Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04319-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04319-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04319-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04319-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04319-00
Demandante: Movimiento político “Soy porque somos”
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad simple / Requisitos
para obtener personería jurídica como movimiento político /
Defecto fáctico y violación directa de la Constitución Política
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por el movimiento político “Soy porque somos”
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1 . La parte demandante promovió solicitud de tutela con el fin de que se amparara
su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado con ocasión
de la sentencia proferida el 20 de marzo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, en el medio de control de nulidad simple identificado con el radicado
11001032800020240012600.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. En el mes de julio de 2023, Dorina Hernández Palomino y Ariel Rosebel Palacios
Angulo solicitaron ante al Consejo Nacional Electoral2 la personería jurídica del
movimiento “Soy Porque Somos”, con fundamento en la elección de la primera como
congresista y de Francia Márquez Mina, como vicepresidenta de la República.
2.2. “Soy Porque Somos” nació en Santander de Quilichao (Cauca) en el año 2021,
con el propósito de participar en las elecciones presidenciales y legislativas de 2022,
pese a que el acta de fundación data de junio de 2023. El movimiento no logró
recolectar las firmas de apoyo requeridas como grupo significativo de ciudadanos
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
2 En adelante CNE.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04319-00
Demandante: Movimiento político “Soy porque somos”
para inscribir a Francia Márquez Mina como candidata a la Presidencia de la
República. Sin embargo, el CNE le reconoció personería jurídica y ordenó su
inscripción en el registro correspondiente, a través de la Resolución 164391 del 13
de diciembre de 2023, corregida con Resolución 00069 del 10 de enero de 2024.
2.3.Ximena Echavarría Cardona promovió demanda en ejercicio del medio de
control en contra del referido acto administrativo. El Consejo de Estado, Sección
Quinta, en sentencia del 20 de marzo de 2025 accedió a las pretensiones de la
demanda.
2.4. A través de auto del 24 de abril de 2025 se rechazó la solicitud de aclaración
presentada por la representante a la Cámara Dorina Hernández Palomino, y negó
las interpuestas por el movimiento político “Soy Porque Somos” y por Luz Marina
Becerra Panesso. Contra el anterior pronunciamiento se interpuso recurso de
súplica, el cual fue rechazado por improcedente, mediante proveído del 23 de mayo
siguiente.
2.5. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales, pues,
«[a]l decantar el magistrado en la demanda las pretensiones, ya no solo se omiten las reglas
técnicas procesales propias de nuestro estatuto procesal, sino que se avasallan las
garantías que la ley estatutaria de administración de justicia concede, puesto que se torna
a una obviedad que relucen vías de hecho en el actuar del juez, a saber: defecto fáctico
sustancial y defecto fáctico procedimental; siendo ambos desplegados en un sentido
negativo, por cuanto que el juez incurre en órbitas que no le son las propias, y confunde
discrecionalidad con actos tan reprochables como dar larga a un decurso judicial que nacía
muerto sin posibilidad de salvación.». (sic).
2.5.1. Ello, toda vez que, en el proceso contencioso-administrativo se señaló: «como
objeto de controversia una resolución cuyo número no se corresponde con ningún acto
relevante para el caso, lo que, desde una perspectiva procesal, invalida los fundamentos
fácticos y jurídicos de su reclamación […]» (sic).
1.1.1 Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó «REVOCAR la decisión
proferida por la sección quinta del Consejo de Estado, presidida por el señor Luis Alberto
Álvarez Parra, mediante la cual se anuló la resolución 16439 del 13 de diciembre de 2023»
(sic).
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Consejo Nacional Electoral3 solicitó declarar su carencia de legitimación en
la causa por pasiva, en tanto no tiene competencia para responder por los efectos
jurídicos y constitucionales de una sentencia judicial proferida por un órgano
jurisdiccional independiente.
3 Archivo obrante en el índice 10 del Samai.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04319-00
Demandante: Movimiento político “Soy porque somos”
5. La Defensoría del Pueblo4 manifestó coadyuvar las pretensiones de la parte
demandante al considerar que la decisión cuestionada incurrió en las siguientes
causales específicas de procedibilidad:
5.1. Violación directa de la Constitución Política, al aplicar restrictivamente su artículo
262 inciso 5.°, sin una interpretación sistemática conforme a los principios
democráticos, de participación política y pluralismo; y desconocer la protección
reforzada de las comunidades afrodescendientes en la participación política.
5.2. Defecto fáctico, por indebida valoración probatoria de las documentales que
demostraban la identidad política diferenciada de “Soy Porque Somos”, y
desconocer aquellos elementos determinantes como el carácter étnico-político del
movimiento y su trayectoria organizativa.
6. El Consejo de Estado, Sección Quinta y demás terceros con interés en el
resultado del proceso guardaron silencio.5
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de
la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.
2.1. Competencia.
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1 del Decreto 333 del
6 de abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo
contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.
2.2. Legitimación en la causa por pasiva
9. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto
2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
4 Archivo obrante en el índice 12 del Samai.
5 Mediante auto del 16 de julio de 2025, se ordenó vincular a Ximena Echavarría Cardona, Daniela
Sofía Zúñiga Candelario, Marino Sánchez y Luz Marina Becerra Panesso.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04319-00
Demandante: Movimiento político “Soy porque somos”
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.
10. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de
tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente6:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental7. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”8, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”9
Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a
interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho
fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».
11. Ahora bien, el CNE solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que, no vulneró derecho fundamental alguno del demandante
y tampoco hay una relación directa entre lo pretendido y las acciones que pueda
desplegar para su cumplimiento.
12. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue
como tercero con interés, en razón a su calidad de demandada en el proceso
contencioso-administrativo cuestionado, y en aras de garantizarle su derecho de
defensa y contradicción, por lo que se negará tal solicitud.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
13. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 11 Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
6 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
7 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
8 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
9 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04319-00
Demandante: Movimiento político “Soy porque somos”
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».
14. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
15. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado 12 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar,
además, contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
16. Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
17. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos14, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los
requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de
tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales15.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04319-00
Demandante: Movimiento político “Soy porque somos”
18. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
19. La Sala deberá definir: ¿si el Consejo de Estado, Sección Quinta vulneró los
derechos fundamentales del movimiento político “Soy Porque Somos” con ocasión
de la sentencia del 20 de marzo de 2025,en la que declaró la nulidad del acto
administrativo a través del cual la CNE le reconoció personería jurídica, con la que
incurrió, presuntamente, en defecto fáctico y violación directa de la Constitución
Política16?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
20. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Defecto fáctico
21. En primer lugar, se advierte que el defecto fáctico que se le atribuye a la
sentencia objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional17, tiene
una dimensión negativa y otra positiva.
22. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»18, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»19. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»20.
23. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
16 Aunque la parte demandante no identificó de forma puntual las causales de procedibilidad
específicos en que pudo incurrir la decisión acusada, de los argumentos expuestos es posible
establecerlos.
17 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
18 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
19 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
20 Sentencia T-538 de 1994.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04319-00
Demandante: Movimiento político “Soy porque somos”
2.4.3. Violación directa de la Constitución Política
24. Se recuerda que fue concebida, en un principio, como un defecto sustantivo, el
cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de
las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.
25. Posteriormente el Alto Tribunal de lo Constitucional, en sentencia SU-069 de
2018 señaló que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los
jueces de aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el
artículo 4º de la Carta que antepone de manera preferente la aplicación de sus
postulados», el cual puede configurarse por dos hipótesis:
26. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en
estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso
(a) se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
27. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4.º constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales.
2.4.4. Caso concreto
28. El movimiento político “Soy porque somos” acudió al juez de tutela con el fin de
que se amparara su derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, se
dejara sin efecto la sentencia proferida el 20 de marzo de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Quinta, con la que declaró la nulidad del acto administrativo a
través del cual el CNE le había reconoció personería jurídica.
29. Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defecto
fáctico, por indebida valoración de las pruebas documentales que demostraban la
identidad política diferenciada de “Soy Porque Somos”, y ausencia de análisis de
aquellas que determinaban el carácter étnico-político del movimiento y su trayectoria
organizativa. Además, del hecho de cuestionarse un acto cuyo contenido no
guardaba relación con el asunto a decidir.
30. Así mismo, en violación directa de la Constitución Política, al decidirse sin una
interpretación sistemática conforme a los principios democráticos y de participación
política y pluralismo; e inaplicar normas constitucionales sobre la protección
reforzada de las comunidades afrodescendientes a la participación política, la
igualdad y la representación efectiva.
31. Al descender a la situación particular planteada por la parte demandante, de la
lectura del expediente contentivo del radicado 11001032800020240012600 y el
7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04319-00
Demandante: Movimiento político “Soy porque somos”
pronunciamiento cuestionado, se evidencia una motivación suficiente y coherente
que justifica el sentido de este.
32. Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda la motivación expuesta en la
sentencia del 20 de marzo de 2025, en la que, después de estudiar el marco
normativo y jurisprudencial, concluyó que el acto acusado estaba incurso en
infracción a las normas en las que debía sustentarse y en falsa motivación, así:
«[…] Atendiendo a los contornos definidos por las partes en el caso concreto, la Sala
procede a analizar si la agrupación política Soy Porque Somos adquirió la personería
jurídica por la vía constitucional o las subreglas especiales definidas por la
jurisprudencia, de cara a las motivaciones que contiene la Resolución 16439 del 13 de
diciembre de 2023 del Consejo Nacional Electoral.
a) Umbral de votación
Como se dijo en esta providencia, la relevancia que tienen los partidos y movimientos
políticos para el principio democrático y varios derechos fundamentales de las personas
justifica que haya sido la propia Constitución Política la que definiera las condiciones
para conformarse como tales y adquirir la personería jurídica, atributo que les permite
ejercer facultades cruciales, como la inscripción de candidatos y recibir financiación
parcial del Estado para su funcionamiento.
Luego de ensayar varias fórmulas, desde la reforma constitucional de 2009 se exige a
las agrupaciones políticas acreditar al menos el 3% de los votos válidos a nivel nacional,
exclusivamente en las elecciones del Senado o la Cámara de Representantes, para
adquirir o conservar la personería jurídica. Cabe recordar que la razón de este umbral
es propiciar el surgimiento de colectividades serias, sólidas y con vocación de
permanencia. Superado este guarismo, deben presentar los documentos relacionados
con su plataforma ideológica, estatutos, emblema, órganos de dirección y demás
soportes que la identifiquen.
En el caso concreto, el Consejo Nacional Electoral, consciente de esta regla general,
naturalmente la refirió en el acto acusado. Sin embargo, la calificó como una «forma
convencional de obtener la personería jurídica cuya aplicación no puede darse de
manera estricta y aislada». Desde esa perspectiva, concluyó que «[d]e acuerdo con el
desarrollo jurisprudencial más reciente sobre el derecho a la participación política, es
necesario tener en cuenta las circunstancias particulares e interpretar las reglas
previstas sobre personería jurídica en armonía con otros derechos y principios que la
Constitución también protege y garantiza».
Con todo, la autoridad reconoce a Soy Porque Somos un «respaldo popular significativo»
al Pacto Histórico en las elecciones nacionales de 2022, a partir de la presunción de que
las candidatas Márquez y Hernández eran candidatas suyas y de que los votos
representaban el «derecho de sus electores», cuando lo cierto es que fueron avaladas
por el partido Polo Democrático Alternativo.
Ello quiere decir, que la propia autoridad electoral incurre en una contradicción al
interpretar las normas y supuestos del caso concreto, pues comprende que es
improcedente analizar la regla del umbral; empero, realiza un esfuerzo por cuantificar los
apoyos recibidos y el respaldo de dicha agremiación política, lo que a todas luces supone
un erróneo análisis de los parámetros en los que se pidió la personería jurídica.
[…]
De esta manera, el Consejo Nacional Electoral desconoce, primero, que las
organizaciones políticas sin personería jurídica no pueden participar en coaliciones ni
hacer adhesiones para inscribir listas de candidatos a corporaciones públicas, como lo
ha dicho esta Sección.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04319-00
Demandante: Movimiento político “Soy porque somos”
[…]
Tercero, no es materialmente posible presumir que los votos son de una agrupación
distinta de la que inscribió a los candidatos. Al respecto, en este caso es claro y no lo
discuten los sujetos procesales, que en el formulario E-7, el acuerdo de coalición y los
avales respectivos de las candidatas Francia Márquez Mina y Dorina Hernández
Palomino aparecen inscritas por el partido Polo Democrático Alternativo. Sobre este
punto, se destaca que este partido le otorgó aval a la primera, tanto para participar en la
consulta a la Presidencia de la República en marzo de 2022, como para aspirar a la
Vicepresidencia en mayo y junio del mismo año.
Es pertinente señalar que fue esta última participación la que tuvo en cuenta el CNE para
tomar como propia la votación de Soy Porque Somos.
Por su parte, Dorina Hernández Palomino fue respaldada por el PDA en su inscripción a
la Cámara de Representantes, por la circunscripción del departamento de Bolívar,
conforme a los medios demostrativos allegados al plenario.
Ahora, frente al acuerdo que suscribieron Soy Porque Somos y el Polo Democrático
Alternativo, esgrimido por la parte demandada como prueba de la «verdadera» afiliación
de las referidas señoras, y que correspondió tanto para dichas elecciones como para la
consulta interpartidista del Pacto Histórico, debe indicarse, por un lado, que con la
inscripción se declaró, bajo la gravedad del juramento, que eran afiliadas al Polo, esto
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de Código Electoral y de otro, que
dichos escritos no pueden estar por encima de la realidad que acreditan los actos de
inscripción y los anexos electorales sobre la verdadera organización política que
respaldaba su aspiración política en la contienda electoral.
Cabe señalar que la autonomía que se infiere de la Carta Magna a favor de las
agrupaciones políticas siempre debe ejercerse en el marco de las normas superiores,
como también a las de naturaleza estatutaria como lo es la Ley 1475 de 2011. En
consecuencia, debe entenderse que tales preceptos que regulan la actividad de las
agrupaciones políticas, especialmente cuando se trata de participación electoral, son de
orden público y obligatorio cumplimiento, no dispositivas, ni de interpretación autónoma
de las colectividades.
Por lo mismo, tampoco es admisible aplicar el principio de igualdad, cuando el CNE
señala que «las organizaciones políticas que hicieron parte de la coalición tienen
derecho a recibir este reconocimiento como una medida eficaz y necesaria para
garantizar el principio de igualdad entre todas las organizaciones políticas».
En efecto, Soy Porque Somos no estaba en la misma situación que las agrupaciones
con personería jurídica que sí suscribieron el acuerdo de coalición, pues por un lado, se
documentó en el plenario que algunas de estas agremiaciones, en efecto, sí otorgaron
avales para inscribir a los candidatos dentro de las coaliciones del Pacto Histórico que
se conformaron para elegir presidente y vicepresidente de la República y la Cámara de
Bolívar en el año 2022, y desde otro punto, tal como lo enrostró la accionante, la
ciudadana Francia Márquez solo participó como precandidata de la consulta que realizó
el Pacto Histórico, aspectos que como bien se reseñaron en líneas precedentes,
demostraron la carencia de dicho atributo político del movimiento hoy demandado, lo
que le imposibilita constitucional y normativamente sumarse a esa modalidad de
participación y que como se ha precisado por esta Sección, los acuerdos proselitistas a
los que lleguen no tienen la fuerza normativa para desconocer las precisiones legales
sobre la materia.
[…]
b) Subreglas especiales
[…]
Adicional a ello, el cargo por falsa motivación se estructuró en varios ejes temáticos como
lo fue, por un lado, haber desatendido el CNE la filiación política y el otorgamiento del
aval que se dio en su momento no solo a la vicepresidenta de la República, sino también
9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04319-00
Demandante: Movimiento político “Soy porque somos”
a la representante a la Cámara aludida en precedencia, lo cual riñe con las previsiones
legales del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, relacionados con la doble militancia, y por
otro lado, porque so pretexto de intentar una forzosa motivación del acto censurado, se
trajo a discusión sentencias que profirió la Corte Constitucional sobre la materia.
Esto explica porque sale avante el cargo por falsa motivación, pues no queda duda para
este juzgador que aun cuando estuvieron a su disposición varios medios documentales
(E – 6, E – 7 , documentos políticos y demás formularios de la organización electoral),
las conclusiones jurídicas a las que llegó el CNE falsearon la realidad allí demostrada,
entre esas, que la identidad política de las dos electas fue y ha sido el Polo Democrático
Alternativo, agrupación que sí tiene el atributo que se echa de menos y el cual en uso de
sus atribuciones podía desplegar todos y cada uno de los actos políticos y jurídicos que
la ley y la Constitución Política le permite.
Por lo anterior, debe concluirse que, al prosperar el cargo por falsa motivación, no solo
se desquició el sentido y alcances que tuvieron las providencias de unificación aludidas,
sino también bajo un ejercicio de interpretación impropio de la situación vivida por Soy
Porque Somos, se citaron preceptos legales y jurisprudenciales que no le eran
aplicables.
Finalmente, aunque el partido y los terceros intervinientes manifestaron en el proceso
que las comunidades que representa el partido recaen sobre aquellos que tienen la
condición de víctimas del conflicto interno armado, lo cierto es que la personería jurídica
no fue solicitada con base en este aspecto y, por lo mismo, no fue abordado por el
Consejo Nacional Electoral en el acto acusado, de cara a la constatación y calificación
de hechos concretos, como se hizo para los casos de la Unión Patriótica y el Nuevo
Liberalismo.
En consecuencia, la personería jurídica de Soy Porque Somos no responde a las
subreglas que, de forma excepcional, y sin desconocer el régimen ordinario vigente,
estableció la Corte Constitucional para casos de violencia política y ejercicio del derecho
a la oposición. Por consiguiente, el acto acusado incurrió en falsa motivación, al
sustentar su decisión en la jurisprudencia señalada. […]». (sic)
33. Ahora bien, de la lectura de la providencia judicial cuestionada, es posible
evidenciar que los reclamos que el demandante encuadra en supuestas causales
específicas de procedibilidad son una reiteración del estudio efectuado en el
proceso ordinario, frente a lo cual el juez natural del asunto tuvo la oportunidad de
pronunciarse.
34. De tal manera, en cuanto al reclamo relacionado con la posible configuración de
la excepción de inepta demanda por atacar un acto que no guardaba relación,
contrario a lo afirmado por la parte demandante, se observa que esta fue resuelta
por el Consejo de Estado, Sección Quinta, a través del proveído del 28 de agosto
de 2024, en el que se verificó la procedencia de dictar sentencia anticipada en el
asunto, además de resolver las excepciones previas formuladas. En lo pertinente
se señaló:
«[…] En cuanto a la resolución demandada, se observa que la demanda informa el
mismo número con el que el Consejo Nacional Electoral identificó inicialmente el acto
que reconoció la personería jurídica de Soy Porque Somos, es decir, la Resolución
16313 de 13 de diciembre de 2024. Sin embargo, la parte actora también incluyó entre
sus pretensiones la nulidad de la Resolución 00069 del 10 de enero de 2024, que corrigió
la numeración del primero.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04319-00
Demandante: Movimiento político “Soy porque somos”
Por lo mismo, desde el auto admisorio de la demanda se hizo referencia a la Resolución
16439, como corresponde, de modo que ninguna duda ni imprecisión proviene de esta
circunstancia. Tampoco nos encontramos frente a un caso de indebida acumulación de
pretensiones, por mencionar un acto administrativo que tenía una numeración
equivocada, con origen en la misma entidad que lo profirió.
Atendiendo a lo expuesto, se declarará no probada la excepción de inepta demanda,
propuesta por el partido político Soy Porque Somos. Con base en las mismas razones,
es igualmente improcedente acceder a la nulidad solicitada por haberse demandado un
acto distinto al relacionado con los hechos y el concepto de violación, pues se verificó lo
contrario. […]». (sic)
35. Respecto de este aspecto, se evidencia que el hoy demandante insistió en tal
argumento a través de una solicitud de aclaración de la providencia cuestionada, la
cual fue negada en auto del 24 de abril de 2025, al considerarse que, «[…], debe
nuevamente indicarse que, en efecto, las pretensiones de la demanda se dirigieron en
contra de las resoluciones 16313 del 13 de diciembre de 2023 y 00069 del 10 de enero de
2024, actos administrativos que fueron estudiados en el auto admisorio de la demanda y
que corresponden, respectivamente, al otorgamiento de la personería jurídica al movimiento
político Soy Porque Somos y, el segundo, a la corrección del número de la primera» (sic).
36. Así pues, esta Sala de decisión debe concluir que la corporación judicial
demandada explicó con suficiencia las razones por las cuales se admitió la
demanda de nulidad, pese a incluirse un acto adicional al del reconocimiento de la
personería jurídica al movimiento político “Soy porque somos”, pues aquella reunía
los requisitos fijados en la normatividad adjetiva que reglamenta el asunto, lo cual
no constituye ninguna irregularidad.
37. Ahora, si aun así se considerara que dicha situación puede afectar la congruencia
interna o externa de la providencia cuestionada, lo cual, a su parecer, podría
ocasionar que el juez de conocimiento se pronunciara extra o ultra petita, el
movimiento demandante cuenta con el recurso extraordinario de revisión bajo la
causal de una posible nulidad originada en la sentencia para ejercer la defensa de
sus intereses, cuya resolución resulta ajena a las competencias del juez de tutela.
38. Tampoco es posible concluir que el Consejo de Estado, Sección Quinta efectuó
una aplicación restrictiva de lo preceptuado en el inciso 5 del artículo 262 de la
Constitución Política, en la medida en que realizó una interpretación integral de la
norma, sin que el argumento de protección reforzada de comunidades
afrodescendientes o de un enfoque diferencial particular fuera puesto a
consideración del juez natural del asunto, como se observa a continuación:
«[…] Se sigue de lo anterior que la interpretación según la cual Soy Porque Somos hizo
parte de la coalición Pacto Histórico desconoce el inciso quinto del artículo 262 de la
Constitución Política, que limita la conformación de coaliciones para inscribir listas de
candidatos a corporaciones públicas a las agrupaciones con personería jurídica en lo
que atañe a la participación a la Cámara de Bolívar.
Segundo, también olvida el CNE que la militancia está definida por el aval, cuando se
acepta la inscripción como candidato, de conformidad con el Código Electoral:
11
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04319-00
Demandante: Movimiento político “Soy porque somos”
ARTÍCULO 93. En la solicitud de inscripción debe hacerse mención expresa del partido
o movimiento político por el cual se inscribe una candidatura o lista de candidatos, y los
inscriptores harán ante el respectivo funcionario electoral, bajo juramento, la declaración
de que son afiliados a ese partido o movimiento político. Para los candidatos tal
juramento se entiende prestado por su firma en el memorial de aceptación de la
candidatura (…).
Con base en esa norma, la Sección Electoral ha destacado que una de las funciones
que cumple el aval y el registro de candidatos es acreditar su militancia, según se
precisó. […]». (sic)
39. Por el contrario, explicó de manera suficiente las razones por las cuales el estudio
del acto administrativo acusado se enfocó y estructuró sobre el cumplimiento de los
requisitos fijados en la ley para reconocer personería jurídica a un movimiento
político, y no sobre causales especiales, como, a continuación, se observa:
«[…] Bajo el título de requisitos constitucionales y legales para el reconocimiento de la
personería jurídica y su desarrollo jurisprudencial, el Consejo Nacional Electoral hizo una
exposición en el acto acusado de las providencias SU – 257 y 316 de 2021 de la Corte
Constitucional y la sentencia del 4 de julio de 2013, de la Sección Quinta del Consejo de
Estado.
A partir de ello, la accionante no solo estructuró el vicio por infracción a normas
superiores, sino también la falsa motivación.
Sin embargo, este juzgador observa que la autoridad electoral no verificó si Soy Porque
Somos se encontraba en las mismas circunstancias de los partidos de que tratan esas
decisiones, valga recordar, Unión Patriótica, Nuevo Liberalismo, Colombia Humana. En
su lugar, consideró que esas decisiones representaban «el carácter expansivo de la
democracia y el fortalecimiento del pluralismo político» y habilitaban a explorar «vías
distintas a la superación del umbral».»
Por lo tanto, es claro que el acto acusado realmente no definió el reconocimiento de la
personería jurídica con base en las subreglas de las sentencias aludidas, diseñadas para
las agrupaciones cuya actividad política se vio seriamente afectada por violencia o
persecución política, o para aquellas que obtuvieran y aceptaran las dos curules de la
oposición en el Congreso.
Por lo anterior, la Sala debe ser insistente en que no es posible jurídicamente aducir en
sede de lo contencioso administrativo el hecho de considerarse víctimas del conflicto
armado o asimilar su rol como minorías marginadas, pues esos aspectos no fueron
objeto de análisis en el acto administrativo que aquí se censura; y que de realizarse tal
estudio, supondría validar motivaciones que no fueron sustento de la resolución
demandada, lo que conllevaría a afectar el núcleo fundamental del debido proceso de la
parte actora.
Es por ello, que adicional a la infracción de las normas en que se sustentó el acto
cuestionado, allí se insertaron razonamientos que no se acompasan con la realidad
vivida por Soy Porque Somos de cara a la verdadera acreditación de los supuestos
normativos. […]». (sic)
40. Por último, en cuanto al desconocimiento de pruebas documentales que
demostraban la identidad política diferenciada de “Soy Porque Somos” y su carácter
étnico-político y trayectoria organizativa, se observa que la corporación judicial
demandada realizó una valoración conjunta de los elementos probatorios aportados
12
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04319-00
Demandante: Movimiento político “Soy porque somos”
al proceso, cuyo análisis no le es dable el juez de tutela invadirlo. De tal manera,
sostuvo:
«[…] Dicho lo anterior, debe destacarse que los argumentos expuestos por Soy Porque
Somos, en cuanto a que es un movimiento con una clara presencia en la escena política
nacional, actualmente con representantes destacados en los máximos niveles decisorios
del poder público, que ha recorrido un camino plausible hacia su consolidación como
partido, ponen en evidencia, precisamente, las posibilidades que ha ofrecido el
ordenamiento jurídico para ejercer los derechos a fundar partidos, elegir y ser elegido,
sin que a la fecha alcance el respaldo popular suficiente y constatable que exige la
Constitución Política.
Con base en lo anterior, la Sala al acudir a los medios probatorios encuentra que este
colectivo, tuvo una activa participación en diferentes escenarios políticos; sin embargo,
ese arraigo proselitista no desdibuja los precisos derroteros legales que se han venido
estudiando, pues al carecer de personería jurídica y al tratarse de acuerdos privados,
estos no logran derribar los mandatos impuestos por la Carta Política, siendo imposible
mantener el acto censurado y la decisión tomada por el CNE, la cual evidencia una gran
ligereza al momento de haberse concedido el atributo aquí controvertido.
En tales condiciones, esta Sala considera que la interpretación del Consejo Nacional
Electoral para reconocer la personería jurídica en este caso convierte la excepción en
regla general y aunque en este esfuerzo apeló a principios de orden superior, acaba
desconociendo la finalidad que persigue el requisito constitucional, como se ha precisado
antes en esta providencia. […]». (sic)
41. En este orden de ideas, se observa que la providencia objeto de inconformidad
realizó un análisis probatorio en conjunto de todas las pruebas obrantes en el
expediente bajo los postulados de la sana crítica para concluir que al acto
administrativo mediante el cual se le reconoció personería jurídica al movimiento
“Soy porque somos” estaba viciado de nulidad, en tanto desconoció las normas en
las que debía fundarse.
42. De acuerdo con lo anterior, no se incurrió en el defecto fáctico ni en la violación
directa de la Constitución Política alegadas por la parte tutelante, pues la autoridad
judicial demandada efectuó una interpretación razonable, precisamente, con
fundamento en la valoración de las pruebas y argumentos que trajo en esta
oportunidad. Ahora, el hecho de que las conclusiones del juzgador no fueran
favorables a sus pretensiones, no conlleva la vulneración del derecho fundamental
cuya tutela reclama.
43. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
44. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una instancia adicional.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04319-00
Demandante: Movimiento político “Soy porque somos”
3. Conclusión
45. En este orden de ideas, no se observa vulneración de los ius fundamentales
invocados, en la medida en que no se configuraron vías de hecho alegadas, por lo
que, en consecuencia, la Sala negará el amparo de los derechos fundamentales
invocados por el movimiento político “Soy porque somos”, en la solicitud de tutela
presentada contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Consejo Nacional Electoral.
Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales del movimiento político
“Soy porque somos”, en la solicitud de tutela interpuesta contra el Consejo de
Estado, Sección Quinta.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JAVD/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en
el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
14
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.