Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04382-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04382-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04382-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
12 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04382-00
Accionante: Pedro Murillo Corzo
Accionados: Sección Quinta del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela1 ejercida por Pedro Murillo Corzo en contra de la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de amparo
Pedro Murillo Corzo interpuso acción de tutela en procura de la protección de sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a
la igualdad, los cuales consideró vulnerados por parte de la Sección Quinta del Consejo
de Estado. En el marco del proceso con radicado 20001-23-33-000-2025-00072-01, dicha
Sala profirió sentencia el 15 de mayo de 2025, mediante la cual revocó el fallo del 13 de
marzo de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, para, en su lugar,
declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento promovida por el actor.
2. Hechos
2.1. Pedro Murillo interpuso acción de cumplimiento2 en contra del Ministerio de
Transportes, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Secretaría de Tránsito de
Valledupar y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el propósito de obtener el
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2409 de 2018, la Ley 2251 de 2022, la Ley
1843 de 2017, el Código Nacional de Tránsito y la Resolución 20203040011245 de 2020,
en razón a que se le impusieron varios comparendos mediante sistemas tecnológicos sin
contar con su autorización.
1 Obra en el certificado 28030D7C32C99669 AFB9E5295E41D4DE D777152DCE5D31A9 AD7A20173F628BA1,
índice 2.
2 Obra en el archivo PEDRO MURILLO CORZO de la carpeta 003Demandayanexo_RV_acciondecumplimie del
certificado D0291A130F359AC3 E9BDC3733B1A76E1 1DF15A159B0FEED7 E1DC457F65A58FCF, índice 11.
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Accionante: Pedro Murillo Corzo
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2.2. El 13 de marzo de 20253 el Tribunal Administrativo del Cesar rechazó la demanda
respecto del Ministerio de Transporte, declaró la falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, compulsó copias a la Superintendencia
de Puertos y Transporte y a la Procuraduría General de la Nación en relación con las
actuaciones de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, accedió
parcialmente a las pretensiones y profirió la siguiente orden:
“PRIMERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE VALLEDUPAR-SECRETARÍA DE
TRÁNSITO Y TRANSPORTE, que de manera inmediata dé cumplimiento a lo
previsto en el inciso primero del artículo 135 del Código Nacional de Tránsito
Terrestre, en las labores de control en vía con dispositivo electrónico a cargo de sus
agentes, en el entendido que la entrega de copia del comparendo al presunto infractor
y/o propietario constituyen garantía del debido proceso que rige en esta clase de
actuaciones y el principio de publicidad de las actuaciones realizadas por las
autoridades de tránsito, conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.
Para tal efecto la Secretaría de Tránsito deberá verificar con respecto a cada
comparendo impuesto al actor según lo dicho en este proceso, el cumplimiento
estricto de los procedimientos fijados en las normas aquí estudiadas y adoptará las
decisiones consecuentes, dentro de la órbita de sus competencias, a fin de evitar
vulneraciones al debido proceso administrativo”4.
2.3. Inconforme con la decisión, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar
interpuso impugnación5, la cual fue resuelta por la Sección Quinta del Consejo de Estado
el 15 de mayo de 20256, en el sentido de revocar la decisión recurrida y, en su lugar,
rechazar la acción de cumplimiento respecto de la Superintendencia de Puertos y
Transporte, declarar su improcedencia frente a la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Valledupar, la existencia de cosa juzgada en relación con el cumplimiento de las normas
invocadas y desvincular al Ministerio de Transporte.
Como fundamento, se expuso que, a partir de las pruebas obrantes en el plenario, no se
advirtió que se hubiera constituido en renuencia a la Superintendencia de Puertos y
Transporte. En lo relativo a la pretensión encaminada al levantamiento de los
comparendos impuestos a Pedro Murillo Corzo, se consideró que no se satisfizo el
requisito de subsidiariedad, toda vez que dicha discusión debía plantearse a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
3 Obra en el archivo 033Sentenciadepr_AccedeParc_20250007200PedroMur, ibid.
4 Folios 34 – 35, ibid.
5 Obra en el archivo 040_MemorialWeb_Recurso-IMPUGNACIONFALLO del certificado D0291A130F359AC3
E9BDC3733B1A76E1 1DF15A159B0FEED7 E1DC457F65A58FCF, índice 11.
6 Obra en el certificado 8E5DBCC835693D13 539B4E5054ACA678 B3567700C51E7240 F05A258150A734D5, índice
4 del expediente 20001233300020250007201 de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
3
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Por otro lado, al analizar el fondo del asunto, la autoridad judicial observó que, en el
expediente 20001-33-33-009-2024-00283-01, el Tribunal Administrativo del Cesar ya
había proferido una decisión de fondo, debidamente ejecutoriada, en la que se pronunció
sobre si la Alcaldía de Valledupar y la Agencia Nacional de Seguridad Vial dieron
cumplimiento o no a las normas invocadas, así como sobre cada una de las pretensiones
formuladas en la acción de cumplimiento allí examinada.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante considera que la autoridad judicial vulneró sus derechos
fundamentales por las siguientes razones:
3.1. No se configuró el fenómeno de la cosa juzgada, debido a que, según el actor, han
existido más de sesenta acciones de cumplimiento decididas por el Tribunal
Administrativo del Cesar en las que la posición adoptada no ha sido uniforme.
3.2. Se incurrió en un desconocimiento del precedente judicial establecido en las
sentencias C-1194 de 2001, SU-386 de 2023, C-638 de 2000, C-157 de 1998, SU-077
de 2018, C-319 de 2013, T-353 de 2014, T-173 de 1999, C-173 de 1999, C-1511 de 2000,
C-893 de 1999, C-651 de 2003, C-010 de 2022, C-193 de 1998 y T-461 de 2021, en las
cuales se ha reiterado que la acción de cumplimiento resulta procedente para exigir al
municipio de Valledupar el acatamiento de las disposiciones contenidas en los artículos
1, 2, 3, 13 y 14 de la Ley 1843 de 2017; el artículo 109 del Decreto Ley 2106 de 2019; los
artículos 127, 129, 134, 135, 136, 137 y 158 de la Ley 769 de 2002; los artículos 14, 18
y 158A de la Ley 2251 de 2022; y el artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de
2020.
3.3. La decisión censurada adolece de falta de motivación, toda vez que no se planteó de
manera adecuada el problema jurídico, lo cual implicó una violación directa de la
Constitución al desconocer los artículos 24, 25, 40 y 87 de la Constitución Política, y
configuró un defecto fáctico.
4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante textualmente solicitó:
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“Primero PRETENDO CON ESTA ACCION DE TUTELA como mecanismo
excepcional y definitivo QUE LA SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO DEJE
SIN EFECTO Y SIN VALOR LA SENTENCIA DE ACCION DE CUMPLIMIENTO , Y
EN SUS LUGAR CONFIRMAR LA SENTENCIA EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y ASI GARANTIZAR la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante de la sentencias C-1194-01,SU 386-23, C-
638-00, C-157-98, SU077-18,C-319-13,T-353-14,T-173-99, C-173-99,C-1511 00,C-
1511-00,C-893-99,C-651-03,C-010-01, C-193-98,C651-03 , T-461-21, QUE HAN
REITERADO la procedencia de la acción de cumplimiento ,por violación al presente
y por interpretación errónea de la norma como causal de procedibilidad para que el
juez constitucional tutela mis derecho fundamental acceder a la administración de
justicia, al debido proceso , derecho a la igualdad , principio de la buena fe confianza
legitima , principio de seguridad jurídica y revoque la sentencia de acción de
cumplimiento en segunda instancia por medio de la cual el tribunal administrativo del
cesar concedió la acción de cumplimiento, por ser una clara via de hecho ,
desconocimiento del precedente judicial, falsa motivación violación directa de la
Constitución Defecto fáctico, Error inducido, La obligación de las autoridades
administrativas de aplicar la Constitución y la ley y de tener en cuenta el precedente
judicial para todas sus actuaciones, deben acatar el precedente judicial, esto es,
están en la obligación de aplicar e interpretar las normas, en el sentido dictado por la
autoridad judicial, el deber de acatamiento del precedente judicial que de conformidad
con el articulo 10 de la ley 1437 del 2011 , es obligacion hacerla extensivas SU-
380/21, T-022/19),SU 354/17,SU113/18,C-539/11. T-441/18, C-621/15, C-836/01, T-
775/14, SU-611/17, SU-069/18, T-656/11, 309/15, SU406/16,T-081/23,SU
060/21,,SU048/22,SU068/18,C-634/11,SU-072/18,SU-041/22,T-048/129,C
099/22,SU-635/15
SEGUNDO QUE la sala plena del consejo de estado haga la diferencia entre la ley
1755 del 2015 y la ley 393 de 1997
Tercero que la sala plena ordene al ministerio de transporte a darle cumplimiento
artículo 158ª de la ley 769 del 2002 y anule las sanciones impuestas por el municipio
de Valledupar atraves de la secretaria de transito debido que no contaban con la
autorización de la superintendencia de transporte para operar dispositivo
electrónico”7.
5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Por auto del 21 de julio de 20258 el Despacho ponente admitió la acción de tutela y
ordenó notificar, en calidad de demandada, a la Sección Quinta del Consejo de Estado;
y, en calidad de terceros con interés, a la Superintendencia de Puertos y Transporte, a la
Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, a la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, al municipio de Valledupar y al Tribunal Administrativo del Cesar9.
7 Folios 42 – 43 del certificado 28030D7C32C99669 AFB9E5295E41D4DE D777152DCE5D31A9
AD7A20173F628BA1, índice 2.
8 Obra en el certificado 25450AAB5DD37B50 D57463858B141122 69906DE84921D5E9 AD585C8C9AD40302, índice
5.
9 Los soportes de notificación obran en el índice 8.
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5.2. La Alcaldía de Valledupar10 afirmó que las aseveraciones contenidas en el escrito
introductorio son falsas, pues no se aportó prueba que demostrara la configuración de
una vía de hecho o de una falsa motivación en la sentencia censurada. Asimismo, sostuvo
que la solicitud de amparo se limita a expresar apreciaciones personales del tutelante,
las cuales resultan incongruentes y carentes de sustento jurídico.
5.3. La Sección Quinta del Consejo de Estado11 señaló que en la demanda únicamente
se citaron distintos fallos de tutela en los que se examinaron sentencias proferidas en el
marco de acciones de cumplimiento, sin indicar las razones por las cuales resultan
aplicables al caso concreto ni explicar cómo se configuraron los defectos que, en su
concepto, presenta la sentencia reprochada. En ese sentido, consideró que no se cumplió
con la carga argumentativa necesaria para que el juez constitucional pudiera abordar el
asunto de fondo.
5.4. La Agencia Nacional de Seguridad Vial12 propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, dado que carece de competencia para ejecutar las
acciones que el interesado pretende. Además, sostuvo que la providencia de la Sección
Quinta del Consejo de Estado es una decisión razonada y ajustada a derecho.
5.5. La Superintendencia de Transporte13 esgrimió la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva, en tanto no está dentro de sus funciones ejercer un control
particular y concreto respecto de la legalidad de las decisiones adoptadas por los entes
territoriales. Indicó que los procedimientos administrativos sancionatorios por infracción
a las normas de tránsito son competencia exclusiva de dichas entidades y que no le
consta que el accionante haya presentado ante ella alguna solicitud.
5.6. El 11 de agosto de 202514 el Despacho ponente vinculó a la Fundación para la
Promoción y Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos y Fundamentales –
Funprodeco, debido a que actuó como coadyuvante en el litigio ordinario15.
10 Obra en el certificado B6FB8A1A567DE6AF F3133D86B821495F E69B83CB4B62FEFA D3B6C5A2FB01AABF,
índice 10.
11 Obra en el certificado F21F1B033467B013 4B1EBA65B8D55047 26D839D1628EBE0D 45C4011BFAA3838B,
índice 12.
12 Obra en el certificado 29EC5BAEED119B23 BF3F4A932DD47148 15D167709AE79B62 605B79624A9E74AA,
índice 14.
13 Obra en el certificado 958821B5273C3064 E6130647472D5DFC 8CFC8D99E0EEAECF 60E427DAEE11D712,
índice 15.
14 Obra en el certificado BC648FFD69FF88DD C14F73043CB41F75 AB81190660D02FD8 8F8EFF492739B328,
índice 17.
15 Los soportes de notificación obran en el índice 21.
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5.7. Los demás interesados guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por Pedro Murillo
Corzo en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del
Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si la
providencia acusada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
demandante.
3. Cuestiones Previas
Respecto de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por
la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte, esta Sala
considera que resulta evidente el interés que les asiste a ambas entidades, toda vez que
participaron en el litigio examinado, de manera que se negará la mencionada solicitud.
4. El requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
4.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional la Corte Constitucional ha señalado
que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”16.
16 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
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En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar
dos elementos, a saber17: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales,
ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela
no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido
para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor
tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de 202218, al pronunciarse
sobre el requisito de relevancia constitucional, advirtió que era necesario verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente
una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
4.2. En el caso concreto, la parte tutelante alega, en esencia, que no se configuró la cosa
juzgada y que la providencia reprochada incurrió en un desconocimiento del precedente
judicial, una falta de motivación, una violación directa de la Constitución y un defecto
fáctico.
Para la Sala resulta evidente que la censura planteada no supera el requisito de
relevancia constitucional, debido a que la parte demandante no cumplió con la carga
argumentativa exigida. Aunque citó múltiples sentencias de la Corte Constitucional y
alegó la configuración de varios defectos, no sustentó con claridad las razones por las
cuales se configuró alguno de los requisitos específicos de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. En particular, no justificó los motivos por los cuales
los fallos traídos a colación resultaban vinculantes para la autoridad judicial demandada
al momento de proferir la decisión censurada. En ese sentido, se evidencia una falencia
argumentativa atribuible a la parte actora, la cual no puede ser suplida por el juez
constitucional.
17 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
18 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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4.3. En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto de las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.
4.4. Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en contra de
decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la
autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica,
en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada19, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso ordinario 20.
4.5. Finalmente, en gracia de discusión, tampoco se observa que la solicitud de amparo
haya superado el requisito de subsidiariedad21. Durante el trámite de segunda instancia,
no se evidencia que la parte demandante hubiera allegado algún memorial encaminado
a exponer las razones por las cuales debía confirmarse la sentencia de primera instancia,
que la impugnación propuesta por su contraparte no debía prosperar, que no se configuró
la figura de la cosa juzgada o que las providencias allegadas en sede de tutela debían
ser consideradas como precedente judicial. Así, tampoco se encuentra acreditado un
perjuicio irremediable, ni se argumentó la imposibilidad de acudir a una intervención como
la señalada, ni su falta de idoneidad.
5. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala declarará improcedente el
amparo constitucional objeto de estudio.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
19 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
20 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.
21 El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política claramente expresa que la acción de tutela resulta procedente
cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado
que la solicitud de amparo procede de forma excepcional (i) cuando a pesar de existir otros mecanismos, estos no son
idóneos ni eficaces para la protección de los derechos fundamentales o (ii) cuando se ejerce para evitar la causación
de un perjuicio irremediable. En el primero de los casos la orden de protección sería definitiva y, en el segundo,
transitoria.
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III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las
razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de no ser impugnada.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
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