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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04313-00

Fecha
14 de agosto de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04313-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Orlando Ochoa Vallejo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-04313-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

14 de agosto de 2025

Demandante: Orlando Ochoa Vallejo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2025-04313-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Paipa (Boyacá), catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04313-00
Demandante: ORLANDO OCHOA VALLEJO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN, TERCERA
SUBSECCIÓN C

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara la
improcedencia por no cumplir el requisito de la
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de la Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Con escrito radicado el 11 de julio de 2025, el señor Orlando Ochoa Vallejo
presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C1, para se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

1
En relación con la parte demandada, se observa que, al iniciar el escrito de tutela, el actor
hizo referencia a que demandada a la Subsección B de dicha corporación; no obstante, en el
acápite de pretensiones se incluyó la autoridad judicial correspondiente, esto es, la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Por tanto, se tendrá como un
error de digitación la referencia frente a la otra subsección.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Orlando Ochoa Vallejo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Rad: 11001-03-15-000-2025-04313-00

La parte actora consideró vulneradas tales garantías constitucionales con
ocasión de la providencia del 11 de diciembre de 2024, con la cual se
confirmó la decisión de primera instancia del 1° de diciembre de 2024 dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C que declaró probada la cosa juzgada en relación con uno de
los demandantes2 y, a su vez, declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa respecto de los demás3, el cual se promovió contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional4.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte accionante solicitó:

Segundo-. DECLARAR que la providencia dictada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, violó los artículos 229 y 29 de la
Constitución Política de Colombia.

Tercero-. ORDENAR la revisión de la decisión proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, el 11 de diciembre de 2024, a fin
de que se garantice el debido proceso y la igualdad.

Cuarto-. ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
que revoque la sentencia por medio del cual confirmo la decisión que
declaró probada la excepción de caducidad.

1.3. Hechos

La parte accionante sostuvo que, el 26 de octubre de 2017, Carlos Alfonso
Flórez, Hugo Ernesto Tabares Bedoya, Arnober Tabares Salgado, Juan
Carlos Ramírez Sierra, Jaime Rodríguez Valbuena, Orlando Ochoa Vallejo y
Diego Fernando Correa Loaiza y los familiares de cada uno de ellos, a través
de apoderado judicial, presentaron demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa, con el fin de declarar patrimonialmente responsable a
la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional de Colombia por
lo siguiente:
2
Del señor Juan Carlos Ramírez Sierra.
3
De los señores Carlos Alfonso Flórez, Hugo Ernesto Tabares Bedoya, Arnober Tabares
Salgado, Jaime Rodríguez Valbuena, Orlando Ochoa Vallejo y Diego Fernando Correa
Loaiza.
4
De conformidad con el anexo de la demanda, el proceso ordinario lo promovieron los
familiares de cada uno de los demandantes. Al respecto, en la providencia demandada se
indicó: “En la demanda se señalaron los núcleos familiares de cada una de las víctimas
directas, compuestos por madre, padre, cónyuges y compañeros permanentes, hijos,
hermanos, tíos, sobrinos y primos. No obstante, en el auto admisorio de la demanda (f. 176 a
179 del cuaderno 2) se declaró la caducidad del medio de control frente a los aludidos
familiares…”.

2

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Demandante: Orlando Ochoa Vallejo
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…los perjuicios ocasionados a los demandantes y que se demuestren en el
proceso, por el daño antijurídico que sufrieron con ocasión del tortuoso
secuestro y lesiones sufridas por los soldados voluntarios CARLOS
ALFONSO FLOREZ (secuestrado-lesionado), HUGO ERNESTO TABARES
BEDOYA (secuestrado-lesionado), ARNOBER TABARES SALGADO
(secuestrado-lesionado), JUAN CARLOS RAMÍREZ SIERRA (secuestrado-
lesionado), JAIME RODRÍGUEZ VALBUENA (Secuestrado-Lesionado),
ORLANDO OCHOA VALLEJO (Secuestrado-Lesionado), DIEGO
FERNANDO CORREA LOAIZA (Secuestrado-Lesionado) tras el ataque en
la quebrada "El Billar" en zona rural del municipio de Cartagena del Chairá,
Caquetá ocurrido el 3 de marzo de 1998.

Mencionó que, mediante sentencia del 1° de diciembre de 2021, la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que resolvió:

PRIMERO: DECLARAR probada la COSA JUZGADA en relación con las
pretensiones elevadas por el señor Juan Carlos Ramírez Sierra, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR probada la CADUCIDAD del medio de control de
reparación directa en relación con las demás pretensiones de la demanda,
por las razones expresadas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: No condenar en costas procesales.
…

Indicó que presentó un recurso de apelación en contra de la anterior
decisión, el cual resolvió la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, que a través de sentencia del 11 de diciembre de 2024 confirmó
la providencia al considerar que las pretensiones tanto dirigidas a la
reparación por el secuestro como de las lesiones que esta situación causó a
nivel mental, puntualmente el trastorno postraumático, se encuentran
caducadas para los demandantes, tal como se declaró en primera instancia.
Particularmente, en cuanto al actor, sostuvo:

El señor Orlando Ochoa Vallejo, a pesar de que obtuvo el diagnóstico de
‘Trastorno de stress postraumático trastorno de personalidad con compas
sociopatía’ desde la Junta Médica Laboral de septiembre de 2001, su
estado mental le impedía acudir a la justicia, por lo que, solo cuando
presentó mejoría, esto es a partir del 19 de mayo de 2014, tal como se
indicó en notas anteriores, le era exigible acudir a la jurisdicción en un
término de dos años, por lo que tenía hasta el 20 de mayo de 2016 para
accionar.

3

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Esta providencia se notificó vía electrónica el 15 de enero de 2025.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales pues con
la decisión demandada se incurrió en lo siguiente:

Indicó que, no es aceptable que un Estado Social de Derecho, en el que
inclusive existen normas que hablan de reparación integral, en los casos
como el que ahora se debate, se deniegue el acceso a la administración de
justicia con “decisiones facilistas y alejadas de la realidad”.

Agregó que, los jueces de tutela no pueden avalar estas decisiones y que no
entiende como sus secuestradores y victimarios, en la actualidad se
encuentren “ocupando sillas en el Congreso de la República”, viviendo de los
impuestos que él pago, entre tanto, se encuentra enfermo, después de su
secuestro quedó con un trauma psicológico permanente y, además, los
jueces de la República deniegan el acceso a la justicia.

Indicó que, se debió aplicar la excepción de inconstitucionalidad en relación
con el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, pues la situación vivida por él en
su cautiverio amerita un estudio más profundo de todas las situaciones que
rodearon su secuestro.

Destacó que, este tema es de tal trascendencia, pues no se puede dejar de
lado que todos los hechos y circunstancias de su secuestro fueron ocurridas
en el conflicto armado que vivió el país y del cual, lastimosamente para las
víctimas, lo único que dejó fue consecuencias irreparables.

Solicitó que la decisión que se adopte en este caso sea estudiada y debatida
por la Sala Plena del Consejo de Estado.

Refirió que, en la sentencia T – 352/16, la Corte Constitucional, en un caso
similar al que ahora se debate revocó una decisión que declaraba la
caducidad, aduciendo que en los casos en los que se presentan violaciones
graves al derecho internacional humanitario, el término de caducidad se
flexibilizaba.

Mencionó que, contrario a lo sostenido por la demandada, la jurisprudencia
de la Sección Tercera del Consejo de Estado en casos similares ha
establecido que cuando en los hechos narrados se pueda inferir la existencia
de un crimen atroz como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los

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crímenes de guerra y la depuración étnica, todos ellos son imprescriptibles.

Hizo referencia a la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de esta
corporación, según la cual, la caducidad debía contabilizarse desde el
momento en que los demandantes tuvieron conocimiento del hecho, a que la
misma sección demandada en la acción de tutela con número de radicado
11001-03-15-000-2020-00688-01, amparó los derechos fundamentales de la
mamá de un militar secuestrado en la toma guerrillera de Miraflores y a la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que
se consideró que la imprescriptibilidad de los “crímenes de lesa humanidad”
como norma del ius cogens. Para el efecto, citó el caso de Almonacid
Arellano y otros vs. Chile.

Destacó que, el asunto es de relevancia constitucional puesto que se decidió
declarar probada la excepción de caducidad, cuando existe una postura
pacífica de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el sentido de
señalar que cuando se trata de violaciones a los derechos fundamentas no
se debe aplicar el término de caducidad, situación que fue desconocida por la
autoridad demandada.

Refirió las generalidades del defecto fáctico por indebida valoración
probatoria. Al respecto, indicó que “…pese a que en el expediente se
encontraban las pruebas necesarias para establecer que fu[e] secuestrado y
torturado por los bandidos de las FARC, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado se apartó caprichosamente de esos
elementos de juicio y decidió declarar probada la excepción de caducidad”.

1.5. Trámite

A través de auto del 17 de julio de 2025 se admitió la demanda y, en
consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados que integran
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

Adicionalmente, se vinculó como terceros con interés en el resultado del
proceso a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, así como a Carlos Alfonso
Flórez, Hugo Ernesto Tabares Bedoya, Arnober Tabares Salgado, Juan
Carlos Ramírez Sierra, Jaime Rodríguez Valbuena y Diego Fernando Correa
Loaiza, así como a los familiares de cada uno de ellos y, al ministro de
Defensa Nacional y al comandante del Ejército Nacional de Colombia.

De igual manera, se requirió copia del expediente 25000-23-36-000-2017-
02021-02 (68.282), así como las actuaciones correspondientes al trámite

5

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surtido en primera instancia del aludido proceso, correspondiente al proceso
ordinario objeto de demanda.

1.6. Contestaciones e intervenciones

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

El magistrado ponente de la decisión acusada se opuso a la prosperidad de
la solicitud de amparo, al considerar que, no se demostraba una afectación a
los derechos fundamentales alegados.

Señaló que, no se formularon reparos ciertos que, en efecto desconozcan el
criterio unificado, o que no hayan sido estudiados, motivados y resueltos en
la sentencia reprochada, máxime de que las sentencias en las que se
soportó la decisión eran plenamente aplicables a la situación de hecho,
especialmente la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, por una
aplicación retrospectiva de esta.

Expuso que, la petición de amparo se usa como una oportunidad para reabrir
el debate propio de las instancias ordinarias o, mejor aún, como un intento
por emplear la tutela como una instancia adicional del proceso de reparación
directa que ya concluyó, sobre todo, habida consideración de que la forma en
la que el juez ordinario ejerció la valoración probatoria y motivó sus
conclusiones.

Destacó que, la sentencia del 11 de diciembre de 2024 se profirió con estricta
sujeción al ordenamiento jurídico y a las pruebas aportadas al proceso, y así
se evidencia en sus consideraciones, a las que en esta oportunidad me
remito para respaldar las razones de oposición plasmadas en su
contestación.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C

La Secretaría de dicha corporación aportó copia digital del expediente
ordinario objeto de demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la primera instancia de la acción
de tutela adelantada contra la decisión judicial demandada, según lo previsto

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en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20155, así como en el Acuerdo 80
de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si se vulneraron los derechos fundamentales
de la parte actora con la providencia del 11 de diciembre de 2024, con la cual
se confirmó la decisión de primera instancia del 1° de diciembre de 2024
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C que declaró probada la cosa juzgada en relación con uno de
los demandantes y, a su vez, declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa respecto de los demás, el cual se promovió contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

Por lo anterior, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) el estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y,
finalmente, de encontrarse superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 20126, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia,
que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.7

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado

5
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
6
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. Negrilla fuera de texto.
7
Ibídem.

7

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su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela
constituye un mecanismo residual y excepcional para la protección de
derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por
ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial
no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.8

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

8
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.

8

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2.5. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

2.5.1. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 26 de
junio de 2022 explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito
a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial “...el juez de tutela debe limitarse a
analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada’.”

n ese sentido, el alto tribunal onstitucional consideró que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias
o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional “protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales” y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
(ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.9

En el presente asunto, se observa que, la parte actora atribuyó la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a que con la decisión
demandada se incurrió en los defectos: i) desconocimiento del precedente y
ii) fáctico.

Así las cosas, para la Sala el asunto carece de relevancia constitucional
puesto que lo pretendido por la parte actora es reabrir el debate legal y
probatorio que efectuó la autoridad judicial de segunda instancia respecto del
análisis de la caducidad en el medio de control de reparación directa en lo
9
Destacado por la Sala.

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que respecta al accionante.

En efecto, se observa que, a pesar de que la parte accionante hizo referencia
a un presunto desconocimiento del precedente y a un defecto fáctico, frente
al primero se observa que, pretende reabrir el debate ya zanjado por la
autoridad judicial cuestionada y, en cuanto al segundo, no cumplió con la
carga argumentativa necesaria, pues se limitó a mencionar de manera
genérica que se incurrió en una indebida valoración probatoria, sin siquiera
precisar las pruebas que consideró afectadas por dicho defecto.

En relación con el presunto desconocimiento del precedente se puntualiza
que en la sentencia demanda al resolver uno de los cargos de la apelación,
se indicó que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la
Sección Tercera sí resultaba aplicable a la situación de hecho planteada en
la demanda, esto no por una aplicación retroactiva de dicha decisión, sino
por vía de la aplicación retrospectiva; figuras estas que fueron analizadas en
la providencia acusada, así:

En relación con el argumento del recurrente sobre la improcedencia
de extender al sub lite la tesis de la sentencia de unificación proferida
por el Consejo de Estado el 29 de enero de 2020, en razón a que la
demanda fue presentada en el año 2017, esta Sala encuentra
pertinente aclarar lo siguiente:

… La aplicación de la jurisprudencia debe analizarse a la luz de dos
figuras que se confunden en la apelación, la retroactividad y la
retrospectividad. En materia normativa, sus diferencias se centran en
que mientras la retroactividad «se configura cuando una norma se
aplica a las situaciones que se consolidaron con anterioridad a su
entrada en vigencia»…; la retrospectividad «se presenta cuando las
normas se aplican a situaciones que si bien surgieron con
anterioridad a su entrada en vigencia, sus efectos jurídicos no se han
consolidado al momento en que cobra vigor la nueva ley».
…

De lo anterior se deriva que, la jurisprudencia, sea de unificación o
no, será aplicada a casos que no han sido objeto de sentencia
definitiva, pues frente a ellos no se puede predicar una situación
jurídica consolidada, por cuanto, justamente, está pendiente la
decisión que la resuelva definitivamente.

…
Así entonces, la concreción de los efectos de la sentencia de

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unificación del 29 de enero de 2020 al caso sub examine, distinto de
lo sostenido por el apelante, no se produjo retroactivamente, pues no
hay una situación consolidada. A contrario sensu, se trata de una
aplicación retrospectiva, plenamente permitida por la jurisprudencia,
como se observó, en tanto que aun cuando la situación surgió con
anterioridad a este pronunciamiento, sus efectos jurídicos no se han
consolidado.

Aunado a lo anterior, es de especial relevancia puntualizar que
tampoco existía una tendencia anterior a la solución adoptada en
2020 que fuera alterada por esta sentencia de manera diametral.

Por lo que, contrario a lo manifestado por el actor, según el cual la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020 no podía aplicarse para resolver su
caso, por haber sido proferida después de interpuesta la demanda, al no ser
una situación consolidada, su aplicación retrospectiva era jurídicamente
viable y, por tanto, así lo hizo la autoridad judicial acusada.

Ahora bien, en relación con el fondo del asunto, en la providencia acusada
también se analizó particularmente lo demandado por el actor, a partir de lo
cual se estableció lo siguiente:

Diferente es la situación frente al señor Orlando Ochoa Vallejo, quien,
en la Junta Médica Laboral de septiembre de 2001, fue diagnosticado
así: “Trastorno de stress postraumático trastorno de personalidad con
compas sociopatía”.

Posteriormente, en la Junta Médica Laboral realizada el 9 de mayo
de 2009 se indicó: “(…) en marzo de 2008 acude a psiquiatría por
presentar reagudización de síntomas como insomnio llanto pesadillas
flash back, nerviosismo, descuido signos síntomas: (…) pesadillas
inestabilidad y temor de salir a la calle. Diagnóstico: 1) trastorno de
stress postraumático grave crónico y con síntomas psicóticos
etiología: multifactorial estado actual: paciente con insomnio
referencialidad hostilidad con inestabilidad con afección
hiperprosexia con juicio de realidad debilitado por el pensamiento y el
afecto prospección incierta. Pronostico: debe continuar en
tratamiento psiquiátrico de manera psicomental”.

Finalmente, en la historia clínica del 19 de mayo de 2014, quedó
consignado: “ NF RM DAD A TUAL: Paciente quien viene a cita
control por psiquiatría, viene solo, y refiere estar y sentirse calmado,
refiere estar y sentirse “estable” buen ciclo de sueño, recibe y tolera

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alimentos y medicamentos y sin referir cambios y /o novedades al
examen mental”.

Por lo anterior, para la autoridad judicial acusada resultaba evidente que el
estado de salud mental del señor Ochoa Vallejo no le permitía ejercer el
derecho de acción antes del 19 de mayo de 2014, cuando, según la historia
médica referida, el paciente mostró una evolución en su estado mental, por lo
que “… solo a partir de esta fecha pudo acudir a la jurisdicción.”

Al respecto, debe precisarse que no basta con simplemente indicar las
generalidades de los defectos específicos en mención, ni plantear
argumentos genéricos tendientes a que se acoja el criterio particular que le
asiste a la parte actora frente al conteo de la caducidad en asuntos como el
que dio origen a la controversia ordinaria. Esto, para concluir:

De manera que, el señor Ochoa Vallejo contaba desde el 20 de mayo
de 2014 hasta el 20 de mayo de 2016 para ejercer su derecho de
acción, por lo que este cómputo no varía con la presentación de la
solicitud de declaración extrajudicial del 15 de agosto de 2017, cuya
audiencia se realizó el 19 de octubre de dicho año32, pues para este
momento ya se encontraba caducado el medio de control.

Así entonces, las pretensiones de reparación por el hecho del
secuestro se encuentran caducadas pues la demanda fue
presentada hasta el 26 de octubre de 2017, cuando el término
feneció el 20 de mayo de 2016 para el señor Ochoa Vallejo y para las
demás víctimas directas el 29 de julio de 2003.

Finalmente, a prima facie se advierte que, si bien la parte actora hizo
referencia a un presunto desconocimiento del precedente judicial, el asunto
formulado por la parte accionante no se relaciona con el alcance, contenido o
aplicación de un derecho fundamental, sino que se refiere a la aplicación
normativa de la caducidad y al análisis interpretativo aplicable al caso
concreto que efectuó la autoridad demandada en relación con la caducidad
para el caso concreto.

Por tanto, sus reprochen distan del fin de la acción de amparo, que no es otro
que el de proteger garantías fundamentales cuando se vean vulneradas o
amenazadas, lo que no sucede en este caso.

Por lo que, un desacuerdo en relación con las conclusiones respecto de la
decisión acusada no puede ser razón para que el juez constitucional

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intervenga en la protección de los derechos fundamentales, puesto que,
aceptar lo contrario, sería invadir la órbita del competente natural.

En ese orden, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre
derechos fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial
demandada, que amerite la intervención en sede constitucional.

Por consiguiente, la parte actora pretende la adopción de una decisión de
reemplazo y, ello no es razón suficiente para que el juez de la acción de
tutela intervenga en la protección de los derechos fundamentales, puesto
que, se insiste, lo contrario sería invadir la esfera de competencia del juez
natural.

En ese orden, la Sala se permite destacar que la acción de tutela contra
providencias judiciales no debe ser vista como una tercera instancia para
traer a colación nuevamente los argumentos expuestos dentro del proceso
ordinario, sino que es un medio excepcionalísimo por medio del cual se
revalúan decisiones que recaen en la arbitrariedad, al sobrepasar los
principios rectores de la autoridad judicial.

De modo que, no se satisface el requisito de relevancia constitucional, en el
sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las sentencias de
unificación 573 de 2019, 103 y 215 de 2022.

Por consiguiente, se declarará improcedente la solicitud de tutela toda vez
que carece de dicho presupuesto, en atención a que lo pretendido es
convertir este mecanismo de amparo en una instancia adicional al proceso
ordinario para que se resuelva una controversia que se reduce a un debate
estrictamente legal relativo a la contabilización de la caducidad en el medio
de control de reparación directa.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el
señor Orlando Ochoa Vallejo, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

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TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Ausente con permiso
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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