Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04273-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04273-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04273-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
14 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04273-00
Demandante: Carlos Arturo Suárez Traslaviña
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja
Temas: Tutela contra acción u omisión de autoridad pública.
Nombramiento en provisionalidad de juez por vacancia temporal
del titular. Elección de funcionario de menor jerarquía por sobre
empleado del despacho respecto del que se presentó la vacante.
Decisión: Niega amparo
La Sala decide la acción de tutela formulada por Carlos Arturo Suárez Traslaviña
contra el Tribunal Superior de Tunja.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 10 de julio de 2025, Carlos Arturo Suárez Traslaviña presentó acción de
tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, mérito, acceso a cargos públicos y derechos de carrera. En
consecuencia, solicitó que se ordenara a la Sala Plena del Tribunal Superior de
Tunja suspender los efectos o revocar la Resolución No. 49 del 9 de julio de 2025,
mediante el cual se nombró como juez a una persona que no pertenece al Juzgado
Civil del Circuito de Garagoa y, en su lugar, designarlo para reemplazar al titular de
dicho despacho judicial.
2. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante
afirmó que es abogado desde el 2012 y se desempeña actualmente como secretario
en propiedad del Juzgado Civil del Circuito Judicial de Garagoa, con una trayectoria
de 34 años al servicio de la Rama Judicial.
3. Indicó que el titular del despacho judicial precitado, Gonzalo Fonseca
Avendaño, se encuentra con incapacidad médica por el término de 30 días.
4. Señaló que la Sala Plena del Tribunal Superior de Tunja, por medio de la
Resolución No. 49 del 9 de julio de 2025, designó a Ana Lorena Cubides Morales,
quien se desempeña como juez 1 promiscuó municipal de Garagoa, como juez Civil
del Circuito Judicial de Garagoa, sin priorizar al personal de carrera de ese
despacho, bajo el argumento de que no existía personal que cumpliera los requisitos
para proveer esa vacante.
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Accionante: Carlos Arturo Suárez Traslaviña
5. Resaltó que, en el mes de octubre de 2024, la corporación judicial precitada
lo designó para reemplazar al titular de su despacho judicial, por lo que, una vez
tuvo conocimiento de la nueva incapacidad médica del juez, postuló su nombre para
suplir esa vacante temporal aclarando que había diligenciado el aplicativo ADRINA,
diseñado por ese cuerpo colegiado para esas eventualidades.
6. Como fundamentos de derecho, el accionante manifestó que el Tribunal
Superior de Tunja no priorizó el nombramiento del personal de carrera que se
encuentra vinculado al Juzgado Civil del Circuito Judicial de Garagoa, a pesar de
que el artículo 68 de la Ley 2430 de 2024, que modificó el numeral 2 del artículo
132 de la Ley 270 de 1996, estableció la obligación de preferir el nombramiento
del personal de carrera y del registro de elegibles cuando se presenten vacantes
en los cargos de carrera.
7. Adicionalmente, expuso que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-134
de 2023, puntualizó que las normas incluidas en la reforma a la Ley 270 de 1996
debían entenderse en el sentido señalado en la sentencia C-288 de 2014 (párr.
1717 y 1718) y que, en todo caso, el proceso para la elección de personal,
cuando no existiera una lista de elegibles, debía respetar los principios
generales de la función pública, «en especial las de igualdad en el acceso,
imparcialidad en la evaluación, publicidad en las etapas, moralidad en todas las
actuaciones y celeridad en su resolución».
8. En ese sentido, consideró que se produjo un trato diferente para designar
el reemplazo del titular del Juzgado Civil del Circuito Judicial de Garagoa, puesto
que no se examinó si los empleados de ese despacho cumplían los requisitos,
mientras que en el Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Garagoa realizaron el
nombramiento, luego de verificar que ninguno de los empleados cumpliera con
dichos requisitos.
9. De otra parte, manifestó que si bien el ordenamiento jurídico prevé el medio
de control de nulidad electoral este no es idóneo ni eficaz, pues la competencia que
despliega el juez ordinario es limitada. Señaló que la acción de tutela es procedente
cuando se trata de la imposibilidad de acceder a un cargo de manera oportuna.
Además, indicó que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-452 de 2024,
sostuvo que puede acudirse al mecanismo de amparo cuando se pretende dejar sin
efectos actos administrativos que presuntamente lesionan derechos de carrera.
10. Finalmente, adujo que la solicitud de amparo es procedente ante la
inminencia de que se consolide un perjuicio irremediable como lo es la pérdida de
oportunidad de ser nombrado en el cargo que se cuestiona, pues se trata de un
nombramiento temporal que podría extinguirse antes de que el juez natural de
la acción asuma su conocimiento y decrete una eventual medida cautelar, de
ahí que se hace necesario el amparo transitorio de sus derechos
fundamentales.
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Intervenciones1
11. El Tribunal Superior de Tunja indicó que para la provisión de la vacante
temporal, se analizaron todas las postulaciones, incluida la del accionante, y se
eligió mayoritariamente a un funcionario de otro despacho diferente, quien en otra
ocasión había ocupado ese cargo. Explicó que la designación temporal se basó en
el mérito y promoción de los jueces del mismo circuito judicial y que si bien, el actor
había desempeñado previamente dicho cargo durante un período mayor, su
rendimiento no fue el mismo que el de la funcionaria seleccionada.
12. Además, puntualizó que la decisión no obedeció a un capricho, sino a una
interpretación plausible de la norma, orientada a garantizar intereses superiores de
la comunidad, sin desconocer expectativas del accionante ni de otros empleados
judiciales, ya sea en el juzgado donde laboran o en otro en el que exista vacante
para el cargo de juez. Aunado a ello, adujo que optó por la promoción de
funcionarios y empleados, sin discriminar en momento alguno el rendimiento del
accionante como el de la funcionaria seleccionada.
13. Señaló que si bien la Corte Constitucional sostuvo que en casos de
vacantes temporales, «la persona que ocupará el cargo tendrá una de 2
condiciones: (i) ser un empleado del despacho que haga parte de la carrera; o (ii)
ser parte de la lista de elegibles provista para esa vacante», también lo es que
existen situaciones, como por ejemplo: cuando no hay lista de elegibles ni empleado
del despacho que reúna los requisitos, o cuando un empleado que cumple con ellos
no desea ocupar el cargo, o cuando la designación de un empleado puede ser
cuestionada. Además, resaltó que la ley estatutaria usó el término optar por un
funcionario o empleado de carrera del despacho respectivo.
14. Finalmente, manifestó que no vulneró ningún derecho fundamental del
accionante, ni se desconocieron sus aspiraciones, pues sus méritos lo han llevado
al cargo que actualmente ocupa, sin que se le afecten sus derechos laborales, de
carrera o de acceso a cargos públicos. Agregó que la hoja de vida del actor, al igual
que la de otros empleados, está registrada en la base de datos de esa corporación
y, en el momento oportuno, podrá ser seleccionado para un cargo de juez, ya sea
en su despacho o en otro. En esos términos, solicitó desestimar las pretensiones
formuladas por el actor.
15. El accionante, mediante memorial, se opuso al informe rendido por el
Tribunal Superior de Tunja. Explicó que el rendimiento mostrado por la persona
designada para su despacho se debe a que en esa dependencia no hay oficial
mayor o sustanciador, de manera que todo el trabajo debía hacerlo él. En su turno,
al no existir la persona que sustanciara y proyectara, hizo toda esa labor el mismo,
por cuanto la persona que ascendió al cargo de secretario se concentró en el manejo
de acciones constitucionales.
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El 10 de julio de 2025, se admitió la acción de tutela en contra del Juzgado 12 Administrativo de Tunja y el Tribunal
Administrativo de Boyacá y se vinculó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP), como tercero con interés en el resultado del proceso.
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Accionante: Carlos Arturo Suárez Traslaviña
16. Expuso que si bien el Tribunal señaló que la elección no fue caprichosa,
esto riñe con el verdadero espíritu de la norma, toda vez que la Corte Constitucional,
en la Sentencia C-134 del 3 de mayo de 2023, precisó que debía privilegiarse a los
empleados del mismo despacho donde se genera la vacancia. Además, resaltó que
la autoridad accionada afirmó que en el Juzgado Civil del Circuito de Garagoa no
existía persona que cumpliera con los requisitos para el cargo de juez, lo cual
demuestra la vulneración de sus derechos fundamentales.
17. De otra parte, manifestó que al nombrarse un juez municipal en el cargo
inmediatamente superior, se afecta la administración de justicia por cuanto los
procesos que ingresan en sede de apelación u otros, no pueden ser conocidos por
el servidor judicial encargado, apareciendo los llamados impedimentos, como
sucedió en los procesos con radicados No. 2025-00027-01 y 2025-00054-00.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
18. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
19. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, si el Tribunal Superior de Tunja vulneró los
derechos fundamentales del accionante, al nombrar temporalmente en el cargo de
juez del Juzgado Civil del Circuito Judicial de Garagoa a una persona que no hace
parte de ese despacho judicial.
Procedibilidad de la acción de tutela
20. La presente acción de tutela resulta procedente porque (1) se orientó a
lograr el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mérito
y acceso a cargos públicos; (2) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como
pasiva, porque Carlos Arturo Suárez Traslaviña es el titular de las garantías
constitucionales que se invocan como violadas y el Tribunal Superior de Tunja es
fue autoridad que decidió sobre el nombramiento en provisionalidad del remplazo
del juez Civil del Circuito Judicial de Garagoa; y (3) hubo un plazo razonable en la
presentación de la acción de tutela, si se tiene en cuenta que dicha designación se
dio el 9 de julio de 2025 y la acción de tutela se presentó al día siguiente.
21. (4) En lo que respecta a la subsidiariedad, es preciso señalar que no existe
otro mecanismo judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus
derechos, comoquiera que dada la temporalidad de aquel nombramiento en
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provisionalidad, los mecanismos judiciales de que trata la Ley 1437 de 2011 –
CPACA previstos para reclamar el control de legalidad sobre dicha decisión
administrativa, resultan ineficaces, de cara al procedimiento judicial previsto para el
trámite de los mismos. En otras palabras, la solicitud de amparo satisface el
requisito en comento porque al tratarse de una designación temporal, esta podría
extinguirse antes de que el juez natural adoptara medidas de protección que estime
pertinentes.
Análisis de la vulneración alegada
22. La Sala negará la solicitud de amparo de la referencia, por las razones que
se exponen a continuación:
23. Carlos Arturo Suárez Traslaviña solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, mérito, acceso a cargos públicos y
derechos de carrera, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Superior de
Tunja, al expedir la Resolución No. 49 del 9 de julio de 2025, puesto que no priorizó
el nombramiento del personal de carrera que se encuentra vinculado al Juzgado
Civil del Circuito de Garagoa, a pesar de que el artículo 68 de la Ley 2430 de 2024,
que modificó el numeral 2 del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, estableció la
obligación de preferir el nombramiento del personal de carrera y del registro de
elegibles cuando se presenten vacantes en los cargos de carrera.
24. Sostuvo que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-134 de 2023, precisó
que el proceso para la elección de personal, cuando no existiera una lista de
elegibles, debe respetar los principios generales de la función pública, «en
especial las de igualdad en el acceso, imparcialidad en la evaluación, publicidad
en las etapas, moralidad en todas las actuaciones y celeridad en su resolución».
25. En el presente caso no se evidencia que la decisión administrativa en
cuestión haya vulnerado los derechos del hoy accionante, comoquiera la
designación que se hizo en el Juzgado Civil del Circuito de Garagoa igualmente tuvo
como fundamento el mérito y la promoción de los jueces del mismo circuito judicial,
pues concretamente se nombró a una funcionaria en carrera de un despacho judicial
de inferior jerarquía (juez municipal) para suplir la vacancia temporal del cargo. Por
lo anterior no existen razones para estimar que se desconoce la norma cuya
aplicación dice echar de menos el actor.
26. No puede perderse de vista que el accionante continúa vinculado a la Rama
Judicial en el cargo de secretario, lo cual le garantiza la continuidad en el servicio
público y que continue percibiendo una remuneración salarial; por tanto, no se
observa afectación alguna o amenaza real y concreta a sus derechos que requiera
la adopción de medidas urgentes.
27. La eventual imposibilidad de ser designado temporalmente en un cargo
específico no constituye por sí sola un perjuicio de tal magnitud que justifique la
intervención inmediata del juez constitucional, pues, en este caso, lo alegado por el
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Accionante: Carlos Arturo Suárez Traslaviña
accionante corresponde, más bien, a un interés subjetivo. En gracia de discusión,
si lo pretendido en últimas por el señor Suárez Traslaviña es reclamar una posible
indemnización por la presunta pérdida de la oportunidad en ocupar el cargo de juez
durante la vacancia temporal, cuenta con las respectivas acciones de
responsabilidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
28. En todo caso, se repara en que el nombramiento en reemplazo del titular
del Juzgado Civil del Circuito Judicial de Garagoa finalizó el 6 de agosto de 2025,
esto es, cuando se encontraba en trámite la acción de amparo, con lo cual, aún si
pudiera entenderse vulnerado algún derecho fundamental, carece de objeto
cualquier orden que pudiera impartirse al respecto en este trámite constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR la acción de tutela instaurada por Carlos Arturo Suárez
Traslaviña en contra del Tribunal Superior de Tunja, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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