Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04278-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04278-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04278-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
16 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 16 de septiembre de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04278-00
Demandante: Nelssy Olaya Soto
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL |Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia judicial de segunda instancia que,
dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, confirmó la decisión que
negó las pretensiones de la demanda consistentes en que se ordenara el reajuste y la
reliquidación de una pensión.
De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Nelssy Olaya Soto
en contra del Juzgado 20 Administrativo de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 10 de julio de 2025, Nelssy Olaya Soto, en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Juzgado 20 Administrativo de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia e igualdad, con ocasión de las
Sentencias de 22 de marzo de 2024 y 12 de mayo de 20252, proferidas por
las autoridades judiciales accionadas, respectivamente, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-35-020-2018-00536-
00/02.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora pidió (se trascribe):
“1. DECLARAR. que por parte de los accionados se le han vulnerado el DEBIDO
PROCESO y el ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, la IGUALDAD a la
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Notificada mediante mensaje de datos enviado el 15 de mayo de 2025.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15--000-2025-04278-00
Demandante: Nelssy Olaya Soto
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección A y otro
Decisión: Declara improcedencia
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señora NELSSY OLAYA SOTO, (…), quien es SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN EN
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
2. Que ha consecuencia de conceder el amparo constitucional, se ordene a
los accionados dejar sin valor ni efecto las decisiones materia de la presente
acción y en consecuencia ordenar que se profieran en derecho, teniendo en
cuenta las normas legales en la materia y analizando en conjunto todas y cada
una de las pruebas aportadas con ocasión al debido proceso y a las
pretensiones de la demanda.
3. Requerir a los accionados para que en lo sucesivo se abstengan de proceder
por vías de hecho y salvaguarden el debido proceso y demás derechos
fundamentales.
4. Las demás que considere su señoría.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) Nelssy Olaya Soto trabajó en la Policía Nacional durante 15 años, 4
meses y 5 días, entre el 20 de enero de 1975 y el 25 de mayo de 1990. Reunió
los requisitos para la pensión de jubilación, el 13 de junio de 1990, cuando
cumplió 50 años y había cotizado un total de 5.121 días en la Policía
Nacional, 3.351 días en Cajanal y 2.881 días en Colpensiones.
5. 2) Mediante Resolución No. 1292 de 18 de septiembre de 2015, la
Policía Nacional, en virtud del Decreto 2247 de 1984 (pensión de jubilación
por tiempo discontinuo), reconoció y ordenó el pago de una pensión a la
demandante correspondiente al 75% del último salario devengado al
momento de su retiro, esto es, el correspondiente a mayo de 1990, el cual se
liquidó con los siguientes factores salariales: sueldo básico, subsidio familiar,
prima de actividad, prima de navidad y subsidio de alimentación. Adicional
a ello, declaró la prescripción de las mesadas pensionales causadas entre
el 13 de junio de 1990 y 16 de julio de 2010, porque operó la prescripción
cuatrienal de conformidad con el artículo 147 del Decreto 2247 de 1984.
6. 3) El 17 de noviembre de 2016, la señora Olaya Soto presentó una
petición ante la Policía Nacional, con el fin de que se le reconociera el
derecho a su pensión, desde que este fue adquirido, es decir, desde junio
de 1990, y que se reliquidara y reajustara su pensión con la inclusión de todos
los factores salariales establecidos en el artículo 98 del Decreto 2247 de 1984.
Esa solicitud fue resuelta mediante el Oficio No. 346450/ARPRE-GRUPE-1.10
de 26 de diciembre de 2016, a través del cual el jefe de Grupo de
Pensionados de la Policía Nacional señaló que el reconocimiento se realizó
de acuerdo con las partidas computables establecidas en el artículo 98 del
Decreto 2247 de 1984 y que el no pago de las mesadas causadas con
anterioridad a 16 de julio de 2010 obedeció a la prescripción cuatrienal
establecida en el artículo 147 del mismo decreto. En consecuencia, negó la
solicitud presentada.
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Decisión: Declara improcedencia
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7. 4) El 30 de diciembre de 2016, Nelssy Olaya Soto presentó recurso de
apelación contra el Oficio No. 346450/ARPRE-GRUPE-1.10 de 26 de
diciembre de 2016 de la Policía Nacional, pese a ello, mediante Oficio No.
1247/ARPRE-GRUPE-1.10 de 3 de enero de 2017, la Policía Nacional indicó
que el oficio cuestionado era una comunicación oficial que no debía
entenderse como un acto administrativo y contra este no procedían
recursos.
8. 5) La señora Olaya Soto presentó una nueva solicitud ante la Policía
Nacional (de la que no se evidenció la fecha de radicación), en la que
nuevamente solicitó el reconocimiento y pago de su pensión desde junio de
1990, y la reliquidación y reajuste de su pensión con la inclusión de todos los
factores salariales establecidos en el artículo 98 del Decreto 2247 de 1984.
Esa solicitud fue respondida a través del Oficio No. S-2021-10064-SEGEN de
15 de marzo de 2021, con el que la Policía Nacional hizo referencia a que ya
había dado respuesta a la solicitud de reliquidación y reajuste en una
oportunidad anterior. Adicional a ello, recordó que la aplicación de la
prescripción cuatrienal obedecía a lo dispuesto legalmente en el artículo
147 del Decreto 2247 de 1984, motivo por el que negó nuevamente las
peticiones presentadas.
9. 6) Nelssy Olaya Soto presentó demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho3, en contra del Ministerio
de Defensa – Policía Nacional, con el fin de obtener: (a) la nulidad de
Resolución No. 1292 de 2015, y de los Oficios No. 346450/ARPRE-GRUPE-1.10
de 26 de diciembre de 2010, No. 1247/ARPRE-GRUPE-1.10 de 3 de enero de
2017 y No. S-2021-10064-SEGEN de 15 de marzo de 2021; (b) la reliquidación
y reajuste de su pensión con la inclusión de todos los factores y partidas a los
que tenía derecho y que no habían sido tenidos en cuenta, como la prima
de servicios; (c) el reconocimiento y pago de las mesadas dejadas de
percibir, entre el 13 de julio de 1990 y el 16 de julio de 2010, con el pago de
intereses moratorios a la máxima tasa legal; y (d) la condena de la
demandada al pago de perjuicios morales.
10. 7) El 22 de marzo de 2024, el Juzgado 20 Administrativo de Bogotá
profirió sentencia de primera instancia, en la cual negó las pretensiones de
la demanda. Ello, en consideración a que, si bien la situación pensional de
la actora se resolvió conforme con el Decreto 2247 de 1984, y la
demandante era beneficiaria del Decreto 1214 de 1990, lo cierto era que
dicha situación no variaba las condiciones con las que se liquidó su pensión,
dado que los factores salariales que se incluyeron en la pensión fueron
aquellos que devengaba y el reconocimiento a partir del 16 de julio de 2010,
obedeció a la prescripción cuatrienal establecida de igual manera en el
artículo 129 del Decreto 1214 de 1990.
3 Rad. No. 11001-33-35-020-2018-00536-00
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11. 8) La parte actora apeló la anterior decisión para lo cual argumentó
que hubo una errada aplicación de la prescripción y una indebida
fundamentación legal, pues la autoridad administrativa recurrió a normas
derogadas (Decreto 2247 de 1984) y omitió factores computables de la
pensión conforme con el Decreto 1214 de 1990, tales como la prima de
servicios y el subsidio de transporte (el cual no había sido solicitado con la
demanda).
12. 9) El 12 de mayo de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia de primera
instancia, tras señalar que, de conformidad con el artículo 99 del Decreto
1214 de 1990, la prestación reclamada correspondía a una pensión de
jubilación por tiempo discontinuo, y que su derecho se causó el 13 de junio
de 1990, cuando cumplió 50 años. Sobre la reliquidación y reajuste con
inclusión de la prima de servicios indicó que ese concepto reclamado no
hizo parte del último salario devengado por la demandante, motivo por el
que no resultaba procedente su inclusión.
13. Finalmente, recordó que, desde el 13 de junio de 1990, cuando la
actora se retiró del servicio, la única solicitud de reconocimiento pensional
fue radicada el 17 de julio de 2014, cuando había transcurrido cerca de 24
años, y con base en la fecha de presentación de esa solicitud, la Policía
Nacional declaró la prescripción cuatrienal de las mesadas causadas con
anterioridad al 17 de julio de 2010.
14. Como fundamento de la vulneración, la parte actora consideró que
se configuró un defecto fáctico, toda vez que no se valoró de manera
adecuada la Resolución No. 1292 de 18 de septiembre de 2015, la cual fue
expedida con base en un decreto derogado, y tampoco se valoró un
certificado expedido por el Ministerio de Defensa, que demostraba que su
vinculación a la Policía Nacional fue desde el 20 de enero de 1975, motivo
por el que cumplía con el término de 15 años para ser acreedora de la prima
de servicios.
15. Adicional a ello, consideró que hubo un defecto sustantivo, pues la
autoridad judicial no decretó la nulidad del acto administrativo demandado
(Resolución No. 1292 de 2015), pese a que este se fundamentó en un
decreto derogado y no en la reglamentación que se encontraba vigente,
esto es, el Decreto 1214 de 1990.
16. Finalmente hizo referencia a que el hecho de que la Policía se tardara
en reconocer, de oficio, la pensión ocasionó que se declarara la
prescripción de las mesadas causadas con anterioridad a julio de 2010.
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1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados4
17. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rindió informe en el que indicó que la acción de tutela era
improcedente, en la medida en que lo pretendido por la parte actora era
insistir en el cumplimiento de requisitos para devengar la prima de servicios
y, con base en ello, reabrir el debate sobre si tenía derecho a la reliquidación
y reajuste solicitados. En ese orden, señaló que lo que buscaba la
demandante era hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una
tercera instancia para discutir providencias judiciales adversas a sus
intereses.
18. El Juzgado 20 Administrativo de Bogotá solicitó que se negara la
acción de tutela, toda vez que la decisión adoptada por esa autoridad
judicial se fundamentó en el conjunto de normas y la jurisprudencia
aplicable al caso en concreto. Aunado a ello, indicó que fueron tenidas en
cuenta todas las pruebas allegadas al expediente de manera oportuna.
19. La Policía Nacional señaló que la acción de tutela era improcedente
pues no podía ser utilizada como una instancia o recurso adicional, con el
fin de reabrir debates estrictamente legales. Adicional a ello, hizo referencia
a que, en todo caso, las pretensiones de la acción de tutela no estaban
llamadas a prosperar en la medida en que, dentro del proceso ordinario, se
acreditó que la Resolución No. 1292 de 2015 y los oficios demandados
observaron, formal y materialmente, las normas que regían la materia sobre
el caso.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido. 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. 2.3. Conclusión.
2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio
20. La Sala se centrará en analizar los reparos invocados respecto de la
Sentencia proferida el 12 de mayo de 2025 por la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de
la que se resolvió la controversia en segunda instancia, pues pese a que
también se enjuició la sentencia de primer grado proferida por el Juzgado
20 Administrativo de Bogotá, lo cierto es que, con ocasión del recurso de
apelación, la decisión del tribunal fue la que resolvió el litigio. Asimismo, ante
una eventual decisión favorable a las súplicas de amparo, será la autoridad
que resolvió la controversia en segunda instancia, la encargada de dar
cumplimiento a lo que se ordene.
4 Mediante Auto de 15 de julio de 2025, el despacho ponente resolvió, entre otros, (1) admitir la acción de tutela
de la referencia, (2) tener como demandados a la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y al Juzgado 20 Administrativo de Bogotá y (3) vincular a la Nación - Ministerio de Defensa -
Policía Nacional, como terceros con interés en el proceso.
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2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial5
21. La Sala advierte que la acción de tutela es improcedente porque no
se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.
22. Para la Corte Constitucional, el requisito bajo estudio encuentra su
razón de ser en el carácter residual de esta acción, la especialidad de las
competencias tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios,
así como la necesidad de evitar que este mecanismo se convierta en una
instancia adicional para reabrir debates de carácter legal. En ese orden,
como finalidades de la relevancia constitucional han sido identificadas las
de preservar las competencias judiciales, respetar la autonomía e
independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a asuntos donde
se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se convierta en
una instancia adicional6.
23. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental7.
24. La Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente que el
requisito que se analiza requiere la conjunción de varios elementos: (1) una
carga argumentativa por parte del accionante que explique, con
suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la
necesidad de su intervención en el asunto8; (2) que la solicitud de amparo
no se presente con el objeto de obtener una instancia adicional al proceso
ordinario9 y (3) que se trate de una controversia sobre derechos
fundamentales y no asuntos de simple legalidad10.
25. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202311,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
5 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia
T-66 de 2019.
6 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022
7 Idem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024
8 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
9 Idem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
10 Idem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
11 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
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criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o simplemente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.
26. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que la accionante
(1) no cumplió con la carga argumentativa necesaria para determinar los
motivos por los cuales este asunto tenía trascendencia constitucional y (2)
pretendió revivir un debate propio del juez natural sobre una situación
definida y consolidada. Así, buscó que, a través de la acción de tutela, se
estudiara un aspecto que ya fue resuelto, es decir, utilizarla como una
instancia adicional12.
27. Lo anterior obedece a que la parte actora no expuso las razones por
las que consideraba que era necesaria la intervención del juez de tutela, de
cara a la decisión proferida por el juez de nulidad y restablecimiento del
derecho, y aunque encuadró sus reparos en unos defectos, la Sala
considera que su intención era poner de presente una aparente indebida
valoración probatoria y una indebida aplicación normativa y, con
fundamento en ello, reabrir el debate sobre si debía devengar la prima de
actividad y si esta debía tenerse en cuenta a efectos de un ajuste y
reliquidación de su pensión. Adicional a ello, pretendió cuestionar lo
relacionado con la aplicación de la prescripción cuatrienal respecto de las
mesadas causadas con anterioridad a julio de 2010.
28. Esos reparos fueron abordados y resueltos por la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de
la Sentencia de 12 de mayo de 2025, en la cual la referida autoridad judicial
indicó que el reconocimiento pensional de la señora Olaya Soto
correspondía a una pensión de jubilación por tiempo discontinuo, que
estaba contenida en el Decreto 1214 de 1990 y que, tal como fue
reconocida, se causó el 13 de junio de 1990 cuando cumplió 50 años de
edad, ya que para ese momento había laborado un tiempo superior a 20
años en entidades oficiales.
29. Adicionalmente, señaló que, pese a que se solicitó el reconocimiento
e inclusión de la prima de servicios, no había lugar a la misma, toda vez que
la demandante no cumplió con el término de 15 años para acceder a esa
prestación y, en consecuencia, no se logró acreditar que, efectivamente,
devengó ese factor cuando se realizó el reconocimiento de su pensión.
30. Finalmente, indicó que operó la prescripción respecto de las mesadas
pensionales anteriores al 17 de julio de 2010, teniendo en cuenta que la
actora adquirió el derecho el 13 de junio de 1990 y sin que existiera alguna
justificación, solo presentó la reclamación hasta el 17 de julio de 2014.
12 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
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31. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural, quien puso de presente las razones por las cuales
consideró que no existían argumentos para declarar la nulidad de los actos
administrativos demandados y ordenar el reajuste y la reliquidación de la
pensión de la demandante.
32. Así las cosas, debe aclarase que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía tutela, no da por cumplido el requisito de relevancia
constitucional. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial, pues
este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos
fundamentales de carácter excepcional.
2.3. Conclusión
33. Por las consideraciones expuestas, la Sala concluye que el requisito de
relevancia constitucional, no se cumplió en el caso concreto y, por tal
motivo, se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre los demás requisitos
de procedencia y, en consecuencia, declarará improcedente el amparo
solicitado.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Nelssy Olaya
Soto, por las razones expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 13.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
13 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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