

162. En este punto es importante reiterar el criterio expuesto por esta Sección,
que ha señalado el creciente uso de las plataformas digitales como espacio de
difusión política, lo que genera un alto impacto social al momento de publicarse
algún contenido referido a campañas políticas, al punto de considerar que la
mera promoción de los actos de campaña de aspirantes por partidos o
movimientos políticos por estos medios masivos o de sus piezas publicitarias
lleva a la configuración de la prohibición de doble militancia en la modalidad de
apoyo.

163. Considera importante esta Sección recabar sobre este aspecto, dado que
la valoración de las pruebas aportadas para demostrar la configuración de los
actos de apoyo proscritos por la norma electoral debe permitir el pleno
convencimiento sobre la ocurrencia de aquellos. Es por esto por lo que
evidenciar una actividad propia, en un medio público como lo sería una red
social, en la cual se busca poner de presente a un número indeterminado de
personas las condiciones sobre una candidatura en concreto, conlleva a
entender que se presenta en un claro contexto proselitista.

165. Los anteriores artículos permiten a este juez electoral contar con
elementos plenamente objetivos para la valoración de la actividad desplegada
por el aquí demandado, si se tiene en cuenta que: • Su manifestación se realizó
en su perfil de «X», de lo que se concluye su carácter masivo. • El uso de redes
sociales, claramente, encaja en la amplitud con la cual el legislador quiso cubrir
todos los actos que pueden ser considerados como campaña y propaganda
electoral. • El mensaje desplegado busca promover una candidatura en
específico, con el fin de generar en los ciudadanos votantes la identificación
con aquella, en pro de la disposición del sufragio a su favor, lo que atiene al
elemento teleológico de las disposiciones jurídicas a que se hizo referencia
previamente.

166. De lo descrito, para esta Corporación, es posible señalar que, el hecho de
que a través del perfil del demandado en la red social «X», se pusiera de
presente a sus electores las condiciones favorables que reconocía en la
aspiración de la señora Luisa María Zapata Bernal, permite a este juez electoral
concluir, razonablemente, que se trató de un acto de apoyo a dicha
candidatura.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-01
Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez

167. Lo anterior, en tanto el señor Cano Martínez no solamente se limitó en
expresar gratitud o simpatía por la persona de la candidata, sino que en uno de
los medios que utilizó para hacer proselitismo, decidió promover las
características que, a su juicio, la hacían una candidata viable para obtener una
curul en el Concejo de Itagüí. En ese mismo sentido, de manera directa,
expresa e inequívoca, indicó que «con el apoyo de todos […] pronto será
concejala de Itagüí» (énfasis propio), por lo que se entiende que con ello buscó
persuadir al electorado, con el fin de sufragar a favor de la candidata que
previamente había exaltado con su declaración.

168. A su vez, la Sala pone de presente que el demandado posó en fotos que
contienen piezas publicitarias de la entonces candidata y, expresamente, las
hizo visibles en su red social en compañía de un mensaje que promovía las
calidades personales de aquella, lo que denota el acompañamiento a la
postulación de la señora Zapata Bernal, lo que constituye un acto de
propaganda electoral.

169. De otro lado, es importante destacar que, si bien en el testimonio de la
señora Daniela Taborda Marín, responsable de las comunicaciones, refirió que
en los perfiles del señor Jaime Alonso Cano Martínez se publicaba solamente
el contenido generado respecto de las aspiraciones de los candidatos del
Partido Conservador Colombiano, lo cierto es que dicha manifestación no
encuentra asidero y resulta contradictoria respecto de la prueba documental
que se estudia.

170. En este punto, es importante entonces responder a uno de los
cuestionamientos esbozados por el apelante en su escrito, al señalar que, del
análisis en conjunto de las pruebas, lo que se logra evidenciar es el apoyo de
la señora Zapata Bernal al aquí accionado. A pesar de lo anterior, que incluso
fue reconocido por la señalada al rendir su versión de los hechos en la
audiencia de pruebas, lo cierto es que esta circunstancia en nada contradice la
conclusión a la que se arriba en forma precedente, dado que, de tener probado
ese hecho, lo cierto es que el señor Cano Martínez, en su condición de
candidato por el Partido Conservador, promovió la candidatura de la
referenciada.

171. A su vez, si bien es cierto todos los testimonios recibidos en el proceso,
señalaron que el señor Jaime Alonso Cano Martínez solo dirigió su apoyo
respecto de los candidatos de la organización política en la cual milita, este
dicho no encuentra soporte en el conjunto de las pruebas aportadas al proceso
y con la actividad desplegada por el mismo elegido, quien en sus redes sociales
favoreció a la señora Luisa María Zapata Bernal, por lo que la Sala no
encuentra mérito en el dicho de los terceros al hacer referencia a esa situación

172. Conclusión: En atención a lo expuesto en este apartado de la providencia,
la Sala encuentra que no le asiste razón al apelante, al menos, en cuanto hace
a la conducta reprochada al señor Jaime Alonso Cano Martínez, en lo referente
al apoyo brindado a la señora Luisa María Zapata Bernal, dado que conforme
a lo dicho se tiene acreditada esta circunstancia, siendo procedente entonces,
confirmar la declaratoria de nulidad del acto demandado […]”.

40. La anterior transcripción permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

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Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez

41. En este punto, vale la pena señalar que de conformidad con los principios de libre
valoración de la prueba, autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 de
la Constitución Política), los jueces gozan de amplias facultades para valorar las
pruebas dentro del proceso. En ese sentido, es al juez natural de la causa a quien le
corresponde determinar el valor de cada medio de prueba, bajo las reglas de la sana
crítica.

42. De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por una
inconformidad con la valoración de las pruebas solo tiene cabida cuando la decisión
contenga errores graves, que desconozcan los principios de la sana crítica. En esta
oportunidad lo perseguido por el accionante es controvertir el análisis probatorio
efectuado por el juez natural del asunto, lo que claramente constituye una
desnaturalización de este mecanismo, en tanto que está siendo utilizado como una
tercera instancia.

43. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”21.

44. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”22.

45. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará el fallo impugnado, como
se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de agosto de 2025, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
22
Ibid.

16

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04238-01
Accionante: Jaime Alonso Cano Martínez

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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