Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04273-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04273-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04273-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
4 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04273-01
Accionante: Carlos Arturo Suárez Traslaviña
Accionados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia proferida,
el 14 de agosto de 2025, por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
que negó el amparo.
SÍNTESIS1
El accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales, por considerar que la
Resolución 49 del 9 de julio de 2025 expedida por la Sala Plena del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tunja, a través de la cual se nombró en encargo a la señora Ana Lorena
Cubides Morales como Juez Civil del Circuito de Garagoa, desconoció lo establecido en el
artículo 68 de la Ley 2430 de 20242. En su criterio dicha normativa prescribe que, en caso
de vacancia temporal, se debe preferir encargar un empleado del despacho. La Sala
declarará la carencia actual de objeto.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 10 de julio de 2025, el señor Carlos Arturo Suárez Traslaviña presentó una demanda
en ejercicio de acción de tutela, con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, de acceso a cargos públicos y al debido proceso3. A su juicio,
dichas garantías constitucionales fueron vulneradas por la Resolución 49 del 9 de julio de
2025, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, toda vez que en ella
se nombró como juez en encargo a la señora Ana Lorena Cubides Morales por la licencia
por enfermedad del titular del Juzgado Civil del Circuito de Garagoa, y no a alguno de los
servidores judiciales que trabajaban en el Despacho.
2. El accionante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):
1 Temas: Acción de Tutela contra providencia judicial
2 Por la cual se modifica la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras
disposiciones.
3 El accionante también consideró desconocidos los principios de mérito y los derechos de carrera.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04273-01
Accionante: Carlos Arturo Suárez Traslaviña
Acción de tutela
PRIMERO: Amparar de forma principal los derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso, mérito, acceso a cargos públicos y derechos de carrera.
SEGUNDO: Ordenar a la Sala Plena del Honorable Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Tunja, suspender los efectos o revocar la Resolución 049 del 9 de julio de 2025, mediante el
cual nombró a personal ajeno al Juzgado Civil del Circuito de Garagoa.
TERCERO: Para el reemplazo del titular del Juzgado Civil del Circuito de Garagoa, se
designe un empleado del Despacho que cumpla con los requisitos4.
B. Hechos
3. Al titular del Juzgado Civil del Circuito de Garagoa se le concedió licencia por enfermedad
del 10 de julio hasta el 6 de agosto de 2025.
3.1 Mediante Resolución 49 del 9 de julio de 2025, la Sala Plena del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tunja nombró en encargo a la señora Ana Lorena Cubides Morales como
Juez Civil del Circuito de Garagoa. De acuerdo con el escrito de tutela, el mencionado
cuerpo colegiado argumentó que “en dicho Despacho no existe personal que cumpla los
requisitos para proveer la vacante”; sin embargo, el accionante señaló que presentó su
nombre para realizar el reemplazo al contar con 34 años de experiencia en la Rama Judicial
y al haber sido nombrado en encargo en otra oportunidad, lo que le generó una expectativa
y la confianza de que en futuras ocasiones se le iba a designar nuevamente.
3.2 En virtud de lo anterior, consideró que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja
desconoció lo prescrito en el artículo 68 de la Ley 2430 de 2024, por no haber nombrado a
uno de los empleados de carrera del Juzgado.
C. Fundamentos de la vulneración
4. El accionante alegó que la Resolución enjuiciada vulneró el debido proceso, toda vez que
contradice lo prescrito en el artículo 68 de la Ley 2430 de 2024, que estableció que en los
eventos de vacancia temporal se debía preferir el nombramiento del personal en carrera del
despacho, lo que no sucedió.
4.1 Manifestó que, el Tribunal Superior de Tunja desconoció que él ya había sido nombrado
en encargo en una situación similar, lo que le había generado una expectativa legítima.
4.2 Adicionalmente, indicó que la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja no solo contraría normas nacionales sino también recomendaciones
internacionales, como las del 7° Congreso de la Organización de las Naciones Unidas
según las cuales en el que se dispone que “todo método utilizado para la selección de
personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos”; así
como, el Manual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -
OCDE que garantiza la transparencia en la elección de personal y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
4.3 Frente a los requisitos de procedibilidad, manifestó que, si bien contra el acto de
4 Índice 2 del aplicativo Samai.
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Acción de tutela
nombramiento se puede promover el medio de control de nulidad, este no resultaría idóneo,
razón por la que trajo a colación las sentencias T-302 de 2019 y la SU-452 de 2024 para
indicar que en este tipo de casos es posible acudir a la acción de tutela para evitar un
perjuicio irremediable.
D. Trámite procesal
5. Por auto del 14 de julio de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela y negó la medida provisional solicitada 5. La providencia
fue notificada a la autoridad judicial accionada (Tribunal Superior de Tunja) y a los terceros
con interés vinculados al proceso (Ana Lorena Cubides Morales y Ana Isabel Solís
Mancipe).
E. Oposiciones e intervenciones
6. El Tribunal Superior de Tunja 6 (accionado) advirtió que al accionante no se le ha
vulnerado derecho fundamental alguno, toda vez que el nombramiento en encargo de la
señora Ana Lorena Cubides Morales se dio al estar inscrita en el sistema informático
habilitado por dicha corporación para suplir a los funcionarios y empleados de todos los
despachos judiciales que conforman el distrito.
6.1 Adicionalmente, manifestó que, en virtud de la modificación creada por la Ley 2430 de
2024, la Corporación creó un sitio web en el cual los funcionarios y empleados pueden
aspirar a ocupar las vacantes que se presentan, lo que garantiza los principios de carrera
judicial, el mérito y la promoción de los servidores en carrera.
6.2 La señora Ana Lorena Cubides Morales7 (tercera con interés) consideró que la acción
de tutela debe ser negada, tras considerar que su designación como Juez Civil del Circuito
de Garagoa en encargo cumplió los requisitos establecidos en la normativa; además, dicha
actuación se ajustó al principio constitucional del mérito. En virtud de lo anterior, trajo a
colación todas sus credenciales que, de acuerdo con su escrito, demostraban que era la
persona idónea para ocupador el encargo.
6.3 La señora Ana Isabel Solís Mancipe8 (tercera con interés) manifestó que contaba con
todos los pergaminos para ser nombrada como Juez Primero Promiscuo Municipal de
Garagoa; adicionalmente, que en pretéritas oportunidades ya había sido nombrado en ese
mismo despacho judicial.
F. Fallo impugnado
7. Mediante sentencia del 14 de agosto de 20259, La Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó el amparo solicitado, por considerar que la designación en
encargo de la señora Ana Lorena Cubides Morales tuvo como sustento el mérito y la
5 Índice 4 del aplicativo Samai.
6 Índice 8 del aplicativo Samai.
7 Índice 10 del aplicativo Samai.
8 Índice 11 del aplicativo Samai.
9 Índice 18 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
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Accionante: Carlos Arturo Suárez Traslaviña
Acción de tutela
promoción de los jueces del mismo circuito; además, de que la decisión adoptada no
desconoce lo establecido en la Ley 2430 de 2024.
7.1 Agregó que el accionante sigue vinculado a la Rama Judicial en el cargo de secretario,
por lo que no se demostró una amenaza real que requiera la adopción de medidas de
urgencia y agregó que, si lo que se pretende es una indemnización al no haber sido
nombrado, “cuenta con las respectivas acciones de responsabilidad ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo”.
7.2. Finalmente, refirió que el nombramiento del reemplazo finalizó el 6 de agosto de 2025,
por lo que carecería de objeto cualquier orden que se pudiera emitir en estos momentos.
G. Impugnación
8. El accionante impugnó la anterior decisión10, oportunidad en la que insistió que la Ley
2430 de 2024 prescribe que en caso de vacancia temporal se debe nombrar a alguna de
las personas del despacho que cumpliera con los requisitos, como era su caso.
8.1 De otro lado, indicó que sí existe una vulneración a sus derechos, toda vez que sumado
a la diferencia salarial que existe entre el Juez y el secretario, también se le frustró tener
acceso a la dignificación y reconocimiento que conlleva la designación de una persona
como Juez de la República.
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
9. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por Carlos Arturo Suárez Traslaviña
contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y
en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
I. Sentido de la decisión
10. La Sala declarará la carencia actual de objeto porque se constató que, durante el trámite
de la presente acción, la Resolución 49 del 9 de julio de 2025 quedó sin efectos, puesto que
la licencia por enfermedad otorgada al titular del juzgado feneció. Por consiguiente,
cualquier orden que se adopte en el trámite de la presente acción de tutela no tendría ningún
efecto.
J. Caso concreto
11. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que la
afectación reclamada mediante la acción de tutela se originó en la Resolución 49 del 9 de
julio de 2025. No obstante, dicha resolución fijó un límite temporal de vigencia hasta el 6 de
10 Índice 22 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
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Accionante: Carlos Arturo Suárez Traslaviña
Acción de tutela
agosto de 2025, fecha en la que culminaba la licencia por enfermedad otorgada al titular del
despacho.
11.1 La carencia actual de objeto es un fenómeno jurídico – procesal que se presenta
cuando, al momento de dictar sentencia, ha cesado el hecho vulnerador. Como las
pretensiones de la demanda presentada en ejercicio de acción de tutela se tornan inocuas,
cualquier pronunciamiento de fondo sobre la controversia sería también ineficaz. En ese
sentido, la jurisprudencia constitucional 11 ha considerado que existen tres eventos que
pueden generar la carencia actual de objeto, a saber: (i) el hecho superado, (ii) el daño
consumado y (iii) la situación sobreviniente.
11.2 Descendiendo al caso concreto, la accionante advirtió que la Resolución 49 del 9 de
julio de 2025 le vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, de acceso a cargos
públicos y al debido proceso, porque se omitió aplicar el artículo 68 de la Ley 2430 de 2024,
que prescribe que en los eventos de vacancia temporal se debe preferir el nombramiento
del personal en carrera del despacho; además, aclaró que en pretéritas oportunidades ya
se le había nombrado, lo que le generó una expectativa legitima de que iba a ser
nuevamente nombrado.
11.3 Al respecto, en la mencionada Resolución, la Sala Plena del Tribunal Superior de Tunja
decidió:
ARTÍCULO PRIMERO: NOMBRAR en Encargo a la doctora ANA LORENA
CUBIDES MORALES, como Juez Civil del Circuito de Garagoa, en reemplazo del
titular a quien se le concedió licencia por enfermedad, con efectos a partir del 10 de
julio y hasta el 06 de agosto de 2025, ambas fechas inclusive.
11.4 En consecuencia, en el presente asunto se configura la carencia actual de objeto,
puesto que, durante el trámite de la acción de tutela, la Resolución que causó el supuesto
daño perdió obligatoriedad, pues el plazo de vigencia que fue determinado se cumplió.
11.5 Lo anterior guarda relación con lo prescrito en el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011,
que señala los eventos en los que un acto administrativo pierde ejecutoria y, uno de ellos,
es precisamente cuando el plazo expira:
Artículo 91. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme
serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser
ejecutados en los siguientes casos: (…)
5. Cuando pierdan vigencia.
11.6 En ese orden de ideas, la Subsección considera que no se configura en la actualidad
vulneración alguna a los derechos fundamentales del accionante. Ello obedece a que la
licencia por enfermedad concedida al titular del juzgado ha fenecido, lo que imposibilita la
emisión de orden judicial orientada a la protección de los derechos invocados.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04273-01
Accionante: Carlos Arturo Suárez Traslaviña
Acción de tutela
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de primera instancia proferida el 14 de agosto de
2025 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, se
DECLARA la carencia actual de objeto por hecho superado, por las razones expuestas en
esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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