Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04262-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04262-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04262-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
21 de agosto de 2025
Demandante: Diego Fernando Durán Noriega
Demandados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04262-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., veintiuno (21) agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04262-00
Demandante: DIEGO FERNANDO DURÁN NORIEGA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente
por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos
2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Diego Fernando Durán Noriega, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, con el fin de que le sean amparados sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, al mínimo vital, a la vida digna y a la igualdad.
Lo anterior, con ocasión de la providencia del 26 de junio de 2025 proferida
por la autoridad judicial accionada, que confirmó el auto del 4 de abril de
2025, dictado por el Juzgado 21 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, Sección Segunda mediante el cual se negó una solicitud de medida
cautelar, al interior del proceso ejecutivo laboral, identificado con radicado
11001-33-50-21-2025-00042-00/01/02.
1.2. Pretensiones
Con base en lo expuesto, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…].
1
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Demandante: Diego Fernando Durán Noriega
Demandados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
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2. Dejar sin efecto el auto del 26 de junio de 2025 emitido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Segunda, Subsección
B).
3. Ordenar de inmediato el embargo efectivo y real sobre las cuentas
bancarias de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
E.S.E, para garantizar el cumplimiento integral y oportuno de la sentencia
laboral ejecutoriada en favor del señor Diego Fernando Durán Noriega.
[...]1.
1.3. Hechos
La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión
que se adoptará en la sentencia:
El Señor Diego Fernando Duran Noriega presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E, proceso que fue decidido en sentencia del 30 de
septiembre de 2021, dictada por el Juzgado 21 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, Sección Segunda y confirmada parcialmente por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
el 13 de diciembre de 2022.
En virtud de la anterior sentencia, el accionante radicó demanda ejecutiva
ante el Juzgado 21 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección
Segunda bajo radicado 11001-33-35-021-2025-00042-00.
En el marco del proceso ejecutivo el señor Durán Noriega presentó solicitud
de embargo y retención de las cuentas de la Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E, la cual fue resuelta de manera negativa en
auto del 4 de abril de 2025 en sentir de la autoridad judicial: «Dicha solicitud
resulta improcedente, dado el principio de inembargabilidad de los recursos públicos
que forman parte de las rentas y fondos incorporados en el presupuesto general de
la Nación o de las entidades territoriales, tales como las cuentas del sistema general
de participaciones, regalías y los recursos destinados a la seguridad social. En este
caso, la entidad ejecutada, siendo de carácter público a nivel distrital, gestiona
fondos que provienen de los recursos destinados a la seguridad social en salud de
los habitantes de Bogotá, lo cual justifica la negativa de la medida cautelar
solicitada.»
Inconforme con lo anterior, el señor Durán Noriega presentó recurso de
apelación que fue atendido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B en providencia del 26 de junio de 2025 en la
cual confirmó la negativa de la medida cautelar, para el efecto indicó
(…)
La Sala analiza que la pretensión central se fundamenta en la sentencia
que reconoce el pago de acreencias laborales, los recursos para
satisfacer esta obligación repercuten en el patrimonio de la entidad,
pertenecientes al Sistema de Seguridad Social dada su naturaleza. De
esta forma, acorde lo expuesto, este capital se consigna en el rubro
1 Transcripción original de la acción de tutela con posibles errores.
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asignado para sentencias y conciliaciones o del fondo de contingencias,
que de lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 594 de la Ley 1564 de
2012, son de carácter inembargable, pues, además de ser una partida
inherente al sistema en su integralidad, están determinadas al
cumplimiento de otros derechos que fuesen reconocidos.
Confrontada la normativa, esta Corporación constata que no existe
fundamento legal que contemple una excepción a la regla general de
inembargabilidad de estos recursos. En consecuencia, no es dable
revocar la decisión de la primera instancia para en su lugar decretar la
medida de embargo solicitada. A tenor de lo dispuesto con anterioridad,
únicamente puede ordenarse la medida cuando un precepto legal faculte
al juez para el embargo de los recursos en cuestión, que por regla
general se tornan inembargables.
(…)
En consecuencia, la parte ejecutante no motiva en forma suficiente la
solicitud de la medida cautelar, y al tratarse de sumas de dinero
provenientes del Sistema de Seguridad Social, en esa línea al ser un bien
destinado al servicio público, no es procedente revocar la decisión
proferida en primera instancia confirmándose lo allí dictado.
La anterior decisión fue notificada por estado del 1 de julio de 2025.2
3.1. Sustento de la vulneración
El accionante manifestó que la solicitud constitucional se encuentra
plenamente justificada dada la necesidad de proteger sus derechos al debido
proceso, de acceso efectivo a la administración de justicia, al mínimo vital, a
la vida digna e igualdad.
Expresó que la negativa de acceder a la medida cautelar solicitada
desconoce el precedente jurisprudencial y los principios constitucionales del
debido proceso establecidos en las sentencias la C-546 de 1992, C-354 de
1997, C-543 de 2013, y la emitida dentro del proceso con radicado 11001-33-42-
052-2024-00145-01 sin indicar regla jurisprudencial desconocida.
De igual forma, señaló que la decisión cuestionada se traduce en una
vulneración de manera directa al acceso real y efectivo de la justicia, además
la prolongación en el cumplimiento de la sentencia afecta su mínimo vital y
pone en riesgo su vida digna.
Finalmente, indicó que el incumplimiento de la providencia ordinaria lo deja
en situación desigual frente al estado que es el garante de los derechos
laborales y fundamentales de los ciudadanos.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto de 15 de julio de 20253, se admitió la acción de tutela y se
2 Índice 8 de Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca 11001-33-35-021-2025-00042-
02.
3 Indice 004 de Samai
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ordenó notificar al tutelante4, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B5 en calidad de accionado.
Así mismo, se ordenó vincular al Juzgado 21 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá ( a quo ordinario) y a la Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E6 (demandado ordinario)
De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B y al Juzgado 21 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá7 para que aportaran copia del expediente 11001-33-50-
21-2025-00042-00/01/02 y publicara en su página web copia digital del
escrito de tutela y el auto admisorio con el fin de que cualquier persona con
interés pudiera conocer e intervenir en el trámite constitucional.
Se requirió a la Secretaría General del Consejo de Estado que realizara una
publicación8 en la página web de la corporación con la información de la
tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Juzgado 21 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
Sección Segunda.
Remitió link de acceso al expediente radicado 11001-33-35-021-2025-00042-
00, sin realizar alguna consideración adicional.
1.6.2. Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
Informó que por problemas administrativos y financieros esta entidad se
encuentra en intervención administrativa forzosa por parte de la
Superintendencia Nacional de Salud, por lo que como medidas preventivas
pidió ante los despachos judiciales suspender la ejecución de todos los
procesos ejecutivos.
Solicitó se desvincule del trámite al carecer de legitimación en la causa por
pasiva ya que no tiene competencia para resolver lo pedido.
1.6.3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B.
4 Notificado al correo electrónico recepciongarzonbautista@gmail.com; índice 7 de Samai.
5 Notificado a los correos electrónicos scs02sb02tadmuncdm@notificacionesrj.gov.co;
scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co;
memorialessec02sbtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co;
6 Notificada a los correos electrónicos
apoyoprofesionaljuridico3@subredcentrooriente.gov.co;
notificacionesjudiciales@subredcentrooriente.gov.co; katherinmartinezr@yahoo.es; índice 7
de Samai.
7 Notificado a los correos electrónicos jadmin21bt@cendoj.ramajudicial.gov.co;
admin21bt@cendoj.ramajudicial.gov.co;
8 Índice 008 de Samai.
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Resaltó que en la providencia enjuiciada se hizo un análisis integral del
plenario y se expusieron las razones de derecho que justificaron la
confirmación de la negativa de acceder a la medida cautelar pretendida, por
lo que en ningún momento vulneró derecho fundamental alguno.
Por lo anterior solicitó negar el amparo solicitado.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de
tutela presentada por Diego Fernando Durán Noriega, contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B , de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa.
La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. solicitó su
desvinculación de la presente acción al considerar que carece de
legitimación en la causa por pasiva; sin embargo, dicha solicitud será negada
pues fue vinculada al presente trámite en calidad de tercera con interés en
las resultas del proceso al estar relacionada con los hechos expuestos por el
actor en el escrito inicial de tutela.
2.3 Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la
parte actora, el material probatorio recaudado y la intervención presentada,
corresponde a la Sala resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la respuesta, se resolverá:
• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B vulneró las garantías invocadas por la parte actora, con
ocasión de la providencia del 26 de junio de 2025 que confirmó el auto
del 4 de abril de 2025, dictado por el Juzgado 21 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda mediante el cual se
negó una solicitud de medida cautelar, al interior de un proceso
ejecutivo laboral administrativo, identificado con el radicado 11001-33-
50-21-2025-00042-00/01/02?
5
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Para lo anterior, resulta pertinente analizar los siguientes temas: (i) la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
el requisito de relevancia constitucional, y; (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20129, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto
las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas
diversas sobre el tema10.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales11.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados
hasta el momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 12,
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202213 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo
siguiente:
9
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN
DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
11 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
12
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
13 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel
Cabo.
6
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[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces
de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y
no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar
este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones
probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el
juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal14 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un
asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico15; es
decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional16.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
14 Sentencia SU-573 de 2019.
15 Sentencia SU-103 de 2022.
16 Sentencia SU-103 de 2022.
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reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal17”. En
este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales18”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto19, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal20. (Resaltado de la Sala)
2.6. Caso concreto
Acorde con la pauta jurisprudencial aludida, advierte la Sala que lo debatido
por el accionante, corresponde a una inconformidad con la conclusión a la
que arribó el juez ordinario respecto de la negativa para acceder a la medida
cautelar pretendida en el proceso ejecutivo con radicado 11001-33-50-21-
2025-00042-00/01/02 por lo que su argumentación no supera el requisito de
relevancia constitucional.
En el presente caso, el accionante no indicó los defectos en los que
presuntamente incurrió la providencia enjuiciada; sin embargo, de la
interpretación integral del escrito de tutela podría concluirse que le endilgó un
defecto sustantivo porque, en su sentir, las cuentas sobre las que solicitó la
medida cautelar si eran embargables y su situación se encajaba en las
excepciones legales para su procedencia.
Resaltó que el embargo solicitado «representa la única alternativa real para
garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia y la protección integral de
los derechos laborales vulnerados» y se hace necesaria la intervención del
juez constitucional para restablecer los derechos fundamentales.
Por lo tanto, en el presente caso la parte actora limita su inconformidad a un
debate meramente legal respecto de la procedencia de la medida cautelar
considerando que se debía decretar la misma, asunto que fue desatado por
el juez de la causa y confirmado en segunda instancia por el tribunal
accionado lo que se traduce en una mera inconformidad por la conclusión a
la que se llegó en el proceso ordinario.
17 Sentencia SU-103 de 2022.
18 Sentencia SU-128 de 2021.
19 Sentencia SU-573 de 2019.
20 Ibid.
8
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Se reitera que la motivación de la autoridad judicial accionada para negar el
embargo de las cuentas de la demandada en el proceso ejecutivo laboral fue
que, no existía fundamento legal que contemplara la excepción a la regla de
inembargabilidad de los recursos pertenecientes al Sistema de Seguridad
Social y el rubro asignado para sentencias y conciliaciones o del fondo de
contingencias. Asunto que fue concluido en la primera instancia y reiterado
en la segunda.
Al respecto se debe enfatizar que en materia de tutelas contra providencias
judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios
de la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe
basarse exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional
esgrimidos por la parte actora dentro del trámite de tutela, ya que de no
hacerlo, se atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en
últimas, se convertiría el mecanismo en una tercera instancia.
Por lo anterior, considera la Sala que la aseveración realizada por la parte
actora en cuanto al cargo analizado no tiene la identidad o trascendencia
suficiente para aplicar, interpretar o desarrollar un mandato constitucional, ya
que el accionante pretende reabrir el debate ya zanjado por la autoridad
judicial, y usar esta acción como una instancia adicional para el que juez de
tutela examine la procedencia del embargo solicitado lo que fue resuelto por
la autoridad judicial accionada.
Así mismo, se hace menester advertir que el juez natural de la causa se
enfrenta a múltiples posibilidades hermenéuticas en su labor de
interpretación y aplicación de normas a un caso en específico21, y no le
corresponde al juez constitucional señalar cuál de tales posibilidades es la
«correcta», ya que ello vulneraría la independencia y autonomía con la que
cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario.
Ahora bien, en lo referente al desconocimiento del precedente, el
accionante manifestó que la providencia en cuestión desconoció las
sentencias C-546 de 1992, C-354 de 1997 y C-543 de 2013 además de una
providencia reciente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el
proceso con radicado 11001-33-42-052-2024-00145-01 en el que se aceptó
el embargo parcial de las cuentas públicas para sentencias laborales.
Advierte la Sala que el cargo formulado como desconocimiento del
precedente, tampoco supera el requisito de relevancia constitucional, como
quiera que en reiterados pronunciamientos esta Sección ha considerado que
la parte que invoca el desconocimiento de un precedente judicial debe
cumplir con la carga mínima de identificar en su proceder argumentativo: (i)
la decisión que considera desatendida; (ii) la ratio de esta aplicable a la
solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con
21 Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.
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la litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el
fallador de instancia.
En este orden, se observa que el accionante no demostró que los casos
analizados en las sentencias aludidas fueran similares o idénticos a su
situación particular, ni precisó la regla aplicable; pues solo se limitó a indicar
la conclusión a la que a su criterio llegaron tales providencias, además de la
supuesta desigualdad frente al estado como garante de los derechos
fundamentales.
Al respecto, se hace menester recordar que esta Sección en repetidas
ocasiones ha explicado que el concepto de precedente hace referencia a la
regla de derecho determinante del sentido de la decisión y su contenido
específico. Es decir, la ratio decidendi, la cual no está atada al número de
decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se especifique
una regla o sub-regla de derecho. En consecuencia, este defecto se
configura cuando una autoridad se aparta del precedente establecido por los
tribunales de cierre, sin cumplir con la carga de justificar de forma suficiente y
razonada por qué no va a aplicar aquel.
Finalmente, si bien el accionante alegó la vulneración del mínimo vital y su
vida en condiciones dignas, lo cierto es que no acreditó tal vulneración ni
aportó prueba si quiera sumaria que permita demostrar el perjuicio alegado.
Por lo tanto, las afirmaciones expuestas en el escrito de tutela no sustentan,
ni demuestran, la transgresión de los derechos fundamentales invocados con
ocasión de la providencia cuestionada, tampoco acreditan como esta
controversia gira alrededor del desconocimiento de garantías
constitucionales.
Ahora, entrar a estudiar la decisión judicial acusada, sin sustentarse, ni
demostrarse la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia mencionados como conculcados
por el accionante, resulta contraria a la naturaleza del juez constitucional que
está llamado a proteger aquellas garantías fundamentales vulneradas y a
proferir decisiones encaminadas a restablecer las misma
En conclusión, para la Sala, la acción de tutela no cumple con el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de la
acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la
parte actora enuncia la transgresión de los derechos fundamentales, sus
argumentos, como se indicó anteriormente, pretenden reabrir la discusión
que ya fue objeto de decisión por el operador jurídico natural de la causa, y
no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional
convirtiéndolo en una instancia adicional.
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Demandante: Diego Fernando Durán Noriega
Demandados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04262-00
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo por no superar el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por Subred
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. por las razones
expuestas.
SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela
promovida por el señor Diego Fernando Durán Noriega por no superar el
requisito de relevancia constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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