Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04243-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04243-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04243-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
4 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04243-00
Accionante: Hugo Alexander Múnera Avendaño y otro
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
reparación directa. Subtema 2: privación injusta de la libertad. Subtema 3: defecto
fáctico y desconocimiento de precedente judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud interpuesta por los señores Hugo Alexander Múnera Avendaño y Yarner
Rocío Ibica Sogamoso en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Los señores Hugo Alexander Múnera Avendaño y Yarner Rocío Ibica Sogamoso,
mediante apoderado judicial, presentaron escrito de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideraron vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, con ocasión de la sentencia
proferida el 13 de junio de 2025 dentro del proceso de reparación directa con
radicado núm. 05001-33-33-034-2016-00225-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1.A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
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Accionante: Hugo Alexander Múnera Avendaño y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
2. El 20 de marzo de 2013, el señor Hugo Alexander Múnera Avendaño fue
capturado, imputado por el delito de receptación y se le impuso medida de
aseguramiento restrictiva de la libertad consistente en detención preventiva
domiciliaria, con fundamento en que, ese mismo día, él y el señor Héctor Erney
Vanegas Avendaño fueron hallados en posesión de un camión de placas UFJ 938,
el cual había sido reportado como hurtado.
3.Mediante sentencia del 18 de agosto de 2015, el juez penal del circuito de
Cisneros absolvió al señor Múnera Avendaño y dispuso su libertad inmediata.
4. Los señores Hugo Alexander Múnera Avendaño y Yarner Rocío Ibica Sogamoso
(compañera permanente del señor Múnera Avendaño) presentaron demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación, Rama Judicial
y Fiscalía General de la Nación, con el objeto de que se declararan
patrimonialmente responsables por la privación injusta de la libertad de que fue
objeto el señor Múnera Avendaño durante 2 años y 28 días.
5. El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado 34 Administrativo Oral de
Medellín, el cual, mediante sentencia del 27 de septiembre de 2017, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y declaró responsables
administrativa y solidariamente al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía
General de la Nación. La autoridad judicial concluyó que, bajo el régimen de
imputación objetiva, el señor Múnera Avendaño no estaba obligado a soportar el
daño ocasionado por el Estado, el cual debía calificarse como antijurídico y, por
ende, susceptible de reparación. Agregó que la presunción de inocencia no había
sido desvirtuada, resultando irrelevante que la actuación de las autoridades
judiciales se hubiera ajustado a derecho.
6. Inconforme con la anterior decisión, los demandados interpusieron recursos de
apelación, que fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta de Oralidad, mediante sentencia del 13 de junio de 2025. En dicha
providencia, la corporación revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la medida de
aseguramiento privativa de la libertad domiciliaria decretada contra el señor Múnera
Avendaño resultó razonable, adecuada y proporcional frente al material probatorio
recaudado.
7. La decisión contó con un salvamento de voto, en el que se expuso que, debido
a la existencia de duda probatoria correspondía aplicar el régimen objetivo de
imputación bajo el título de daño especial.
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2.2. Pretensión y argumentos de la tutela
8. Los señores Hugo Alexander Múnera Avendaño y Yarner Rocío Ibica
Sogamoso solicitaron en el escrito de tutela lo siguiente:
1ª.) Que se AMPARE el Derecho Constitucional Fundamental de los Señores;
DEMANDANTES Y SU NÚCLEO FAMILIAR: HUGO ALEXANDER MUNERA
AVENDAÑO cc 70.39.209 y YARNER ROCIO IBICA SOGAMOSO cc 1.115.850.218;
afectados directos y personalmente el DEBIDO PROCESO, porque en este caso la
Autoridad Pública Accionada dictó una Sentencia desconociendo el PRECEDENTE
JUDICIAL de la Corte Constitucional en materia de absolución o la preclusión por no
haberse desvirtuado la presunción de inocencia; y al imponer una medida de
aseguramiento de cárcel innecesariamente EN ESPECIAL AL NEGAR EL
DERECHO DE CONTRADICCIÓN Y PRESUMIENDO LA FLAGRNACIA; y el Estado
debe ser condenado de manera automática, contraviniendo toda la Línea
Jurisprudencial del Máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional en estos
asuntos.
2ª. En consecuencia:
Se ordene DEJAR SIN NINGÚN VALOR O EFECTO, la Sentencia No. 114 de Trece
(13) de Junio de Dos Mil Veinticinco, M.P. Dra. MARTHA CECILIA MADRID
ROLDAN. Radicado No. 05001 33 33 034 2016 00225 01 dentro del proceso de
Reparación Directa; dictada por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE ANTIOQUIA, en contra de la NACIÓN-RAMA JUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA-; NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Expediente.
En consecuencia, de lo anterior, se ordene lo procedente. RECONOCIENDO LOS
DERECHOS DE REPARACIÓN INTEGRAL A LOS ACCIONANTES.
Se ORDENE Por la Secretaría General, dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 19911.
9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora afirmó que la sentencia
del 13 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta de Oralidad, incurrió en defecto fáctico y en error inducido, por cuanto
estimó, sin elementos probatorios, que existió flagrancia en la conducta atribuida al
señor Múnera Avendaño.
10. Indicó que la Fiscalía no corrigió el informe elaborado por la Policía ni aclaró lo
sucedido el día de los hechos. Aun así, el tribunal no exigió dicha precisión, a pesar
de que tenía el deber de hacerlo, ni solicitó los informes relativos a los demás
capturados, lo cual, a su juicio, configuró un yerro en la apreciación probatoria.
11. Agregó que la autoridad judicial accionada desconoció la sentencia de
unificación SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional, en la que se establece que,
en los casos de privación de la libertad en los que la investigación penal termina
por preclusión ante la ausencia de elementos de prueba suficientes, procede el
reconocimiento de la reparación.
1 Se transcribe incluso con errores de texto.
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12. Finalmente, sostuvo que debían tenerse en cuenta las consideraciones del
salvamento de voto, en el que se advirtió que en el proceso penal no existieron
fundamentos para dictar sentencia condenatoria, ni tampoco para imponer una
medida restrictiva de la libertad.
2.3. Trámite procesal
2
13. El despacho ponente, mediante auto del 11 de julio de 2025 , admitió la solicitud
de amparo; ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
oralidad, en calidad de accionado; vinculó, como terceros con interés, a la Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Fiscalía General de la
Nación y al Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Medellín; requirió, en medio
digital, el expediente ordinario con radicado núm. 05001-33-33-034-2016-00225-
01; y tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda de tutela.
2.4. Intervenciones
3 solicitó negar el amparo
14. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
por estimar que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda
vez que no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
Sostuvo que la providencia cuestionada está debidamente motivada, no es
arbitraria y fue proferida con observancia de las etapas y garantías del debido
proceso. Agregó que la tutela pretende reabrir el debate ya resuelto en la
jurisdicción contencioso-administrativa, finalidad para la cual este mecanismo
excepcional no es procedente.
4
15. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
pidió declarar improcedente la acción de tutela, con fundamento en que la sentencia
controvertida se dictó con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
sentencias C-037 y SU-072 de 2018, de modo que no se configura el defecto
sustantivo. Resaltó que, aunque se acreditó la existencia de un daño, este no fue
antijurídico, toda vez que obraban elementos probatorios suficientes para inferir
razonablemente la participación del imputado en los hechos objeto de investigación.
2 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-04243-00, índice 13, certificado A182C9EBBE2083DC
C53F472AC01D427C 3E55323D1402D5E3 744E3953F8899713.
3
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-04243-00, índice 8, certificado 3D8A37F87AB363DA
C2DA9F769F568099 E09E1F7ED9CABDEA E284EA3AC37668FD.
4
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-04243-00, índice 13, certificado 9F23160B91A09CAE
5BDBF0A75A0EC8F9 3002A2CB4589BF26 E19A3D778D6EE938.
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5 pidió declarar improcedente la solicitud de
16. La Fiscalía General de la Nación
amparo e invocó la falta de legitimación en la causa por pasiva, al afirmar que no
es responsable de las presuntas vulneraciones y que los reproches se dirigen
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia. Añadió que dicho tribunal, mediante
sentencia de segunda instancia, actuó con sujeción a las garantías procesales.
Tribunal Administrativo de Antioquia 6 solicitó declarar improcedente la
17. El
acción, por no acreditarse la relevancia constitucional, al considerar que la parte
accionante pretende reabrir el debate sobre asuntos propios del proceso ordinario.
Además, adujo que aun si se abordada el estudio de fondo, las causales específicas
invocadas no fueron desarrolladas con suficiencia, pues aunque se cita la sentencia
SU-072 de 2018, no se explica de qué manera la providencia del 13 de junio de
2025 desconoció la regla jurisprudencial citada.
7 se limitó a remitir el
18. El Juzgado 34 Administrativo de Oralidad de Medellín
expediente digital.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra del Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad.
3.2. Legitimación en la causa
20. La legitimación en la causa por activa de los señores Hugo Alexander Múnera
Avendaño y Yarner Rocío Ibica Sogamoso se encuentra acreditada, por cuanto
fueron los demandantes en el proceso de reparación directa que finalizó con la
sentencia de segunda instancia del 13 de junio de 2025, objeto de tutela, y, por lo
tanto, son los titulares de los derechos que consideró fueron vulnerados.
21. Asimismo, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, porque fue la autoridad que
profirió la sentencia del 13 de junio de 2025 que, según afirmó la parte tutelante,
quebrantó sus derechos fundamentales.
5
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-04243-00, índice 11, certificado C130CFE94B63AA5C
993626EBD645DF7D A89D09BD46379FBF D444343631701A67.
6
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-04243-00, índice 12, certificado C130CFE94B63AA5C
993626EBD645DF7D A89D09BD46379FBF D444343631701A67
7
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-04243-00, índice 9, certificado C909A69CFC887452
055AF8723EA001B1 E0E21ABE084DB5B6 C22EA0807C5B4263
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22. Ahora bien, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General
de la Nación solicitaron que se declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva, al estimar que no están llamados a responder por la vulneración de los
derechos fundamentales alegada por la parte accionante.
23. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de terceros con interés, en aras de garantizar sus derechos de defensa y
contradicción. En ese orden, al no acudir a este trámite constitucional como
autoridades accionadas, no es posible declarar su falta de legitimación en la causa
por pasiva. Por los motivos expuestos, se negará su solicitud.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
8 y de la Corte Constitucional
24. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional9.
25. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
26. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
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la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
27. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico;
ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
28. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional12 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
29. Así pues, la Corte Constitucional13 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»14 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»15;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en
que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
30. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su juicio,
impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.
11 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
7
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31. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
32. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia proferida el 13 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, fue notificada en la misma fecha16, y la
demanda de tutela se presentó el 9 de julio de 202517, esto es, dentro del plazo de
seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional18 y el Consejo de Estado19
como razonable.
33. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
34. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite
de tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad electoral.
35. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto fáctico y desconocimiento
del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos
que planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
36. Corresponde a la Sala decidir si el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió
en defectos por desconocimiento de precedente judicial y fáctico en la sentencia
del 13 de junio de 2025 y, por lo tanto, vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte accionante.
En particular, deberá establecer si la autoridad accionada incurrió en una indebida
valoración probatoria y desconoció la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte
Constitucional.
16 Samai, exp. 05001-33-33-034-2016-00225-01, índice 17.
17
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04243-00, índice 1.
18
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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3.4.1. El defecto fáctico
37. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»20. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión21» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
38. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»22. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»23.
39. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su
arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no
se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii)
en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso 24.
40. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial25, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda
vez que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
20
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
21
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
24
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
25
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
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evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»26.
41. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la
decisión judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las
pruebas en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las
pruebas que obran en el expediente es por completo equivocada […]
diametralmente opuesta –siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende
del contenido de los materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]27.
3.4.2. El desconocimiento del precedente judicial
42. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas28.
43. Al respecto, la Corte Constitucional29 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos
analizados y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente
considerado por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior.
Frente a la obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:
26
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
28 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera
distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto
anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones
suficientes o de lo contrario desconoce el precedente horizontal».
29 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
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90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto
de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido
proceso y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como
objetivo principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de
los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen
el ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es
un principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales30.
44. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia31.
45. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»32.
46. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
30 Se transcribe incluso con errores.
31 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
32 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
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de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela33.
47. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación34.
48. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, para la salvaguarda de las exigencias
de la autonomía judicial.
3.5. Caso concreto
49. En el asunto bajo estudio, los señores Hugo Alexander Múnera Avendaño y
Yarner Rocío Ibica Sogamoso presentaron escrito en ejercicio del medio de control
de reparación directa contra la Nación, Rama Judicial y la Fiscalía General de la
Nación para que se declararan administrativamente responsables por la privación
injusta de la libertad de que fue objeto el señor Múnera Avendaño.
50. Enprimera instancia, el Juzgado 34 Administrativo de Oralidad de Medellín
declaró administrativa y solidariamente responsables al Consejo Superior de la
Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación. Apelada la anterior decisión,
mediante fallo del 13 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta de Oralidad, la revocó.
51. Ahora bien, la parte accionante argumentó que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en la sentencia cuestionada, incurrió en desconocimiento de la regla
jurisprudencial contenida en la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional
y en defecto fáctico al concluir que la captura fue en flagrancia sin suficiente
sustento probatorio.
52. Pues bien, revisada la sentencia objeto de reparos, se observa que el Tribunal
Administrativo de Antioquia revocó la sentencia de primera instancia, al considerar
33 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente
horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que
el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido,
correcto o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden
garantizados tanto el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los
operadores judiciales.»
34 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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que en el caso concreto no se demostró un daño antijurídico indemnizable por
privación injusta de la libertad. El tribunal centró su análisis en la razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento que restringió la
libertad del actor.
53. Contrario a lo considerado por la parte accionante, apoyó la decisión en la
sentencia SU-072 de 2018, a partir de la cual concluyó que el título de imputación
se define caso a caso y el juez contencioso debe verificar si la detención preventiva
se ajustó a los presupuestos de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. En ese
sentido, aclaró lo siguiente:
Por otro lado, sea pertinente advertir que en sentencia SU–072 de 2018, la Honorable
Corte Constitucional, afirmó que en ninguna disposición normativa, esto es, ni el artículo
90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C–
037 de 1996, establecieron un régimen de responsabilidad en particular que fuera
susceptible de ser aplicado en todos los casos de privación de la libertad, siendo el juez,
en cada caso quien deberá realizar un estudio de si la medida restrictiva del derecho
fundamental, fue apropiada, razonable y/o proporcional.
(…)
109. Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en perspectiva judicial-- del
artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de
atribución y que, en todo caso, le exige al juez contencioso administrativo definir si la
decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan
la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible y para
todos los casos de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la
providencia, pues, será en aplicación del principio iura novit curia, aceptado por la propia
jurisprudencia del Consejo de Estado, que se establezca cuál será el régimen que ilumine
el proceso y, por ende, el deber demostrativo que le asiste al demandante”
54. A partir de lo anterior, advirtió que en la sentencia SU-072 de 2018, la Corte
Constitucional afirmó que ninguna norma –ni el artículo 90 de la Constitución
Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C–037 de 1996–,
establecieron un régimen de responsabilidad en particular que fuera susceptible de
ser aplicado en todos los casos de privación de la libertad, «siendo el juez, en cada
caso quien deberá realizar un estudio de si la medida restrictiva del derecho
fundamental, fue apropiada, razonable y/o proporcional».
55. Citado lo anterior es claro entonces que el precedente vigente en el tema de
responsabilidad del Estado en los casos de privación injusta de la libertad es lo
dispuesto en la SU-072 de 2018, en este punto considera pertinente la Sala
destacar que en dicha sentencia se concluyó lo siguiente:
80. En ese orden, la Corte ha considerado que el artículo 90 Superior permite acudir
tanto a la falla del servicio como a un título de imputación objetivo, de esa
manera, para decidir diferentes casos ha matizado posturas rígidas afirmando que el
daño antijurídico no excluye la posibilidad de exigir la demostración de una
actuación irregular del Estado. [negrilla del texto]
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56. Por ende, es claro que la decisión objeto de tutela no incurre en desconocimiento
del precedente judicial, comoquiera que justamente se fundamentó en la sentencia
que la parte accionante estimó como desconocida.
57. Ahora, respecto al reparo por defecto fáctico, la Sala advierte que el tribunal
incorporó y valoró la prueba trasladada del proceso penal, otorgándole plena
validez por provenir de actuaciones en las que intervinieron las mismas entidades
demandadas en el proceso ordinario y porque la documental fue oportunamente
controvertida.
58. Además, la autoridad judicial valoró: (i) el informe de Policía de Vigilancia sobre
captura en flagrancia (formato FPJ-5) suscrito por el policía José Luis Ibarra
Obando; (ii) la denuncia del hurto del vehículo placas UFJ 938 presentada por
Wilson Alberto Muñoz Zapata; (iii) el inventario del camión UFJ 938 y el acta de
incautación del mismo, firmada por Hugo Múnera y el patrullero Alejandro
Meléndez; (iv) el acta de incautación de una motocicleta Honda AUK 86A, con su
inventario; y (v) las actas de incautación de tres celulares (Samsung GT-53350,
Samsung GT-E18861; Alcatel IMEI 012308002098020), suscritas por los indiciados
y el patrullero.
59. Apartir del correspondiente análisis, consideró que ese conjunto probatorio
comprometía seriamente la responsabilidad penal del actor. Además, tuvo por
acreditado que el actor y el otro indiciado fueron capturados en flagrancia, hallados
en posesión y bajo su dominio del camión hurtado, e incluso intentaron huir en una
motocicleta, circunstancias que hacían plausible una inferencia razonable de
autoría por el delito de receptación y descartaban ilegalidad de la medida de
aseguramiento domiciliaria.
60. El Tribunal concluyó que, hasta las audiencias preliminares, los elementos
materiales probatorios, la flagrancia y la información legalmente recaudada
justificaban la solicitud y el decreto de la medida, por cuanto esta resultaba
razonable, apropiada y proporcional, superando el test de proporcionalidad exigido
para decisiones de restricción de la libertad.
61. Precisó que, si bien en sede penal se dictó sentencia absolutoria debido a que
la Fiscalía no logró desvirtuar la presunción de inocencia con los testimonios
aportados, ello no tornaba injusta per se la detención, siempre que para el momento
de su imposición reuniera los presupuestos constitucionales y legales. Por el
contrario, valoró que la medida fue proporcional y necesaria para cumplir con los
fines estatales de protección de bienes jurídicos y de la seguridad pública.
62. Con ese marco jurídico y probatorio, el tribunal revocó la condena y negó la
reparación, al no acreditarse que la restricción de la libertad hubiese sido
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antijurídica en los términos del artículo 90 de la Constitución Política y del artículo
68 de la ley 270 de 1996.
63. De lo expuesto, la Sala concluye que lejos de configurarse el defecto fáctico
alegado, el juez de segunda instancia tuvo en cuenta las actuaciones surtidas
dentro del proceso penal y determinó que existió captura en flagrancia. En ese
contexto, estimó que el material probatorio disponible resultaba suficiente para
imponer la medida de aseguramiento.
64. En consecuencia, no resulta de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de
la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir
el debate jurídico que se surtió dentro del proceso ordinario, con el único propósito
de obtener un pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.
Este actuar desconoce que el juicio que realiza el juez constitucional en sede de
tutela contra providencia judicial, es de validez en función de las garantías
constitucionales y no de corrección de la decisión.
IV. CONCLUSIONES
65. En los anteriores términos, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de
Antioquia no incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento de precedente
judicial alegado en el escrito de tutela, toda vez que la sentencia del 13 de junio de
2025 valoró razonadamente las pruebas del proceso y aplicó los criterios que
contiene la sentencia SU-072 de 2018. Así las cosas, se negará la solicitud de
amparo.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por los
señores Hugo Alexander Múnera Avendaño y Yarner Rocío Ibica Sogamoso en
contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, conforme a
lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04243-00
Accionante: Hugo Alexander Múnera Avendaño y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
EPG/SEJV
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