Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04334-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04334-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04334-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
13 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-04334-00
Demandante MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
Demandada SEGUNDA, SUBSECCIÓN D
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales
de procedibilidad de la acción. La subsidiariedad. Medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho. Falta de notificación y
vinculación.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 14 de julio de 20251, el Ministerio de Defensa, Policía Nacional instauró acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D y el Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, defensa,
contradicción y acceso a la administración de justicia de NACIÓN - MINISTERIO DE
DEFENSA - POLICÍA NACIONAL.
SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad de las providencias
judiciales proferidas por el Juzgado Cincuenta (50) Administrativo del Circuito de Bogotá el 10
de agosto de 2022 y por la Sección Segunda – Subsección D del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 01 de agosto de 2024, dentro del expediente 11001334205020170032100.
TERCERA: Que en caso de no prosperar la declaratoria de nulidad, se retrotraigan al momento
procesal oportuno las decisiones contenciosas, ordenando la adecuación e integración del
litisconsorcio necesario con NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA y NACIÓN - MINISTERIO
DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, como quiera que el TRIBUNAL MÉDICO LABORAL DE
REVISIÓN MILITAR Y DE POLICÍA, se encuentra adscrito y pertenece directamente es a
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
CUARTA: Que, de manera subsidiaria en caso de prosperar la anterior pretensión, en virtud
de la protección de los derechos fundamentales alegados, se ordene a las autoridades
judiciales accionadas, vincular y notificar de manera adecuada a la NACIÓN - MINISTERIO
DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL al proceso No. 11001334205020170032100, para que
pueda ejercer plenamente sus derechos procesales desde la etapa correspondiente a la
admisión de la demanda».
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
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Índice 2 en Samai.
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Demandante: Ministerio de Defensa, Policía Nacional
2.1. En el año 2017, el señor Lelio Armando Castellanos Rodríguez interpuso
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Tribunal Médico de
Revisión Militar y de Policía, con el fin de obtener la nulidad del acta 25 de
noviembre de 2016 expedida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar
y de Policía por medio de la cual se ratificaron parcialmente las conclusiones
del acta de la Junta Médica Laboral del 1° de marzo de 1999, entre otras
pretensiones.
A título de restablecimiento del derecho, pidió entre otras, que se reliquidara
la indemnización de la que trata el artículo 37 del Decreto 1796 del 2000,
otorgada a quienes sufrieron una disminución de la capacidad laboral.
2.2. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Cincuenta Administrativo
de Bogotá bajo el radicado 11001-33-42-050-2017-00321-00, que mediante
sentencia de 10 de agosto de 2022 negó las pretensiones de la demanda.
El Juzgado fundamentó su decisión en que no se acreditó ninguna causal de
anulación respecto del acto administrativo demandado que diera lugar a la
modificación del porcentaje de disminución de capacidad laboral determinado
por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía.
Precisó que el dictamen pericial practicado en el medio de control por parte de
la Junta Regional de Calificación de Invalidez no contenía una comparación
con lo determinado en el acto administrativo demandado, no explicó las
razones por las que aumentó el índice de pérdida de capacidad laboral del
demandante y no corroboró el origen de los diagnósticos y las secuelas.
Por consiguiente, el Juzgado concluyó que el aumento de la disminución de la
capacidad laboral establecido en dicho dictamen no podía atribuirse a las
secuelas de las lesiones o diagnósticos calificados por el Tribunal Médico o a
alguna enfermedad degenerativa o derivada de estos últimos.
2.3. El señor Lelio Armando Castellanos Rodríguez interpuso recurso de apelación
contra la providencia de primera instancia.
2.4. Mediante sentencia del 1° de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D revocó la decisión de primer
grado y en su lugar declaró la nulidad del acto acusado y condenó a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional a pagar al señor Lelio
Armando Castellanos Rodríguez el monto de la indemnización de que trata el
artículo 37 del Decreto 1796 de 2000, producto del incremento en el porcentaje
de la pérdida de capacidad laboral.
El Tribunal consideró que sí debía tenerse en cuenta el dictamen proferido por
la Junta Regional de calificación de invalidez de Bogotá, practicado en el curso
del medio de control, pues este se basó en la historia clínica del actor y en los
conceptos médicos y exámenes que le fueron realizados al demandante.
En consecuencia, consideró que la parte actora sí tenía derecho al reajuste de
la indemnización prevista en el artículo 37 del Decreto 1796 de 2000, teniendo
en cuenta los índices de lesión señalados en el dictamen pericial y la
clasificación de las lesiones.
Por lo tanto, profirió la siguiente condena en cabeza de la Policía Nacional:
«TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA
NACIONAL a pagar al señor Lelio Armando Castellanos Rodríguez el monto de la
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Demandante: Ministerio de Defensa, Policía Nacional
indemnización de que trata el artículo 37 del Decreto 1796 de 2000, producto del incremento
en el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral. La liquidación deberá ser calculada
conforme a las tablas contemplada en el artículo 87 del Decreto 094 de 1989, de acuerdo con
el origen de las lesiones».
3. Fundamentos de la acción
La Policía Nacional reprochó que no fue vinculada al medio de control en el que se
le impuso condena. Relató que el auto admisorio de la demanda únicamente se
notificó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía, pero no a la Policía Nacional. Por ende, afirmó que solo
conoció de la existencia del medio de control cuando se radicó cuenta de cobro ante
el Grupo de Pago de Decisiones y Ejecuciones Judiciales de la Policía Nacional
para hacer efectiva la sentencia de segunda instancia, esto es el 30 de abril de
2025.
Su falta de vinculación y conocimiento sobre la existencia del proceso imposibilitó
su defensa y, consecuentemente, esta omisión configura un vicio procedimental.
Aseguró que de habérsele notificado la demanda, habría podido alegar su falta de
legitimación en la causa por pasiva, como eximente de responsabilidad, en tanto
que el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía no está adscrito a la
Policía Nacional, sino directamente al Ministerio de Defensa Nacional, conforme lo
dispone el artículo 2 de la Resolución 821 de 1998 (Por la cual se establece el
procedimiento para el funcionamiento del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía):
«Artículo 2°. Dependencia administrativa. El Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y
de Policía dependerá de la Subsecretaría General del Ministerio de Defensa Nacional, la cual
le brindará el apoyo necesario para el efectivo cumplimiento de sus funciones».
En consecuencia, sostuvo que el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de
Policía depende orgánicamente de la Subsecretaría General del Ministerio de
Defensa Nacional, el cual es totalmente autónomo e independiente de la Policía
Nacional. En consecuencia, carece de competencia para representar judicialmente
a una entidad que no hace parte de su estructura orgánica interna. No obstante lo
anterior, la condena se le impuso a la Policía Nacional.
Por otra parte, manifestó que se cumple con el requisito de inmediatez, puesto que
la acción de tutela se interpuso en un término razonable una vez se conoció de la
existencia del medio de control y la condena impuesta en su contra, es decir desde
que se radicó la cuenta de cobro.
4. Trámite e intervenciones
4.1. Mediante auto de 16 de julio de 2025, se admitió la acción de tutela interpuesta
por el Ministerio de Defensa, Policía Nacional contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y el Juzgado Cincuenta
Administrativo del Circuito de Bogotá; se ordenó notificar en calidad de
terceros con interés al demandante del medio de control, esto es al señor Lelio
Armando Castellanos Rodríguez, al Ministerio de Defensa Nacional, Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público; se reconoció al abogado
de la parte actora como su apoderado judicial; y se dispuso efectuar las
notificaciones correspondientes.
4.2. El señor Lelio Armando Castellanos Rodríguez, actor del medio de
control, indicó que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
instaurada tuvo como objeto controvertir el dictamen proferido por el Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, contenido en el acta 1570-TML
16-2-574 del 25 de noviembre de 2016, mediante la cual dicho órgano ratificó
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Demandante: Ministerio de Defensa, Policía Nacional
las conclusiones emitidas en el acta 0605 del 1 de marzo de 1999, expedida
por la Junta Médico Laboral correspondiente.
Sostuvo que el acto acusado es de naturaleza técnica, médico administrativa
y particular, y fue emitido por un órgano adscrito funcional y jurídicamente al
Ministerio de Defensa Nacional, tal como lo establece el Decreto 094 de 1989
y el Decreto Ley 1796 de 2000, convalidado por el Decreto 533 de 2025; norma
que regula las competencias del Tribunal Médico de Revisión Militar y de
Policía como instancia definitiva dentro del procedimiento de calificación de
pérdida de capacidad laboral para los miembros de la Fuerza Pública.
Asimismo, afirmó que la estructura orgánica del Ministerio de Defensa,
contenida en el Decreto 1512 de 2000, hoy compilada en el Decreto 4890 de
2011, artículo 28, numeral 5, ubica expresamente al Tribunal Médico de
Revisión Militar y de Policía dentro del sector administrativo del Ministerio de
Defensa Nacional, bajo la órbita de la Subdirección General del Ministerio y
principalmente en la Secretaría General. De ahí que el referido tribunal militar
no es una dependencia de las fuerzas militares o de la Policía Nacional. Por lo
tanto, desde el punto de vista del principio de imputabilidad del acto
administrativo, la entidad demandada fue correctamente determinada, esto es,
la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Tribunal de Revisión Militar y de
Policía.
En ese sentido, aseveró que la Policía Nacional no era parte legítima para ser
demandada, ni tenía la calidad de autora del acto administrativo demandado
y, por ende, carecía de legitimación por pasiva para ser demandada en el
medio de control. Por lo tanto, consideró que no se configura causal de nulidad
alguna o vulneración del debido proceso.
Por otro lado, sostuvo que no se cumple con el requisito de inmediatez de la
acción de tutela contra providencia judicial, ya que el fallo fue proferido el 1 de
agosto de 2024 y ejecutoriado el 9 de agosto de ese mismo año. No obstante,
la presente acción de tutela se interpuso casi un año después de la ejecutoria
de la sentencia, sin justificar adecuadamente las razones de tal tardanza. A su
juicio, la inactividad prolongada por parte de la Policía Nacional desvirtúa la
urgencia del amparo constitucional y evidencia que no se encuentra frente a
una situación de inminente violación de derechos fundamentales.
4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D manifestó que no se cumple el requisito de inmediatez de la
acción de tutela, debido a que la sentencia de segunda instancia fue notificada
el 5 de agosto de 2024 a los correos tanto del Ministerio de Defensa Nacional
como de la Policía Nacional. Desde ese momento hasta la presentación de la
acción han transcurrido más de 10 meses.
Sostuvo que si en gracia de discusión se encontrara satisfecho tal requisito, lo
cierto es que el juzgado de primera instancia admitió la demanda contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Tribunal Médico Laboral Militar y de
Policía y libró los oficios dirigidos a la Policía Nacional y al Tribunal Médico
Laboral Militar y de Policía, cuya notificación se surtió al correo del Ministerio
de Defensa Nacional.
Asimismo, subrayó que ni la Policía Nacional ni el Tribunal Médico Militar
tienen personería jurídica para actuar por sí solos; por el contrario, de
conformidad con el artículo 159 de la Ley 1437 de 2011 «La entidad, órgano u
organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el Ministro, Director de
Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil,
Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la
Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el
hecho».
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En esa medida indicó que es la Nación, Ministerio de Defensa Nacional la que
ejerce la representación de los intereses de la entidad accionante. Justamente,
en el caso la notificación de las providencias se surtió a dicha autoridad, por lo
cual la accionante debía actuar a través del mencionado ministerio, en
consideración a que aquella fue notificada de la demanda.
Explicó que la condena impuesta fue dirigida a la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional, dado que fue en esta última institución
donde laboró el señor Castellanos Rodríguez y por ende era la entidad
encargada de reliquidar o reconocer la indemnización por disminución de la
capacidad psicofísica con base en el aumento del porcentaje de la pérdida de
capacidad laboral e índices de lesión señalados en el dictamen pericial
decretado y practicado en el proceso y la clasificación de las lesiones.
Por las razones presentadas, solicitó declarar improcedente la acción.
4.4. El Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá sostuvo que en el escrito
de tutela la parte actora admitió que el Tribunal Médico Laboral de Revisión
Militar y de Policía se encuentra adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.
Consecuentemente, afirmó que la vinculación de esa cartera fue suficiente
para dictar sentencia de fondo en el proceso ordinario. E indicó que si existiera
alguna inconsistencia o irregularidad procesal, esta no le sería atribuible,
puesto que la demanda se admitió en contra de la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía en
concordancia con lo expuesto por la parte accionante.
Subrayó que la parte demandante únicamente solicitó la declaratoria de
nulidad del acta emitida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de
Policía, mas no solicitó la misma consecuencia respecto del acta emitida por
la Junta Médica Laboral, razón por la cual solo se requería la vinculación del
Ministerio de Defensa.
Consideró que de conformidad con lo previsto en el artículo 159 de la Ley 1437
de 2011 la representación debe ser ejercida por el Ministerio de Defensa
Nacional en su condición de cabeza máxima de la Nación, como persona
jurídica demandada.
Por otro lado, sostuvo que no se cumple con el requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela de inmediatez, porque desde la
notificación de la sentencia de segunda instancia a la interposición de la acción
de tutela transcurrieron alrededor de 11 meses sin razón que justificara tal
dilación.
Sostuvo que tampoco se cumple con el requisito de subsidiariedad, porque el
numeral 4º del artículo 210 de la Ley 1437 de 2011 contempla la posibilidad
de promover incidentes de nulidad inclusive después de haberse emitido
sentencia y confiere al juez la posibilidad practicar pruebas o adelantar una
audiencia especial para resolver la solicitud de nulidad.
A su vez, afirmó que la parte actora también puede acudir al recurso
extraordinario de revisión que resulta procedente, entre otras causales,
cuando exista nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
(numeral 5º artículo 250 de la Ley 1437 de 2011) . Sobre dicha causal, se refirió a
la sentencia de 10 de julio del 2019, radicado 11001-33-36-034-2012-00170-
01 del Consejo de Estado en la que se indicó que la nulidad originada en la
sentencia se presenta cuando se condena a quien no ha sido parte en el
proceso, pues en ese evento se pretermite la instancia.
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Por consiguiente, aseveró que la parte actora cuenta con mecanismos
ordinarios de defensa para alegar las presuntas irregularidades puestas en
conocimiento a través de la acción de tutela.
Con base en lo expuesto, solicitó se declare la improcedencia de la acción de
tutela o en su defecto se abstenga de imponer órdenes a su cargo.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 3, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Delimitación el análisis y planteamiento del problema jurídico
3.1. Con base en los antecedentes expuestos, y por tratarse de una tutela contra
providencia judicial, le corresponde a la Sala establecer si se cumplen a
cabalidad los requisitos generales de procedencia de este mecanismo contra
providencias judiciales, concretamente el de la subsidiariedad.
Solo en caso de superar dicho análisis, y de cumplirse los demás requisitos
generales de procedibilidad, la Sala determinará si al proferir la sentencia de
1 de agosto de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D incurrió en los defectos propuestos por la parte actora.
3.2. Se precisa que la Sala no efectuará análisis de inmediatez, debido a que la
inconformidad principal de la Policía Nacional consistió en su presunta falta de
notificación y vinculación al medio de control y la posterior condena impuesta
a su cargo. Lo anterior es relevante, en la medida en que ese requisito de
procedibilidad parte de la premisa de que la providencia judicial atacada a
través de la acción de tutela fue debidamente notificada a las partes. De hecho,
el estudio de este requisito se efectúa tomando como punto de referencia la
notificación de la sentencia o su ejecutoria. Por ende, si la parte no fue
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notificada y menos aún vinculada al debate judicial, no podría exigírsele la
interposición de la acción de tutela en el lapso dispuesto jurisprudencialmente,
dada su presunta falta de conocimiento.
4. Alcance del requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de subsidiariedad. Esa
norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».
A su turno, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Según esas normas, la subsidiariedad hace referencia a que la acción de tutela solo
procede cuando no existen otros medios de defensa idóneos para amparar los
derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea necesario para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo
transitorio de protección. De esta forma, se busca que los mecanismos ordinarios
de defensa para la protección de los derechos no sean desplazados o suplantados
por la acción de tutela.
Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción de
tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en
función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra
el solicitante. En ese estudio también debe analizarse la existencia o no de un
perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales
del actor.
Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha manifestado lo
siguiente:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección
del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria.
La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario
para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin
de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales (…)» 2.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe probar
que se agotaron los recursos que tenía a su disposición pues, de lo contrario, la
tutela deviene improcedente.
2
Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.
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5. Análisis del caso
5.1. Explicado lo anterior, la Sala considera que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, porque en el caso existen mecanismos de defensa judicial
previstos por el ordenamiento jurídico para alegar la falta de vinculación y
notificación a un proceso judicial.
Entre estos se encuentra el incidente de nulidad previsto en el artículo 2093 de
la Ley 1437 de 2011. Entre las causales que dan lugar a la nulidad, justamente,
se encuentra la falta de notificación del auto admisorio. El artículo 133, numeral
8 del Código General del Proceso, aplicable en virtud del artículo 208 4 de la
Ley 1437 de 2011, dispone lo siguiente:
«8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a
personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder
en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en
debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado».
Sobre la oportunidad para proponer la nulidad, el artículo 134 del Código
General del Proceso establece que «Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de
las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en
ella» (Negrillas propias). E incluso tal norma permite alegar la causal de nulidad
por indebida representación o falta de notificación como excepción en la
ejecución de la sentencia5.
Igualmente, el ordenamiento jurídico consagra el recurso extraordinario de
revisión regulado en los artículos 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. El
artículo 250, numeral 5, de tal ley establece como causal de revisión la
siguiente: «5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación». Jurisprudencialmente, el Consejo de Estado
ha establecido cuándo se configura la nulidad originada en la sentencia y uno
de los eventos en que esto sucede es cuando se condena a quien no ha sido
parte en el proceso, porque en ese supuesto se pretermite íntegramente la
instancia.
Al respecto, en sentencia de 8 de mayo de 2018, radicado 11001-03-15-000-
1998-00153-01, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado se refirió a ese evento en los siguientes términos:
«Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad
con la disposición referida, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el juez
jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna otra actuación, se dicta
nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, o sin más actuación
se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, porque así se
revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta sentencia como única actuación,
sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o
cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena a quien no ha
sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se pretermite
íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en
éstos casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre otros eventos» (Negrillas
propias).
3
Ley 1437 de 2011. Artículo 209: «INCIDENTES. Solo se tramitarán como incidente los siguientes asuntos: 1. Las
nulidades del proceso».
4
Ley 1437 de 2011. Artículo 208: «NULIDADES. Serán causales de nulidad en todos los procesos las señaladas en el
Código de Procedimiento Civil y se tramitarán como incidente».
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Código General del Proceso. artículo 134 «OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. La nulidad por indebida representación o falta
de notificación o emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podrá
también alegarse en la diligencia de entrega o como excepción en la ejecución de la sentencia»
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04334-00
Demandante: Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Con base en lo expuesto, la Sala considera que existen mecanismos de
defensa judicial que le permiten a la parte actora alegar su falta de notificación
y vinculación al medio de control, sea a través del incidente de nulidad ante el
juez de la causa o del recurso extraordinario de revisión.
5.2. Con todo, es preciso observar que se pueden presentar casos excepcionales
en los que a pesar de la existencia de otro medio de defensa judicial es posible
que la tutela proceda como mecanismo transitorio. Y esto obedece a que la
existencia de un medio judicial no necesariamente significa la improcedencia
de la acción de tutela.
Sin embargo, en el caso no se configuran tales eventos excepcionales. Para
la Sala, el incidente de nulidad y el recurso extraordinario de revisión son
idóneos y eficaces para el propósito indicado en el escrito de tutela, en el
marco de los cuales la parte actora cuenta con las garantías y herramientas
que le provee el debido proceso que caracteriza el proceso judicial.
Ahora bien, en el caso no existe un perjuicio irremediable en los términos
dispuestos por la jurisprudencia constitucional, es decir una afectación grave,
inminente y que requiera medidas impostergables, pues la ley permite alegar
la causal de nulidad en cualquier tiempo, incluso después de proferida la
sentencia, tratándose de nulidad originada en la sentencia. También es posible
alegar la falta de vinculación como excepción en la ejecución de la sentencia.
Esta circunstancia denota que el asunto no implica una situación irremediable,
pues a través de los mecanismos de defensa que contempla el ordenamiento
jurídico es posible subsanar el error, en caso de existir.
Por lo tanto, se considera que en el caso no se configuran las condiciones
necesarias para que la tutela proceda como mecanismo transitorio, pues no
se advierte la falta de idoneidad o ineficacia ni del incidente de nulidad ni del
recurso extraordinario de revisión.
A causa de lo anterior, se debe concluir que no existe razón válida que permita
la procedencia excepcional de la tutela en el caso.
5.3. Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de cosa juzgada, independencia, autonomía funcional y juez natural.
Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la subsidiariedad.
En consecuencia, si los requisitos generales de procedibilidad no se cumplen,
no hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los
presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente,
proseguir al segundo estadio de análisis consistente en determinar si las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos planteados por
el tutelante.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala concluye que no se satisface el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela, dada la existencia de otros mecanismos de
defensa judicial que le permiten a la parte actora exponer la inconformidad ventilada
a través de la acción de tutela.
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela.
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Demandante: Ministerio de Defensa, Policía Nacional
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por el Ministerio
de Defensa, Policía Nacional, dadas las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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