Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04274-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04274-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04274-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
4 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04274-00
Accionante: Janeth Rueda Arias
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: vinculación por medio de contratos de
prestación de servicios para efectos de establecer el régimen pensional aplicable a
los docentes. Subtema 3: defectos sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial y fáctico.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud interpuesta por la señora Janeth Rueda Arias en ejercicio de la acción de
tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Janeth Rueda Arias presentó escrito de tutela, a través de apoderado, con
la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica, al
desconocimiento de precedente vertical y al principio de favorabilidad, que consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cesar con ocasión de la sentencia
proferida el 8 de mayo de 2025, dentro del proceso con radicado núm. 20001-33-33-
007-2024-00067-00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes al
trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. La señora Janeth Rueda Arias presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-03242-00, índice 2, certificado 20D555C3F5CFB973 E8781AA3963654B5
BE6F1AA82BF34988 D9D776FD0FDBBF5C.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04274-00
Accionante: Janeth Rueda Arias
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el departamento del Cesar, con las
pretensiones de que se declarara la nulidad de los actos fictos negativos configurados
el 28 de mayo de 2023 y el 20 de enero de 2024, que negaron la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y, en consecuencia, que accediera
a tal petición, por cuanto cumplió 55 años de edad y 1000 semanas de cotización.
3. En primera instancia, el asunto correspondió, bajo el radicado núm. 20001- 33-33-
007-2024-00067-00, al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de
Valledupar, autoridad que, en sentencia del 30 de enero de 2025, negó las
pretensiones de la demanda. Apelada la decisión, el Tribunal Administrativo del Cesar
la confirmó en fallo del 8 de mayo siguiente. Como fundamento de su decisión, el juez
de segunda instancia formuló como problema jurídico si a la señora Janeth Rueda
Arias le asistía el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación con
fundamento en las leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989.
4. Para lo anterior, citó los artículos 2792 de la Ley 100 de 1993, 1153 de la Ley 115
de 1994, 814 de la Ley 812 de 2003 y 15 del Acto Legislativo 01 de 2005 y la sentencia
del 6 de abril de 20116, y explicó que el sistema integral de seguridad social, en materia
de pensión de vejez, no se aplica a los afiliados del FOMAG, pues dicha entidad tiene a
su cargo el reconocimiento de las pensiones de jubilación e invalidez de los docentes
con fundamento en el régimen previsto en la Ley 33 de 1985.
5. Asimismo, encontró probado que la señora Janeth Rueda Arias laboró como
docente mediante contratos de prestación de servicios desde el 16 de marzo de 1988
hasta el 9 de septiembre de 2003, y a partir de marzo de 2004, en provisionalidad y en
propiedad a través de actos de nombramiento y posesión. Agregó lo siguiente:
Así las cosas, según la normatividad analizada, el régimen prestacional de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial,
es el establecido para el magisterio en las normas vigentes con anterioridad al 27 de
junio del 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 del 2003, pero si el docente
2 «Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente ley no se aplica a
los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de
1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúan a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la
ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración.
Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales a favor de educadores que se retiren
del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida […]».
3 «Artículo 115. Régimen Especial de los Educadores Estatales. El ejercicio de la profesión docente estatal se regirá
por las normas del régimen especial del Estatuto Docente y por la presente ley. El régimen prestacional de los
educadores estatales es el establecido en la ley 91 de 1989, en la ley 60 de 1993 y en la presente ley.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política, el Estado garantiza el derecho al pago
oportuno y al reajuste periódico de las pensiones y salarios legales. En ningún caso se podrán desmejorar los
salarios y prestaciones sociales de los educadores».
4 «Artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido
para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Los
docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 […]».
5 «Artículo 1.
[…]
PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de ésta».
6 Expedientes acumulados núms. 1001-03-25-000-2004-00220-01 y 11001-03-25-000-2005-00234-00.
2
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se vincula con posterioridad a esa fecha, su derecho prestacional se rige por el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y los
factores salariales que se deben incluir en el ingreso base de liquidación, son los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones.
6. Por otra parte, el Tribunal citó las sentencias del 11 de mayo de 20177 y del 13 de
julio de 20238 de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado según
las cuales el tiempo trabajado por medio de contratos de prestación de servicios es
computable para efectos pensionales en el cumplimiento del requisito del tiempo de
servicios, pero no para considerar que se declaró la relación laboral de naturaleza legal
y reglamentaria de empleado público, de manera que esa vinculación no permite
determinar el régimen aplicable.
7. De lo expuesto, explicó en el caso concreto que el tiempo que la señora Janeth
Rueda Arias se desempeñó a través de contratos de prestación de servicios no
permitía establecer la fecha de vinculación al servicio docente y, por ende, el régimen
pensional aplicable, dado que dicha actividad es reglada y solemne y la condición de
empleado público solo la otorga el acto de nombramiento y posesión, salvo que se
acreditara la existencia de la relación laboral y la cotización durante ese lapso al
sistema de seguridad social.
8. Por último, el Tribunal refirió las sentencias de unificación de la Sección Segunda
del Consejo de Estado del 28 de agosto de 20189 y del 25 de abril de 201910 y concluyó
lo siguiente:
En ese orden de ideas, en el presente caso, la Sala de Decisión acoge el reciente criterio
expuesto por el Consejo de Estado, el cual se aplica directamente para los docentes,
motivo por el cual, se debe tener en cuenta la fecha de vinculación al servicio docente,
a través de una vinculación legal y reglamentaria para definir el régimen prestacional que
cobija a la señora JENTH RUEDAS ARIAS, más aún cuando se reitera, en el asunto de
marras ni siquiera se acreditó la desnaturalización de los contratos de prestación de
servicio en una verdadera relación laboral, tampoco fue solicitado ello dentro de las
pretensiones de la demanda, a su vez, tampoco se comprobó la cotización de aportes al
sistema de seguridad social durante esta contratación.
En consecuencia, como en el asunto de autos se demostró que la demandante ingresó
al servicio oficial docente, a través de una vinculación legal y reglamentaria, el 8 de
marzo de 2004, esto significa que lo fue con posterioridad a la vigencia de la Ley 812 de
2003, por lo tanto, no le resulta aplicable la Ley 91 de 1989, por ende, tampoco es posible
acceder al reconocimiento de su pensión en los términos contemplados en la Ley 33 y
62 de 1985, tal como se pretende en la demanda y se solicita en el recurso de apelación,
pues como ha quedado señalado con la normas y la jurisprudencia transcrita, a la señora
JANETH RUEDAS ARIAS la cobija el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres, y, los factores que
se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158
de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
Por otra parte, enfatiza el apoderado apelante en su recurso de alzada, que el Consejo
de Estado ha admitido la aplicación del principio de favorabilidad en el reconocimiento
7 Expediente núm. 20001-23-33-000-2013-00222-01.
8 Expediente núm. 15001-23-33-000-2020-02520-01.
9 Expediente núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01.
10 Expediente núm. 68001-23-33-000-2015-00569-01.
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pensional docente, para aquellos que demuestren afiliación al Fomag con posterioridad
a la Ley 812 de 2003, sin embargo, aunque ello es cierto, se debe recalcar que la máxima
autoridad ha admitido dicha postura cuando el docente también reúne requisitos de
régimen de transición de Ley 100 de 1993.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
9. La señora Janeth Rueda Arias solicitó en el escrito de tutela que se ampararan los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
a la confianza legítima, a la igualdad y a la seguridad jurídica y, en consecuencia, que
se accediera a lo siguiente:
[S]e ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la
providencia referida en el numeral anterior y, se profiera una nueva con fundamento en
la normatividad aplicable al caso de la parte actora, esto es, Ley 33 de 1985, en los
términos solicitados en la demanda y, atendiendo al precedente jurisprudencial del
Máximo Órgano de lo Contencioso Administrativo11.
10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora expuso los hechos y
argumentos que sustentaron la demanda ordinaria de nulidad y restablecimiento del
derecho y las actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario. Indicó que fueron
superados los requisitos generales y que el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió
en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
11. En concreto, argumentó que la sentencia del 8 de mayo de 2025 se apartó del
criterio uniforme y pacífico del Consejo de Estado sobre la materia, según el cual el
tiempo laborado en funciones de enseñanza y formación en instituciones estatales,
incluso bajo contratos de prestación de servicio, debe ser tenido en cuenta para efectos
de establecer la fecha de ingreso y la vinculación al servicio público educativo oficial
y, en consecuencia, el régimen aplicable para el reconocimiento pensional.
12. Citó el fallo de unificación del 25 de abril de 201912 que fijó las reglas del régimen
pensional de los docentes oficiales; las sentencias del 11 de febrero de 202113 y del
18 de febrero de 202114 que computaron tiempos trabajados mediante contratos de
prestación de servicios para efectos del requisito de semanas de cotización; y del 3 de
junio de 202115, del 23 de mayo de 202316, del 4 de julio de 202417 y del 12 de
septiembre de 202418, entre otras providencias, que tuvieron en cuenta la vinculación
por contrato de prestación de servicios para efectos de establecer el régimen aplicable.
13. Afirmó que la sentencia del 13 de julio de 2023 en que el Tribunal fundamentó su
decisión es una posición aislada frente a la tesis mayoritaria, situación que el mismo
magistrado ponente reconoció en la providencia objeto de reparos, de manera que se
debió aplicar aquella línea que resultara más favorable a los derechos fundamentales
de la docente.
11 Se transcribe incluso con errores de texto.
12
Expediente núm. 68001-23-33-000-2015-00569-01.
13 Expediente núm. 81001-23-33-000-2013-00079-01.
14 Expediente núm. 81001-23-33-000-2013-00012-02.
15 Expediente núm. 50001-23-33-000-2018-00357-01.
16 Expediente núm. 25000-23-42-000-2019-01673-01.
17 Expediente núm. 15001-23-33-000-2021-00637-01.
18 Expediente núm. 15001-23-33-000-2021-00407-01.
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14. También citó como desconocida la sentencia de unificación del 25 de agosto de
2016 del Consejo de Estado que estableció que la vinculación de docentes bajo la
modalidad del contrato de prestación de servicios no desvirtúa el carácter personal y
el elemento de la subordinación de la relación laboral. Además, adujo la vulneración
del derecho fundamental a la igualdad y citó sentencias de tutela dictadas en
situaciones fácticas y jurídicas similares a su caso, en las que se accedió al amparo
solicitado.
15. De todo lo expuesto, la parte accionante consideró lo siguiente:
En consecuencia, es evidente que el Tribunal accionado incurrió en un defecto
sustantivo y en el desconocimiento del precedente jurisprudencial vertical, puesto que
su interpretación del caso de la señora Janeth Ruedas Arias no se ajustó a las reglas
fijadas por el H. Consejo de Estado sobre el régimen pensional del personal docente,
otorgando un tratamiento discriminatorio que vulneró el derecho a la igualdad y
quebrantó la confianza legítima de los ciudadanos en que sus controversias serán
resueltas conforme a los lineamientos previamente definidos por la autoridad judicial;
además, transgredió el principio de seguridad jurídica, que impone a los jueces la
obligación de aplicar las reglas jurisprudenciales en casos análogos, lo que se tradujo
en una afectación directa de los derechos sustanciales del educador; razón por la cual
se hace necesaria la intervención del juez constitucional con el fin de adoptar medidas
urgentes de protección.
16. Por otro lado, la señora Janeth Rueda Arias manifestó que el Tribunal
Administrativo del Cesar incurrió en un defecto fáctico porque desconoció que laboró
como contratista desde el 18 de septiembre hasta el 18 de diciembre de 2003, tal y
como se observa en el «folio 38 del archivo
“003RADICACIONDEL_DEMANDAP55JANETHRUED.pdf”, el cual también reposa en
los antecedentes administrativos allegados por el ente territorial a folio 56 del archivo
“011_MemorialWEb_ContestaciOnDemanda-EXPEDIENTEADMINISTR.pfd”».
17. También, que no tuvo en cuenta la Resolución 00639 del 11 de febrero de 2020.
Estas pruebas resultaban relevantes en el cumplimiento del requisito sobre el tiempo
de servicio para el reconocimiento del derecho pensional.
2.3. Trámite procesal
18. El despacho ponente, mediante auto del 15 de julio de 202519, admitió la solicitud
de amparo; vinculó al Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar, a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, al departamento del Cesar y al municipio de
San Martín como terceros con interés; tuvo como pruebas los documentos aportados
con la tutela; requirió a las partes para que rindieran el informe correspondiente; y
ordenó las notificaciones de rigor.
2.4. Intervenciones
19. El Ministerio de Educación Nacional20 contestó que no se demostró la vulneración
de las garantías fundamentales que comprometan gravemente la supervivencia de la
19 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04274-00, índice 5, certificado 929E1286E2611D3E 98442FF099145319
2268F207D74CAA67 5F0DF461F0BF985E.
20 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04274-00, índice 10, certificado 7BFE79DDE6FCF866 8A7232EA38CF3820
BD6C9D2419C992E9 64C1E7746549D949.
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accionante y que el escrito de amparo formula una controversia estrictamente
económica, situación que excede la competencia del juez de tutela y que no permite
cumplir el requisito de relevancia constitucional. Expuso el marco legal de sus
funciones y sostuvo que no tiene inferencia en el caso concreto. Por lo anterior, solicitó
que se declare improcedente la acción de tutela y se le desvincule del trámite por falta
de legitimación en la causa por pasiva.
20. El Tribunal Administrativo del Cesar argumentó que la parte accionante no agotó
el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia de cara al reproche sobre el
desconocimiento de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 en la que se
fijaron las reglas sobre el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, por lo
que la tutela es improcedente. Reiteró los fundamentos del fallo objeto de reparos.
Pidió que se declarara la improcedencia de la acción o se negaran las pretensiones de
amparo21.
21. El municipio de San Martín indicó que el escrito de amparo no reprocha actuación
u omisión atribuible a la entidad territorial que vulnere derechos fundamentales, motivo
por el que solicitó su desvinculación22.
22. La Fiduprevisora SA, en calidad de vocera y administradora del patrimonio
autónomo del FOMAG, expuso su naturaleza jurídica y defendió la inexistencia de un
perjuicio irremediable y de la vulneración de derechos fundamentales. Solicitó que se
negara la acción, que esta fuera declarada improcedente y que se le desvinculara del
trámite constitucional23.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la señora Janeth Rueda Arias contra el
Tribunal Administrativo del Cesar.
3.2. Legitimación en la causa
24. En el presente asunto, la señora Janeth Rueda Arias está legitimada por activa
para acudir a esta acción de tutela, en tanto es la parte demandante dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 20001-33-33-007-2024-
00067-00 en el que fue proferida la sentencia del 8 de mayo de 2025 que, según
afirmó, vulneró sus derechos fundamentales.
25.También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Cesar, por cuanto fue la autoridad que profirió la sentencia del 8 de
21 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04274-00, índice 12, certificado 42C28865C009B3E4 6D339B41B223690E
2E3BAD1FCFD0B46C E60D34A0E07AF813.
22 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04274-00, índice 13, certificado EB51F567CC29C6A9 08A124A1ABD76F82
E16E476E71845753 7ED498CC708A3454.
23 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04274-00, índice 14, certificado 12EB883B17CFC97F 9F8801F9CF8824D6
37DAEB10471BEE2A BAFDD81EBF611DF4.
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mayo de 2025 acusada de vulnerar los derechos fundamentales de la parte
accionante.
26. Ahora bien, el Ministerio de Educación Nacional, el municipio de San Martin y la
Fiduprevisora SA, en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo del
FOMAG solicitaron su desvinculación al considerar que no están llamadas a responder
por los cargos de la parte accionante.
27. Al respecto, la Sala aclara que la vinculación de estas autoridades al presente
asunto fue en calidad de terceros con interés, en aras de garantizar sus derechos de
defensa y contradicción. En ese orden, al no acudir a este trámite constitucional como
accionadas, no es posible declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva. Por
los motivos expuestos, se negarán dichas solicitudes.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
28. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado24 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso indebido de este
mecanismo constitucional25.
29.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un
derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
30. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales26 y, por lo tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
31. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
25 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
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autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución27.
32. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional28 ha
sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse
de forma expresa y con claridad, sobre las razones por las cuales el asunto que entra
a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el
órgano de cierre sobre la materia29.
33. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una
afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión
cuestionada se configuraron los defectos sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial y fáctico que, a su juicio, impidió que se expidiera una decisión
ajustada a derecho.
34. Supera también la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte
actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotaron las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
35. En este punto, es preciso indicar que no resulta procedente, como lo argumentó el
Tribunal accionado, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, en la
medida en que el reproche principal de la tutela radica en el desconocimiento de la
supuesta postura pacífica de la Sección Segunda del Consejo de Estado materializada
a través de múltiples pronunciamientos según los cuales la vinculación por contratos
de prestación de servicios docente permite determinar el régimen pensional aplicable,
y no de manera exclusiva en la desatención de la sentencia de unificación del 25 de
abril de 2019.
36. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho toda vez que la
sentencia objeto de tutela fue proferida el 5 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Cesar y la demanda de tutela se presentó el 10 de julio siguiente30,
esto es, dentro del plazo de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia
constitucional31 y el Consejo de Estado32 como razonable.
27 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
29 Ibidem.
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito
de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»
lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no
tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar
una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia
para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga
argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.
30 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04274-00, índice 1.
31 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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37. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y la
providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se dictó
al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
38. De acuerdo con lo expuesto, la Sala constitucional encuentra superados los
requisitos generales de procedibilidad en relación con el defecto procedimental y, en
ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.
3.4. Problema jurídico
39. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Cesar vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente
vertical y al principio de favorabilidad. Para ello, deberá establecer si incurrió en los
defectos sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y fáctico al proferir la
sentencia del 8 de mayo de 2025, que confirmó la decisión de negar las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
40. En concreto, se deberá establecer si la autoridad accionada desconoció una
postura jurisprudencial del Consejo de Estado según la cual la vinculación por
contratos de prestación de servicios docentes permite determinar el régimen pensional
aplicable, y si desconoció las pruebas sobre el tiempo laborado del 18 de septiembre
al 18 de diciembre de 2023, y la Resolución 00639 del 11 de febrero de 2020.
3.4.1. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
41. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y
relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación
de la interpretación de las normas jurídicas33.
42. Al respecto, la Corte Constitucional34 ha considerado que el precedente se define
como la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a un caso
determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los problemas
jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las autoridades
judiciales al momento de emitir un fallo posterior35. Frente a la obligatoriedad del
precedente, la Corte ha dicho:
33 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el
ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la
vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en
estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma
manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un
asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio
decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario desconoce el precedente
horizontal».
34 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
35 Se transcribe incluso con errores de texto.
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90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente, el
concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un sentido
amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales.
43. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo funcionario;
y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la
autoridad encargada de unificar la jurisprudencia36.
44. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «determinar si él mismo
o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en relación con
casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por autoridades judiciales
funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de la jurisprudencia»37.
45. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de
autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente, pues la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en caso de
que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a
los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela38.
46. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
36 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
37 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
38 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente
horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero
exige que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca
expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su
existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los
supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica
demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial.
Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades
como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
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tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de la
función judicial, pues se trata de una sola corporación39.
47. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora de este
derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de criterio» de
manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarden las exigencias de la
autonomía judicial.
3.4.2. Del defecto fáctico
1. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial presenta defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»40. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión»41 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.
2. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»42. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»43.
3. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en
contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de
conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del
proceso44.
4. Ahora bien, la Corte Constitucional ha manifestado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
39 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
40 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
41 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
42 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
43 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
44 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
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independencia judicial45, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
por qué el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia»46.
5. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica, por
lo menos, cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:
El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas que
obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta –
siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los materiales
probatorios.
El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo. Es
el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o
voluntad.
El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de manera integral o si,
por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en relación con otras,
sin que exista justificación para ello.
El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas [impertinentes,
inconducentes o ilícitas]47.
3.5. Caso concreto
48. En el asunto bajo estudio, la señora Janeth Rueda Arias presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con las
pretensiones de que se declarara la nulidad de unos actos fictos negativos y, en
consecuencia, se ordenara el reconocimiento de la pensión de jubilación con
fundamento en el régimen previsto en las leyes 91 de 1994 y 33 y 62 de 1985.
49. El asunto correspondió, bajo el radicado núm. 20001-33-33-007-2024-00067-00,
al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar, autoridad que, en
sentencia del 30 de enero de 2025, negó las pretensiones de la demanda. Apelada la
decisión, el Tribunal Administrativo del Cesar la confirmó en fallo del 8 de mayo
siguiente, con fundamento en que la señora Janeth Rueda Arias tuvo vinculación legal
y reglamentaria con posterioridad a la Ley 812 de 2003, motivo por el cual estaba
supeditada a las reglas del régimen previsto en la Ley 100 de 1993.
3.5.1. Reparos por la configuración del defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial
50. En el escrito de amparo, la accionante argumentó que el Tribunal Administrativo
del Cesar incurrió en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado
según el cual la vinculación por contratos de prestación de servicios docentes permite
determinar el régimen pensional aplicable. Antes de resolver el reparo de tutela, es
necesario dejar claro que no está en discusión que, de acuerdo con el artículo 81 de
la Ley 812 de 2003 y el Acto Legislativo 1 de 2005, el régimen prestacional de los
45 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
46 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
47 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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docentes oficiales vinculados a la entrada en vigor de esa ley es el contenido en el
régimen anterior, fijado en las leyes 91 de 1994 y 33 y 62 de 1985.
51. Ahora bien, revisada la sentencia del 8 de mayo de 2025, la Sala observa que, en
relación con la posibilidad de que la vinculación por contrato de prestación de servicios
permita determinar el régimen pensional aplicable, estuvo sustentada en las
sentencias del 11 de mayo de 201748 y del 13 de julio de 202349 proferidas por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
52. En el primer fallo, el alto tribunal indicó que el tiempo laborado mediante contrato
de prestación de servicios, si bien puede ser tenido en cuenta para efectos de cumplir
con el requisito de semanas cotizadas a pensión, pues corresponde al contratista
realizar los aportes al sistema de seguridad social; lo cierto es que no otorga la
condición de empleado público, de manera que no determina el régimen aplicable. En
la segunda sentencia, sostuvo lo siguiente:
[S]e destaca que, en criterio de la sala mayoritaria, es improcedente el cómputo de los
interregnos en que los profesores hayan prestado sus labores a través de contratos de
prestación de servicios, cuanto más si no demuestran haber cotizado al sistema de
seguridad social, dado que tales aportes deben ser realizados en la forma y tiempo
establecidos, tienen el carácter de parafiscales y son obligatorios tanto para el empleador
como para el trabajador, así como para quienes han suscrito contratos con el Estado,
sin que su pago quede al arbitrio de quienes están en la obligación de efectuarlos, ni
llegar a ser objeto de negociación, acuerdo o conciliación. En consecuencia, en armonía
con dicha postura, no es dable sumar los lapsos servidos como educador por medio de
contratos de prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión de jubilación
docente.
53. De lo expuesto, se advierte que la sentencia del 8 de mayo de 2025 atendió de
manera razonable los criterios fijados por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en las sentencias del 11 de mayo de 2017 y del 13 de julio de 2023,
puesto que, según estos, los tiempos laborados por contrato de prestación de servicios
no permiten establecer el régimen pensional docente aplicable.
54. Sin embargo, la Sala observa que la integración de los magistrados de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado se reformó en el año
2023, de modo que los nuevos funcionarios judiciales modificaron la tesis que siguió
el Tribunal Administrativo del Cesar sobre el asunto objeto de discusión.
55. En ese orden, resulta pertinente citar la sentencia del 12 de septiembre de 2024,
dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
núm. 15001-23-33-000-2021-00407-01, en la que la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado indicó lo que se cita a continuación:
54. Al respecto, es necesario precisar que es irrelevante que el periodo anterior a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 hubiera sido en virtud de órdenes de
prestación de servicios y no a través de una vinculación legal y reglamentaria, por cuanto
el beneficio del régimen de transición de la norma antes mencionada no establece
condición alguna adicional al de haber tenido un vínculo al servicio público educativo
oficial, bien sea como docente nacional, nacionalizada o territorial.
48 Expediente núm. 20001-23-33-000-2013-00222-01.
49 Expediente núm. 15001-23-33-000-2020-02520-01.
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[…]
58. Así las cosas, los jueces de la República no pueden cohonestar con las
desigualdades creadas por virtud de una facultad contractual que desconocía la realidad
laboral de los docentes; lo que, a su vez, impide hallar la razón a la entidad recurrente al
considerar que la única experiencia docente útil para obtener la prestación es aquella
que ocurrió luego de la vinculación legal y reglamentaria. Así pues, los servicios
prestados por la demandante en la modalidad de OPS al municipio de Caldas y al
departamento de Boyacá, resultan válidos para determinar que estuvo vinculada al
servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003.
56. En otra oportunidad, la misma Subsección, en sentencia del 30 de enero de 2025,
emitida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
núm. 66001-23-33-000-2020-00492-01, expuso con claridad lo siguiente:
2.3.5. Sobre el cómputo del tiempo de servicios prestados por los docentes en virtud de
contratos de prestación de servicios para el reconocimiento pensional
61. El Estatuto de la profesión docente definió este término en el artículo 2 como el «[…]
ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los
distintos niveles […]» y a los educadores como el término genérico de quienes la
ejercieren.
62. Asimismo, el artículo 44 ibidem estableció dentro de los deberes de los docentes la
relativa a «[…] [c]umplir las órdenes inherentes a sus cargos que les impartan sus
superiores jerárquicos […]» y en el 45 la prohibición de abandono o suspensión de
labores en forma injustificada o sin autorización previa.
63. La Corte Constitucional en la sentencia C-555 de 1994, resolvió una demanda de
constitucionalidad en contra del artículo 6 de la Ley 60 de 1993, al considerar que
vulneraba el principio de igualdad, que consistía en no extender un determinado régimen
legal pese a que desde el punto de vista la actividad material que desempeñaban los
docentes temporales era idéntica a los docentes-empleados públicos.
64. En igual sentido, el Consejo de Estado indicó que la definición legal de labor docente
señalada en precedencia es aplicable a todos los maestros aun cuando laboren por hora
cátedra, en armonía con el artículo 104 de la Ley General de Educación (115 de 1994)
al prever que «[…] [e]l educador es el orientador en los establecimientos educativos, de
un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos», y como tal están
sometidos de manera permanente a las directrices emitidas por el Ministerio de
Educación y las secretarías de educación, así como a su inspección y vigilancia, sin que
gocen de autonomía.
65.Así las cosas en razón de la naturaleza de la función docente, el principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la
labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios conlleva una
verdadera relación de trabajo sobre la formalidad que haya querido ocultarla, comoquiera
que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste, cumplen
similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y
reglamentario y, además, deben acreditar iguales condiciones de formación y
experiencia.
66. En la sentencia de unificación CE-SUJ-2-5 del 25 de agosto del 2016, hizo referencia
a la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios y señaló que
esta modalidad de vinculación no desvirtúa el carácter personal de su labor ni es ajena
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Accionante: Janeth Rueda Arias
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al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que
al igual que los docentes empleados públicos i) están sometidos a las directrices,
inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de
autonomía en el ejercicio de sus funciones; ii) cumplen órdenes por parte de sus
superiores jerárquicos; y iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de
acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en
los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad
sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección
especial por parte del Estado.
67.Ahora bien, se ha establecido que el proceso ordinario de reconocimiento de la
pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través de contratos de
prestación de servicios es viable cuando se pretende la declaración de la existencia de
una relación laboral encubierta o en el evento en que únicamente se solicite para efectos
del cómputo de los periodos laborados bajo la forma contractual.
68. Por último, en la señalada providencia de unificación se definió que, en materia de
aportes pensionales, las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al
sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo con el artículo
164, numeral 1, letra c, del CPACA), y por ende, pueden ser solicitados y demandados
en cualquier momento, puesto que la administración no puede sustraerse del pago de
los respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede
repercutir en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y acorde con la
realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante una
relación de trabajo.
57. Esta postura puede ser encontrada en providencias de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado como la del 19 de septiembre de 202450, del
31 de octubre de 202451 y del 20 de noviembre de 202452, entre otras. También resulta
relevante destacar que la Subsección A de la misma Sección ha emitido decisiones en
la línea antes decantada, como en los fallos del 11 de febrero de 202153, 3 de junio de
202154, 23 de mayo de 202355, entre otros.
58. De todo lo expuesto, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo del Cesar
incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, en la
medida en que sustentó la sentencia del 8 de mayo de 2025 en una tesis
jurisprudencial de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
50 Expediente núm. 15001-23-33-000-2021-00135-01. Sobre el particular, la Sala explicó:
«69. [E]s necesario precisar que es irrelevante que el período anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 hubiera sido en virtud de órdenes de prestación de servicios y no a través de una vinculación legal y
reglamentaria, por cuanto el beneficio del régimen de transición de la norma antes mencionada no establece
condición alguna adicional al de haber tenido vínculo al servicio educativo oficial, bien sea como docente nacional,
nacionalizada o territorial».
51 Expediente núm. 05001-23-33-000-2021-00667-01. Al respecto, la Sala expuso:
«54. En consonancia con lo anterior, se concluye que existe una «prohibición constitucional» de vincular a docentes
al servicio público educativo oficial a través de contratos de prestación de servicios. Por lo que excluir de la
transición prevista en la Ley 812 de 2003, a quienes prestaron sus servicios al magisterio con ocasión de una
relación contractual, resulta a todas luces inconstitucional, puesto que, conllevaría a una interpretación desfavorable
con sustento en una situación que, como se explicó anteriormente, se aparta de las normas constitucionales, esto
es, la vinculación de docentes a través de un contrato».
52 Expediente núm. 17001-23-33-000-2021-00037-01.
53 Expediente núm. 81001-23-33-000-2013-00079-01.
54 Expediente núm. 50001-23-33-000-2018-00357-01.
55 Expediente núm. 25000-23-42-000-2019-01673-01.
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modificada en fallos, que, si bien son recientes, fueron emitidos con anterioridad a la
providencia objeto de reparos.
59. Así las cosas, es pertinente aclarar que en esta oportunidad no se está en
presencia de dos posturas opuestas y actuales del alto tribunal de lo contencioso-
administrativo y de diferentes salas, sino de una tesis anterior que fue modificada por
otra posterior adoptada por la Subsección B de la Sección Segunda de esta
corporación, que se unifica con la sostenida por la Subsección A de la misma sección.
60. Puntualmente, de conformidad con los nuevos criterios de la referida Subsección,
la vinculación mediante contrato de prestación de servicios sí permite establecer el
régimen pensional docente aplicable en el caso concreto, en el entendido de que, si
dicha vinculación ocurrió antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, rigen las
leyes 91 de 1994 y 33 y 62 de 1985, y no en la Ley 100 de 1993 y demás normas
concordantes.
61. De esta manera, el Tribunal accionado vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de la señora
Janeth Rueda Arias, motivo por el que se dejará sin efectos la sentencia del 8 de mayo
de 2025 y se ordenará que se emita una nueva decisión en la que se tengan en cuenta
las consideraciones expuestas en esta providencia, y la línea pacífica actual existente
sobre la materia.
3.5.2. Cargos sobre la configuración del defecto fáctico
62. En el escrito de amparo, la parte tutelante argumentó que el Tribunal
Administrativo del Cesar, en la sentencia del 8 de mayo de 2025, por un lado,
desconoció que demostró en el proceso ordinario que el último periodo laborado como
contratista fue del 18 de septiembre al 18 de diciembre de 2003, y, por otro lado, no
valoró la Resolución 00639 del 11 de febrero de 2020. Estas pruebas resultaban
relevantes para el cumplimiento del requisito del tiempo de servicio para el
reconocimiento del derecho pensional.
63. Revisado el fallo objeto de reparos, la Sala observa que la autoridad accionada
indicó, en el acápite «4.3. Cuestión Previa», que la señora Janeth Rueda Arias laboró
desde el 16 de marzo de 1988 hasta el 18 de diciembre de 2023, de manera
interrumpida, en los siguientes términos:
Se observa, de conformidad con las certificaciones aportadas por el Secretario de
Gobierno del Municipio de Río de Oro y por el Profesional Universitario del Área de
Talento Humano del Municipio de San Martín, y, de los de los diferentes contratos de
prestación de servicios suscritos con la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del
Departamento del Cesar, que la actora laboró como docente para esos entes territorial
así: Del 16 de marzo de 1988 hasta el 30 de noviembre de 1988; del 12 de marzo de
1996 hasta el 15 de diciembre de 1996; […]; del 1° de enero de 2002 hasta el 31 de
agosto de 2002; del 1° de septiembre de 2002 hasta el 30 de septiembre de 2002 y del
1° de octubre de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2002; del 18 de septiembre de 2003
hasta el 18 de diciembre de 2003, del 9 de junio de 2003 hasta el 9 de septiembre de
200356.
56 La Sala resalta.
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64. No obstante, el Tribunal Administrativo del Cesar afirmó en el acápite «4.5. Caso
Concreto» de la sentencia del 8 de mayo de 2025, que la señora Janeth Rueda Arias
laboró para los municipios de Ríos de Oro y San Martín y el departamento del Cesar,
mediante contratos de prestación de servicios, desde el 16 de marzo de 1988 hasta el
9 de septiembre de 2023, de forma interrumpida.
65. En ese sentido, la Sala observa que el Tribunal accionado reconoció que quedó
probado en el proceso ordinario que la vinculación a través de los contratos de
prestación de servicios de la señora Janeth Rueda Arias se mantuvo, con algunas
suspensiones, hasta el 18 de diciembre de 2023; pero incurrió en un error al estudiar
el caso concreto, pues de manera contradictoria mencionó que dicha vinculación duró
hasta el 9 de septiembre de 2023.
66. El error advertido, en principio, no tiene un efecto práctico en la sentencia del 8 de
mayo de 2025, porque el Tribunal no analizó el cumplimiento del requisito de tiempo
laborado bajo las reglas contenidas en las leyes 91 de 1989 y 33 y 62 de 1985, pues
consideró que la vinculación de la señora Janeth Rueda Arias, con contratos de
prestación de servicios anterior a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, no permitía
determinar el régimen aplicable.
67. Sin embargo, al tener en cuenta que el Tribunal Administrativo del Cesar debe
emitir un nuevo fallo en el que subsane el defecto por desconocimiento del precedente
judicial en el que incurrió y aplique la actual tesis de las subsecciones A y B de la
Sección Segunda de esta corporación abordada en el acápite 3.5.1. de esta sentencia,
la Sala comprende que el error probatorio en el estudio del caso concreto podría llegar
a tener incidencia en el evento de que sea procedente evaluar el cumplimiento del
requisito del tiempo de servicio para efectos pensionales.
68. Por este motivo, se le ordenará a la autoridad judicial accionada que precise en la
nueva decisión que debe proferir, los tiempos en que la señora Janeth Rueda Arias
laboró mediante contrato de prestación de servicios, pues en la sentencia del 8 de
mayo de 2025, objeto de reparos, sostuvo que encontró probado que la demandante
trabajó en esas condiciones del 18 de septiembre al 18 de diciembre de 2003.
69. Similar situación ocurre con la Resolución núm. 000639 del 11 de febrero de 2020,
por medio de la cual se reintegró a la docente Janeth Rueda Arias al servicio en
propiedad por haber recuperado su capacidad laboral, que fue aportada al proceso
ordinario y valorado por el juez de primera instancia, toda vez, a pesar de que el
Tribunal omitió pronunciarse al respecto, lo cierto es que dicho documento podría
llegar a ser relevante para establecer si se acreditó el tiempo de servicio.
70. En el contexto analizado, la Sala garantizará los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora Janeth Rueda
Arias y le ordenará al Tribunal Administrativo del Cesar que, de resultar procedente el
análisis del cumplimiento del requisito del tiempo de servicios prestado, valore el
contenido de la Resolución núm. 000639 del 11 de febrero de 2020 y las pruebas
aportadas sobre el periodo laborado del 18 de septiembre al 18 de diciembre de 2003.
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IV. CONCLUSIONES
Por las razones contenidas en esta sentencia, esta Subsección amparará los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad de la señora Janeth Rueda Arias. En consecuencia, dejará sin efectos la
sentencia del 8 de mayo de 2025, emitida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 20001-33-33-007-2024-00067-00/01,
y le ordenará al Tribunal Administrativo del Cesar que emita una nueva decisión en la
que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación del trámite constitucional que
presentaron el Ministerio de Educación Nacional, el municipio de San Martin y la
Fiduprevisora SA, en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo del
FOMAG, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y a la igualdad de la señora Janeth Rueda Arias, que
fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cesar, por los motivos contenidos
en este fallo.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 8 de mayo de 2025 emitida dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 20001-33-
33-007-2024-00067-00/01, en atención a las consideraciones expuestas en esta
sentencia.
CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cesar que, en el término de veinte
(20) días hábiles contados a partir de la respectiva notificación, profiera una nueva
decisión en la que atienda lo indicado en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
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Accionante: Janeth Rueda Arias
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JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
DACJ/SEJV
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