Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04277-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04277-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04277-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
17 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04277-01
Accionante: Jorge Armando Bohórquez Lanzziano
Accionados: Presidencia de la República y otros
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia
La Sala decide la impugnación 1 presentada, en calidad de convocante, por Jorge
Armando Bohórquez Lanzziano en contra del fallo de tutela proferido el 8 de agosto de
20252 por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I.- ANTECEDENTES
1.1.- La solicitud de amparo constitucional
El 7 de julio de 20253 el accionante, personero de Ocaña, presentó tutela4 en procura de
la protección de sus garantías fundamentales a la vida, a la dignidad, a la integridad
personal, a la seguridad, al trabajo, a la honra y al buen nombre que considera vulneradas
con ocasión de unas declaraciones realizadas por el presidente de la República y por el
ministro del Interior, en las que, sin fundamento, lo señalaron de colaborar con el ELN o
representar intereses que no están acordes con la función que presta. Estima que estas
expresiones, difundidas masivamente sin verificación previa, han deteriorado su imagen,
le han generado un entorno hostil y una amenaza real. Además, critica que la UNP no ha
adoptado medidas eficaces de protección para él y su núcleo familiar pese al evidente
aumento del riesgo.
1 Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 24, con certificado 8A74FB8695D0208A
DD8DB1F8DE5C7CC4 B3CA76A10A5FDA9A 77FBE53A9645BBF8.
2 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 17, con certificado C1874B89CB9D0B95
59F2D4B9D676C93A CF7CE61D135E213C CA0D0066EA17EF60.
3 Obra correo electrónico en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 0D5341721E81E65D
EE1FE27ADBC84DB0 D4EC9475CC8B5783 1A7F4DAAC3446AD0.
4 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 83EBC65007EA0F3C
A464667EFFCDF99A EE83F86D6E01DC0F F85553AC9DA32851.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04277-01
Accionante: Jorge Armando Bohórquez Lanzziano
Accionados: Presidencia de la República y otros
1.2.- Hechos
1.2.1.- Jorge Armando Durán explica que se desempeña como personero municipal de
Ocaña y ha sido beneficiario de medidas de protección por parte de la UNP desde 2022,
debido al riesgo derivado de su labor como defensor de derechos humanos en la región
del Catatumbo. Entre 2023 y 2025 reportó múltiples hechos de amenazas, seguimientos
y hostigamientos, tanto contra él como su familia. A partir del año en curso el riesgo se
intensificó tras una escalada de violencia en la zona y por señalamientos públicos en su
contra realizados en abril de 2025 por parte del ministro del Interior y del presidente de la
República, quienes lo vincularon con actores insurgentes o lo acusaron de representar
intereses de terceros, luego de que denunciara posibles afectaciones a civiles durante
operaciones militares5.
1.2.2.- Explica el convocante que las solicitudes de retractación ante la Presidencia y el
Ministerio del Interior fueron rechazadas, bajo el argumento de que las declaraciones en
su contra se hicieron en el marco de un debate público6.
1.2.3.- Afirma, también, el peticionario que, a pesar de haber solicitado formalmente una
reevaluación de su esquema de seguridad y haber recibido incluso una promesa de
refuerzo por parte de la UNP, dicha entidad no ha cumplido sus funciones7.
1.3.- Fundamentos de la acción de tutela
El tutelante considera que se vulneraron sus derechos fundamentales, puesto que el 21
de abril de 2025 fue públicamente estigmatizado por el presidente Gustavo Petro Urrego
quien, durante una trasmisión televisiva, insinuó que las acciones del personero de Ocaña
beneficiaban al ELN, al preguntarse “¿a quién le trabajan?”. Tales declaraciones, según
el accionante, lo señalaron como colaborador de grupos armados ilegales sin sustento
alguno, lo que constituye una imputación grave que ha puesto en riesgo su vida y ha
deteriorado su imagen pública y profesional. Esta situación, afirma, se agravó al ser
replicada por el ministro del interior en términos similares.
5 A folios 2-10 del escrito de tutela.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
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Accionante: Jorge Armando Bohórquez Lanzziano
Accionados: Presidencia de la República y otros
Adicionalmente, Bohórquez Lanzziano señala que las aludidas afirmaciones lo
convirtieron en blanco de hostigamientos e incrementaron su nivel de riesgo, al punto de
afectar también a su familia. Aduce que tales cuestionamientos violan principios del
Derecho Internacional Humanitario, al equipararlo con un combatiente pese a ser un
funcionario civil. Argumenta que no se trató de simples opiniones en el marco del debate
democrático, sino de señalamientos públicos infundados, difundidos masivamente y sin
verificación fáctica, que generaron un entorno hostil hacia su labor. Aunque solicitó
rectificación y retractación, la Presidencia de la República negó tal posibilidad y justificó
las declaraciones como interpretaciones malentendidas o expresiones legítimas dentro
de un debate de naturaleza política. El Ministerio del Interior adoptó una postura similar.
A su vez, el peticionario insiste en que ha sido objeto de seguimientos e intimidaciones,
lo cual fue informado oportunamente a la UNP y, pese a que esta entidad le anunció,
mediante un mensaje informal de WhatsApp, que se reforzaría su esquema de
protección, a la fecha no ha recibido medidas efectivas ni idóneas. Señala que el
esquema actual, integrado por tres hombres y un vehículo sin blindaje, es insuficiente
para el nivel de riesgo extraordinario que enfrenta y no garantiza seguridad a su familia.
Recalca que la UNP ha actuado con omisión y sin motivación técnica suficiente, lo que
desconoce sus deberes de protección.
1.4.- Pretensiones de la acción de tutela
En el escrito introductorio se solicitó: (i) amparar los derechos fundamentales cuya
trasgresión se denuncia; (ii) disponer que la UNP adopte medidas urgentes y eficaces de
protección acordes con el riesgo extraordinario que enfrenta él y su familia, lo que incluye
la asignación inmediata de un vehículo blindado y un esquema de protección reforzado;
(iii) requerir a dicha entidad para que emita una respuesta inmediata y técnicamente
fundamentada sobre el mecanismo extraordinario de protección activado; y (iv) ordenar
al ministro del Interior y al presidente de la República que se retracten públicamente de
las declaraciones hechas en abril de este año.
2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia
2.1.- Mediante auto del 11 de julio de 2025 la Sección Segunda del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la Presidencia de la República, a la UNP,
al Ministerio del Interior, a la Defensoría del Pueblo, al presidente de la Federación
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04277-01
Accionante: Jorge Armando Bohórquez Lanzziano
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Nacional de Personerías de Colombia y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
2.2.- La Presidencia de la República pidió rechazar las pretensiones de la tutela, bajo el
argumento de que las denuncias del actor se basan en una lectura parcial de las
manifestaciones hechas por el presidente de la República, fuera de contexto y bajo una
interpretación personal, por lo que no se configuran las vulneraciones de derechos
fundamentales alegadas.
2.3.- El Ministerio del Interior señaló que la publicación realizada en la red social “X” no
hacía referencia directa al señor Jorge Armando Bohórquez Lanzziano, tratándose de un
comentario de carácter general sin la intención de afectar ningún derecho fundamental.
Por ello, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y desvincularlo por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
2.4.- La UNP respondió que no ha vulnerado los derechos fundamentales de Bohórquez
Lanzziano, sino que ha actuado como garante de estos desde hace varios años, pues ha
realizado diversos estudios de riesgo y asignó medidas de protección conforme al marco
legal. En concreto, resaltó que al convocante se le ha reconocido como población objeto
del programa de protección en su calidad de servidor público en zona de conflicto, y que
ha sido beneficiario de varios estudios de nivel de riesgo realizados por el Cuerpo Técnico
de Análisis de Riesgo (CTAR), conforme a una metodología avalada por la Corte
Constitucional.
La entidad precisó que, en uno de los estudios recientes, realizado mediante la orden de
trabajo No. OT 668733, determinó que Bohórquez enfrentaba un riesgo extraordinario
(56,66%). Este resultado fue validado por el Comité de Evaluación del Riesgo y
Recomendación de Medidas (CERREM) en diciembre de 2024, el cual recomendó un
esquema de protección tipo 1: vehículo convencional, dos escoltas y chaleco blindado.
Esta decisión fue ratificada mediante la Resolución No. DGRP 000114 del 14 de enero
de 2025 y confirmada en sede de reposición.
La UNP explicó que, frente al contexto crítico de seguridad en el Catatumbo y en
aplicación del Decreto 0137 de 2025 (derivado del estado de conmoción interior), activó
el Mecanismo Extraordinario de Emergencia (MEE) y aplicó esta ruta excepcional al caso
del accionante. Producto de esta labor, se realizaron tres valoraciones adicionales. La
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última de estas medidas ordenó ratificar el esquema existente y adicionar una tercera
persona de protección, así como extender las medidas al núcleo familiar, todo lo cual fue
implementado y está en ejecución. Por tanto, asegura que actualmente el accionante
cuenta con tres escoltas, un vehículo convencional, chaleco blindado y protección para
su familia.
Además, tras la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto 0137 por parte de la
Corte Constitucional, el MEE fue desactivado. No obstante, la UNP reactivó la orden de
trabajo No. 691571 para realizar un nuevo análisis de riesgo por la ruta ordinaria, en
garantía de los derechos del accionante, el cual se encuentra en curso. La entidad
también resaltó que cuenta con una nueva herramienta tecnológica, la Línea Vida 103,
que permite a los beneficiarios del programa reportar emergencias en tiempo real, y
reiteró que todas las actuaciones se han enmarcado dentro del procedimiento legal y
técnico correspondiente.
Finalmente, la UNP pidió declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que el
accionante cuenta con medidas adecuadas y que no ha acreditado una nueva situación
que amerite alterar lo ya dispuesto. Argumentó que recurrir a la tutela desnaturaliza el
principio de subsidiariedad, al pretender sustituir los procedimientos ordinarios
establecidos por la ley.
3.- Fallo de tutela de primera instancia
La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante fallo del 8 de agosto de 2025,
negó el amparo solicitado, bajo el argumento de que no se configuró la vulneración de
los derechos fundamentales reclamados. En cuanto a las declaraciones del presidente
de la República y del ministro del Interior, señaló que estas se enmarcaron en un debate
público legítimo sobre la declaratoria del estado de conmoción interior en el Catatumbo,
sin que se acreditara una imputación directa de conductas delictivas contra el accionante.
Afirmó que se trató de críticas políticas que no vulneraron su dignidad, buen nombre ni
seguridad, pues no hubo señalamientos inequívocos ni falsas imputaciones que
justifiquen una intervención constitucional.
Respecto de la UNP, la colegiatura aseveró que el accionante cuenta actualmente con
medidas de protección y que la solicitud de un nuevo estudio de riesgo fue radicada y
está dentro del término legal de treinta (30) días hábiles. Además, le recordó la existencia
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de canales de atención como la Línea Vida 103 para reportar emergencias. Por tanto,
concluyó que no se acreditó desprotección ni omisión de la entidad.
4.- Razones de la impugnación
En contra de la providencia referida, Bohórquez Lanzziano presentó impugnación, en la
cual criticó que el fallo avaló la actuación de la UNP, pese a que esta no ha adoptado
medidas idóneas ni oportunas frente al riesgo extraordinario que enfrenta como
personero de Ocaña, en la región del Catatumbo. Sostiene que el esquema de protección
asignado es insuficiente, especialmente porque debe movilizarse con su núcleo familiar
en una zona de alto riesgo. Alega que la UNP no ha respondido adecuadamente a su
solicitud de reevaluación de riesgo y que se omitió aplicar el enfoque de protección
reforzada que exige la jurisprudencia para servidores públicos y defensores de derechos
humanos en contextos de conflicto.
Asimismo, el personero refutó el análisis sobre las declaraciones del presidente y del
ministro del Interior, y acotó que estas sí fueron estigmatizantes al vincularlo con la
insurgencia por haber cuestionado el decreto de conmoción interior. Manifestó que lo que
él expresó no correspondió a una controversia política, sino a una advertencia legítima
frente al riesgo para la población civil, por lo que los pronunciamientos oficiales del
presidente y del ministro desbordaron los límites del derecho a la libre expresión y
generaron un riesgo real para su seguridad. Adujo que el fallo no aplicó el test de impacto
comunicativo ni valoró adecuadamente su rol como defensor de derechos humanos.
II.- CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo de
tutela proferido el 8 de agosto de 2025 por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto
2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
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2.- Problema jurídico
A esta Sala le corresponde determinar si, en el caso concreto, se vulneraron los derechos
fundamentales del accionante con ocasión de las manifestaciones realizadas por el
presidente de la República y el ministro del Interior, así como por las actuaciones
desplegadas por la UNP. Para ello, se abordarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza
de la acción de tutela, algunas cuestiones preliminares y los requisitos de procedibilidad;
(ii) las generalidades de los derechos a la vida, a la seguridad, a la honra y al buen
nombre; (iii) los alcances de la libertad de expresión en el marco del poder-deber de los
altos funcionarios del Estado; y (iv) el análisis del caso concreto frente a cada una de las
autoridades convocadas.
3.- Naturaleza de la acción de tutela
3.1.- La acción de tutela, contemplada en el artículo 86 constitucional, faculta a toda
persona para reclamar ante cualquier juez, mediante un procedimiento preferente y
sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Es un mecanismo
subsidiario que solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial para su protección.
3.2.- Tal situación, en todo caso, se rige por el presupuesto general de que
excepcionalmente procede la solicitud de amparo cuando el mecanismo disponible no
salvaguarda de manera eficaz8 el derecho fundamental o no es idóneo por no ofrecer una
solución integral ni resolver el conflicto en toda su dimensión9. Así también, cuando el
tutelante se encuentra ante un perjuicio irremediable10, caso en el cual la tutela funge
como mecanismo transitorio.
8 El Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece:
“Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aqu[e]lla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.
Se entiende por irremediable el perjuicio que s[o]lo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización.
(…)”.
9 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
10 Se tiene como perjuicio irremediable, aquel que reúne los presupuestos de gravedad, inminencia e impostergabilidad
de la medida para proteger el derecho. Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 2010.
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4.- Cuestiones preliminares sobre la viabilidad de la tutela para proteger los
derechos a la honra y al buen nombre
4.1.- La Corte Constitucional ha reconocido expresamente que se puede acudir a la tutela
para salvaguardar las garantías a la honra y al buen nombre cuando las vías ordinarias,
como la acción penal por injuria o calumnia, no ofrecen una respuesta oportuna y eficaz
para superar la afectación.
El alto tribunal ha determinado, en numerosos pronunciamientos 11 , que la simple
existencia de una conducta típica no es argumento suficiente para deslegitimar la
procedencia del medio constitucional en cuestión, toda vez que: (i) aunque la afectación
exista y sea antijurídica, puede configurarse algún presupuesto objetivo o subjetivo que
excluya la responsabilidad penal, lo cual conduciría a la imposibilidad de brindar cabal
protección a los derechos del perjudicado; (ii) la víctima no pretenda un castigo penal,
sino únicamente la rectificación; y (iii) la pronta respuesta de la acción de tutela impediría
que los efectos de una eventual difamación sigan expandiéndose y prolongándose en el
tiempo como acontecimientos reales y fidedignos12.
En relación con lo anterior, la colegiatura precisó que el juicio penal y la tutela tienen
finalidades distintas. Mientras el primero busca determinar la responsabilidad delictiva del
acusado y, eventualmente, imponer sanciones privativas de la libertad, la segunda tiene
un propósito preventivo y correctivo, orientado a cesar de inmediato la vulneración y
restablecer los derechos conculcados13. En efecto, se ha indicado que el proceso punitivo
podría ser ineficaz para la protección de los derechos en comento, en tanto su
configuración exige la verificación del animus injuriandi, lo que puede conllevar a la
absolución del acusado sin que ello implique el restablecimiento del derecho afectado 14.
Asimismo, la tutela se justifica cuando la víctima no busca una sanción penal, sino
únicamente la rectificación de la información o el cese de la afectación, o cuando la
rapidez del amparo es esencial para evitar que el menoscabo de la imagen y la moral
continúe extendiéndose en el tiempo.
11 Corte Constitucional, sentencias T-110 de 2015, T-357 de 2015, T-277 de 2015, T-693 de 2016 y T-695 de 2017,
entre otras.
12 Corte Constitucional, sentencia T-787 de 2004, reiterada en la T-110 de 2015.
13 Corte Constitucional, sentencia T-117 de 2018.
14 Corte Constitucional, sentencia T-263 de 1998.
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En conclusión, si bien la existencia de otros recursos judiciales puede ser un criterio de
improcedencia de la tutela, se ha admitido su viabilidad cuando la afectación a los
derechos a la honra y al buen nombre requiere una intervención inmediata o busca
simplemente la rectificación de una conducta. Así, en aquellos casos en los que la
publicación de información en medios masivos o la circulación de afirmaciones lesivas en
el espacio público pone en riesgo las prerrogativas constitucionales aludidas, esta vía
iusfundamental resulta idónea para su protección, al permitir que se detenga la afectación
y se eviten consecuencias irreparables.
4.2.- Ahora bien, el derecho a la rectificación se fundamenta en el artículo 20 de la
Constitución Política, cuyo último inciso garantiza “el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad”. Este precepto implica que quien haya difundido información
inexacta o errónea tiene la obligación de corregirla de manera proporcional, con el fin de
reparar el daño tanto al derecho individual vulnerado como al interés colectivo de acceder
a información veraz. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud
previa de rectificación es un requisito de procedibilidad indispensable en las acciones de
tutela cuando se denuncia la afectación al buen nombre o a la honra15.
La exigencia de pedir anticipadamente la retractación se funda en la presunción de buena
fe, pues se asume que el divulgador verificó y contrastó razonablemente los hechos
publicitados. Así, cuando se conculca el derecho a la información veraz a través de
medios masivos, el afectado debe, como condición previa a la interposición de la acción
de tutela, instar al emisor para que corrija las inexactitudes o falsedades difundidas.
En el fallo T-263 de 2010 se hizo énfasis en que, independientemente del medio utilizado,
quien publica información masivamente debe responder a la petición de rectificación,
para garantizar así el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de los
derechos fundamentales.
El cumplimiento de este deber debe evaluarse a la luz del principio de razonabilidad. En
la sentencia T-593 de 2017 se indicó que el requerimiento puede realizarse mediante
medios adaptados a las particularidades de cada plataforma, por ejemplo, mediante un
mensaje interno o un comentario en la publicación original. Esta flexibilidad busca evitar
15 Corte Constitucional, sentencia T-512 de 1992.
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que la exigencia se convierta en un obstáculo insalvable para el ejercicio del derecho de
tutela.
Es importante destacar que, aunque no es una tesis única, esta Subsección acoge la
postura propuesta en la sentencia T-446 de 2020. En esa providencia se indicó que:
“(…) De acuerdo con la jurisprudencia constitucional la procedibilidad de la acción de tutela para
la reivindicación de los derechos a la intimidad, la honra y el buen nombre debe atender la previa
solicitud de rectificación establecida en el artículo 42.7 del Decreto 2591 de 1991 siempre que se
trate de información difundida por medios de comunicación o particulares en ejercicio del
periodismo. La Sala observa, entonces, que la señora Díaz Suárez no estaba llamada a agotar
el presente requisito, toda vez que: (a) el demandado no ejerce el periodismo, y (b) las
publicaciones que dieron origen al recurso de amparo no fueron realizadas por un medio de
comunicación (…)”.
De conformidad con lo anterior, para esta Sala el presupuesto de requerir la rectificación
previa se limita a los casos en que la publicación se efectúe por un medio de
comunicación en su sentido clásico o por particulares en ejercicio del periodismo.
En definitiva, el deber sub judice se configura como un mecanismo de protección
fundamental, orientado a preservar el derecho colectivo a recibir información veraz y, al
mismo tiempo, a salvaguardar la presunción de buena fe del difusor. Sin embargo, en
este caso no se exige el cumplimiento del requisito en comento, pues el emisor no es un
medio de comunicación ni actuó en ejercicio de una actividad periodística.
Con todo, se debe poner de presente que Bohórquez Lanzziano pidió a las autoridades
accionadas que realizaran las rectificaciones correspondientes frente a las
manifestaciones de abril del 202516. Es así como, incluso sin considerarse necesario, la
condición en comento se agotó.
5.- Procedibilidad de la acción de tutela
5.1.- En relación con la legitimación en la causa por activa17, se destaca que la presente
acción se sustenta en que el presidente de la República y uno de sus ministros emitieron
16 Como consta a folios 58-61 y 80-82 del archivo subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado CB10E146C82160BD
C3394B31556DD7F7 116F1DEE2B8FC3D5 CA7466F2976BA453.
17 La legitimación en la causa se refiere, de una parte, a la titularidad del derecho o interés que fundamenta las
pretensiones (legitimación por activa) y, de otra, al sujeto frente a quien se dirigen las reclamaciones (legitimación por
pasiva). Si el demandante carece de legitimación, no puede obtener satisfacción de sus pretensiones, pues no es
acreedor del derecho invocado. De igual manera, si el demandado no está legitimado, no puede ser obligado a cumplir
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unas afirmaciones que el reclamante estima difamatorias. Igualmente, se centra en la
presunta omisión estatal de asignar un esquema de seguridad adecuado para
salvaguardar su vida e integridad. Por tanto, se encuentra acreditado el requisito en
mención frente al tutelante, ya que son sus garantías constitucionales las que se alegan
conculcadas y cuya protección se persigue.
También se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las
comunicaciones objeto de controversia se realizaron en el marco de un consejo de
ministros televisado y a través de la cuenta personal en la red social “X.com” del ministro
del Interior Armando Benedetti. En igual sentido, dicho presupuesto procesal se configura
respecto de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la medida en que, conforme al
artículo 1.2.1.4 del Decreto 1066 de 2015, dicha entidad es la responsable del Programa
de Prevención y Protección orientado a garantizar los derechos a la vida y a la seguridad
de las personas que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo. En
consecuencia, le corresponde recibir, analizar y tramitar las solicitudes de protección, así
como adoptar e implementar las medidas que resulten necesarias.
5.2.- En lo atinente a la subsidiariedad, que indica que la tutela es improcedente si hay
un mecanismo de defensa disponible salvo que este sea insuficiente, se destaca, frente
a los reproches atinentes al presidente y al ministro del Interior, que las acciones penales
con que cuenta el reclamante no son eficaces ni idóneas, toda vez que en un eventual
proceso punitivo por los delitos de injuria y calumnia se tendría que demostrar el animus
injuriandi para que la conducta sea típica, aunado a que, en este asunto, el accionante
no busca una condena por la comisión de un delito sino la retractación respecto a unos
mensajes trasmitidos de forma pública18.
Por otra parte, en relación con lo atinente al esquema de seguridad deficiente, la Corte
Constitucional ha sido enfática en sostener “que la acción de tutela es procedente para
invocar la protección de los derechos a la vida, a la seguridad personal, a la integridad
una prestación que corresponde a otra persona. En materia de tutela, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece
que la acción debe ser promovida por el titular del derecho vulnerado, aunque también puede ser ejercida por su
representante legal, su apoderado judicial, su agente oficioso, el defensor del pueblo o el personero municipal.
18 La acción de tutela, regulada en el artículo 86 de la Constitución, es un mecanismo preferente y sumario destinado
a la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por una autoridad pública o un
particular en los casos previstos por la ley. Su carácter subsidiario implica que solo procede cuando no existe otro
medio de defensa judicial eficaz para garantizar la protección del derecho afectado. Sin embargo, excepcionalmente,
es admisible cuando el mecanismo ordinario no es idóneo o no ofrece una solución integral, así como en presencia de
un perjuicio irremediable, en cuyo caso la tutela opera de manera transitoria.
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física y al debido proceso administrativo frente a decisiones adoptadas por la UNP”19. Al
respecto, si bien es cierto que existen otras vías para censurar las actuaciones de la UNP,
no se puede ignorar que no siempre resultan idóneas, debido al tiempo que pueden tardar
en un proceso distinto y no expedito como este. La alta corporación constitucional ha sido
enfática al señalar que los mecanismos ordinarios suelen implicar trámites prolongados,
durante los cuales el riesgo podría materializarse, desconociéndose así la urgencia con
que debe resolverse el asunto.
Asimismo, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-020 de 2002, explicó que los
defensores de derechos humanos, así como otros grupos poblacionales vulnerables,
enfrentan riesgos específicos y graves, dado el creciente número de asesinatos y
amenazas de muerte en su contra. Por ello, resulta jurídicamente injustificado exigir el
agotamiento de trámites ante los jueces contenciosos cuando lo que está en juego es la
vida misma.
En ese sentido, en el caso concreto se considera satisfecho el requisito de subsidiariedad,
toda vez que el personero de Ocaña se encuentra en una situación que justifica la
flexibilización de dicho presupuesto.
5.3.- En lo que respecta a la oportunidad, cabe precisar que las afirmaciones
cuestionadas fueron realizadas el 21 de abril del año en curso y que el DAPRE negó la
solicitud de rectificación presentada por el actor el 7 de mayo de 202520. Por su parte, el
Ministerio del Interior emitió una respuesta en el mismo sentido el 12 de mayo del año
que trascurre21. Así, entre los hechos que motivaron la acción y la presentación de la
tutela transcurrieron alrededor de dos meses y medio, lo que permite concluir que esta
fue promovida dentro de un término razonable y que persiste la urgencia de la protección
invocada.
Ahora bien, en cuanto a los señalamientos dirigidos contra la Unidad Nacional de
Protección (UNP), debe resaltarse que estos se refieren a deficiencias en la prestación
del servicio de seguridad, las cuales comprometen derechos fundamentales como la vida
19 Corte Constitucional, sentencias SU-020 de 2022, T-469 de 2020, T-123 de 2019, T-473 de 2018, T-411 de 2018 y
T-349 de 2018. El alto tribunal constitucional también concluyó, en algunas ocasiones, que el requisito de
subsidiariedad se cumplía para evitar un perjuicio irremediable.
20 Como consta a folio 5 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 10, con certificado 7143299660F241F3
123B96A603FB91D4 A6830B467BB9E3CA 93A4F1418CF01318.
21 Como consta a folios 80-81 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado CB10E146C82160BD
C3394B31556DD7F7 116F1DEE2B8FC3D5 CA7466F2976BA453.
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y la integridad personal. Se trata, por tanto, de hechos de carácter continuo y sucesivo,
en la medida en que reflejan un incumplimiento persistente respecto de la asignación de
un esquema de protección eficaz. Esta circunstancia permite constatar la permanencia
de la vulneración alegada y justifica, en consecuencia, la procedencia actual del
mecanismo de amparo frente a la entidad accionada.
5.4.- En atención a lo anterior, se evidencia que esta solicitud de amparo cumple los
requisitos de procedibilidad y se continuará con el estudio de los derechos que se
consideran relevantes para solventar el caso.
6.- Generalidades de los derechos a la vida y a la seguridad
El artículo 2 de la Constitución Política establece dentro de los fines esenciales del
Estado asegurar la convivencia pacífica y dispone que las autoridades están instituidas
para: i) proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades, y ii) asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares. Por su parte, el artículo 11 ejusdem señala que
el derecho a la vida es inviolable y el artículo 12 siguiente consagra que nadie será
sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional desde sus primeros
pronunciamientos22 reconoció que el derecho a la vida es un presupuesto para el goce y
disfrute de los demás derechos constitucionales y resaltó que tiene “sentido y alcance en
cuanto manifiesta una voluntad nacional de crear las condiciones necesarias para que la
violencia deje de ser empleada como medio de solución de conflictos”23.
Luego, en la sentencia C-331 de 2017, se indicó que era un mandato superior de
obligatorio cumplimiento para todas las autoridades del Estado la realización de
actividades tendientes a lograr las condiciones para la continuidad y el desarrollo efectivo
de la vida de las personas que residen en Colombia24.
22 Corte Constitucional, sentencias T-596 de 1992, C-133 de 1994, T-427 de 1998, T-645 de 1998, T-524 de 2007 y C-
327 de 2016. Esa corporación aseguró que el derecho a la vida es el sustrato ontológico de la existencia de los restantes
derechos.
23 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 1993. MP Carlos Gaviria Díaz, en la que la Corte señaló que “el
reconocimiento del derecho humano a la vida en una norma de rango jurídico supremo (C.N. Artículo 11), deberá
asumirse por gobernantes y gobernados como un compromiso de restablecer las reglas que conforman el mínimo
exigido para el mantenimiento y desarrollo de la convivencia civilizada y el consenso social”.
24 SU-020 de 2022, pág. 122.
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En consecuencia, la Corte Constitucional advirtió que existen dos ámbitos de protección
vinculantes para el Estado:
“i) los deberes de respeto y ii) las obligaciones de protección. Los deberes de respeto se traducen
en que las autoridades deben abstenerse de vulnerar la vida e integridad personal de los
ciudadanos, tanto como han de evitar que terceras personas los afecten. En relación con el deber
de protección, se materializa por medio de acciones o medidas de carácter positivo, una vez
determinado el riesgo al que está sometida una persona como consecuencia de amenazas
concretas sobre su vida e integridad personal, el Estado tiene la obligación de definir, de manera
oportuna, los medios de protección específicos, adecuados y suficientes para evitar la
consumación de un daño”25.
A su vez, el derecho a la seguridad no aparece expresamente denominado como
fundamental en la Constitución Política, sino que ese estatus se deriva de una
interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad, pues está íntimamente ligado
a la vida26.
La jurisprudencia constitucional ha señalado que un riesgo adquiere el carácter de
extraordinario cuando reúne ciertas características particulares que lo distinguen de uno
ordinario. En primer lugar, debe tratarse de un peligro individualizable, esto es, que afecte
de forma específica a una persona determinada y no se limite a una amenaza genérica.
Además, ha de ser concreto, sustentado en hechos manifiestos y verificables que
permitan identificar su existencia de manera objetiva. Igualmente, tiene que ser actual,
lo que significa que se trata de una amenaza presente y que no responde a un escenario
meramente hipotético o remoto. También debe ser significativo y serio, en el sentido de
que exista una probabilidad real de su materialización. No basta con que se observe una
contingencia abstracta, sino que tiene que ser discernible y claramente identificable.
Finalmente, es menester que se califique como excepcional, es decir, que no
corresponda al tipo de exposición común que asume el ciudadano promedio en sus
actividades diarias27.
En punto de lo anterior, la Corte Constitucional ha precisado que la evaluación del nivel
de riesgo al que está expuesta una persona y la determinación de las medidas de
salvaguarda a implementar corresponde exclusivamente a la Unidad Nacional de
Protección, entidad que cuenta con los medios técnicos y administrativos idóneos para
25 Corte Constitucional, SU-020 de 2022.
26 Corte Constitucional, T-002 de 2020.
27 Corte Constitucional, SU-020 de 2022.
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realizar dicha tarea. En ese sentido, en la T-388 de 2019 se reiteraron varias reglas
jurisprudenciales: primero, que la UNP es la autoridad competente y dotada de las
herramientas necesarias para establecer tanto el riesgo como las acciones protectoras;
segundo, que por regla general corresponde al juez constitucional ordenar a la UNP la
realización del estudio respectivo; tercero, que de forma excepcional en la tutela se
puede ordenar la continuidad de un esquema de protección si advierte que existen
pruebas claras e inequívocas sobre una amenaza grave e inminente; y, cuarto, que la
UNP debe tener en cuenta no solo la situación individual del solicitante, sino también el
contexto estructural y colectivo en el que se inscribe su situación.
7.- Generalidades sobre los derechos a la honra y al buen nombre
El derecho al buen nombre está consagrado en el artículo 15 28 de la norma normarum y
se ha entendido que corresponde a la imagen que las personas tienen de los demás
miembros de la comunidad y, además, implica que no se deben presentar expresiones
oprobiosas, denigrantes o falsas, que generen detrimento del buen crédito o la pérdida
de respeto. Esta prerrogativa se vulnera cuando se afecta la reputación de alguien como
consecuencia de expresiones ofensivas o injuriosas29.
Por su parte, la honra está regulada en el artículo 2130 de la Constitución Política. Esta
se ha definido como la estimación o deferencia con que cada persona debe ser tenida
por los demás agentes de la colectividad en razón a su dignidad humana 31, de tal forma
que se consagra como el “derecho que debe ser protegido con el fin de no menoscabar
el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar
la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad”. En
consecuencia, será conculcada solamente cuando se difunden opiniones que producen
un daño moral tangible a su titular32, bajo la aclaración de que:
“(…) no todo concepto o expresión mortificante para el amor propio puede ser considerada como
imputación deshonrosa, puesto que para ser visualizadas como tales, las afirmaciones que se
expresen deben tener la virtualidad de ‘generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y su
gravedad no depende en ningún caso de la impresión personal que le pueda causar al ofendido
alguna expresión proferida en su contra en el curso de una polémica pública, como tampoco de
28 “Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado
debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”.
29 Corte Constitucional, SU-420 de 2019.
30 “Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección”.
31 Corte Constitucional, sentencia T-015 de 2015.
32 Corte Constitucional, SU-420 de 2019.
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la interpretación que éste tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad que lesione el
núcleo esencial del derecho”33.
8.- El ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los servidores públicos
con énfasis en el poder–deber de comunicación de los altos funcionarios del
Estado
En atención a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política 34 la Corte
Constitucional ha reconocido que la libertad de expresión es un derecho complejo que
integra garantías diferenciadas, entre las cuales se destacan la libertad de opinión, que
comprende la facultad de difundir pensamientos, ideas y mensajes por el medio que se
elija, y la libertad de información, destinada a recibir y transmitir noticias de manera veraz
e imparcial sobre hechos de diversa índole35.
Si bien los servidores públicos, al igual que cualquier ciudadano, son titulares de este
derecho, su función en el Estado les impone cargas especiales. La norma superior, a
través del mandato en su artículo 2º36, asigna a las autoridades la obligación de proteger
los derechos fundamentales de todas las personas, lo que restringe particularmente la
autonomía de quienes ejercen funciones públicas. En consecuencia, la jurisprudencia ha
establecido que, al actuar en el desempeño de sus funciones, estos sujetos disponen de
una autonomía limitada y deben orientar sus manifestaciones hacia la defensa de los
derechos fundamentales37.
En cuanto a las redes sociales, por su naturaleza, se debe considerar que son canales
de amplia difusión capaces de alcanzar a un número indeterminado de personas, lo que
las equipara a los medios de comunicación masiva. En este contexto, la Corte ha
subrayado que el uso de estas plataformas por parte de funcionarios públicos, en especial
los que ostentan altos cargos, genera una responsabilidad mayor, dado el impacto
33 Corte Constitucional, sentencia C-452 de 2016.
34 “Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar
y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen
responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.
35 Corte Constitucional, sentencia T-446 de 2020.
36 “Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares”.
37 Corte Constitucional, sentencia T-446 de 2020.
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inmediato de sus declaraciones en la formación de la opinión pública y en los
comportamientos de la sociedad38.
En la sentencia T-446 de 2020 el alto tribunal constitucional determinó que las
declaraciones de altos funcionarios trascienden el mero ejercicio de la libertad de
expresión y constituyen, en realidad, el ejercicio de un poder-deber de comunicación
permanente con la ciudadanía 39 . Este mandato comunicativo es una garantía
indispensable para el funcionamiento de un sistema democrático, en el que los actos y
omisiones de los representantes públicos deben ser objeto de un examen riguroso.
Asimismo, respecto a la función comunicativa de los servidores públicos se ha precisado
que, por su condición, sus manifestaciones deben:
“(…) precaver con mayor ahínco posibles desmanes que en ejercicio de este poder-deber puedan
cometer, pues han sido revestidos de sus facultades para garantizar el respeto de los derechos
fundamentales de las personas y la materialización de los principios constitucionales. Por lo
mismo, los posibles abusos o extralimitaciones que un servidor público en el ejercicio de la
facultad de expresar su opinión o de presentar información pueda cometer, deben ser analizado
de forma más estricta que si lo llevara a cabo cualquier otra persona”40.
La jurisprudencia identifica dos escenarios en el ejercicio de comunicación de los
funcionarios:
“(i) aquellas manifestaciones que pretenden trasmitir información objetiva a los ciudadanos sobre
asuntos de interés general; y (ii) aquellas otras en las que, más allá de la transmisión objetiva de
información, se expresan cuestiones acerca de la política oficial, defienden su gestión, responden
a sus críticos, o expresan su opinión sobre algún asunto, casos estos últimos en los cuales
caben apreciaciones subjetivas formuladas a partir de criterios personales”41.
Así, si el pronunciamiento se refiere a información que se presenta como auténtica debe
someterse a una carga altísima de veracidad, mientras que, si se pretende trasmitir un
criterio personal sobre alguna materia, la carga de objetividad se reduce, pero requiere
un “mínimo de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad”42.
En definitiva, al asumir sus cargos, los servidores públicos se comprometen a cumplir y
defender la Constitución Política y las leyes, lo que implica adoptar una conducta que
38 Ibidem.
39 Corte Constitucional, sentencias T-1191 de 2004, T-1062 de 2005, T-1037 de 2008, T-263 de 2010 y T-627 de 2012,
entre otras.
40 Corte Constitucional, sentencia T-263 de 2010.
41 Corte Constitucional, sentencias T-263 de 2010 y T-466 de 2016.
42 Corte Constitucional, sentencia T-1191 de 2004.
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prevenga cualquier abuso y garantice la protección de los derechos de la ciudadanía. En
ese sentido, en el ejercicio de la libertad de expresión, especialmente en el contexto del
poder-deber de comunicación, los altos funcionarios deben ceñirse a parámetros estrictos
de objetividad, fundamentar sus opiniones en hechos comprobados, actuar con prudencia
y respetar de manera integral los derechos de los ciudadanos43. Adicionalmente, se debe
acotar que el derecho a expresarse libremente usualmente colisiona con las prerrogativas
a la honra y al buen nombre, las que se estudiaron previamente.
9.- El Estudio del caso concreto frente al presidente de la República y al ministro
del interior
9.1.- El peticionario alega que ha sido estigmatizado públicamente por el presidente de
la República y el ministro del Interior, quienes insinuaron, sin sustento fáctico, que sus
actuaciones favorecían al ELN. Considera que tales señalamientos incrementaron su
nivel de riesgo, afectaron su honra y pusieron en entredicho su condición de funcionario
civil.
Así, se citarán las frases realizadas en medios de comunicación masivos el 21 de abril
de 2025 por el presidente de la República y por el ministro del Interior, que, en criterio de
la parte actora, conculcaron los derechos cuya protección se busca en este escenario
iusfundamental, y se revisará si estas tuvieron las consecuencias y la dimensión que el
accionante les atribuye.
9.2.- Pues bien, el presidente de la República, en una alocución televisada, manifestó
literalmente que:
“¿Por qué quiere el personero de Ocaña (...) que se caiga la conmoción interior? Eso es para que
se emborrache de alegría el ELN. No tendríamos cómo financiar al Ejército (...) Uno a veces se
pregunta, ¿y a quién le trabajan?”44.
A su vez, el ministro del Interior, en la misma fecha, hizo público un mensaje en su cuenta
personal de la red social “X.com”, en el que textualmente indicó:
43 Corte Constitucional, sentencia T-446 de 2020.
44 A folio 7 del escrito de tutela.
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“Señor Personero de Ocaña @jorgearmando04, negar la efectividad del decreto de Conmoción
Interior en el Catatumbo es desconocer el enorme esfuerzo de nuestras Fuerzas Militares. Quien
diga lo contrario es sospechoso de estar ayudando a la insurgencia de este país”45.
9.3.- En efecto, del contenido literal de las manifestaciones proferidas el 21 de abril de
2025 por el presidente de la República y el ministro del interior se evidencia que ambos
altos funcionarios del Estado, al identificarlo por su cargo como personero del municipio
de Ocaña, dirigieron señalamientos personales en contra de Jorge Armando Bohórquez
Lanzziano. En particular, le atribuyeron de forma inequívoca conductas que cuestionan
su lealtad institucional, su rectitud funcional y su compromiso con el orden constitucional.
Así, el presidente de la República, durante una alocución oficial transmitida por medios
televisivos, sugirió que la postura crítica del personero frente al decreto de conmoción
interior beneficiaba a un grupo armado ilegal —el ELN—, e insinuó que su actuación
respondía a intereses ajenos a los de la ciudadanía, al preguntarse expresamente: “¿a
quién le trabajan?”. Esta afirmación, más allá de constituir una expresión retórica o de
proponer un debate político, pone en duda la integridad del funcionario y su legitimidad
para ejercer la función pública.
Por su parte, el ministro del interior publicó un mensaje en la red social “X.com”, en el
que, sin ambigüedad, señaló que quien niegue la efectividad del decreto de conmoción
interior expedido por el Gobierno es automáticamente “sospechoso de estar ayudando a
la insurgencia”, imputación que, en el contexto del mensaje, se dirigía directamente al
accionante, dado que se refiere a él por su nombre de usuario digital e investidura.
9.4.- Aunque los pronunciamientos referidos no contienen una acusación penal directa,
lo cierto es que atribuyen al accionante, de manera pública y sin sustento fáctico o
probatorio, una presunta cercanía o afinidad con estructuras armadas ilegales y con toda
la gama de conductas penales que ello conlleva, lo cual compromete su buen nombre,
afecta su imagen como servidor público y mina la confianza ciudadana en la institución
que representa. Evidentemente, tales señalamientos, al provenir de las máximas
autoridades del poder ejecutivo nacional, constituyen un reproche oficial que trasciende
el ámbito político y adquiere un carácter estigmatizante, con efectos negativos directos
sobre su función, su integridad personal y su seguridad.
45 Ibidem, a folio 6.
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Al respecto, debe recordarse que el ejercicio del poder–deber de comunicación del
presidente y de sus ministros impone cargas reforzadas en términos de veracidad,
objetividad y razonabilidad. El estándar jurisprudencial exige que, cuando se formulan
afirmaciones que implican conductas punibles o deshonrosas, exista un respaldo mínimo
de justificación que las sustente. Dicho estándar se eleva aún más cuando las
declaraciones provienen del jefe de Estado o de otras altas dignidades, dada la
amplificación natural de sus palabras en la esfera pública y el peso que ejercen en la
formación de la opinión ciudadana.
9.5.- En este asunto concreto, no obra en el expediente ningún elemento que permita
afirmar, directa o indirectamente, que el accionante —quien, además, ejerce el cargo de
personero municipal en una región históricamente afectada por el conflicto armado y cuya
labor institucional se orienta a la promoción y defensa de los derechos humanos— tenga
vínculo alguno con el ELN ni con ningún otro grupo armado al margen de la ley. En tal
sentido, no existen fundamentos que justifiquen calificarlo como “sospechoso” o insinuar
que sus actuaciones respondan a intereses distintos de los propios de la función pública
que desempeña, orientada al servicio de la ciudadanía y enmarcada en los principios
constitucionales que rigen las personerías en Colombia.
Sumado a lo anterior, en el sub judice las afirmaciones cuestionadas adquieren una
connotación particularmente grave si se consideran las condiciones estructurales del
contexto en el que el servidor público desarrolla sus funciones. El personero municipal
de Ocaña ejerce su labor en una zona históricamente afectada por la violencia y la
presencia de grupos armados ilegales, donde la capacidad institucional del Estado, a
veces, enfrenta limitaciones para garantizar de manera plena la seguridad y el control
territorial. En ese escenario, los señalamientos realizados por las más altas autoridades
del Ejecutivo sitúan al actor en una condición de especial vulnerabilidad, pues lo exponen
sin justificación a riesgos inminentes propios de un entorno en el que las capacidades
estatales de protección, vigilancia y reacción frente a eventuales amenazas resultan, a
veces, complejas.
9.6.- De conformidad con lo expuesto, es evidente que el accionante no está obligado a
soportar imputaciones ni insinuaciones carentes de sustento comprobado, en especial
cuando estas provienen de quienes ejercen la dirección del Gobierno, pues poseen el
potencial de afectar gravemente la reputación y la imagen personal y profesional del
funcionario.
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9.7.- Cuando se encuentren conculcadas las garantías al buen nombre y a la honra, como
en este caso, la retractación o corrección por parte del emisor deberá efectuarse por el
mismo medio en que se produjo la afectación y de manera pública, además de reconocer
expresamente que incurrió en un error o falsedad46.
En atención a lo expuesto, esta Sala dispondrá el amparo de los derechos referidos y
ordenará:
(i) Al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, que en la inmediata y
siguiente alocución presidencial o intervención televisiva posterior a la notificación de esta
decisión, realice la rectificación correspondiente en relación con las manifestaciones
efectuadas el 21 de abril de 2025.
Dicha rectificación deberá efectuarse conforme a los parámetros fijados en esta
providencia y en atención a los principios de veracidad, proporcionalidad y
responsabilidad institucional que rigen la comunicación de los altos dignatarios del
Estado.
(ii) Al ministro del interior, Armando Alberto Benedetti Villaneda, que publique, dentro de
los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, y mantenga por el
término de tres (3) meses, un mensaje en su cuenta personal de la red social “X.com”
(antes Twitter), mediante el cual realice la rectificación correspondiente respecto de las
manifestaciones efectuadas el 21 de abril de 2025.
Dicha rectificación deberá efectuarse conforme a los parámetros fijados por esta
providencia y a los estándares de veracidad, objetividad y respeto propios de la función
pública. En el mensaje de rectificación deberá etiquetarse el usuario del actor, Jorge
Armando Bohórquez Lanzziano, en la red social “X.com”.
10.- El Estudio del caso concreto frente a la UNP
10.1.- En el sub examine, el actor censura a la UNP porque, pese a haberle informado
sobre seguimientos e intimidaciones, no ha adoptado medidas efectivas ni idóneas;
46 Corte Constitucional, sentencia T-242 de 2022.
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mantiene un esquema de protección insuficiente, que no garantiza la seguridad del
accionante ni de su familia; y ha actuado con omisión y sin motivación técnica suficiente,
en contravía de su deber de protección reforzada.
10.2.- Cabe resaltar que el tutelante ostenta la condición de sujeto de especial protección
constitucional, en la medida en que ejerce funciones de control y vigilancia, así como
labores de defensa, promoción y protección de los derechos humanos dentro de su
jurisdicción. Dichas actividades, desarrolladas en un contexto social y territorial afectado
por fenómenos de violencia estructural, lo exponen a un riesgo grave e inminente
directamente derivado de su rol institucional.
A partir de lo anterior y con base en los hechos descritos en la tutela, sumado a los
múltiples estudios de riesgo informados por la UNP mediante los que se han constatado
las amenazas a las que está sujeto el accionante, se considera acreditada la gravedad
del riesgo en el que encuentra debido a su labor y ubicación.
10.3.- Ahora bien, según se expuso, en la respuesta de la UNP se informó sobre los
diversos análisis de riesgo efectuados en el caso de Bohórquez Lanzziano. En efecto, la
entidad realizó varios estudios del nivel de riesgo de Jorge Armando Bohórquez
Lanzziano, todos los cuales concluyeron que enfrentaba un riesgo extraordinario. Como
consecuencia, se adoptaron y ratificaron de manera sucesiva medidas consistentes en
un esquema de protección integrado por un vehículo convencional, dos hombres de
protección y un chaleco blindado. Las resoluciones emitidas al respecto fueron las núm.
7106 de 2022, 5626 de 2023, DGRP 005348 de 2024 y DGRP 000114 de 2025. Esta
última fue objeto de recurso de reposición, resuelto mediante la Resolución DGRP
002667 del 25 de marzo de 2025, en la que se decidió mantener las medidas asignadas.
En el estudio de riesgo más reciente se identificó un porcentaje de amenaza del 56.66%
y fue presentado al Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas
(CERREM), el cual validó la clasificación del riesgo como extraordinario y recomendó la
ratificación del esquema previamente descrito. Dicho análisis tuvo en cuenta múltiples
factores, como las amenazas proferidas por el grupo armado EPL; un retén ilegal en la
vía Aguachica–Ocaña, donde se produjo un enfrentamiento armado; la existencia de una
denuncia por secuestro simple en etapa de indagación; su inclusión en el Registro Único
de Víctimas por amenazas desde 2023; su condición de servidor público como personero
municipal; la visibilidad que tiene ante la comunidad; y su liderazgo como presidente de
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la Asociación de Personeros del Catatumbo. Así mismo, se valoraron las alertas
tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo que advertían sobre la presencia de
grupos armados ilegales en la zona.
Tras la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 137 de 2025, que implementó
medidas extraordinarias en el marco del estado de conmoción interior declarado
mediante el Decreto 62 del 24 de enero de 2025 para la región del Catatumbo, la
Subdirección de Evaluación de Riesgo decidió aplicar el Mecanismo Extraordinario de
Emergencia (MEE). En virtud de ello, la UNP aplicó tres MEE al accionante. Así,
Mediante acto administrativo No. 020 del 17 de febrero de 2025, ratificó el esquema de
protección vigente, e incluyó el acceso a una línea de protección de emergencia, la cual
permite geolocalización y video en tiempo real. Posteriormente, el acto administrativo No.
182 del 3 de abril de 2025 reiteró las medidas del primer MEE. Por último, el No. 521 del
1º de julio de 2025 mantuvo el esquema anterior, pero ordenó implementar una tercera
persona de protección y extender las medidas al núcleo familiar del accionante.
Es de resaltar que el MEE fue creado como un instrumento transitorio para atender con
celeridad situaciones de riesgo y su aplicación cesó con la decisión de la Corte
Constitucional, en la que se declaró la inconstitucionalidad del Decreto 137 de 2025.
Finalmente, la UNP informó que el 18 de julio de 2025 reactivó la orden de trabajo No.
691571 con el fin de adelantar un nuevo estudio de riesgo ordinario a partir de los hechos
sobrevinientes. Acotó que este estudio se adelanta conforme a la ruta ordinaria prevista
en el artículo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015 y será el que determine la procedencia
de medidas de protección por parte de la entidad. En garantía de los derechos
fundamentales invocados, la Oficina Asesora Jurídica solicitó, mediante comunicación
del 21 de julio de 2025, priorizar dicha evaluación.
10.4.- En ese contexto, se advierte que, aunque la UNP no ha ignorado ni ha sido ajena
a las denuncias del actor, lo cierto es que el plazo de 30 días hábiles previsto en el
artículo 2.4.1.2.4047 del Decreto 1066 de 2015 para que el CTAR presente los resultados
de su evaluación al CERREM se encuentra ampliamente vencido y no se ha allegado a
este expediente constancia del estado de la ruta ordinaria ni de que se hubiese concluido.
47 “(…) 4. Presentación del resultado de la evaluación del riesgo al CERREM en un plazo no mayor de 30 días hábiles,
contados a partir del momento en que el solicitante expreso su consentimiento para la vinculación al programa”.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04277-01
Accionante: Jorge Armando Bohórquez Lanzziano
Accionados: Presidencia de la República y otros
En tal medida, esta Sala pone de presente que, pese al incremento de los riesgos y
amenazas denunciados por el accionante en el escrito de tutela, los cuales estarían
relacionados con señalamientos formulados en su contra por parte del ministro del
interior y del presidente de la República, aún no se ha concluido el estudio de riesgo en
curso. Esta circunstancia reviste especial preocupación, habida cuenta del contexto de
vulnerabilidad en el que el tutelante desarrolla sus funciones.
La demora observada podría reflejar una dificultad institucional que incide en la eficacia
de las medidas de protección del convocante, dado que la falta de una evaluación
oportuna del riesgo limita la posibilidad de definir acciones adecuadas para atender el
nivel de exposición al que se encuentra sometido. Tal situación puede traducirse en un
impacto sobre el ejercicio de sus garantías fundamentales, en particular los derechos a
la vida y a la seguridad.
10.5.- Sin embargo, conviene precisar que la situación advertida no obedece, en estricto
sentido, a la ausencia de una decisión encaminada a fortalecer el esquema de seguridad
del accionante. En realidad, lo identificado se relaciona con la falta de una evaluación
técnica reciente por parte de la Unidad Nacional de Protección, que permita establecer,
de manera objetiva y fundada, si las condiciones actuales de riesgo justifican la
modificación de las medidas de protección previamente adoptadas. Se reitera que la
valoración sobre la idoneidad, suficiencia o necesidad de reforzar dicho esquema
corresponde, de forma exclusiva, a la UNP, como entidad especializada y competente
en la materia.
10.6.- Así las cosas, la Sala concluye que la entidad no cumplió de manera oportuna con
la realización de un estudio actualizado del nivel de riesgo y, en consecuencia, se
ampararán los derechos a la vida y a la seguridad del actor. En tal virtud, se ordenará a
la UNP que, dentro del término máximo de veinte (20) días contados a partir de la
notificación de esta providencia, concluya el nuevo estudio técnico de riesgo, con el
propósito de verificar la eficacia del esquema de protección vigente y determinar,
conforme a los parámetros técnicos y normativos aplicables, si resulta necesario efectuar
ajustes en este.
11.- En consecuencia, se revocará el fallo impugnado y se ampararán los derechos a la
vida, a la seguridad, al buen nombre y a la honra del actor, disponiéndose las órdenes
correspondientes.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04277-01
Accionante: Jorge Armando Bohórquez Lanzziano
Accionados: Presidencia de la República y otros
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III.- RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido el 8 de agosto de 2025 por la Sección Segunda
del Consejo de Estado y, en su lugar, AMPARAR los derechos a la vida, a la seguridad,
al buen nombre y a la honra de Jorge Armando Bohórquez Lanzziano de conformidad
con las razones ut supra.
SEGUNDO: ORDENAR presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego,
que en la inmediata y siguiente alocución presidencial o intervención televisiva posterior
a la notificación de esta decisión, realice la rectificación correspondiente en relación con
las manifestaciones efectuadas el 21 de abril de 2025. Dicha rectificación deberá
efectuarse conforme a los parámetros fijados en esta providencia y en atención a los
principios de veracidad, proporcionalidad y responsabilidad institucional que rigen la
comunicación de los altos dignatarios del Estado.
TERCERO: ORDENAR al ministro del Interior, Armando Alberto Benedetti Villaneda, que
publique, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, y
mantenga por el término de tres (3) meses, un mensaje en su cuenta personal de la red
social “X.com” (antes Twitter), mediante el cual realice la rectificación correspondiente
respecto de las manifestaciones efectuadas el 21 de abril de 2025. Dicha rectificación
deberá efectuarse conforme a los parámetros fijados por esta providencia y a los
estándares de veracidad, objetividad y respeto propios de la función pública. En el
mensaje de rectificación deberá etiquetarse el usuario del actor, Jorge Armando
Bohórquez Lanzziano, en la red social “X.com”.
CUARTO: ORDENAR a la UNP que, en el término de veinte (20) días contados a partir
de la notificación de esta providencia, concluya el nuevo estudio técnico de riesgo con el
fin de verificar adecuadamente la eficacia del esquema de protección vigente y determinar
si es necesario ajustarlo, conforme a los parámetros técnicos y normativos aplicables.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04277-01
Accionante: Jorge Armando Bohórquez Lanzziano
Accionados: Presidencia de la República y otros
QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por
el medio más expedito.
SEXTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Ausente con excusa
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
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