Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04260-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04260-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04260-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
28 de agosto de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04260-00
Demandante: Rosa Odilia González Moreno
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04260-00
Demandante: ROSA ODILIA GONZÁLEZ MORENO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con la pretensión de que se acceda al
reconocimiento de la pensión de jubilación. Falta de legitimación en
la causa por activa
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Rosa Odilia González Moreno, quien actúa por intermedio
de apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 9 de julio de 2025, la parte accionante instauró acción de tutela por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, por parte
de la autoridad judicial accionada.
En el escrito de tutela formuló las siguientes:
“1. Solicito del Despacho de conocimiento de la presente acción constitucional, tutelar a
favor de la señora ROSA ODILIA GONZÁLEZ MORENO, los derechos fundamentales
como son al debido proceso inciso 1 del art. 29 y a la igualdad art. 13 de la C.N.,
vulnerados por la parte aquí demandada con la sentencia calendada el día 27 de febrero
de 2025, proferida dentro del radicado N° 2013-05682-01, accionante FRANCISMO
MARTAN MARQUEZ, y como sucesor procesal la cónyuge supérstite ROSA ODILIA
GONZÁLEZ MORENO, dentro del proceso de control de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurado contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.
2. Disponer que contado a partir de la notificación de la sentencia por medio de la cual,
se tutele a favor de la señora ROSA ODILIA GONZÁLEZ MORENO, los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, la parte aquí demandada profiera la
sentencia que deberá remplazar la que es hoy materia de la presente acción de tutela,
en el término de 48 horas se profiera la misma, dando cumplimiento a la decisión tomada
por su señoría.
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Demandante: Rosa Odilia González Moreno
3. Que la sentencia que dé cumplimiento al fallo de tutela se le notifique a la parte que
represento a través del suscrito apoderado a través del correo electrónico
riascosabogados@hotmail.com”.
2. Hechos
La accionante manifestó que su cónyuge el señor Francisco Martán Márquez (q. e.
p. d.), el 7 de septiembre de 2012 presentó ante el Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República (en adelante Fonprecon) una solicitud orientada a obtener
el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, al considerar que cumplía con
los requisitos exigidos para ello.
Indicó que dicha solicitud fue resuelta mediante auto de 22 de mayo de 2013, en el
que Fonprecon declaró la falta de competencia para reconocer la prestación
solicitada, dado que el señor Márquez no se encontraba afiliado a ese fondo de
pensiones. Contra esta decisión se interpuso recurso de reposición, el cual fue
rechazado por improcedente.
Señaló que, en consecuencia, el señor Francisco Martán Márquez (q. e. p. d.)
promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, con el propósito de obtener la nulidad de los actos administrativos que
negaron el reconocimiento de la pensión de jubilación.
Expuso que el proceso fue asignado por reparto al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que mediante sentencia de 30 de
mayo de 2018 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se
acreditó el tiempo de servicio requerido para acceder a la pensión.
Indicó que contra dicha decisión se interpuso recurso de apelación, bajo el
argumento de que la valoración de los testimonios de los señores Melquiades
Cortés Sánchez, Bernardo Mesa Reina, José Antonio Góngora y José Nel Vallecilla
Ortiz -con los cuales se pretendía demostrar el tiempo de servicio como corregidor
e inspector de policía en el municipio de El Charco, Nariño-, no tuvo en cuenta, entre
otros aspectos, que el edificio de la Alcaldía se incendió lo que ocasionó la pérdida
de todos los archivos. Por tal motivo, se recurrió a prueba supletoria, como la
declaración extrajuicio ante notario.
De acuerdo con las pruebas allegadas al escrito de tutela, el señor Francisco Martán
Márquez (q. e. p. d.) falleció el 14 de enero de 2020. En consecuencia, el 31 de
agosto de 2021 la ahora accionante, por intermedio de apoderado judicial, solicitó
ser reconocida como sucesora procesal1.
Finalmente, señaló que, mediante sentencia del 27 de febrero de 2025, el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, confirmó la decisión que negó las
pretensiones de la demanda.
3. Fundamentos de la acción
1
Solicitud resuelta por auto de 11 de mayo de 2022, en el que se tuvo como sucesores procesales a los señores
Francisco Antonio Martán González y a Viviana Leonor Martán González, hijos del señor Francisco Martán
Márquez (q. e. p. d.). Decisión que, según las actuaciones registradas en el expediente digital en el aplicativo
Samai, no fue objeto de recursos.
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La parte accionante expuso que la sentencia de 27 de febrero de 2025 vulneró el
derecho fundamental al debido proceso, al no valorar que la parte demandada en el
proceso ordinario guardó silencio sobre las certificaciones de tiempo expedidas y
las declaraciones rendidas por los testigos, así como de la imposibilidad en allegar
la historia laboral por el incendio que se presentó en la Alcaldía del municipio de El
Charco, Nariño.
Aludió que ante el silencio de las entidades demandadas el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca estaba en la obligación de garantizar el debido proceso y, en
consecuencia, debía declarar la nulidad de los actos administrativos reconociendo
la pensión de jubilación por superarse los requisitos exigidos en la Ley 33 de 1985.
Expuso que la decisión de segunda instancia incurrió en el mismo yerro al resolver
confirmar la sentencia apelada, ya que no tuvo en cuenta los elementos de prueba
y la evidencia física que da cuenta del tiempo laborado por el señor Francisco
Martán Márquez (q. e. p. d.), en las dependencias del municipio de El Charco,
Nariño.
Adujo que se vulneró el derecho fundamental a la igualdad, así como lo consagrado
en el artículo 22 de la Ley 33 de 1985, para lo cual mencionó que “la sentencia de
segunda instancia y que hoy es materia de acción de tutela, se violentó no solamente los
artículos de la norma superior ya citados, sino el art. 22 de la ley 33 de 1985 que estableció
que una vez entrara en funcionamiento el Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República la Caja Nacional de Previsión social continuaría reconociendo y pagando las
prestaciones sociales de los congresistas y, por otra parte, el art. 24 de dicha ley determino
que una vez entrara a funcionar dicho fondo las prestaciones sociales de los congresistas
en cuanto a su pago y reconocimiento pasarían directamente a dicho fondo y obsérvese,
por el Despacho del Juez de tutela que FONPRECON, al momento de proferir la resolución
que fue materia de demanda, afirma que no se le reconocía la pensión a mi prohijado por
cuanto este no había estado afiliado a dicho fondo, no obstante, estar probado hasta la
saciedad de que había sido parlamentario y había cotizado para pensión ante la caja
nacional de previsión social, este error es ratificado mediante la sentencia de segunda
instancia que hoy es materia de acción de tutela, situación que hace no solamente que se
acuda ante el Juez de instancia para que se le tutele el y/o los derechos vulnerados a la
parte aquí demandante como son al debido proceso y a la igualdad”.
4. Trámite procesal
Por auto de 16 de julio de 2025, de manera previa a admitir el asunto, el despacho
requirió a la parte demandante con el fin de que indicara el defecto en que incurre
la decisión objeto de reproche.
Mediante memorial allegado el 29 de julio de 2025, el apoderado judicial de la
accionante amplió la vulneración al debido proceso e insistió en los argumentos
señalados en la demanda. No obstante, no precisó el defecto en el que incurrió la
autoridad judicial accionada con la decisión cuestionada.
Por auto de 1 de agosto de 2025, el despacho sustanciador teniendo en
consideración el escrito de tutela, la subsanación y las pruebas allegadas en ese
momento procesal, admitió la demanda por lo que ordenó notificar a la parte
accionante y a la autoridad judicial accionada -Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A-. Asimismo, se dispuso la vinculación como terceros con
interés al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, a la Unidad
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Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, y se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios n.° 111027 a 111032 de
5 de agosto de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión2.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
El apoderado judicial de entidad rindió informe en el que solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela por considerar que se utiliza como una tercera
instancia para debatir el asunto que fue dirimido por el juez natural, para lo cual
expuso las actuaciones surtidas en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.
5.2. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
La subdirectora de Defensa Judicial de la entidad pidió que se declare improcedente
la acción de tutela por no cumplir los requisitos establecidos para controvertir una
decisión judicial mediante el mecanismo constitucional, ya que lo pretendido con la
acción de tutela es sustituir la decisión judicial que fue proferida por el juez natural.
Asimismo, solicitó la desvinculación del trámite constitucional por considerar que la
entidad no es la encargada de atender las súplicas de la demanda de tutela.
5.3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, no rindió informe y
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
remitió copia del expediente ordinario digitalizado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
En el escrito de contestación, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) solicitó su
desvinculación, bajo el argumento de que no es la autoridad contra la cual se dirigen
las pretensiones elevadas por la parte accionante.
2
Índice 13 Samai
4
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Al respecto, la Sala advierte que negará la solicitud presentada por la UGPP debido
a que su participación en este trámite constitucional se dio en calidad de tercero con
interés, por fungir dentro de la parte pasiva en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el que se profirió la decisión objeto de reproche.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si la autoridad judicial accionada vulneró a la
demandante sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, con la
decisión proferida el 27 de febrero de 2025 en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado n.º 25000-23-42-000-2013-05682-00.
De manera previa, se verificará el cumplimiento del presupuesto general de la
legitimación en la causa por activa de la accionante para cuestionar la sentencia de
27 de febrero de 2025, en tanto, al parecer, no fungió como parte procesal en el
trámite judicial en el que se dictó la providencia judicial cuestionada.
4. De la legitimación en la causa por activa en la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, faculta
a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente
y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando sean
vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de
los particulares en los casos en que así se autoriza.
Este mecanismo constitucional tiene como una de sus características esenciales la
informalidad al momento de presentar la acción, pues no limita su ejercicio a los
sujetos de derecho que pretendan hacerla valer como solicitud de amparo
constitucional.
No obstante, se hace exigible como requisito indispensable la legitimación e interés
del actor de acuerdo como lo estipula el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, de
la siguiente manera:
“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno
de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales”.
En términos generales, la legitimación en la causa determina quiénes pueden
obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda.
La Corte Constitucional ha establecido unos presupuestos con respecto a la
legitimación en la causa por activa, señalándolos así:
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“La legitimación en la causa por activa en los procesos de acción de tutela se
predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados, sin embargo, la Sala encuentra que a partir de las normas de la
Constitución y del decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano
permite cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela: (i) la del
ejercicio directo de la acción. (ii) La de su ejercicio por medio de representantes
legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos
y las personas jurídicas). (iii) La de su ejercicio por medio de apoderado judicial
(caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y
al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su
defecto el poder general respectivo). Y (iv) la del ejercicio por medio de agente
oficioso”.
Si se actúa por medio de apoderado judicial, debe aportarse el poder especial que
lo faculta para actuar, pues, de lo contrario, se configurará un auténtico caso de
carencia de poder. Y si se actúa en calidad de representante legal de una empresa,
debe aportarse el respectivo certificado de existencia y representación.
La Corte Constitucional en sentencia SU-173 de 2015 , indicó que la relevancia
constitucional de la legitimación por activa, no puede considerarse una exigencia
intrascendente sino que, por el contrario, necesaria en la protección y garantía
adecuada de los derechos fundamentales, al indicarse que obedece al verdadero
significado que la Constitución Política le ha dado al reconocimiento de la dignidad
humana, en el sentido de que, no obstante las buenas intenciones de terceros, quien
decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios intereses,
es solo la persona capaz para hacerlo.
Así las cosas, están legitimados para interponer la acción de tutela: i) el interesado
directamente, ii) el representante legal o judicial y iii) el agente oficioso, siempre que
se demuestre la imposibilidad de que el interesado ejerza su propia defensa.
Ahora, así como en las demás acciones judiciales, en la acción de tutela el juez
cuenta con la facultad de revisar, en cualquier momento del proceso, si la persona
que ejerció la acción está legitimada para obtener una decisión de fondo. Si el juez
de tutela comprueba que quien ejerció la solicitud de amparo está legitimado
continuará con el análisis de los presupuestos de procedencia con el fin de realizar
estudio de fondo. No así, si comprueba la falta de legitimación en la causa por activa,
caso en el cual deberá declararla.
5. Estudio y solución del caso concreto
La señora Rosa Odilia González Moreno, quien actúa por intermedio de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, con la decisión de 27 de febrero de 2025, por medio de la
cual se confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.
De conformidad con las actuaciones surtidas en el trámite procesal, la Sala observa
que el señor Francisco Martán Márquez (q. e. p. d.) promovió demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de
obtener la nulidad de los actos administrativos que negaron el reconocimiento de la
pensión de jubilación proferidos por Fonprecon.
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El asunto fue asignado por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, que por sentencia de 30 de mayo de 2018 negó
las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que no se acreditó el tiempo
de servicio requerido para acceder a la pensión.
Contra la anterior decisión, el apoderado del señor Francisco Martán Márquez (q. e.
p. d.), interpuso recurso de apelación con sustento en que en la valoración de los
testimonios con los cuales se pretendía demostrar el tiempo de servicio como
corregidor e inspector de policía en el municipio de El Charco, Nariño, no se
consideró que el edificio de la Alcaldía del referido municipio se incendió, lo que
ocasionó la pérdida de todos los archivos y, en consecuencia, se recurrió a prueba
supletoria, como la declaración extrajuicio ante notario.
Según se vio, mediante memorial presentado el 31 de agosto de 2021, el apoderado
judicial de la accionante le puso en conocimiento a la autoridad judicial accionada
que el señor Francisco Martán Márquez (q. e. p. d.) había fallecido el 14 de enero
de 2020, por lo que, en virtud de ello pidió el reconocimiento de la señora Rosa
Odilia González Moreno como sucesora procesal.
En esa medida, por auto de 9 de febrero de 2022, la autoridad judicial resolvió correr
traslado para alegar de conclusión, además de lo siguiente:
“De otra parte, se advierte que la señora Rosa Odilia González Moreno,
comparece al proceso en calidad de cónyuge supérstite, y por conducto de
apoderado, informó al Despacho sobre el deceso del señor Francisco Martán,
aportando los respectivos registros civiles de matrimonio y defunción, a fin de
que se le reconozca como sucesora procesal.
Pues bien, previo a resolver sobre lo planteado, este Despacho ordenará el
respectivo emplazamiento. Lo anterior, en consideración a que la señora
González Moreno aportó registro civil de matrimonio en el que aparece como
hijos Viviana Leonor Martán González y Francisco Antonio Martán González, de
los que no señaló información alguna. En ese sentido, se requiere a la
peticionaria, con el fin de que indique al Despacho los datos de ubicación de los
hijos en común con el de cujus, a efectos de que se les pueda notificar de la
presente providencia.
Del mismo modo, se ordena emplazar a la cónyuge y/o compañera permanente,
a los herederos, al albacea con tenencia de bienes y/o al curador de la herencia
yacente del señor Francisco Martán Márquez, identificado con cédula de
ciudadanía 6.149.111, con el fin de que comparezcan al proceso dentro de los
cinco (5) días siguientes a que ocurra la notificación, previa advertencia de que
deberán presentar las pruebas que demuestren el derecho que les asista, de
conformidad con los incisos 2.o y 3.o del artículo 160 del CGP”. (se resalta y
subraya por la Sala).
En consecuencia, el apoderado judicial dio respuesta al requerimiento del despacho
judicial y presentó recurso de reposición contra la decisión que corrió traslado para
presentar alegatos de conclusión para lo cual insistió en el decreto de pruebas.
Por auto de 11 de mayo de 2022, la autoridad judicial accionada rechazó las
peticiones elevadas por el apoderado judicial de la parte actora, encaminadas a que
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se decretaran unas pruebas y resolvió lo relativo a la sucesión procesal. Al respecto,
indicó:
“De otra parte, se observa que, en cumplimiento de lo dispuesto en el auto del 9
de febrero de 2022, mediante memorial del 23 de febrero de 2022, Francisco
Antonio Martán González y Viviana Leonor Martán González manifestaron que
comparecen al proceso en calidad de hijos del demandante, para lo cual
allegaron el registro civil de nacimiento a fin de que se les reconozca como
sucesores procesales.
En ese sentido, teniendo en cuenta que se acreditó el fallecimiento del señor
Francisco Martán Márquez y se allegó el registro civil de nacimiento en el cual
consta el parentesco de los solicitantes con el causante, se tienen como
sucesores procesales a Francisco Antonio Martán González, identificado con
cédula de ciudadanía 94.456.300 y a Viviana Leonor Martán González,
identificada con cédula de ciudadanía 66.861.084, en los términos del artículo 68
del Código General del Proceso.
Asimismo, y para los efectos de los poderes remitidos a esta Corporación, se
reconoce personería al abogado Heleodoro Riascos Suárez, identificado con
cédula de ciudadanía 19.242.278 de Bogotá y tarjeta profesional 44.679 del C.S.
de la J., como apoderado de Francisco Antonio Martán González y Viviana
Leonor Martán González”.
En virtud de lo anterior, la autoridad judicial accionada resolvió:
“Primero: Rechazar las solicitudes planteadas por la parte demandante, de
acuerdo con los argumentos expuestos en la parte considerativa.
Segundo: Tener como sucesores procesales a Francisco Antonio Martán
González y a Viviana Leonor Martán González, hijos del señor Francisco Martán
Márquez.
Tercero: Reconocer personería al abogado Heleodoro Riascos Suárez,
identificado con cédula de ciudadanía 19.242.278 de Bogotá y tarjeta profesional
44.679 del C.S. de la J., como apoderado de Francisco Antonio Martán González
y Viviana Leonor Martán González”.
Así las cosas, se resolvió tener como sucesores procesales a los señores Francisco
Antonio Martán González y a Viviana Leonor Martán González, hijos del señor
Francisco Martán Márquez (q. e. p. d.).
Según las actuaciones que reposan en el expediente digital visible en el Sistema
para la Gestión Judicial Samai3, contra la anterior decisión no se interpusieron
recursos ordinarios, por lo que el 27 de febrero de 2025 se profirió sentencia en el
sentido de confirmar la decisión que negó las pretensiones de la demanda.
De conformidad con lo anterior, se advierte que la señora Rosa Odilia González
Moreno no fungió como parte en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, habida cuenta de que no fue reconocida expresamente como sucesora
procesal en el auto de 11 de mayo de 2022; esa condición solamente se les otorgó
a los hijos del causante.
3
https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002342000201305682011100103
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Se advierte, que si bien al momento en que falleció el señor Francisco Martán
Márquez (q. e. p. d.), por intermedio de apoderado judicial, solicitó ser reconocida
como sucesora procesal, lo cierto es que ello solo se concedió a los señores
Francisco Antonio Martán González y a Viviana Leonor Martán González, tal y como
se evidencia en el auto de 11 de mayo de 2022, por lo que, a juicio de la Sala, la
accionante carece de legitimación en la causa por activa para solicitar que se
revoque la sentencia de 27 de febrero de 2025, al no haber sido reconocida como
parte en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
En esos términos lo sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia T-151 de 2024,
en la que señaló “no hay legitimación en la causa por activa, pues el actor no es
parte ni sujeto procesal en el proceso penal en el cual se dictó la providencia judicial
cuestionada”.
Sobre la legitimación en la causa por activa en materia de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-173 de 20154, en la que reiteró la T-799 de 2009,
sostuvo:
“La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga
a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del
actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o
desfavorable. Es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad
o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente
declararse inhibido para fallar el caso de fondo.
(…)
La “legitimación por activa” es ‘… requisito de procedibilidad. Esta exigencia significa que
el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental
propio del demandante y no de otra persona… Adicionalmente, la legitimación en la
causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre
la vulneración de los derechos del demandante, y la acción u omisión de la autoridad o
el particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna improcedente”.
En ese sentido, si bien en el escrito de tutela se indicó que el señor Francisco Martán
Márquez (q. e. p. d.) fue su cónyuge, tal argumento por sí solo no constituye un
fundamento válido que le otorgue legitimación en la causa por activa para interponer
el escrito de amparo con el fin de que se deje sin efecto la sentencia de 27 de febrero
de 2025, pues lo cierto es que no fue parte en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, por lo que no le asiste ningún interés legítimo que
pueda reclamar en sede de tutela bajo la supuesta vulneración de derechos
fundamentales alegados.
Por lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela promovida
por la señora Rosa Odilia González Moreno.
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M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Demandante: Rosa Odilia González Moreno
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
FALLA
Primero.- Negar la solicitud de desvinculación de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP).
Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la señora
Rosa Odilia González Moreno, quien actúa por intermedio de apoderado judicial,
por las razones expuestas en esta decisión.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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