Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04306-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04306-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04306-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
11 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04306-00
Accionante: COMUNIDADES INDÍGENAS WOUNAAN DE AGUA CLARA
Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela por derecho de petición en caso de solicitud de
información.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Antecedentes
Escrito de tutela
1. Dionildo Negria Chamarra, gobernador de la Comunidad Agua Clara, Aldemar
Chamapuro Malaga Gobernador Comunidad Chachajo, Wilfrido Chamapuro Opua,
Gobernador de la Comunidad Chamapuro, formularon acción de tutela, en nombre
de las comunidades indígenas que lideran, contra la Unidad para las Víctimas -
UARIV-, alcaldía de Buenaventura, el Ejército Nacional, la Defensoría del Pueblo, y
el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, con base en los
siguientes hechos.
2. Indicaron que el 9 de julio de 2024, las tres comunidades indígenas accionantes
presentaron una solicitud ante la Defensoría del Pueblo y al Fondo para la Defensa
de los Derechos e Intereses colectivos de la misma entidad, al buscar el
cumplimiento del fallo de 2 de marzo de 2022, proferido dentro proceso de acción
de grupo radicado con número 2017-0184500 proferido por el Consejo de Estado.
3. El 18 de julio de 2024, los actores formularon una nueva petición en la que
requirieron a la directora de la UARIV, a la alcaldía de Buenaventura, al ministerio
de Defensa, al Fondo para la Defensa de los derechos e intereses colectivos de la
defensoría el cumplimiento de la mencionada sentencia.
4. El 23 de enero de 2025, los mismos tutelantes promovieron otras solicitudes a la
dirección nacional de la UARIV, al jefe de la Oficina Asesora Jurídica de dicha
entidad, para que entregara el listado de los beneficiarios de la sentencia de la
acción de grupo indicada. El mismo día, formularon una nueva postulación a la
dirección territorial de la UARIV del Valle del Cauca con el mismo propósito. “A la
fecha no han entregado los listados”.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04306-00
Accionante: Comunidades Indígenas Wounaan de Agua Clara
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
5. El 29 de enero de 2025, se presentó una nueva petición al director de asuntos
indígenas de la UARIV solicitando el listado de beneficiados de la sentencia. Los
tutelantes indicaron que han tenido reuniones con el director de asuntos indígenas
de la UARIV y en ellos se han logrado acuerdos para que se giren los recursos
económicos al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos y así
cumplir la sentencia de la acción de grupo.
6. El 4 de abril de 2025, la directora nacional de recursos y acciones judiciales de la
defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca la
información para identificar a los miembros del grupo beneficiados por la condena.
Recordó que las tres comunidades indígenas del pueblo Wounaan del bajo río San
Juan hacen parte de los pueblos en riesgo de exterminio física y cultural por el
desplazamiento forzado del que han sido víctimas.
7. Concluyeron la demanda con una solicitud al juez de tutela para que ordene a las
entidades accionadas responder de fondo e inmediata a las peticiones realizadas
por las accionantes el 9 y el 18 de julio de 2024; el 23 y 29 de enero de 2025; el 3
de febrero de 2025; y el 4 de abril de 2025, tendientes a garantizar el derecho
material de las accionantes, “por lo que se solicita que se les ordene: a) Entregar
los listados de los beneficiarios de la sentencia del Consejo de Estado de acuerdo
a los hechos de la demanda; b) Entregar las certificaciones de los trámites
presupuestales necesarios que las entidades demandadas han adelantado para
cumplir con la supra citada sentencia; c) Transferir al Fondo para la Defensa de los
Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo los dineros que les
corresponde pagar a favor de las accionantes en atención a lo solicitado por la
directora nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo”.
Trámite de la acción de tutela y contestaciones de las entidades accionadas.
8. En auto de 15 de julio de 2025, se admitió la tutela y se corrió traslado como parte
accionada a el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Alcaldía de Buenaventura,
el Ejército Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Fondo para la Defensa de los
Derechos e Intereses Colectivos y el Ministerio de Defensa. Se vinculó a “la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a la Unidad Nacional
de Protección (UNP), a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), al Departamento del
Valle del Cauca, a la Fiscalía General de la Nación, al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio
del Interior, a la Alcaldía de Cali, a la Nación - Policía Nacional, a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, a la
Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado y a los demás
intervinientes dentro de la acción de grupo identificada con el número de radicación
2017-01845-00/01”.
9. Con el fin de sintetizar las intervenciones y respuestas de las entidades
accionadas, se presenta el siguiente cuadro.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04306-00
Accionante: Comunidades Indígenas Wounaan de Agua Clara
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
No. Autoridad Contenido Índice
Samai
1 Consejero de Verificó que la tutela no hace petición puntual 9
Estado Alberto respecto de la Corporación. Sin embargo, el
Montaña Plata magistrado indicó que “estaré dispuesto para
atender lo que disponga la Sala”.
2 Unidad Solicitó que se declare que carece de legitimación 11
Administrativa en la causa por pasiva, pues la parte tutelante no
especial de ha presentado ninguna petición contra la Unidad.
gestión de
restitución de
tierras
despojadas
3 Agencia Solicitó declarar la falta de legitimación en la causa 12
Nacional de por pasiva, pues ninguna de las peticiones
Tierras formuladas por los actores fue dirigido a la Agencia.
4 Tribunal Allegó enlace digital del proceso del medio de 13 y
Administrativo control de indemnización de perjuicios causados a 18
de Valle del un grupo 76001233300520170184500.
Cauca
Además, el interviniente indicó que los
demandantes en la acción de tutela alegaron una
vulneración del derecho de petición, por cuanto la
Defensoría del Pueblo no respondió la solicitud
radicada el 4 de abril de 2025 en la que solicitaba
el censo de los beneficiarios de la sentencia del
Consejo de Estado. Respecto a esta situación, los
accionantes no estarían legitimados por activa para
interponer la acción de tutela por la presunta
vulneración del derecho de petición respecto de la
solicitud interpuesta por la Defensoría del Pueblo
del 4 de abril de 2025 ya que no fue interpuesta por
ellos.
Adicionalmente informó que, si bien sería dable
entrar a resolver lo solicitado por la Defensoría del
Pueblo, se observa que el proceso no ha vuelto del
Consejo de Estado. Mediante oficio del 27 de marzo
de 2025, la Secretaría del Consejo de Estado
solicitó a este Tribunal abstenerse de dar trámite a
memoriales o peticiones incoados hasta que no se
resuelva una solicitud de aclaración de sentencia
de segunda instancia presentada por el Ministerio
de Defensa- Ejército Nacional dentro del asunto de
la referencia.
5 Alcaldía de Solicitó que se declarara que carece de 14
Santiago de competencia para atender el asunto, por lo tanto, se
Cali requiere la desvinculación de la entidad.
6 Unidad Solicitó que la entidad fuera desvinculada, pues los 15
Nacional de hechos que fundamentan la petición de amparo no
Protección se relacionan con actuaciones u omisiones de la
entidad.
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Accionante: Comunidades Indígenas Wounaan de Agua Clara
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
7 Unidad para la Respecto a los hechos de la acción de tutela, indicó 16
Atención y que la petición de 18 de julio de 2024 no era un
Reparación derecho de petición, sino una solicitud de
Integral de las cumplimiento de sentencia, la cual, en todo caso
Víctima fue atendida el 9 de agosto de 2024. En dicha
(UARIV) respuesta, se señaló que la UARIV está
adelantando los trámites presupuestales para
atender el pago de la sentencia.
Además informó que “respecto a las peticiones del
23 y 29 de enero de 2025, la respuesta de la UARIV
fue mucho más efectiva porque convocó a los
accionantes a dos reuniones una, el 28 de enero de
2025, y otra el 03 de febrero de 2025 (hecho 6 de
la demanda), y en ellas les informó, por una parte,
que los listados y censos no se encontraban en su
poder, y que se debían solicitar a la Defensoría del
Pueblo de Buenaventura y al Tribunal
Administrativo del Valle; y, por otra parte, que se
estaban adelantando los trámites ante el Ministerio
de Hacienda para obtener los recursos para
atender la sentencia de Consejo de Estado” (folio 5
de la respuesta).
En criterio de la entidad, se atendieron
oportunamente las peticiones de los tutelantes, y en
punto a la ejecución de la sentencia proferida por el
Consejo de Estado “mediante comunicación del 03
de febrero de 2025 la UARIV solicitó a la Defensoría
del Pueblo la remisión de los listados solicitados por
los accionantes, y hasta la fecha no ha recibido
respuesta de dicha entidad”. La petición de la
UARIV fue reiterada a la Defensoría del Pueblo
mediante oficio de fecha 21 de julio de 2025. Anexó
con la respuesta al amparo la respuesta de la
UARIV a la solicitud de los accionantes del 18 de
julio de 2024; la postulación de la UARIV a la
Defensoría del Pueblo de fecha 03 de febrero de
2025; y la solitud de la UARIV a la Defensoría del
Pueblo de fecha 17 de julio de 2025.
8 Secretario de Solicitó que se declarara que carece de legitimación 17
Asuntos en la causa por pasiva, ya que respecto de los
étnicos del hechos que fundamentan la acción de tutela no
departamento participó ni por acción ni por omisión.
de Valle del
Cauca
9 Comandante Solicitó que desvincularan a la entidad en razón a 19
departamental la ausencia de vulneración de derecho fundamental
de Policía del alguno, por parte de la unidad policial.
Valle del
Cauca.
10 Ministerio de Indicó que la acción de tutela de la referencia en 20
Salud contra del Ministerio de Salud y Protección Social,
es improcedente por falta de legitimación en la
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Accionante: Comunidades Indígenas Wounaan de Agua Clara
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
causa por pasiva y ausencia de responsabilidad
imputable a este ente ministerial.
11 Defensoría del Indicó que los tutelantes afirman que presentaron 21, 22,
Pueblo derechos de petición de 9 y 18 de julio de 2024, 23 y
pero el escrito de tutela no fue acompañado de 24.
esas solicitudes ciudadanas. Esto pues en el
sistema de información de la defensoría del pueblo
no se encuentran peticiones radicadas a nombre de
los accionantes.
12 Ministerio del Solicitó que se declarara probada la excepción de 28 y
Interior falta de legitimación material en la causa por pasiva 30
y la inexistencia de vulneración de los derechos
fundamentales en lo que respecta al Ministerio del
Interior - Grupo de Articulación Interna para la
Política Pública de Víctimas del Conflicto, puesto
que no interviene en la respuesta de los derechos
de petición indicados en el escrito de tutela
13 Armada de Solicitó se declarara que la Armada Nacional no ha 33
Colombia vulnerado ningún derecho fundamental, ya que, la
entidad no ha recibido petición alguna suscrita por
los tutelantes.
14 Ejército Solicitó la desvinculación del proceso de tutela por 34
Nacional carecer de legitimación en la causa por pasiva.
Sostiene que no es responsable de adelantar el
proceso administrativo que se reclama.
Tabla No. 1. Intervenciones en el trámite de tutela
10. Las demás autoridades vinculadas guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
Competencia
11. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.
Cuestión previa
12. La parte tutelante presentó solicitud de amparo respecto de un requerimiento
del 4 de abril de 2025, el cual la defensoría del Pueblo presentó y dirigió al Tribunal
Administrativo del Valle. Sobre esta supuesta petición, no reposa evidencia de su
existencia en el expediente. Además, la parte tutelante carece de legitimación en la
causa por activa para buscar la protección de supuestas vulneraciones relacionadas
con el ejercicio de las facultades legales de la Defensoría del Pueblo. Es más, esta
última institución es la que puede agenciar sus derechos1 y no un tercero, como
serían los actores en este caso. Por ende, en este aspecto, la acción de tutela es
improcedente en relación con dicha petición. Así se indicará en la parte resolutiva
de esta providencia.
1
Corte Constitucional Sentencia T-461 de 2021.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04306-00
Accionante: Comunidades Indígenas Wounaan de Agua Clara
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
Problema Jurídico
13. Los actores son gobernadores indígenas de tres autoridades del pueblo
Wounaan de agua clara del río bajo san juan y otros. Dichas comunidades fueron
beneficiarias de una sentencia proferida en sede de segunda instancia, dentro de
una demanda de indemnización de perjuicios causados a un grupo (acción de
grupo), proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
el pasado 2 de marzo de 2022, dentro del radicado 2017-0184500. Los tutelantes
afirman que han presentado varias peticiones dirigidas a que las entidades
condenadas giren los recursos de la condena económica hacia el fondo de derechos
e intereses colectivos de la defensoría del pueblo, instancia encargada legalmente,
de fijar los montos individualizados por la indemnización al grupo.
14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, autoridad judicial de primera
instancia del proceso de reparación, señaló que actualmente no resulta posible el
pago de la sentencia de acción de grupo, puesto que, conforme oficio que remitió la
Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación al Tribunal, no resulta
posible iniciar el pago hasta que se resuelva una petición de aclaración de
sentencia, la cual, aún está pendiente de ser concluida. Puesto que no resulta
posible el pago de la providencia, en esa medida, no se ha vulnerado el derecho
fundamental de petición. En el mismo sentido, la Defensoría del Pueblo indicó que
las peticiones radicadas por los actores no aparecen dentro de sus sistemas de
registros de peticiones, y los actores no los anexaron al escrito de tutela. Por su
parte, la UARIV argumentó que dicha institución contestó la solicitud que fue
radicada el 18 de julio de 2024 por los tutelantes, y se les otorgó respuesta clara,
oportuna y de fondo, razón por la cual, no ha vulnerado derecho fundamental
alguno.
15. En esa medida, esta Subsección debe establecer si la defensoría del pueblo
vulneró la garantía fundamental prevista en el artículo 23 en relación con la petición
de 9 de julio de 2024. En igual sentido la sala debe establecer si la defensoría del
pueblo, el Ministerio de Defensa, el Distrito Especial de Buenaventura y la UARIV
desconocieron la garantía del derecho fundamental de petición, respecto de la
solicitud ciudadana de 18 de julio de 2024. En relación con la petición de 23 de
enero de 2025, esta sala debe establecer si se vulneró la garantía constitucional
contenida en el artículo 23 en relación con la Defensoría del Pueblo y la UARIV. De
la misma manera, debe establecerse si la UARIV vulneró el mismo derecho, al no
ofrecer respuesta a las peticiones del 23, 29 de enero de 2025 y 3 de febrero de
2025.
16. Para resolver el anterior problema jurídico, la Sala reiterará el precedente
constitucional sobre: (i) el contenido del derecho fundamental de petición; y (ii)
resolverá el caso concreto.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04306-00
Accionante: Comunidades Indígenas Wounaan de Agua Clara
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
Derecho de petición. Dimensión para obtener respuesta oportuna. Reiteración
de jurisprudencia2.
17. El artículo 23 superior indica que toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas ante las autoridades y los particulares que ejerzan funciones
públicas, y que las mismas deben ser resueltas de fondo y de manera oportuna. La
Ley 1755 de 2015, estatutaria del derecho de petición, indicó los términos en los
que debe proferirse la respuesta. En el caso de los derechos de petición en los que
una persona solicita información, el artículo 14 de la ley estatutaria indica que, en
los eventos en los que, por regla general los derechos de petición deben resolverse
en 15 días so pena de sanciones disciplinarias. Existe un término especial, en los
eventos en los que se solicita información o acceso a documentos, pues la ley
prescribe que el término es de 10 días hábiles. Si en ese lapso no se ha dado
respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la
respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no
podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia
las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes.
18. En relación con la respuesta oportuna de los derechos de petición, en la
Sentencia C-951 de 2014, la Sala Plena de la Corte precisó que, el derecho de
petición es un instrumento para realizar principio de la democracia participativa
prevista en la carta de 1991, pues permite el acceso a información pública de
trascendencia social, por consiguiente el derecho de petición es interdependiente e
indivisible del derecho al acceso a la información, a la libertad de expresión y al
ejercicio de dimensiones políticas de otros derechos fundamentales. Por lo anterior,
se precisó que el núcleo esencial del derecho se sintetiza en:
“El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
19. La respuesta a las peticiones debe cumplir con los requisitos de: 1.
oportunidad, 2. resolverse de fondo con claridad, precisión y congruencia con
lo solicitado y 3. ser puesta en conocimiento del peticionario3. Si no se cumple con
estos requisitos, se incurre en una vulneración del derecho constitucional
fundamental de petición.
20. En relación con la respuesta de un derecho de petición también se ha indicado
que esta debe ser pronta y debe notificarse adecuadamente al peticionario.
Respecto a la primera dimensión, la Sentencia C-951 de 2014 precisó que las
autoridades y particulares tienen la obligación de responder las solicitudes
presentadas por las personas en el menor plazo posible, sin que este exceda el
tiempo legal, interregno que el Código Contencioso Administrativo y la Ley 1437 de
2011 fijaron en días: 15 hábiles. La Corte ha comprendido que el plazo de respuesta
del derecho de petición debe entenderse como un tiempo máximo que tiene la
administración o el particular para resolver la solicitud, de modo que ellos pueden
2
Cfr. C-951 de 2014 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez)
3
Sentencia 249 de 2001.
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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
responder la petición antes del vencimiento de dicho interregno4. Además, en
relación con la dimensión de respuesta de fondo se ha prescrito que las autoridades
y los particulares tienen la obligación de responder de fondo las peticiones de forma
clara además de precisa5. La jurisprudencia de la Corte ha precisado6 que la
respuesta de los derechos de petición debe observar las siguientes condiciones
para que sean considerada válida en términos constitucionales:
“(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión;
(ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en
información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii)
congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido,
de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición
elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el
interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si
se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe
darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la
petición resulta o no procedente”.
21. A la luz de estos contenidos normativos del derecho de petición se analizarán
las peticiones formuladas por los tutelantes.
Caso concreto.
22. Con el fin de facilitar la comprensión de las solicitudes señaladas en el escrito
de tutela, se reitera que, se mencionaron 7 supuestas peticiones, a saber: 9 de julio
y de 18 de julio de 2024. Dos de 23 de enero de 2025, otro de 29 de enero de 2025.
Una postulación de 3 de febrero de 2025, y finalmente una de 4 de abril de 2025.
Respecto a esta última, como ya se indicó, se trata de un requerimiento de la
defensoría del pueblo al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Puesto que los
tutelantes no tiene legitimación en la causa por activa para solicitar el amparo de
requerimientos realizados por la defensoría del Pueblo en ejercicio de sus
competencias legales, la pretensión relacionada con esa solicitud será declarada
improcedente.
23. Adicionalmente, se verifica que la acción de tutela no fue acompañada de las
supuestas solicitudes presentadas el 9 de julio de 2024 y el 3 de febrero de 2025.
En el caso del primero, los tutelantes afirman que dirigieron tales escritos a la
defensoría del Pueblo, pero no acompañaron el correo electrónico o la constancia
de radicación. Igual situación se presenta en relación la petición de 3 de febrero de
2025. Los tutelantes sostienen que, el 3 de febrero de 2025, en el contexto de una
reunión con la UARIV, solicitaron información respecto del cumplimiento de la
sentencia. No obstante, de dicha reunión o de la solicitud formulada en ella no
aportaron ningún elemento de convicción. Por lo anterior, sobre estos dos derechos
de petición enunciados en el escrito de tutela se negará su amparo. Así se indicará
en el acápite resolutivo.
4
Sentencia T-814 de 2005 y T-101 de 2014.
5
Sentencias T-709 de 2006 y T-013 de 2008. En similar sentido T-149 de 2013.
6
Sentencias T-610 de 2008 y T-814 de 2012.
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Referencia: Primera instancia acción de tutela
24. Conforme las respuestas de las entidades accionadas, esta subsección
concluye que, en fallo de 2 de marzo de 2022, dentro del medio de control de
indemnización de perjuicios causados a un grupo, la Subsección B de la Sección
Tercera de esta Corporación profirió condena en beneficio de la Comunidad
Indígena Unión Aguaclara, Chahajo y Chamapuro del Pueblo indígena Wounaan.
El ordinal segundo de la providencia ordenó:
“SEGUNDO: CONDENAR AL MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO
NACIONAL, al DISTRITO DE BUENAVENTURA y a la UARIV a indemnizar los
perjuicios inmateriales declarados en esta Sentencia a los demandantes. Se
pagará 50 SMLMV a cada indígena Wounaan de Chachaho, Chamapuro y
Aguaclara censado por la Defensoría del Pueblo en Buenaventura por el
desplazamiento ocurrido el 24 de septiembre y el 29 de noviembre de 2015.
(…)
QUINTO: SE INSTA a las autoridades propias de las comunidades de
Chachajo, Chamapuro y Aguaclara para que, sin perjuicio de la naturaleza
individual de la reparación, orienten a las familias beneficiarias de la
indemnización y valoren la posibilidad de armonizar esfuerzos en (sic) con la
URT.”
25. En esa acción de grupo, las comunidades indígenas estuvieron representadas
judicialmente por Alexander Montaña Narváez (índice samai 29 del expediente de
tutela). Además, dicho profesional en derecho indicó que también representa a los
gobernadores indígenas en este trámite de tutela, para lo anterior, allegó los tres
poderes especiales suscritos por los gobernadores indígenas que suscribieron la
acción de tutela (índice Samai 31).
26. Adicionalmente, en el escrito de tutela7 reposa certificado del distrito especial de
Buenaventura conforme al cual, Aldemar Champuro Malaga es el gobernador del
cabildo indígena del resguardo Chachajo del pueblo Wounann. En índice Samai 31,
Alexander Montaña Narváez allegó memorial a este proceso de tutela en el que,
remitió constancia de la condición de gobernador indígena de Wilfrido Chamapuro
Opua (Resguardo indígena Nuevo Pitalito/comunidad indígena Chamapuro del
pueblo Wounaan). Igual situación ocurre con Dionildo Negría Chamarra, quien es
gobernador indígena Unión Agua Clara, la cual es parte del resguardo Burujon o la
unión san Bernardo.
27. A juicio de esta subsección, en punto a la legitimación en la causa por activa,
concluye que la acción de tutela fue promovida directamente por tres gobernadores
indígenas. Durante el trámite de la primera instancia, los tutelantes confirieron poder
especial para que, la representación judicial la asumiera Alexander Montaña
Narváez. Para lo anterior, se allegaron tres poderes especiales para que el
profesional del derecho adelante el proceso de tutela. Los tres gobernadores tienen
legitimación para iniciar trámites administrativos para garantizar el cumplimiento del
fallo de 2 de marzo de 2022, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera
de esta corporación, puesto que además que la indemnización económica y las
medidas de satisfacción los benefician directamente, además, el ordinal quinto de
la providencia los instó a participar en la ejecución proactiva del fallo. De igual forma,
los gobernadores pueden actuar a través de apoderado judicial, como en efecto
7
Anexo No. 3 del escrito de amparo
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04306-00
Accionante: Comunidades Indígenas Wounaan de Agua Clara
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
sucedió, lo que está amparado por las formas diversas en que puede presentarse
la legitimidad por activa en una acción de tutela8.
28. Resultado de lo anterior, el apoderado judicial dentro del proceso de acción de
grupo de los tutelantes, presentó peticiones dirigidas a las autoridades que fueron
mencionadas en el escrito de amparo. En efecto, el escrito de tutela fue
acompañado de la copia de un correo de 18 de julio de 20249, suscrito por
Alexander Montaña Narváez apoderado judicial de las tres comunidades indígenas
dentro del proceso de indemnización de perjuicios causados a un grupo (acción de
grupo) en el que dirigió petición a la Defensoría del pueblo, a la Unidad para las
Víctimas, al ministro de Defensa Nacional y al Distrito Especial de Buenaventura.
En la referencia de dicha solicitud se lee: “SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO
SENTENCIA DE ACCION DE GRUPO RAD. 76001233300520170184500 Consejo
de Estado de 2 de marzo de 2022, ejecutoriada el 26 de enero de 2024. RADICADO:
76001233300520170184500”. El apoderado de la parte actora remitió a las
autoridades públicas copia de la sentencia del 2 de marzo de 2022, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Este escrito fue
remitido a los siguientes correos de las entidades públicas:
“asuntosdefensor@defensoria.gov.co;notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.
gov.co;notificaciones.judiciales@buenaventura.gov.co y
usuarios@mindefensa.gov.co.
29. De igual manera, se encuentra la petición de 23 de enero de 2025, dirigido por
Alexander Montaña Narváez, apoderado judicial de las comunidades indígenas
beneficiadas por la sentencia de acción de grupo ya indicada. Esta vez la petición
va remitida a la directora de la Unidad para las Víctimas y al jefe de la oficina asesora
jurídica de la UARIV10. Asimismo, aparece la solicitud de 29 de enero de 2025
dirigida al director de asuntos indígenas de la UARIV. En la postulación se solicita
una reunión para discutir el cumplimiento de la sentencia de la acción de grupo ya
enunciada. En esa ocasión el escrito señala “Los gobernadores de las tres
autoridades de Agua Clara, Chachajo y Chamapuro, abajo firmantes”, sin embargo,
debe precisarse que, el documento fue remitido del correo electrónico de
alexandermontana@hotmail.com y dirigido al correo electrónico
Hingino.Obisco@unidadvictimas.gov.co.
30. También reposa correo electrónico11 de 29 de enero de 2025 dirigido a la
Unidad para las Víctimas, directora regional del Valle. Fue suscrito por Alexander
Montaña Narváez “apoderado de las comunidades Agua Clara, Chachajo y
Chamapuro”. Fue dirigido del correo alexandermontana@hotmail.com hacia el
rosiris.angulo@unidadvictimas.gov.co. El objeto de dicho mensaje fue remitir el
contenido de la sentencia condenatoria proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera de la corporación de 2 de marzo de 2022 y solicitar se informe a los
gobernadores indígenas “la identidad de los 405 beneficiarios de la sentencia para
8
Corte Constitucional Sentencias T-105 de 2025 y SU-447 de 2011.
9
Anexo dentro del índice samai 2. 55B2806FFFBE6AFF 5EECEB5F72526E09
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10
Índice samai 2 88DAABA7C35388FC ABAFD92294CFE92C DCFBF902880420BE
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11
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04306-00
Accionante: Comunidades Indígenas Wounaan de Agua Clara
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
efectos de poder informar responsable y oficialmente a sus comunidades sobre las
personas incluidos y las no incluidas”.
31. Esta autoridad concluye que, en razón al contenido de la orden judicial
decretada en la sentencia de 2 de marzo de 2022, puntualmente a que varios
ordinales benefician a las comunidades indígenas representadas por los
gobernadores acá tutelantes, pero además, puesto que el ordinal quinto de la
providencia insta directamente a las autoridades a concurrir en la ejecución de la
sentencia, el apoderado judicial de esas comunidades indígenas tenía legitimación
para en presentar derechos de petición para garantizar la ejecución de la sentencia,
no solo en lo que se relaciona con el pago de la indemnización ordenada en la
providencia, sino especialmente, en la identificación de las personas que serán
beneficiadas con los pagos económicos, pues como se acabó de mencionar,
además, la providencia les instó a servir de orientadores a los miembros de la
comunidad indígena.
32. En consecuencia, las peticiones promovidas por el apoderado de los tutelantes
deben comprenderse como parte esencial e inescindible dentro de sus funciones
como profesional en derecho y en ejercicio de un mandato entregado en desarrollo
de dichas labores, pues van directamente dirigidos a ofrecer información
fundamental para cumplir el ordinal quinto del fallo del Consejo de Estado de 2 de
marzo de 2022. En punto al caso concreto, los derechos de petición que fueron
remitidos desde el correo del apoderado a las diferentes instituciones se entienden
presentados por los propios gobernadores indígenas. Además, en el trámite de la
acción de tutela el abogado y las autoridades ancestrales ratificaron que este
presentó las solicitudes en representación de ellas, con el fin de lograr el pago de la
condena.
33. Esta fue la misma comprensión de la UARIV12, quien, en respuesta de 9 agosto
de 2024, dirigió la respuesta a Alexander Montaña Narváez, como apoderado
judicial de las comunidades indígenas, representadas por sus gobernadores. Esa
es la respuesta a la petición de 18 de julio de 2024. En la respuesta se indicó:
“Respetuosamente, se informa que, en atención a que la ejecutoria de la
sentencia de segunda instancia se surtió en el transcurso de la presente
anualidad, la UARIV no tenía contemplado, previamente, un presupuesto
destinado al pago de dicho fallo durante la actual vigencia. No obstante, esta
Entidad se encuentra adelantando gestiones tenientes (sic) a coordinar y
determinar, junto con las entidades declaradas responsables, a saber, el
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y el Distrito de Buenaventura, la forma
en que, de manera solidaria, se llevará a cabo el cumplimiento de las órdenes
impartidas en la referida sentencia, a efectos de proceder con las gestiones
jurídicas y financieras a las que haya lugar”
34. La petición del correo electrónico de 18 de julio de 2024, en su referencia se
limita a indicar que remite información de la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Subsección B de la Sección Tercera, dentro de la acción de grupo
referenciada, y de manera genérica solicita el cumplimiento del fallo. Por lo anterior,
respecto de esa petición, esta subsección encuentra que, la respuesta de 9 de
12
Índice Samai 16.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04306-00
Accionante: Comunidades Indígenas Wounaan de Agua Clara
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
agosto de 2024, que se acabó de citar, atiende al estándar de oportunidad, claridad
y profundidad, pues se concentra en informar que, la entidad está haciendo las
gestiones para coordinar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
35. La petición de 18 de julio de 2024 iba dirigida, además de la UARIV, al Ministerio
de Defensa, a la Defensoría del Pueblo y al Distrito Especial de Buenaventura. Esta
última autoridad administrativa no contestó el escrito de amparo. Coherente con lo
anterior, en el expediente no reposa respuesta a la petición de 18 de julio de 2024
en relación con esta entidad territorial, ni de la defensoría del pueblo, ni del
ministerio de defensa. Frente a las peticiones del 23 y 29 de enero de 2025, las
peticiones iban dirigidas a la UARIV, en particular su oficina regional, pero las
mismas no fueron contestadas por dicha entidad.
36. Sobre el particular, en su respuesta, la defensoría del pueblo indicó que no
encontró registro de las peticiones, especialmente, buscando en sus sistemas
digitales con los nombres de los gobernadores indígenas. Sin embargo, no se
rastreó las peticiones utilizando el nombre del apoderado de las comunidades
indígenas, lo que implicó un informe incompleto sobre su actuación y garantía en
relación con este derecho.
37. El relato y conclusiones explicadas se puede sintetizar en la siguiente tabla, las
cuales tuvieron la finalidad de solicitar el cumplimiento del fallo de 2 de marzo de
2022:
Fecha Autoridad requerida Estado de la petición
1 9 de julio de 2024 Defensoría del Pueblo Sobre esta petición, fue
mencionada en el escrito de
tutela, sin embargo, no fue
anexada al escrito de amparo
2 18 de julio de 2024 UARIV, Defensoría del Contestó la UARIV, pero no
Pueblo, Distrito de respondió la Defensoría del
Buenaventura (Valle del Pueblo, el Ministerio de
Cauca) y Ministerio de Defensa, ni el Distrito
Defensa. Especial de Buenaventura
3 23 de enero de 2025 UARIV Sin contestar
(son dos peticiones)
4 29 de enero de 2025 UARIV Sin contestar
5 3 de febrero de 2025 Reunión con la UARIV En el escrito los tutelantes
sostiene que en el contexto de
una reunión solicitaron
información sobre la ejecución
de la sentencia, sin embargo,
no se acompañó de ningún
elemento probatorio que
permita concluir que se
produjo la petición.
Tabla 2. Síntesis de los derechos de petición y su respuesta
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04306-00
Accionante: Comunidades Indígenas Wounaan de Agua Clara
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
38. Por lo anterior, se amparará el derecho de petición de los gobernadores
indígenas, ejercido por el apoderado judicial Alexander Montaña Narváez. En
consecuencia, se ordenará al Distrito Especial de Buenaventura, a la Defensoría del
Pueblo y al Ministerio de Defensa que conteste el requerimiento presentado por los
actores el 18 de julio de 2024, y a la UARIV que resuelva las peticiones registradas
el 23 y 29 de enero de 2025, en los términos explicados en la providencia.
39. En el escrito de tutela se pidió que la solicitud presentada el 18 de julio de 2024,
fuera contestada por el Ejército Nacional. Sin embargo, la petición fue dirigida al
correo usuarios@mindefensa.gov.co, del Ministerio de Defensa, razón por la cual,
la orden de amparo irá dirigida a dicha entidad, dado que fue la institución receptora
de la solicitud y tiene la obligación constitucional y legal de tramitarla.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela en relación
con la solicitud presentada el 4 de abril de 2025 por la Defensoría del Pueblo ante
el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por falta de legitimación en la causa
por pasiva, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia. Además, NEGAR
el amparo frente a las peticiones formuladas el 9 de julio de 2024 y el 3 de febrero
de 2025, por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: TUTELAR el derecho de petición de los gobernadores indígenas
accionantes. En consecuencia, ORDENAR al Distrito Especial de Buenaventura, a
la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Defensa que conteste el requerimiento
presentado por los actores el 18 de julio de 2024, y a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- que resuelva las peticiones registradas
el 23 y 29 de enero de 2025, en los términos expuestos en esta providencia, dentro
del plazo de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente
decisión.
TERCERO: COMUNICAR el contenido de la providencia por el medio más expedito.
CUARTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04306-00
Accionante: Comunidades Indígenas Wounaan de Agua Clara
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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