Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04314-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04314-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04314-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
11 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04314-01
Demandante: Viviana Salazar Gutiérrez
Demandado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Nulidad y
restablecimiento del derecho. Nivelación salarial. Defectos
sustantivo, fáctico, procedimental y desconocimiento del
precedente judicial.
Decisión: Revoca parcial la decisión de negar el defecto fáctico y declarar
la improcedencia de ese reparo. Confirma en todo lo demás
(negar amparo frente a los defectos sustantivo, procedimental y
desconocimiento del precedente)
La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
Sentencia proferida el 6 de agosto de 2025 por la Subsección B de la Sección
Segunda de esta corporación, mediante la cual negó el amparo de tutela.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 11 de julio de 2025, Viviana Salazar Gutiérrez, por conducto de
apoderado judicial, promovió acción de tutela tras considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo digno. En
consecuencia, solicitó dejar sin efectos la Sentencia del 27 de junio de 2025, Rad.
76019-3333-002-2013-00728-01, y ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca emitir una decisión de reemplazo.
2. Como fundamentos fácticos, explicó que se vinculó mediante contrato de
trabajo a término fijo en la Universidad del Pacifico desde el 28 de junio de 2004
hasta el 13 de junio de 2012, desempeñando el cargo de secretaria de biblioteca.
3. Con fundamento en lo anterior, la señora Salazar Gutiérrez presentó una
solicitud de nivelación salarial y prestacional respecto del cargo equivalente en la
planta de personal de la institución. Petición que fue resuelta de forma negativa.
4. Con el propósito de controvertir la legalidad de los actos administrativos que
negaron una nivelación salarial y prestacional solicitada, ejerció el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Universidad del Pacífico. Indicó
que dichos actos desconocieron la existencia de una relación laboral encubierta
respecto de un cargo cuya naturaleza, a su juicio, correspondía a una vinculación
de carácter legal y reglamentario.
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Demandante: Viviana Salazar Gutiérrez
5. El proceso correspondió en primera instancia al Juzgado 2 Administrativo
de Buenaventura, despacho que profirió la Sentencia el 30 de junio de 2021.
Mediante dicha decisión, se declaró la nulidad del Oficio No. 1381 de 2013 expedido
por la Universidad del Pacífico, se reconoció la existencia de una relación laboral
entre el 28 de julio de 2004 y el 13 de julio de 2012, y se ordenó el pago de salarios
y prestaciones sociales, así como la sanción moratoria por el pago extemporáneo
de las cesantías. Inconforme con lo resuelto, la parte demandada interpuso recurso
de apelación.
6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante Sentencia del 27
de junio de 2025, revocó la decisión de primera instancia, tras considerar que no
era procedente realizar un test de igualdad, pues mientras la demandante estuvo
vinculada mediante contrato de trabajo, las demás funcionarias cuya situación se
pretendía comparar se encontraban vinculadas a través de una relación legal y
reglamentaria. Tal diferencia impedía, según el Tribunal, establecer un parámetro
objetivo de comparación en términos de funciones, responsabilidades y perfiles.
7. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora manifestó que el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca incurrió en defecto sustantivo por
desconocimiento del principio de primacía de la realidad sobre las formas (artículos
53 y 228 de la Constitución Política), toda vez que quedó acreditado que desempeñó
un cargo con funciones propias de un empleo de planta, bajo subordinación,
continuidad y dirección institucional.
8. Alegó también la existencia de defecto fáctico, derivado de una valoración
irrazonable de las pruebas, puesto que el Tribunal concluyó que ocupaba un cargo
de trabajador oficial aun cuando tal cargo no existía en la planta de personal de la
Universidad del Pacífico. Señaló que en la segunda instancia se omitió la valoración
del manual de funciones de la institución, el testimonio de Flor Nelly Ruíz García y
los certificados sobre la continuidad de las funciones propias del cargo de planta
que fueron aportados al proceso, pruebas que sí fueron apreciadas de manera
adecuada por el juez de primera instancia.
9. Adicionalmente, afirmó que se configuró un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, ya que el análisis se restringió a la forma contractual
utilizada, sin valorar integralmente la planta general de personal, el manual de
funciones y las características del cargo efectivamente desempeñado, el cual
correspondía a un empleo público sujeto a nombramiento. Señaló que no se
valoraron las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica ni se integraron
adecuadamente los elementos documentales y testimoniales.
10. Finalmente, sostuvo que la autoridad judicial incurrió en desconocimiento
del precedente, al omitir el estudio y aplicación de decisiones vinculantes sobre el
contrato realidad en empleos públicos y sobre el derecho a la igualdad prestacional
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situaciones funcionalmente equivalentes. Para ello citó jurisprudencia del Consejo
de Estado1 y de la Corte Constitucional2.
Intervenciones3
11. El Juzgado 2 Administrativo de Buenaventura informó que el Consejo
Superior de la Judicatura dispuso la supresión del Juzgado 3 Administrativo de
Buenaventura, despacho que inicialmente conoció del proceso4. En virtud de dicha
supresión, los asuntos a cargo de ese despacho fueron redistribuidos entre los
Juzgados 1 y 2 Administrativos de Buenaventura, conforme al Acuerdo CSJVAA22-
60 del 16 de diciembre de 2022 expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura
del Valle del Cauca.
12. Indicó que consultada el acta de redistribución de los procesos suscrita
entre los mencionados despachos, no se encontró registro del expediente objeto de
esta tutela, lo cual permite inferir que, para el 11 de enero de 2023, el proceso se
encontraba en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca surtiendo el trámite del
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
13. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca manifestó que realizó un
estudio comparativo entre las características de un vínculo derivado de un contrato
de trabajo y aquellas propias de un nombramiento en un cargo de carrera
administrativa, con el fin de demostrar la imposibilidad de efectuar un test de
igualdad y, por consiguiente, de ordenar la equivalencia o nivelación salarial
pretendida por la actora.
14. Señaló que se concluyó que la naturaleza de su vínculo con la Universidad
del Pacífico entre el 28 de julio de 2004 y el 13 de julio de 2012 correspondía a la
de una trabajadora oficial. Precisó que en la sentencia se constató la existencia de
contratos de trabajo a término fijo, circunstancia que, si bien evidencia una
vinculación laboral, no satisface los presupuestos para adelantar un test de igualdad
frente a empleos de naturaleza legal y reglamentaria, propios del sistema de carrera.
15. Añadió que en el fallo se valoraron las pruebas allegadas, con fundamento
en la normatividad y la jurisprudencia aplicables, para sustentar la improcedencia
de la equivalencia salarial solicitada por la demandante. Por ello, concluyó que lo
alegado por la accionante no configura un defecto de la sentencia, sino un
desacuerdo con el contenido de la decisión y con la forma en que se realizó su
estudio, situación que, como es sabido, no habilita per se el ejercicio de la acción
de tutela contra providencias judiciales.
1
«a) Sentencia del Consejo de Estado, Rad. 760012333000-2015-01489- 01 (2020), que reconoció igualdad prestacional en
casos idénticos. […] c) Sentencia unificadora del Consejo de Estado del 18 de julio de 2018, que reconoce la procedencia de
la sanción moratoria por cesantías definitivas en casos de contrato realidad».
2
Corte Constitucional, Sentencias T-103 de 2002 y SU-336 de 2017.
3
Mediante Auto del 15 de julio de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y se vinculó como terceros interesados al Juzgado 2 Administrativo de Buenaventura y a la Universidad del
Pacífico.
4
Acuerdo PCSJA22-12026 de 2022.
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Sentencia impugnada
16. El 6 de agosto de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, luego de analizar de forma conjunta los defectos sustantivo, fáctico,
procedimental y desconocimiento del precedente, negó la acción de tutela.
17. Indicó que la autoridad judicial accionada estructuró su estudio a partir del
marco normativo y jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, en relación con la pretensión de nivelación entre el cargo de
secretaria de biblioteca, desempeñado mediante contratos de trabajo, y otro de
similar denominación perteneciente al sistema de carrera. De dicho análisis se
evidenciaron diferencias sustanciales entre las formas de vinculación.
18. Con base en ello, concluyó que no era procedente aplicar un test de
igualdad ni ordenar la nivelación salarial solicitada. Asimismo, precisó que no se
calificó erróneamente el vínculo de la demandante como el de trabajadora oficial;
por el contrario, reconoció la existencia de relaciones laborales, pero descartó su
equivalencia jurídica con un empleo de carrera administrativa.
19. Señaló que la autoridad judicial accionada no incurrió en ninguna de las
causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales
invocadas por la parte actora, pues su decisión se sustentó en las normas y
precedentes aplicables y en la valoración del material probatorio obrante en el
expediente, a partir del cual adoptó la interpretación que consideró ajustada al caso.
20. Destacó que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del juez
natural y no le corresponde controvertir decisiones adoptadas dentro del ámbito de
sus competencias, salvo que se evidencie una vulneración manifiesta de derechos
fundamentales, circunstancia que no se acreditó en este asunto.
21. En consecuencia, lo planteado por la accionante refleja una inconformidad
con el resultado de la valoración probatoria realizada por el juez natural, la cual no
es susceptible de cuestionamiento a través de la acción de tutela. La decisión
adoptada por la autoridad judicial accionada contó con soporte fáctico y jurídico y
fue debidamente motivada; por tanto, reiteró que este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.
Impugnación
22. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia al no compartir los
argumentos expuestos por el juez de tutela de primer grado. En su escrito, además
de reiterar los argumentos de la solicitud de amparo, insistió en que el Tribunal, en
la providencia objeto de tutela, incurrió en un defecto fáctico, al dar por probado que
el cargo de secretaria de biblioteca correspondía al de trabajadora oficial y omitir la
valoración de pruebas determinantes. Alegó igualmente la configuración de un
defecto sustantivo por desconocimiento del principio de primacía de la realidad y un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
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23. Respecto al desconocimiento del precedente judicial, la parte actora señaló
que la sentencia de tutela de primera instancia omitió examinar la aplicación
concreta de las decisiones vinculantes y no explicó por qué el Tribunal podía
apartarse de ellas, lo cual, a su juicio, configuró un desconocimiento del precedente
aplicable, citando como referencia las Sentencias SU-336 de 2017, C-484 de 2000
y T-103 de 2002 de la Corte Constitucional, y de 9 de julio de 2020 (Rad. 76001-23-
33-000-2015-01489-01) y 18 de julio de 2018 (sin radicado) del Consejo de Estado.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
24. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
25. Corresponde a la Sala determinar si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos de procedencia para controvertir la Sentencia del 27 de junio de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. De encontrarse
procedente, se analizará si la providencia impugnada incurrió en defectos
sustantivo por desconocimiento del principio de primacía de la realidad; fáctico por
falta de valoración de la prueba; procedimental por exceso ritual manifiesto de cara
a la forma de vinculación (contrato de trabajo a término fijo); y desconocimiento del
precedente jurisprudencial aplicable al caso y, en consecuencia, si se vulneraron
los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo digno.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
26. La Sala considera que el defecto fáctico no satisface el requisito de
subsidiariedad. Esto obedece a que, si la parte actora consideraba que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca omitió el estudio del manual de funciones de la
institución, el testimonio de Flor Nelly Ruíz García y los certificados sobre la
continuidad de las funciones propias del cargo de planta que fueron aportados al
proceso, disponía de un medio de defensa judicial ordinario idóneo para cuestionar
los presuntos yerros derivados de aquella omisión. Dicho mecanismo es el recurso
extraordinario de revisión, conforme a la causal prevista en el numeral 5 del artículo
250 de la Ley 1437 de 20115.
27. En ese orden de ideas, de acuerdo con la Sentencia de Unificación SU-026
de 2021 de la Corte Constitucional, la subsidiariedad se incumple cuando el
ordenamiento jurídico dispone de medios judiciales ordinarios o extraordinarios
aptos para controvertir los defectos alegados en sede constitucional. En particular,
la Corte ha precisado que el recurso extraordinario de revisión constituye un
5
«Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de
revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.»
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mecanismo idóneo y eficaz para cuestionar omisiones probatorias, situaciones
asociadas a la aparición de nuevos elementos de convicción o irregularidades que
afecten la dimensión material del debido proceso. En tales eventos, la tutela resulta
improcedente comoquiera que el examen propio del juez constitucional no está
llamado a sustituir las competencias asignadas al juez natural.
28. Respecto de los defectos sustantivo, procedimental y desconocimiento del
precedente jurisprudencial, la Sala advierte que sí se cumplieron los requisitos
generales de procedencia porque (1) la controversia goza de relevancia
constitucional, comoquiera que el debate gira en torno a la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo digno, no se trata
de una discusión de raigambre eminentemente legal y, en todo caso, los reparos
fueron dirigidos concretamente contra la decisión del juez de segunda instancia; (2)
se encuentra satisfecha la legitimación en la causa por activa y por pasiva, debido
a que, por un lado, la accionante tenía la calidad de demandante en el proceso
nulidad y restablecimiento del derecho y, por el otro, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca profirió la decisión que se cuestiona; (3) se encuentra acreditada
la exigencia de subsidiariedad, comoquiera que se agotaron todos los mecanismos
judiciales que tenía para procurar la defensa de sus derechos; (4) la acción de tutela
se presentó el 11 de julio de 2025, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación de la Sentencia de 27 de junio de 2025 (2 de julio de 2025 6); (5) se
identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los
cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; (6) el reparo planteado
constituye una presunta irregularidad procesal que se presenta como
intrascendental, de cara a los hechos materiales del caso; y (7) la tutela no se
interpone contra una providencia de igual naturaleza.
29. Por lo anterior, la Sala revocará la decisión en lo que respecta al defecto
fáctico para declarar su improcedencia y procederá a realizar el estudio de fondo
de los demás reparos planteados en el escrito de tutela.
Análisis de la vulneración alegada: estudio de los defectos
30. La Sala confirmará la decisión de negar la solicitud de amparo en lo
correspondiente al defecto sustantivo y procedimental, con fundamento en las
consideraciones que se exponen a continuación:
31. Para efectuar el estudio de los defectos sustantivo y procedimental, la Sala
considera indispensable tener en cuenta los argumentos expuestos en la sentencia
del 27 de junio de 2025 sobre los contratos celebrados entre la accionante y la
Universidad del Pacífico.
32. En dicha providencia se examinó el régimen del empleo público7, el
principio de trabajo igual a salario igual 8 y la jurisprudencia aplicable al caso.
Señaló que al revisar los contratos de trabajo9 y certificación expedida por la
6
Fecha de envió de mensaje de datos.
7
Artículos 122 y 125 de la Constitución Política; 13 del Decreto 1042 de 1978; 3,12 de la Ley 4 de 1992; Ley 909 de 2004.
8
Artículos 13,25, 53 de la Constitución Política; y 143 del Código Sustantivo del Trabajo (CST)
9
30 contratos
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Universidad del Pacifico, la actora desempeñó el cargo de secretaria de biblioteca
mediante contratos a término fijo inferiores a 1 año, con prestaciones legales, lo
que impedía asimilar su situación a la de un empleo de carrera, dada la diferencia
en las condiciones de ingreso y permanencia.
33. Tras examinar el acervo probatorio, las normas aplicables y la
jurisprudencia pertinente, el Tribunal concluyó lo siguiente:
«De lo anterior se tiene que la señora Viviana Salazar Gutiérrez estuvo vinculada a la
Universidad del Pacífico con las condiciones de una relación contractual de trabajo.
Esto significa que, contrario al razonamiento del juez de primera instancia, es una
condición diferente desde el punto de vista material en relación con un empleado de
carrera administrativa, frente a quienes pretendió la parte actora la nivelación salarial
al considerar que las funciones que desempeñó eran iguales a las de aquellos.
Es decir, que el vínculo laboral de un empleado que tiene una vinculación de carácter
legal y reglamentario, de carrera administrativa -nombrado mediante un acto
administrativo-, el origen y característica de ese vínculo es diferente, lo cual es un
aspecto significativo al momento de realizar un juicio de igualdad.»
34. Del examen realizado sobre la actuación del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, se concluye que no se configuró ninguno de los defectos alegados.
En efecto, dicha autoridad valoró dentro del marco de sus competencias los
contratos de trabajo aportados por la accionante, siendo la pretensión principal de
la demanda la nivelación salarial y, como subsidiaria, el reconocimiento de una
relación laboral, la cual nunca se desconoció ya que se suscribieron múltiples
contratos de trabajo.
35. En relación con el supuesto desconocimiento del precedente judicial, se
observa que en la sentencia enjuiciada se realizó un análisis jurisprudencial
ajustado a los hechos y a la naturaleza de los vínculos laborales de la actora.
36. Las sentencias citadas por la accionante en su escrito de tutela no son
aplicables al presente caso. Lo anterior se debe a que: (i) la Sentencia C-484 de
2000 de la Corte Constitucional analiza la constitucionalidad de los artículos 99,
100, 101 y 102 de la Ley 42 de 199310, materia que difiere sustancialmente del
asunto de nivelación salarial y contrato laboral. (ii) Por su parte, la Sentencia T-103
de 2002, aunque aborda aspectos relativos a la igualdad salarial, produce efectos
interpartes, razón por la cual no es vinculante para la resolución del caso. (iii)
Respecto de la Sentencia de 9 de julio de 2020 (Rad. 76001-23-33-000-2015-
01489-01) del Consejo de Estado, se precisa que no se trata de una sentencia de
unificación, por lo que no es vinculante para la decisión en cuestión. No obstante,
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca la citó como antecedente
jurisprudencial para explicar las diferencias entre empleados públicos y
trabajadores oficiales, así como la imposibilidad de ordenar nivelación salarial.
37. (iv) Finalmente, en cuanto a la denominada «sentencia unificadora del 18
de julio de 2018», es preciso señalar que se trata de la Sentencia CE-SUJ2-012-
18, que fijó reglas sobre la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías (Ley
1071 de 2006) respecto de docentes del sector oficial. Providencia que no guarda
10
Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que ejercen.
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Demandante: Viviana Salazar Gutiérrez
relación con el asunto objeto de estudio.
38. En consecuencia, se revocará parcialmente la Sentencia del 6 de agosto
de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, exclusivamente en lo concerniente a la procedencia de la acción frente al
defecto fáctico, para declarar su improcedencia, dado que existía un medio de
defensa judicial adecuado para lograr la proyección que ahora se pretende a través
de la solicitud de amparo.
39. En lo demás, tras analizar los presuntos defectos sustantivo, procedimental
y desconocimiento del precedente, se confirmará la sentencia de primera instancia,
pues el Tribunal aplicó la normativa legal y constitucional vigente, así como la
jurisprudencia consolidada para el caso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la Sentencia de 6 de agosto de 2025 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en lo que respecta al
defecto fáctico y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
instaurada por Viviana Salazar Gutiérrez contra el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca respecto de dicho reparo.
SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás de decisión impugnada.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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