Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04272-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04272-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04272-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
31 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04272-00
Accionante: Paula Andrea Ospina Morales
Accionados: Superintendencia de Notariado y Registro y otro.
Temas: Derecho debido proceso. Protección especial a madre cabeza de familia
en cargo de provisionalidad. AMPARA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Paula Andrea Ospina
Morales, en nombre propio, en contra de la Superintendencia de Notariado y
Registro.
ANTECEDENTES
La accionante solicita que se ampare su derecho fundamental al debido proceso, el
cual considera vulnerado por la entidad accionada.
HECHOS
Se resumen de la siguiente manera para un mejor entendimiento
Se narra que la Comisión Nacional del Servicio Civil autorizó a la Superintendencia
de Notariado y Registro realizar concurso de méritos para suplir 1.540 vacantes que
se encuentran en provisionalidad.
Que desde el 19 de junio de 2015 trabaja como calificadora en la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Dosquebradas, Risaralda, en el cargo de profesional
universitaria grado 10 y que fue reconocida por la Superintendencia de Notariado y
Registro como madre cabeza de hogar, ya que tiene una hija menor de edad, vive
con su madre y responde por los deberes del hogar.
Que se inscribió para la OPEC 207317, profesional universitario, grado 10, código
2044 y quedó en la lista de elegibles en el puesto 65, según Resolución núm. 5598
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del 28 de mayo de 2025. Para la fecha «van en la resolución de los desempates y
en resolver el puesto 37 que fue solicitado ser excluido».
Que la Superintendencia de Notariado y Registro a través de la Resolución núm.
10853 del 4 de julio de 2025 nombró en periodo de prueba a la señora Leidy Diana
Zapata Zapata, quien concursó para la OPEC 207305 «que tenia (sic) 39 vacantes
profesionales grado 10 perteneciente al sistema de carrera administrativa y las
condiciones de este profesional grado diez eran netamente administrativas», y
declaró insubsistente a la accionante.
Considera que la declaratoria de insubsistencia le transgrede su derecho de
participación en el concurso de méritos, dado que se inscribió a una OPEC, cumplió
con los requisitos de ley y ahora es «sacada de mi cargo por una persona que tiene
un requerimientos (sic) totalmente diferentes a los mios (sic), pues ese cargo en la
oficina de Dosquebradas Risaralda es ocupado por otro funcionario quien concurso
(sic) para es OPEC y ocupo (sic) la posición 141 según resolución 4648 de 23 de
abril 2025 y en la cual podrán verificar la posición de la persona nombrada en puesto
16».
Sostiene que conoce de la renuncia del doctor William Josué Henao, al «cargo de
profesional grado 10, requisito abogado», en la oficina de instrumentos públicos de
Dosquebradas, quien lo ocupaba en provisionalidad.
PRETENSIONES
Solicita que se ampare el derecho invocado y, en consecuencia, se ordene a la
Superintendencia de Notariado y Registro: 1) rectificar la Resolución núm. 10853
del 4 de julio de 2025 y 2) que se le permita continuar con el proceso para la OPEC
207317 en el cargo que poseía el señor William Josué Henao, profesional grado 10,
requisito abogado, en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Dosquebradas, dada su condición de madre cabeza de hogar y que está dentro de
la lista de elegibles.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 14 de julio de 2025 se dispuso su admisión, se vinculó como accionado a
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Dosquebradas, Risaralda y se
ordenó la notificación de las partes.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El registrador Seccional de Instrumentos Públicos de Dosquebradas Risaralda
señaló que no posee ninguna facultad ni competencia frente a las situaciones
administrativas de los servidores públicos de la entidad, ya que esta función radica
de manera exclusiva en la Superintendencia de Notariado y Registro.
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Aclaró que según los estatutos de la entidad la planta de cargos de la
Superintendencia de Notariado y Registro es global, es decir que, «cualquier
funcionario puede ser enviado a cualquier dependencia o cargo con igual código y
grado dentro de la entidad».
Pidió negar el amparo invocado en su contra, dado que «como queda claro nuestra
actividad frente al concurso de méritos o a la vinculación o desvinculación de la
accionante ha sido totalmente negativa, por no asistirme ninguna competencia
dentro de dichos procesos».
La Superintendencia de Notariado y Registro fue debidamente notificada de la
acción de tutela, acusó recibido, pero no se pronunció sobre la presunta violación
que alega la accionante.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Cuestión Previa – Impedimento
El señor doctor, Juan Camilo Morales Trujillo, magistrado integrante de la Sala
manifestó impedimento para conocer de la presente acción con fundamento en la
causal 4ª del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, debido a que es parte
la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad de la que dice haber sido
apoderado en diferentes procesos ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en los periodos comprendidos entre 2018 a 2021 y 2023 a 2024.
El artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 en relación con las causales de
impedimento para el conocimiento de las acciones de tutela señala que son las
contempladas en el artículo 56 de la Ley 906 de 2004, el cual establece:
«ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
(…)
4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las
partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o
manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso»
Según lo manifestado por el señor magistrado en el sentido de que fue apoderado
de la entidad hasta el año 2024, observa la Sala dual que la situación encaja en la
causal 4ª invocada, por lo que se declarará fundado el impedimento y se le separará
del conocimiento del asunto, en aras de salvaguardar los principios de imparcialidad
y transparencia.
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración del derecho
fundamental de la accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
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generalidades de la acción de tutela; II) protección constitucional de la mujer cabeza
de familia; III) estabilidad laboral relativa de los servidores nombrados en
provisionalidad que desempeñen cargos de carrera administrativa y IV) análisis del
caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Protección constitucional de la mujer cabeza de familia
La Corte Constitucional en sentencia T 246 de 2022 señaló que la protección
especial a favor de las mujeres cabeza de familia se deriva tanto del artículo 13 de
la Constitución, que dispone el deber de velar por la igualdad real y efectiva de los
grupos tradicionalmente discriminados y proteger a las personas en circunstancias
de debilidad manifiesta, como de su artículo 43, que prevé el deber especial de
apoyar a estas personas y a su grupo familiar, «en consideración a la difícil
situación a la que deben enfrentarse al asumir de forma solitaria las tareas de
crianza y de sostenimiento […], permitiéndoles oportunidades en todas las esferas
de su vida y garantizándoles acceso a ciertos recursos escasos»1.
La Corte estima que la categoría de «cabeza de familia» no sólo comprende a la
madre que asume el cuidado de sus hijos menores o en situación de
discapacidad2, sino que se extiende a aquella mujer de quien dependen otras
personas que, por causa debidamente comprobada, se encuentran incapacitadas
para trabajar3; entre estas, incluso, el cónyuge o compañero permanente4..
Quien aduce ser beneficiaria de esta forma de estabilidad laboral reforzada debe
acreditar las siguientes exigencias:
1) Tener a cargo la responsabilidad de hijos menores o de personas
incapacitadas para trabajar5.
2) Que la responsabilidad sea exclusiva, por cuanto no recibe ayuda alguna
por parte de los demás miembros de la familia o, en caso de recibirla, exista una
1 Corte Constitucional, Sentencia T-724 de 2009.
2 Este criterio ha sido compartido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias CSJ
SL1496- 2014, rad. 43118, CSJ SL696-2021, rad. 75680 y CSJ SL-1973-2021, rad. 82370.
3 Corte Constitucional, Sentencia T 016 de 2008
4 Corte Constitucional, Sentencia T 326 de 2014
5 Corte Constitucional, sentencias T-283 de 2006, T-835 de 2012 y T-420 de 2017.
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deficiencia sustancial entre lo requerido para satisfacer el mínimo vital de los
sujetos a su cargo y lo recibido, siendo, en la práctica, el sustento del hogar una
responsabilidad exclusiva y solitaria de la madre6.
3) Que la responsabilidad sea de carácter permanente, derivada, «(i) no solo
de la ausencia o abandono del hogar por parte de la pareja, sino por constatarse
que aquella se sustrae del cumplimiento de las obligaciones que tal condición
exige, o (ii) porque la pareja no asume la responsabilidad que le corresponde por
algún motivo relacionado con una incapacidad física, sensorial, síquica o mental,
“ó, como es obvio, por la muerte»7.
Estabilidad laboral relativa de los servidores nombrados en provisionalidad
que desempeñen cargos de carrera administrativa
La Corte Constitucional ha reconocido un trato preferencial para sujetos de especial
protección constitucional que ocupan un cargo en provisionalidad, como las madres
y padres cabeza de familia, las personas próximas a pensionarse, o quienes estén
en una situación de discapacidad o debilidad manifiesta por causa de una
enfermedad8, situación en las cuales surge una obligación jurídico constitucional de
propiciar un trato preferencial como medida de acción afirmativa9, que consisten en
garantizar «(a) que sean los últimos en ser removidos de sus cargos; y (b) que, en
lo posible, sean vinculados de manera provisional en cargos vacantes de la misma
jerarquía o equivalencia a los que venían ocupando», siempre y cuando demuestren
una de esas condiciones especiales al momento de su desvinculación y al momento
del posible nombramiento.
Análisis del caso concreto
En síntesis, alega la señora Paula Andrea Ospina Morales que la Superintendencia
de Notariado y Registro le transgrede su derecho fundamental al debido proceso,
por declararla insubsistente del cargo de profesional universitario, grado 10 en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Dosquebradas Risaralda,
desconociendo su condición de madre cabeza de familia y que se encuentra en la
lista de elegibles, conforme a la Resolución núm. 5598 del 28 de mayo de 2025 de
la OPEC 207317.
De los anexos de la demanda, la Sala observa lo siguiente:
• El 4 de abril de 2025, el Equipo de Trabajo Multidisciplinario de la Superintendencia
de Notariado y Registro, conformado en Resolución 12501 del 13 de noviembre de
6 Corte Constitucional, sentencias T-846 de 2005, SU-388 de 2005, T-316 de 2013.
7 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2005.
8 Corte Constitucional, Sentencias T-063 de 2022. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-342 de 2021. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger; T-464 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-373 de 2017. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger; C-640 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa; y SU-917 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-373 de 2017. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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202410, certificó que la señora Paula Andrea Ospina Morales tiene la condición de
madre cabeza de familia.
• La Comisión Nacional del Servicio Civil a través de la Resolución núm. 5598 del
28 de mayo de 202511 conformó y adoptó la lista de elegibles para proveer 69
vacantes definitivas del empleo denominado profesional universitario, código 2044,
grado 10, perteneciente al sistema específico de carrera administrativa de la
Superintendencia de Notariado y Registro en el Proceso de Selección núm. 2502 de
2023, donde la accionante quedó en el puesto 65.
• El superintendente de Notariado y Registro mediante la Resolución del 4 de julio
de 2025 nombró en periodo de prueba a la señora Leidy Diana Zapata Zapata, en
el cargo profesional universitario, Código 2044, Grado 10, de carrera administrativa
de la planta global de personal de la entidad y declaró insubsistente el
nombramiento en provisionalidad de la accionante.
Encuentra la Sala que la desvinculación de la señora Paula Andrea Ospina Morales
como profesional universitario, grado 10 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Dosquebradas Risaralda, obedeció a la existencia de una causal
objetiva, esto es, la realización de un concurso de méritos para proveer los cargos
en provisionalidad; de ahí que, el empleo fue provisto en carrera administrativa, con
quien ocupó el puesto 16 en la lista de elegibles conformada para el efecto12; por lo
que la declaratoria de insubsistencia se ajusta a derecho y es el resultado de una
decisión válida, objetiva y legítima.
Sin embargo, no puede pasar por alto la Sala la salvaguarda especial que le asiste
a la accionante por su condición de madre cabeza de familia, situación que fue
reconocida por la Superintendencia de Notariado y Registro, lo cual no implica
desconocer los derechos de carrera que le asisten a la persona que superó
satisfactoriamente el proceso de selección.
Ahora, pese a lo anterior en este caso no hay pruebas de que la entidad haya
tomado las medidas afirmativas pertinentes, necesarias y suficientes, tales como,
en caso de existir vacantes y tener margen de maniobra, reubicar a la empleada
que goza de dicha estabilidad laboral, por cuanto el nominador no contestó la acción
de tutela ni aportó elementos que permitieran considerar que sí adoptó dichas
medidas para conjurar la amenaza sobre la actora ante el inminente nombramiento
10 Por la cual se conformó el Equipo de Trabajo Multidisciplinario encargado de la verificación de las condiciones
especiales de los funcionarios nombrados en provisionalidad.
11 «Por la cual se conforma y adopta la Lista de Elegibles para proveer sesenta y nueve (69) vacante(s)
definitiva(s) del empleo denominado PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código 2044, Grado 10, identificado
con el No. OPEC 207317, perteneciente al Sistema Específico de Carrera Administrativa de la
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - ABIERTO, en el marco del Proceso de Selección No.
2502 de 2023».
12 Resolución núm. 4648 del 23 de abril de 2025 «Por la cual se conforma y adopta la Lista de Elegibles para
proveer treinta y nueve (39) vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado PROFESIONAL
UNIVERSITARIO, Código 2044, Grado 10, identificado con el No. OPEC 207305, perteneciente al Sistema
Específico de Carrera Administrativa de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - ABIERTO,
en el marco del Proceso de Selección No. 2502 de 2023»
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de la empleada que superó el concurso de méritos y se encuentra en el registro de
elegibles.
Así las cosas, la Sala amparará el derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada de la accionante, con la aclaración de que esta únicamente tendrá lugar
en el evento de que existan o se presenten vacantes al momento de la notificación
de esta providencia o que, en caso de que existan vacantes futuras en
provisionalidad, se nombre a la señora Paula Andrea Ospina Morales en un cargo
igual o equivalente al que ocupaba, siempre y cuando persistan las condiciones
especiales de madre cabeza de familia y que no haya ningún otro empleado con
mejor derecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el doctor Juan
Camilo Morales Trujillo y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del asunto.
Segundo: AMPARAR el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de
la señora Paula Andrea Ospina Morales, conforme a las consideraciones plasmadas
en esta providencia.
Tercero: ORDENAR a la Superintendencia de Notariado y Registro que, en el
evento de existir o presentarse vacantes disponibles al momento de la notificación
de esta providencia, o en caso de que existan vacantes futuras en provisionalidad,
nombre a la señora Paula Andrea Ospina Morales en un cargo igual o equivalente
al de profesional universitario, grado 10 que ocupaba en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Dosquebradas, para lo cual, previo al nombramiento, la
accionante deberá acreditar que persiste su condición de madre cabeza de familia
y con la advertencia de que el nombramiento procederá únicamente en caso de que
existan vacantes disponibles para tal cargo en esa entidad, esto es, que no se
encuentren ocupadas por servidores de carrera o con mejor derecho.
Cuarto: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
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Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
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