Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04280-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04280-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04280-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
14 de agosto de 2025
Demandante: Jorge Mario Rincón López
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04280-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Paipa (Boyacá), catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04280-00
Demandante: JORGE MARIO RINCÓN LÓPEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela de fondo. Carencia actual de objeto por hecho
superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Jorge Mario Rincón López, por intermedio de apoderado, presentó
acción de tutela 1 contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva, por mora
injustificada.
Lo anterior, por cuanto el 8 de mayo de 2024 radicó la solicitud de extensión de
jurisprudencia identificada con el radicado 11001-03-25-000-2024-00158-00, que
a la fecha de presentación de esta acción no había sido tramitada.
1.2. Pretensiones
Del escrito de tutela de evidencian las siguientes:
1. Que se tutelen los derechos fundamentales al acceso a la administración de
justicia, debido proceso, tutela judicial efectiva, que se consideran vulnerados por
el CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA con Consejero Ponente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERO en favor de JORGE MARIO
RINCÓN LÓPEZ
1
Mediante escrito enviado el 10 de julio de 2025.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Jorge Mario Rincón López
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04280-00
2. Se ordene al CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA, Consejero
Ponente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERO que en el término
máximo de cinco (5) días contados a partir de la notificación del fallo, se
pronuncie de manera inmediata y motivada sobre la admisión de la solicitud de
extensión de jurisprudencia radicada en favor de JORGE MARIO RINCÓN
LÓPEZ y con radicado 11001032500020240015800. 2
1.3. Hechos
Del expediente ordinario y el escrito de tutela se extraen los siguientes supuestos
fácticos:
El señor Jorge Mario Rincón López fue nombrado el 5 de junio de 2023 en el
cargo de «Abogado Asesor grado 23» del Tribunal Administrativo de La Guajira,
y en esa misma fecha tomó posesión del mismo, en aplicación del Acuerdo
PCSJA22-11968 de 2022, según el cual la denominación del cargo que venía
desempeñando fue sustituida por la de «Profesional Especializado grado 23».
Según el señor Rincón López, empezó a devengar un salario básico inferior al
establecido para el cargo, afectando con ello sus prestaciones sociales, toda vez
que dicho salario le fue liquidado como si desempeñara únicamente un cargo
denominado “grado 23”, sin tener en cuenta la nomenclatura específica de
“abogado asesor”, con sus respectivas implicaciones prestacionales.
El 11 de enero de 2024, el accionante, actuando en nombre propio, presentó
solicitud de extensión de jurisprudencia ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Valledupar y la Coordinación de Riohacha, con el fin
de que se diera aplicación a la sentencia de unificación SUJ-033-CE-S2-2023, en
la que el Consejo de Estado precisó que quienes venían desempeñando
funciones como abogados asesores grado 23 en los Tribunales Administrativos
debían continuar siendo remunerados como tales, en su calidad de “abogado
asesor nominado” (numeral 161 de la providencia de unificación).
Sin embargo, transcurrido el término de 30 días previsto en el artículo 102 del
CPACA, la petición no fue resuelta, lo que conllevó a que presentara la solicitud
de extensión de jurisprudencia el 8 de mayo de 2024 ante el Consejo de Estado,
correspondiéndole por reparto a la Sección Segunda, Subsección B de esta
corporación.
Ante la demora en emitirse un pronunciamiento sobre el particular, el 14 de
enero de 2025 radicó impulso procesal en el que expresó que, hasta entonces,
habían pasado 8 meses sin que hubiera una decisión de admisión por el
despacho.
1.4. Sustento de la vulneración
A juicio del actor, la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la tutela judicial
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Trascripción literal del original con posibles errores.
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efectiva, ante la ausencia de pronunciamiento sobre la admisión de la solicitud de
extensión de jurisprudencia por parte de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado.
Frente a al derecho de acceso a la administración de justicia, hizo referencia a la
Sentencia T-799 de 2011 y expuso que está consagrado en el artículo 229 de la
Constitución, el cual garantiza a toda persona la posibilidad de acudir ante
autoridades con funciones jurisdiccionales para la protección o restablecimiento
de sus derechos, conforme a los procedimientos legales y con respeto a las
garantías sustanciales y procesales.
Aseguró que este derecho constituye un pilar esencial del Estado Social de
Derecho, en tanto permite la efectividad de los demás derechos fundamentales
mediante el uso de los mecanismos jurídicos previstos en el ordenamiento.
De igual manera, expuso que la Sentencia T-609 de 2019 se refiere al derecho
de acceso efectivo a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, la
cual comprende no solo la posibilidad de acudir ante un juez para la defensa de
derechos o intereses, sino también la obtención de una decisión de fondo que
sea oportuna y ejecutable, en el que su garantía exige una respuesta judicial
eficaz en un plazo razonable; de lo contrario, cuando ello no ocurre por causas
atribuibles al aparato judicial, se configura una vulneración al derecho de acceso
a la justicia.
Y como argumento final, invocó la Sentencia T-186 de 2017, en la cual se indicó
que la mora judicial se evidencia cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los
términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no
existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el
cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial.
1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones
Mediante auto de 17 de julio de 2025, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar esta decisión a los magistrados de la Sección Segunda, Subsección B
del Consejo de Estado.
Remitida la respectiva comunicación3, se presentó la siguiente intervención:
1.5.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
El consejero a cargo informó que se ceñiría a lo que se pudiera demostrar
durante el proceso.
Adicional a esto, precisó que mediante auto del 18 de julio de 2025 se rechazó la
solicitud de extensión de jurisprudencia presentada.
Indicó que dicha providencia fue notificada el 23 de julio del año en curso, como
se aprecia en la captura de pantalla que aportó con el memorial.
3
Mediante oficios enviados el 21 de julio de 2025 visibles en el índice 7 de SAMAI.
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Concluyó que, por las razones anteriormente expuestas, ha operado la figura de
carencia actual de objeto por hecho superado dando por terminada la
circunstancia que originó la presunta amenaza, por lo que no existe causa para
decidir de fondo al ver que, durante el desarrollo de la acción de tutela, el hecho
que dio origen a la presunta vulneración desapareció.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala analizar si la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, vulneró los derechos fundamentales invocados por el señor
Rincón López, por la presunta mora en la que incurrió en tramitar la solicitud de
extensión de jurisprudencia.
Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela y ii) análisis del caso concreto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los
jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de
los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6º ibidem., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.
2.4. Caso concreto
En el asunto que nos ocupa, el actor considera que sus derechos fundamentales
fueron transgredidos por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
por cuanto radicó una solicitud de extensión de jurisprudencia en el mes de mayo
de 2024 y, hasta la fecha de radicación de la presente acción, no se había
emitido la providencia de admisión correspondiente.
Bajo este contexto, la Sala advierte que lo pretendido por el actor era
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precisamente que hubiese un pronunciamiento por parte de la autoridad judicial
demandada, circunstancia que, de acuerdo con el informe rendido en el presente
trámite constitucional, ocurrió el 18 de julio de 2025, fecha en la cual se emitió la
providencia en la que se rechazó la solicitud de extensión de jurisprudencia.
En efecto, al revisar el proceso 11001-03-25-000-2024-00158-00 en el sistema
de consulta Samai, en el índice 9 del expediente digital se aprecia la siguiente
decisión:
De igual manera, en los índices 12 y 13 de la actuación, se aprecia que la
notificación de esta providencia se realizó mediante estado electrónico del 23 de
julio del presente año.
De hecho, mediante escrito radicado el 25 de julio de 2025, visible en el índice 14
del expediente digital, el apoderado del accionante presentó recurso de súplica
contra la referida decisión, lo que implica que, en efecto, el señor Rincón López
conoce del acto en cuestión.
Así pues, comoquiera que la acción de tutela se radicó el 10 de julio de 2025, es
evidente que la petición de amparo carece actualmente de objeto pues el hecho
que originó su presentación, esto es, la demora en dar trámite a su solicitud de
extensión de jurisprudencia, ya desapareció.
La Corte Constitucional explicó que la terminación del proceso de tutela por
carencia de objeto se presenta cuando la vulneración del derecho fundamental
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desaparece o se materializa en el trascurso de la solicitud de amparo, por lo que
resulta innecesaria la intervención del juez constitucional tendiente a impartir
alguna orden en aras de salvaguardar las garantías constitucionales
transgredidas.
Además, puntualizó que esta figura jurídica puede proceder en tres supuestos de
hecho: i) por hecho superado, ii) daño consumado y iii) por una situación
sobreviniente. Al respecto señaló:
(…) La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que,
ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a
la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de
amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer
el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional,
cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que
se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue
especialmente previsto para esta acción (…). 4
En relación con los referidos tres supuestos, la Sala precisó lo siguiente:
i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto 2591 de
1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de
los derechos fundamentales.
ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Sobre el particular, ha señalado el Tribunal
Constitucional: «[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado],
consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela
se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela dé una orden al respecto». 5
iii) La situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los derechos
fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela, con ocasión
del obrar del actor o de un tercero distinto a la autoridad demandada. Sobre el
particular, la citada Corporación indicó que «(…) el hecho sobreviniente remite a
cualquier otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de
tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y
por lo tanto caiga en el vacío (…)». 6
De modo que, en el caso en estudio se declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado, toda vez que desapareció la circunstancia que podía originar
algún quebranto a los derechos fundamentales del demandante, de ahí que
4
Sentencias SU-225 de 2013 y T-317 de 2005. Destacado por la Sala.
5
Corte Constitucional, sentencia T-030 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
6
Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera.
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cualquier orden que se imparta por parte de esta Sala resultaría inane debido a
que la posible vulneración cesó con la actuación de la parte accionada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado en la
acción de tutela promovida por el señor Jorge Mario Rincón López.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Ausente con permiso
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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