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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04248-01

Fecha
17 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04248-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 31 de julio de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Quinta. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Luz Esperanza Vargas Muñoz, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 11 Radicado: 11001-03-15-000-2025-04248-01 Demandante: Luz Esperanza Vargas Muñoz Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-04248-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

17 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04248-01
Demandante: Luz Esperanza Vargas Muñoz
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Temas: Tutela contra providencia judicial / Proceso ejecutivo /
Desconocimiento del precedente judicial
Decisión: Confirmar la decisión del a quo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Luz Esperanza Vargas Muñoz, en
contra de la sentencia proferida el 31 de julio de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Luz Esperanza Vargas Muñoz promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 30 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, Sala Segunda de Decisión, en el proceso ejecutivo identificado con el
radicado 76001-33-33-018-2020-00126-02.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio de la acción ejecutiva presentó demanda en contra de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado2, el Patrimonio Autónomo PAR
Fiduprevisora SA y Migración Colombia, con fundamento en la sentencia proferida el
16 de enero de 2012 por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión del
Circuito Judicial de Cali, confirmada y adicionada el 9 de noviembre de 2013 por el

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_Demanda_Tutela_Esper(.pdf) NroActua 2».
2 En adelante ANDJE.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04248-01
Demandante: Luz Esperanza Vargas Muñoz

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al considerar que la obligación contenida
en el título ejecutivo no fue satisfecha en su totalidad.

2.2. El Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Santiago de Cali,
en providencia del 12 de septiembre de 2023 libró mandamiento de pago, al
considerar que la obligación contenida en la sentencia judicial base del recaudo no
había sido satisfecha en su totalidad, pues si bien la ANDJE realizó un pago parcial,
resultaba insuficiente. En contra de esta decisión la parte ejecutada interpuso recurso
de apelación.

2.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, en
providencia del 30 de abril de 2025 modificó la decisión del a quo, en el sentido de
limitar el mandamiento de pago al periodo comprendido entre el 11 de abril y el 11 de
julio de 2014, fecha en la que se dispuso la supresión definitiva del DAS, al considerar
que hasta ese momento fue posible el reintegro.

2.4. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en desconocimiento de su propio precedente judicial3 relacionados con
funcionarios del extinto DAS que obtuvieron decisiones favorables en sus procesos
ejecutivos y actualmente se encontraban vinculados laboralmente a las entidades
receptoras.

2.5. Se excedieron los límites de su competencia funcional y material al asumir una
potestad que no le correspondía como juez de la ejecución, pues, modificó una
sentencia declarativa en firme que contenía una obligación clara, expresa y exigible.
Actuación que desconoció el principio del juez natural del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho respecto de una decisión que se encontraba
ejecutoriada y, por tanto, revestida de fuerza de cosa juzgada.

2.6. Si bien la figura de la reincorporación no formó parte del título ejecutivo, la
orden judicial fue clara al establecer el reintegro sin solución de continuidad, lo cual
solo se logró después de múltiples gestiones, solicitudes y hasta una petición de
tutela, de conformidad la resolución expedida por la Comisión Nacional del Servicio
Civil4 que involucró a Migración Colombia.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] PRIMERO: Se declare la existencia de la violación de los derechos fundamentales
(artículo 1°, 13, 29, 123, 228 y 209 de la Constitución Política de 1991).

3 Al respecto citó: i) Sentencia del 22 de junio de 2023. Expediente: 76001-33-33-007-2018-00254-01.

M.P. Luz Elena Sierra Valencia; ii) Expediente: 76001-33-33-003-2016-00070- 01. M.P. Eduardo
Antonio Lubo Barros; iii) Auto del 12 de julio de 2023. Expediente 76001-33-33-012-2016-00392-01.
M.P. Patricia Feuillet Palomares.
4 En adelante CNSC.

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Demandante: Luz Esperanza Vargas Muñoz

SEGUNDO: Con base en la anterior declaración, que la misma jurisdicción proceda a
amparar los derechos vulnerados y, por consiguiente, se CONFIRME en su integridad la
sentencia de primera instancia, No. 59 del 12 de septiembre de 2023, complementada
mediante sentencia No. 60, de la misma anualidad, proferida por el Juzgado Dieciocho
Administrativo Oral del Circuito de Santiago de Cali, que basó su decisión conforme a lo
ordenado en la sentencias No. 008 del 16 de enero de 2012 proferida por el Juzgado
Sexto Administrativo de Descongestión de Cali y adicionada por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca mediante sentencia No.441 del 9 de noviembre de 2013 que
ordenaron reintegrarla sin solución de continuidad para todos los efectos legales y
prestacionales al cargo de Detective 208-06 de la planta de cargos de dicha entidad o a
otro de igual o superior categoría y pagarle todos los sueldos, prestaciones sociales,
emolumentos y demás haberes causados y dejados de percibir y hasta la fecha en que se
produzca el reintegro, el cual se cumplió con el acta de POSESION No. 007 del 03 de
enero de 2017 de la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE MIGRACION COLOMBIA, que dio
cumplimento a la RESOLUCION No. CNSC - 20161020025035 del 10 de agosto de 2016
de la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.

TERCERO: Que se deje sin efecto la SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA No. 98 del
treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025) del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA; SALA SEGUNDA DE DECISIÓN; Magistrado Ponente: RONALD
OTTO CEDEÑO BLUME; distada dentro del radicado No. 76001-33-33-018-2020-00126-
02 […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. Colpensiones5 solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva, ya que la demandante manifestó inconformidades con lo decidido en el
marco de un proceso ejecutivo impetrado para lograr el cumplimiento de la sentencia
judicial que ordenó su reintegro laboral y el pago de salarios y prestaciones sociales.
Por lo cual, es el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca la autoridad judicial
competente para validarlas, máxime cuando no existió orden frente a esa entidad.

5. La Fiduprevisora6 requirió que se negara el amparo o, en su defecto, se
declarara improcedente por cuanto no se acreditó el requisito general de la
subsidiariedad, pues no se probó que los recursos judiciales utilizados fueran
inadecuados o ineficaces para proteger los derechos de la demandante, ni demostró
la existencia de un perjuicio irremediable que justificara el uso excepcional de la
tutela.

5.1. El amparo no procede para reclamar sumas de dinero respecto de las cuales
existiera incertidumbre sobre el justo título.

6. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado7 solicitó que se negara
o, en su defecto, se declarara improcedente la petición de amparo para perseguir el

5 Ver índice 14 de Samai. Archivo denominado «22_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
adjunto_Contestacion(.pdf) NroActua 14».
6 Ver índice 15 de Samai, en actuación denominada «25_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-

CONTESTACIONTUTELA(.pdf) NroActua 15».
7 Ver índice 16 de Samai, en actuación denominada «28_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-

CONTESTACIONTUTELA(.pdf) NroActua 16».

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Demandante: Luz Esperanza Vargas Muñoz

pago de sumas de dinero. No se evidenció una situación grave, urgente e
impostergable que ameritara el pronunciamiento del juez constitucional.

7. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia8 solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva ya que no ha
vulnerado los derechos fundamentales de la demandante, comoquiera que la
controversia constitucional giró en torno a una presunta afectación derivada de la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, dentro de un proceso en el que la entidad fue desvinculada, conforme a la
sentencia del 12 de septiembre de 2023. En consecuencia, no tendría competencia
para atender las pretensiones formuladas.

8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca9 solicitó que se negara lo
pretendido, comoquiera que la verdadera intención de la demandante era convertir la
tutela en una instancia adicional del proceso ejecutivo. Más aún, cuando en la
decisión acusada se aplicaron correctamente las normas y la jurisprudencia vigente,
donde se valoró el caso conforme a criterios interpretativos y de sana crítica, sin que
el hecho de que aquella no le favoreciera implicara la vulneración de sus derechos
fundamentales.

9. El Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali10 si bien
allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.

1.3. Sentencia de primera instancia11

10. El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 31 de julio de 2025
declaró improcedente la solicitud de tutela al considerar que el asunto no cumplía con
el requisito general de la relevancia constitucional, al considerar que se buscó abrir
una instancia adicional al proceso, lo cual se evidenció en la falta de una carga
argumentativa sólida en el escrito inicial, pues no se invocó ninguno de los requisitos
especiales de procedencia exigidos en tratándose de decisiones judiciales.

10.1. Se plantearon argumentos vagos sobre una supuesta modificación del título
ejecutivo por parte del tribunal demandado, lo cual excedía su competencia. No
obstante, tal afirmación no demostró error evidente ni arbitrariedad alguna.

10.2. El consejero Luis Alberto Álvarez Parra12 aclaró su voto en el sentido de
precisar que, frente al desconocimiento del precedente, aunque no se identificó de

8 Ver índice 16 de Samai, en actuación denominada «31_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
AcciondeTutelaN_1(.pdf) NroActua 18».
9 Ver índice 19 de Samai, en actuación denominada
«38RECIBEMEMORIAL_20250424800respuesta(.pdf) NroActua 19».
10 Ver índice 12 de Samai, en actuación denominada
«19RECIBEPRUEBAS_76001333301820200012(.zip) NroActua 12».
11 Ver índice 22 de Samai, en actuación denominada «41Sentencia_20250424800LuzEspera(.pdf)

NroActua 22».
12 Ver índice 27 de Samai, en actuación denominada «45Aclaraciondev_20250424800Aclaracio(.pdf)

NroActua 27».

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Demandante: Luz Esperanza Vargas Muñoz

manera expresa la decisión adoptada por el tribunal censurado en los procesos
ejecutivos referidos, la transcripción parcial de dichos fallos permitía un análisis
desde la perspectiva de una posible vulneración al derecho a la igualdad. Esto, en la
medida en que se alegó la contradicción con decisiones previas en asuntos análogos.

1.4. Escrito de impugnación13

11. Luz Esperanza Vargas Muñoz impugnó la decisión del a quo, para lo cual
refirió que, sí acreditó el requisito general de la relevancia constitucional comoquiera
que el defecto alegado conllevaba la violación de sus derechos fundamentales al
debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administración de justicia, los cuales
constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.

11.1. Se evidenció una actuación irregular del tribunal demandado al proferir una
providencia que, si bien ordenó seguir adelante con la ejecución, se excedió en su
competencia funcional y material al modificar una sentencia declarativa contentiva de
una obligación clara, expresa y exigible, con lo cual desconoció la garantía del juez
natural en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

11.2. Se incurrió en desconocimiento del precedente judicial horizontal14
correspondiente a exfuncionarios del DAS reintegrados con ocasión de resoluciones
proferidas por la CNSC, cuyos fallos en segunda instancia respetaron el título
ejecutivo, reconocido como inmodificable en el escrito de tutela. Sin embargo, en el
asunto bajo estudio el tribunal demandado alteró sus aspectos sustanciales y limitó
el pago ordenado únicamente hasta la supresión definitiva del DAS, a pesar de que
se ordenó el reintegro sin solución de continuidad y hasta que se produjera el
cumplimiento efectivo.

11.3. En sentido vertical15 respecto de casos tutelados que surgieron porque los
tribunales modificaron la decisión que ordenaba continuar con la ejecución y cancelar
todos los salarios dejados de percibir sin solución de continuidad, conforme al título
ejecutivo, hasta la fecha de reintegro o reincorporación.

2. Consideraciones

12. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración

13 Ver índice 29 de Samai, en actuación denominada «45_MemorialWeb_Recurso-
IMPUGNACIONTUTELAp(.pdf) NroActua 29».
14 AL respecto citó: i) Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, 76001-33-33-007-2018-00254-01,

ejecutante Renate Andrea Prado Otero; ii) 76001-33-33-003-201600070-0; ejecutivo laboral,
demandante Nelson Ortiz Morales; iii) 76001-33-33-012-2016-00392-02, ejecutivo laboral,
demandante: Hader Hernán Ramírez Astaiza
15 Al respecto citó fallos de tutela del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B del 19 de

octubre de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-05840-00, demandante William Enrique Chávez
Márquez; y de la Sección Cuarta del 3 de octubre de 2016, radicación 11001-03-15-000-2016-00695-
00; CP Martha Teresa Briceño de Valencia.

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en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200016 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201917, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Quinta.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

13. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado18 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema19. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

14. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

15. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo20 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta

16 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
17 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, MP María Elizabeth García González.
19 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
20 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Demandante: Luz Esperanza Vargas Muñoz

solicitud se puede presentar, además, contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

16. Ahora bien, la Corte Constitucional21 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

17. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos22,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales23.

18. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

19. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales de
Luz Esperanza Vargas Muñoz con ocasión de la sentencia del 30 de abril de 2025,
mediante la cual modificó la decisión del a quo en el sentido de limitar el pago solo
hasta la fecha en que el DAS fue suprimido definitivamente, con la que incurrió,
presuntamente, en desconocimiento del precedente judicial?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

20. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo
señalado por el a quo, se entiende superado, toda vez que el defecto alegado puede

21 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
23 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Demandante: Luz Esperanza Vargas Muñoz

llevar consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen
bienes jurídicos constitucionalmente amparados.

21. Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de
procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de
nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto
planteado.

2.4.2. Desconocimiento del precedente judicial

22. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

23. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o
semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el
juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.
El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.

24. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

25. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones
que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué
esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04248-01
Demandante: Luz Esperanza Vargas Muñoz

2.4.3. Sobre el caso concreto

26. Luz Esperanza Vargas Muñoz acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
providencia proferida el 25 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, mediante la modificó la decisión del a quo en el sentido de limitar
mandamiento de pago solo hasta la fecha en que el DAS fue suprimido
definitivamente, pues, hasta ese día era posible el reintegro ordenado judicialmente.

27. Lo anterior, según insistió en el escrito de impugnación, al considerar que se
incurrió en desconocimiento del precedente judicial contentivo de lo resuelto en casos
similares, en los cuales exfuncionarios del extinto DAS obtuvieron decisiones
favorables en sus procesos ejecutivos y actualmente están vinculados laboralmente
a las entidades receptoras, lo cual evidenciaba los límites de competencia funcional
y material de los jueces de la ejecución.

28. Al respecto y para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda el análisis
efectuado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en lo referente al periodo
cubierto respecto a la obligación de pago determinado por la viabilidad del reintegro,
así:

«[…] 36. Verificados los documentos presentados como título base de recaudo, es
pertinente precisar que en el caso sub examine se está frente a un título complejo
contenido en una sentencia judicial que otorgó el derecho y un acto administrativo que
pretendió dar cumplimiento a la misma, título que en virtud de lo dispuesto en el inciso 2º
del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, es actualmente exigible en razón a que quedó
debidamente ejecutoriada desde el día 14 de enero de 201412.

37. Así las cosas, se tiene que, mediante sentencia No. 008 del 16 de enero de 2012,
proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Cali13, confirmada y
adicionada por la sentencia No. 441 del 9 de noviembre de 2013 de la Sala Laboral de
Descongestión de esta corporación14, se condenó al entonces DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS- a reintegrar a la señora LUZ ESPERANZA
VARGAS MUÑOZ al cargo que venía desempeñando o a uno de igual o superior jerarquía,
así como a pagarle todos los sueldos, primas, bonificaciones y demás derechos laborales
dejados de percibir desde el 21 de junio de 2007 hasta la fecha efectiva del reintegro.

38. Se precisó, además, que la entidad debía coordinar con las instituciones a las que
fueron trasladadas las funciones del DAS –conforme al Decreto 4057 de 2011- la
materialización del reintegro ordenado judicialmente.

39. Definido lo anterior, y de cara a la controversia aquí planteada, esta Sala de Decisión,
en providencia del 5 de julio de 2019, dentro del radicado 76001-33-33-013-2016-00272-
01 M.P. JHON ERICK CHAVES BRAVO, fue enfática al señalar que solo pueden
ejecutarse las obligaciones que se encuentren expresamente contenidas en el título, sin
que puedan derivarse prestaciones por analogía, interpretación extensiva o situaciones
posteriores a su expedición.

40. En dicho precedente horizontal, la Sala precisó además que la obligación de pago de
salarios y prestaciones estaba sujeta a una condición resolutoria, esto es, hasta el
momento en que se produjera el reintegro efectivo del actor o este dejara de ser
jurídicamente posible (…)

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04248-01
Demandante: Luz Esperanza Vargas Muñoz

41. A partir de lo anterior, se concluye que lo jurídicamente relevante es el mandato de
reintegro contenido en las sentencias judiciales, no el mecanismo administrativo posterior
mediante el cual se materializó el regreso al servicio; en ese orden, la reincorporación
como figura administrativa posterior no desnaturaliza ni elimina la obligación judicial de
pago por el periodo en el que aún era posible cumplir el reintegro conforme al título, esto
es, hasta la supresión jurídica del DAS, el 11 de julio de 2014, diferente a lo definido por
el juez de instancia.

42. Bajo ese entendido, si bien se comparte la conclusión alcanzada por el a quo en cuanto
a que el pago efectuado mediante la Resolución No. 431 de 2014 no satisfizo de manera
integral lo ordenado en el título judicial, esta Sala precisa que, conforme al precedente
horizontal expuesto, el incumplimiento se configura en tanto la liquidación realizada cubrió
únicamente hasta el 10 de abril de 2014 (fecha de la liquidación dineraria), y no hasta el
11 de julio de 2014 (fecha en que se produjo la supresión definitiva del DAS), es decir, no
se liquidó hasta la fecha de la supresión del DAS.

43. Siendo las cosas de esta manera, la Sala modificará la orden impartida en la sentencia
apelada, en el sentido de indicar que existe un saldo insoluto correspondiente al periodo
comprendido entre el 11 de abril de 2014 y el 11 de julio de 2014, que debía ser cubierto
por las entidades responsables de cumplir la condena dineraria derivada de la sentencia,
esto es, el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES ADMINISTRADO POR
FIDUPREVISORA S.A. y coordinado por la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
JURÍDICA DEL ESTADO, y no hasta el día 3 de enero de 2017, como equivocadamente
lo decidió la sentencia apelada. […]». (sic)

29. Como se observa, la autoridad judicial demandada acató lo dispuesto en la
jurisprudencia a efectos de la obligación de reintegrar, caso distinto es que no se
hiciera de la manera en que Luz Esperanza Vargas Muñoz lo pretendió, al considerar
que se debía atender a la literalidad del título ejecutivo en el que se ordenaba al DAS
su reintegro, lo cual solo era posible hasta el momento de su supresión, pues, en
adelante, lo que correspondería sería una reincorporación al servicio, como en efecto
sucedió a través de la Resolución 2247 del 2 de diciembre de 2016, sin que pudiera
hacerse extensiva su interpretación.

30. Por otra parte, si bien la demandante adujo que el tribunal demandado modificó
una sentencia declarativa que contenía una obligación clara, expresa y exigible, para
la Sala dicho argumento no tiene vocación de prosperidad, pues de su lectura se
evidencia que la orden fue precisa en establecer que el pago de la obligación debía
hacerse hasta el momento de su reintegro.

31. En tal sentido, se aclaró que la obligación de pagar salarios y prestaciones
estaba condicionada al reintegro efectivo de la demandante, por lo cual cesaría
cuando ello dejara de ser jurídicamente posible, lo cual ocurrió con la supresión del
DAS el 11 de julio de 2014. Tan es así, que la reincorporación posterior no modificó
ni eliminó la obligación judicial de pago por el periodo en que el reintegro era factible,
pues, el mandato relevante es el contenido en las sentencias judiciales, no los
mecanismos administrativos posteriores.

32. En cuanto al desconocimiento del precedente endilgado, se observa que
ninguna de las decisiones referidas lo constituye por varias razones, a saber:

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04248-01
Demandante: Luz Esperanza Vargas Muñoz

32.1. Respecto a las providencias del Consejo de Estado, Sección Tercera es
pertinente precisar que, al tratarse de decisiones proferidas en el marco de trámites
de tutela, tienen efectos únicamente entre las partes, sin que sean de obligatorio
acatamiento frente a casos similares.

32.2. En cuanto a los pronunciamientos del mismo tribunal demandado debe
precisarse que, en principio, el precedente horizontal no genera un efecto vinculante,
salvo en situaciones particulares, cuyos elementos no se reúnen en esta oportunidad,
ya que aquellos no fueron emitidos por salas de decisión integrados de igual forma o
en tratándose de asuntos con similares supuestos fácticos y jurídicos.

33. Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la autoridad judicial
demandada no incurrió en el desconocimiento del precedente judicial alegado, debido
a que su decisión fue proferida conforme a las normas y jurisprudencia reguladoras
de su función judicial, apoyada en el material probatorio obrante en el proceso para
efectuar la interpretación que consideró más ajustada al caso concreto.

34. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

35. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

3. Conclusión

36. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión
del a quo para, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Luz
Esperanza Vargas Muñoz en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 31 de julio de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Quinta. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales
de Luz Esperanza Vargas Muñoz, en la solicitud de tutela presentada contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04248-01
Demandante: Luz Esperanza Vargas Muñoz

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

LVLQ/ LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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