Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04263-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04263-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04263-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
21 de agosto de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-00
Accionante: Uriel Ávila Barrios y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04263-00
Demandante: Uriel Ávila Barrios, Margarita Vargas de la Rosa y Félix
Peluffo Escobar
Demandado: Presidente de la República y otros1
Temas: Derecho fundamental de petición
Improcedencia de la acción de tutela por subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela
interpuesta por los señores Uriel Ávila Barrios, Margarita Vargas de la Rosa
y Félix Peluffo Escobar contra el presidente de la República; los Ministerios
de Agricultura y Desarrollo Rural, Ambiente y Desarrollo Sostenible, y
Transporte; así como contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI),
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Consorcio
SACYR2.
I. LA SOLICITUD
Los ciudadanos Uriel Ávila Barrios, Margarita Vargas de la Rosa y Félix
Peluffo Escobar, actuando en nombre propio, interpusieron acción de tutela
contra el presidente de la República; los Ministros de Agricultura y
Desarrollo Rural, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Transporte; así
como contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Consorcio SACYR, con el
propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida,
a la igualdad, a la seguridad personal y de petición, los cuales consideran
vulnerados por las entidades mencionadas. Por tal razón, pretenden:
“(...) Que se tutelen nuestros derechos fundamentales mencionados
anteriormente.
Que se ordene al señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y a los
MINISTROS AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, AMBIENTE
DESARROLLO SOSTENIBLE Y TRANSPORTE, LAS ENTIDADES
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI Y CONSORCIO
SASYR que nos cumplan realizando el Cabildo Abierto para que nos
escuchen y se tomen decisiones que mitiguen el riesgo de los puntos
1 Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Transporte; como
la Agencia Nacional de Infraestructura, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el
Consorcio SASYR.
2 Ecosistemas del Dique (Compañía de Sacyr Concesiones)
1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-00
Accionante: Uriel Ávila Barrios y otros
críticos que presenta el Canal del Dique, para garantizar la protección
de nuestros derechos fundamentales. Que se adopten medidas urgentes
para evitar la continuación de la afectación de nuestros derechos. (...)”
(Destaca los accionantes)
Los accionantes exponen, en síntesis, los siguientes fundamentos fácticos
en el escrito de tutela:
Indicaron que el 27 de mayo de 2025 enviaron al presidente de la República
una solicitud para la realización de un Cabildo Abierto, petición que también
fue dirigida a los ministros de Agricultura y Desarrollo Rural; Ambiente y
Desarrollo Sostenible; y Transporte, así como a la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), al Consorcio SACYR y a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA).
Señalaron que la solicitud fue suscrita por el Comité de Defensa de la
Cuenca del Canal del Dique, representantes de FEDEAGROSURSEIS y
miembros de la comunidad, y tenía como propósito exponer la situación
crítica que enfrenta el sur del departamento del Atlántico a causa del
aumento en el nivel del río Magdalena, lo cual pone en riesgo el cauce del
Canal del Dique.
Sostuvieron que, el mencionado espacio de participación fue programado
para el 7 de junio de 2025.
Adujeron que la petición fue radicada ese mismo día en la Secretaría de la
Presidencia bajo el número EXT25-00077056 y que, posteriormente, el 30
de mayo, la Presidencia informó que todas las entidades convocadas al
Cabildo Abierto habían sido notificadas en debida forma.
Indicaron que, el 6 de junio de 2025, la ANLA confirmó su asistencia al
evento, la cual se materializó por conducto del señor Ángel Mauricio
Rodríguez Anzola.
Añadieron que, la comunidad manifestó su preocupación por el creciente
nivel del río Magdalena, que para esa fecha superaba los 7 metros, situación
agravada por la inminente llegada de la temporada de lluvias.
Señalaron que el Canal del Dique estaba en alerta naranja y contaba con
19 puntos críticos, siendo el más grave el denominado “La Esmeralda”.
Advirtieron que, de producirse una ruptura en ese sector, podría generarse
una catástrofe similar a la del año 2010, especialmente en el municipio de
Campo de la Cruz.
Ante la magnitud del riesgo, insistieron en la necesidad de contar con la
presencia de autoridades nacionales con capacidad de decisión para adoptar
medidas de mitigación, ya que, aunque se han realizado reuniones con el
Gobernador del Atlántico, dicha autoridad no tiene competencia para
resolver la problemática estructural del canal.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-00
Accionante: Uriel Ávila Barrios y otros
II. TRÁMITE DE LA TUTELA
2.1. Mediante auto de 15 de julio de 2025, el Despacho sustanciador
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las partes.
2.2. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)3 presentó informe
solicitando que se declare la improcedencia de la acción y se disponga su
desvinculación del presente trámite.
Precisó que sus funciones se circunscriben a planear, coordinar, estructurar,
contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de infraestructura
pública de transporte mediante esquemas de concesión y asociaciones
público-privadas, careciendo de competencia para organizar o suspender
eventos como cabildos abiertos.
Argumentó que la acción de tutela resulta improcedente, toda vez que el
cabildo abierto no constituye un derecho fundamental autónomo y su
eventual protección debe ser tramitada a través de los mecanismos legales
ordinarios.
Finalmente, señaló que no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia de la acción de tutela como
mecanismo transitorio.
2.3. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural4 presentó informe
solicitando negar el amparo solicitado y, en consecuencia, disponer su
desvinculación del proceso, toda vez que, a su juicio, los accionantes no
demostraron que dicha cartera ministerial hubiera vulnerado derecho
fundamental alguno.
2.4. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)5
presentó informe solicitando negar las pretensiones de amparo,
argumentando que garantizó en debida forma el derecho de petición del
accionante. Explicó que la solicitud inicial fue radicada el 27 de mayo de
2025 y reiterada el 19 de junio de 2025, cuando la Presidencia de la
República remitió una comunicación del Comité Defensa de la Cuenca del
Canal del Dique con igual contenido.
Precisó que la respuesta al accionante se emitió mediante el oficio
20252300437441 del 18 de junio de 2025, notificado al correo electrónico
suministrado. Asimismo, indicó que el traslado remitido por la Presidencia
fue atendido a través del oficio 20252300509411 del 14 de julio de 2025,
igualmente notificado al correo electrónico de los accionantes, con copia a
la Presidencia.
Adicionalmente, señaló que, de acuerdo con la información suministrada
por el Grupo de Participación Ambiental, el líder territorial Ángel Mauricio
Rodríguez Anzola asistió al cabildo abierto celebrado el 7 de junio de 2025,
aportando como soporte el registro fotográfico y el listado de asistencia.
3
Ver índice SAMAI nro. 9 del proceso de la referencia.
4
Ver índice SAMAI nro. 11 del proceso de la referencia.
5
Ver índice SAMAI nro. 12 del proceso de la referencia.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-00
Accionante: Uriel Ávila Barrios y otros
Manifestó que, cumplió con todos los presupuestos exigidos por la
jurisprudencia constitucional respecto al derecho de petición, en la medida
que la respuesta fue clara, al agradecer la invitación al cabildo abierto e
informar que asistiría el líder territorial Ángel Mauricio Rodríguez Anzola.
Fue congruente, pues respondió directamente a la solicitud de participación
planteada por los accionantes. Finalmente, fue consecuente, ya que detalló
el proceso de verificación realizado y presentó una motivación que justificó
la decisión adoptada.
2.5. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible6 presentó
informe solicitando negar, por improcedente, el amparo solicitado.
Indicó que, mediante oficio del 29 de julio de 2025, se informó a los
accionantes que la ministra y su equipo no pudieron asistir al cabildo del 7
de junio por compromisos previos, pero manifestaron su disposición para
reunirse con el Comité de Defensa de la Cuenca del Canal del Dique, de
forma virtual o presencial, en una fecha acordada.
Destacó que, aunque la acción de tutela es un mecanismo preferente y
sumario, requiere una prueba mínima de la vulneración alegada. En
consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción al no
acreditarse la afectación de los derechos invocados.
Precisó que, al momento de interponerse la tutela, no había respondido el
derecho de petición remitido por la Presidencia el 30 de mayo de 2025 sobre
la convocatoria al cabildo abierto, debido al corto tiempo transcurrido entre
la recepción de la invitación y la fecha del evento (7 de junio de 2025). No
obstante, durante el trámite de la tutela, la entidad emitió y envió respuesta
a los peticionarios, reiterando su disposición para reunirse con el Comité.
En este sentido, sostuvo que se configuró una carencia actual de objeto por
hecho superado, al haberse atendido de fondo la solicitud antes de que se
profiriera sentencia dentro de la presente acción.
2.6. El Ministerio de Transporte7 presentó informe solicitando su
desvinculación de la presente acción por falta de legitimación en la causa
por pasiva y, a su vez, que se declare la improcedencia de la tutela por
incumplir el requisito de subsidiariedad.
Indicó que los accionantes, mediante comunicaciones del 27 de mayo y 5
de junio de 2025, invitaron a la entidad a participar en un cabildo abierto
programado para el 7 de junio de 2025. Señaló que dichas invitaciones
fueron respondidas oportunamente y notificadas al correo electrónico
designado, cumpliendo así con lo previsto en la Ley 1755 de 2015, razón
por la cual no se vulneró el derecho de petición.
En cuanto a los demás derechos invocados, precisó que el cabildo abierto,
previsto en el artículo 103 de la Constitución, es un mecanismo de
6
Ver índice SAMAI nro. 13 del proceso de la referencia.
7
Ver índice SAMAI nro. 14 del proceso de la referencia.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-00
Accionante: Uriel Ávila Barrios y otros
participación ciudadana orientado a la discusión de asuntos de interés
comunitario ante asambleas departamentales, concejos municipales o
juntas administradoras locales, lo que no implica per se la vulneración de
derechos fundamentales.
Sostuvo que la tutela es improcedente por cuanto: i) respecto del cabildo
abierto, el mecanismo fue utilizado de manera incorrecta, dado que se trata
de un espacio deliberativo y no decisorio; ii) la convocatoria presentada no
cumplió con el número de firmas ni con los poderes que acreditaran la
representación alegada por el accionante; iii) existen medios ordinarios
idóneos, como los procesos administrativos y contencioso-administrativos,
y no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable; y iv) la
convocatoria del cabildo abierto no es competencia del Ministerio de
Transporte, además de que las “medidas urgentes” solicitadas no fueron
especificadas.
2.7. El presidente de la República8 presentó informe solicitando negar
las pretensiones de la acción, al considerar que la petición elevada por los
accionantes fue atendida oportunamente y que no se evidencia acción u
omisión alguna que configure la vulneración de sus derechos
fundamentales.
Explicó las actuaciones realizadas por el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República (DAPRE) en relación con la petición presentada,
precisando lo siguiente:
“(…) 1. La presente petición se tramito por medio de los EXT25-
00077038 y EXT25- 00077056, los cuales se respondieron mediante
OFI25-00102954 / GFPU 13000000 del 29 de mayo del 2025 y OFI25-
00116012 / GFPU 13150000 del 18 de junio de 2025.
2. Mediante OFI25-00103085 / GFPU 13000000 del 29 de mayo de 2025
se dio traslado a la Ministra de Transporte.
3. Mediante OFI25-00116028 / GFPU 13150000 del 18 de junio de 2025
se dio traslado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
4. Mediante OFI25-00116029 / GFPU 13150000 del 18 de junio de 2025
se dio traslado a la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales.
5. Mediante OFI25-00116030 / GFPU 13150000 del 18 de junio de 2025
se dio traslado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
6. Mediante OFI25-00116031 / GFPU 13150000 del 18 de junio de 2025
se dio traslado a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI. (…)”
Indicó que la revisión del sistema de gestión documental del DAPRE
confirmó que las comunicaciones radicadas bajo los números EXT25-
00077038 y EXT25-00077056 fueron atendidas mediante los oficios citados,
dentro de los plazos establecidos.
8
Ver índices SAMAI nros.15, 16 y 17 del proceso de la referencia.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-00
Accionante: Uriel Ávila Barrios y otros
En consecuencia, sostuvo que la ausencia de una acción u omisión atribuible
al DAPRE evidencia que no existe hecho alguno que configure la vulneración
de derechos fundamentales, por lo que se descarta la existencia de un
presupuesto esencial para predicar la afectación de los derechos invocados.
2.8. La sociedad Ecosistemas del Dique S.A.S. (Consorcio Sacyr)9
presentó informe solicitando negar las pretensiones de los accionantes, al
considerar que no se configuró vulneración alguna del derecho fundamental
de petición ni de los demás derechos alegados.
En cuanto al derecho de petición, cuya vulneración invoca la parte actora,
señaló que, por sustracción de materia, no hay lugar a pronunciamiento,
toda vez que en su base de datos de Gestión Documental no obra registro
de solicitudes presentadas a nombre de los accionantes.
Tras contextualizar el Contrato de Concesión No. 005 de 2022 (Restauración
de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique), informó que actualmente
se encuentra en la fase de planeación para la formulación del Estudio de
Impacto Ambiental (EIA), por lo que la información técnica disponible podría
variar. Respecto a la zona denominada “La Esmeralda”, mencionada por la
parte actora, indicó que no fue posible identificarla ni evaluar su criticidad
por falta de coordenadas o referencias precisas; no obstante, el accionante
señala que se ubica en el municipio de Campo de la Cruz.
Precisó que dicho municipio limita con el río Magdalena y no con el Canal
del Dique, por lo que no desarrolla actividades contractuales o
extracontractuales en ese territorio en el marco del Contrato de Concesión
No. 005 de 2022.
En consecuencia, indicó que cualquier eventual afectación derivada de
fenómenos naturales corresponde ser atendida por la administración
municipal, departamental o nacional, así como por la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres o la Corporación Autónoma Regional del
Río Grande de la Magdalena – CORPMAGDALENA.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. Competencia
La Sala advierte que la apoderada del Presidente de la República, en su
informe, planteó como asunto previo que, en atención a lo previsto en el
Decreto 799 del 9 de julio de 2025, al encontrarse demandado el Presidente
de la República en el presente asunto, debía remitirse el expediente a los
juzgados del circuito para que continuaran con el conocimiento del proceso,
conforme a las normas vigentes sobre reparto y competencia funcional.
Para resolver esta solicitud, se observa que el artículo 2 del citado Decreto
dispone:
9
Ver índices SAMAI nros.18 y 19 del proceso de la referencia.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-00
Accionante: Uriel Ávila Barrios y otros
“(…) Artículo 2. Vigencia y derogatorias. El presente Decreto rige a
partir del día siguiente de la fecha de su publicación, modifica el
numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho y deroga el
numeral 12 del mismo artículo. (…)”
De conformidad con lo anterior, la norma empezó a regir a partir del día
siguiente a su publicación, la cual tuvo lugar el 10 de julio de 202510, es
decir, su vigencia inició el 11 de julio de 2025. Ahora bien, de la revisión
del aplicativo SAMAI se verifica que la presente acción de tutela fue
presentada el 9 de julio de 2025, esto es, cuando aún no había entrado en
vigencia el Decreto 799 de 2025, razón por la cual por reglas de reparto
correspondía el conocimiento de la presente acción a esta Corporación. En
consecuencia, la solicitud de remisión será denegada, como se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 y el artículo
25 del Acuerdo nro. 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
3.2. Cuestión Previa
De la revisión del expediente se observa que tanto la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el
Ministerio de Transporte, solicitaron su desvinculación al presente trámite,
petición que se negará, en razón a que de la lectura del escrito de tutela se
advierte que los accionantes estiman que dichas autoridades vulneraron los
derechos fundamentales cuya protección solicitan, además de que las
pretensiones están dirigidas expresamente a dichas autoridades, motivo por
el cual su vinculación se realizó en calidad de entidades accionadas.
3.3. Análisis de la Sala
Corresponde a la Sala determinar si, en el presente asunto, se vulneraron
los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la seguridad personal
y de petición, alegados por los accionantes con ocasión de la solicitud de la
parte actora con el fin de que las autoridades accionadas participaran en un
cabildo abierto para tratar asuntos relacionados con los puntos críticos del
Canal del Dique.
3.3.1. Del derecho fundamental de petición
3.3.1.1. De la petición elevada al presidente de la República:
De la revisión del expediente, se tiene que los accionantes, mediante escrito
radicado el 27 de mayo de 2025, solicitaron lo siguiente:
10 De conformidad con el Diario Oficial nro. 53.177.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-00
Accionante: Uriel Ávila Barrios y otros
“(…)
Doctor
GUSTAVO FANSISCO PETRO URREGO
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CASA DE NARIÑO BOGOTÁ COLOMBIA
E. S. M.
ASUNTO: INVITACIÓN A CABILDO ABIERTO PARA ABORDA (sic)
LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL CANAL DEL DIQUE
Reciba un cordial y respetuoso saludo de parte del Comité Defesa de
la Cuenca del Canal del Dique, de las comunidades del sur, territorios
históricamente impactados por los efectos del Canal del Dique y
especialmente de la Federación Agropecuaria del Sur del Departamento
del Atlántico FEDEAGROSURSEIS.
Los abajo firmantes muy comedidamente nos dirigimos con el mayor
respeto y sentido de URGENCIA para invitarlo a participar en el
CABILDO ABIERTO, le solicitamos además que lo acompañen los
Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, Ambiente Desarrollo
Sostenible y Transporte, ANI, SASIR Y ANLA igualmente invitaremos a
los alcaldes y gobernadores, la cual tendrá lugar en el Mega Colegio de
la Compuertas en el municipio de Manatí, el día 7 de junio del
presente año, con el fin de exponer y debatir los puntos críticos
relacionados con la problemática estructural del Canal del Dique.
Durante décadas hemos esperado soluciones concretas, y sostenible;
sin embargo la persistencia de la indiferencia institucional y el avance
de proyectos son participación efectiva de las comunidades nos ha
llevado al límite. Hoy más que nunca necesitamos ser escuchados por
quien lidera el país.
Este Cabildo busca visibilizar las voces de las comunidades ribereñas,
campesinos, trabajadores agropecuarios y pescadores que por años han
padecido inundaciones, perdidas de tierras productivas, cosechas,
animales, deterioro de los ecosistemas y obstáculos para el desarrollo
local.
La presencia suya en este espacio no solo marcaría un hito en el
compromiso del Gobierno Nacional con el desarrollo justo y participativo
de las territorios históricamente excluidos, sino que también podría
evitar que nuestra legitima inconformidad se exprese por otra vía. De
no contar con su atención directa y voluntad de dialogar, las
comunidades que hacemos parte de la Cuenca del Canal del
Dique podríamos vernos forzadas a recurrir a mecanismos de
presión social y movilización ciudadana para hacer valer nuestros
derechos y ser tenidos en cuenta en las decisiones que nos afectan.
Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud rogándole nos
responda al correo cuencadelcanaldeldique@gmail.com quedamos
atentos a su confirmación convencidos que la construcción de soluciones
reales requieren de voluntad y escucha activa del más alto nivel del
Estado (…)”
El DAPRE informó que la solicitud fue radicada bajo los números EXT25-
00077056 y EXT25-00077038, y que se dio respuesta mediante los Oficios
8
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-00
Accionante: Uriel Ávila Barrios y otros
Nos. OFI25-00102954/GFPU 13000000 de 29 de mayo de 2025 y OFI25-
00116012/GFPU 13150000 de 18 de junio de 2025, los cuales se remitieron
a las direcciones electrónicas de los peticionarios:
urielavila94@hotmail.com y cuencadelcanaldeldique@gmail.com.
Específicamente en el Oficio No. OFI25-00102954 / GFPU 13000000
de 29 de mayo de 2025 se indicó lo siguiente:
“Respetado señor Barrios:
Reciba un cordial y respetuoso saludo.
Me permito informarle que el señor Presidente de la República ha
recibido la invitación a cabildo para exponer y debatir los puntos críticos
relacionados con la problemática estructural del Canal del Dique. Sin
embargo, debido a la complejidad de su agenda y la alta demanda de
requerimientos institucionales, el Primer Mandatario no podrá asistir.
Agradecemos su amable invitación y comprensión al respecto.
No obstante, conscientes de la relevancia de este acontecimiento, se ha
delegado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible para que se
encargue de los aspectos pertinentes. (…)”
La trazabilidad del anterior documento fue la siguiente:
Posteriormente, se reiteró la solicitud de asistencia al Cabildo Abierto con
el asunto: “(…) INVITACIÓN A CABILDO ABIERTO PARA ABORDA LOS
PUNTOS CRÍTICOS DEL CANAL DEL DIQUE (…)” el cual fue radicado con el
consecutivo EXT25-00077038 y resuelto mediante Oficio No. OFI25-
00116012 / GFPU 13150000 del 18 de junio de 2025.
En el Oficio No. OFI25-00116012 / GFPU 13150000 del 18 de junio
de 2025 se indicó:
9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-00
Accionante: Uriel Ávila Barrios y otros
“Respetado señor Avila:
Reciba un cordial saludo de parte de la Presidencia de la República.
Con especial atención, hemos recibido su comunicación, con el asunto
“(…) INVITACIÓN A CABILDO ABIERTO PARA ABORDA LOS PUNTOS
CRÍTICOS DEL CANAL DEL DIQUE (…)”, así como solicitud de audiencia
para tratar dicho tema.
Desafortunadamente, por razones de agenda y de encuentros de trabajo
programados, el Primer Mandatario no cuenta con disponibilidad. En
este sentido agradecemos su comprensión.
No obstante, una vez leída y evaluada la solicitud presentada, debo
informarle que de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la
Ley 1755 de 2015, se ha dado traslado de su comunicación al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, a la Agencia Nacional de Infraestructura y a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, entidades legalmente facultadas,
para conocer del tema objeto de petición y tomar las acciones a que
haya lugar, para brindar una adecuada respuesta. (…)”
La trazabilidad de la anterior respuesta fue la siguiente:
Así mismo, la Presidencia informó que dio traslado de las peticiones a las
autoridades involucradas mediante los siguientes oficios:
“(…) 1. OFI25-00103085 / GFPU 13000000 del 29 de mayo de 2025 que
dio traslado a la Ministra de Transporte.
2. OFI25-00116028 / GFPU 13150000 del 18 de junio de 2025 que dio
traslado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
3. OFI25-00116029 / GFPU 13150000 del 18 de junio de 2025 que dio
traslado a la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-00
Accionante: Uriel Ávila Barrios y otros
4. OFI25-00116030 / GFPU 13150000 del 18 de junio de 2025 que dio
traslado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
5. OFI25-00116031 / GFPU 13150000 del 18 de junio de 2025 que dio
traslado a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI. (…)”
Sobre el particular, se observa que la solicitud elevada por los accionantes
fue atendida mediante la primera respuesta emitida por la Presidencia, en
la cual se informó las razones por las cuales no podía asistir y se comunicó
que se dio traslado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible para
que se encargará de lo pertinente. Adicionalmente, se observa que previo
a la presentación de la presente tutela11 se complementó la respuesta
reiterando su no asistencia y comunicando el traslado de la solicitud a otras
autoridades, por lo que respecto del presidente de la República no se
configura una vulneración del derecho de petición que amerite la
intervención del juez constitucional. Por consiguiente, se negará el amparo
solicitado, dado que no existe un menoscabo constitucional que requiera
protección por esta vía.
3.3.1.2. Del traslado de la petición a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA)
Conforme obra en el expediente, mediante OFI25-00116029 / GFPU
13150000 del 18 de junio de 2025, la Presidencia de la República remitió la
petición en igual fecha a la ANLA, como se observa en la siguiente
trazabilidad:
En atención a dicho traslado, la ANLA, mediante Oficio de salida No.
20252300437441 del 18 de junio de 2025 respondió lo siguiente:
11
La presente solicitud de amparo fue radicada el día 9 de julio de 2025, como consta en
el aplicativo SAMAI.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-00
Accionante: Uriel Ávila Barrios y otros
“(…) Esta Autoridad Nacional en cumplimiento de los términos
establecidos en el artículo 14 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011 ,
sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 del 30 de junio de 20152 y
en ejercicio de las funciones y competencias de los decretos 3573 de
20113, 1076 de 20154 y 376 de 20205, agradece la invitación a tan
importante espacio participativo, y le comunica que al cabildo abierto
referido, acudió el profesional Ángel Mauricio Rodríguez Anzola, en
calidad de líder territorial adscrito a la ANLA. (…)”
Adicionalmente, mediante Oficio de Salida No. 20252300509411 de 14 de
julio de 2025 se remitió la siguiente respuesta:
“(…) Esta Autoridad Nacional, conforme lo previsto en los artículos 6 y
121 de la Constitución, lo contenido en el artículo 5 de la Ley 489 de
19981, y en ejercicio de las funciones y competencias establecidas en el
Decreto Ley 3573 de 20112, el Decreto 1076 de 2015 y Decreto 376 de
20204, informa, que consultado el Sistema de Información de Licencias
ambientales (SILA), se establece que mediante comunicación con
radicado ANLA 20256200609112 del 27 de mayo de 2025 (expediente
15DPE6385-00-2025) el COMITÉ DEFENSA DE LA CUENCA DEL CANAL
DEL DIQUE presentó petición similar directamente ante esta entidad,
relacionada con la invitación para abordar los puntos críticos del canal
del Dique a la cual se dio respuesta mediante comunicación con
radicación 20252300437441 del 18 de junio de 2025. Se adjunta a la
presente comunicación para sus fines pertinentes. (…)”
Así mismo, se observa que las anteriores respuestas fueron remitidas al
correo electrónico del remitente urielavila94@hotmail.com:
12
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-00
Accionante: Uriel Ávila Barrios y otros
Sobre el particular, se advierte que la solicitud elevada por los actores fue
atendida de manera integral por la autoridad accionada, en tal sentido, al
haberse satisfecho el derecho de petición con anterioridad a la presentación
de la acción de tutela, no se configura vulneración alguna que amerite su
protección, razón por la cual se negará el amparo solicitado.
3.3.1.3. De la petición a Ecosistemas del Dique S.A.S. (Consorcio
SACYR)
Del material probatorio allegado al expediente, se observa que el
peticionario remitió el derecho de petición de fecha 27 de mayo de 2025 a
las direcciones electrónicas jrodriguezr@sacyr.com;
diquerecepfact@sacyr.com; ajesmeral@sacyr.com; y
jcburgosp@sacyr.com las cuales, en principio, corresponderían a
funcionarios del Consorcio SACYR. Sin embargo, en el informe presentado
por la sociedad Ecosistemas del Dique S.A.S. se indicó que una revisado el
sistema de gestión documental de dicha sociedad no se observa ninguna
petición presentada por los accionantes, para lo cual allegó la siguiente
certificación:
13
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-00
Accionante: Uriel Ávila Barrios y otros
En virtud de lo anterior, si bien obra en el expediente constancia de remisión
de la comunicación a ciertos canales electrónicos institucionales de
personas vinculadas con el consorcio, no existe prueba que acredite que la
petición fue enviada a los canales oficiales12 de radicación de la sociedad
accionada, razón por la cual no es posible verificar que tuvo conocimiento
de la petición que dio origen a la presente acción, razón por la cual se
denegará la solicitud de amparo respecto de dicha sociedad.
3.3.1.4. De la petición elevada ante el Ministerio de Transporte
De la revisión del expediente, se advierte que la solicitud presentada por
los accionantes fue radicada en dicha cartera ministerial bajo los números
20253030903342 del 27 de mayo de 2025 y 20253030959332 del 5 de
junio de 2025.
Mediante respuesta remitida el día 6 de junio de 2025, dentro del radicado
20253030959332 el Ministerio de Transporte indicó lo siguiente:
Se observa que la anterior respuesta fue enviada a la dirección de correo
electrónico del remitente de la petición urielavila94@hotmail.com.
De otro lado, con Oficio No. 20253150956131 del 28 de julio de 2025, el
Ministerio de Transporte respondió a los peticionarios en los siguientes
términos:
“Respetados señores,
En atención a la invitación recibida el pasado 29 de mayo de 2025 para
participar en el "Primer Cabildo Abierto" relacionado con el Canal del
Dique, queremos manifestar que la respuesta a la invitación se dio
mediante el radicado No. 20253030959332, en el cual se expresó
nuestro interés en participar de manera virtual, solicitando el enlace de
acceso correspondiente.
12 De la consulta de la página web de la sociedad Ecosistemas del Dique S.A.S., se observa que las
direcciones electrónicas son las siguientes: atencionalusuario@ecosistemasdeldique.com y
gestiondocumentaledq@sacyr.com
14
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-00
Accionante: Uriel Ávila Barrios y otros
Teniendo en cuenta que no recibimos el enlace requerido para la
conexión, reiteramos nuestro interés institucional en participar en estos
espacios de diálogo y concertación.
Para el Ministerio de Transporte, es fundamental el diálogo con los
territorios y la escucha activa a las comunidades, como parte del
compromiso con una gestión transparente, participativa y respetuosa de
las necesidades locales.
En ese sentido, reiteramos nuestro interés institucional en hacer parte
de estos espacios. En caso de que el evento sea reprogramado,
agradeceríamos que se nos extienda nuevamente la invitación, de
manera que podamos asegurar nuestra participación. (…)”
Se observa que la respuesta fue enviada al correo electrónico
cuencadelcanaldeldique@gmail.com el 28 de julio de 2025, conforme a su
trazabilidad, veamos:
En el caso sub examine, se constata que el Ministerio de Transporte dio
respuesta a la solicitud elevada por los accionantes el 6 de junio de 2025,
en la cual solicitó el enlace para la participación virtual de esa cartera
ministerial. Posteriormente, reiteró su respuesta el 28 de julio de 2025,
remitiéndola al correo electrónico cuencadelcanaldeldique@gmail.com,
hecho que se encuentra acreditado con la ruta de trazabilidad allegada en
su informe.
En consecuencia, la finalidad perseguida con la presente acción, esto es,
obtener una contestación a la petición, fue satisfecha desde la primera
respuesta, con anterioridad a la interposición de la solicitud de amparo. Por
tal razón, la Sala concluye que no se configura vulneración alguna al
derecho fundamental de petición, motivo por el cual se denegará su
protección.
3.3.1.5. De la petición elevada al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Se advierte que, mediante Oficio No. OFI25-00116030 / GFPU 13150000
del 18 de junio de 2025, la Presidencia de la República trasladó la petición
radicada en igual fecha al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
así:
15
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-00
Accionante: Uriel Ávila Barrios y otros
En su informe, el Ministerio indicó que, a través del radicado No.
31102025E2026370 de 29 de julio de 2025, dio respuesta en los siguientes
términos:
“Reciban un cordial saludo,
Acusamos de recibo su comunicación radicada 11001-03-15-000-2025-
04263-00 en donde se solicita nuestra asistencia a una asamblea que
debió llevarse a cabo el 7 de junio en el municipio de Manatí, Atlántico.
Sea lo primero manifestar nuestro compromiso con las comunidades de
los 21 municipios que componen el Canal del Dique, y reafirmar la
importancia que este proyecto, de competencia del Ministerio de
Transporte a través de la ANI, tiene para el país y, para la administración
del presidente Gustavo Petro.
El 7 de junio del año en curso, por cuestiones de agenda, la ministra y
su equipo tuvieron que atender reuniones que habían sido agendadas
con anterioridad, no siendo posible la asistencia al espacio convocado.
No obstante, y en aras a dar respuesta de fondo a su petición,
manifestamos nuestra absoluta disposición para llevar a cabo una
reunión con el Comité Defesa de la Cuenca del Canal del Dique de
manera virtual o presencial en la fecha que podamos acordar en
conjunto.
Para concertar esta reunión pueden comunicarse con la asesora Gisela
Margarita Pérez Fonseca al correo electrónico
Gmperez@minambiente.gov.co, quien estará disponible para atenderlos
y fijar la fecha del encuentro. (…)”
16
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-00
Accionante: Uriel Ávila Barrios y otros
La respuesta fue remitida al correo electrónico
cuencadelcanaldeldique@gmail.com, según se acredita con la trazabilidad
aportada:
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional13, la figura de la carencia
actual de objeto por hecho superado se presenta cuando, durante el trámite
de la acción de tutela, la situación que originó la vulneración alegada
desaparece, ya sea porque la autoridad demandada adopta las medidas
necesarias para remediarla o porque, por cualquier otra circunstancia, cesa
la afectación del derecho invocado.
En el anterior contexto, la comunicación referida satisface los elementos
esenciales del derecho de petición, en tanto constituye una respuesta clara,
congruente y de fondo dentro del trámite de la presente acción. En
consecuencia, frente a esta entidad se declarará la carencia actual de objeto
por hecho superado, por cuanto la respuesta fue proferida durante el
trámite de la presente acción constitucional14.
3.3.1.6. De la petición elevada al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural
13 Corte Constitucional Sentencias T-308 de 2003, sentencia T-662 de 2016, SU-665 de 2017, SU-
522 de 2019 y SU-225 de 2013.
14 La presente solicitud de amparo fue radicada el día 9 de julio de 2025, como consta en el aplicativo
SAMAI.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-00
Accionante: Uriel Ávila Barrios y otros
En lo que respecta a esta cartera ministerial, en su informe manifestó no
haber sido notificada del traslado del Oficio No. OFI25-00103084 / GFPU
13000000 del 29 de mayo de 2025, remitido por la Presidencia de la
República.
En atención a lo anterior se trae a colación el informe de trazabilidad de la
petición informada por la Presidencia de la República:
De lo anterior, se advierte que, si bien en relación con la petición radicada
el 27 de mayo de 2025 no se observa constancia de traslado al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, la solicitud trasladada el 18 de junio de
2025 sí fue enviada por la Presidencia de la República al correo electrónico
atencionalciudadano@minagricultura.gov.co.
Pese a lo anterior, no obra en el expediente evidencia de que esta entidad
haya emitido respuesta a los peticionarios. Tal omisión configura una
vulneración del derecho fundamental de petición, en tanto no se dio
contestación de fondo, clara y oportuna, en los términos de la Ley 1755 de
2015. Por tal motivo, se concederá el amparo solicitado.
3.3.1.7. De la petición elevada a la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI)
Se observa que, mediante el Oficio OFI25-00116031 / GFPU 13150000 del
18 de junio de 2025, la Presidencia de la República trasladó a la ANI la
petición presentada en esa misma fecha:
18
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-00
Accionante: Uriel Ávila Barrios y otros
Al respecto, la ANI informó que dicho oficio le fue notificado de manera
extemporánea, toda vez que la notificación se realizó el 18 de junio de 2025,
esto es, con posterioridad a la fecha prevista para la realización del cabildo
abierto (7 de junio de 2025), lo que le impidió a esa entidad participar en
el mismo.
En esa medida, si bien la remisión de la petición se realizó de manera
posterior al evento, tal circunstancia no exime a la entidad de dar respuesta
de fondo, clara y oportuna a los ciudadanos, en cumplimiento del deber
legal previsto en la Ley 1755 de 2015, que impone a todas las autoridades
la obligación de atender las solicitudes que se les formulen, sin que la
realización previa o la pérdida de oportunidad de asistir al evento
constituyan justificación válida para omitir una respuesta respecto de la
solicitud que le fue trasladada. Por tal circunstancia, se concederá el amparo
solicitado.
3.4. Del requisito de subsidiariedad respecto de los derechos a la
vida, a la igualdad y a la seguridad personal.
En su escrito de tutela, los accionantes pretenden que el presidente de la
República, los ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, Ambiente y
Desarrollo Sostenible y Transporte, así como la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA) y el Consorcio SACYR, participen en un cabildo abierto y adopten
decisiones que mitiguen los riesgos en los puntos críticos que presenta el
Canal del Dique.
Sobre el particular, cabe recordar que el artículo 86 de la Constitución
Política establece que la acción de tutela solo procede cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable15.
15 “Artículo 86. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”
19
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-00
Accionante: Uriel Ávila Barrios y otros
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción
de tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
Adicionalmente, cabe precisar que el cabildo abierto, regulado en el artículo
103 de la Constitución Política y en la Ley 1757 de 2015, constituye un
mecanismo de participación ciudadana de carácter deliberativo, orientado a
la exposición y discusión de asuntos de interés comunitario ante
corporaciones públicas. Sobre su alcance, la Corte Constitucional, en la
Sentencia C-180 de 1994, precisó que su naturaleza es eminentemente
deliberativa y que, si bien el legislador podría otorgarle fuerza vinculante
mediante ley estatutaria, en el marco normativo vigente sus conclusiones
carecen de efectos jurídicos obligatorios.
En este contexto, la Sala considera que la presente acción de tutela resulta
improcedente, en la medida en que, de la lectura del escrito de amparo, se
evidencia que, si bien se invoca la protección de derechos fundamentales,
lo cierto es que lo que se pretende es que el Gobierno Nacional participe
activamente y adopte medidas urgentes dirigidas a la protección de
derechos de la comunidad que podrían estar siendo afectados por los puntos
de riesgo que se presentan en el Canal del Dique. Para este tipo de
pretensiones, el ordenamiento jurídico prevé el medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos, a través del cual los
accionantes pueden acudir ante el juez competente para solicitar, incluso,
medidas cautelares orientadas a conjurar las situaciones urgentes que se
puedan presentar.
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de
tutela es procedente cuando, a pesar de la existencia de otro medio de
defensa judicial, se requiere la intervención del juez constitucional para
evitar un perjuicio irremediable.
En este sentido, es preciso recordar que la jurisprudencia ha fijado los
siguientes criterios para determinar si, en un caso concreto, se está ante la
presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia
transitoria de la acción de tutela: (i) que el perjuicio sea cierto y evidente
sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño sea inminente; (iii) que, de
ocurrir, no exista forma de reparar el daño producido; (iv) que resulte
urgente la medida de protección para superar la amenaza existente; y (v)
que la gravedad de los hechos haga evidente la impostergabilidad del
amparo como mecanismo necesario para la protección inmediata de los
derechos fundamentales.
Sobre el particular, la Sala considera que no se configura dicho perjuicio,
toda vez que, si bien los accionantes aluden a riesgos asociados a los puntos
críticos del Canal del Dique, del análisis del acervo probatorio, no es posible
concluir la existencia de un peligro inmediato e inminente para los
accionantes cuya materialización sea evitable con la intervención del juez
de tutela.
20
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-00
Accionante: Uriel Ávila Barrios y otros
Por lo anterior, la Sala: i) denegará la presente acción de tutela respecto
del derecho de petición en relación con el presidente de la República, la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–, Ecosistemas del
Dique S.A.S. (Consorcio Sacyr) y el Ministerio de Transporte; ii) declarará
la carencia actual de objeto por hecho superado en cuanto al derecho de
petición presentado ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;
iii) concederá el amparo del derecho de petición respecto del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Infraestructura; y
iv) declarará la improcedencia de la presente acción de tutela en lo relativo
a los demás derechos fundamentales invocados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de remisión del expediente elevada por la
apoderada judicial del presidente de la República, por las razones expuestas
en esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y el Ministerio de Transporte, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición respecto
del presidente de la República, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA), Ecosistemas del Dique S.A.S. (Consorcio Sacyr) y el
Ministerio de Transporte, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
CUARTO: DECLARAR la carencia de objeto por hecho superado en cuanto
al derecho de petición presentado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, por las razones expuestas en esta providencia.
QUINTO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental de petición de
los accionantes respecto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por las razones expuestas en
esta providencia.
SEXTO: ORDENAR al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la
Agencia Nacional de Infraestructura que, en el término de cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, dé respuesta de
fondo, completa, clara, precisa a la petición radicada el 27 de mayo de
2025, por los aquí accionantes.
SÉPTIMO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela respecto
de los derechos a la vida, a la igualdad y a la seguridad personal, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-00
Accionante: Uriel Ávila Barrios y otros
OCTAVO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.
NOVENO: De no ser impugnada la presente providencia REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA PABLO ANDRÉS CÓRDOBA
GARZÓN ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO
Consejero de Estado CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.
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