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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04338-01

Fecha
13 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04338-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de agosto de 2025, dictada por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2025-04338-01 Accionante: Hugo Alberto Gnecco Arregocés

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04338-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

13 de noviembre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04338-01
Accionante: Hugo Alberto Gnecco Arregocés

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04338-01
Accionante: HUGO ALBERTO GNECCO ARREGOCÉS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Tesis: La acción de tutela es improcedente por falta de
legitimación por activa cuando la parte actora no
acredita poder expedido por las personas interesadas,
ni actúa en calidad de agente oficioso.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
providencia dictada por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado el 15 de agosto de 2025.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El señor Hugo Alberto Gnecco Arregocés solicitó el amparo del
derecho fundamental al debido proceso de María Eugenia Cotes Gómez,
Andrés Felipe Gnecco Cotes, Santiago Miguel Gnecco Cotes, Isabel
Cristina Gnecco Mendoza y Stefani Katerin Gnecco González, que estima
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Magdalena, con ocasión del
proveído del 14 de mayo de 2025, dictado dentro del proceso de
reparación directa núm. 47001-33-33-004-2024-00295-01.

1.2. En la referida demanda, los señores Hugo Alberto Gnecco Arregocés,
María Eugenia Cotes Gómez, Andrés Felipe Gnecco Cotes, Santiago Miguel
Gnecco Cotes, Isabel Cristina Gnecco Mendoza y Stefani Katerin Gnecco
González solicitaron que se declarara responsable a la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa

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Accionante: Hugo Alberto Gnecco Arregocés

Marta y al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Aseguramiento de Santa Marta, por los perjuicios causados con ocasión de
la privación de la libertad que sufrió el señor Gnecco Arregocés por un
periodo de 4 años, 11 meses y 28 días.

1.3. La demanda correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo de Santa
Marta, quien en proveído del 15 de noviembre de 2024 la inadmitió y
concedió el término de 10 días para que fuera subsanada. Luego, en auto
del 12 de diciembre de 2024, admitió la demanda únicamente en relación
con el señor Hugo Alberto Gnecco Arregocés, y la rechazó respecto de
María Eugenia Cotes Gómez, Andrés Felipe Gnecco Cotes, Santiago Miguel
Gnecco Cotes, Isabel Cristina Gnecco Mendoza y Stefani Katerin Gnecco
González, por no haber sido subsanada, con fundamento en el numeral
2º del artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA)1.

1.4. Contra la anterior decisión la parte demandante presentó recurso de
apelación y, en proveído del 14 de mayo de 2025, el Tribunal
Administrativo del Magdalena confirmó el rechazo, con fundamento en
que la demanda no fue corregida conforme lo ordenado en el auto de
inadmisión.

1.5. El accionante sostuvo en la demanda de tutela que la decisión objeto
de debate no tuvo en cuenta el recurso de apelación, toda vez que
no se consideró la subsanación de la demanda que fue realizada dentro
del término concedido, en la que fue corregido el defecto por el que se
inadmitió, esto es, anexando los poderes debidamente firmados y
autenticados ante notario por los señores María Eugenia Cotes Gómez,
Andrés Felipe Gnecco Cotes, Santiago Miguel Gnecco Cotes, Isabel
Cristina Gnecco Mendoza y Stefani Katerin Gnecco González.

1
“ARTÍCULO 169. RECHAZO DE LA DEMANDA. <Ver Notas del Editor> Se rechazará la demanda y se ordenará
la devolución de los anexos en los siguientes casos:
(…)
2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente
establecida”.

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1.6. El accionante citó apartes de la sentencia T-286 de 2013 de la Corte
Constitucional, en la cual se establece el derecho fundamental al debido
proceso administrativo y a la defensa, así como la obligación de tramitar
los recursos presentados dentro de los términos legales. Asimismo, hizo
referencia a un proceso originado en la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia, contenido en el expediente T-3.748.679, donde se destacó la
vulneración del derecho al debido proceso en la tramitación del recurso
de apelación. Además, citó apartes de la sentencia T-083 de marzo 17 de
1998.

Se refirió a la sentencia “2014-02189 de 2019” del Consejo de Estado, y
al fallo del 18 de julio de 2011, dictado por la Sección Cuarta de esta
corporación dentro del expediente núm. 11001-03-27-000-2006-00044-
00 (16191)2, las cuales, según el accionante, respaldan sus argumentos
frente a la vulneración de derechos fundamentales por parte de la decisión
cuestionada, pues tratan sobre los derechos al debido proceso y a la doble
instancia, así como sobre las garantías mínimas en el procedimiento
administrativo y los derechos fundamentales aplicables en estas
actuaciones, que fueron desconocidos por la autoridad judicial accionada.

1.7. Con base en los anteriores argumentos, formuló las siguientes
pretensiones:

“Honorable Magistrado ponente, sírvase proferir decisión constitucional de
primera instancia con arreglo a los parámetros del Debido Proceso enmarcados
en el artículo 29 de la constitución política de Colombia, declarando NULA, de
NULIDAD ABSOLUTA la providencia de fecha mayo 14 de 2025 proferida por la
sala en pleno de lo contencioso administrativo del Tribunal del magdalena,
conformada por los magistrados MARIA VICTORIA QUIÑONEZ TRIANA, ADONAY
FERRARI PADILLA y ELSA MIRELLA REYTES CASTELLANO y, ordenando en su
lugar proferir una nueva decisión con arreglo a derecho anulando el artículo
segundo de la providencia de fecha Diciembre 12 de 2024 y profiriendo un nuevo
artículo dentro de ese marco resolutivo, admitiendo la demanda de MARIA
EUGENIA COTES GOMEZ, ANDRES FELIPE GNECCCO COTES, SANTIAGO MIGUEL
GNECCO COTES e ISABEL CRISTINA GNECCO MENDOZA quienes persiguen la
indemnización por perjuicios morales sufridos como lo relatan los hechos en este
libelo constitucional.

2 Bajo la ponencia del Magistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

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Honorable magistrado ponente, nuestra reclamación constitucional deviene
principalmente de la inexistencia normativa diferente para reclamar la
indemnización por los perjuicios morales sufridos por MARIA EUGENIA COTES
GOMEZ, ANDRES FELIPE GNECCCO COTES, SANTIAGO MIGUEL GNECCO COTES
e ISABEL CRISTINA GNECCO MENDOZA, con ocasión a que contra las decisiones
judiciales enunciadas renglones anteriores no procede recurso alguno y, también
por ser amparad(a)os por la jurisprudencia y la doctrina Colombiana como podrá
observarse en el acápite siguiente de este libelo supra legal”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto del 16 de julio de 2025, el a quo admitió la tutela y
dispuso la vinculación, en calidad de terceros con interés directo, de la
Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, del Juzgado Primero de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta, del Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta, del Juzgado
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta, del
Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta y de los señores María
Eugenia Cotes Gómez, Andrés Felipe Gnecco Cotes, Santiago Miguel Gnecco
Cotes, Isabel Cristina Gnecco Mendoza y Stefani Katerin Gnecco González.

2.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial manifestó que
carece de competencia para intervenir en las decisiones que adoptan
jueces y magistrados. Por tal motivo, no participó en el debate
contradictorio ordinario y estimó que no se justifica su presencia en el
proceso. Además, indicó que el actor no precisó los defectos que, en su
opinión, afectarían la providencia impugnada, ni allegó pruebas idóneas
que sustentaran sus afirmaciones, lo cual revela que pretendía reabrir un
debate de naturaleza estrictamente procesal.

2.3. Los señores Santiago Miguel Gnecco Cotes e Isabel Cristina
Gnecco Mendoza manifestaron en su contestación que, por intermedio de
apoderado, dentro del término legal y previa presentación personal ante
Notario del Círculo de Santa Marta, subsanaron las deficiencias del poder
otorgado en el proceso de reparación directa. Sin embargo, dicha corrección
no fue valorada por el juez de segunda instancia. Por este motivo, su padre,

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el señor Hugo Alberto Gnecco Arregocés interpuso la acción de tutela para
que se les reconozca su calidad de demandantes.

2.4. El Tribunal Administrativo del Magdalena resumió las actuaciones
en segunda instancia y concluyó que no se vulneraron los derechos
fundamentales del accionante, pues los poderes aportados en la demanda
de reparación directa no cumplían con los requisitos del artículo 5 de la Ley
2213 de 2022 ni del artículo 74 del Código General del Proceso. Por ello,
determinó que el apoderado de los demandantes no subsanó
adecuadamente la demanda en lo relacionado con los poderes otorgados
por María Eugenia Cotes Gómez, Andrés Felipe Gnecco Cotes, Santiago
Miguel Gnecco Cotes, Isabel Cristina Gnecco Mendoza y Stefani Katerin
Gnecco González, razón por la cual confirmó la decisión de primera
instancia.

2.5. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Santa Marta solicitó ser desvinculada del trámite constitucional, con
fundamento en que no tuvo participación en los hechos que dieron origen
a la solicitud de amparo.

2.6. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Santa Marta, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Santa Marta, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Santa Marta, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Santa Marta y los señores María Eugenia Cotes Gómez, Andrés Felipe
Gnecco Cotes y Stefani Katerin Gnecco González, vinculados al trámite
constitucional, guardaron silencio.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo del 15 de agosto de 2025, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo
debido a la falta de legitimación en la causa por activa del señor Hugo
Alberto Gnecco Arregocés. Sostuvo que el accionante no estaba legitimado

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para actuar en representación de sus familiares como agente oficioso, ni
existía un poder que lo facultara para presentar la acción de tutela en su
nombre. Además, no se demostró que las personas cuyos derechos se
alegaban vulnerados estuvieran imposibilitadas para interponer la acción
por sí mismas.

Asimismo, la Sala consideró que, aunque los titulares de los derechos
fundamentales no presentaron inicialmente la tutela, en el trámite del
proceso allegaron memoriales relacionados con el caso, pero en estos no
hicieron referencia a una situación que evidenciara la vulneración de sus
garantías fundamentales, ni invocaron circunstancias que justificaran la
representación por parte del señor Hugo Alberto Gnecco Arregocés.

Igualmente se pronunció respecto de la solicitud de desvinculación del
trámite constitucional presentada por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Santa Marta y decidió acceder a la misma con
fundamento en que no fue señalada como demandada en el proceso
ordinario ni en la solicitud de amparo. Empero, negó la solicitud de
desvinculación formulada por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.

IV. IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y alegó que
esta incurrió en un error grave al declararlo sin legitimación para actuar en
la presente acción de tutela, pues él reclama la protección de los derechos
fundamentales y del derecho a obtener la indemnización del daño moral de
su núcleo familiar. Consideró que la acción de tutela puede ser ejercida por
cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales,
conforme al artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991, lo que legitima su
actuación directa o por intermedio de apoderado.

Solicitó que se revoque la decisión impugnada y que se profiera nueva
sentencia, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, que

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reconozca su legitimación en la causa por activa y el derecho a la
indemnización por perjuicios morales ocasionados por decisiones judiciales
erróneas de la jurisdicción ordinaria penal.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

5.2. ANÁLISIS DE LA SALA

5.2.1. El inciso primero del artículo 86 de la Constitución Política prevé el
derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí o por
quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
fundamentales cuando éstos resulten amenazados o vulnerados.

A su turno, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales
podrá ejercer acción tutela por sí misma, por representante, o a través
de un agente oficioso, cuando el titular de los derechos vulnerados o
amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

La Corte Constitucional ha explicado que la legitimación en la causa por
activa “no es otra cosa que el reconocimiento de la titularidad subjetiva
de los derechos fundamentales de quien presenta la acción” 3 y, en ese
mismo sentido, ha indicado que4:

“Desde sus inicios, particularmente en la sentencia T-416 de 1997, la Corte
Constitucional estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad

3
Sentencia T–086 de 2010 (M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
4 Sentencia T–511 de 2017 (M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado).

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subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso
de tutela.

Más adelante, la sentencia T-086 de 2010 reiteró lo siguiente con respecto a la
legitimación en la causa por activa como requisito de procedencia de la acción de
tutela:

‘Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la
acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona.
Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda
lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente
oficioso’.

Asimismo, en la sentencia T-176 de 2011 este Tribunal indicó que la legitimación
en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que presenta la
acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se
solicita al juez constitucional, de tal forma que fácilmente el fallador pueda
establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante.

En el mismo sentido se pronunció la Corte en la sentencia T-435 de 2016, al
establecer que se encuentra legitimado por activa quien promueva una acción de
tutela siempre que se presenten las siguientes condiciones: (i) que la persona
actúe a nombre propio, a través de representante legal, por medio de apoderado
judicial o mediante agente oficioso; y (ii) procure la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales”.

En ese orden de ideas, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
cuando una persona actúa por sí misma o pretende representar a otra en
procura de proteger sus derechos fundamentales, la legitimación en la
causa por activa está determinada por la titularidad de los derechos
fundamentales que se invocan en la acción de tutela, y en caso de
representación, por la presentación de los documentos que la acrediten.

5.2.2. Caso concreto

En el sub lite, la Sala advierte que la demanda de reparación directa núm.
47001-33-33-004-2024-00295-01 fue promovida por los señores Hugo
Alberto Gnecco Arregocés, María Eugenia Cotes Gómez, Andrés Felipe
Gnecco Cotes, Santiago Miguel Gnecco Cotes, Isabel Cristina Gnecco
Mendoza y Stefani Katerin Gnecco González, por intermedio de
apoderado. Empero, solo fue admitida respecto del primero de los
mencionados y rechazada en relación con los demás, en proveído que fue
confirmado por el Tribunal Administrativo del Magdalena a través de auto
del 14 de mayo de 2025.

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A su vez, la presente acción de tutela fue instaurada directamente por el
Hugo Alberto Gnecco Arregocés, quien solicitó la protección del derecho
fundamental al debido proceso de los señores María Eugenia Cotes
Gómez, Andrés Felipe Gnecco Cotes, Santiago Miguel Gnecco Cotes,
Isabel Cristina Gnecco Mendoza y Stefani Katerin Gnecco González, que
estimó vulnerado por la providencia referida, que rechazó la demanda
instaurada por ellos.

Para la Sala es evidente que el amparo solicitado recae específicamente
sobre los derechos fundamentales de las personas en relación con las
cuales fue rechazada la demanda, y no sobre los del señor Gnecco
Arregocés, comoquiera que respecto de él el proceso de reparación directa
continúa. Ahora, el accionante aduce que actúa en defensa de los
derechos fundamentales ellos, quienes integran su núcleo familiar;
empero, no interpuso la demanda con fundamento en un poder ni actuó
en calidad de agente oficioso.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991, la tutela puede interponerse también por intermedio de un
agente oficioso, cuando el titular de los derechos vulnerados o
amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa; pero
tal situación debe ser puesta de presente desde la interposición de la
solicitud, situación que no ocurrió en el sub lite, pues al respecto nada se
dijo en la demanda. Además, no hay prueba alguna en el expediente que
demuestre que los señores María Eugenia Cotes Gómez, Andrés Felipe
Gnecco Cotes, Santiago Miguel Gnecco Cotes, Isabel Cristina Gnecco
Mendoza y Stefani Katerin Gnecco González, por condiciones personales,
no hubiera podido promover su propia defensa.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala comparte lo decidido por el a quo y
considera, al igual que este, que el señor Hugo Alberto Gnecco Arregocés
carece de legitimación en la causa por activa, toda vez que no es titular

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de los derechos cuya protección se solicita, ni actúa en calidad de agente
oficioso.

Ahora, los señores María Eugenia Cotes Gómez, Andrés Felipe Gnecco
Cotes y Stefani Katerin Gnecco González, vinculados en calidad de
terceros con interés directo dentro de este trámite constitucional,
guardaron silencio. A su vez, los señores Santiago Miguel Gnecco Cotes e
Isabel Cristina Gnecco Mendoza presentaron memoriales en respuesta a
la vinculación efectuada, pero no manifestaron que estuvieran en una
situación de vulnerabilidad ni en la necesidad de ser agenciados. Tampoco
allegaron poder alguno mediante el cual se facultara al actor o a un
apoderado judicial para ejercer la acción constitucional en su nombre.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala confirmará el fallo impugnado, que
declaró la improcedencia del amparo al constatar la ausencia de
legitimación en la causa por activa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de agosto de 2025, dictada
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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