RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04303-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04303-01

Fecha
21 de noviembre de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04303-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del 1 de septiembre de 2025 de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante el cual se declaró la improcedencia del amparo solicitado por Víctor Raúl Consuegra Mercado. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 11 Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04303-01 Accionante: Víctor Raúl Consuegra Mercado Acción de tutela – Segunda instancia

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04303-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

21 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04303-01

Accionante: VICTOR RAUL CONSUEGRA MERCADO

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-Los argumentos de la solicitud carecen de carga argumentativa.

La Sala decide la impugnación interpuesta por Víctor Raúl Consuegra Mercado en
contra del fallo de primera instancia de 1 de septiembre de 2025 proferido por la
Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 11 de julio de 2025, Víctor Raúl Consuegra Mercado, a través de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, con
el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados por la autoridad al
proferir la sentencia del 10 de abril de 2025, al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, radicado 08001-33-33-015-2023-00034-02, que
promovió en contra del municipio de Baranoa.

En virtud de la acción de tutela, solicita que los derechos alegados sean tutelados.
Solicita (se transcriben, incluso con errores):

«Con fundamento en los hechos relacionados, solicitud de los señores
consejeros disponer y ordenar a las partes accionadas y a favor, lo siguiente.

2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04303-01
Accionante: Víctor Raúl Consuegra Mercado
Acción de tutela – Segunda instancia

Tutelar el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia; como consecuencia ordenar a la accionda proferir un uevo fallo donde
analice de fondo la pretensión de indemnización. »

2. Hechos

El demandante solicitó en vía ordinaria, la nulidad de la Resolución No.
2023.03.03.003 del 3 de marzo de 2023, expedida por la Alcaldía de Baranoa,
mediante la cual se ordenó́ la reubicación del funcionario Víctor Raúl Consuegra
Mercado a la Oficina de Convivencia y Participación Ciudadana. A título de
restablecimiento del derecho pretendió que lo reubicaran a su cargo anterior.

Subsidiariamente pidió que se declarara la responsabilidad administrativa y
patrimonial de la Alcaldía por los daños y perjuicios sufridos por el demandante
debido al defectuoso funcionamiento de la administración pública. Dentro de las
pretensiones subsidiarias reclamó el pago de indemnizaciones por perjuicios
materiales, económicos, físicos, morales y psicológicos. También solicitó que se
condene a la Alcaldía de Baranoa a pagar al demandante, las expensas judiciales
en las que incurrió por defender sus derechos.

El 27 de septiembre de 2024, el Juzgado Quince Administrativo Mixto del Circuito de
Barranquilla, emitió el fallo de primera instancia que declaró la prosperidad parcial
de las pretensiones del demandante:

“PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por el municipio de Baranoa
(Atlántico), de conformidad a las razones precedentes.

SEGUNDO: Declarar la nulidad de la Resolución No. 2023.03.03.003 del 3 de marzo de 2023
“Por el cual se hace una reubicación de un cargo dentro de la planta global de la alcaldía
municipal de Baranoa – Atlántico”, acorde a las motivaciones anteriores.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del
derecho, se ordena al municipio de Baranoa a reubicar al señor Víctor Raúl Consuegra
Mercado, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.013.683, en el cargo de Técnico
Operativo, código 314, grado 03 de la planta de personal de la Secretaría de Planeación de
esa entidad territorial.

CUARTO: Denegar las restantes súplicas de la demanda.

(…)”

3
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04303-01
Accionante: Víctor Raúl Consuegra Mercado
Acción de tutela – Segunda instancia

El 11 de octubre de 2024, la Alcaldía de Baranoa interpuso recurso de apelación. El
18 de octubre de 2024, el accionante presentó adhesión al recurso del demandado.
Argumentó que la sentencia del a quo no valoró las pruebas conforme a los principios
de sana crítica y realidad sustancial, en particular aquellas que demuestran el pago
de honorarios al abogado que representó al actor en el proceso:

“En la sentencia no fue valorada las pruebas conforme a la sana crítica y a la realidad
sustancial, debido a que quedó evidenciado que, el actor pago un dinero por concepto de
honorarios la representación legal dentro del proceso de la referencia.

A la cual es juzgado solo se permitió indicar que como prosperaron las pretensiones
principales, se revela del estudio de las subsidiarias.

El art. 162 de la ley 1437 de 2011, indica entre otras que cuando se formulen varias
pretensiones, se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo
Código para la acumulación de pretensiones.

Asimismo, el art. 163 de la norma ejusdem, dispone que cuando se pretendan declaraciones
o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y
separadamente en la demanda.

En lo referente a la acumulación de pretensiones la ley (art. 165 del CPACA) establece que
En la demanda se podrán acumular pretensiones de nulidad, de nulidad y de restablecimiento
del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre que sean conexas, ademas
deben cumplirse entre otros:
(…)
En ese orden, el juez debió pronunciase de fondo respecto de las pretensiones de
responsabilidad, que fueron presentadas como subsidiarias conforme lo indica la norma.

Por otro lado, respecto del cobro de honorarios del abogado, A partir del criterio unificado de
la Sección Tercera del Consejo de Estado (25000-23-26-000-2011- 00464-01) , el cual se
aplica por analogía al caso; ha establecido que, para que proceda el pago de honorarios
profesionales cancelados al abogado que asumió la defensa del afectado en el proceso penal,
quien haya realizado el pago deberá acreditar: i) que se allegue como prueba la factura o
documento equivalente, acompañada de la prueba de su pago, expedidos ambos por el
abogado que asumió la defensa penal del afectado con la privación, i) que se encuentre
probado que el profesional del derecho beneficiario del mismo fungió en el asunto penal como
apoderado de la víctima de la detención, y iii) que hayan sido reclamados en la demanda por
quien efectivamente realizó el pago.

En ese orden se encuentra a acreditado con las constancias de trasferencias bancaria el pago
de los honorarios, para la presentación y tramite del medio de control dentro de este proceso;
lo cual demuestra la efectividad del pago del valor de la gestión y de esto deviene a la
afectación subjetiva causado al actor.”.

El 10 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral
A, resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión del a quo.

3. Fundamentos de la acción de tutela

El señor Víctor Raúl Consuegra Mercado presentó acción de tutela, toda vez que
consideró que la decisión del 10 de abril de 2025 del Tribunal Administrativo del

4
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04303-01
Accionante: Víctor Raúl Consuegra Mercado
Acción de tutela – Segunda instancia

Atlántico afectó sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.

Para el demandante, la sentencia del ad quem, vulneró sus derechos fundamentales,
toda vez que incurrió en un defecto sustancial material, pues en su opinión el Tribunal
“tiene el deber constitucional y legal de resolver integralmente todas las pretensiones
propuestas por las partes, conforme a los principios de justicia material, reparación
integral y motivación suficiente.”

Así mismo considera que las pretensiones de orden económico no son excluyentes
con las de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho:

“Por lo tanto, la reparación directa no está excluida por la concesión del restablecimiento del
derecho, sino que es plenamente compatible con esta última, siempre que se acrediten los
elementos fácticos y probatorios que sustenten la existencia del daño antijurídico y su
imputación a la administración. En este sentido, al no realizarse el estudio de fondo de la
pretensión indemnizatoria —concretamente, el reconocimiento del pago de honorarios
profesionales por la representación judicial—, el juez de conocimiento desconoció el alcance
normativo del artículo 165 CPACA, incurriendo en una interpretación restrictiva que vacía de
contenido el derecho a la reparación integral”.

Resalta que las pruebas que soportan los gastos económicos no fueron tenidas en
cuenta y que ahí yace el yerro:

“La vulneración es aún más evidente si se tiene en cuenta que en el expediente obra prueba
documental válida —el baucher de consignación aportado oportunamente—, que da cuenta
del pago parcial de honorarios por parte del actor al profesional del derecho que asumió su
defensa. Esta erogación constituye un daño cierto, actual y cuantificable, directamente
atribuible a la actuación administrativa posteriormente anulada, y por tanto, ameritaba un
examen de fondo a la luz de los criterios desarrollados por la jurisprudencia del Consejo de
Estado y la Corte Constitucional en materia de reparación de perjuicios derivados de
actuaciones administrativas ilegítimas.

(…)

En consecuencia, la decisión judicial aquí tutelada incurrió en un defecto sustantivo, derivado
de una interpretación errónea y restrictiva del artículo 165 de la Ley 1437 de 2011, y de la
omisión de analizar un componente fundamental de la pretensión resarcitoria del actor,
frustrando su derecho a obtener una reparación integral por los perjuicios derivados del acto
administrativo declarado nulo. Esta omisión no solo afecta el núcleo esencial del debido
proceso, sino que constituye una denegación de justicia material incompatible con los
mandatos constitucionales”.

4. Trámite de la acción de tutela

5
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04303-01
Accionante: Víctor Raúl Consuegra Mercado
Acción de tutela – Segunda instancia

El 17 de julio de 2025 se admitió la acción de tutela se ordenó́ notificar al accionante
y a la autoridad accionada, para que en el término de 2 días rindan el informe sobre
los hechos de la demanda de tutela. También se ordenó tener al municipio de
Baranoa, en calidad de tercero interesado.

Alcaldía de Baranoa solicitó su desvinculación del trámite de tutela, por carecer de
legitimación en la causa por pasiva. Pidió́ tener en cuenta que esa Alcaldía ha dado
cumplimiento estricto a las sentencias dictadas a favor del demandante y así mismo
solicitó negar las pretensiones del demandante. Respecto de la reubicación, indicó
que no causó un desmejoramiento en sus condiciones laborales.

Tribunal Administrativo del Atlántico manifestó que en el fallo demandado no se
omitió́ analizar de fondo las pretensiones indemnizatorias formuladas en la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho. Se aplicó lo señalado por el a quo sobre
el particular. Se consideró que si bien el artículo 165 del CPACA prevé́ la posibilidad
de acumular pretensiones de distintos medios de control y formularlas como
principales y subsidiarias, el juez queda relevado del estudio de estas últimas en
caso de que prosperen las primeras. Señaló que no era posible acceder a las
pretensiones porque no se demostraron los perjuicios.

El fallo de 1 de septiembre de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado, declaró improcedente la acción de tutela toda vez que no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional:

12. La Sala advierte que la tutela deviene en improcedente, al no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional. La parte actora pretende que se acoja la manera como, a su juicio,
se debió condenar a la Alcaldía de Baranoa.

13. Las afirmaciones de la parte actora no pasan de ser una reiteración de lo alegado al
interponer recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, dentro del proceso
ordinario (…).

Explicó que, si bien el artículo 165 del CPACA prevé la posibilidad de formular
pretensiones principales y subsidiarias, y de acumular pretensiones
correspondientes a distintos medios de control, también establece una serie de
exigencias objetivas que deben cumplirse para que esta última figura jurídica
prospere. No obstante, el juez debe pronunciarse en primer lugar sobre las
pretensiones principales. Solo debe examinar las subsidiarias en caso de que estas
no prosperen. Así, encontró que era procedente confirmar lo dicho por el a quo, pues

6
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04303-01
Accionante: Víctor Raúl Consuegra Mercado
Acción de tutela – Segunda instancia

ante la prosperidad de las pretensiones principales, el juez estaba relevado del
estudio de las subsidiarias. Además, reiteró que no se encontraron plenamente
probados los perjuicios reclamados. En consecuencia, encuentra que lo pretendido
por el tutelante bajo la causal de defecto sustantivo es imponer la manera como debió
entenderse lo pretendido en su demanda, pues no comparte el modo en que lo hizo
el Tribunal accionado.

El 11 de septiembre de 2025, Víctor Raúl Consuegra Mercado presentó solicitud de
impugnación. Solicitó que se revocara la sentencia de tutela proferida pues la misma
incurrió en un defecto procesal, al haber interpretado de manera errónea y restrictiva
el alcance del artículo 165 del CPACA, lo que vulnera el derecho fundamental al
debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia. Igualmente,
solicitó que se conceda el amparo y se resuelvan todas las pretensiones formuladas
en la demanda.

Adujo que el fallo impugnado parte de que el juez, al haber resuelto las pretensiones
principales, estaba relevado de pronunciarse sobre las subsidiarias. Esta postura
desconoce el artículo previamente mencionado, pues no implica que el estudio de
las mismas deba omitirse cuando existe una diversidad en la naturaleza jurídica de
las pretensiones, como ocurre en el presente caso. Así, la omisión del análisis de las
pretensiones subsidiarias afecta los derechos fundamentales del accionante.
Especialmente cuando las pretensiones subsidiarias no son meramente accesorias
o reiterativas, sino que plantean consecuencias jurídicas autónomas y relevantes
que ameritan pronunciamiento expreso por parte del juzgador.

Indicó que la sentencia impugnada incurre en defecto procesal porque se aparta de
los principios de congruencia, exhaustividad y motivación del fallo, al convalidar la
omisión del juez de primera instancia en el estudio integral de la demanda. Además,
manifestó que la omisión constituye una irregularidad de fondo, compromete el goce
efectivo de los derechos fundamentales del accionante.

El 23 de septiembre de 2025 se concedió el recurso de impugnación.

7
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04303-01
Accionante: Víctor Raúl Consuegra Mercado
Acción de tutela – Segunda instancia

II. CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si debe modificar, revocar o confirmar la
providencia de 1 de septiembre de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera de esta Corporación.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para la acción de tutela con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de
marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental1. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela2.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del

1 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
2 Ibidem.

8
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04303-01
Accionante: Víctor Raúl Consuegra Mercado
Acción de tutela – Segunda instancia

«precedente» constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

Desde el año 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado ha indicado los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela
cumple con el requisito de relevancia constitucional3: i) que el actor cumpla una carga
argumentativa suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de
derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole
constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya
fuente es la providencia judicial censurada; ii) que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada y; iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional y no
meramente legal y/o económico.

Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que
los elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto
de relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales
implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial». Precisó que el requisito
de relevancia constitucional es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de
tutela y de la especialidad de los jueces naturales del asunto, tanto en materia
ordinaria como constitucional. Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«[…] la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales; a saber:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e
independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv)
la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

3 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P.

Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

9
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04303-01
Accionante: Víctor Raúl Consuegra Mercado
Acción de tutela – Segunda instancia

El accionante interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del
Atlántico, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados por la
autoridad al proferir la sentencia del 10 de abril de 2025. Argumentó que incurrió en
un defecto sustancial material, pues en su opinión el Tribunal «tiene el deber
constitucional y legal de resolver integralmente todas las pretensiones propuestas
por las partes, conforme a los principios de justicia material, reparación integral y
motivación suficiente». Así mismo arguyó que las pretensiones de orden económico
son compatibles con las de nulidad y restablecimiento del derecho y en
consecuencia, al no estudiar las pretensiones de fondo de desconoció el artículo 165
del CPACA. Finalmente, indicó que no se tuvieron en cuenta las pruebas que
soportan los gastos económicos que obran en el expediente.

La providencia reprochada confirmó la sentencia proferida por el Juzgado 15
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, que había declarado la nulidad del
acto administrativo demandado. Frente al objeto de la acción de tutela, manifestó:

«Ahora en cuanto al cargo formulado en su recurso por la parte actora,
relacionado con que el Juez omitió pronunciarse respecto de las pretensiones
formuladas en calidad de subsidiarias, indica la Sala que, si bien el artículo 165
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), prevé la posibilidad de formular pretensiones principales y
subsidiarias, y que existe la figura de la acumulación de pretensiones, para lo
cual señala una serie de exigencias de carácter objetivo que se deben
satisfacer para el éxito de esta figura jurídica y más cuando se pretende hacer
valer pretensiones propias de medios de control diferentes, empero, para
abordarlas el juez primero se debe pronunciar sobre la principal y, en caso de
que ésta no prospere, procede a considerar la subsidiaria. Encontrándose a
lugar lo dispuesto por el Juez en cuanto a que, ante la prosperidad de las
pretensiones principales, está relevado del estudio de las subsidiarias, dado
que éstas únicamente proceden en el evento de que las primeras no sean
acogidas. Además, por cuanto no se encontraron plenamente probados los
perjuicios reclamados. ».

La Sala advierte que los argumentos presentados por el accionante no acredita una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver
sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen divergencias
de carácter netamente legal. Esto, pues los jueces naturales del asunto,
de conformidad con el marco normativo y jurisprudencial aplicable, así como con el

10
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04303-01
Accionante: Víctor Raúl Consuegra Mercado
Acción de tutela – Segunda instancia

acervo probatorio aportado, consideraron que no existió irregularidad alguna, pues
la decisión reprochada, fue razonable en términos jurídicos y legales, aplicables para
el caso.

Además de ello, considerando los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión,
la Sala estima que provienen de una interpretación razonable de las pruebas
aportadas al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al
asunto.

Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del 1 de septiembre de 2025 de la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante el cual se declaró la
improcedencia del amparo solicitado por Víctor Raúl Consuegra Mercado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

11
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04303-01
Accionante: Víctor Raúl Consuegra Mercado
Acción de tutela – Segunda instancia

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.