Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04259-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04259-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04259-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
31 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04259-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: MAURICIO CRISTIÁN FELIPE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO FRENTE AL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. SE
DENIEGA EL AMPARO RESPECTO DE LA SOLICITUD DE EXPEDICIÓN
DE LA TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO, TODA VEZ QUE EL
ACTOR NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE ACREDITAR LA
APROBACIÓN DEL EXAMEN DE ESTADO PREVISTO EN LA LEY 1905
DE 28 DE JUNIO DE 2018.
DERECHO FUNDAMENTAL: PETICIÓN, LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD, TRABAJO, IGUALDAD, MÍNIMO VITAL Y
SEGURIDAD SOCIAL
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA1 - UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA2.
1
En adelante CONSEJO SUPERIOR.
2
En adelante la UNIDAD.
2
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Actor: MAURICIO CRISTIÁN FELIPE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor MAURICIO CRISTIÁN FELIPE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,
actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales de petición, al libre
desarrollo de la personalidad, al trabajo, a la igualdad, al mínimo vital,
a la seguridad social, a la niñez y a los principios de razonabilidad,
proporcionalidad, oportunidad y confianza legítima, los cuales, a su
juicio, le fueron vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR y la
UNIDAD, al no haberle dado respuesta de fondo, clara y concreta a
la solicitud que les envió, vía electrónica, el 10 de junio de 2025, en
la que pidió que se expidiera de manera definitiva su tarjeta
profesional de abogado.
I.2.- Hechos
Afirmó que cursó la carrera de derecho en la UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE COLOMBIA3 y obtuvo el título de abogado con
3
En adelante UNIVERSIDAD.
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Actor: MAURICIO CRISTIÁN FELIPE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
honores a través de la Resolución núm. 008911 de 29 de mayo de
2023.
Indicó que, luego de su graduación, en la Ley 1905 de 28 de junio de
20184, se estableció el examen de idoneidad para abogados como
requisito para obtener la tarjeta profesional, lo cual, a su juicio,
vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo, ya que
no está en la obligación de presentarlo. Así mismo, se evidencia una
discriminación, por cuanto no se exige a las personas que ya
adquirieron la tarjeta profesional.
Aseguró que el 10 de junio de 2025, presentó una petición vía
electrónica ante el CONSEJO SUPERIOR, en la que solicitó que se le
excluyera del cumplir con el requisito del mencionado examen de
idoneidad y se expidiera la tarjeta profesional definitiva como
abogado; sin embargo, advirtió que a la fecha de presentar el
presente mecanismo de amparo, no ha recibido respuesta alguna.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la parte actora, la parte demandada vulneró sus derechos
fundamentales de petición, al libre desarrollo de la personalidad, al
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“Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado”.
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trabajo, a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social y a los
principios de razonabilidad, proporcionalidad, oportunidad y confianza
legítima, habida cuenta que la omisión de pronunciarse de manera
oportuna, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado, es
una peyorativa contra quien interpone los recursos y se convierte en
un obstáculo para acceder a otras vías administrativas.
Aseveró que la omisión en la expedición de la tarjeta profesional le ha
imposibilitado y restringido el acceso a un trabajo digno, un sustento
y a garantizar su mínimo vital. Además, al no tener una fecha cierta
de presentación del mencionado requisito, este se convierte en un
presupuesto imposible de cumplir.
Finalmente, señaló que el silencio frente a la petición que presentó el
10 de junio de 2025, a su juicio, vulneró su derecho fundamental de
petición.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:
“[…] PRETENSIONES
1. Solicito respetuosamente que se me conceda la tarjeta profesional
de abogado sin la exigencia del examen de habilitación establecido
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por la Ley 1905 de 2018, en virtud de los argumentos de
inconstitucionalidad expuestos previamente, medida que es esencial
para evitar un perjuicio irremediable a mi sustento y el de mis hijas,
en tanto mi preparación académica y experiencia profesional son
idóneas para el ejercicio de la abogacía.
2. Solicito se me explique la justificación legal y constitucional de la
exigencia del examen de habilitación para abogados, considerando el
deber estatal, derivado del Artículo 41 de la Constitución Política, de
garantizar que todas las personas naturales o jurídicas conozcan la
Constitución y sus deberes y derechos frente al Estado colombiano.
3. Resuelve de fondo la presente solicitud y determinar la
constitucionalidad o no de la Ley 1905 de 2018. […]”.
I.4.- Defensa
I.4.1.- La UNIDAD solicitó denegar las pretensiones de la acción de
tutela de la referencia, toda vez que no existe vulneración alguna de
los derechos fundamentales invocados por el accionante.
Sostuvo que el actor es destinatario de la Ley 1905, al iniciar su
carrera de derecho el 29 de julio de 2019, razón por la cual para que
le sea expedida la tarjeta profesional definitiva debe presentar y
aprobar el examen de estado previsto en dicha normativa.
Mencionó que la acción de tutela es improcedente ante la existencia
de recursos o medios de defensa judiciales, salvo que la misma se
utilice como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, lo cual, a su juicio, no fue acreditado por el actor en el
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presente trámite, pues si bien manifestó circunstancias derivadas de
la falta de expedición de la tarjeta profesional de abogado, no
demostró la existencia de un interés legítimo que justifique la
urgencia o la ocurrencia del perjuicio.
Aclaró que la exigencia de la presentación de dicho examen es una
disposición legal que no puede ser omitida, por lo que una vez el
accionante apruebe ese requisito podrá ser expedida su tarjeta
profesional de abogado.
Adujo que respecto a la solicitud elevada el 10 de junio 2025, dio
respuesta al actor el 3 de julio de este año y le fue enviada el 11 de
julio de esta anualidad mediante correo electrónico, en la que le indicó
que no era posible acceder a su requerimiento por cuanto debía
acreditar la aprobación del examen de Estado para proceder a la
expedición de la tarjeta profesional.
Por último, manifestó que el accionante debió inscribirse para
presentar el examen de Estado en la aplicación 2025-I, conforme a lo
establecido en el artículo 1º del acuerdo PCSJ24-12223 del 22 de
noviembre de 2024, sin embargo, no lo hizo.
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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado
no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el caso bajo examen, el actor pretende obtener el amparo de sus
derechos fundamentales de petición, al libre desarrollo de la
personalidad, al trabajo, a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad
social, a la niñez y a los principios de razonabilidad, proporcionalidad,
oportunidad y confianza legítima, los cuales estima vulnerados por el
CONSEJO SUPERIOR - UNIDAD, al no haberle dado respuesta a la
solicitud que les envió, vía electrónica, el 10 de junio de 2025, en la
que pidió que se expidiera de manera definitiva su tarjeta profesional
de abogado.
Conforme a lo anterior, corresponde determinar, por un lado, si la
parte demandada vulneró el derecho fundamental de petición del
actor, al presuntamente no dar respuesta de fondo, clara y concreta
a la solicitud de 10 de junio de 2025 y, por el otro, si le se le
vulneraron los demás derechos fundamentales alegados al no
expedirle la tarjeta profesional de abogado.
En ese sentido, se tiene que el derecho de petición se encuentra
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establecido en el artículo 23 de la Constitución Política, que
textualmente indica:
“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a
obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio
ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales […]”.
Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20116, estableció
que:
“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos se
constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos
respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen
a recibirlas o se abstengan de tramitarlas. Sobre el particular, la
Sentencia T-490 de 2005, reiterada por la Sentencia T-1130 de
2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y T-108 de 2006, señaló:
“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala que
conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta Corporación
y que se encuentran contenidas, entre otras, en la Sentencia T-466
de 2004, el núcleo esencial del derecho de petición reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión, el cual en el asunto de la
referencia resulta lesionado puesto que el Seguro Social, según se ha
reseñado, no demostró haber dado respuesta a la petición del actor
formulada el 5 de noviembre de 2003. Esta sola circunstancia impedía
al a-quo dar aplicación al artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.
En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:
“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de
características esenciales del derecho de petición, cuyo núcleo
esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, tiene
como presupuesto esencial una de dos circunstancias: (i) que al
accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que exista
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M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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presentación de una solicitud por parte del accionante. En este
sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o bien
por la negativa de un agente de recibir la respectiva petición o frustrar
su presentación – circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado
una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”
De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889 de
2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855 de 2004,
T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243 de 2008, T-
325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que el derecho de
petición en su contenido comprende los siguientes elementos: (i) la
posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos,
solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas
o se abstengan de tramitarlas; (ii) una respuesta que debe ser pronta
y oportuna, es decir otorgada dentro de los términos establecidos en
el ordenamiento jurídico, así como clara, precisa y de fondo o
material, que supone que la autoridad competente se pronuncie sobre
la materia propia de la solicitud y de manera completa y congruente,
es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno de los asuntos
planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, independientemente de que la respuesta sea favorable o
no, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido […]”.
El derecho de petición es considerado fundamental y determinante
para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos
constitucionales, como el de información, participación política y
libertad de expresión.
Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la
posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva
para sí el sentido de lo decidido.
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Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser
oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del
peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre
en una vulneración del derecho constitucional fundamental de
petición.
Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 20157 se ocupó
de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el Título II
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se
refirió así la citada Ley:
“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición
ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados
en este código, por motivos de interés general o particular, y a
obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades
implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo
23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo.
Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el
reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o
funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de
un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir
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“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y
reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin
necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor
cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a
su protección o formación […]”.
En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley 1755
estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,
excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de
información o consultas a las autoridades en relación con las materias
a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,
respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición en
los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado, precisando
los motivos de la demora y el plazo razonable en que se dará
respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y
jurisprudencial aplicable al caso bajo estudio, la Sala procede a
realizar el análisis del acervo probatorio allegado al expediente.
De las pruebas obrantes en el expediente se observa que el actor,
presentó, vía electrónica, la petición el 10 de junio de 2025, ante la
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el CONSEJO SUPERIOR - UNIDAD, a través de las cuales
respectivamente solicitó lo siguiente:
“[…]
PETICIONES
1. Solicito respetuosamente que se me conceda la tarjeta profesional
de abogado sin la exigencia del examen de habilitación establecido
por la Ley 1905 de 2018, en virtud de los argumentos de
inconstitucionalidad expuestos previamente, medida que es esencial
para evitar un perjuicio irremediable a mi sustento y el de mis hijas,
en tanto mi preparación académica y experiencia profesional son
idóneas para el ejercicio de la abogacía.
2. Solicito se me explique la justificación legal y constitucional de la
exigencia del examen de habilitación para abogados, considerando el
deber estatal, derivado del Artículo 41 de la Constitución Política, de
garantizar que todas las personas naturales o jurídicas conozcan la
Constitución y sus deberes y derechos frente al Estado colombiano.
3. Resuelve de fondo la presente solicitud y determinar la
constitucionalidad o no de la Ley 1905 de 2018. […]”.
Conforme a lo anterior, la Sala observa que la UNIDAD allegó, con la
contestación de la solicitud de amparo de la referencia, el escrito 3 de
julio de 2025, a través del cual dio respuesta al actor frente a su
solicitud, enviado al correo electrónico suministrado por este en el
derecho de petición el 11 de julio del mismo año, en los siguientes
términos:
“[…] La Corte Constitucional, mediante las Sentencias C-138 de 2019
y C-594 de 2019, realizó un análisis integral de la constitucionalidad
de la Ley 1905 de 2018.
En la Sentencia C-138 de 2019, la Corte examinó el artículo segundo
de la ley y concluyó que dicha disposición no vulnera los derechos
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fundamentales al trabajo, a la igualdad, ni a la libre escogencia de la
profesión, en tanto se trata de una medida legítima y razonable de
control estatal sobre el ejercicio profesional del derecho.
La Corte resaltó que en Colombia se ha identificado una pérdida
sustancial en la calidad en la formación jurídica, derivada de la
ausencia de mecanismos de supervisión sobre la idoneidad de los
abogados. En este sentido, consideró que el examen constituye un
instrumento idóneo para garantizar un estándar mínimo de calidad
para quienes aspiran ejercer como abogados, en beneficio del interés
general.
Adicionalmente, la Corte señaló que la finalidad de la Ley 1905 de
2018 responde al interés general de formar nuevas generaciones de
abogados “probos, competentes y preparados”, en aras de garantizar
un ejercicio profesional de calidad y proteger los derechos de los
ciudadanos. En ese contexto, consideró que el examen de Estado
constituye un “medio constitucionalmente permitido”, ya que asegura
unos conocimientos transversales a la formación profesional de los
abogados y, con base en ellos, permite habilitar el ejercicio de la
profesión. (….)
De conformidad con lo expuesto, respecto a la solicitud de otorgar la
tarjeta profesional de abogado sin la exigencia de presentar y aprobar
el examen de Estado, nos permitimos indicar que dicha petición no es
procedente, en la medida en que ese requisito fue establecido por la
Ley 1905 de 2018 como condición legal para la obtención del
mencionado documento, y su constitucionalidad ha sido ratificada por
la Corte Constitucional mediante las Sentencias C-138 de 2019 y C-
594 de 2019. En consecuencia, mientras la norma se mantenga
vigente, su aplicación resulta obligatoria para todas las personas […]”.
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Por lo precedente, la Sala encuentra que la UNIDAD le dio respuesta
a la petición y se la puso en conocimiento al actor, en la que le informó
que no había lugar a expedirle la tarjeta profesional, comoquiera que
debía acreditar la aprobación del examen de idoneidad para abogados
previsto en la Ley 1905 y que no era la competente para exonerarlo
de la referida prueba, debido a que inició su carrera de derecho
después del 28 de junio de 2018, conforme al certificado allegado por
la UNIVERSIDAD.
Por tal razón la autoridad accionada concluyó que el actor si era
destinatario de la Ley 1905 y, en consecuencia, debía cumplir con el
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requisito de presentar y aprobar el examen de Estado para obtener la
tarjeta profesional de abogado.
En ese sentido, la Sala advierte que las inconformidades del actor
radican en la respuesta obtenida por parte de la UNIDAD, razón por
la cual es importante precisar que el hecho de que la respuesta no
haya sido favorable a las pretensiones de la misma no significa que
hubo una vulneración al derecho de petición deprecado, pues le
explicaron las razones por las cuales no se podía acceder a sus
solicitudes, lo que de forma alguna incumple con los requisitos del
núcleo esencial del derecho, pues su solicitud se resolvió de fondo,
clara, precisa, de manera congruente y fue comunicada en debida
forma.
Consecuente con lo anterior y teniendo en cuenta que la acción de
tutela de la referencia fue radicada el 9 de julio de 2025, vía
electrónica, y la solicitud del actor fue contestada mediante correo
electrónico el 11 de julio de este año, tal como se evidencia en el
soporte de envío, la Sala declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado respecto del derecho de petición, pues la solicitud
presentada por el actor el 10 de junio de 2025, ya fue atendida de
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forma clara, completa y de fondo, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
Ahora, el actor también pretende que se ordene la expedición de su
tarjeta profesional, pues, a su juicio, no se le debe exigir el examen
de idoneidad de abogados establecido en la Ley 1905, puesto tal
requisito vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad y al
trabajo, así mismo, una discriminación, toda vez que no se le exige a
quien ya adquirió su tarjeta profesional.
Sobre el particular, la Ley 1905 como requisito adicional para ejercer
la profesión de abogado, estableció lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 1. Para ejercer la profesión de abogado,
además de los requisitos exigidos en las normas legales
vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de
aprobación del Examen de Estado que para el efecto realice
el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), directamente o a
través de una Institución de Educación Superior acreditada
en Alta Calidad que se contrate para tal fin.
Se entenderá aprobado el Examen de Estado cuando el resultado
supere la media del puntaje nacional de la respectiva prueba. En el
resultado individual de cada examen, el CSJ señalará la
representación porcentual del puntaje obtenido sobre la media
nacional.
PARÁGRAFO 1. Si el egresado o graduado no aprueba el
examen, se podrá presentar en las siguientes convocatorias
que señale el CSJ hasta tanto obtenga el porcentaje mínimo
exigido.
PARÁGRAFO 2. La certificación de la aprobación del Examen de
Estado será exigida por el Consejo Superior de la Judicatura o por el
órgano que haga sus veces para la expedición de la Tarjeta
Profesional de Abogado. Para ser representante de una persona
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natural o jurídica para cualquier trámite que requiera un abogado,
será necesario contar con la tarjeta profesional de abogado, que solo
se otorgará a quienes hayan aprobado el examen. Para las demás
actividades no se requerirá tarjeta profesional.
ARTÍCULO 2. El requisito de idoneidad para el ejercicio de la
profesión de abogado establecido en la presente ley se aplicará a
quienes inicien la carrera de derecho después de su promulgación.
ARTÍCULO 3. Vigencia y derogatorias. La presente ley
deroga las normas que le sean contrarias y rige a partir de la
fecha de su promulgación […]”. (Resaltado y subrayado fuera de
texto)
En virtud de lo anterior, el CONSEJO SUPERIOR expidió el Acuerdo
núm. PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024, “Por el cual se
establecen normas para la inscripción en el Registro Nacional
de Abogados, expedición de la tarjeta profesional de abogado
y se dictan otras disposiciones”, que derogó a su vez el
Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 20228, en el que previó
lo siguiente:
“[…] ACUERDA:
Artículo 1. Inscripción en el Registro Nacional de
Abogados. Para ejercer la profesión de abogado se requiere estar
inscrito en el Registro Nacional de Abogados.
Artículo 2. Trámite para la inscripción en el Registro Nacional
de Abogados. La inscripción en el Registro Nacional de Abogados
se solicitará ante el Consejo Superior de la Judicatura-URNA, por los
medios dispuestos para tal fin en la página
Web https://sirna.ramajudicial.gov.co y el interesado deberá remitir
los siguientes documentos […]
8 “Por el cual se establecen normas para la expedición de la tarjeta profesional de abogado
y se dictan otras disposiciones”.
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[…]
Parágrafo. Una vez se realice la inscripción la URNA emitirá el
certificado de inscripción el cual podrá ser descargado por el
abogado, la ciudadanía o las autoridades, en la página web
https://sirna.ramajudciial.gov.co.
Parágrafo transitorio. Este trámite podrá realizarse a partir de la
fecha de publicación de resultados definitivos de la primera
aplicación del Examen de Estado para Abogados que se realizará en
el primer semestre de 2024.
Artículo 3. Trámite de expedición de tarjeta profesional de
abogado. El abogado inscrito en el Registro Nacional de
Abogados que haya iniciado su carrera de derecho después
del 28 de junio de 2018 y que apruebe el Examen de Estado
para Abogados de la Ley 1905 de 2018, podrá solicitar la
expedición de la tarjeta profesional de abogado.
Los abogados inscritos a quienes no les aplica la Ley 1905 de
2018, podrán solicitar la tarjeta profesional de abogado sin
el requisito del Examen de Estado para Abogados.
El trámite de la tarjeta de la tarjeta profesional se hará ante
la URNA, por los medios dispuestos para tal fin en la página
Web https://sirna.ramajudicial.gov.co, remitiendo los
siguientes documentos […]
Posteriormente, la SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
mediante sentencia de unificación de 18 de abril de 20249, al
estudiar las acciones de tutela de los expedientes acumulados T-
9.201.808AC10, T-9.286.21511, T-9.374.17412, unificó los criterios al
momento de definir cuándo se entiende que una persona comienza
9
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 18 de abril de 2024, M.P. Natalia Ángel Cabo.
10
Actor: Gustavo Adolfo Grajales Granada contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros; M.P.:
Natalia Ángel Cabo.
11
Actor: Giovanni López Giraldo contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros; M.P.: Natalia Ángel
Cabo.
12
Actor: José Humberto Gómez Herrera contra el Consejo Superior de la Judicatura y otros; M.P.:
Natalia Ángel Cabo.
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sus estudios de pregrado en Derecho, pues ello era un asunto
fundamental para que la aplicación de la ley resulte respetuosa del
principio de igual, con fundamento en lo siguiente:
“[…] Por citar sólo un ejemplo de esta disparidad de criterios, una
de las universidades intervinientes señaló que en el supuesto en
que una persona se matriculó para el programa de Derecho en
esa institución el día 29 de junio de 2018 o algún día posterior,
pero venía de traslado desde otra institución, con lo cual contaba
ya con algunos semestres o cursos adelantados y homologados,
la cobijaría la Ley 1905 de 2018 porque aunque contaba con la
calidad de estudiante de un programa de Derecho antes de la
vigencia de la ley, “de cualquier modo, esta condición se perdió y
la adquirió nuevamente en otra institución, cuando ya había
iniciado la vigencia de la ley”. Este criterio resulta contrario al
expresado por otras universidades intervinientes y por el C. S. de
la J. en su respuesta, en la que se entiende que el inicio de la
carrera de Derecho corresponde a la fecha en que el estudiante
comenzó dicho pregrado en la universidad de origen y no en la
universidad que posteriormente lo recibe […]”
En efecto, con el fin de establecer si es o no destinatario de la Ley
1905, por el momento de cuándo una persona comienza sus estudios
de pregrado en Derecho, el Alto Tribunal Constitucional estableció los
siguientes criterios:
“[…]En esta medida, la Sala considera oportuno condensar y
unificar estos criterios para evitar la disparidad que se ha venido
presentando. Para ello, tomará como referente algunas de las
respuestas del C. S. de la J. Así, se entenderá que:
(i) La fecha en que un estudiante comienza su
carrera de Derecho será determinada por la respectiva
institución de educación superior, en virtud de la autonomía
universitaria.
(ii) No es destinatario de la Ley 1905 de 2018 el estudiante
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que comenzó el pregrado en Derecho antes de la entrada en vigor
de la Ley 1905 de 2018, pero solicitó traslado a otra universidad
después de la promulgación de esta ley y la universidad receptora
le homologó créditos cursados en el programa de Derecho de la
universidad de origen. En este caso se entiende que el estudiante
comenzó sus estudios de Derecho en la universidad de origen.
(iii) Es destinatario de la Ley 1905 de 2018 el estudiante que
comenzó a cursar el pregrado en Derecho con posterioridad a la
promulgación de la Ley 1905 de 2018, pero la universidad
respectiva le reconoció créditos cursados en otros programas
académicos diferentes al de Derecho antes de la entrada en vigor
de la ley.
(iv) No es destinatario de la Ley 1905 de 2018 el extranjero
que convalidó su título de Derecho en Colombia y solicita tarjeta
profesional, pero comenzó sus estudios de Derecho en la institución
extranjera antes de la entrada en vigor de la Ley 1905 de 2018.
(v) Es destinatario de la Ley 1905 de 2018 el extranjero
que convalidó su título de Derecho en Colombia y solicita tarjeta
profesional, pero comenzó sus estudios de Derecho en la institución
extranjera después de la entrada en vigor de la Ley 1905 de 2018.
(vi) Toda vez que el C. S. de la J. ya habilitó las inscripciones
al Examen de Estado, los graduados que a partir de la fecha de
apertura de inscripciones (26 de diciembre de 2023) soliciten la
expedición de su tarjeta profesional, pero consideren que no son
destinatarios de la Ley 1905 de 2018 y, por ello, no deben acreditar
la aprobación de dicho examen, deberán presentar el certificado de
la universidad en el que se indique la fecha de inicio de su pregrado
en Derecho. En los casos del numeral (ii), el certificado deberá ser
expedido por la universidad de origen […].” (Resaltado y subrayado
fuera de texto).
De lo precedente, se tiene que la CORTE CONSTITUCIONAL a
través de la sentencia de 18 de abril de 2024, con el fin de evitar la
disparidad de criterios respecto del momento en que se entiende
cuándo una persona comienza sus estudios de pregrado en Derecho,
expuso como uno de estos que tal fecha sería determinada por la
respectiva institución de educación superior, en virtud de la
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autonomía universitaria, razón empleada por la UNIDAD para negar
la expedición de la tarjeta profesional.
En el caso concreto, el actor debió realizar el trámite de inscripción
como abogado, pero a la fecha no ha adelantado ninguna solicitud
respecto a esto, según consta de la contestación allegada por la
UNIDAD, puesto que no ha efectuado el trámite de inscripción como
abogado y expedición de la tarjeta profesional, a través del sistema
de información del registro nacional de abogados, conforme la
normatividad vigente.
Es decir, el accionante debió inscribirse para presentar el examen de
Estado en la aplicación 2025-I, conforme a lo establecido en el artículo
1º del acuerdo PCSJ24-12223 del 22 de noviembre de 2024, sin
embargo, incumplió este requisito estipulado por la ley.
En ese entendido y una vez revisadas las pruebas obrantes en el
proceso de la referencia, la Sala advierte que el actor inició su carrera
de derecho el 29 de julio de 2019, es decir, después del 28 de junio
de 2018, fecha de la promulgación de la Ley 1905 y, además, se
graduó del programa de derecho el 28 de febrero de 2025, conforme
al acta de grado allegada con la demanda, por lo que se evidencia que
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debe presentar el examen de idoneidad de abogados como requisito
establecido en la Ley 1905 para que le sea expedida la tarjeta
profesional de abogado, al ser destinatario de la misma.
Así las cosas, la Sala encuentra que, frente a la no expedición de la
tarjeta profesional de abogado, la presente acción de tutela no tiene
vocación de prosperar, debido a que, precisamente, en aplicación a lo
ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación
SU-128 de 2024, no resulta posible la expedición de la tarjeta
profesional de abogado del actor.
Aunado a lo anterior, se advierte que el actor tampoco cumple con los
presupuestos de la sentencia de unificación SU-128 de 2024, toda vez
que a pesar de que es destinatario de la Ley 1905, no estaba graduado
del pregrado en Derecho con anterioridad al 26 de diciembre de
202313, razón por la cual debe cumplir con el requisito del examen de
estado establecido en la Ley 1905, para poder solicitar la expedición
de su tarjeta profesional de abogado.
De lo expuesto en precedencia, la Sala advierte que en el presente
asunto la parte demandada no ha vulnerado los derechos
fundamentales del actor y, por el contrario, ha actuado de
13
De conformidad con el acta de grado de 15 de marzo de 2024, visible en el índice núm. 2 del
expediente digital obrante en SAMAI.
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conformidad con lo previsto en la ley y en la sentencia de unificación
SU-128 de 2024.
Por lo precedente, la Sala denegará el amparo solicitado frente a la
expedición de la tarjeta profesional, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de esta providencia.
Por último, el actor en el escrito de tutela solicita que en el presente
mecanismo constitucional se determine la constitucionalidad de la Ley
1905 de 2018.
Sobre el particular, se resalta que tal pretensión es improcedente por
carencia del requisito de subsidiariedad, habida cuenta que el actor
tiene a su disposición la existencia de otro mecanismo judicial como
lo es la acción pública de inconstitucionalidad prevista en el
numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política de Colombia y
regulada por el Decreto 2067 de 4 de septiembre de 199114, ante la
Corte Constitucional, como medio de defensa para pretender el
amparo de los derechos deprecados con relación a la
constitucionalidad de la Ley 1905, en lo relacionado con las exigencias
allí dispuestas para obtener la tarjeta profesional de abogado y su
14
“Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la
corte constitucional”.
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presunto carácter discriminatorio frente a los que ya la obtuvieron sin
presentar el examen de Estado.
Aunado a lo anterior, no se puede desatender en manera alguna el
carácter excepcional y subsidiario de la acción de tutela, habida
cuenta que, su desconocimiento afectaría el ordenamiento jurídico
en el sentido de que la garantía de los derechos fundamentales no
sería examinada por el juez natural para resolver las controversias
jurídicas de acuerdo con las competencias establecidas por el
legislador.
Por lo anterior, frente a la referida pretensión, la Sala declarará su
improcedencia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva
de esta providencia.
Finalmente, con el fin de analizar si en el presente caso se configura
la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala se remite a lo
dispuesto por la Corte Constitucional15 que, frente al tema, ha
sostenido lo siguiente:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha
precisado que éste debe reunir las siguientes características:
15
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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“debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un
considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos
que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del
daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona
(moral o material), pero que sea susceptible de determinación
jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como
respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por
último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto
es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable […]”.
En esa medida, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia
como mecanismo transitorio, pues de los elementos de juicio
obrantes en el expediente no es posible establecer dicha
circunstancia.
Así las cosas, la Sala dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia: i) declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado frente al derecho de petición; iii) denegar el amparo frente
a la expedición de la tarjeta profesional de abogado deprecada por el
actor; iii) y declarar improcedente la solicitud de amparo frente a los
reparos contra la Ley 1905, por incumplimiento del requisito general
de la subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
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Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO frente al derecho de petición alegado por el
actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado frente a la expedición de
la tarjeta profesional, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
frente a los reparos contra la Ley 1905 de 28 de junio de 2018, por
falta del requisito general de la subsidiariedad, en atención a las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede
en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de julio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con
la ley.
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