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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04289-00

Fecha
1 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04289-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del señor Wilton Enrique Cuello Herera para actuar como agente oficioso de los señores Jorge Luis Cuello Montes, Dayana Patricia Cuello Montes, Argemiro Rodríguez Ricardo, María Oneida Mercado Moguea, Argemiro Rodríguez Mercado, Keiner Rodríguez Mercado, Martha Cecilia Cuello Herrera, Yoandrys Herrera Cuello, Rosa Adelina Herrera Mercado, Yoider José Silgado Herrera, Juan José Silgado Herrera, Rosa María Silgado Herrera, Juan Manuel Silgado Silgado, Luis Guillermo Rodríguez Bertel, Celedonia Payares Marzal, Jaider Manuel Herrera Rodríguez, Víctor Manuel Herrera Rodríguez, Elvis Enrique Herrera Rodríguez, José Armando Silgado Herrera, Eusebia Herrera de Cuello, José Francisco Silgado Rivera, Noiris María Silgado Herrera, Leonardo Fabio Pacheco Silgado, Oscar Darío Rodríguez Vertel, María del Carmen Zúñiga Herrera, Luz Nereyda Salgado Herrera, Julio Cesar Herrera Mercado, Jaime Santiago Rodríguez Bertel, Eufemia Herrera Mercado, Jane Janeth Zúñiga Herrera, Teresa Bertel de Rodríguez, María Sonia Rodríguez de Batista, Mayerly Beatriz Rodríguez Bertel, Neyis del Carmen Mercado Moguea, Carolina Moguea de Berrio, Roberto Mercado Moguea, Constancia Isabel Herrera Mercado, Freidis José Salgado Herrera, Adanolis Salgado Herrera, Horlen David Salgado Herrera, Argenida Julio de Garces, Jaquelin Garces Julio, Erminio José Garces Julio, Einer Antonio Garces Julio, Rosa Helena Garces Julio, Yael Victoria Aparicio Moguea, Manuel Antonio Bertel Moguea, Miguel Ángel Bertel Moguea, Álvaro Javier Bertel Moguea, Carmen Elena Moguea de Garces, Saida Lucia Garces Moguea, Nicolás Elías Garces Moguea, Justo Antonio Garces Moguea, Barbara Garces Moreno, María de la Cruz Campo de Herrera, Yorkin de las Nieves Herrera Campo, Charibeth Herrera Campo y Davinson Enrique Herrera Pérez, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Wilton Enrique Cuello Herrera, en nombre propio, de conformidad con lo consignado en la parte motiva de esta providencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04289-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

1 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04289-00
Accionantes: Wilton Enrique Cuello Herrera y otros
Accionados: Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre
y Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
reparación directa – desplazamiento forzado. Subtema 2: inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud interpuesta por Wilton Enrique Cuello Herrera y otros, en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Wilton Enrique Cuello Herrera, en nombre propio y en su condición de
agente oficioso de otras personas1, el 10 de julio de 20252, presentó escrito de
tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la verdad, a la justicia y a la
reparación integral, los cuales consideró vulnerados por la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre y por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Sincelejo, con ocasión de las sentencias proferidas,
respectivamente, el 24 de octubre y el 30 de julio de 2024, dentro del proceso de
reparación directa identificado con el radicado al núm.
70001333300220150016100/01/02.

1
Identificados en el auto admisorio de la demanda.
2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04289-00, índice 2, 7F98809D71172541
3E604CF76E80B9EC75D8C5489989137A 6AB661E152085538. La acción de tutela se radicó a través del
correo electrónico alcidesmartin2205@gmail.com, dirigida al de la Secretaría General del Consejo de Estado.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04289-00
Accionantes: Wilton Enrique Cuello Herrera y otros
Accionados: Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre y Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1.A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2. Los señores Wilton Enrique Cuello Herrera y otras personas, por conducto de
apoderado judicial, radicaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional,
Armada Nacional, Policía Nacional, con el fin de que les declarara
administrativamente responsables por el desplazamiento que sufrieron el año 1999,
como consecuencia del actuar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

3. En sustento de sus pedimentos, relataron que existieron varios episodios de
desplazamiento, el primero de estos el 26 de agosto de 1999 cuando un grupo de
hombres ingresó al municipio de Portemora y amenazó a los habitantes. Además,
que, en esa época, el 9 de agosto del 2000, los señores Nilson Herrera Campo y
Prisiliano Herrera Herazo fueron asesinados.

4. Surtidas las etapas procesales del medio de control, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Sincelejo profirió sentencia el 30 de julio de 2024, en
la que negó las pretensiones de la demanda, al considerar que las entidades
demandadas no eran administrativamente responsables del desplazamiento
forzado. Lo anterior, derivado de que la parte actora no probó la omisión en el
cumplimiento de los deberes y obligaciones que permitirían estructurar la falla en el
servicio.

5.Bajo este entendido, pese a que el Juzgado encontró acreditado que los actores
sufrieron un daño antijurídico, consistente en el desplazamiento forzado, lo que se
demostró, entre otras, con la inscripción en el Registro Único de Víctimas ( RUV), la
declaratoria de responsabilidad solo procede cuando se concreta la imputación y el
nexo de causalidad, aspectos que en el caso particular no lograron demostrarse.

6. El Juzgado destacó que, aunque el desplazamiento lo originó el conflicto armado
interno, no existen elementos de prueba que den cuenta de que se radicó una
denuncia, petición o queja por parte de los demandantes ante cualquier organismo
gubernamental con el fin de solicitar protección, acompañamiento o seguridad,
máxime en un escenario, como este, en el cual los hechos ocurrieron como
consecuencia del actuar del bloque de las AUC y del frente tercero de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

2

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Administrativo de Sucre y Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo

7. Así las cosas, comoquiera que las obligaciones de las entidades demandadas
son genéricas y no se estableció la causa puntual de su incumplimiento, no había
forma de corroborar que estas tuvieron conocimiento de la situación de
vulnerabilidad en que se hallaban los actores. En este orden, estaban impedidas
para analizar los riesgos y adoptar las medidas de mitigación para contrarrestar el
accionar delictivo de los grupos insurgentes.

8. Con todo, al margen de lo expuesto, el Juzgado consideró que, dado que el
asunto involucraba sujetos de especial protección constitucional, para efectos del
cómputo de la caducidad debía aplicar el término diferenciado previsto por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-254 de 2013. Así, como la acción debió iniciarse
el 22 de mayo de 2013 y el plazo para ejercerla vencía el 23 de mayo de 2015, pero
la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el día anterior y el acta se firmó el
6 de agosto de 2015, fecha en la que también se presentó la demanda, no se
configuró el instituto de la caducidad.

9. Inconforme con esta decisión, la parte demandante interpuso apelación en la que
indicó que la sentencia omitió la aplicación de normas internacionales al tratarse
del éxodo masivo de una comunidad de campesinos amparada bajo las garantías
del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Se refirió a múltiples sentencias
dictadas por el Consejo de Estado en cuanto a la responsabilidad estatal por falla
del servicio. En estos términos, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera
instancia.

10. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre dictó fallo el
24 de octubre de 2024 en el que revocó la sentencia apelada y, en su lugar, declaró
probada la excepción de caducidad. En consecuencia, negó las pretensiones de la
demanda, pero por los motivos diferentes a los consignados en la sentencia de
primera instancia.

11. En particular, hizo referencia al término de caducidad que prevé el artículo 164
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA) el cual debía interpretarse de conformidad con lo dispuesto por la Sala
Plena de la Sección Tercera de esta corporación en la sentencia de unificación del
29 de enero de 2020, que fijó las reglas para establecer el cómputo de esta figura
en casos de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y en general, cualquier
asunto que envuelva la declaratoria de responsabilidad estatal.

12. De esta forma, el Tribunal destacó que, en aplicación del fallo de unificación, la
tesis jurisprudencial imperante en materia de caducidad, para los eventos
enunciados, consistía en computar los dos (2) años desde que las víctimas tenían
los medios suficientes para inferir la participación del Estado en los hechos, lo que
establecía una posibilidad adicional a la simple ocurrencia de este. En igual sentido,
de forma excepcional se habilitó la inaplicación del término de caducidad en casos

3

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en los cuales la no comparecencia ante la administración de justicia está justificada
por razones materiales. Por ende, para el Tribunal esta providencia era precedente
aplicable el caso puntual, y tenía efectos retrospectivos como lo sustentó la Corte
Constitucional, de manera que su examen gravitaría en torno a esta.

13. Igualmente, la autoridad destacó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
avalado la idea de que en casos que involucren el desplazamiento forzado, el juez,
como una medida para garantizar el acceso a la administración de justicia, debe
analizar de manera prudente la contabilización del término de caducidad y verificar
si las condiciones que lo originaron cesaron. Asimismo, analizar en cada situación
el momento en que el demandante conoció la participación del estado en los
hechos, y si se encontraba en una alguna circunstancia que le impedía acceder a
la administración de justicia.

14. En este contexto, el Tribunal encontró configurado el instituto procesal referido
en el caso concreto, en la medida en que, del relato de la demanda, el hecho
generador tuvo lugar el 26 de agosto de 1999. Esto, sumado a que no se aportaron
al proceso pruebas que dieran certeza del momento en que se declaró el
desplazamiento forzado ante los organismos competentes, ya que solo se contó
con el Oficio del 17 de junio de 2024, que certificó la inclusión de los demandantes
en el RUV, en distintas fechas, que van desde 1998 a 2005.

15. Por tanto, el Tribunal concluyó, a partir del consolidado de la inclusión, que el
término para presentar la demanda vencía el 27 de agosto de 2001 e hizo la claridad
de que no se exigía que los actores tuvieran plena certeza de los autores del hecho
generador del daño para acceder a la administración de justicia. De ahí, destacó
que, pese a que la parte actora describió la criminalidad en la región, no justificó los
motivos por los que no pudo acudir en sede judicial. Así, se valió de un antecedente
propio3 en el cual determinó la posibilidad de establecer la responsabilidad del
Estado desde la ocurrencia de los hechos, para enfatizar en que en el caso puntual
la parte demandante no acreditó una circunstancia especial que le hubiera impedido
el ejercicio oportuno de la acción.

16. Adicionalmente, reforzó lo expuesto con el argumento de que, desde el 2008,
existían condenas en sede de reparación por los mismos hechos reclamados, que
fueron de conocimiento nacional. Además, explicó que la Corte Constitucional se
pronunció en cuanto a la caducidad en la sentencia SU-254 de 2013, y fijó la
siguiente regla:

“…los términos de caducidad para población desplazada, en cuanto hace
referencia a futuros procesos judiciales que se adelanten ante la
jurisdicción contencioso-administrativa, sólo pueden computarse a partir

3 Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, auto del 26 de octubre de 2022.

4

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de la ejecutoria del presente fallo y no se pueden tener en cuenta
transcursos de tiempo anteriores…”,4.

17. El Tribunal expresó que esta decisión se profirió para evitar que las víctimas de
desplazamiento forzado, que no acudieron oportunamente a la administración por
no tener claro el mecanismo judicial o administrativo que debían interponer,
pudieran accionar. Así se les otorgaba prevalencia por su condición de sujetos de
especial protección constitucional. No obstante, para la autoridad judicial
accionada, este pronunciamiento está condicionado a la reclamación o fijación de
la suma de la reclamación administrativa prevista en la Ley 1448 de 20115, y el
Decreto 48006 de ese mismo año. De ahí que no aplicaba para computar el término
de caducidad en los casos en que se reclamaba la responsabilidad estatal bajo el
amparo de la cláusula general del artículo 90 Superior.

18. Dicho en otras palabras, es deber del juez declarar la caducidad del medio de
control cuando la encuentre demostrada, en cualquier etapa del proceso, como una
medida para evitar el desgaste del aparato jurisdiccional, y garantizar la limitación
del derecho de acceso a la administración de justicia. Con ocasión a ello, no es
procedente desconocer las cargas procesales de las partes con el pretexto de hacer
prevalecer el derecho sustancial, por cuanto la caducidad no es un capricho, sino
una forma de materializar las garantías tanto constitucionales como legales, de los
intervinientes en el proceso incluida la administración.

19. Ahorabien, en el presente evento y de conformidad con el registro de la
actuación que obra a índice 11 de Samai del expediente de segunda instancia, la
sentencia del 24 de octubre de 2024 se les notificó a las partes el 10 de diciembre
de ese año. El expediente fue devuelto al Juzgado de origen mediante el Oficio
núm. 0015 del 16 de enero de 2025.

20. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo profirió auto el 22
de enero del año en curso, en el que dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por el
superior y, en consecuencia, archivar el proceso previas las anotaciones
correspondientes. Este último auto, de acuerdo con el relato de la parte accionante,
y a partir de las pruebas que obran en el proceso, se notificó el 24 de enero de
2025.

4 Transcrito textualmente con errores de la sentencia del Tribunal.
5 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado

interno y se dictan otras disposiciones.
6
Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones

5

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2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

21. La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales, dejar sin
efectos las sentencias proferidas el 30 de julio de 2024 y el 24 de octubre siguiente,
respectivamente, por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo
y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, y, en atención
a esto, ordenarle a la accionada que dicte una decisión de reemplazo en la que
encuentre configurados los presupuestos que permiten atribuirle responsabilidad al
Estado. Esto implica que, reclamó la continuidad en el trámite del proceso en punto
a los homicidios en masacre y al desplazamiento forzado colectivo del que dice
fueron víctimas los aquí accionantes.

22. En sustento, de manera resumida, reprochó dos situaciones puntuales: la
ausencia de prueba de la falla del servicio que hizo que el Juzgado negara las
pretensiones en primera instancia, y lo relativo al instituto procesal de la caducidad
que encontró probado el Tribunal Administrativo de Sucre, y fue el fundamento de
la sentencia de segundo grado. Para desarrollar estos supuestos, indicó que7:

23. Las decisiones judiciales incurrieron en defecto fáctico en la medida en que
pasaron por alto el contexto que se vivió en la región de los Montes de María con
ocasión del conflicto armado interno y omitieron el deber que les asiste a los jueces
de decretar y practicar pruebas de oficio dirigidas a obtener la verdad. Asimismo,
debió invertirse la carga de la prueba en la medida en que se trató de violaciones a
los derechos humanos, y conferírseles valor a las pruebas indiciarias, según las
cuales quedó en evidencia que los habitantes dieron noticia de la situación a las
autoridades municipales, quienes debieron trasladar estas quejas y denuncias. En
cambio, estas adoptaron una actitud omisiva que no podía impactar la situación de
los demandantes.

24. En estos términos, indicó que el Tribunal dejó de lado analizar circunstancias
como el retorno al territorio, el restablecimiento de sus derechos como desplazados
y la mejora en su condición socioeconómica. En particular, al no valorar las pruebas
trasladadas al expediente como la investigación en la Fiscalía 25 Especializada y
omitir la aplicación de principios básicos que rigen los delitos de lesa humanidad,
dentro de los cuales destacó el deber que le asiste al juez de emplear las normas
y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, era claro
que la zona del Monte de María no solo vivió una situación de violencia notoria, sino
que esto se desprendía de las pruebas allegadas al proceso, las cuales no fueron
apreciadas por parte de la primera instancia.

25. Asimismo, destacó que se dejaron de valorar pruebas relevantes atinentes a la
autoría de los hechos y su origen, como las confesiones realizadas ante un fiscal

7 La Sala hará una exposición sintética de los cargos que sustentaron la acción de tutela, sin perjuicio de que

en caso de que proceda un análisis de fondo del asunto se realice el desarrollo procedente.

6

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delegado de la Nación, Fiscalía General de la Nación, por parte de los miembros
de las AUC. Aunado a esto, según las declaraciones de los testigos y de las víctimas
existió un antecedente masivo frente al homicidio y el desplazamiento forzado, ya
que los integrantes de las AUC colocaron una bomba con el fin de atentar contra la
población.

26. En este orden, si la juez hubiera valorado las pruebas de forma flexible, habría
concluido que existía responsabilidad: tal es el caso de las constancias expedidas
por la Fiscalía 200 de Justicia Transicional de Sincelejo, las declaraciones extra
juicio de los testigos y de las víctimas directas, la copia de las solicitudes de
protección, el audio, video y la invitación a la conmemoración rendida por la alcaldía
de Sucre, como hecho de violencia emblemático, la copia del memorial del 27 de
junio de 2024 en el que se aportaron pruebas pendientes de allegarse al proceso,
así como ciertas resoluciones de la Unidad para la Atención y Reparación Integral
de las Víctimas (UARIV), según las cuales los territorios implicados hacen parte de
las zonas afectadas por el conflicto armado interno.

27. Por tanto, el fallo de primera instancia se apartó del contenido de las pruebas y
acogió el fundamento jurisprudencial menos favorable a los sujetos de especial
protección constitucional, en contravía, entre otros, de los principios de flexibilidad,
pro damnato y pro actione. Bajo este entendido, se desconoció el precedente en
punto a la no rigurosidad en la prueba de la relación causal en asuntos que
involucran graves violaciones a los derechos humanos y al DIH. De este modo, lo
que debe probarse es que se omitió la conducta debida, y aplicarse la
jurisprudencia constitucional que ha propendido por un análisis extensivo en esta
clase de procesos, aun al margen de las regulaciones internacionales.

28. Ahora bien, en lo relativo a la declaratoria de caducidad, expresó que las
autoridades no consideraron las circunstancias especiales que impidieron el
oportuno ejercicio del derecho de acción, y que daban cuenta del daño continuado.
Concretamente, aunque para el Tribunal no se aportó al proceso la justificación de
la imposibilidad material para acudir a la administración de justicia, en los términos
de la sentencia T-374 de 2023 de la Corte Constitucional, el simple desplazamiento
tiene consecuencias en la iniciación de estas demandas, por la falta de
conocimiento del hecho. Así las cosas, el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo
o material.

29. Adicionalmente, la sentencia del 24 de octubre de 2024, así como la de primera
instancia, están incursas en un defecto por desconocimiento del precedente judicial
en tanto inobservaron la jurisprudencia que rige la flexibilización probatoria en esta
clase de asuntos, así como la posibilidad de iniciar acción judicial por parte de las
víctimas. Por tanto, en el caso particular no estaban dadas las garantías para
demandar en los términos del artículo 164 del CPACA, ya que a los dos años aún
estaban vigentes algunas relaciones que los ponían en riesgo, sumado a que no

7

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contaban con las pruebas idóneas para acreditar los hechos objeto del proceso.
Así, la circunstancia del desplazamiento, que va ligada a determinadas condiciones
socioeconómicas, afectó el oportuno ejercicio del derecho de acción.

30. De la misma forma, se incurrió en una aplicación indebida de la sentencia SU-
254 de 2013 de la Corte Constitucional, comoquiera que se limitó el acceso efectivo
a la administración de justicia, cuando en el proceso no se logró demostrar que el
desplazamiento cesó, lo que implica que aún persiste esta situación con incidencia
en sus garantías legales y constitucionales. Con todo, expresó que estaban a
tiempo para ejercer la acción en 2015, porque según la sentencia se podía acudir
a la reparación directa dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la
decisión, el 23 de mayo de 2015. De este modo, como promovieron su demanda el
6 de agosto siguiente, esta fue oportuna. Adicionalmente, debía aplicarse el
principio de reparación integral.

31. Por tanto, en consideración a lo expuesto, el Tribunal incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto al aplicar de manera inflexible el artículo
164 del CPACA, sin considerar el conocimiento efectivo que tuvieron del daño y su
situación de vulnerabilidad.

32. En conclusión, como en primera instancia se demostró que los actores sufrieron
un daño antijurídico consistente en el homicidio en masacre de 4 campesinos y el
desplazamiento forzado en hechos presentados el 26 de agosto de 1999, y está
acreditado que ocurrió una falla del servicio, debió condenarse al Estado. De este
modo, las decisiones judiciales incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo,
procedimental y por desconocimiento del precedente.

2.3. Trámite procesal
8
33. El despacho ponente, mediante auto del 15 de julio de 2025 , previno al tutelante
para que corrigiera su solicitud de amparo, y precisara quienes integraban la parte
accionante. Lo anterior, so pena de que su demanda fuera rechazada de plano.

34. En cumplimiento de esta orden, el señor Wilton Enrique Cuello Herrera allegó
memorial9 en el que identificó plenamente a los restantes accionantes. Indicó,
además, que debía tenerse en cuenta ese escrito comoquiera que en su situación
de desplazados padecen de muchas necesidades, no han podido recuperar su
estatus como campesinos normales y pocas veces cuentan con conectividad para
acercarse a las autoridades, ya que en el sitio en donde residen el servicio de
internet es intermitente.

8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04289-00, índice 4.
9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04289-00, índice 9, 073405D97D055A3B 397EC29AD55EE1AA
882A699F28E44FEE AC4E539B430CCA06.

8

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10, en
35. En consecuencia, la magistrada ponente profirió auto el 29 de julio de 2025
el que admitió la acción de tutela interpuesta por el señor Wilton Enrique Cuello
Herrera y por quienes este identificó expresamente; requirió al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Sincelejo para que informe los datos de notificación
de las partes demandante, demandado y los terceros vinculados en el proceso de
reparación directa; vinculó a este trámite constitucional al mencionado Juzgado, a
la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y Armada Nacional,
así como a quienes hubieran intervenido en el proceso ordinario.

36. Enesta providencia, además, se dispuso que se requeriría al señor Wilton
Enrique Cuello Herrera para que explicara si actuaba en calidad de apoderado, de
representante o de agente oficioso de los demás tutelantes. Para estos efectos,
debía allegar los soportes correspondientes.

37. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo se limitó a remitir el
enlace de acceso y la copia del expediente ordinario11. Por su parte, el Tribunal
Administrativo de Sucre rindió informe en el que indicó que el asunto no superó el
requisito de relevancia constitucional, porque la parte accionante pretendió
convertir el mecanismo de amparo en una instancia adicional para revivir la
discusión del proceso ordinario. De ahí se desprendía su inconformidad con el
análisis jurídico y probatorio que realizó el Tribunal, sin demostrar cómo la decisión
incurrió en un defecto que lesiona sus derechos fundamentales.

38. En gracia de discusión, indicó que, si se superara el examen de procedencia de
la acción de tutela, la decisión que profirió está ajustada a derecho, toda vez que
se sustentó en la interpretación de las normas relativas a la caducidad. De esta
forma, era procedente aplicar la caducidad porque los demandantes no justificaron
la presentación tardía de la acción y los hechos por los cuales reclamaron tenían la
connotación de notorios, tan así que en otros procesos iniciados por los mismos
supuestos se declaró la responsabilidad. Por tanto, solicitó declarar improcedente
la tutela o, en su defecto, negarla porque no se incurrió en una causal que habilite
su procedibilidad12.

39. La jefe del Área Jurídica del Grupo de Asuntos Legales de la Secretaría General
de la Policía Nacional expresó que la acción de la referencia era improcedente,
entre otras, por no superar el requisito general de inmediatez, en la medida en que
el escrito se radicó el 10 de julio de 2025, pero la sentencia de segunda instancia

10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04289-00, índice 11. Esta providencia se les notificó en debida forma a

la parte actora, al Tribunal Administrativo de Sucre, a la Armada Nacional, al Ejército Nacional, al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo, al Ministerio de Defensa Nacional, y a la Policía Nacional de
conformidad con los soportes de notificación que obran en los índices 14 y 15 de Samai.
11
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04289-00, índice 16.
12 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04289-00, índice 17, 7E0DC4EE09381216 7890D4FB1C727628

25CC0A541022038A ABF1E67C24270EDA.

9

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04289-00
Accionantes: Wilton Enrique Cuello Herrera y otros
Accionados: Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre y Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo

se notificó el 10 de diciembre de 2024. Por tanto, parte accionante dejó transcurrir
más de seis (6) meses para acudir por la vía excepcional del amparo.

40. A pesar de esto, manifestó que no existió una vulneración de las garantías
alegadas, dado que, como el Tribunal lo resolvió, operó la caducidad de la acción
de reparación directa que se interpuso por fuera del plazo previsto en el artículo
164 del CPACA. Así, no era viable considerar que, en asuntos como el que motivó la
demanda de responsabilidad, los daños eran imprescriptibles.

41. En igual sentido, destacó que la solicitud de amparo era improcedente ante la
ausencia de configuración de un perjuicio irremediable. Por estos motivos, solicitó
negar las pretensiones de la parte actora ante la improcedencia de la acción y la
ausencia de vulneración de garantías iusfundamentales13.
14 de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Armada
42. La apoderada
Nacional también rindió informe en el que se opuso a las pretensiones de la acción
constitucional. En sustento, refirió que la decisión del 24 de octubre de 2024 estuvo
respaldada en las pruebas del proceso, la ley y la jurisprudencia. Destacó que no
estaban acreditados los requisitos de procedencia, sino que la acción de tutela se
utilizaba para revivir el debate del proceso ordinario, que concluyó de forma
desfavorable para la parte actora.

43. Enfatizó en que se incumplió el presupuesto de inmediatez, dado que la
sentencia de segunda instancia se notificó el 10 de diciembre de 2024 mientras que
la acción de tutela se interpuso hasta el 10 de julio de 2025. De ahí, concluyó, se
superó el plazo de seis (6) meses que iba hasta el 10 de junio de este año, sin que
los accionantes se encontraran en una de las excepciones desarrolladas por la
jurisprudencia para habilitar la extemporaneidad en el ejercicio de la acción de
tutela. Así, por estas razones, sumado al cumplimiento del deber funcional por parte
del Tribunal, pidió negar el amparo de los derechos por improcedencia, y por
ausencia de vulneración de los derechos fundamentales15.

44. Por último, el señor Wilton Enrique Cuello Herrera allegó escrito en el que aclaró
que interponía la acción de tutela en nombre propio, como víctima de violaciones a
sus derechos humanos, y en calidad de agente oficioso de los demás desplazados.

13 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04289-00, índice 18, 1F7FE036B0AAE1AA 37C6E390B9B54A05
6062B6A727B732B0 A9238224654BF547. Cabe destacar que, aunque la jefe de la oficina jurídica pidió que
se decretara como prueba la orden interna del personal núm. 051 del 14 de marzo de 2023, lo cierto es que
este documento se entiende incorporado al proceso en tanto fue aportado con la contestación de la demanda
y de allí se extrae el cargo desempeñado por la señora Luisa Fernanda Cardona Aguirre, como jefe del Área
Jurídica de la Secretaría General.
14
El poder para actuar en este trámite constitucional obra en Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04289-00,
índice 19, 0E467519B774D74D 9E3FD6BF4A854F82 72E9F5FCF2169C65 D7C52A4DF0D058C4.
15 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04289-00, índice 19, B837B20F87A53C73 27571244AB977B7B

02F95C22B986814C 691063D0255EFD80.

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Frente a estos últimos, precisó «están en sus lugares donde viven su condición de
desplazado y por esa razón no suscribieron la misma»16.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

45. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la
presente solicitud de amparo interpuesta contra la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Sucre.

3.2. Examen de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

46. La parte actora acudió a la solicitud de amparo de la referencia para solicitar
la protección de sus derechos fundamentales, garantías que consideró vulneradas
por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo y la Sala Segunda
de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, autoridades que decidieron el
proceso de reparación directa que inició contra la Nación, la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional, Armada Nacional, Policía Nacional.

47. Revisados los cargos de tutela, estos están dirigidos a cuestionar que las
decisiones judiciales proferidas en el trámite ordinario incurrieron en los defectos
fáctico, por desconocimiento del precedente, sustantivo y procedimental. Bajo este
entendido, aunque se repara en ambas decisiones judiciales, esta providencia debe
limitarse al estudio de la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal,
el 24 de octubre de 2024, en tanto fue la que concluyó el litigio, revocó el fallo
dictado por el Juzgado en primera instancia, y, en su lugar negó las pretensiones
de la demanda, pero por encontrar demostrada la caducidad de la acción.

48. Así pues, aunque los argumentos de la solicitud de amparo se encaminaron
a cuestionar dos materias esenciales, el fondo del proceso, dado que el Juzgado
descartó la configuración de la falla del servicio y, el aspecto procesal derivado de
la declaratoria de la caducidad, en esta decisión la Sala se limitará a esto último,
porque aquí se concretaría la afectación alegada por la parte accionante. Ello es
así porque, la demostración de un instituto procesal como el referido impide
efectuar el estudio en sede de reparación directa, y trunca cualquier posibilidad de
obtener una declaratoria de responsabilidad administrativa.

49. Aclarado lo anterior, la Sala considera que en punto a la legitimación en la
causa por activa la Corte Constitucional ha establecido que la figura de la agencia
oficiosa exige demostrar «[…]la imposibilidad del titular de los derechos de acudir

16 Samai, exp. exp. 11001-03-15-000-2025-04289-00, índice 20, 062DA9BFD5A621F6 0C462E4642EB6784

D3152F2DE6B1DAC4 F5DB97F3E9607997. Transcrito con errores de texto.

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directamente o por apoderado a los mecanismos judiciales existentes para
propender por la salvaguarda de sus derechos fundamentales»17.

50. En este orden, pese a que se ha reconocido que debe tenerse en cuenta el
estado de debilidad o la calidad del sujeto como de especial protección
constitucional, la alta corporación ha aclarado que «[…] estas circunstancias no son
per se prueba de la imposibilidad de acudir a la acción de tutela. Por tanto, no basta
con demostrar la presencia de alguna debilidad o afectación, sino que es necesario
que de las pruebas obrantes en el caso se pueda concluir que efectivamente el
agenciado no puede interponer la tutela»18.

51. Aplicado lo anterior al caso particular, se observa que el señor Wilton Enrique
Cuello Herrera se limitó a expresar lo siguiente en la contestación al requerimiento
que se le realizó durante el curso de este trámite constitucional:

WILTON ENRRIQUE CUELLO HERRERA, mayor de edad, identificado con cedula
N° 9.041.969 actuando en nombre propio, y en calidad víctima de GRAVES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, de manera atenta acudo a usted,
y me permito con todo respeto, no sin antes manifestar que en mi condición y
situación de desplazado estoy formulando en nombre propio y como agente oficioso
de los demás desplazados que están en sus lugares donde viven su condición de
desplazado y por esa razón no suscribieron la misma 19.

52. De lo expuesto, se desprende que el accionante se limitó a manifestar que
actuaba en calidad de agente oficioso de los demás actores, condición que sustentó
en el hecho de que estos eran personas desplazadas, situación que les habría
impedido suscribir individualmente el escrito de tutela. Sin embargo, no aportó el
mínimo soporte probatorio, ante esta sede constitucional, que permitiera tener por
acreditadas sus afirmaciones respecto de la situación puntual de cada uno de los
accionantes al momento de interponer la acción. Adicionalmente, los actores no
realizaron una ratificación posterior de los hechos que validara la actuación del
agente oficioso.

53. Así las cosas, aunque no se discute la condición de desplazados de los
demandantes, lo que deriva en su reconocimiento como sujetos de especial
protección constitucional, aspecto que incluso fue demostrado en el proceso
ordinario, no obra en este trámite un elemento probatorio concreto que permita
acreditar la imposibilidad de ejercer directamente la acción.

54. En razón a los motivos expuestos, y como una medida para preservar «[…]
la autonomía del agenciado en la disposición válida de sus derechos y la utilización

17 Corte Constitucional, sentencia T-144 de 2019.
18
Ibidem.
19
Se transcribe con errores de texto.

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o no de los mecanismos consagrados para protegerlos»20, la Sala aplicará lo
dispuesto por la Corte Constitucional, y, en consecuencia, declarará la falta de
legitimación en la causa por activa del señor Wilton Enrique Cuello Herrera para
actuar como agente oficioso de las siguientes personas:

55. Los señores Jorge Luis Cuello Montes, Dayana Patricia Cuello Montes,
Argemiro Rodríguez Ricardo, María Oneida Mercado Moguea, Argemiro Rodríguez
Mercado, Keiner Rodríguez Mercado, Martha Cecilia Cuello Herrera, Yoandrys
Herrera Cuello, Rosa Adelina Herrera Mercado, Yoider José Silgado Herrera, Juan
José Silgado Herrera, Rosa María Silgado Herrera, Juan Manuel Silgado Silgado,
Luis Guillermo Rodríguez Bertel, Celedonia Payares Marzal, Jaider Manuel Herrera
Rodríguez, Víctor Manuel Herrera Rodríguez, Elvis Enrique Herrera Rodríguez,
José Armando Silgado Herrera, Eusebia Herrera de Cuello, José Francisco Silgado
Rivera, Noiris María Silgado Herrera, Leonardo Fabio Pacheco Silgado, Oscar
Darío Rodríguez Vertel, María del Carmen Zúñiga Herrera, Luz Nereyda Salgado
Herrera, Julio Cesar Herrera Mercado, Jaime Santiago Rodríguez Bertel, Eufemia
Herrera Mercado, Jane Janeth Zúñiga Herrera, Teresa Bertel de Rodríguez, María
Sonia Rodríguez de Batista, Mayerly Beatriz Rodríguez Bertel, Neyis del Carmen
Mercado Moguea, Carolina Moguea de Berrio, Roberto Mercado Moguea,
Constancia Isabel Herrera Mercado, Freidis José Salgado Herrera, Adanolis
Salgado Herrera, Horlen David Salgado Herrera, Argenida Julio de Garces,
Jaquelin Garces Julio, Erminio José Garces Julio, Einer Antonio Garces Julio, Rosa
Helena Garces Julio, Yael Victoria Aparicio Moguea, Manuel Antonio Bertel
Moguea, Miguel Ángel Bertel Moguea, Álvaro Javier Bertel Moguea, Carmen Elena
Moguea de Garces, Saida Lucia Garces Moguea, Nicolás Elías Garces Moguea,
Justo Antonio Garces Moguea, Barbara Garces Moreno, María de la Cruz Campo
de Herrera, Yorkin de las Nieves Herrera Campo, Charibeth Herrera Campo y
Davinson Enrique Herrera Pérez, frente a quienes se admitió este amparo.

56. En consecuencia, solo se tendrá por legitimado al señor Wilton Enrique
Cuello Herrera para actuar en nombre propio, comoquiera que es el titular de los
derechos que consideró lesionados, en tanto integró la parte demandante en el
proceso de reparación directa. De ahí que la Sala estudiará, a continuación, si se
configuró el requisito de procedibilidad de la inmediatez únicamente frente a este
accionante.

57. Al respecto, cabe precisar que el artículo 86 de la Carta Política establece
que la acción de tutela se puede presentar en cualquier momento y lugar, pues su
finalidad es la protección inmediata de los derechos fundamentales. También es
cierto que se debe ejercer dentro de un plazo razonable, según las condiciones de
tiempo, modo y lugar del caso concreto, para asegurar la protección oportuna del
derecho vulnerado. De lo contrario, la urgencia y la necesidad de intervención del
juez de tutela quedarían desvirtuadas.
20 Ibidem.

13

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Administrativo de Sucre y Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo

58. Puntualmente, cuando la solicitud de tutela se presenta en contra de una
providencia judicial, el requisito de inmediatez se traduce en una garantía de
seguridad jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona
previamente ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.

59. Al punto, la Sala Plena del Consejo de Estado21 explicó que el término de
inmediatez cobra mayor relevancia cuando la solicitud de amparo se dirige a
cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran en juego los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por lo anterior, esta corporación,
como regla general, consideró que, para que el ejercicio de la acción de tutela se
efectuara en un plazo razonable, se debía presentar dentro de los seis meses
siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia reprochada.

60. En cuanto a esto, la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de
inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración»22.

61. Ahora bien, comoquiera que el caso concreto versa sobre una víctima del
desplazamiento forzado, la Sala encuentra pertinente reforzar lo anterior con los
pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional en escenarios puntuales en
los cuales ha analizado el requisito de inmediatez, en el marco de acciones de tutela
interpuestas contra providencias judiciales. En consecuencia, a partir de una
depuración de los antecedentes de esta alta corte, la Sala extrae el siguiente
consolidado:

Providencia Síntesis del caso Aplicación de regla de inmediatez
SU-429 de Acciones presentadas por «126. En el expediente T-9.490.238, la Sala encuentra que las
2024 víctimas de desplazamiento pretensiones de los accionantes están dirigidas contra la Sentencia del
forzado en contra de 25 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
decisiones judiciales Antioquia, y contra los Autos del 28 de octubre y 1 de diciembre de 2022
proferidas en sede de la proferidos por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
jurisdicción contencioso- Administrativo del Consejo de Estado. Asimismo, la tutela fue
administrativa, en las que se presentada el 19 de diciembre de 2022. Así, la Sala Plena constata que
determinó que la acción esta acción constitucional fue ejercida de manera oportuna. En efecto,
caducó. Los procesos transcurrió menos de un mes entre la fecha en la que se adoptó la
ordinarios se promovieron segunda providencia mencionada de la Sección Primera y el día en el
para obtener la declaratoria que se radicó la acción de tutela. Por ende, como transcurrió un plazo
de responsabilidad estatal, razonable, cabe concluir que se cumple con el criterio de inmediatez.
por el hecho del
desplazamiento de los 127. En el caso del expediente T-9.817.513, la actora dirigió su tutela
demandantes. En particular, contra el Auto del 30 de noviembre de 2022 de la Subsección C de la
se alegó la omisión en el Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
deber de protección y Consejo de Estado. La tutela se radicó el 13 de marzo de 2023. Así,
seguridad atribuible al esta Corte estima que la tutela fue presentada oportunamente, al haber
Estado por víctimas de transcurrido alrededor de tres meses entre la providencia accionada y la
violencia en los municipios

21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014,
radicado No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
22 Corte Constitucional SU-055 de 2018, criterio reiterado en sentencia T-352 de 2022.

14

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Administrativo de Sucre y Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo

de Nariño y Mutatá fecha de su presentación, de manera que se supera la exigencia de la
(Antioquia). inmediatez».

T-004 de Acción de tutela ejercida «66. La acción de tutela satisface el requisito de inmediatez. El
2025 para cuestionar una decisión 27 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Bolívar emitió, en
judicial proferida por el segunda instancia, la sentencia por la cual decidió confirmar la sentencia
Tribunal Administrativo de que el Juzgado Segundo Administrativo de Cartagena expidió el 31 de
Bolívar, que declaró probada marzo de 2022, dentro del proceso de reparación directa promovido por
la excepción de caducidad los accionantes y otras personas en contra de Nación-Ministerio de
de una acción promovida por Defensa Nacional- Armada Nacional – Policía Nacional – Municipio de
los tutelantes en la que San Jacinto. La sentencia de segunda instancia fue notificada por medio
pretendían la indemnización de comunicación electrónica del 30 de mayo de 2023[…]. A su vez, la
por los daños derivados del acción de tutela fue presentada el 30 de noviembre de 2023. En tales
desplazamiento forzado del términos, la Sala Constata que la acción de tutela se presentó seis (6)
que fueron víctimas, por meses después de la sentencia de segunda instancia del proceso de
actuaciones de las reparación directa, lapso que de acuerdo con la jurisprudencia
autodefensas en el año constitucional resulta razonable y, por ende, satisface el requisito de
1999. inmediatez».
T-014 de 2025 Acción de tutela promovida «109. La Sala Quinta de Revisión considera que la presente acción de
por un grupo de víctimas del tutela cumple con el criterio de inmediatez. Como se anotó en los
desplazamiento forzado antecedentes de esta providencia, la aludida tutela se presentó el 28 de
contra una sentencia junio de 2023. Por otra parte, la providencia contra la cual se formuló
proferida por el Tribunal esa acción de tutela se profirió el 23 de noviembre de 2022. Esta Corte
Administrativo de Bolívar, estima que el plazo aproximado de siete meses que transcurrió entre la
que declaró la caducidad de fecha en la que el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió la Sentencia
los hechos ocurridos en del 23 de noviembre de 2022 y el momento en el cual se radicó la
1999, en el municipio de San solicitud de protección de derechos fundamentales es un término
Jacinto. razonable. Más aún cuando, según la tutela, esa sentencia fue notificada
en estado del día 21 de marzo de 2023 y quedó ejecutoriada el día 28
del mismo mes y año. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha advertido en Sentencias como la T-137 de 2007, T-
647 de 2008, T-867 de 2009 y T-033 de 2010 que el plazo razonable
para presentar este mecanismo constitucional suele ser de seis meses.
Sin perjuicio de lo anterior, el juez constitucional debe evaluar, caso a
caso, las particularidades de las controversias que son puestas en su
conocimiento, con independencia de si la acción de tutela se formuló
dentro de los seis meses siguientes a la ocurrencia del hecho que
supone una vulneración o amenaza de derechos fundamentales. Ello,
toda vez que pueden advertirse circunstancias objetivas que hayan
impedido presentar la tutela dentro del tiempo anotado, lo cual debe
verificarse en cada caso».

62. De lo expuesto, se desprende que, incluso en los casos de acciones de tutela
promovidas por víctimas de desplazamiento forzado, la Corte Constitucional ha
examinado el concepto de término razonable para considerar superado el requisito
de inmediatez. Este análisis no representa una variación respecto de lo ya
establecido en relación con solicitudes contra providencias judiciales. En
consecuencia, aunque esta población goza de especial protección constitucional,
ello no excluye que, para evaluar la inmediatez, se tenga en cuenta la fecha en que
fue proferida y notificada la providencia objeto de tutela, al punto de permitir la
aplicación del lapso de seis (6) meses que la jurisprudencia ha considerado
razonable para ejercer la acción.

63. Incluso, cabe destacar que, aunque en la sentencia T-014 de 2025 citada
parecería que la Corte Constitucional extendió el plazo a siete (7) meses desde que
se profirió la decisión cuestionada, esto no resulta acertado, dado que como se
explicó después, en ese caso la sentencia se notificó hasta el 21 de marzo de 2023,
quedó ejecutoriada el día 28 del mismo mes y año, y la acción de tutela se radicó

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el 28 de junio de ese mismo año. De esta manera, la solicitud de amparo analizada
en esa oportunidad se tuvo por oportuna, porque la acción se interpuso dentro de
los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la decisión.

64. Bajo este entendido, aplicado lo anterior al caso particular, la Sala considera
que como se dejó consignado en los hechos la sentencia del 24 de octubre de 2024
se notificó el 10 de diciembre de ese año, actuación que se entiende surtida en los
términos del artículo 203 del CPACA. Así, aplicada la regla de unificación
jurisprudencial fijada en el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo del Consejo de Estado, el 29 de noviembre de 2022, según el cual
la notificación electrónica de las sentencias se entenderá realizada pasados dos (2)
días hábiles desde el envío del mensaje, la sentencia se tuvo por notificada
finalizado el 12 de diciembre de 2024.

65. Por tanto, en los términos que lo prevé el artículo 302 del Código General
del Proceso (CGP), esta decisión quedó ejecutoriada a los tres días (3) posteriores
a su notificación al no admitir recursos. Es decir que, como esto ocurrió finalizado
el 17 de diciembre de 2024, a partir del día siguiente la parte accionante tenía seis
(6) meses para radicar la solicitud de amparo. Sin embargo, lo hizo hasta el 10 de
julio de 2025, esto es, fuera de dicho plazo y sin justificar, mínimamente, las razones
que le impidieron ejercer oportunamente esta acción constitucional.

66. Así las cosas, la simple condición de desplazado no hace inaplicable el
requisito de inmediatez en acciones de tutela contra providencias judiciales. De esta
manera, se echa de menos una explicación detallada por el señor Wilton Enrique
Cuello Herrera que dé cuenta de las razones por las cuales no pudo ejercer a
tiempo el mecanismo de tutela. En particular, se cuestiona que en esta sede haya
manifestado, entre otras situaciones, que no ha podido regresar a su territorio y que
no contó con las pruebas idóneas para acreditar los hechos objeto del proceso de
reparación directa, como justificaciones frente a la configuración de la caducidad
en sede ordinaria, sin hacer una mínima mención a los motivos presentes que le
impidieron acudir en sede tutela.

67. De lo anterior se desprende que, aunque la Sala no pasa por alto que es
deber del juez constitucional analizar las circunstancias excepcionales que inciden
en el ejercicio oportuno de la acción de tutela, y que existen ciertos escenarios en
los que es válido flexibilizar el análisis de la inmediatez para proteger los derechos
fundamentales vulnerados, la Corte Constitucional también ha insistido en que «la
acción de tutela […] no puede utilizarse como un mecanismo para corregir las
omisiones o subsanar los yerros que se cometieron en los procesos ordinarios – tal
como ocurre cuando se interpone la tutela para revivir términos que ya
caducaron»23.

23 Corte Constitucional, auto 206 de 2017.

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68. Por lo visto, y sin que esto implique un análisis de fondo de la cuestión
planteada, la flexibilización de la inmediatez no es ilimitada ni absoluta, de tal forma
que está permitido exigirle al accionante un «deber mínimo de diligencia»24, para
justificar su tardanza.

69. Así, la única manifestación de la parte actora en su demanda de tutela está
encaminada a que la última actuación en sede ordinaria fue el auto de obedézcase
y cúmplase proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Oral de
Sincelejo, el 12 (sic)25 de enero de 2025, y notificado el 24 siguiente. De ahí se
extraería que interpretó erróneamente que desde esta providencia se contabilizaría
el plazo de los seis (6) meses referido para acudir en sede constitucional.

70. No obstante, como quedó definido en párrafos anteriores, los cargos de
tutela se centran en la afectación constitucional que se concretó en la sentencia del
24 de octubre de 2024, que le puso fin al proceso ordinario. En razón a ello, no
podría validarse la interposición del mecanismo de amparo a partir de un auto
posterior a la fecha en que cobró ejecutoria la sentencia de segunda instancia.

71. En consecuencia, la situación de vulnerabilidad y de falta de conectividad
que se deriva de la condición de desplazado, no es razón suficiente para interponer
de manera tardía la demanda de tutela, porque esta acción se puede ejercer, como
lo refirió el señor Wilton Enrique Cuello Herrera, a través de la figura de la agencia
oficiosa, en nombre propio o, inclusive, otorgándole poder a un abogado para que
represente sus intereses en el proceso, como ocurrió en sede de reparación directa,
siempre que estas situaciones estén debidamente acreditadas.

72. Por estos motivos, la Sala no encuentra mérito para flexibilizar el requisito
de la inmediatez en la presente acción de tutela, más allá de los seis (6) meses que
la jurisprudencia ha previsto como término razonable.

IV. CONCLUSIONES

73. En atención a las razones expuestas, la acción de tutela que promovió el señor
Wilton Enrique Cuello Herrera resulta improcedente ya que: (i) no está habilitado
para actuar como agente oficioso de los restantes accionantes que involucró en su
escrito; y, (ii) en su caso particular, no se superó el presupuesto general de la
inmediatez.

24 Ibidem.
25 Corresponde al 22 de enero de 2025.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04289-00
Accionantes: Wilton Enrique Cuello Herrera y otros
Accionados: Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre y Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del señor
Wilton Enrique Cuello Herera para actuar como agente oficioso de los señores
Jorge Luis Cuello Montes, Dayana Patricia Cuello Montes, Argemiro Rodríguez
Ricardo, María Oneida Mercado Moguea, Argemiro Rodríguez Mercado, Keiner
Rodríguez Mercado, Martha Cecilia Cuello Herrera, Yoandrys Herrera Cuello, Rosa
Adelina Herrera Mercado, Yoider José Silgado Herrera, Juan José Silgado Herrera,
Rosa María Silgado Herrera, Juan Manuel Silgado Silgado, Luis Guillermo
Rodríguez Bertel, Celedonia Payares Marzal, Jaider Manuel Herrera Rodríguez,
Víctor Manuel Herrera Rodríguez, Elvis Enrique Herrera Rodríguez, José Armando
Silgado Herrera, Eusebia Herrera de Cuello, José Francisco Silgado Rivera, Noiris
María Silgado Herrera, Leonardo Fabio Pacheco Silgado, Oscar Darío Rodríguez
Vertel, María del Carmen Zúñiga Herrera, Luz Nereyda Salgado Herrera, Julio
Cesar Herrera Mercado, Jaime Santiago Rodríguez Bertel, Eufemia Herrera
Mercado, Jane Janeth Zúñiga Herrera, Teresa Bertel de Rodríguez, María Sonia
Rodríguez de Batista, Mayerly Beatriz Rodríguez Bertel, Neyis del Carmen Mercado
Moguea, Carolina Moguea de Berrio, Roberto Mercado Moguea, Constancia Isabel
Herrera Mercado, Freidis José Salgado Herrera, Adanolis Salgado Herrera, Horlen
David Salgado Herrera, Argenida Julio de Garces, Jaquelin Garces Julio, Erminio
José Garces Julio, Einer Antonio Garces Julio, Rosa Helena Garces Julio, Yael
Victoria Aparicio Moguea, Manuel Antonio Bertel Moguea, Miguel Ángel Bertel
Moguea, Álvaro Javier Bertel Moguea, Carmen Elena Moguea de Garces, Saida
Lucia Garces Moguea, Nicolás Elías Garces Moguea, Justo Antonio Garces
Moguea, Barbara Garces Moreno, María de la Cruz Campo de Herrera, Yorkin de
las Nieves Herrera Campo, Charibeth Herrera Campo y Davinson Enrique Herrera
Pérez, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Wilton Enrique Cuello Herrera, en nombre propio, de conformidad con lo
consignado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04289-00
Accionantes: Wilton Enrique Cuello Herrera y otros
Accionados: Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre y Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo

su notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

VMP/SEJV

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