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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04289-01

Fecha
13 de abril de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04289-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia 1º de septiembre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, que declaró improcedente la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04289-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

13 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04289-01
Accionante: Wilton Enrique Cuello Herrera y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro1
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de reparación directa. Desplazamiento forzado.
Caducidad / CONFIRMA IMPROCEDENCIA – Falta de legitimación en la causa por
activa e inmediatez. Tutelante Wilton Enrique Cuello Herrera no está habilitado para
actuar como agente oficioso de los demás accionantes y tutela se interpone más de
6 meses después de notificada la providencia acusada, sin que se justifique la mora
en su presentación.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 1º de septiembre de 2025 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de la
acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 10 de julio de 2025, el señor Wilton Enrique Cuello Herrera, en nombre propio
y en condición de agente oficioso de otras personas 2 promovió acción de tutela

1 Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo.
2 los señores Georgina Montes Berrio; Jorge Luis y Dayana Patricia Cuello Montes; Argemiro Rodríguez Ricardo;

María Oneida, Neyis del Carmen y Roberto Mercado Moguea; Argemiro y Keiner Rodríguez Mercado; Martha
Cecilia Cuello Herrera, Yoandrys Herrera Cuello; Rosa Adelina, Julio César, Eufemia y Constancia Isabel Herrera
Mercado; Yoider José, Juan José, Rosa María, José Armando y Noiris María Silgado Herrera; Juan Manuel y
Ewin Silgado Silgado; Luis Guillermo, Jaime Santiago, Mayerly Beatriz y Óscar Darío Rodríguez Bertel, Celedonia
Payares Marzal; Jaider Manuel, Víctor Manuel y Elvis Enrique Herrera Rodríguez; Eusebia Herrera de Cuello,
José Francisco Silgado Rivera, Leonardo Fabio Pacheco Silgado, Eder Rodríguez Herrera; María del Carmen y
Jane Janeth Zúñiga Herrera; Luz Nereyda, Freidis José, Adanolis y Horlen David Salgado Herrera; Teresa Bertel
de Rodríguez, María Sonia Rodríguez de Batista, Carolina Moguea de Berrio, Argenida Julio de Garcés; Rosiris,
Jaquelin, Erminio José, Einer y Rosa Helena Garcés Julio; María Moguea Mercado, Yael Victoria Aparicio
Moguea; Manuel Antonio, Miguel Ángel y Álvaro Javier Bertel Moguea; Carmen Elena Moguea de Garcés; Saida
Lucía, Nicolás Elías, Justo Antonio y Erminio Garcés Moguea; Bárbara Garcés Moreno, María de la Cruz Campo
de Herrera; Yorkin de las Nieves, Heigly, Charibeth y Derly Herrera Campo, Yasira Pérez Ciprián, Maifer Banquez
Pérez y Davinson Enrrique Herrera Pérez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04289-01
Accionante: Wilton Enrique Cuello Herrera y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre

contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Segundo Administrativo de
Sincelejo, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y a la verdad, justicia y reparación
integral.

2.
Solicitó que se dejaran sin efectos las sentencias proferidas el 30 de julio y 24 de
octubre de 2024 dentro del proceso de reparación directa3 que promovió junto con
otros4 contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército, Armada y Policía Nacional,
encaminado a obtener el resarcimiento de los perjuicios causados por el
desplazamiento del que fueron víctimas en el año 1999 por el actuar de grupos de
autodefensas. Puntualmente, el 26 de agosto de esa anualidad, cuando las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asesinaron a 4 campesinos, al
catalogarlos como miembros de las guerrillas que operaban en la zona.

3.
En la providencia de 24 de octubre de 2024 se revocó la decisión de 30 de julio
de esa anualidad, mediante la cual el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo
negó las pretensiones ordinarias, para en su lugar, declarar probada la excepción de
caducidad. Se determinó que el hecho generador del desplazamiento forzado ocurrió
el 26 de agosto de 1999, por lo que -en principio- la parte demandante tenía hasta el
27 de agosto de 2001 para acudir a la administración de justicia, pero no lo hizo, sino
hasta el 6 de agosto de 2015. Además, no acreditó una imposibilidad material para
presentar la demanda ordinaria de manera oportuna. En cuanto a la sentencia SU-
254 de 2013 de la Corte Constitucional, afirmó que se relacionaba con la reclamación
o fijación del monto de la indemnización administrativa consagrada en la Ley 1448
de 2011, mas no con el término para reclamar el desagravio por daños en torno a la
responsabilidad del Estado, conforme a la cláusula establecida en el artículo 90
Superior.

4.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto fáctico, por cuanto no se
tuvieron en cuenta las pruebas documentales, testimoniales y declaraciones de
partes con las que se pretendía demostrar el daño continuado, la persistencia del
conflicto, los sucesivos actos de violencia, la situación de vulnerabilidad de los
demandantes, la falta de retorno a sus hogares y las razones o circunstancias que
impidieron la presentación oportuna de la demanda de reparación directa. Tampoco

3 Expediente 70001-33-33-002-2015-00161-02.
4 Willinton Andrés Cuello Montes; Andy Manuel, Yolima, Óscar David y Yajaira Ester Rodríguez Mercado; Joieer

José, Jonifer y Yeimer Enrique Herrera Cuello; Liceth Paola y Ankíler José Silgado Herrera; Yaniris Silgado
Urango; Juan José y Amiris Silgado Bertel; Seledonio Payares Marsal; Iván Andrés, Adrina Isabel y Luis Fernando
Rodríguez Payares; Yaneth Rodríguez Moguea, Francisca Rodríguez Julio; Rudis y Jairis M. Herrera Rodríguez,
Anyi José Silgado Ledesma; Edinson Manuel y Edilberto Cuello Herrera; Sandy Pacheco Silgado, Eduar David
Zarza Silgado, Keidis Johana Rodríguez Benítez; Camilo Andrés y Deivis Manuel Silgado Zúñiga; Graciela de
Jesús Bertel Rivera, Emel Padilla Salgado, Jorge Eliécer Herrera Torres; Denis del C., Diana, Eduardo, José M.,
Luis Guillermo, Johana, Yoni de Jesús y Jaime Rodríguez Moreno; Víctor Zúñiga Moreno; Heider Manuel, Merlis
y Edinildo Zúñiga Herrera; Ageovaldis A., Eduardo, Willian, Emartha y María Teresa Rodríguez Bertel; Doris
Isabel Bertel Ávila, Sara Sofía Julio Mercado, Carolina Endrea Mercado Núñez, Rebert Luis Mercado Hernández,
Ana Salgado González, Adanilia Salgado Herrera, Sargenida Julio Acosta, Salustiana Garcés Julio; Alexandra y
María Alejandra Pérez Bertel; Jorge José Garcés Moguea; Rogelio, Isabel, Víctor y Yusto Antonio Garcés
Moreno; Yoglin J. y Herinson Herrera Campo; Roger David Herrera Pérez, Daniel Andrés Estremor Pérez y
Adalberto Menco Hernández.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04289-01
Accionante: Wilton Enrique Cuello Herrera y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre

se consideró el contexto de violencia de la subregión de los Montes de María, en el
que se produjo el desplazamiento forzado y en donde se desarrolló el conflicto
armado interno que vivieron los 15 municipios que lo conforman, pertenecientes a
los departamentos de Sucre y Bolívar.

5.
Indicó que, a pesar de que el caso involucraba violación a los derechos humanos
y al derecho internacional humanitario, en el que intervenían sujetos de especial
protección constitucional, no se hizo uso de las facultades para ordenar, decretar y
practicar pruebas de oficio, encaminadas a aclarar la verdad sustancial y material de
lo ocurrido. También advirtió que no se le dio prelación, importancia y preferencia a
los medios de prueba indirectos o indiciarios, es decir, no se aplicó la flexibilización
probatoria en este asunto, ni los principios pro damnato y pro actione.

6.
Destacó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido el conflicto
armado interno, lo cual impone al juez contencioso-administrativo efectuar exámenes
más profusos de los elementos y circunstancias que rodean los hechos puestos a su
conocimiento, para satisfacer, no solo el acceso a la administración de justicia, sino
el derecho a la justicia y reparación. Por ende, en este tipo de casos se debe
reconocer la indemnización a que haya lugar, con independencia de si operó o no el
fenómeno de la caducidad.

7.
Por otro lado, se configuraron los defectos sustantivo y procedimental por exceso
ritual manifiesto. Pese a que se invocó el artículo 164 del CPACA, no se verificó la
existencia de alguna imposibilidad material para acudir al aparato jurisdiccional,
conforme a la sentencia T-374 de 2023 de la Corte Constitucional.

8.
Agregó que se presentó la demanda de reparación directa cuando se tenían los
medios económicos y los argumentos jurídicos y pruebas para tener éxito y lograr lo
pedido. En ese momento se tuvo certeza de la posible participación de agentes del
Estado. Además, el adelantar las acciones legales que correspondían los ponía en
una situación de riesgo, pues años después del hecho generador del daño
(desplazamiento) aún se encontraban vigentes las relaciones entre ilegales, la
institucionalidad militar y servidores públicos.

9.
Adujo que no se aplicó el artículo 167 del CGP, según el cual los hechos notorios,
como el conflicto armado interno dentro del que se configuró el desplazamiento
forzado cuya reparación se pretendía, no requería prueba alguna. En ese sentido,
las decisiones judiciales no consultaron la realidad procesal, probatoria y sustancial,
ni lo que implica una masacre cometida por comandos fuertemente armados (AUC)
con la aquiescencia de la institucionalidad. Es decir, no ejercieron sus funciones
como juez convencional (control oficioso de convencionalidad), que se deben
desplegar cuando en casos, como este, se enmarque en el conflicto armado interno
que origine delitos de lesa humanidad.

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Accionante: Wilton Enrique Cuello Herrera y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre

10.
Señaló que se configuró desconocimiento del precedente porque las autoridades
judiciales accionadas no aplicaron la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional relativa a la flexibilización y los indicios en materia probatoria
cuando se examinan casos que involucran violación a los derechos humanos y
delitos de lesa humanidad. Asimismo, la concerniente a que no se verificaron en
debida forma los impedimentos para acudir de manera oportuna a la administración
de justicia, máxime cuando no ha cesado su situación de desplazamiento, la cual se
acreditó con su inclusión en el Registro Único de Víctimas.

B. Sentencia de primera instancia

11.
Mediante sentencia de 1º de septiembre de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la tutela, al no satisfacer los
presupuestos de legitimación en la causa por activa e inmediatez. Se limitó el estudio
al fallo de 24 de octubre de 2024, por ser el que zanjó de manera definitiva el litigio,
en esa medida, no se abordó lo referente a la responsabilidad estatal, sino a la
oportunidad en que se instauró la demanda de reparación directa, al haberse
declarado probada la excepción de caducidad.

12.
Precisó que el señor Wilton Enrique Cuello Herrera, quien acudió a esta tutela en
nombre propio y como agente oficioso de los demás accionantes, solo adujo que
ejercía la agencia en razón a que ellos son desplazados, lo que les impedía suscribir
la solicitud de amparo. Afirmación frente a la cual no aportó un mínimo de sustento
probatorio. Además, tampoco se cuenta con la ratificación posterior de aquellos. En
ese sentido, carecía de legitimación en la causa para actuar en esa calidad, por lo
que solamente se abordaría el estudio respecto de él.

13.
Hechas esas precisiones concluyó que la solicitud de amparo no supera el
requisito de inmediatez. Aunque el accionante tiene la condición de desplazado, por
lo que goza de especial protección constitucional, ello no lo excluye de cumplir el
mencionado requisito general de procedibilidad de la tutela contra providencia
judicial. La sentencia acusada se notificó a través de correo electrónico del 10 de
diciembre de 2024, pero conforme al artículo 203 del CPACA, se tiene como fecha
efectiva de notificación el 12 siguiente, por lo que su ejecutoria acaeció, de acuerdo
con el artículo 302 del CGP, el 17 del mismo mes y año, fecha a partir de la cual la
parte actora contaba con 6 meses para formular la respectiva solicitud de amparo, lo
cual realizó hasta el 10 de julio de 2025, es decir, fenecido el aludido término.
Además, no se justificó de alguna manera la mora en acudir a este trámite
constitucional.

14.
Se precisó que no resultaba dable contabilizar el aludido lapso desde la última
actuación judicial, correspondiente al auto de obedézcase y cúmplase; por cuanto
los reproches se dirigen contra la sentencia acusada, es decir, dicha providencia es
la que presuntamente causó la afectación constitucional, por tanto, no podría

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validarse la interposición del mecanismo de amparo a partir de un proveído posterior
a la fecha en que cobró ejecutoria la aludida decisión judicial.

C. La impugnación

15.
La parte actora impugnó la decisión adoptada en primera instancia. Hizo
referencia al tratamiento diferenciado que se les debe otorgar en sede judicial, en
razón a que padecieron el conflicto armado interno y fueron víctimas de
desplazamiento forzado, lo cual comporta violación a derechos humanos y al
derecho internacional humanitario, por lo que se debe acudir a los principios de
favorabilidad, flexibilidad de la prueba, buena fe y seguridad jurídica para resolver la
controversia suscitada.

16.
Asimismo, se debe tener en cuenta que si bien se otorgó poder en Sincelejo para
presentar la demanda de reparación directa, lo cierto es que los demandantes se
dispersaron por todo el país, motivo por el cual el tutelante, que actuó en nombre
propio, formuló la respectiva solicitud de amparo como agente oficioso de los demás,
con el fin de que se lograra beneficiar a toda la comunidad desplazada. Ello
demuestra la dificultad de los demás actores para promover este trámite
constitucional y la necesidad de que se les reconozca como sujetos de especial
protección para que sean incluidos en el evento de obtener una sentencia favorable
en esta acción.

17.
También enuncia las acciones que influyeron en que no se instauraran de manera
oportuna las acciones a las que hubiere lugar, a saber: (i) la falta de atención y
orientación psicosocial por parte del Estado, para mitigar los impactos sufridos por
los hechos victimizantes; (ii) la persistencia de las secuelas del conflicto, temor,
miedo, zozobra, desconfianza, incertidumbre, depresión, razón por la cual no
retornaron a sus actividades de liderazgo, ni a sus comunidades, ni ejercieron
oportunamente el derecho de acción de reparación directa; (iii) no se ha superado
su condición de vulnerabilidad, ni su condición socioeconómica, es decir, se presentó
una barrera de tipo económica; (iv) continúan cesantes, pues no se reinsertaron a la
vida productiva, ni les pagaron sus salarios, prestaciones y derecho pensional (no
gozan de pensión); (v) no se investigaron los hechos victimizantes por parte de la
Fiscalía General de la Nación, dado que no se tiene información acerca del estado
de las investigaciones, o por lo menos, no se tiene conocimiento de que exista una
decisión de fondo; (vi) el Estado no les brindó asesoría y representación judicial para
el goce efectivo de sus derechos, lo que conlleva una falta de conocimiento sobre
las acciones legales a que había lugar; (vii) después del Acuerdo de Paz han operado
diversas estructuras armadas ilegales en los Montes de María, las cuales han
perpetrado hechos de violencia contra la población civil; (viii) las entidades que
integran el sistema de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado, no
han sido efectivas, ni eficaces en adoptar e implementar la política pública a favor de
los demandantes; y (ix) las medidas otorgadas se han limitado a la entrega del
componente de atención humanitaria, sin enforcarse en la salud mental, superación
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de las condiciones de vulnerabilidad y mejora de la situación socioeconómica.

18.
Además, no se tuvo en cuenta que la vulneración de sus derechos aún continúa
con ocasión de su desplazamiento y que son sujetos de especial protección
constitucional, por lo que se les debe dar un tratamiento diferencial, consistente en
que, al ser una población vulnerable, no les es exigible la celeridad y diligencia que
se le puede pedir al resto de la población. En esa medida, se debe analizar de fondo
la tutela, a pesar del tiempo transcurrido desde la notificación de la providencia
judicial acusada, en razón a que el quebranto de sus prerrogativas superiores es
actual y persistente, pues dicha providencia cerró definitivamente la vía ordinaria
para obtener una respuesta estatal a los hechos denunciados.

19.
Se presentó el escrito de tutela el 10 de julio de 2025, es decir, 23 días después
de los 6 meses establecidos jurisprudencialmente como término razonable para tal
propósito, lo cual no resulta excesivo, dadas sus circunstancias particulares.

20.
No se tuvo en cuenta que no existe manifestación de los accionantes de que no
estuvieran de acuerdo con la presentación de la tutela, pues dicha voluntad se
manifestó vía telefónica y algunas fueron verbales o a través de mensajes, por ende,
hubo una aceptación tácita.

D. Designación de conjuez y cambio de ponente

21.
La tutela fue repartida el 26 de noviembre de 2025 al despacho que tiene
encargado el consejero de Estado Fernando Alexei Pardo Flórez, con el fin de
desatar la impugnación formulada contra el fallo de primera instancia dictado dentro
de estas diligencias.

22.
El proyecto de sentencia por él sometido a consideración de la Sección Tercera –
Subsección A no pudo ser aprobado en la sesión de 30 de enero de 2026, por
desacuerdo entre los dos integrantes actuales de la Sala, por lo que -por sorteo del
10 de febrero de 2026- se designó como conjuez al consejero Diego Enrique Franco
Victoria.

23.
La referida ponencia fue derrotada en sesión celebrada el 23 de febrero del año
en curso, razón por la cual, con auto de 25 del mismo mes y año, se dispuso remitir
el respectivo expediente al despacho a cargo del ponente de esta providencia.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

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24.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19915.

F. Análisis del caso concreto

25.
La parte actora pretende dejar sin efectos las sentencias de 30 de julio y 24 de
octubre de 2024. En primera instancia se limitó el estudio a esta última, postura que
comparte y acoge esta Sala, pues dicha providencia fue la que concluyó el litigio.

26.
Dilucidado lo anterior, la Sala anticipa que las razones expuestas por la parte
accionante en la demanda y en el escrito de impugnación no resultan suficientes
para que se habilite el examen de constitucionalidad de la decisión judicial
censurada, razón por la que se confirmará la sentencia impugnada. El tutelante
Wilton Enrique Cuello Herrera no se encuentra habilitado para actuar como agente
oficioso de los demás actores y el escrito de tutela fue interpuesto después de los 6
meses que jurisprudencialmente se ha fijado como término razonable para instaurar
las tutelas cuando tengan por objeto controvertir decisiones judiciales, sin acreditar
razones válidas que justifiquen esa tardanza.

(i) Legitimación en la causa por activa (agencia oficiosa)

27.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, cualquier persona
puede acudir a la acción de tutela, bien sea por sí misma o a través de un
representante, para reclamar la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de cualquier autoridad y, excepcionalmente de los particulares.
Mandato constitucional que se consagró en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.

28.
De acuerdo con el Decreto 2591 de 1991, los titulares de la acción de tutela podrán
solicitar el amparo constitucional (i) ya sea en forma directa, (ii) por intermedio de un
representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos
y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado con poder
judicial o mandato expreso), (iv) así como a través de agente oficioso (cuando el
titular del derecho no esté en condiciones de promover su propia defensa). De igual
manera, según se dispone en la ley, se encuentran legitimados para ejercer esta
acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi) los personeros municipales
(facultados para intervenir en representación de terceras personas, siempre que el
titular de los derechos haya autorizado6.

5 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
6 La propia jurisprudencia constitucional se ha encargado de puntualizar, en relación con la figura de la acción

de tutela, que si bien es cierto que la informalidad es una de sus notas características, cuyo fundamento estriba
precisamente en la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales,
también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos requisitos mínimos de procedibilidad,
dentro de los cuales se encuentra el atinente a la debida acreditación de la legitimación por activa -o la titularidad-
para promover el recurso de amparo constitucional. Cfr. Sentencias T-464A de 2006, T-493 de 2007 y C-483 de
2008 de la Corte Constitucional.
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29.
Conforme a lo expuesto, se tiene que el ejercicio de la tutela está sujeto a unos
requisitos mínimos de procedibilidad, entre estos, el de la legitimación en la causa
por activa, que implica que la persona que acude a este mecanismo tenga un interés
particular y directo en la protección constitucional que pretende, con el fin de tener
certeza que lo que reclama es la salvaguarda de un derecho fundamental suyo y no
de un tercero.

30.
Cuando se controvierte una decisión emitida en un proceso, la legitimación recae
en quienes integraron las partes. Ello, por cuanto una providencia judicial que
resuelve un caso concreto surte efectos entre dichos sujetos procesales, por lo que
solo quienes participaron en las respectivas diligencias estarían habilitados para
reclamar la vulneración de sus garantías superiores como consecuencia de dicha
decisión judicial.

31.
Por consiguiente, las personas habilitadas para exponer, a través de este
mecanismo constitucional, reproches que comporten afectación a sus garantías
superiores son quienes participaron en el proceso de reparación directa. La facultad
para acudir a esta acción está supeditada a la titularidad de los derechos
fundamentales cuya protección se invoca, que, bajo dicha perspectiva, está en
cabeza únicamente de quienes intervinieron en el proceso, en razón a que es a ellos
a quienes afectan las decisiones que allí se adopten.

32.
Bajo ese panorama se observa que los accionantes conformaron el extremo activo
en el proceso ordinario; por ende, estarían habilitados para promover acción de tutela
contra la providencia acusada, en procura de la defensa de sus garantías superiores.
No obstante, se evidencia que solamente lo hizo el señor Wilton Enrique Cuello
Herrera, quien adujo que la instauró en su nombre, pero también como agente
oficioso de los actores que indicó en este trámite, dada su imposibilidad de hacerlo.

33.
La figura de la agencia oficiosa está consagrada en el artículo 10 del Decreto 2591
de 1991 y consiste en que una persona distinta al titular de las prerrogativas
superiores objeto de amparo agencie sus derechos cuanto esta no esté en
condiciones de promover su propia defensa, circunstancia la cual “deberá
manifestarse en la solicitud”.

34.
Conforme a la sentencia SU-150 de 2021 de la Corte Constitucional, son dos los
requisitos para que una persona pueda constituirse como agente oficioso, a saber:
(i) invocar dicha condición y (ii) que la persona titular de los derechos fundamentales
presuntamente conculcados se encuentre en circunstancias que le impidan actuar
directamente.

35.
En el sub lite se evidencia que en los escritos que presentó el tutelante Wilton
Enrique Cuello Herrera, con ocasión a los requerimientos efectuados por el a quo el
15 de junio de 2025, para que individualizara las personas que integraban la parte
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tutelante, y el 29 de julio siguiente, para que informara la calidad en la que actuaba
frente a los demás accionantes, aquel informó que promovía el trámite constitucional
como agente oficioso de los demás accionantes, en razón a que son desplazados y
viven en diferentes lugares, lo que les impidió suscribir el escrito de tutela.

36.
En ese sentido, se tiene por satisfecho el presupuesto de que se indicara que
actuaba en condición de agente oficioso. Sin embargo, a pesar de que el tutelante
Cuello Herrera expone en el escrito de impugnación distintas circunstancias que, a
su juicio, les impide a los demás actores actuar en nombre propio, para la Sala estas
no resultan suficientes para tener por acreditada la segunda exigencia, esto es, que
se demuestre la imposibilidad de la persona titular de los derechos fundamentales
de actuar directamente en estas diligencias constitucionales.

37.
Lo anterior, por cuanto si bien no se desconoce la condición de desplazados de
todos los accionantes, la cual se acreditó en el proceso ordinario, lo cierto es que en
este asunto no se debate alguna prerrogativa que se les haya negado como
consecuencia de inobservar tal calidad. En este caso, se pretende dejar sin efectos
una providencia en la que se determinó que no era dable examinar si tenían o no
derecho a obtener el resarcimiento de los perjuicios causados por el desplazamiento
forzado que padecieron, en razón a que no acudieron al aparato jurisdiccional en el
término previsto legalmente para tal propósito.

38.
En el mismo sentido, en esta acción constitucional no se ha desatendido la
condición de desplazados de los accionantes, diferente es que se requiera para tener
por satisfecho el presupuesto de legitimación de la causa por activa, a través de la
figura de la agencia oficiosa la acreditación de circunstancias concretas que les
hayan impedido acudir a este trámite de manera directa, máxime cuando en el
proceso ordinario actuaron a través de apoderado, pese a su condición de
desplazados, razón por la cual no es dable que se alegue precisamente esa calidad
como un impedimento.

39.
El tutelante Wilton Enrique Cuello Herrera señala que los demás accionantes se
dispersaron por todo el país, lo que impidió que pudieran suscribir el escrito de tutela.
Sin embargo, omite considerar el actor que, en materia judicial, a través de la Ley
2213 de 2022, se han implementado herramientas electrónicas para la presentación
de acciones judiciales -incluidas las tutelas-, por lo que no resultaba indispensable
que los actores a los que aduce agenciar sus derechos se desplazaran para suscribir
el escrito de tutela, pues hubiere bastado con su manifestación vía electrónica para
presentar la referida acción o, en su defecto, conceder poder a un profesional en
derecho o ratificar la actuación de quien actuó como agente oficioso, lo cual no
ocurrió.

40.
Además, el actor Cuello Herrera indica que él obtuvo manifestación de los
accionantes para el ejercicio de la agencia oficiosa vía telefónica, de manera verbal
y por conducto de mensajes. No obstante, no expone mayores detalles sobre esos
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acontecimientos, pues no informa quiénes le expresaron estar de acuerdo, desde
qué números telefónicos se comunicó con los demás accionantes y cuál era el
contenido de aquellos mensajes, y por qué, a pesar de conocer su intención de
impulsar esta acción judicial, no la ejercieron a nombre propio acudiendo a las
opciones antes indicadas.

41.
Adicional a ello, aunque lo afirma el accionante, no existe manifestación de los
demás tutelantes de que no estuvieran de acuerdo con la presentación de la tutela,
tampoco la hay en el sentido de expresar su acuerdo con dicha actuación, lo cual,
dado que no se acreditó ningún obstáculo para tal fin, resultaba indispensable. En el
contexto de la agenciosa oficiosa no se puede entender el silencio como una suerte
de ratificación tácita.

42.
Así las cosas, no se acreditaron las exigencias de la agencia oficiosa para que el
accionante hubiera podido hacer uso de esta figura, lo cual impone concluir que no
está legitimado en la causa por activa para actuar como agente oficioso de los demás
accionantes, por lo que se confirmará la improcedencia de la acción en este aspecto
y se procederá, como se realizó en primera instancia, a determinar si frente al señor
Wilton Enrique Cuello Herrera la tutela satisface los presupuestos generales para su
procedencia cuando se instaura contra una providencia judicial.

(ii) Presupuesto general de inmediatez

43.
Uno de los presupuestos generales para que proceda la tutela contra una
providencia judicial es haberla instaurado dentro de un término razonable, en
atención a que con la acción constitucional se pretende la salvaguarda de garantías
superiores, lo que implica que se deba acudir con urgencia a su interposición,
máxime cuando se involucran los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. En
consecuencia, se ha fijado jurisprudencialmente como lapso razonable 6 meses
siguientes a cuando la parte interesada tuvo conocimiento de la providencia objeto
de censura, porque es allí cuando surge la posibilidad de que promueva el trámite
constitucional, es decir, desde su notificación.

44.
No obstante, cuando la providencia objeto de reproche constitucional sea
susceptible de algún tipo de recurso o solicitud que suspenda su ejecutoria o que
eventualmente podría modificarla, resulta indispensable que el cómputo para
dilucidar el cumplimiento del presupuesto de inmediatez no se efectúe desde su
notificación, sino desde cuando aquella queda ejecutoriada, lo que acaece una vez
se resuelvan tales mecanismos.

45.
En el asunto sub examine se pretende controvertir una sentencia de reparación
directa emitida en segunda instancia el 24 de octubre de 2024, frente a la que no se
presentó alguna solicitud adicional y la cual fue notificada a las partes el 12 de

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04289-01
Accionante: Wilton Enrique Cuello Herrera y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre

diciembre de esa anualidad7. Sin embargo, la solicitud de amparo se formuló el 10
de julio de 2025, es decir, más de 6 meses después de su notificación.

46.
Para que se flexibilice el mencionado lapso de 6 meses se deben demostrar
circunstancias especiales que le hayan impedido a la parte interesada acudir de
manera oportuna a este trámite constitucional.

47.
Al respecto, el actor fundamenta la presentación tardía del escrito de tutela en
circunstancias generales, como su situación de desplazamiento que no se ha
superado, en razón a la ineficacia de las medidas estatales para tal propósito, la falta
de ayuda tanto en el ámbito psicosocial como legal por parte del Estado, así las
barreras de tipo económico que ha enfrentado, su falta de conocimiento para
adelantar las acciones legales que correspondían y la reaparición de grupos armados
al margen de la ley.

48.
Para la Sala las anteriores circunstancias no justifican la interposición tardía del
presente trámite constitucional, pues no representan un verdadero impedimento para
tal propósito. Además, no se explica de qué modo dichas particularidades impactaron
en el retardo en la presentación de la solicitud de amparo, pues se hace referencia
de manera general a la interposición de acciones legales, lo cual también involucra
la presentación de la demanda ordinaria, en cuyo proceso se determinó la ocurrencia
de la caducidad, lo que involucra también una mora en acudir al aparato jurisdiccional
en ejercicio del medio de control de reparación directa.

49.
En esa medida, no es suficiente para que se flexibilice el aludido lapso de 6 meses
aducir su situación de desplazamiento ni las demás condiciones generales que, en
todo caso, no justifican la mora en la presentación de la tutela. Es decir, el accionante
no indicó cuál fue la razón puntual que conllevó a que acudiera a este mecanismo
constitucional de manera extemporánea, pues no son suficientes las particularidades
que aduce, máxime cuando en este caso se controvierte una decisión judicial, la cual
no se evidencia que se hubiere tardado en serle notificada.

50.
Se precisa que la Sala no pretende desconocer la situación de desplazamiento
forzado padecida por el accionante, pues, aunque las personas que sufrieron este
flagelo gozan de especial protección constitucional, lo cierto es que como en este
caso se debate la constitucionalidad de una providencia judicial, era aplicable el
referido término razonable de 6 meses para acudir a este trámite para tal propósito,
lo cual no se cumplió.

51.
Además, como se indicó en precedencia, la legislación actual permite el ejercicio
de este tipo de acciones a través de medios virtuales, lo que descarta la necesidad
de estar asentado en determinado lugar para poder acudir ante el juez constitucional.

7 A través de mensaje de datos del 10 de diciembre de 2024. La notificación se entiende surtida a los 2 días

hábiles siguientes.
11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04289-01
Accionante: Wilton Enrique Cuello Herrera y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre

52.
Por lo anterior, se evidencia que no se satisfizo el presupuesto de inmediatez, con
el fin de que se habilitara examinar la constitucionalidad de la providencia
reprochada.

53.
En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia impugnada, que declaró la
improcedencia del trámite constitucional.

54.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia 1º de septiembre de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, que declaró
improcedente la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Salvamento de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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