Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04325-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04325-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04325-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
30 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04325-01
Accionantes: ABELARDO DE LA ESPRIELLA Y OTRO
Accionado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Tema: Legitimación en la causa por activa. La acción de tutela no es el
mecanismo procedente para solicitar el efectivo giro de unos rubros con
cargo al Presupuesto General de la Nación.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia de 18 de septiembre de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Los señores Abelardo De La Espriella y Germán Calderón España, en nombre
propio, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales “[…] a la vida, a la
seguridad e integridad personal de nosotros los accionantes y de todos los
ciudadanos […]”, cuya vulneración le atribuyeron al Presidente de la República por
la “[…] alarmante desfinanciación de las Fuerzas Militares […]”.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Afirmaron que el 12 de julio de 2025, la revista Semana informó que “[…] Ejército,
la Policía, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y las Fuerzas Militares, en todos los
rincones de Colombia, afrontan una grave crisis económica que hasta ahora sale a la
luz en toda su dimensión […]”.
2.2. Indicaron que, “[…] los graves problemas financieros que enfrentan las Fuerzas
Militares y la Policía en Colombia, (…) requiere una inyección económica adicional
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionantes: Abelardo De La Espriella y otro
del Ministerio de Hacienda, pero el Estado se apretó el cinturón este año por el
déficit fiscal […]”.
2.3. Adujeron que, para “[…] evitar contratiempos, pero ante todo, para que esto se
materialice, resulta imperioso que nuestras FUERZAS MILITARES tengan el
presupuesto suficiente para garantizar la seguridad nacional, la seguridad persona
y la integridad de todos los ciudadanos […]”.
2.4. Expresaron que, “[…] preservar la democracia es el imperativo categórico al cual
no podemos renunciar y, para preservarla, debemos contar con unas FUERZAS
MILITARES fuertes, con presupuesto para combatir cualquier situación que ponga
en riesgo nuestra seguridad personal y nuestro orden constitucional […]”.
III. PRETENSIONES
3. Los accionantes formularon las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Que se tutelen nuestros derechos fundamentales a la seguridad
personal, la cual implica el cuidado de los demás bienes jurídicos a fin de
garantizar la vida y la integridad personal, la dignidad humana, el orden
constitucional y nuestra democracia.
2.En consecuencia, que se le ordene al presidente de la República Gustavo
Petro Urrego a adicionarle los recursos económicos y financieros necesarios
para garantizar los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad e integridad
personal, a la dignidad humana, entre otros, de nosotros los accionantes y de
todos los colombianos. […]”. [Negrilla del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 6 de agosto de 2025, el magistrado sustanciador de la Sección
Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada, se allegó el
siguiente informe:
6. El Presidente de la República informó que no se cumple con la legitimación en
la causa por activa comoquiera que “[…] el actor (sic) no acredita la representación
que pretende adelantar en favor de terceros, en cuanto no anexa al expediente
poder de parte “Todos los colombianos”; así como tampoco justifica la procedencia
de la figura de la agencia oficiosa. Esto se ratifica porque ni en el escrito de tutela,
ni en los anexos allegados, se observa la existencia de alguna de las 2 opciones
mencionadas que le permitirían interponer una tutela en nombre de terceras
personas […]”.
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Accionantes: Abelardo De La Espriella y otro
VI. EL FALLO IMPUGNADO
7. Mediante sentencia de tutela de 18 de septiembre de 2025, la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró la falta de legitimación en la causa por activa de
Abelardo De La Espriella y Germán Calderón España.
8. Alrespecto consideró que “[…] aun cuando los demandantes afirmaron que
actuaban en nombre propio, en realidad no ejercieron este mecanismo con el
propósito que se amparen sus propios derechos, ni expusieron algún argumento
que permita inferir cuál es la conexión que tienen los hechos relatados en la tutela
con su situación particular. Se resalta que la parte actora se limitó a exponer de
manera general y abstracta los datos revelados en el reporte periodístico al que hizo
referencia, sin entrar a detallar las circunstancias concretas que, a su juicio,
amenazan y ponen en riesgo sus derechos fundamentales invocados […]”.
9. Expuso que “[…] se echa de menos que la parte actora identificara las personas
a las cuales presuntamente se les desconocieron sus garantías constitucionales
invocadas, y ni siquiera afirmó que tenía la potestad para promover este mecanismo
en nombre de otros sujetos, bien sea en calidad de agente oficioso o en
representación de algún ciudadano en específico, aspecto que, se insiste, era
indispensable para que fuera viable abordar el estudio del presente caso […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
10. Los accionantes impugnaron el fallo de primera instancia. Al respecto señalaron:
“[…] En forma muy respetuosa, debo decir que en forma clara y desde un
principio se identificó quienes éramos los titulares de la acción de tutela y de la
vulneración de nuestros derechos fundamentales, pues quienes la suscribimos
somos el precandidato presidencial Dr. Abelardo de la Espriella y el suscrito
Germán Calderón España.
[…]
Ahora bien, en materia de seguridad, este es un derecho fundamental que en
forma objetiva se está vulnerando a los accionantes, y claro está, que a todos
los colombianos, con el desfinanciamiento de las fuerzas militares, porque es
una de las formas mediante las cuales se mina la operatividad de las mismas
y se permite el accionar de los criminales en detrimento de nuestra tranquilidad
y de nuestra seguridad.
Esta tutela tiene una intención, cual es la de ordenarle al presidente de la
República inyectarle los recursos necesarios para que las fuerzas
militares puedan operar en forma adecuada e idónea y, por lo tanto,
puedan proteger nuestros derechos fundamentales.
Ese es el interés jurídico que nos asiste para interponer esta acción de tutela
en el presente asunto demostrándose que, sí estamos legitimados en la causa
por activa, pues el artículo 40 de la Constitución nos legitima para participar en
el ejercicio y control del poder político y para hacer efectivo ese derecho,
podemos, entre otros, “6. Interponer acciones públicas en defensa de la
Constitución y de la ley”.
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Accionantes: Abelardo De La Espriella y otro
Este mandato superior nos otorga la legitimidad en la causa por activa para
interponer esta tutela y, consecuentemente, el interés jurídico para actuar.
Honorables Magistrados que resolverán esta impugnación, supongamos que
admitida la legitimación en la causa por activa se amparan nuestros derechos,
pregunto: ¿acaso esa decisión no cobija a todos los colombianos? […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
VIII.2. Problemas jurídicos
12. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:
b) Determinar si se encuentran vulnerados los derechos fundamentales
invocados por los accionantes por la “[…] alarmante desfinanciación de las
Fuerzas Militares […]”.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela
13. De acuerdo con el artículo 5°y 6 del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:
“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
5
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de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito
[…]”.
14. A su vez, la referida norma señala que, por el contrario, este medio de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:
“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no
obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.
15. Esta
Sala de Decisión ha señalado que cualquier ciudadano que considere
amenazado o vulnerado un derecho fundamental puede acudir ante un juez de la
República, para obtener la protección judicial de las garantías constitucionales
conculcadas o amenazadas. Así las cosas, se han establecido como requisitos de
procedencia de la acción de tutela: la legitimación en la causa por activa, la
inmediatez y la subsidiariedad.
VIII.4. El caso concreto
16. Los señores Abelardo De La Espriella y Germán Calderón España, en nombre
propio, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales “[…] a la vida, a la
seguridad e integridad personal de nosotros los accionantes y de todos los
ciudadanos […]”, cuya vulneración le atribuyeron al Presidente de la República por
la “[…] alarmante desfinanciación de las Fuerzas Militares […]”.
17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará: i) el cumplimiento del requisito de
legitimación en la causa por activa, respecto de los accionantes y de “[…] todos los
ciudadanos […]” y ii) la procedencia de la acción de tutela para solicitar unos rubros
con cargo al Presupuesto General de la Nación.
VIII.4.1. De la falta de legitimación en la causa por activa en el caso sub
examine
18. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su
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disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares encargados de la
prestación de un servicio público.
19. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 1991, que se refiere a la
legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:
“[…] LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.
20. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i) cuando
la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es promovida
por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de amparo es
interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa en calidad de
agente oficio del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del agenciado de
actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida por el Defensor
del Pueblo o los personeros municipales.
21. También ha precisado la Corte Constitucional que la legitimación en la causa por
activa “[…] no es otra cosa que el reconocimiento de la titularidad subjetiva de los
derechos fundamentales de quien presenta la acción […]”8 y, en ese mismo sentido,
ha indicado que:
“[…] Desde sus inicios, particularmente en la sentencia T-416 de 1997, la Corte
Constitucional estableció que la legitimación en la causa por activa constituye
un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la
calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en
el proceso de tutela.
Más adelante, la sentencia T-086 de 2010 reiteró lo siguiente con respecto a la
legitimación en la causa por activa como requisito de procedencia de la acción
de tutela:
“Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la
acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra
persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos
fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado
judicial o aun de agente oficioso’.
Asimismo, en la sentencia T-176 de 2011 este Tribunal indicó que la
legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona
que presenta la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto
8 Corte Constitucional, sentencia T–086 de 2010.
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del amparo que se solicita al juez constitucional, de tal forma que fácilmente el
fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del
demandante.
En el mismo sentido se pronunció la Corte en la sentencia T-435 de 2016, al
establecer que se encuentra legitimado por activa quien promueva una acción
de tutela siempre que se presenten las siguientes condiciones: (i) que la
persona actúe a nombre propio, a través de representante legal, por medio de
apoderado judicial o mediante agente oficioso; y (ii) procure la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”9 […]”.
22. En ese sentido, en el supuesto en que quien interponga la acción sea un tercero
obrando en defensa de los intereses de otro, deberá invocar expresamente alguna
de las calidades antes mencionadas, por cuanto, para efectos de determinar si
existe o no legitimación en la causa por activa, al juez le corresponde verificar de
manera precisa quién es el titular del derecho fundamental que está siendo
vulnerado y cuál es el medio a través de cual acude al amparo constitucional 10.
23. Frente al anterior escenario es pertinente precisar que si media representación
por mandato concedido a un profesional del derecho debe allegarse con la demanda
el poder especial que faculta al abogado para actuar en nombre y representación
del afectado11.
24. Finalmente, es importante resaltar que respecto de las personas jurídicas de
derecho público la Corte Constitucional ha precisado que están legitimadas para
impetrar acciones de tutela cuando consideren que se han visto vulnerados o están
siendo amenazados sus derechos fundamentales, siempre que esos derechos por
su naturaleza sean ejercitables por ellas mismas12.
25. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que los accionantes
solicitaron, en nombre propio y de “[…] todos los ciudadanos […]” la protección de
los derechos fundamentales a la vida, seguridad e integridad personal.
26. Con base en los hechos y las pretensiones de la demanda, se observa que más
que la simple intención de amparar unas situaciones de hecho, concretas y
personales, existe por parte de los accionantes el propósito de que se protejan los
derechos de “[…] todos los ciudadanos […]”, razón por la cual, al no haber
acreditado la calidad de representantes o agentes oficiosos de los afectados, no
están facultados para solicitar la protección de sus derechos, al tenor de lo dispuesto
en los artículos 86 de la Constitución Política, el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991 y lo señalado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta
Corporación.
27. En ese orden de ideas, al respecto no es posible abordar el estudio de la tutela
cuando los solicitantes no precisan en forma concreta las personas que se
9 Corte Constitucional, sentencia T–511 de 2017.
10 Corte Constitucional, sentencia T-430 de 2017.
11 Corte. Constitucional, sentencia T-552 de 2006.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-447 de 2011.
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encuentran afectadas o amenazadas por las presuntas omisiones del accionado,
por cuanto el uso de expresiones abstractas o genéricas en este sentido, no se
ajustan, a las exigencias legales del ejercicio de la acción de tutela.
28. Así las cosas, tal como lo consideró el juez de primera instancia, la acción de
tutela se torna improcedente, comoquiera que, la exigencia de la identificación plena
de las personas titulares del derecho constitucional fundamental cuya protección se
reclama en una situación específica, es un requisito esencial para la prosperidad de
la acción de tutela.
29. Porconsiguiente, en lo atinente a este punto de la controversia, se declarará
improcedente esta acción de tutela por la falta de legitimación en la causa por activa
de los accionantes respecto de la solicitud de protección de los derechos de “[…]
todos los ciudadanos […]”.
VIII.4.2. Sobre la solicitud de girar recursos por parte del Gobierno Nacional a
las Fuerzas Militares
30. Los señores Abelardo De La Espriella y Germán Calderón España alegaron la
vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad e integridad
personal, por lo que solicitaron que se “[…] ordene al presidente de la República
Gustavo Petro Urrego a adicionarle los recursos económicos y financieros
necesarios […]”, para así contrarrestar la “[…] alarmante desfinanciación de las
Fuerzas Militares […]”.
31. La Sala pone de presente que la acción de tutela no es un mecanismo idóneo
para buscar que las autoridades cumplan con obligaciones presupuestales.
32. Sobre la procedencia de la acción de tutela, para controvertir temas relacionados
con el presupuesto, la Corte Constitucional ha considerado:
“[…] La Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha señalado que la acción
de tutela no es un mecanismo idóneo para buscar que las autoridades cumplan
con obligaciones presupuestales o ejecuten determinadas partidas, teniendo en
cuenta que muchas veces las apropiaciones y las inversiones requieren una
precisa evaluación de prioridades y de toma de decisiones en una determinada
vigencia fiscal, por parte de las autoridades, nacionales, departamentales,
municipales, distritales, etc.
Si tales prerrequisitos no son claros en un contexto de revisión específico, mal
podría el juez de tutela proceder a ordenar apropiaciones o modificaciones
presupuestales a las autoridades competentes, aduciendo la necesidad de
protección de derechos fundamentales, por las razones antes expuestas. El
juicioso examen de cada situación por parte del juez de instancia será definitivo
para verificar si es procedente o no ordenar tal cumplimiento, cuando de (sic)
cuenta debidamente con esa opción, dentro de un contexto presupuestal
definido […]”13.
13 Sentencia T-174 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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33. De igual manera, en sentencia T-113 de 1994, la Corte Constitucional señaló que:
“[…] Aceptar que el juez de tutela -sin tener certeza sobre la existencia y
disponibilidad actuales del recurso- pudiera exigir de la administración la
ejecución de todo rubro presupuestal en un término tan perentorio, llevaría a un
co-gobierno de la rama judicial en abierta violación del artículo 113 de la Carta
Política, desnaturalizaría el concepto de gestión administrativa y haría
irresponsable al gobierno por la ejecución del Presupuesto, en cuanto
ella pasaría a depender de las determinaciones judiciales […]”14.
34. En ese orden de ideas, para la Sección es claro que la acción tramitada en el
presente proceso no es procedente para procurar el efectivo giro de unos rubros
con cargo al Presupuesto Nacional, pues dicha situación puede ser requerida
mediante los procedimientos propios que ha estipulado la misma Administración
para tal finalidad y el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
35. Es claro entonces que la acción de tutela no es procedente para debatir o
controvertir el giro de recursos, en la medida que es un tema inherente a las
actuaciones propias de la administración y frente a las cuales existen trámites y
procedimientos propios que deben ser verificados por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, teniendo los accionantes mecanismos idóneos diferentes a esta
acción constitucional, para requerir su cumplimiento, máxime cuando no se
identificó una situación concreta y particular de violación o amenaza de los derechos
fundamentales de los accionantes.
36. Por consiguiente, se considera que la acción de tutela es improcedente, como
quiera que no es el mecanismo idóneo para buscar que las autoridades cumplan
con obligaciones presupuestales.
37. Por lo expuesto, se modificará el fallo impugnado que declaró la falta de
legitimación en la causa por activa de los señores Abelardo De La Espriella y
Germán Calderón España y, en su lugar, se dispondrá declarar improcedente esta
acción de tutela por: i) la falta de legitimación en la causa por activa de los
accionantes frente a la presunta vulneración de los derechos fundamentales de “[…]
todos los ciudadanos […]” y ii) porque lo solicitado excede la órbita de competencia
del juez constitucional por ser un asunto que procura por el efectivo giro de unos
rubros a las Fuerzas Militares con cargo al Presupuesto General de la Nación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
14 Sentencia T- 113 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara.
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Accionantes: Abelardo De La Espriella y otro
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 18 de septiembre de 2025, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado. En su lugar, se dispone DECLARAR
IMPROCEDENTE esta acción de tutela, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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