Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04263-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04263-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04263-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
6 de noviembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04263-01
Demandantes: Uriel Ávila Barrios y otros
Demandados: Presidencia de la República y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado 11001-03-15-000-2025-04263-01
Demandantes: URIEL ÁVILA BARRIOS Y OTROS
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tema: Tutela de fondo – Confirma y adiciona.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de
21 de agosto de 2025, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 9 de julio de 20251, los señores Uriel Ávila Barrios, Margarita Vargas de la Rosa
y Félix Peluffo Escobar, en nombre propio, radicaron acción de tutela contra el
señor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República, los ministerios de
Agricultura y Desarrollo Rural, de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de
Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y Desarrollo Sostenible, en
adelante la ANI, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en adelante la
ANLA y el consorcio SASYR, con el fin de que se les protejan sus derechos
fundamentales de petición, a la vida, a la igualdad y a la seguridad personal.
Las referidas garantías constitucionales las consideraron transgredidas con
fundamento en que el 27 de mayo de 2025, los tutelantes y otros firmantes,
radicaron ante la Presidencia de la República2 una petición en la que solicitaron la
presencia del señor Gustavo Petro Urrego en un cabildo abierto que se iba a
realizar el 7 de junio de 2025.
No obstante, a la fecha de radicación de la presente acción constitucional, la parte
actora adujo que no habían recibido una respuesta congruente y de fondo.
1 Por medio de auto de la misma fecha, el Juzgado Promiscuo de Campo de la Cruz, Atlántico
remitió por competencia la presente tutela, con fundamento en que «los asuntos atinentes a la
presidencia de la República no son de competencia de los Juzgados Promiscuos Municipales, en
virtud, con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021 mediante el cual modifica el
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, numeral 12».
2 Una vez la Presidencia de la República recibió la petición, por medio de oficio de 29 de mayo de
2025 le respondió «al señor Uriel Ávila Barrios y demás firmantes» que el señor Petro Urrego no
podía asistir, pero que remitiría la solicitud a las autoridades competentes.
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Demandantes: Uriel Ávila Barrios y otros
Demandados: Presidencia de la República y otros
1.2. Pretensión
Presentó la siguiente:
Que se ordene al señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y a los MINISTROS
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, AMBIENTE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y TRANSPORTE, LAS ENTIDADES AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA ANI Y CONSORCIO SASYR que nos cumplan realizando el
Cabildo Abierto para que nos escuchen y se tomen decisiones que mitiguen el
riesgo de los puntos críticos que presenta el Canal del Dique, para garantizar la
protección de nuestros derechos fundamentales3.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
1.3.1. El 27 de mayo de 2025, el comité de defensa de la cuenca del Canal del
Dique, los representantes legales de la Federación Agropecuaria del Sur del
departamento del Atlántico, en adelante FEDEAGROSURSEIS y los habitantes del
municipio de Campo de la Cruz que respaldaron la convocatoria para que se
llevara a cabo el cabildo abierto con el presidente de la República, radicaron una
petición en la que invitaron al señor Gustavo Petro Urrego a participar de un
cabildo abierto.
En la referida solicitud, los peticionarios solicitaron que el presidente estuviera
acompañado también de los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Transporte, de la ANI, de la ANLA y del
consorcio SASYR.
1.3.2. Indicaron que el objetivo de la reunión era exponer y debatir los puntos
críticos relacionados con la problemática estructural del Canal del Dique, puesto
que, durante décadas han esperado soluciones concretas y sostenibles, pero ha
existido indiferencia institucional.
1.3.3. En la petición, se le indicó al presidente de la República que la fecha de la
reunión era el 7 de junio de 2025, y le precisaron lo siguiente:
La presencia suya en este espacio no solo marcaría un hito en el compromiso del
Gobierno Nacional con el desarrollo justo y participativo de los territorios
históricamente excluidos, sino que también podría evitar que nuestra legitima
inconformidad se exprese por otra vía. De no contar con su atención directa y
voluntad de dialogar, las comunidades que hacemos parte de la Cuenca del Canal
del Dique podríamos vernos forzadas a recurrir a mecanismos de presión social y
movilización ciudadana para hacer valer nuestros derechos y ser tenidos en cuenta
en las decisiones que nos afectan.
Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud rogándole nos responda al
correo cuencadelcanaldeldique@gmail.com quedamos atentos a su confirmación
convencidos que la construcción de soluciones reales requiere de voluntad y
escucha activa del más alto nivel del Estado.
3 Transcripción literal, por lo que puede contener errores.
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1.3.4. Ahora bien, de las pruebas obrantes en el expediente se evidencia que una
vez la Presidencia de la República recibió la petición de 27 de mayo de 2025, el
director del departamento administrativo de la secretaría general de la Presidencia
de la República, el 29 de mayo de 2025, le respondió al «señor Uriel Ávila Barrios
y demás firmantes» lo siguiente:
Por consiguiente, el mismo 29 de mayo de 2025, por medio de oficio OFI25-
00103083 / GFPU 13000000 el director del departamento administrativo de la
secretaría general de la Presidencia de la República le remitió la petición a las
ministras de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Transporte para que hicieran
cargo del tema, tal y como se puede evidenciar en la siguiente imagen:
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1.3.5. Los tutelantes, en su escrito de tutela manifestaron que el 30 de mayo de
2025, recibieron la notificación de las anteriores comunicaciones.
1.3.6. Ahora bien, de las pruebas obrantes en el expediente se evidenció que el 18
de junio de 2025, la coordinadora del grupo de Atención a la ciudadanía de la
Presidencia de la República – oficina de relacionamiento con el ciudadano le
remitió un oficio con radicado OFI25-00116012 / GFPU 13150000 a los actores, en
el que les informó que el presidente Gustavo Petro no había podido asistir a la
reunión que se convocó el 7 de junio de 2025.
Pero que, a pesar de lo anterior, una vez leída y evaluada la solicitud presentada,
y de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, se le
había dado traslado de la comunicación al «Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la ANI y a la ANLA»,
entidades legalmente facultadas para conocer del tema objeto de la petición y
tomar las acciones a las que hubiere lugar, y así se les brindara una adecuada
respuesta.
Por consiguiente, por medio de los oficios con radicados OFI25-00116028/ GFPU
13150000, OFI25-00116029 / GFPU 13150000, OFI25-00116030 / GFPU
13150000 y OFI25-00116031 / GFPU 13150000 se hizo la referida remisión al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la ANLA, al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y a la ANI, respectivamente.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora consideró que el presidente de la República, los ministerios de
Agricultura y Desarrollo Rural, de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de
Transporte, la ANI, la ANLA y el consorcio SASYR transgredieron sus derechos
fundamentales de petición, a la vida, a la igualdad y a la seguridad personal, dado
que, a la fecha de radicación de esta acción no se habían pronunciado con una
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respuesta de fondo y congruente respecto de la solicitud de 27 de mayo de 2025.
Además, expusieron que la situación que están viviendo en la zona donde habitan
es preocupante por los niveles altos del río Magdalena, pues en ocasiones llega a
superar los siete metros, además, «el Canal del Dique se encuentra en alerta
naranja y tiene 19 puntos crítico, siendo el punto seis, conocido como la
esmeralda el más crítico de todos; de romperse ese punto abría (sic) una nueva
catástrofe en el sur del departamento del Atlántico, donde el municipio más
afectado será Campo de la Cruz».
1.5. Trámite en primera instancia
Por medio de auto de 15 de julio de 2025, la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió la presente acción constitucional y ordenó notificar al señor
Gustavo Petro Urrego, presidente de la República, a los ministerios de Agricultura
y Desarrollo Rural, de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Transporte, a la ANI,
a la ANLA y al consorcio SASYR, para que si lo consideraban del caso
intervinieran en el presente trámite tutelar.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. ANI
En su intervención, manifestó que la ANI pertenece al sector descentralizado de la
Rama Ejecutiva del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte,
según reza el Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011.
En ese sentido, se encarga de administrar, coordinar y gestionar, de manera que
no se encuentra de manera expresa e inequívoca la de ejecutar la infraestructura
nacional, en razón a que su función principal es la administración de los contratos
de concesión mediante los cuales el concesionario obtiene una remuneración por
la materialización de unos proyectos de infraestructura, siendo el concesionario, el
ejecutor de tales proyectos viales.
Manifestó que la ANI ha actuado de conformidad con lo establecido en el
ordenamiento jurídico, y que en ningún momento ha sido sujeto activo de
vulneración de derechos fundamentales de los actores, puesto que, por el
contrario, ha desplegado todas las gestiones y trámites necesarios para poder
garantizar los derechos fundamentales y garantías procesales y constitucionales
de los particulares y/o administrados, siempre en la búsqueda de la garantía del
interés general y debido proceso en los contratos de concesión que administra.
Indicó que la petición de 27 de mayo de 2024 se radicó ante la Presidencia de la
República y no ante la ANI directamente, por lo que no está transgrediendo
derechos fundamentales, sin embargo, aseguró que por medio del oficio EXT25-
00077038 de 18 de junio de 2025, remitido por el Grupo de Atención a la
Ciudadanía Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano de la Presidencia de la
República, se le informó sobre el cabildo abierto, sin embargo, puso de presente
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que esa remisión se hizo después del 7 de junio de 2025, por lo que constituía una
notificación extemporánea que impidió la participación oportuna de esa entidad.
Adujo además que «los convocantes al Cabildo Abierto NO cumplieron los
requisitos legales como la convocatoria y notificación, afectando el derecho al
debido proceso y la participación ciudadana. Por lo anterior, y ante la falta de
información o la forma en cómo se realizó la notificación impidieron la participación
efectiva de esta Agencia».
Por consiguiente, solicitó negar las pretensiones de la demanda, dado que la ANI
no ha vulnerado las garantías fundamentales, «pues la normatividad establece un
procedimiento especial y detallado, de obligatorio cumplimiento para que la
solicitud de Cabildo Abierto sea válida y eficaz, es así que cuando existe un
procedimiento legal específico y eficaz, este debe ser agotado por el ciudadano
antes de acudir al juez constitucional, salvo que se acredite la existencia de un
perjuicio irremediable o la ineficacia real del mecanismo legal, luego entonces con
el escrito no es posible extraer una afectación inminente que amerite la
intervención del juez constitucional».
También adujo que, en todo caso, «en cumplimiento de su compromiso
institucional con la participación ciudadana y dentro del marco de su
responsabilidad social, manifiesta su plena disposición para asistir y participar en
el cabildo abierto, siempre y cuando dicho mecanismo sea convocado conforme a
los requisitos legales establecidos en la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015,
es decir, previa observancia del debido procedimiento y dentro del marco de
competencia de esta Entidad».
Finalmente, solicitó su desvinculación del presente trámite.
1.6.2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Indicó que, de los anexos allegados con el escrito de tutela, no se evidencia que el
ministerio hubiese sido notificado, puesto que, no hay soporte de envío, «lo cual,
además, impidió determinar con exactitud si esa Cartera tuvo conocimiento de
dicha petición».
Adicionalmente, dijo que el Grupo de Gestión Documental y Biblioteca del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural indicó que después de revisar en el
sistema AGRODOC no se había evidenciado la entrada de ese documento al
ministerio, por lo que resaltó que el canal dispuesto para comunicaciones
relacionadas con peticiones es el correo electrónico
atencionalciudadano@minagricultura.gov.co.
Para terminar, solicitó la desvinculación de esta tutela.
1.6.3. ANLA
El Coordinador del Grupo de defensa Jurídica de la Oficina Asesora Jurídica, hizo
un recuento de los hechos y las pretensiones que suscitaron la presente acción
constitucional y manifestó que la petición fue radicada por los peticionarios en la
entidad bajo el radicado ANLA 20256200609112 de 27 de mayo de 2025 y
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posteriormente mediante radicado ANLA 20256200713122 de 19 de junio de 2025
la Presidencia de la República les trasladó la misma petición con igual contenido.
Y el oficio mediante el cual se respondió al Comité de Defensa de la Cuenca del
Canal del Dique se identificó con el radicado de salida 20252300437441, el cual
tiene fecha de respuesta el 18 de junio de 2025.
La respuesta fue entregada a través de la comunicación con radicado ANLA
20252300437441 de 18 de junio del 2025, como se mencionó líneas atrás y fue
notificada al correo electrónico de los accionantes: urielavila94@hotmail.com.
Por su parte, dijo que el traslado realizado por la Presidencia de la República fue
contestado mediante oficio 20252300509411 de 14 de julio de 2025.
Aseguró que la respuesta fue notificada al correo electrónico de los accionantes:
urielavila94@hotmail.com, con copia a la Presidencia de la República:
contacto@presidencia.gov.co para su conocimiento y fines pertinentes.
Finalmente informó que una vez hizo la consulta con el Grupo de Participación
Ambiental de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana
Ambiental, se evidenció que el profesional Ángel Mauricio Rodríguez Anzola, en
calidad de líder territorial adscrito a la ANLA, acudió al cabildo abierto de 7 de
junio de 2025, de acuerdo con lo solicitado por el comité de defensa.
Por consiguiente, remitió registro fotográfico y el listado de asistencia del Comité
de Defensa de la Cuenca de asistencia.
De modo que, adujo que la ANLA no transgredió los derechos fundamentales de
los tutelantes, pues la respuesta que se les dio es consecuente con el documento
de 27 de mayo de 2025, por lo que solicitó negar las pretensiones.
1.6.4. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Expuso que la petición de 27 de mayo de 2025 no fue radicada directamente ante
ese ministerio, sino que fue ante la Presidencia de la República, y que fue a través
de «radicado de ingreso No. 2025E1026788 de fecha 30 de mayo de 2025, quien
remitió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la invitación a cabildo
abierto hecha por FEDEAGROSURSEID».
Adujo que la Subdirección de Educación y Participación, mediante radicado
número 31102025E2026370 de 29 de julio de 2025, informó a los señores Uriel
Ávila Barrios, Margarita Vargas de la Rosa y Félix Peluffo Escobar, que por
cuestiones de agenda, la ministra y su equipo tuvieron que atender reuniones
agendadas con anterioridad por lo cual no fue posible asistir al espacio de cabildo
abierto programado para el 7 de junio de 2025, y además precisó que se
encuentra a disposición para llevar a cabo una reunión con el Comité de Defensa
de la Cuenca del Canal del Dique de manera virtual o presencial en la fecha que
se acuerde.
En ese orden de ideas, solicitó rechazar por improcedente esta acción de tutela.
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1.6.5. Ministerio de Transporte
La directora de Infraestructura del ministerio por medio de memorial adujo que
después de revisar el sistema ORFEO se corroboró que existían dos invitaciones
al mismo evento.
De allí entonces, indicó que, que se observe que, en lo relativo a la invitación, la
misma fue contestada y debidamente notificada, al correo escogido para
notificaciones por parte del accionante/peticionario, a saber:
cuencadelcanaldeldique@gmail.com, por lo que no hubo una transgresión a los
derechos fundamentales.
Para el caso en concreto, refirió que «si bien fue remitida invitación, no es menos
cierto que conforme al artículo 22 de la Ley 1757 de 2015, los requisitos de
conformación de Cabildo Abierto no fueron cumplidos de ninguna manera, ni
respecto al período de las entidades que han de atender la solicitud, ni en el
número de ciudadanos necesario para la validez de la iniciativa».
Concluyó solicitando que se le desvinculara de este trámite.
1.6.6. Presidencia de la República
En contestación de 31 de julio de 2025, solicitó que se remitiera el proceso a los
juzgados del circuito, dado que según el Decreto 799 de 9 de julio de 2025 al
encontrarse demandado en este asunto el presidente de la República, no le
correspondía al Consejo de Estado su conocimiento.
Seguidamente, resumió los hechos y las pretensiones de esta acción, y adujo que
una vez recibió la petición de 27 de mayo de 2025, desplegó las siguientes
actuaciones:
«1. La petición se tramitó por medio de los EXT25-00077038 y EXT25- 00077056,
los cuales se respondieron mediante OFI25-00102954 / GFPU 13000000 del 29
de mayo del 2025 y OFI25-00116012 / GFPU 13150000 del 18 de junio de 2025.
2. Mediante OFI25-00103085 / GFPU 13000000 del 29 de mayo de 2025 se dio
traslado a la Ministra de Transporte.
3. Mediante OFI25-00116028 / GFPU 13150000 del 18 de junio de 2025 se dio
traslado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
4. Mediante OFI25-00116029 / GFPU 13150000 del 18 de junio de 2025 se dio
traslado a la Autoridad Nacional De Licencias Ambientales.
5. Mediante OFI25-00116030 / GFPU 13150000 del 18 de junio de 2025 se dio
traslado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
6. Mediante OFI25-00116031 / GFPU 13150000 del 18 de junio de 2025 se dio
traslado a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI».
Declaró que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en
adelante DAPRE verificó su sistema de gestión documental y encontró que la
comunicación radicada bajo los EXT25-00077038 y EXT25-00077056, se
respondió mediante OFI25- 00102954 / GFPU 13000000 de 29 de mayo del 2025
y OFI25-00116012 / GFPU 13150000 de 18 de junio de 2025, en los cuales se le
informó al accionante que, por cuestiones de la agenda del primer mandatario, no
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le sería posible comparecer ante la invitación extendida, e igualmente por medio
de los demás OFI relacionados en el apartado (IV.II.) de la contestación, se
demostró cómo y cuándo se dio traslado a las entidades competentes.
Adujo que después de verificar el sistema de gestión documental del DAPRE el
trámite impartido a la petición radicada por el accionante, y encontró que la
comunicación radicada bajo los EXT25-00077038 y EXT25-00077056, se
respondió mediante OFI25-00102954 / GFPU 13000000 de 29 de mayo del 2025 y
OFI25-00116012 / GFPU 13150000 de 18 de junio de 2025, donde se le indicó
textualmente lo siguiente:
Asimismo, reiteró los radicados de los oficios a través de los cuales hizo las
remisiones, y también allegó la trazabilidad de cada uno de los oficios remitidos, la
cual se puede evidenciar en el documento 043 del expediente digital (paginas 10,
11, 12 y 13).
De modo que, requirió que se niegue la presente acción constitucional, en razón a
que ya dio una respuesta a la petición de 27 de mayo de 2025.
1.6.7. Consorcio SASYR
En memorial de 1. ° de agosto de 2025, solicitó que se niegue la pretensión
propuesta por la parte accionante y adujo que no ha transgredido sus derechos
fundamentales, puesto que, en la base de datos de gestión documental no se
registra ninguna solicitud a nombre de los tutelantes.
Además, explicó brevemente de que se trata el «proyecto de restauración de los
ecosistemas degradados del Canal del Dique», el cual no solo prevé el
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mejoramiento de la calidad del agua, sino que se restauren procesos biológicos de
manera tal que la vegetación y la fauna asociada a todo el sistema tengan una
respuesta acorde con procesos resilientes».
Finalmente, y con relación a la petición dirigida a la convocatoria de un Cabildo
Abierto, de acuerdo con lo determinado por la Ley 1757 de 2015, dijo que este
mecanismo de participación ciudadana debe ser liderado por la administración
municipal.
1.7. Fallo impugnado
El 21 de agosto de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado resolvió:
RIMERO: NEGAR la solicitud de remisión del expediente elevada por la apoderada
judicial del presidente de la República, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Agencia
Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el
Ministerio de Transporte, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición respecto del
presidente de la República, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA),
Ecosistemas del Dique S.A.S. (Consorcio Sacyr) y el Ministerio de Transporte, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: DECLARAR la carencia de objeto por hecho superado en cuanto al
derecho de petición presentado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
por las razones expuestas en esta providencia.
QUINTO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental de petición de los
accionantes respecto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI), por las razones expuestas en esta providencia.
SEXTO: ORDENAR al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia
Nacional de Infraestructura que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, dé respuesta de fondo, completa,
clara, precisa a la petición radicada el 27 de mayo de 2025, por los aquí
accionantes.
SÉPTIMO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela respecto de los
derechos a la vida, a la igualdad y a la seguridad personal, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Inicialmente, el a quo se refirió a la competencia para conocer de esta acción y
manifestó que si bien según el Decreto 799 de 9 de julio de 2025, al encontrarse
demandado en este asunto el presidente de la República, el expediente debía
remitirse a los juzgados del circuito para que continuaran con el conocimiento del
proceso, de conformidad con las normas vigentes sobre reparto y competencia
funcional, lo cierto es que es que el artículo 2 del Decreto contempla lo siguiente:
(...) Artículo 2. Vigencia y derogatorias. El presente Decreto rige a partir del día
siguiente de la fecha de su publicación, modifica el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1
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del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho y
deroga el numeral 12 del mismo artículo. (...)”
Por consiguiente, y de conformidad con lo anterior, el magistrado ponente de la
sentencia de primera instancia puso de presente que la norma empezó a regir a
partir del día siguiente a su publicación, la cual tuvo lugar el 10 de julio de 2025, es
decir, su vigencia inició el 11 de julio de 2025, y de la revisión del expediente en
Samai, corroboró que la presente acción de tutela fue presentada el 9 de julio de
2025, esto es, cuando aún no había entrado en vigencia el Decreto 799 de 2025,
razón por la cual por reglas de reparto correspondía el conocimiento de la
presente acción a esta Corporación.
En consecuencia, negó la solicitud de remisión.
Ahora bien, frente a la Presidencia de la República negó el amparo, dado que se
evidenció que respondió la petición a los tutelantes en donde le informó a los
actores las razones por las cuales el presidente no podía asistir al cabildo abierto
de 7 de junio de 2025, de modo que, remitió esa comunicación a las autoridades
competentes para que se encargaran de lo pertinente.
Respecto de la ANLA, también negó el amparo porque consideró que la petición
de 27 de mayo de 2025 se atendió y notificó en debida forma a los peticionarios.
Por su parte, frente al Consorcio SACYR, del material probatorio obrante el
expediente se logró concluir que el mismo no recibió la petición de 27 de mayo de
2025, ni directamente por parte de los tutelantes, ni a través de remisión, por lo
que negó.
En cuanto al Ministerio de Transporte, se evidenció que respondió a los
accionantes el 6 de junio de 2025, y que le notificó la contestación al correo
electrónico aportado por los mismos, por lo que negó también el amparo
deprecado.
En cuanto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado, porque en el marco de la acción de tutela le
respondió a los actores la petición de 27 de mayo de 2025 y la notificó al correo
electrónico: cuencacanaldeldique@gmail.com.
Con lo que refiere al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural amparó el
derecho fundamental de petición de los accionantes, dado que el a quo evidenció
que, si bien la Presidencia de la República le remitió por competencia la petición el
29 de mayo de 2025, lo cierto es que esa Cartera no se pronunció al respecto, de
modo que le ordenó que emitiera y notificara una respuesta a los tutelantes dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia.
Ahora bien, la Sección Primera del Consejo de Estado, también amparó frente a la
ANI, dado que el 18 de junio de 2025, la Presidencia de la República le remitió por
competencia la petición de 27 de mayo de 2025, no obstante, dicha autoridad en
su contestación afirmó que le habían notificado de manera extemporánea la
reunión de 7 de junio de 2025, motivo por el cual, no pudo participar del cabildo
abierto.
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En ese orden de ideas, también le ordenó que emitiera y notificara una respuesta
a los actores dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de esta providencia.
Finalizó indicando que respecto de los derechos fundamentales a la vida, a la
igualdad y a la seguridad personal se debía declarar la improcedencia, «en la
medida en que, de la lectura del escrito de amparo, se evidencia que, si bien se
invoca la protección de derechos fundamentales, lo cierto es que lo que se
pretende es que el Gobierno Nacional participe activamente y adopte medidas
urgentes dirigidas a la protección de derechos de la comunidad que podrían estar
siendo afectados por los puntos de riesgo que se presentan en el Canal del Dique.
Para este tipo de pretensiones, el ordenamiento jurídico prevé el medio de control
de protección de derechos e intereses colectivos, a través del cual los accionantes
pueden acudir ante el juez competente para solicitar, incluso, medidas cautelares
orientadas a conjurar las situaciones urgentes que se puedan presentar».
1.8. Informes de cumplimiento fallo de 21 de agosto de 2025
1.8.1. ANI
En cumplimiento de la sentencia de 21 de agosto de 2025, intervino en el presente
asunto y manifestó que a través de documento con radicado número
20256030314451 de 29 de agosto de 2025, le dio respuesta a la petición de 27 de
mayo de 2025, relacionada con la solicitud trasladada por la Presidencia de la
República, mediante oficio radicado No. EXT25- 00077038 de 18 de junio de 2025.
Asimismo, adjuntó prueba del envío de la respuesta que le otorgó a los
accionantes en cumplimiento del fallo del a quo, al correo electrónico
cuencadelcanaldeldique@gmail.com
1.8.2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Manifestó que, en cumplimiento de lo dispuesto en el fallo de tutela de 21 de
agosto de 2025, proferido dentro de la acción de tutela del asunto, se permitía
informar que se dio respuesta a los accionantes mediante oficio con radicado
2025-500-018239-1 de 1. ° de septiembre de 2025.
Indicó que el referido oficio le fue enviado al señor Uriel Ávila Barrios al correo
cuencadelcanaldeldique@gmail.com, mismo que este dispuso para su notificación
tanto en la petición como en el proceso de tutela.
De otro lado, precisó que luego de buscar dentro del Sistema de Gestión
Documental del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se evidenció que el
traslado de la petición de los accionantes fue recibido por esta cartera el 19 de
junio de 2025, a la cual se le asignó el radicado 2025-313-014278-2.
No obstante, resaltó que el traslado de la petición fue realizado por la
coordinadora del Grupo de Atención a la Ciudadanía de la Oficina de
Relacionamiento con el Ciudadano de la Presidencia de la República mediante
Oficio con radicado OFI25-00116028 / GFPU 13150000 de 18 de junio de 2025, y
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no a través del oficio con radicado OFI25-00103084 / GFPU 13000000 de 29 de
mayo de 2025 como se indicó en el fallo de primera instancia.
Así las cosas, manifestó que dio cumplimiento al fallo de 21 de agosto de 2025,
puesto que, respondió la petición de 27 de mayo de 2025, de una manera
completa, clara, precisa, y en cumplimiento a lo ordenado por la Sección Primera
del Consejo de Estado en la sentencia de 21 de agosto de 2025, en el sentido de
dar «respuesta de fondo, completa, clara, precisa a la petición radicada el 27 de
mayo de 2025, por los aquí accionantes».
1.9. Impugnación4
El señor Uriel Ávila Barrios impugnó la sentencia de 21 de agosto de 2025
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, y manifestó que en ella
se desconoció la protección de los demás derechos fundamentales a la vida, a la
igualdad y a la seguridad personal, puesto que, el a quo no tuvo en cuenta que las
últimas inundaciones han causado estragos en el bienestar de las personas que
habitan la región, ello, como consecuencia de la ruptura del Canal del Dique.
Adujo que se deben tener en cuenta los pronósticos que ha emitido el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, puesto que, se debe
proteger la vida e integridad de más de «1.500.000 de habitantes de la cuenca del
Canal del Dique», quienes en reiteradas ocasiones han expresado que se deben
ejecutar las obras de prevención y mitigación de riesgos.
También manifestó que el cabildo abierto se iba a reprogramar para el 26 de
septiembre de 2025 a las 9:00 am en el mega colegio Santa Lucía – Atlántico, con
el fin de darle tiempo a los ministerios y demás entidades «para que no exista
excusa de su parte».
Adujo que era importante que el consorcio SASYR asistiera al cabildo para que
conozca de fondo las soluciones que se darán a las problemáticas de la región.
1.10. Trámite en segunda instancia
1.10.1 Auto de nulidad saneable
Por medio de auto de 10 de octubre de 2025, el despacho ponente de la decisión
de segunda instancia profirió auto de nulidad saneable, en el que ordenó vincular
a:
(i) Los señores Luis Rafael Torrenegra Peña, Agustín Gabriel Caicedo Escorcia,
José Daniel Polo Pantoja, Sila Gudo Rodríguez, Arnaldo Acuña Martínez, Argenis
Alberto Ortiz Ávila, Gustavo de la Rosa, Jesús Fontalvo, quienes pertenecen al
comité de defensa de la cuenca del Canal del Dique.
(ii) Los señores Naser Enrique Marriaga Machacón, Andrés Avelino Peláez
Guerrero, Jairo José Pérez Araújo, Ricardo Manuel Guerrero Carrillo, Yeishon
José Cantillo Villa, Jhon Jairo Figueroa Farfán, Cergio Manuel Jiménez Polo, Hicel
4 El fallo fue notificado el 30 de septiembre de 2024, y la impugnación se presentó el 3 de octubre
de 2024.
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Ramona Torrenegra Caraballo, Gaspar Eliecer Contreras Villa, Luis José Pulido
Paéz, Osiris Salas Valencia, Fredy Antoio Cantillo Zarate, Luz Clarita Barrios de la
Hoz, Edgardo Javier Guerrero Gallardo, Alvaro Guerrero Suarez, Jaime Pulido
Pulido, Edilberto Manuel Bocanegra Salas, Daniel José de la Hoz Guette, Petrona
Josefa Fonseca Salas, Zenith María Orozco Valencia, Aniano Martínez Reales,
Wilfran Nicolás Zamora Ceraq, Pedro Joaquín Valencia Valencia, Julio César
Pacheco Escamilla, Enrique Rafael Barrios Cantillo, Robinson Muñoz Ariza5,
quienes pertenecen a la Federación Agropecuaria del Sur del departamento
del Atlántico – FEDEAGROSURSEIS.
(iii) Así mismo, se consideró necesario vincular a esta acción de tutela a los
peticionarios cuyo nombre están plasmados en las siguientes imágenes, y que
pertenecen al grupo de habitantes del municipio de Campo de la Cruz,
Atlántico que respaldan el cabildo abierto con el presidente de la República6.
Lo anterior, para que, si lo consideraban del caso, se pronunciaran sobre la
solicitud de amparo sin alegar la nulidad o guardaran silencio.
1.10.2. Intervención
La referida providencia se notificó el 15 de octubre de 2025, y el 17 del mismo mes
y año los accionantes intervinieron en esta acción y explicaron que los señores
«Luis Rafael Torrenegra Peña, Agustín Gabriel Caicedo Escorcia, José Daniel
Polo Pantoja, Sila Gudo Rodríguez, Arnaldo Acuña Martínez, Argenis Alberto Ortiz
Ávila, Gustavo de la Rosa, Jesús Fontalvo, pertenecientes al comité de defensa de
la cuenca del Canal del Dique» saben de este proceso de tutela, tanto así, que en
reiteradas oportunidades se han reunido para hablar del cabildo abierto y su
reprogramación.
Adujeron que «los señores Naser Enrique Marriaga Machacón, Andrés Avelino
Peláez Guerrero, Jairo José Pérez y demás miembros de la Federación
Agropecuaria del Sur del Departamento del Atlántico», también conocen de esta
solicitud de amparo, y expresaron que los mantienen al tanto por medio de un
grupo de WhatsApp, en el que les informaron que podían intervenir, pero no se
pronunciaron.
Por su parte, y con fundamento en «la premura de tiempo», solo pudieron allegar
los datos de 16 habitantes del municipio de Campo de la Cruz, Atlántico que
respaldan el cabildo abierto con el presidente de la República y que pertenecen a
asociaciones que están afiliadas a la Federación Agropecuaria del Sur del
departamento del Atlántico – FEDEAGROSURSEIS.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en segunda instancia de la acción de tutela
presentada por los señores Uriel Ávila Barrios, Margarita Vargas de la Rosa y Félix
5 Los nombres fueron escritos tal y como se encuentran en la parte de las firmas en el escrito de
petición de 27 de mayo de 2025.
6 En el auto de nulidad saneable que reposa en el aplicativo Samai están las imágenes en las que
se pueden evidenciar los nombres de los referidos habitantes.
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Peluffo Escobar contra el señor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República,
los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y de Transporte, la ANI, la ANLA y el consorcio SASYR, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia proferida el 21 de agosto de 2025 por la Sección
Primera del Consejo de Estado.
Para lo cual se establecerá si, en el caso concreto, se presenta una vulneración a
los derechos fundamentales invocados por el accionante por parte de la autoridad
judicial demandada y para el efecto se estudiará: (i) naturaleza de la acción de
tutela; (ii) análisis del caso concreto; (iii) de la carencia actual de objeto; (iv) el
carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando existan otras
vías judiciales disponibles y eficaces y (v) caso concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable7.
2.4. Del derecho fundamental de petición
La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior
precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.
La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si
ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».
7 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
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Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 20158, que señala 15 días para resolver la misma,
de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.
Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:
La respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la
solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. // Desde luego, este
deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad
suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues
eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada.
Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante».
En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:
[E]s un derecho fundamental determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado
que mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los
derechos a la información, a la participación política y a la libertad de
expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a)
8 Los términos para resolver las peticiones están establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de
2015, que señala:
ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince
(15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las
siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.
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la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes
ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de
tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o
contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia
propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de
manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia
entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y
d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia
de que su sentido sea positivo o negativo.
Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el
derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la
respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del
derecho subjetivo.
2.5. De la carencia actual de objeto
Se ha señalado que existen eventos en los que la amenaza o efectiva
vulneración al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción
de tutela, como sucede en el caso concreto, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.
En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos de hecho: (i) por hecho superado, (ii) por daño consumado, y (iii)
por una situación sobreviniente.
En ese sentido, dicha alta corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la sala
cita como criterio auxiliar, señaló que:
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual.
Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el
que recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación
que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro,
se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.9
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:
9 Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005.
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“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como
su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la
lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no
que haya sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese
presentado un peligro ya subsanado”. (Negrillas inexistentes en el texto original)
Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género
que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii)
de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada
como el acaecimiento de una “situación sobreviniente”10.
Con base en el anterior marco referencial, el máximo tribunal constitucional ha
sostenido que:
(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración
de los derechos fundamentales.
(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición
de la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela,
por lo que no es posible retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño resulta
perenne.
Al respecto ha sostenido el tribunal constitucional: [l]a segunda de las figuras
referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-
fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación
que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad
de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible
que el juez de tutela dé una orden al respecto.11
(iii) Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de
los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de
tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de
daño consumado y hecho superado.
La citada corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:
El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena12 como por las
distintas Salas de Revisión13. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
10 Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013.
11 Sentencia SU-225 de 2013.
12 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, y SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas
Ríos.
13 Ver, entre otras, T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto; T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas
Ríos; T-319 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero; T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo
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utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija
casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y
hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia que
determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la
demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”14. No
se trata entonces de una categoría homogénea y completamente delimitada. […].15
2.6. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando
existen otras vías judiciales disponibles y eficaces
El inciso 3.º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el
numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.16
La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad, los
conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en
principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que
únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan
idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible
recurrir a esta acción constitucional.
De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe
hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos
legales deviene en la improcedencia de este mecanismo17.
El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se
deben salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta
acción pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario
de los procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando
el juez constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que
exige para el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de
medidas inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo
transitorio mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción
correspondiente»18.
Ocampo; T-379 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-444 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado;
T-009 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-060 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
14 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
15 Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
16 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante».
17Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad.
11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad.
11001-03-15-000-2021-04731-00.
18 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 del 2010, T-318 del 2017.
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Demandantes: Uriel Ávila Barrios y otros
Demandados: Presidencia de la República y otros
2.7. Caso concreto
En el sub examine la parte tutelante alegó que las autoridades censuradas
vulneraron los derechos fundamentales de petición, a la vida, a la igualdad, con
ocasión a que a la fecha de radicación de la presente acción constitucional no
habían dado respuesta de fondo y congruente a la solicitud que radicaron el 27 de
mayo de 2025 ante la Presidencia de la República, quien la remitió a las
autoridades que consideró competentes.
Pues bien, en primera instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado decidió
lo siguiente:
[…]
TERCERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición respecto del
presidente de la República, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA),
Ecosistemas del Dique S.A.S. (Consorcio Sacyr) y el Ministerio de Transporte […]
CUARTO: DECLARAR la carencia de objeto por hecho superado en cuanto al
derecho de petición presentado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
[…]
QUINTO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental de petición de los
accionantes respecto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI) […]
SEXTO: ORDENAR al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia
Nacional de Infraestructura que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, dé respuesta de fondo, completa,
clara, precisa a la petición radicada el 27 de mayo de 2025, por los aquí
accionantes.
SÉPTIMO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela respecto de los
derechos a la vida, a la igualdad y a la seguridad personal […]
Ahora, esta Sala de Decisión procederá a estudiar el caso concreto de cara a las
pruebas obrantes en el expediente digital que reposa en el aplicativo Samai, a
saber:
2.7.1. Del derecho fundamental de petición
2.7.1.1. Presidencia de la República
La parte actora radicó la petición de 27 de mayo de 2025 ante el presidente de la
República, Gustavo Petro Urrego, con el objetivo de invitarlo al cabildo abierto en
el que se iban a exponer y debatir los puntos críticos relacionados con la
problemática estructural del Canal del Dique, y que se llevaría a cabo el 7 de junio
de 2025.
En el referido documento solicitaron también el acompañamiento en la reunión de
los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, de ambiente y Desarrollo
Sostenible y de Transporte, de la ANI, de la ANLA y del consorcio SASYR.
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De manera que, de los medios de convicción arrimados al expediente se evidencia
que una vez la Presidencia de la República recibió la petición de 27 de mayo de
2025, el director del departamento administrativo de la secretaría general de la
Presidencia de la República, el 29 de mayo de 2025, le respondió al «señor Uriel
Ávila Barrios y demás firmantes» que no podía asistir a la reunión, pero que iba a
delegar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que se encargara
del asunto.
Se debe precisar que el mismo 29 de mayo de 2025, en oficio OFI25-00103083 /
GFPU 13000000 el director del departamento administrativo de la secretaría
general de la Presidencia de la República le remitió la petición a las ministras de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Transporte para que se hicieran cargo del
tema19.
Por su parte, del análisis de las pruebas, esta Sección evidenció que el 18 de junio
de 2025, la coordinadora del grupo de Atención a la ciudadanía de la Presidencia
de la República – oficina de relacionamiento con el ciudadano le remitió un oficio
con radicado OFI25-00116012 / GFPU 13150000 a los actores, en el que le dio
alcance a la respuesta de 29 de mayo de 2025 y les reiteró que el presidente
Gustavo Petro no había podido asistir a la reunión que se convocó el 7 de junio de
2025.
Y además les informó que de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la
Ley 1755 de 2015, se le había dado traslado de la comunicación al «Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a
la ANI y a la ANLA», entidades legalmente facultadas para conocer del tema
objeto de la petición y tomar las acciones a las que hubiere lugar, y así se les
brindara una adecuada respuesta.
Por consiguiente, por medio de los oficios con radicados OFI25-00116028/ GFPU
13150000, OFI25-00116029 / GFPU 13150000, OFI25-00116030 / GFPU
13150000 y OFI25-00116031 / GFPU 13150000 se hizo la referida remisión al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la ANLA, al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y a la ANI, respectivamente.
De manera que, para esta Sala de Decisión es claro que en este punto la
Presidencia de la República no transgredió el derecho fundamental de petición
de los tutelantes, puesto que mediante el OFI25- 00102954 / GFPU 13000000
de 29 de mayo del 2025 y el OFI25-00116012 / GFPU 13150000 de 18 de junio
de 2025, se les informó que, por cuestiones de la agenda del primer
mandatario, no le sería posible comparecer ante la invitación extendida, e
igualmente por medio de las demás comunicaciones mencionadas y
relacionadas en el apartado (IV.II.) de la contestación, se demostró cómo y
cuándo se dio traslado a las entidades competentes, y también allegó la
trazabilidad de cada uno de los oficios remitidos, la cual se puede evidenciar en
el documento 043 del expediente digital que reposa en Samai - paginas 10, 11,
12 y 13.
19 Los tutelantes en su escrito manifestaron que el 30 de mayo de 2025, recibieron la notificación
de esta remisión.
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Demandados: Presidencia de la República y otros
En ese orden de ideas, se confirmará la negativa frente a la Presidencia de la
República con respecto al derecho fundamental de petición y lo relacionado con su
respuesta y remisión del documento de 27 de mayo de 2025 al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, a la ANLA, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Ministerio de Agricultura y a la ANI.
2.7.1.2. ANLA
En su intervención manifestó que la petición fue radicada en la entidad bajo el
número ANLA 20256200609112 de 27 de mayo de 2025 y posteriormente
mediante radicado ANLA 20256200713122 de 19 de junio de 2025 la Presidencia
de la República le trasladó una petición del Comité Defensa de la Cuenca del
Canal del Dique de igual contenido.
Para probar lo dicho adjuntó el siguiente cuadro:
Seguidamente manifestó que a través del oficio de 18 de junio de 2025
identificado con el número 20252300437441, se les respondió a los peticionarios
al correo electrónico urielavila94@hotmail.com, tal y como se puede evidenciar a
continuación:
Por su parte, dijo que el traslado realizado por la Presidencia de la República fue
contestado mediante oficio 20252300509411 de 14 de julio de 2025, como se
observa a continuación:
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Aseguró que la respuesta fue notificada al correo electrónico de los accionantes:
urielavila94@hotmail.com, con copia a la Presidencia de la República:
contacto@presidencia.gov.co para su conocimiento y fines pertinentes.
Además afirmó que una vez hizo la consulta con el Grupo de Participación
Ambiental de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana
Ambiental, se evidenció que el profesional Ángel Mauricio Rodríguez Anzola, en
calidad de líder territorial adscrito a la ANLA, acudió al cabildo abierto de 7 de
junio de 2025, de acuerdo con lo solicitado por el comité de defensa, de manera
que, allegó a este proceso el registro fotográfico y el listado de asistencia del
Comité de Defensa de la Cuenca de asistencia.
En ese orden de ideas, respecto de la comunicación que la parte actora radicó el
27 de mayo de 2025 ante la ANLA y se identificó con el radicado número ANLA
20256200609112, se confirma la negativa, sin embargo, frente a la remisión que le
hizo la Presidencia de la República con radicado número ANLA 20256200713122
de 19 de junio de 2025, se declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado, dado que, la respuesta se le notificó a los actores el 14 de julio de 2025,
días después de que se hubiere radicado la presente acción de tutela.
2.7.1.3. Consorcio SASYR
Se confirmará la negativa respecto de este accionado, dado que, en su
intervención indicó que después de revisar la base de datos de gestión
documental no encontró registro alguno a nombre de los tutelantes.
2.7.1.4. Ministerio de Transporte
En su intervención dijo que después de revisar el sistema ORFEO se corroboró
que existían dos invitaciones idénticas al mismo evento, y las relacionó así:
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De allí entonces, indicó que, frente a la invitación, la misma fue contestada y
debidamente notificada dicha respuesta al correo
cuencadelcanaldeldique@gmail.com.
Como prueba de lo dicho, allegó la siguiente información: (i) prueba de respuesta
de 6 de junio de 2025, y (ii) prueba de respuesta de 28 de julio de 2025.
(i) Respuesta 6 de junio de 2025:
(ii) Respuesta de 28 de julio de 2025:
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Por consiguiente, se confirmará la negativa frente a la respuesta de 6 de junio de
2025, pero se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de la contestación de 28 de julio de 2025, puesto que la misma se hizo después
de que se radicara la presente acción constitucional.
2.7.1.5. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Se confirmará la carencia actual de objeto por hecho superado frente a esta
autoridad, dado que, mediante radicado número 31102025E2026370 de 29 de
julio de 2025, le informó a los señores Uriel Ávila Barrios, Margarita Vargas de la
Rosa y Félix Peluffo Escobar, que por cuestiones de agenda, la ministra y su
equipo en la fecha del cabildo abierto, debían atender reuniones agendadas con
anterioridad, por lo que les fue imposible asistir, sin embargo, aseguró que se
encuentra a disposición para llevar a cabo una reunión con el Comité de Defensa
de la Cuenca del Canal del Dique de manera virtual o presencial en la fecha que
se acuerde.
En la siguiente imagen se prueba el envío de esa respuesta a los actores:
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2.7.1.6. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Si bien, en su intervención adujo que no tenía conocimiento de la petición de 27 de
mayo de 2025, lo cierto es que como se ha podido evidenciar en esta sentencia, la
Presidencia de la República allegó pruebas en las que se demostró que a través
del oficio OFI25-00116030 / GFPU 13150000 le fue remitida la invitación al cabildo
abierto, y ese fue el fundamento para que la Sección Primera en el fallo de 21 de
agosto de 2025 le ordenara a esa Cartera Ministerial que le respondiera y
notificara una respuesta a los actores.
Por consiguiente, como se puede advertir en el numeral 1.8.2. de esta providencia,
en cumplimiento de lo dispuesto en el fallo de 21 de agosto de 2025, se dio
respuesta a los accionantes mediante el Oficio con radicado 2025-500-018239-1
de 1. ° de septiembre de 2025.
Arguyó, que el referido oficio le fue enviado al señor Uriel Ávila Barrios al correo
cuencadelcanaldeldique@gmail.com, mismo que este dispuso para su notificación
tanto en la petición como en el proceso de tutela.
Para corroborar lo expuesto, allegó los siguientes medios de convicción:
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Así las cosas, para esta Sección es claro que el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural cumplió con la orden del a quo constitucional.
En este punto se debe poner de presente que si bien el anterior actuar podría
llevar a concluir que se configura la carencia actual de objeto por hecho superado
porque dentro del trámite de la segunda instancia se brindó una respuesta, lo
cierto es que, en este caso se mantendrá el amparo en atención a que, en su
momento, la postura mayoritaria de la Sección Quinta consideró que no es
procedente revocar para, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado, cuando la cesación de la vulneración ocurre en segunda
instancia pero como consecuencia de las órdenes dictadas por el a quo
constitucional, tal como sucedió en el presente caso, dado que la autoridad
resolvió la petición de los accionantes en cumplimiento de las directrices dadas en
la providencia de primer grado.
2.7.1.7. ANI
Manifestó que, en cumplimiento de la sentencia de 21 de agosto de 2025, a través
de documento con radicado número 20256030314451 de 29 de agosto de 2025, le
dio respuesta a los actores frente a la petición de 27 de mayo de 2025 relacionada
con la solicitud trasladada por la Presidencia de la República, mediante oficio con
radicado número EXT25- 00077038 de 18 de junio de 2025, tal y como se
evidencia a continuación:
Asimismo, de los anexos que reposan en el aplicativo Samai, se evidenció que la
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ANI le remitió la respuesta a los accionantes, al correo electrónico
cuencadelcanaldeldique@gmail.com, tal y como se evidencia en la siguiente
imagen:
2.7.2. De los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad y a la seguridad
personal
En la impugnación, los accionantes expusieron que, en la sentencia de 21 de
agosto de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado desconoció la
protección de los demás derechos fundamentales, tales como a la vida, a la
igualdad y a la seguridad personal.
Lo dicho, con base en que el juez constitucional de primera instancia no tuvo en
cuenta que las últimas inundaciones han causado estragos en el bienestar de las
personas que habitan la región, ello, como consecuencia de la ruptura del Canal
del Dique.
Adujo que se deben tener en cuenta los pronósticos que ha emitido el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, puesto que, se debe
proteger la vida e integridad de más de «1.500.000 de habitantes de la cuenca del
Canal del Dique», quienes en reiteradas ocasiones han expresado que se deben
ejecutar las obras de prevención y mitigación de riesgos.
Frente al punto, esta Sala de Decisión coincide con lo expuesto por la Sección
Primera de esta Corporación, en el sentido que se debe confirmar la
improcedencia respecto de dichas garantías fundamentales, puesto que el
mecanismo idóneo para proteger colectivamente los derechos de la comunidad es
por conducto del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos (acción popular).
Ello, con base en que es el instrumento adecuado para «evitar el daño
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los
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derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando
fuere posible»20.
Adicionalmente, en el marco de la acción popular, «el juez popular cuenta con
suficientes posibilidades de actuación para (i) proteger los derechos reclamados,
(ii) promover, en un escenario de amplia deliberación, la realización de acuerdos
para enfrentar las causas de la violación de los derechos (pacto de cumplimiento)
y (iii) adelantar actividades probatorias de alta complejidad, en caso de ser
necesario […]»21, y «[…] está investido de amplias facultades, derivadas de la
autonomía procesal que ostenta la acción popular y de la finalidad que ésta busca,
que no es otra que la protección de los derechos de la comunidad […]»22.
(Subrayado fuera del texto original)
De la misma manera, el Juez de la acción popular, podrá decretar medidas
cautelares de diferente naturaleza, no solo con fundamento en el artículo 25 de la
Ley 472 de 1998, sino también en razón a los artículos 229 a 241 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA- para
así evitar, de ser alegado, la consumación o agravación de un perjuicio
irremediable por la parte demandante.
En ese orden de ideas, esta Sección considera que respecto de los derechos de
los más de «1.500.000 de habitantes de la cuenca del Canal del Dique», la
solicitud de amparo es improcedente al contar la parte actora con un mecanismo
de defensa judicial idóneo, que tiene como objetivo salvaguardar a la acción de
tutela del uso inadecuado, irracional y desmesurado, que podría desnaturalizar su
valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y, de contera,
atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.
2.8. Conclusión
Así las cosas, en el presente asunto esta Sala de Decisión:
CONFIRMARÁ la sentencia de 21 de agosto de 2025, por medio de la cual, la
Sección Primera del Consejo de Estado:
(i) NEGÓ el amparo frente a la Presidencia de la República, dado que remitió y
notificó la petición de 27 de mayo de 2025 al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, a la ANLA, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio
de Agricultura y a la ANI, asimismo, respondió y notificó a los actores la
contestación a la solicitud de la reunión del cabildo abierto.
(ii) NEGÓ el amparo frente a la ANLA, pero en relación con la petición que los
actores radicaron el 27 de mayo de 2025 y que se identificó con el radicado
número ANLA 20256200609112.
(iii) NEGÓ el amparo respecto del consorcio SASYR, dado que no le fue remitida
la petición de 27 de mayo de 2025, ni por parte de los actores, ni por parte de la
Presidencia de la República.
20 Artículo 2 de la Ley 472 de 1998.
21 Sentencia T-596 de 2017; fecha: 25 de septiembre de 2017; M.P. Alejandro Linares Cantillo.
22 Ibídem.
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Demandantes: Uriel Ávila Barrios y otros
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(iv) NEGÓ el amparo en relación con el Ministerio de Transporte y la respuesta de
6 de junio de 2025.
(v) AMPARÓ respecto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
(vi) AMPARÓ frente a la ANI.
(vii) DECLARÓ la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
(viii) DECLARÓ la improcedencia respecto de los derechos fundamentales a la
vida, a la igualdad y a la seguridad personal.
Asimismo, esta Sección ADICIONARÁ lo siguiente:
(i) DECLARARÁ la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con
el Ministerio de Transporte y la respuesta de 28 de julio de 2025.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR sentencia de 21 de agosto de 2025, por medio de la
cual, la Sección Primera del Consejo de Estado:
(i) NEGÓ el amparo frente a la Presidencia de la República, dado que remitió y
notificó la petición de 27 de mayo de 2025 al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, a la ANLA, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio
de Agricultura y a la ANI, asimismo, respondió y notificó a los actores la
contestación a la solicitud de la reunión del cabildo abierto.
(ii) NEGÓ el amparo frente a la ANLA, pero en relación con la petición que los
actores radicaron el 27 de mayo de 2025 y que se identificó con el radicado
número ANLA 20256200609112.
(iii) NEGÓ el amparo respecto del consorcio SASYR, dado que no le fue remitida
la petición de 27 de mayo de 2025, ni por parte de los actores, ni por parte de la
Presidencia de la República.
(iv) NEGÓ el amparo en relación con el Ministerio de Transporte y la respuesta de
6 de junio de 2025.
(v) AMPARÓ respecto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
(vi) AMPARÓ frente a la ANI.
(vii) DECLARÓ la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Demandantes: Uriel Ávila Barrios y otros
Demandados: Presidencia de la República y otros
(viii) DECLARÓ la improcedencia respecto de los derechos fundamentales a la
vida, a la igualdad y a la seguridad personal.
SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia de 21 de agosto de 2025 de la Sección
Primera del Consejo de Estado, en el sentido de DECLARAR la carencia actual de
objeto por hecho superado en relación con el Ministerio de Transporte y la
respuesta de 28 de julio de 2025.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Aclara voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclara voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Aclara voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el
número de radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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