Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04370-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04370-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04370-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
6 de octubre de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá, seis (6) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04370-01
Demandante: HEMOR ANDRÉS SAIBIS ORTIZ
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y
OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: el actor cuestionó la providencia que confirmó el fallo que lo sancionó
disciplinariamente por su conducta como apoderado judicial. Alegó la configuración de un
defecto fáctico por considerar que la autoridad judicial omitió valorar pruebas relevantes
que, a su juicio, desvirtuaban la imputación. La Sala confirmará la sentencia que declaró
improcedente la acción de tutela, en cuanto a que los cargos son una reiteración de los
argumentos formulados en el proceso disciplinario.
La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante en contra de la
sentencia de 28 de agosto de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado en la que se decidió:
“PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela
presentada por el señor Hemor Andrés Saibis Ortiz, contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Córdoba, por no satisfacer los requisitos de subsidiariedad y
de relevancia constitucional. (...)”. (negrillas del original – archivo disponible
en medio magnético en el índice 00019 del aplicativo SAMAI)
I. ANTECEDENTES
El actor promovió proceso de acción de tutela1 para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso, defensa2 y dignidad consagrados en los
artículos 29 y 1 de la Constitución Política, en contra de las decisiones adoptadas
1
Mediante escrito presentado el 17 de julio de 2025.
2
Sobre el derecho fundamental a la dignidad ver la sentencia C-994 de 2006, entre otras.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04370-01
Demandante: Hemor Andrés Saibis Ortiz
Acción de tutela – Impugnación de fallo
en el proceso disciplinario no. 23001-25-02-000-2023-00677-(00-01-02); en
concreto, cuestionó las sentencias del 4 de diciembre de 2024 y 23 de abril de 2025,
mediante las cuales la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la
declaratoria de responsabilidad por la comisión de las faltas previstas en los
artículos 32 y 30.3 de la Ley 1123 de 2007, respectivamente.
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) En el año 2016, la señora Glenis del Socorro González Galván otorgó poder al
actor para que la representara en un proceso de sucesión intestada, adelantado
ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cereté.
2) El 19 de mayo de 2023, durante una reunión en la oficina del abogado en la cual
participaron varios herederos y terceros interesados en la negociación de un
inmueble, se produjo una discusión en la cual el profesional dirigió expresiones
injuriosas a su clienta y, según la quejosa, llegó incluso a empuñar un cuchillo
durante el altercado.
3) Con ocasión de esos hechos, el 22 de junio de 2023 la señora González Galván
formuló queja disciplinaria contra el abogado, lo cual dio lugar al proceso con el
número de radicación 23001-25-02-000-2023-00677 que adelantó la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba.
4) En audiencia de pruebas y calificación celebrada el 2 de mayo de 2024, la
Comisión Seccional formuló cargos en contra del ahora actor por la falta prevista en
el artículo 323 de la Ley 1123 de 2007, consistente en injuriar a una persona que
interviene en un asunto profesional y decretó la terminación parcial anticipada
respecto de otras imputaciones, entre ellas, el episodio del cuchillo, en aplicación
3
“Artículo 32. Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las
autoridades administrativas:
Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que
intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los
medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas.”.
3
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Demandante: Hemor Andrés Saibis Ortiz
Acción de tutela – Impugnación de fallo
del principio del in dubio pro disciplinado; esa decisión en concreto fue apelada por
la quejosa.
5) De manera paralela, mediante sentencia del 6 de junio de 2024 (23001-25-02-
000-2023-00677-00), la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba
impuso al abogado la sanción de suspensión por 8 meses en el ejercicio profesional
y multa de 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras hallarlo responsable
de la citada falta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, en concurso con
el incumplimiento del deber previsto en el artículo 28.7 ibidem4, todo ello a título de
dolo.
6) Mediante providencia del 26 de junio de 2024, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial resolvió la apelación presentada por la quejosa en contra de la audiencia
de pruebas y calificación del 2 de mayo de 2024; revocó la terminación parcial
anticipada y ordenó a la Comisión Seccional continuar con la actuación por la
posible comisión de la falta prevista en el artículo 30.3 de la Ley 1123 de 2007.
7) El actor apeló5 la sentencia sancionatoria del 6 de junio de 2024 y, mediante
sentencia del 4 de diciembre de 2024 (23001-25-02-000-2023-00677-02), la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó íntegramente la declaratoria de
responsabilidad disciplinaria y la sanción impuesta porque encontró acreditado que,
en una reunión celebrada el 19 de mayo de 2023, en presencia de varios asistentes,
el abogado dirigió expresiones injuriosas en contra de su clienta, lo cual representó
un comportamiento contrario al decoro profesional y a la obligación de mesura y
respeto exigido por la normativa ética de la abogacía.
4
“Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: (...)
7. Observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores
públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que
intervengan en los asuntos de su profesión.”.
5
El actor alegó que había hecho un acto de retractación en audiencia y que, por tanto, debía
extinguirse la responsabilidad disciplinaria y manifestó que hubo un cruce de insultos y que la sanción
no podía recaer solo sobre él, pues la clienta también lo había injuriado y por ello su conducta debía
entenderse como una reacción legítima frente a sus provocaciones, en ejercicio del derecho de
defensa.
Finalmente, pidió que, en caso de mantenerse la condena, se moderara la sanción, por considerarla
excesiva frente a los hechos y teniendo en cuenta que no tenía antecedentes disciplinarios.
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Demandante: Hemor Andrés Saibis Ortiz
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8) En cumplimiento de lo ordenado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
en la providencia del 26 de junio de 2024, la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Córdoba profirió una segunda sentencia el 18 de septiembre de 2024
(23001-25-02-000-2023-00677-01), en la cual declaró nuevamente responsable al
disciplinado, esta vez por la falta del artículo 30.36 de la Ley 1123 de 2007 en
concurso con el deber del artículo 28.7, también a título de dolo, por lo cual le impuso
una sanción de suspensión por 8 meses y multa de 6 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
9) Contra esa providencia, el disciplinado interpuso recurso de apelación7, resuelto
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial mediante sentencia del 23 de abril
de 2025, en la cual confirmó en su totalidad la decisión, con fundamento en que la
conducta del disciplinado encajaba en el verbo rector “intervenir” de la falta
endilgada, por cuanto en la reunión del 19 de mayo de 2023, sacó de su escritorio
una “chambeta” y la apuntó a su clienta, mientras esta levantaba unas tijeras, lo cual
constituía una intervención activa en un altercado ocurrido en el marco de un asunto
profesional.
10) Si bien la defensa alegó que la reunión tuvo lugar en un espacio privado, la
autoridad demandada precisó que el elemento de “público” se cumplió porque había
varias personas presentes (la clienta, familiares y terceros), lo cual bastaba para
configurar un escándalo o riña en el sentido disciplinario.
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“Artículo 30. Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión: (...)
3. Provocar o intervenir voluntariamente en riñas o escándalo público originado en asuntos
profesionales.”.
7
En esa oportunidad el actor resaltó que, en toda su trayectoria profesional, nunca había recibido
sanciones ni amonestaciones lo cual evidenciaba que la sanción impuesta resultaba
desproporcionada, máxime cuando ya había sido sancionado previamente en el mismo expediente.
Alegó que los hechos no configuraban dolo, pues la agresión se habría originado por parte de la
quejosa, quien, según él, tomó unas tijeras con intención de agredirlo y su reacción fue únicamente
exhibir un corta papeles que tenía en su escritorio, elemento que no podía calificarse como un arma
con capacidad real de producir el daño que se le imputaba.
Añadió que esa versión fue respaldada por el testimonio de la señora Ana Joaquina López Petro,
quien señaló que la señora Glenis del Socorro González Galván había intentado atacarlo con unas
tijeras; también sostuvo que la ausencia de dolo se corroboraba en que no fue condenado en la
acción penal que la quejosa promovió en su contra.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04370-01
Demandante: Hemor Andrés Saibis Ortiz
Acción de tutela – Impugnación de fallo
11) Finalmente, señaló que el comportamiento del aquí demandante vulneró el
deber profesional de mesura, respeto y ponderación porque el uso de un cuchillo en
el marco de una discusión con la clienta resultaba incompatible con los estándares
deontológicos y no podía justificarse bajo ninguna causal de exclusión; además, el
disciplinado conocía la ilicitud de su conducta y, no obstante, decidió sacar y apuntar
un arma blanca en medio de una reunión profesional, acción que evidenciaba el
elemento volitivo necesario para atribuirle responsabilidad.
2. Los fundamentos de la vulneración
El demandante señaló, en términos generales, que las providencias proferidas el 4
de diciembre de 2024 y el 23 de abril de 2025 por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial incurrieron en defecto fáctico y violación del principio de non bis in idem, en
la medida en que se dictaron dos sentencias sancionatorias dentro del mismo
expediente disciplinario, con fundamento en un mismo conjunto fáctico y probatorio.
En esa línea, sostuvo que la autoridad demandada basó la confirmación de las
sanciones en una valoración incompleta y parcial de las pruebas, porque omitió
elementos que, a su juicio, desvirtuaban las imputaciones; en particular, afirmó que
no se valoró adecuadamente el testimonio de la señora Ana Joaquina López Petro,
quien señaló que fue la señora Glenis del Socorro González Galván quien primero
lo habría agredido con unas tijeras, circunstancia que justificaría su reacción como
un acto de legítima defensa y excluiría la antijuridicidad de su conducta.
Alegó también que a los testimonios de Yenis Milena y Gloria del Carmen González
Galván, hermanas de la quejosa, no se les podía otorgar plena credibilidad por el
interés directo que tenían en el proceso sucesorio y por su evidente falta de
imparcialidad, pese a lo cual las autoridades disciplinarias los privilegiaron como
prueba determinante para fundar la condena.
Asimismo, cuestionó que la Comisión Nacional hubiese dado por acreditado el
elemento de “publicidad” del altercado únicamente por la presencia de varias
personas en su oficina, a pesar de que se trataba de un espacio privado y no de un
escenario público en el sentido estricto que exige el tipo disciplinario.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04370-01
Demandante: Hemor Andrés Saibis Ortiz
Acción de tutela – Impugnación de fallo
No se valoró de manera suficiente su trayectoria profesional sin antecedentes
disciplinarios, aspecto que, a su juicio, debió conducir a una atenuación de la
sanción en aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
De otra parte, argumentó que la expedición de dos fallos sancionatorios, constituyó
una ruptura indebida de la unidad procesal, pues, ambas decisiones se
fundamentaron en un mismo episodio, lo cual configuró un claro supuesto de doble
juzgamiento que vulnera la garantía de la cosa juzgada y el principio de non bis in
idem.
Finalmente, la imposición acumulada de dos sanciones de suspensión de ocho
meses y multa de seis salarios mínimos cada una resulta desproporcionada y
excesiva por cuanto le impide el ejercicio de su profesión por un lapso prolongado
y afecta gravemente sus derechos fundamentales.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior el demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“Primera: Señores Magistrados, solicito a ustedes muy respetuosamente,
se protejan y Tutelen mis derechos fundamentales y se declare que existió
la violación al DEBIDO PROCESO, A UN JUICIO JUSTO y AL PRINCIPIO
DE COSA JUZGADA, los cuales han sido vulnerados por omisiones o
actuaciones judiciales indebidas dentro del desarrollo del proceso en mi
contra.
Segunda: En consecuencia de la anterior pido a los Honorables
Magistrados se reestablezcan mis derechos y declaren la Nulidad de las
sanciones y del Proceso Disciplinario, mismo que hizo tránsito en la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba bajo el Radicado
423-001-25-02-000-2023-00677-01 en sus DOS (2) Sentencias de fechas
06 de junio de 2024 y 18 de septiembre de 2024 apeladas y confirmadas
por el Superior mediante Sentencias de fecha 4 de diciembre de 2024 y
23 de abril de 2025 en su orden-.
Tercera: Que en armonía con lo anterior se ordene a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba me restablezca mi derecho a
ejercer la profesión de abogado y en tal virtud, ordene la cancelación de
las sanciones impuestas de Suspensión de ejercer y de las penas
accesorias-.”. (archivo disponible en medio magnético en el índice 00002
del aplicativo SAMAI)
4. Actuación en primer grado
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04370-01
Demandante: Hemor Andrés Saibis Ortiz
Acción de tutela – Impugnación de fallo
La Sección Quinta del Consejo de Estado por auto de 25 de julio de 2025 admitió la
acción de tutela (índice 0005 del SAMAI), notificó a los magistrados de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Córdoba y vinculó a la señora Glenis del Socorro González Galván como tercera
con interés, entregándoles copia de la demanda y los anexos.
5. Sentencia de primera instancia
El 28 de agosto de 2025 (índice 00019 del SAMAI), la Sección Quinta del Consejo
de Estado profirió sentencia en la que declaró improcedente el amparo solicitado
por incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional.
Para el a quo, el propósito del actor fue emplear la acción de tutela como una tercera
instancia del proceso disciplinario adelantado en su contra y buscar reabrir el debate
probatorio ya resuelto por el juez natural de la causa en ejercicio legítimo de su
autonomía judicial.
En cuanto al argumento central del actor relativo a la existencia de un doble
juzgamiento dentro del mismo expediente disciplinario, concluyó que en las
providencias acusadas se analizó y descartó la configuración de la triple identidad
exigida por el principio del non bis in idem, puesto que las sanciones se fundaron
en conductas autónomas y diferenciables: de un lado, la injuria prevista en el artículo
32 de la Ley 1123 de 2007 y, de otro, la intervención en riña o escándalo público
contemplada en el artículo 30.3 de la misma normativa.
Finalmente, advirtió que el actor contaba con mecanismos ordinarios de defensa,
como el incidente de nulidad consagrado en el artículo 202 del Código General
Disciplinario, el cual no fue ejercido.
7. Impugnación
El demandante presentó impugnación (índice 00026 del SAMAI) y le fue concedida
con auto del 9 de septiembre de 2025 (índice 00028 del SAMAI).
Como fundamentos de su inconformidad, señaló que la decisión de declarar
improcedente la acción de tutela impidió que se realizara un análisis de fondo sobre
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04370-01
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Acción de tutela – Impugnación de fallo
los defectos alegados, en especial, del defecto fáctico derivado de la valoración y
omisión de pruebas que, a su juicio, desvirtuaban las imputaciones formuladas en
su contra dentro del proceso disciplinario.
Esa omisión privó de eficacia al control constitucional frente a una decisión que lo
sancionó dos veces por los mismos hechos y que comprometía de manera directa
sus derechos fundamentales.
Asimismo, la sentencia de primera instancia no abordó de manera suficiente el
examen del non bis in idem, pues, las dos sanciones disciplinarias se originaron en
un mismo episodio y se basaron en el mismo acervo probatorio, lo cual configuró un
doble juzgamiento prohibido por la Constitución Política.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04370-01
Demandante: Hemor Andrés Saibis Ortiz
Acción de tutela – Impugnación de fallo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
constitucionales fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial con el fin de que se protejan los derechos
fundamentales del debido proceso, defensa y dignidad, presuntamente vulnerados
con ocasión de las providencias sancionatorias dictadas dentro del proceso
disciplinario radicado 23001-25-02-000-2023-00677.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, pero, por no
cumplirse con el requisito de relevancia constitucional respecto de la totalidad de
cargos de la demanda, por las razones que procederán a exponerse:
2.1 De la falta de relevancia constitucional
1) Para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado consideró necesario examinar
varios elementos, siendo ellos que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional a las del proceso ordinario en que fue proferida la providencia acusada,
puesto que este mecanismo especial constitucional fue diseñado para proteger
derechos fundamentales y no para discutir las discrepancias frente a la decisión
judicial; la parte actora debe motivar con suficiencia argumentativa la relevancia
constitucional, para lo cual no es suficiente con la simple mención de la vulneración
de derechos fundamentales8.
2) A partir del estudio del expediente, la Sala encontró, como lo hiciera el a quo, que
con la acción de tutela el demandante buscó un nuevo pronunciamiento sobre los
aspectos que ya fueron debidamente expuestos, analizados y resueltos en el
proceso disciplinario por parte del juez natural de la causa.
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Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contencioso Administartivo, sentencia de 5 de agosto de
2014, expediente no. 11001-03-15-000-2012-02201-01, MP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04370-01
Demandante: Hemor Andrés Saibis Ortiz
Acción de tutela – Impugnación de fallo
3) En efecto, en el curso del proceso disciplinario, el actor alegó que la sanción que
le fue impuesta se basó en una valoración tergiversada de los hechos, pues, a su
juicio, i) no se acreditó el supuesto dolo; ii) se desconoció que su conducta debía
interpretarse como un acto de legítima defensa frente a una agresión de la quejosa;
iii) se dio plena credibilidad a testimonios que carecían de imparcialidad;
adicionalmente, iv) insistió en que la sanción desconoció el principio de non bis in
idem, por cuanto se fundó en los mismos hechos que ya habían dado lugar a la
condena del 6 de junio de 2024 por la falta del artículo 32 de la misma ley y v) que
la expedición de dos sentencias sancionatorias dentro del mismo proceso constituyó
una ruptura indebida de la unidad procesal que desconoció el principio de non bis
in idem, por cuanto se fundó en los mismos hechos que ya habían dado lugar a la
condena del 6 de junio de 2024 por la falta del artículo 32 de la misma ley.
4) Sin embargo, la Comisión Seccional, en la sentencia del 18 de septiembre de
2024, ya había desestimado expresamente ese planteamiento, en el sentido de
precisar que no se cumplió con la triple identidad de sujeto, objeto y causa,
necesaria para configurar el non bis in idem, pues, la primera condena impuesta el
6 de junio de 2024 correspondió a la falta de injuria (art. 32 de la Ley 1123), mientras
que la segunda decisión reprochó un hecho autónomo: la intervención en riña o
escándalo público (art. 30.3 ibidem):
“Alega el disciplinable lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley 1123 de 2007, en
tanto que ya se ventiló el mismo tema y fue sancionado; que nadie puede
ser juzgado más de una vez por los hechos que fueron objeto de sanción,
que se está ante violación flagrante de los derechos fundamentales, de
los derechos contenidos en la Declaración de los Derechos Humanos y al
Derecho Internacional, el principio nom bis in idem, el de la seguridad
jurídica sobre la búsqueda de la justicia material; siendo impedimento
procesal que niega la posibilidad de interponer una nueva acción y/o
apertura de un nuevo o segundo proceso con un mismo objeto o conducta.
Precisa el disciplinable que, para el caso presente, los hechos ya fueron
objeto de juzgamiento, y en esta audiencia se están tratando los mismos;
que en todo caso, el principio constitucional garantista del nom bis in idem,
aplica aun cuando se le dé una denominación distinta a la queja (...).
Ahora bien, el principio del NON BIS IDEM o también denominado como
la prohibición de doble o múltiple incriminación se encuentra previsto en
el inciso 4 del artículo 29 de la Constitución Política, como se indicó;
respecto del cual es pertinente anotar que, en lo atinente a los supuestos
de su aplicación, se debe atender a tres (3) identidades a saber: i.
Identidad o unidad de parte o Sujeto. ii. Identidad o unidad de Objeto. iii.
Identidad o unidad de Causa.
(…).
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Es así que, en este caso, no se da la identidad o unidad de objeto, por
cuanto, en la sentencia de primer nivel emitida el 06 de junio de 2024
dentro de este mismo radicado disciplinario, si bien, el reproche efectuado
al Dr. HEMOR SAIBIS fue en el marco de la misma reunión en su oficina
de abogado ubicada en el municipio de Cereté Córdoba, con sus clientes
señores Álvaro de Jesús, Glenis del socorro, Gloria del Carmen González
Galván, la señora Yennis Milena González González y la compradora del
anunciado inmueble señora Ana Joaquina López Petro, a mediados de
mayo de 2023, aproximadamente entre las 11:00 AM y la 1:00 PM, se
trató de hechos disciplinariamente relevantes totalmente diversos, pues
en dicha sentencia el cargo formulado se circunscribió específicamente a
palabras insultantes de parte del Dr. Hemor Saibis, con las cuales al
parecer injurió a su clienta señora Glenis del Socorro González Galván, al
decirle "P(...) hijue(...)", adecuando dicho comportamiento a un tipo
disciplinario totalmente diferente al que hoy nos ocupa, por cuanto se le
atribuyó la incursión en la falta disciplinaria contra el respeto a la
administración de justicia y a las autoridades administrativas, consagrada
en el Art. 32 de la Ley 1123 de 2007, específicamente el verbo rector
"injuriar" a persona que interviene en asunto profesional.”.
5) Ahora bien, al resolver la apelación contra esa providencia, la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, en sentencia del 23 de abril de 2025, si bien confirmó la
sanción impuesta, no efectuó un desarrollo expreso del cargo relacionado con el
non bis in idem por cuanto su análisis se centró en la valoración probatoria, la
existencia de dolo, el carácter público del altercado y la proporcionalidad de la
sanción; en ese contexto, la confirmación integral de la providencia implicó una
desestimación tácita del reproche planteado, en la medida en que la autoridad de
segunda instancia acogió íntegramente la decisión de la Comisión Seccional y
ratificó la sanción sin introducir modificaciones.
6) En consecuencia, la Sala considera que el cuestionamiento constitucional relativo
al non bis in idem carece de relevancia autónoma en sede de la acción de tutela,
por cuanto fue debatido y resuelto en el proceso disciplinario, primero de manera
expresa por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba y luego de
forma implícita por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que confirmó en su
totalidad la sentencia sancionatoria; pretender reabrir esta discusión a través de la
acción de tutela equivale a erigir este mecanismo en una tercera instancia del
proceso disciplinario.
7) De igual manera, los argumentos relacionados con la configuración de un defecto
fáctico ya fueron estudiados y desestimados por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial en la sentencia del 23 de abril de 2025, en la cual, tras valorar expresamente
el testimonio de la señora Ana Joaquina López Petro, confrontarlo con las demás
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04370-01
Demandante: Hemor Andrés Saibis Ortiz
Acción de tutela – Impugnación de fallo
declaraciones recaudadas, analizar la credibilidad de las hermanas de la señora
González Galván a la luz de su condición de interesadas en el proceso sucesorio y
pronunciarse sobre el carácter público del altercado y la proporcionalidad de la
sanción frente a la ausencia de antecedentes del disciplinado, decidió confirmar la
sanción impuesta por considerar que la conducta del disciplinado constituía una falta
autónoma, típica y dolosa, en los siguientes términos:
“Respecto al argumento del recurrente sobre la desproporcionalidad de la
sanción debido a la ausencia de antecedentes disciplinarios, es necesario
señalar que, conforme al artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, la falta de
antecedentes no constituye, por sí sola, un criterio para atenuar la
sanción, de hecho, los antecedentes solo tienen relevancia como criterio
de agravación cuando el disciplinado ha sido sancionado dentro de los
cinco (5) años previos a la conducta investigada. Además, los criterios de
atenuación solo se aplican en situaciones específicas como cuando el
disciplinado confiesa la falta antes de la formulación de cargos o ha
procurado resarcir el daño por iniciativa propia (...).
En cuanto al argumento del apelante sobre la ausencia de dolo, precisó
que su comportamiento no fue intencional, sino una reacción ante una
“agresión inminente” por parte de la quejosa, quien, según su versión,
sacó unas tijeras con la intención de agredirlo. En respuesta, el recurrente
indicó que exhibió “un corta papeles”, sin la capacidad de causar daño, y
defendió su actuación como una simple reacción ante la agresión. Este
argumento fue respaldado por el testimonio de la señora Ana Joaquina
López Prieto, quien observó a la quejosa levantarse con las tijeras en
dirección al apelante (...).
El apelante cuestiona la imparcialidad de los testimonios presentados por
las señoras Yenis y Gloria González Galván, familiares de la quejosa,
alegando que su parentesco con ella genera un posible conflicto de
interés. No obstante, este argumento no es suficiente para descalificar sus
testimonios en el contexto de este proceso disciplinario.
Es importante precisar que, ambas testigos estuvieron presentes en la
reunión del 19 de mayo de 2023, momento en el cual ocurrió el altercado
en la oficina del abogado. Coinciden en relatar que durante el incidente
ser percibieron elementos cortopunzantes, como un cuchillo, lo que
resulta fundamental para comprender la naturaleza de lo decidido,
Además, sus testimonios son consistentes con otros elementos del acervo
probatorio, lo que refuerza su credibilidad y validez
Ahora, si bien es comprensible que desde la perspectiva del apelante el
parentesco de las testigos con la quejosa pueda generar dudas sobre la
imparcialidad de sus declaraciones, esto no implica que deban ser
desestimadas sin un análisis más profundo, dado que, la presencia de las
testigos en el lugar de los hechos otorga valor probatorio a sus
testimonios, ya que su percepción directa de lo ocurrido es un elemento
clave en la valoración de su objetividad.
Por lo tanto, corresponde a la autoridad disciplinaria realizar una
valoración integral de los testimonios, considerando no solo su relación
de parentesco, sino también su coherencia con las demás pruebas y la
veracidad de sus relatos (...).
13
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Demandante: Hemor Andrés Saibis Ortiz
Acción de tutela – Impugnación de fallo
En cuanto al argumento del apelante sobre la inexistencia de una falta
antijurídica, quien alegó haber actuado en legítima defensa frente a una
agresión inminente de la quejosa, se debe aclarar que no se observó un
contexto que justifique esta alegación, puesto que, en lugar de una
reacción ante un ataque, lo que ocurrió fue un altercado producto de una
discusión profesional, en la que el disciplinado, de manera voluntaria y
con plena conciencia, participó de manera desmedida, sin recurrir a los
mecanismos adecuados para resolver el conflicto (...)”. (archivo disponible
en medio magnético en el índice 00010 del aplicativo SAMAI)
8) Así entonces, la discusión planteada por el actor en la acción de tutela no es más
que una mera reiteración de los mismos argumentos que ya había formulado en
sede disciplinaria, tanto ante la Comisión Seccional como en la apelación resuelta
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
9) En efecto, el actor sostuvo que las decisiones sancionatorias incurrieron en un
defecto fáctico porque no se valoró de manera integral el testimonio de la señora
Ana Joaquina López Petro, ni se atendió a la falta de imparcialidad de las hermanas
González Galván; cuestionó la calificación del altercado como un hecho “público” y
solicitó que su trayectoria sin antecedentes disciplinarios fuera considerada como
atenuante.
10) Tales planteamientos fueron expresamente valorados por la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, quien concluyó que el disciplinado sí había incurrido en la
conducta reprochada, que el parentesco no era motivo suficiente para descalificar
sus testimonios y que el acervo probatorio resultaba suficiente para tener por
acreditados los hechos porque no se configuraban causales de exclusión de la
responsabilidad disciplinaria.
11) La Comisión Nacional de Disciplina Judicial concluyó, en un claro ejercicio de
autonomía judicial, que el altercado del 19 de mayo de 2023 configuraba una falta
autónoma, típica y dolosa y destacó que los testimonios resultaban consistentes
entre sí y con otros elementos objetivos del proceso, lo que le otorgaba validez a su
contenido.
12) Así pues, si bien el demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción
de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el
proceso disciplinario, los cuales fueron resueltos de manera expresa por las
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04370-01
Demandante: Hemor Andrés Saibis Ortiz
Acción de tutela – Impugnación de fallo
autoridades competentes en ejercicio de su autonomía judicial, sin que se advierta
arbitrariedad ni desconocimiento ostensible del ordenamiento constitucional.
13) Lo expuesto permite concluir que el actor pretendió emplear a la acción de tutela
como una instancia adicional y buscó obtener una decisión favorable a sus intereses
en el proceso en que se profirió la providencia atacada.
14) Ante ese panorama, la Sala reitera que el proceso de acción de tutela no está
instituido como una instancia adicional a aquellas establecidas en el ordenamiento
jurídico cuyo análisis radica en el juez natural de la causa para decidir sobre las
controversias sometidas a su consideración.
15) Ello cobra mayor sentido si se tiene en cuenta que la providencia atacada fue
expedida por una Alta Corte, eventos en los cuales el análisis de procedibilidad debe
ser mucho más riguroso en orden a establecer si se incurrió en una actuación a
todas luces arbitraria e ilegítima, así9:
“Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada
con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la
providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un
derecho fundamental, producto de una actuación arbitraria. Por este
motivo, no basta con mencionar una vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional. Se destaca
que este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la
vulneración de los derechos fundamentales, sino en que se aporten
elementos suficientes que permitan advertir tal situación a primera vista
especialmente, cuando se trata de una tutela contra una sentencia de una
alta corte”.
16) Así pues, única y exclusivamente cuando se advierta a priori que la
providencia proferida por un tribunal de cierre contiene una decisión
abiertamente incompatible con la Constitución la acción de tutela será
procedente, sin que en ningún caso la mera diferencia de criterios constituya una
razón válida para justificar la intervención del juez constitucional, por cuanto 10:
9
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, MP Natalia Ángel Cabo.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, MP Carlos Bernal Pulido.
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Demandante: Hemor Andrés Saibis Ortiz
Acción de tutela – Impugnación de fallo
“[L]a tutela en contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta
Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción
tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones”, en estricto respeto a la independencia de los jueces
ordinarios.”.
(…).
La tutela contra providencias judiciales de las altas Cortes es más
restrictiva, en tanto: ‘sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera
abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y
límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control
abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una
anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e
independencia judicial, y especialmente la condición de órganos
supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las
interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el juez de tutela
pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra
conclusión.”.
17) En ese orden de ideas, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de
la referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es
reabrir un debate jurídico que era propio del proceso ordinario y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.
18) En consecuencia, la Sala advierte que la acción de tutela de la referencia no
reviste relevancia constitucional porque su objeto fue reabrir un debate probatorio
propio del proceso ordinario y al juez constitucional le está vedado pronunciarse
sobre materias que desbordan su competencia.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA
1º) Confírmase la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
pero, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04370-01
Demandante: Hemor Andrés Saibis Ortiz
Acción de tutela – Impugnación de fallo
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes e intervinientes o por el
medio que resulte más expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del mismo.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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