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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04279-01

Fecha
13 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04279-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 15 de agosto de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con los argumentos expuestos en la presente providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-04279-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

13 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04279-01
Accionante: William Ferney González Hernández
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento de derecho

Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia que declaró
improcedente por falta del requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. LaSubsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 15 de agosto
de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor William Ferney González Hernández en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento interpuso demanda contra la Nación Ministerio de
Defensa, Ejercito Nacional para que se declarara la nulidad de la Resolución 02606
del 16 de junio de 2020 por medio de la cual fue retirado del servicio activo por
llamamiento a calificar servicios.

3. El proceso correspondió al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali,
autoridad judicial que, mediante sentencia del 26 de julio de 2024 negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que no logró desvirtuar la presunción de
legalidad del acto administrativo demandado, en la medida que no era suficiente la
mera afirmación de que la administración no actuó ajustada a derecho, sino que
era necesario que se presentaran los elementos de juicio que demostraran con
grado de convicción que se actuó con la desviación de poder alegada.

4. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a través de
sentencia del 26 de junio de 2025 resolvió confirmar la anterior decisión.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04279-01
Accionante: William Ferney González Hernández

2.2. Fundamento jurídico

5. La parte actora manifestó que la decisión cuestionada adolece de un defecto
fáctico, toda vez que no se valoró íntegramente el material probatorio aportado al
proceso.

6. De otra parte, alegó un desconocimiento de precedente contenido en las
sentencias T-267 del 2012 y T107 de 2016 de la Corte Constitucional, relacionado
con el llamamiento a calificar servicio.

2.3. Pretensiones

7. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO
PROCESO, A LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, AL TRABAJO toda vez que
el honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, en
sentencia del 26 de junio de 2025 incurrió en un defecto sustantivo pues
se observa que, de manera erronea, desconocieron las pruebas aportadas
durante el debate proceso y el precedente judicial.

SEGUNDO: Que se deje sin efectos la sentencia del 26 de junio de 2025
proferida por el honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el número NO. 76001-33-33-015-2020-002220-01.

TECERO: ORDENAR al horable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA, que profiera una nueva sentencia dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el número NO.
76001-33-33-015-2020-002220-01, teniendo en cuenta los lineamientos
establecitos por la Ley, la jurisprudencia y las pruebas que eexisten sobre
la presente litis y profiera una decisión de reemplazo donde acate los
argumentos jurídicos expuestos, los pruebas que existen en el plenario y
no unicamente se base en jurisprudencias vigentes si no que tenga en
cuenta las pruebas que existen en el plenario.» (Sic)

2.4. Intervenciones

8. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Subsección C, de la
Sección Tercera, del Consejo de Estado mediante auto del 17 de julio de 2025 a
través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali como accionados y a la
Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional como tercero interesado en el
resultado del proceso.

9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca solicitó se declare la
improcedencia de la acción de tutela por falta del requisito de relevancia
constitucional porque lo que pretendía la parte actora con su interposición era
reabrir un debate jurídico zanjado por su juez natural.

10. De otra parte, manifestó que la decisión cuestionada no adolece de un defecto
fáctico en la medida que el acto administrativo por medio del cual fua llamado a
calificar servicio cumplió con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional
en las sentencias de unificación SU-091 y 217 de 2016 y SU-237 del 2019.

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11. No se rindieron más informes.

2.5. Sentencia impugnada

12. La Subsección C, de la Sección Tercera, del Consejo de Estado mediante
sentencia del 15 de agosto de 2025 resolvió declarar la improcedencia del
mecanismo constitucional por falta del requisito de relevancia constitucional.

13. Al respecto, señaló que, si bien la parte actora manifestó que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto fáctico, lo cierto es que no expuso argumentos
tendientes a demostrarlo, así como tampoco citó cuáles pruebas consideró
desconocidas.

14. De otra parte, advirtió que el Tribunal explicó los motivos por los cuales el acto
administrativo demandado no incurrió en las causales de nulidad invocadas por la
parte actora, y que las razones que llevaron a la entidad a retirar del servicio al
actor, en virtud de la causal de llamamiento a calificar servicios, no deben estar
expresas en el acto, toda vez que está fundamentada en la ley, circunstancia que
permitía inferir, con claridad, que el debate planteado en este caso fue
adecuadamente examinado por el juez competente.

15. Bajo estas condiciones, concluyó que la acción de tutela formulada estaba
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de segunda instancia,
toda vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el
marco de esta, sin esbozar las razones concretas por las cuales el derecho
fundamental invocado fue vulnerado con la providencia atacada, lo que se
escapaba de la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada
se sustentaba en el principio de autonomía judicial.

2.6. Impugnación

16. La parte actora insistió en los argumentos de la demanda de tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

17. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

18. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la sentencia
del 26 de junio de 2025, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia e igualdad, al incurrir en los defectos fáctico
y desconocimiento de precedente. Previamente, debe verificar la Sala el
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en especial el de relevancia constitucional cuyo
incumplimiento fue advertido en primera instancia.

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Accionante: William Ferney González Hernández

3.3. Procedencia de la acción de tutela

19. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

20. De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la
vulneración; iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de
manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v)
que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de
sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen
exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia
judicial de naturaleza «excepcional».

21. En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material
o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho
de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos
una de las anteriores causales o defectos.

3.4. Del requisito de relevancia constitucional como requisito de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales

22. En lo que tiene que ver con el requisito de relevancia constitucional la Corte
Constitucional, ha establecido que se entiende satisfecho cuando la controversia
objeto de tutela trata de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido,
alcance y goce de un derecho fundamental o un principio constitucional y ha
precisado que es imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que
se cumple con el referido requisito1. La finalidad de esta exigencia es la de
preservar la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la

1 Cfr. Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de

2022, proferidas por la Corte Constitucional.

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constitucional e impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso
adicional de los procesos ordinarios.

23. Sobre el particular, el alto tribunal en materia constitucional, en Sentencia SU-
215 de 2022, estableció los siguientes criterios para determinar si se cumple con el
referido requisito:

24. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no meramente
legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la determinación de
aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta interpretación o aplicación
de una norma de rango legal o reglamentario, y que el debate no sea estrictamente
monetario ni connotaciones particulares o privadas que no representen un interés
general.2

25. Asimismo, que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no
basta con que la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la
administración de justicia o a la igualdad, sino que debe ir más allá «de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales», lo cual supone justificar de manera razonada y clara la «existencia
de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»3.

26. Además, que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o
un recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios. Sobre
este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela contra
providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo
cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica si se
verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso».4

27. Finalmente,
que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el
comportamiento negligente u omisivo del accionante en el procedimiento judicial.5

3.5.1. Análisis del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

28. En el presente asunto no se acredita el requisito de procedibilidad de relevancia
constitucional, pues, no resulta suficiente que la parte actora afirme de manera
genérica que el Tribunal incurrió en el defecto fáctico, toda vez que «no se valoró
íntegramente el material probatorio aportado del proceso», así como también, un
desconocimiento de precedente proferido por la Corte Constitucional contenido en
las sentencias T-267 del 2012 y T107 de 2016 relacionado con el llamamiento a
calificar servicio.

29. Lo anterior, en la medida que tratándose de cuestionamientos dirigidos contra
providencias judiciales le corresponde una carga mínima de argumentación que en

2 Cfr. Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.
3 Cfr. Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022.
4 Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras.
5 Cfr. Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.

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el presente asunto no se cumple. Máxime si se tiene en cuenta que el mecanismo
constitucional se presentó por conducto de apoderado judicial.

30. Al respecto, se tiene que la accionante se limitó a señalar de manera genérica
que el Tribunal incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento de precedente.
Sin embargo, no expone de manera concreta las razones por las cuáles considera
que la decisión cuestionada adolece de tales defectos, es decir, no precisó de qué
manera estos incidieron de forma determinante en la decisión adoptada con lo cual
se vulneran los derechos fundamentales que se invocan en protección.

31. En ese sentido, se advierte que la acción de tutela es improcedente porque la
demanda carece de una argumentación mínima que permita un estudio de fondo,
en la medida que dicha falencia no puede ser sustituida por el juez constitucional,
pues, si bien el presente mecanismo constitucional se caracteriza por la
flexibilización de las formalidades para garantizar los derechos fundamentales, lo
cierto es que, como se indicó en precedencia, al tratarse de cuestionamientos
dirigidos contra providencias judiciales, recae sobre la parte demandante una carga
mínima de argumentación.

32. Por lo tanto, la Sala procederá a confirmar la decisión de primer grado mediante
la cual se declaró improcedente la acción de tutela por falta de requisito de
relevancia constitucional, por las consideraciones expuestas en el presente
proveído.

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 15 de agosto de 2025 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con
los argumentos expuestos en la presente providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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