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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04239-00

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04239-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: En caso de que no sea impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04239-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

8 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04239-00
Accionante: Luis Omir Corrales Trujillo
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Se niegan las pretensiones de la acción de tutela por no
configurarse los defectos alegados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide
la acción de tutela1 instaurada por el señor Luis Omir Corrales Trujillo, contra el
Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y el Tribunal
Administrativo del Tolima por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y a la
reparación efectiva, ocurrida con ocasión de las providencias del 1 de noviembre
de 20242 y del 24 de abril de 2025 respectivamente, dentro del proceso seguido
bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
73001-33-33-004-2018-00226-00/01.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela y del expediente, se colige que, mediante providencia
del 30 de junio de 20203, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de
Ibagué declaró la nulidad parcial de los autos 005 y 009 de 2017, emitidos en el
proceso fiscal DRF-007 de 2016, y condenó en abstracto a la Contraloría
Municipal de Ibagué por pérdida de oportunidad en perjuicio del señor Luis Omir
Corrales Trujillo.

3. La sentencia fue apelada por el apoderado del accionante con relación a
los perjuicios morales, pero no respecto a la condena en abstracto. El 13 de
diciembre de 20234, el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó parcialmente
la decisión, revocando únicamente la condena por perjuicios morales y fijando un
tope máximo indemnizatorio de $10.000.000.

1
Presentada el 9 de julio de 2025.
2
La cual cobró ejecutoria el 14 de febrero de 2025, índice 9 del aplicativo SAMAI,
042Ejecutoria_ejecutoria_ConstanciaSecretaria
3
Exp. 73001-33-33-004-2018-00226-00.
4
La providencia fue notificada el 13 de febrero de 2024.

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4. El 15 de mayo de 2024, el apoderado del demandante presentó incidente
de liquidación acompañado de una propuesta por $13.885.864 más intereses,
que estimó correspondiente al salario de Oficial Mayor de Juzgado de Circuito
entre mayo y julio de 2018, sin incluir prestaciones.

5. El a quo, mediante auto del 1 de noviembre de 20245, negó la liquidación
de perjuicios materiales reconocidos en la modalidad de pérdida de oportunidad
pues concluyó que la liquidación no contaba con el soporte probatorio del salario
devengado en 2018 por un Oficial Mayor, ni debía incluir intereses. Así las cosas,
la autoridad judicial no reconoció suma alguna por la pérdida de oportunidad al
no acreditarse, aplicando el artículo 167 del CGP.

6. El actor presentó recurso de reposición6 y en subsidio apelación, pero
mediante auto del 24 de abril de 2025 fue confirmada la decisión del a quo
negando lo pretendido.

2.2. Fundamento jurídico

7. La parte actora reprochó que las autoridades judiciales presuntamente
incurrieron en un defecto fáctico «negativo», al exigir como prueba el monto
del salario, pues en su sentir, este era un «hecho notorio» al tratarse del
estipendio de un funcionario judicial regulado por decreto, por lo que exigirlo,
trasgredió su derecho fundamental al debido proceso y a la administración de
justicia.

8. Para sustentar jurídicamente el defecto alegado, sin precisar como la
jurisprudencia invocada era aplicable a su asunto específico, señaló algunas
sentencias7 de la Corte Constitucional que indicó que hacían referencia a que los
hechos notorios no requieren probarse.

9. El actor invocó además la existencia de un defecto sustantivo sustentado
en lo planteado en el defecto precedente, respecto a que no era de recibo exigir
prueba sobre un hecho notorio como el salario de un funcionario judicial regulado
por decreto, pues esta exigencia, según su planteamiento, contradecía el orden
jurídico vigente y vulneró sus derechos fundamentales. Sin embargo, no identificó
ninguna norma específica que hubiese sido omitida relacionada con ello.

10. También argumentó que dicha exigencia frustró el cumplimiento material
de la sentencia, impidiendo la liquidación de perjuicios que ya habían sido

5
Índice 13 del aplicativo SAMAI, 2024031AutodeTramite_niegainci_AutoNiegaIncidente20
6
El cual fue negado a través del auto del 10 de febrero de 2025, índice 2 del aplicativo SAMAI,
7_110010315000202504239005DemandaWeb202579145153 y confirmado en sede de apelación por el Tribunal
Administrativo del Tolima mediante auto del 24 de abril de 2025, índice 9 del aplicativo SAMAI,
005Autoconfirma_confirmaa_AUTO7300133330042018.
7
En primer lugar, invocó la sentencia T-157 de 2020, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, -
que analizó si la pandemia generada por el COVID 19 era un hecho notorio-. Adicionalmente, la Sentencia T-
206 de 2024, MP Vladimir Fernández Andrade, - que abordó tres ejes temáticos: debido proceso, libertad de
expresión y, en virtud de las facultades extra y ultra petita, el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en
el entorno digital, pero no tiene dentro de su análisis al hecho notorio. - Asimismo, citó una sentencia de la
Sección Segunda, Subsección A Consejo de Estado con radicado 2013-01884 de 2020, con ponencia del
magistrado Gabriel Valbuena Hernández, cuyo tema central es la improcedencia de la nivelación salarial en el
asunto concreto tratado allí, pero no hace mención alguna respecto al hecho notorio.

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reconocidos, lo que enmarcó como una decisión contraria al principio de
reparación integral, pero no profundizó en sus argumentos sobre el particular ni
citó una disposición normativa concreta que se haya incumplido al respecto.

2.3. Pretensiones

11. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«Primera: Se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, el
acceso a la administración de justicia y el derecho a la reparación efectiva o los
que considere el señor magistrado se hallen en situación de vulneración o
amenaza.

Segunda: En consecuencia, en aras del restablecimiento de derechos, se dejen
sin efectos los autos del 1 de noviembre de 2024 y 24 de abril de 2025.

Tercera: Se ordene reconocer la liquidación de perjuicios por pérdida de
oportunidad conforme a la sentencia o en su defecto se declare que la prueba
requerida por las instancias judiciales es un hecho notorio y que por tanto no
requiere de prueba como fue afirmado por las instancias tuteladas.» (SIC en
toda la cita.)

2.4. Intervenciones

12. Mediante auto del 108 de julio de 2025 se admitió la acción de tutela de la
referencia, se ordenó notificar como accionados al Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Ibagué y al Tribunal Administrativo del Tolima, y como interesados
en el resultado del proceso se notificó a la señora Ruby Lisseth Toro Carvajal, a
la Contraloría Municipal de Ibagué y a todos los demás vinculados al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 73001-33-33-004-
2018-00226-00 [02], en el que actúa como accionante el señor Luis Omir Corrales
Trujillo y otros.

13. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para lo de su competencia.

2.4.1 El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué9, informó
que el señor Luis Omir Corrales Trujillo, junto con dos de sus familiares, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra unos actos
administrativos proferidos por la Contraloría Municipal de Ibagué. Afirmó que el
proceso fue admitido el 26 de septiembre de 2018 y culminó con una sentencia
el 30 de junio de 2020, declarando la nulidad de los actos y condenando a la
entidad por perjuicios, incluidos los materiales en abstracto por pérdida de
oportunidad.

14. Sostuvo que el incidente de liquidación fue promovido en 2024, con
traslado a la parte demandada el 24 de julio y fue resuelto de fondo el 1° de
noviembre del mismo año, negando la liquidación, toda vez que el actor no
acreditó, mediante una prueba idónea, que las sumas reclamadas correspondían
a lo devengado por un Oficial Mayor en el año 2018, incumpliendo con la carga

8
Índice 5, del aplicativo SAMAI
9
Índice 9, del aplicativo SAMAI

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Acción de Tutela
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probatoria que le correspondía.

15. Indicó que la parte actora interpuso los recursos de reposición (resuelto el
10 de febrero de 2025) y de apelación (decidido el 24 de abril de 2025), siendo
confirmada la decisión que negó la liquidación.

16. El juzgado concluyó que debía declararse la improcedencia de la acción
de tutela, al no evidenciar una vulneración de derechos fundamentales ni justificar
la intervención del juez constitucional frente a actuaciones judiciales ya
ejecutoriadas, reiterando la falta de prueba en el proceso ordinario conforme a lo
preceptuado en el artículo 167 del CGP.

2.4.2. El Tribunal Administrativo del Tolima10 señaló que, mediante auto del
24 de abril de 2025, confirmó la decisión del 1° de noviembre de 2024, negando
la liquidación de perjuicios por pérdida de oportunidad a favor del señor Luis Omir
Corrales Trujillo. Precisó que la sentencia a liquidar fijó como periodo
indemnizable los meses de mayo a julio de 2018, con un tope de $10.000.000,
sin existir prueba suficiente sobre la remuneración del cargo de Oficial Mayor.

17. El Tribunal consideró que el actor incumplió su carga probatoria al
presentar una liquidación sin soportes pues el reporte salarial anexado en
apelación no correspondía al periodo ni al despacho fijado. Adicionalmente,
descartó la tesis del salario como hecho notorio por su variabilidad y
especificidad, advirtiendo que no puede presumirse su conocimiento
judicial sin respaldo documental.

18. El ad quem sostuvo que la acción de tutela no procede para controvertir
decisiones judiciales ejecutoriadas, salvo que exista una vía de hecho, la cual no
se configuró en este caso. Señaló que los presuntos errores judiciales deben ser
tratados a través de los mecanismos ordinarios, y que la tutela como instrumento
residual no puede sustituir la estructura procesal prevista por el legislador por lo
que solicitó declarar improcedente la acción o en su defecto negar el amparo
solicitado.

2.4.3. La Contraloría Municipal de Ibagué11, solicitó ser desvinculada de la
acción por no estar legitimada en la causa por pasiva ni haber trasgredido los
derechos fundamentales del actor.

2.4.4. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

19. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás
normas concordantes.
10
Índice 10, del aplicativo SAMAI
11
Índice 11, del aplicativo SAMAI

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Acción de Tutela
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3.2. Cuestión previa

20. Teniendo en cuenta que la Contraloría Municipal de Ibagué solicitó ser
desvinculada de la acción por no estar legitimada por pasiva, pero fue llamada
como tercero interesado en el resultado del proceso, con el fin de garantizar su
derecho de defensa se negará su desvinculación de este.

3.3. Problema jurídico

21. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y el
Tribunal Administrativo del Tolima trasgredieron los derechos fundamentales al
debido proceso, el acceso a la administración de justicia y a la reparación efectiva
de la parte actora, con ocasión de la configuración de los defectos fáctico y
sustantivo en las providencias del 1 de noviembre de 2024 y del 24 de abril de
2025 respectivamente, dentro del proceso seguido bajo el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 73001-33-33-004-2018-
00226-00/01.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

22. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991 así como por
los Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000 compilados en el Decreto 1069 de
2015, protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o
amenazados, actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros
medios judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.

23. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

24. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en
esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia

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de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

25. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde que se profirió la providencia objeto de cuestionamiento, esto
es, el 1 de noviembre de 202412 y del 24 de abril de 2025 y la interposición de la
acción de tutela, es decir, 9 de julio de la presente anualidad.

3.3.1.4. El asunto a resolver es de relevancia constitucional, en la medida que se
centra en establecer una posible vulneración iusfundamental del debido proceso,
el acceso a la administración de justicia y a la reparación efectiva como
consecuencia de los defectos: fáctico y sustantivo, los cuales se encuentran
fundamentados razonablemente.

26. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

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La cual cobró ejecutoria el 14 de febrero de 2025, índice 9 del aplicativo SAMAI,
042Ejecutoria_ejecutoria_ConstanciaSecretaria

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3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

27. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional13 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa14, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva15, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

28. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser,
de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta
más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»16.

29. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por
el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

30. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el
campo de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo
en los siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic)
que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite
la aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En
suma, el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de

13 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de

2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
14
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
15 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.

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la normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de
juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»17.

31. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en
los cuales se configura el defecto sustantivo como causal especifica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando
la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal
aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su
aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento
del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en
cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable
por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes
(irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de
la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre
la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto
que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad
no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada
de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el
orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que
toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen
al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea,
por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque
su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada
inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar
vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos
a los expresamente señalados por el legislador»18.

32. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que
se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las

17 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.
18 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub.

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normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se
desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio
decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.

4. Análisis de la presunta configuración de los defectos alegados en el
asunto bajo examen

33. La parte accionante sostuvo que la decisión objeto de cuestionamiento
adoleció de un defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio,
particularmente porque consideró como un hecho notorio el valor del salario
devengado por un Oficial Mayor de juzgado de circuito en el año 2018.

34. No obstante, con relación al defecto fáctico adujo ignoradas algunas
sentencias19 de la Corte Constitucional que indicó que hacían referencia a que
los hechos notorios no requieren probarse. Asimismo, endilgó la existencia de un
defecto sustantivo, del que no precisó con exactitud la normativa trasgredida.

35. En ese entendido, la Sala considera necesario transcribir algunos apartes
de la providencia del 24 de abril de 2025 que confirmó la decisión del a quo, para
establecer cuál fue el análisis realizado por la autoridad judicial y si ésta
desconoció de manera deliberada la prueba que se alega omitida y la
jurisprudencia invocada:

«[…] Esta Sala se pronunciará sobre la solicitud de liquidación de la condena
impuesta en abstracto, conforme los lineamientos establecidos en la sentencia de
primera instancia del 30 de junio de 2020, confirmada por el Tribunal Administrativo
del Tolima el 13 de diciembre de 2023, originada por el perjuicio en la modalidad de
pérdida de oportunidad sufrido por el señor LUIS OMIR CORRALES TRUJILLO, al
no poder acceder al cargo de Oficial Mayor o Sustanciador Nominado del Juzgado
Primero Administrativo de Girardot Cundinamarca durante el periodo de inhabilidad
derivado de un fallo de responsabilidad fiscal que posteriormente fue anulado.

La sentencia que se busca liquidar fijó como extremos temporales para el cálculo del
perjuicio el periodo comprendido entre mayo y 31 de julio de 2018, fecha esta última
en la que se efectuó el pago de la sanción fiscal, cesando así la circunstancia
impeditiva para el acceso al empleo público.

Respecto al monto indemnizatorio, la sentencia dispuso su liquidación en abstracto
mediante incidente, estableciendo como tope máximo la suma de $10.000.000, ante
la ausencia de elementos probatorios en el expediente para determinar el salario de
un Oficial Mayor o Sustanciador del Juzgado Primero Administrativo de Girardot-
Cundinamarca para el año 2018.

En el trámite incidental de liquidación, la parte incidentante presentó una
liquidación desprovista de los soportes probatorios necesarios para acreditar

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En primer lugar, invocó la sentencia T-157 de 2020, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger,
-que analizó si la pandemia generada por el COVID 19 era un hecho notorio-. Adicionalmente, la Sentencia T-
206 de 2024, MP Vladimir Fernández Andrade, - que abordó tres ejes temáticos: debido proceso, libertad de
expresión y, en virtud de las facultades extra y ultra petita, el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en
el entorno digital, pero no tiene dentro de su análisis al hecho notorio. - Asimismo, citó una sentencia de la
Sección Segunda, Subsección A Consejo de Estado con radicado 2013-01884 de 2020, con ponencia del
magistrado Gabriel Valbuena Hernández, cuyo tema central es la improcedencia de la nivelación salarial en el
asunto concreto tratado allí, pero no hace mención alguna respecto al hecho notorio.

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la remuneración de un empleado con las características señaladas en la
sentencia, incurriendo además en la liquidación de intereses sobre sumas aún no
determinadas, lo cual resulta prematuro. En este punto, es crucial recordar el principio
fundamental del derecho probatorio se intensifica en el trámite incidental de
liquidación de condena, cuyo objeto primordial es que la parte beneficiada por la
decisión judicial acredite fehacientemente la cuantía de los perjuicios
sufridos.» Negrillas y subrayas de la Sala.

36. Así las cosas, si bien el hecho notorio, según el artículo 167 del CGP, es
aquel que no requiere prueba por ser de conocimiento general, el salario
específico de un Oficial Mayor en determinado periodo no cumple esta condición,
pues varía en cada periodo y de acuerdo con otros factores y al régimen en que
se encuentre el empleado, por lo que no podría afirmarse que el monto salarial
es uniforme o constante y que puede presumirse su valor sin prueba.

37. Aunado a lo anterior, el principio de publicidad de los actos administrativos
no convierte automáticamente sus efectos en hechos notorios.

38. En ese entendido, la exigencia probatoria del salario hecha por las
instancias no constituye un defecto fáctico, sino la aplicación del principio de
carga de la prueba del artículo precitado pues el juez no puede suplir la omisión
probatoria del actor con presunciones infundadas.

39. Adicionalmente, el incidente de liquidación no es un trámite automático ni
meramente formal, sino que exige demostración clara del perjuicio, conforme
al principio de reparación integral y al artículo 283 del Código General del
Proceso. Así las cosas, sin la prueba real del salario, no había base objetiva para
cuantificar la pérdida de oportunidad, lo que impidió su reconocimiento.

40. Ahora bien, en gracia de discusión, no se advierte que el actor haya
aportado el decreto que menciona, ni la tabla salarial vigente en 2018 que aduce
desconocida, que permitiera inferir a la autoridad judicial el monto devengado,
por lo que su propia omisión probatoria no puede ser suplida con la alegación
genérica de notoriedad en sede constitucional.

41. Por lo anterior, la exigencia de las autoridades judiciales respecto a esta
prueba no vulneró el debido proceso, sino que, por el contrario, garantizó la
legalidad y racionalidad de la decisión, pues el juez debe actuar conforme al
principio de imparcialidad y no podía asumir hechos que no fueron debidamente
acreditados.

42. En conclusión, no se configura defecto fáctico alegado por el accionante,
pues la decisión judicial se basó en la ausencia de prueba de un elemento
esencial para la liquidación.

43. En ese sentido, lo que la Sala observa es una divergencia en la apreciación
de un mismo conjunto de pruebas, lo que no es suficiente para estructurar un
defecto fáctico en punto de una indebida valoración probatoria, puesto que para
que ello resulte configurado es necesario que el juez de instancia se separe por
completo de los hechos probados, situación que no se muestra evidente en este
asunto.

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44. Aunado a lo anterior, con relación al defecto sustantivo endilgado, se hacía
necesario que el actor planteara cual fue la normativa omitida o trasgredida. Sin
embargo, en este caso, el actor no identificó ninguna norma específica que haya
sido ignorada por el juez, lo que impide que se configure el defecto reprochado,
pues el actor no demostró que la exigencia de prueba contradiga normas de
rango superior ni que se haya aplicado una norma inaplicable en su asunto.

45. Lo que se evidencia en este caso, es que, por el contrario, la carga
probatoria que le fue exigida al accionante tiene fundamento en el artículo 167
del CGP, que la impone a quien pretende el reconocimiento de un perjuicio. Por
lo anterior, no existe una trasgresión, omisión o contradicción de la normativa,
sino una aplicación correcta de esta.

46. Finalmente, se advierte que la decisión judicial no desconoció el derecho
a la reparación, sino que condicionó su efectividad al cumplimiento de los
requisitos probatorios, lo cual es una postura es coherente con el principio de
legalidad y no vulneró los derechos fundamentales del accionante, en particular
el del debido proceso.

47. Con relación a la jurisprudencia presentada por el actor, referida
reiteradamente en las citas20 de esta providencia, esta no guarda relación directa
con el caso, ni establece que el salario del funcionario público sea un hecho
notorio exento de prueba, por lo que, en gracia de discusión, su invocación
genérica tampoco constituye un defecto sustantivo.

48. En suma, tampoco se configuró un defecto sustantivo, pues la decisión
judicial se ajustó al marco normativo vigente, no contradice normas superiores y
respeta los principios de debido proceso, legalidad y reparación condicionada a
prueba.

49. En ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada sustentó la decisión
en un análisis probatorio integral en consonancia con las reglas de la sana crítica,
lo que le permitió concluir que en el presente asunto se debía confirmar el auto
proferido el día 1 de noviembre de 2024, por el Juzgado Cuarto Administrativo
Oral del Circuito de Ibagué, que negó la liquidación de los perjuicios materiales
en la modalidad de pérdida de oportunidad, hecho que no puede ser calificado
como violatorio de los derechos fundamentales, en respeto de los principios de
autonomía e independencia judicial.

50. Así las cosas, en los términos en que fue planteada la controversia, la
Sala negará las pretensiones de la acción de tutela toda vez que se evidenció

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En primer lugar, invocó la sentencia T-157 de 2020, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger,
-que analizó si la pandemia generada por el COVID 19 era un hecho notorio-. Adicionalmente, la Sentencia T-
206 de 2024, MP Vladimir Fernández Andrade, - que abordó tres ejes temáticos: debido proceso, libertad de
expresión y, en virtud de las facultades extra y ultra petita, el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en
el entorno digital, pero no tiene dentro de su análisis al hecho notorio. - Asimismo, citó una sentencia de la
Sección Segunda, Subsección A Consejo de Estado con radicado 2013-01884 de 2020, con ponencia del
magistrado Gabriel Valbuena Hernández, cuyo tema central es la improcedencia de la nivelación salarial en el
asunto concreto tratado allí, pero no hace mención alguna respecto al hecho notorio.

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que no se configuraron los defectos alegados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, de
acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: En caso de que no sea impugnada, remitir el expediente de la actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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